PERSONAS DEFENSORAS PÚBLICAS AL SERVICIO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. SU CALIDAD DE TRABAJADORAS DE BASE SE DETERMINA EN ATENCIÓN A LAS FUNCIONES QUE DESEMPEÑAN.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 15/2026. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER, EL TERCER, EL CUARTO Y EL QUINTO TRIBUNALES COLEGIADOS, TODOS DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO. 26 DE MARZO DE 2026. UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS PERSONAS MAGISTRADAS MIGUEL ERNESTO LEETCH SAN PEDRO, ANGÉLICA IVETH LEYVA GUZMÁN Y VERÓNICA ALEJANDRA CURIEL SANDOVAL. PONENTE: ANGÉLICA IVETH LEYVA GUZMÁN. SECRETARIA: IVET DEL CARMEN JIMÉNEZ DEL ÁNGEL.
Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en sesión ordinaria correspondiente al veintiséis de marzo de dos mil veintiséis, emite la siguiente:
SENTENCIA
1. Que resuelve la contradicción de criterios 15/2026 entre los sustentados por el Primer, Tercer, Cuarto y Quinto Tribunales Colegiados, todos del Décimo Quinto Circuito, al resolver los juicios de amparo directo 153/2023, 353/2017, 797/2015, 547/2016, 204/2017 y 163/2020, respectivamente.
2. El problema jurídico materia de la presente ejecutoria consiste en determinar: a) si existe la contradicción de criterios; b) si la misma es procedente y, de ser el caso, c) determinar si los defensores públicos deben considerarse como trabajadores de confianza, aun cuando sus funciones no se encuentren comprendidas en los supuestos previstos en el artículo 6° de la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California.
ANTECEDENTES
Denuncia de la contradicción de criterios
3. El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito remitió la denuncia de posible contradicción de criterios formulada por **********, por conducto de su apoderada, quejoso en el juicio de amparo directo 153/2023 de su índice. Dicha denuncia se planteó respecto de los criterios sostenidos por los tribunales colegiados contendientes al resolver los asuntos previamente precisados.
4. La cual fue remitida a través de la sentencia dictada en el diverso amparo directo 330/2024, del índice del propio órgano colegiado. Cabe precisar que dicha ejecutoria fue anunciada como criterio contendiente en el acuerdo de admisión; sin embargo, solo corresponde a la resolución mediante la cual se ordenó remitir la denuncia de contradicción de criterios.
Trámite ante el Pleno Regional
5. En acuerdo de doce de febrero de dos mil veintiséis, la Presidencia de este Pleno Regional registró y admitió el presente asunto y, de forma preliminar, delimitó el tema de contradicción, por lo que solicitó a los tribunales colegiados contendientes que informaran -esencialmente- sobre la vigencia y firmeza del criterio sustentado.
6. Por otra parte, ordenó comunicar a la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la admisión del asunto y solicitó informara si existía contradicción de criterios radicada en ese Alto Tribunal sobre la materia de la presente.
7. Asimismo, se realizó el turno previo electrónico a la ponencia de la Magistrada Angélica Iveth Leyva Guzmán.
8. En proveídos de diecinueve y veintitrés de febrero, así como de dos de marzo del año en curso, se tuvieron por recibidos los informes rendidos por los tribunales colegiados contendientes, en los que precisaron que los criterios sustentados continúan vigentes, y que han causado ejecutoria.
9. En acuerdo de diez de marzo de dos mil veintiséis, se tuvo al Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informando que no se encuentra radicada en ese órgano alguna contradicción de criterios cuyo tema tenga relación con el establecido preliminarmente en el expediente en estudio.
10. En esa misma fecha, se confirmó el turno a la Magistrada ponente.
11. El dieciocho de marzo de dos mil veintiséis, se listó el asunto para su discusión.
AMICUS CURIAE
12. Al respecto se precisa que, con anterioridad a la fecha en que se listó este asunto para sesión ordinaria, no se presentó opinión alguna relacionada con el tema de esta contradicción de criterios; lo anterior, en términos de lo previsto en el artículo 45 del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del entonces Consejo de la Judicatura Federal.
COMPETENCIA
13. Este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de criterios en materia de trabajo, suscitada entre Tribunales Colegiados de Circuito pertenecientes al territorio donde este órgano colegiado ejerce jurisdicción.
14. Ello es así, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal; 226, fracción III, de la Ley de Amparo y 39 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como los Acuerdos Generales 67/2022 y 38/2023, ambos del Pleno del entonces Consejo de la Judicatura Federal.
LEGITIMACIÓN
15. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, en términos de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, dado que fue formulada por la apoderada del quejoso en uno de los juicios de amparo, del índice de uno de los tribunales contendientes.
CRITERIOS DENUNCIADOS
16. A continuación, se expondrán -medularmente- las consideraciones con base en las cuales los tribunales colegiados contendientes sustentaron sus respectivos criterios.
Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito (juicio de amparo directo 153/2023).
17. Juicio ordinario laboral. **********, demandó del Gobierno del Estado de Baja California “Poder Ejecutivo”, diversas prestaciones. Asunto del que conoció el Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, Baja California; seguido el procedimiento laboral, emitió el laudo respectivo, en el que, en lo que interesa, condenó a la demandada al otorgamiento de la plaza de base de la parte actora.
18. Demanda de amparo directo. Inconforme con lo anterior, la parte demandada promovió juicio de amparo directo, por conducto de su apoderada, del que conoció el tribunal colegiado en cita, quien lo admitió a trámite y concedió el amparo.
19. Consideraciones del tribunal colegiado. El referido órgano jurisdiccional determinó, en la parte que interesa, conceder el amparo, por los siguientes motivos:
20. Señaló que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido doctrina jurisprudencial en la que fijó los parámetros para determinar si un trabajador tiene o no el carácter de confianza, para lo cual era necesario realizar un análisis de la naturaleza de las funciones que desempeña.
21. Destacó el contenido de la contradicción de criterios 48/2016, del índice de la entonces Segunda Sala del Máximo Tribunal, en la que definió como trabajador de confianza a la persona que, por la naturaleza de las actividades que desempeña al servicio del empleador, adquiere representatividad y responsabilidad en el ejercicio de sus funciones, lo que la vincula de manera íntima con los intereses públicos de quien la contrata.
22. Refirió que, tales consideraciones dieron origen a la jurisprudencia 2a./J. 71/2016 (10a.), de rubro: “TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DE LOS ESTADOS Y MUNICIPIOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA. PARA DETERMINAR SI TIENEN ESA CATEGORÍA ES INDISPENSABLE COMPROBAR LA NATURALEZA DE LAS FUNCIONES QUE DESARROLLAN, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE ALGUNA DISPOSICIÓN NORMATIVA LES ATRIBUYA UN CARGO O FUNCIÓN CON ESE CARÁCTER”.
23. Advirtió que, para decidir si un trabajador tiene o no el carácter de confianza, es necesario hacer una revisión exhaustiva de las funciones desarrolladas por la parte trabajadora, ya que cuando la ley contempla el cargo como de confianza, se presume como tal y para tenerlo por cierto, debe verificarse si las actividades del trabajador son acordes con el puesto del operario.
24. Señaló que, conforme al artículo 5 de la Ley Orgánica de la Defensoría Pública del Estado de Baja California, los defensores públicos tienen la calidad de trabajadores de confianza, lo cual resulta acorde con el marco constitucional y con la naturaleza de las funciones que desempeñan, consistentes en garantizar el cumplimiento de los fines de la institución mediante la prestación de defensa técnica, patrocinio y orientación jurídica a las personas.
25. Determinó que las actividades de los defensores de oficio, en el ejercicio de las funciones propias de su encargo, pueden encuadrarse en la definición de trabajador de confianza adoptada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que, por la naturaleza de las labores que realizan, adquieren representatividad y responsabilidad en el desempeño de sus funciones.
26. Asimismo, consideró que dichas funciones los vinculan estrechamente con los intereses públicos de la institución a la que pertenecen, pues son los encargados de cumplir con su finalidad, consistente en proporcionar defensa técnica, patrocinio y orientación jurídica a las personas.
27. Indicó que, en similares términos se pronunció el Pleno del entonces Consejo de la Judicatura Federal, al resolver el conflicto de trabajo 41/2019-J, conforme a lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 160/2004, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: “TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. PARA CONSIDERARLOS DE CONFIANZA, CONFORME AL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN II, INCISO A), DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO BASTA ACREDITAR QUE ASÍ CONSTE EN EL NOMBRAMIENTO SINO, ADEMÁS, LAS FUNCIONES DE DIRECCIÓN DESEMPEÑADAS”.
28. Precisó que, de la ejecutoria del criterio antes referido, el Pleno del entonces Consejo de la Judicatura Federal consideró que los defensores públicos federales, cuando realizan las funciones propias de su encargo, deben ser considerados trabajadores de confianza, en atención a la disposición legal que así lo establece.
29. En ese contexto, señaló que del laudo reclamado se advertía que, la autoridad responsable tuvo por acreditado que el actor desempeñaba el puesto de defensor en la Defensoría Pública; de conformidad con ello, estimó demostrado que la parte actora realizaba funciones propias e inherentes a dicho cargo, las cuales se encuentran estrechamente vinculadas con los fines de la institución.
30. Consideró que, de conformidad con el artículo 5 de la Ley Orgánica de la Defensoría Pública del Estado de Baja California, al ostentar el encargo de defensor público y al realizar funciones inherentes al mismo, debe estimarse que tiene la calidad de un trabajador de confianza.
31. Señaló que, no obstante que la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California, establezca determinadas funciones de confianza, ello no limita al legislador para prever otras adicionales. En ese sentido, indicó que la relación laboral entre el trabajador y el gobierno se rige por la Ley Orgánica de la Defensoría Pública del Estado de Baja California, en la cual el legislador otorgó a los defensores públicos la calidad de trabajadores de confianza, atendiendo al fin constitucional de dicha institución y a la incidencia de las funciones en su cumplimiento.
32. Al respecto, invocó la tesis XV.1o.19 L, sustentada en una integración anterior por ese mismo Tribunal Colegiado, de rubro: “PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. AUN CUANDO SU LEY ORGÁNICA FORMALMENTE ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA, CONTIENE NORMAS DE CARÁCTER LABORAL QUE DEBEN SER CONSIDERADAS COMO TALES”.
Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito (juicio de amparo directo 353/2017).
33. Juicio ordinario laboral. **********, demandó del Gobierno del Estado de Baja California -Poder Ejecutivo- y Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios e Instituciones Descentralizadas, Sección Tijuana y otras, diversas prestaciones. Asunto del que conoció el Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, Baja California; seguido el procedimiento laboral, emitió el laudo respectivo, en el que, por una parte, condenó a la demandada y por otra, la absolvió.
34. Primera demanda de amparo directo y laudo en cumplimiento. Inconforme con lo anterior, la parte actora promovió juicio de amparo directo, por conducto de su apoderado, del que conoció el tribunal colegiado en cita, quien lo admitió a trámite y concedió el amparo. Posteriormente, la autoridad laboral anteriormente precisada, emitió un segundo laudo en cumplimiento a la ejecutoria de amparo.
35. Segunda demanda de amparo directo. En desacuerdo con lo anterior, su apoderado promovió juicio de amparo directo, del que conoció el tribunal colegiado en cita, quien lo admitió a trámite.
36. Consideraciones del tribunal colegiado. El referido órgano jurisdiccional determinó, en la parte que interesa, conceder el amparo, por los siguientes motivos:
37. Señaló que la entonces Segunda Sala del Alto Tribunal sostuvo que las leyes estatales que regulan las relaciones laborales entre los trabajadores y las dependencias estatales y municipales pueden asignar la calidad de confianza a determinados puestos y funciones. Sin embargo, precisó que dicha clasificación no es determinante, pues sólo genera una presunción que debe corroborarse mediante la demostración de las actividades efectivamente desempeñadas por el trabajador.
38. Sin embargo, precisó que ello no es determinante para concluir que se trata de un trabajador de confianza, pues es una presunción, por lo que debe demostrarse plenamente lo relativo a las actividades desplegadas por el trabajador.
39. Señaló que el hecho de que el artículo 5 de la Ley Orgánica de la Defensoría Pública del Estado de Baja California y su Reglamento, establezcan que los defensores públicos son trabajadores de confianza, resulta insuficiente para concluir que las funciones que desempeñan tengan necesariamente esa naturaleza.
40. Consideró aplicable la jurisprudencia 2a./J. 71/2016 (10a.), con número de registro digital: 2011993, de rubro: “TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DE LOS ESTADOS Y MUNICIPIOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA. PARA DETERMINAR SI TIENEN ESA CATEGORÍA ES INDISPENSABLE COMPROBAR LA NATURALEZA DE LAS FUNCIONES QUE DESARROLLAN, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE ALGUNA DISPOSICIÓN NORMATIVA LES ATRIBUYA UN CARGO O FUNCIÓN CON ESE CARÁCTER”.
41. En ese sentido, determinó que las funciones desempeñadas por el trabajador con la categoría de defensor público no corresponden a las propias de un trabajador de confianza.
42. En diverso aspecto, refirió los artículos 4, 5, 6, 8 y 9 de la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California, y destacó particularmente el artículo 6, el cual establece que la calidad de trabajador de confianza no depende de la denominación del puesto, sino de la naturaleza de las funciones que se desempeñan.
43. Precisó que, de la interpretación de dichos preceptos, aun cuando formalmente se cuente con un nombramiento de confianza o se aparezca en lista de raya, si las funciones efectivamente desempeñadas no encuadran en los supuestos de confianza, deben considerarse propias de un trabajador de base.
44. Al respecto, invocó la jurisprudencia P./J. 36/2006, sustentada por el Pleno del Máximo Tribunal, de rubro: “TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. PARA DETERMINAR SI TIENEN UN NOMBRAMIENTO DE BASE O DE CONFIANZA, ES NECESARIO ATENDER A LA NATURALEZA DE LAS FUNCIONES QUE DESARROLLAN Y NO A LA DENOMINACIÓN DE AQUÉL”.
45. Señaló que, del análisis de las pruebas, se acreditó que la parte actora contaba con nombramiento como defensor público y realizaba las funciones propias de dicho cargo; sin embargo, estimó que tales labores no corresponden a las de un trabajador de confianza, pues no se desarrollan en defensa o representación de la Defensoría de Oficio, sino en favor de los gobernados.
46. Indicó que las funciones de asesoría, vigilancia y seguimiento de los juicios no se realizan en representación de la Defensoría de Oficio, sino que constituyen obligaciones propias de cualquier persona que asume el patrocinio de un asunto, cuyo incumplimiento incluso podría generar responsabilidad.
47. Señaló que la vigilancia y supervisión del trámite de los juicios en los que intervenía el actor como defensor de oficio no se realizaba en defensa de los intereses de su patrón, sino en favor de las personas que acudían a solicitar su asesoría; por lo que los resultados de su actuación no comprometían los intereses de la institución, circunstancia que impedía considerar dichas funciones como propias de un trabajador de confianza.
48. Apoyó dichas consideraciones, con la tesis aislada X.C.T.81 L, de rubro: “DEFENSORES DE OFICIO. EL HECHO DE QUE COMO ABOGADOS PATROCINEN ASUNTOS DE PARTICULARES QUE SOLICITEN SUS SERVICIOS, TOMEN DECISIONES, Y LLEVEN A CABO TAREAS DE SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA EN LOS JUICIOS A SU CARGO, NO LOS CONVIERTE EN TRABAJADORES DE CONFIANZA”.
49. Concluyó que el carácter de confianza de un trabajador al servicio del Estado, no depende de la denominación del puesto ni que esté incluido en la ley como de confianza, sino que aquél desempeñe funciones que conforme al artículo 6 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, sean de confianza.
Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito (juicios de amparo directo 797/2015 y 547/2016).
50. Juicio ordinario laboral. Diferentes personas demandaron del Gobierno del Estado de Baja California (Poder Ejecutivo) diversas prestaciones. Asuntos de los que conoció el Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, Baja California; seguido el procedimiento laboral, emitió los laudos respectivos, en los que, por una parte, condenó a la demandada y por otra, la absolvió.
51. Demanda de amparo directo. Inconformes con lo anterior, tales personas promovieron juicios de amparo directo de los que conoció el tribunal colegiado en cita, quien los admitió a trámite.
52. Consideraciones del tribunal colegiado. El referido órgano jurisdiccional determinó, en la parte que interesa, conceder el amparo, por los siguientes motivos:
53. Partió de la transcripción de diversos preceptos aplicables de la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California, así como de la Ley de la Defensoría de Oficio del Estado de Baja California y su Reglamento.
54. A partir de dichos ordenamientos, indicó que en ellos se establecen las funciones correspondientes al cargo de defensor público en el Estado de Baja California, mismas que, en el caso, corresponden a las labores encomendadas a las quejosas.
55. Asimismo, señaló que, conforme a la normativa referida, son trabajadores de confianza quienes realizan funciones de dirección, decisión, administración, inspección, vigilancia y fiscalización cuando tengan carácter general, así como aquéllas relacionadas con trabajos personales de los titulares de las instituciones públicas, en términos del artículo 6 de la citada Ley del Servicio Civil; por lo que los trabajadores no comprendidos en los artículos 5 y 6 de dicha ley deben considerarse de base.
56. Consideró que, a partir de lo anterior y de las pruebas ofrecidas por la parte actora, se advierten las funciones propias del cargo de defensor público; y que, al realizar un examen minucioso de cada una de ellas, ninguna se ubica dentro de las actividades propias de los trabajadores de confianza.
57. Lo anterior, ya que no implican funciones de dirección, decisión, administración, inspección, vigilancia o fiscalización de carácter general, ni se relacionan con trabajos personales de los titulares de las instituciones públicas. 58. Por tanto, determinó que si las funciones que realizan los defensores de oficio (o públicos) no se ubican dentro de las de los empleados de confianza, deben ser consideradas como de base.
59. Señaló que, el artículo 6° de la Ley del Servicio Civil del Estado de Baja California, establece que la categoría de trabajador de confianza depende de la naturaleza de las funciones que desempeña y no de la denominación del puesto.
60. Asimismo, precisó que las funciones de confianza comprenden aquéllas de dirección, decisión, administración, inspección, vigilancia y fiscalización de carácter general, así como las relacionadas con trabajos personales de los titulares de las instituciones públicas.
61. Destacó que, respecto a la definición de dirección, la parte actora no toma decisiones sobre el trabajo de los defensores públicos, pues no decide si asume o no un asunto, ni puede desistir de la acción o representación; en general, no actúa a su libre albedrío, sino conforme al nombramiento o a la designación proporcionados por el Ministerio Público o el juez de la causa.
62. Señaló que, por lo que refiere a la función de administración, advirtió que la actora no realiza actos de dirección ni de administración, pues sus actividades consisten, entre otras cosas, brindar asesoría y asistencia jurídica a los indiciados durante la tramitación de la averiguación previa.
63. Asimismo, refirió que la parte actora tampoco realiza funciones de inspección, pues aquéllas se entienden como la función inspectora de la Administración Pública.
64. Agregó que para respetar el artículo 123 constitucional y la voluntad del legislador ordinario plasmada en los numerales que señalan qué cargos son de confianza, cuando sea necesario determinar si un trabajador al servicio del Estado es de confianza o de base, deberá atenderse a la naturaleza de las funciones que desempeña o realizó al ocupar el cargo, con independencia del nombramiento respectivo.
65. Invocó el contenido de la jurisprudencia P./J. 36/2006, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: “TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. PARA DETERMINAR SI TIENEN UN NOMBRAMIENTO DE BASE O DE CONFIANZA, ES NECESARIO ATENDER A LA NATURALEZA DE LAS FUNCIONES QUE DESARROLLAN Y NO A LA DENOMINACIÓN DE AQUÉL”.
66. Refirió que, conforme al artículo 2 de la Ley de la Defensoría de Oficio del Estado de Baja California, la Defensoría de Oficio es una institución de orden público e interés social destinada a garantizar el acceso a la defensa jurídica, patrocinio y asesoría gratuita a personas de escasos recursos, a fin de proteger adecuadamente sus derechos y garantías individuales.
67. Señaló que la fracción II, del numeral 3° de la misma ley establecía que el defensor de oficio era el servidor público encargado de tramitar y supervisar la asistencia jurídica a quienes carecían de defensa, patrocinio o asesoría particular, conforme a lo dispuesto en la norma.
68. Insistió en que el defensor de oficio realiza funciones de las consideradas como de base y que dichos servidores representan los intereses de los ciudadanos en los juicios en todas y cada una de sus etapas, como sus representantes legales.
69. Adoptó el criterio emitido por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, de rubro: “TRABAJADORES DE CONFIANZA DE LOS AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE HIDALGO. SI LA PATRONAL NO ACREDITA QUE ÉSTOS SE ENCUENTRAN DENTRO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 3o. DE LA LEY BUROCRÁTICA, DEBEN CONSIDERARSE DE BASE”.
Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito (juicio de amparo directo 204/2017).
70. Juicio ordinario laboral. El trabajador demandó del Poder Judicial del Estado de Baja California y/o Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California, diversas prestaciones, en lo que interesa, la reinstalación en el puesto de secretario de acuerdos que desempeñó ante la patronal demandada.
71. Primer laudo. Asunto del que conoció el Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, Baja California; seguido el procedimiento laboral, emitió el laudo respectivo.
72. Primera demanda de amparo directo y laudo emitido en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Inconforme con lo resuelto, promovió juicio de amparo directo del que conoció el tribunal colegiado en cita y concedió el amparo para que el Tribunal de Arbitraje dictara un nuevo laudo en el que analizara las funciones de trabajo del quejoso; la autoridad laboral emitió un nuevo laudo.
73. Segunda demanda de amparo directo. Inconforme con lo resuelto, promovió juicio de amparo directo del que conoció el mismo tribunal colegiado y concedió el amparo solicitado por el quejoso.
74. Consideraciones del tribunal colegiado. El referido órgano jurisdiccional determinó, en la parte que interesa, conceder el amparo, por los siguientes motivos:
75. Indicó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que cada órgano de impartición de justicia cuenta con amplia libertad para catalogar como de base o de confianza a los secretarios de acuerdos y, que por ello, no se infringe el principio de igualdad.
76. Por lo que invocó la tesis 2a. CXXIV/2015 (10a.), de la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: “SECRETARIOS DE ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES. EL LEGISLADOR SECUNDARIO, AL REGULAR LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE CADA ÓRGANO DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, CUENTA CON AMPLIA LIBERTAD PARA CATALOGARLOS COMO DE BASE O DE CONFIANZA, SIN QUE CON ELLO SE INFRINJA EL PRINCIPIO DE IGUALDAD”.
77. Señaló que, un trabajador de confianza se define como la persona que por razón de su jerarquía, vinculación, lealtad y naturaleza de la actividad que desarrolla al servicio de una empresa, patrón o entidad de gobierno, adquiere representatividad y responsabilidad en el desempeño de sus funciones.
78. Transcribió el contenido del artículo 6 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Baja California, el cual establece, en lo que interesa, las funciones de los trabajadores de confianza, específicamente de los secretarios de acuerdos dentro de la fracción II, en el ámbito del Poder Judicial.
79. Refirió que el Máximo Tribunal estableció que la calidad de trabajador de confianza o de base no depende únicamente de la denominación del puesto, sino también de las funciones que desempeña el servidor público; por ello, destacó que para atribuir dicha categoría es necesario valorar las pruebas que acrediten las actividades que ordinariamente realizaba.
80. Destacó como aplicables los criterios de rubros: “TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. PARA DETERMINAR SI TIENEN UN NOMBRAMIENTO DE BASE O DE CONFIANZA, ES NECESARIO ATENDER A LA NATURALEZA DE LAS FUNCIONES QUE DESARROLLAN Y NO A LA DENOMINACIÓN DE AQUÉL” y “TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DE LOS ESTADOS Y MUNICIPIOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA. PARA DETERMINAR SI TIENEN ESA CATEGORÍA ES INDISPENSABLE COMPROBAR LA NATURALEZA DE LAS FUNCIONES QUE DESARROLLAN, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE ALGUNA DISPOSICIÓN NORMATIVA LES ATRIBUYA UN CARGO O FUNCIÓN CON ESE CARÁCTER”.
81. Resaltó que el actor ostentó como último cargo el de secretario de acuerdos, del cual fue dado de baja sin tomar en cuenta su calidad de trabajador de base.
82. En ese orden, de los medios de prueba advirtió que las actividades que el trabajador demostró desempeñar son las de emplazar, notificar, hacer proyectos de acuerdo, dar fe de los actos jurisdiccionales y certificar actuaciones.
83. Precisó que en los artículos 75 y 76 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de ese Estado, se establecen las funciones de un secretario de acuerdos, las cuales quedaron acreditadas con las pruebas aportadas por el quejoso.
84. Indicó que, la valoración de las funciones realizadas por el actor y la conclusión a la que arribó la autoridad responsable, vulneran sus derechos fundamentales, pues no corresponden a las de un trabajador de confianza, porque no se relacionan con la dirección, administración, inspección, auditoría y fiscalización, vigilancia, supervisión, asesoría y representación, con carácter general o con trabajos personales del patrón.
85. Lo anterior, porque aunque la autoridad responsable indicó que el secretario de acuerdos dirige, administra, vigila, fiscaliza y decide, estas funciones no tienen carácter general, ya que dependen del titular del órgano jurisdiccional y el secretario de acuerdos únicamente actúa como auxiliar en las tareas que se le encomiendan.
86. Destacó que las funciones tienen carácter general cuando afectan a gran parte o a todo el órgano, pero en ese caso son de naturaleza administrativa y sólo influyen en los asuntos a cargo del secretario, sin impactar la organización, dirección, fiscalización o vigilancia del órgano jurisdiccional.
87. Señaló que su decisión se justificaba porque, en mayor o menor medida, todos los trabajadores realizan decisiones o actividades administrativas en el ejercicio jurisdiccional, sin que ello afecte a todo el órgano; de lo contrario, cualquier empleado podría considerarse de confianza simplemente por supervisar o controlar aspectos relacionados con sus funciones.
88. Consideró incorrecto que la autoridad responsable determinara que el actor desempeñaba funciones de un trabajador de confianza según lo previsto en el artículo 6° de la Ley del Servicio Civil del Estado de Baja California; ya que el actor demostró que sus funciones corresponden a las de un trabajador de base.
89. Consideró aplicable la jurisprudencia 2a./J. 118/2011, emitida por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: “TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO, MUNICIPIOS E INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE BAJA CALIFORNIA. CARGA DE LA PRUEBA CUANDO SE EJERCE LA ACCIÓN DE RECONOCIMIENTO DE ANTIGÜEDAD Y OTORGAMIENTO DE BASE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL RELATIVA”.
Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito (juicio de amparo directo 163/2020).
90. Juicio ordinario laboral. *********
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34033-83fc8370/personas-defensoras-publicas-al-servicio-del-estado-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- COMPENSACIÓN DIRECTA. PROCEDE CONDENAR AL SENTENCIADO A SU PAGO COMO PARTE DE LA REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO. (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. NO SE ACTUALIZA ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA SI DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL INCIDENTE DE INSUMISIÓN (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- OFRECIMIENTO DE TRABAJO. PARA CALIFICARLO DE BUENA FE Y, EN SU CASO, DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA REVERSIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA, NO DEBEN VALORARSE LOS MEDIOS PROBATORIOS R (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- SUSPENSIÓN PROVISIONAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL DE ALZADA QUE REVOCA LA CALIFICACIÓN DE ILEGAL DETENCIÓN EMITIDA POR EL JUEZ DE CONTROL Y ORDENA LA CONTIN (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- DENUNCIA DE CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS ANTE LOS PLENOS REGIONALES. LA PERSONA TITULAR DE UN JUZGADO DE DISTRITO PERTENECIENTE A UNA REGIÓN DISTINTA DE AQUELLA EN LA QUE SE EMITIERO (PR.A.C.CN.2 K (12a.))
- CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. RESULTA INEXISTENTE LA DENUNCIA RELATIVA CUANDO UNA DE LAS SENTENCIAS CONTENDIENTES NO LOGRA ALCANZAR ESTATUS EJ (PR.L.CN.16 K (11a.))
- CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, ESTÁ FACULTADO PARA INTEGRAR EXPEDIENTES RELATIVOS A INSTRUCTIVOS DE RESPONSABILIDAD, AUN CUANDO NO HAYA HABIDO (VII.2o.A.T.5 A )
- DENUNCIA DE CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS ANTE LOS PLENOS REGIONALES. ES IMPROCEDENTE POR FALTA DE LEGITIMACIÓN CUANDO EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DENUNCIANTE PERTENECE A UNA REGIÓN DIST (PR.A.C.CN.1 K (12a.))
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis