TRIBUNALES DE ALZADA EN MATERIA PENAL. LA COMPETENCIA QUE EJERCEN PARA CONOCER DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN TURNADOS MEDIANTE EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGAS DE TRABAJO ES ORIGINARIA Y DETERMINA LA COMPETENCIA TERRITORIAL PARA CONOCER DEL AMPARO DIRECTO.
CONFLICTO COMPETENCIAL 123/2026. SUSCITADO ENTRE EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE MÉXICO. 16 DE ABRIL DE 2026. TRES VOTOS DE LAS PERSONAS MAGISTRADAS MIGUEL ERNESTO LEETCH SAN PEDRO, VERÓNICA ALEJANDRA CURIEL SANDOVAL Y ANGÉLICA IVETH LEYVA GUZMÁN. PONENTE: MIGUEL ERNESTO LEETCH SAN PEDRO. SECRETARIA: IRMA JIMÉNEZ DOMÍNGUEZ.
Ciudad de México. Acuerdo del Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en sesión ordinaria virtual de dieciséis de abril de dos mil veintiséis, se emite la siguiente:
SENTENCIA
1. Correspondiente al conflicto competencial 123/2026, suscitado entre el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, con sede en Toluca, Estado de México, con el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con sede en Nezahualcóyotl, Estado de México.
2. La problemática jurídica que este Pleno Regional debe resolver consiste en determinar a cuál de los órganos colegiados le corresponde el conocimiento del juicio de amparo directo promovido por **********, representante de la víctima de identidad reservada **********, contra la sentencia de quince de enero de dos mil veinticinco, dictada por el Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Texcoco del Poder Judicial de Estado de México, en el toca de apelación **********.
I. ANTECEDENTES
3. A **********, se le siguió la causa de control relativa a la carpeta administrativa **********, ante el Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, por el delito de extorsión con complementación típica y punibilidad autónoma, en agravio de la víctima femenina de identidad resguardada de iniciales **********
4. Por auto de veintisiete de enero de dos mil veintitrés, el Juez de Control ordenó remitir al Tribunal de Enjuiciamiento del mismo Distrito Judicial, el auto de apertura a juicio oral. En proveído de veintisiete de julio siguiente, la Juez del Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, entre otros aspectos, radicó el auto de apertura a juicio oral; registró la causa bajo el número **********; asimismo, señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia de juicio oral.
5. El veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, se dictó sentencia, en la que se determinó:
“PRIMERO. Se estima justo, legal y adecuado dictar SENTENCIA ABSOLUTORIA en favor de **********, por el delito de EXTORSIÓN CON MODIFICATIVA AGRAVANTE CON COMPLEMENTACIÓN TÍPICA Y PUNIBILIDAD AUTÓNOMA, que el Ministerio Público estimó encuadrable en lo previsto y sancionado por el artículo 266 párrafos primero, segundo y tercero, concordancia a las fracciones I, IV, VII, en relación con los artículos 6, 7, 8 fracciones I, y IV, y 11 fracción I inciso d) del Código Penal vigente para el Estado de México, en agravio de VÍCTIMA DE IDENTIDAD RESGUARDADA.
SEGUNDO. En consecuencia, se ordena la absoluta e inmediata libertad de **********, si es que no se encuentra detenido por algún otro delito o a disposición de autoridad diversa, debiéndose girar el oficio respectivo al Director de la cárcel distrital de esta ciudad para los fines conducentes. Ante esta circunstancia se deja sin efectos la medida cautelar que le fuere fijada al acusado.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2 fracción XI, 32 apartado A. fracción II, 37 fracción III, 40 fracción I, 41 apartado A fracción I y segundo y décimo séptimo transitorio de la Ley de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, una vez que cause ejecutoria la presente resolución con oficio correspondiente, infórmese al Director General de los Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, para su conocimiento y efectos legales procedentes.
(...)”. (Sic).
6. Inconforme con dicha sentencia, la víctima interpuso recurso de apelación, del cual por razón de turno correspondió conocer al Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Texcoco del Poder Judicial del Estado de México, radicado bajo el toca de apelación **********. El quince de enero de dos mil veinticinco se dictó sentencia, cuyos puntos resolutivos son del tenor siguiente:
“PRIMERO. Al ser suplidos los agravios presentados por el Asesor Jurídico Público y la víctima de identidad resguardada de iniciales **********, por lo tanto, se concluye que resultan infundados para los fines pretendidos por los impugnantes, por lo que con fundamento en el artículo 479, del Código Nacional de Procedimientos Penales, se CONFIRMA la SENTENCIA ABSOLUTORIA, dictada a favor de **********, por el hecho delictuoso tipificado como delito de EXTORSIÓN CON COMPLEMENTACIÓN TÍPICA Y PUNIBILIDAD AUTÓNOMA, denunciado por la persona FEMENINA DE IDENTIDAD RESGUARDADA DE INICIALES **********.
SEGUNDO. Notifíquese este pronunciamiento y requiérase al Juez del Tribunal de Enjuiciamiento para que a la brevedad informe a esta Alzada la forma en que dio cumplimiento al presente fallo; igualmente infórmese que esta resolución se encuentra incorporada y visible en el Sistema de Gestión Judicial Penal. En su oportunidad, archívese el toca como asunto concluido.
(...)”. Sic.
7. Amparo directo **********. En desacuerdo con lo anterior, la víctima de identidad reservada de iniciales **********, por conducto de su representante **********, promovió juicio de amparo directo. Por razón de turno correspondió conocer de dicha demanda al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, con sede en Toluca, Estado de México, que por auto de Presidencia de diecinueve de febrero de dos mil veinticinco, la registró bajo el consecutivo **********, sin darle trámite, en virtud de que el Tribunal Colegiado determinó que carecía de competencia por razón de territorio, para conocer del juicio de amparo uniinstancial, bajo las siguientes consideraciones:
8. Indicó que conforme a los artículos 175 y 176 de la Ley de Amparo, la demanda de amparo directo se presentaría por conducto de la autoridad responsable que emitió la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiera puesto fin al juicio, de manera que la competencia por territorio de los Tribunales Colegiados de Circuito, se determinaba en razón al domicilio de la autoridad responsable ordenadora.
9. Lo anterior se confirmaba –refirió– si se atendía a lo dispuesto en el artículo 178 de la ley de la materia, en tanto preveía que a la autoridad responsable le correspondía proveer sobre la suspensión de los actos reclamados; por ende, al Tribunal Colegiado que ejercía su jurisdicción en el domicilio de la responsable debía conocer del amparo directo en cuestión, pues de otra manera carecería de objeto la división territorial del país en circuitos, si los tribunales comprendidos en cada uno de ellos pudieran conocer de cualquier asunto, aunque el domicilio de la autoridad responsable no quedara comprendido en el territorio en el que ejercían jurisdicción.
10. En ese contexto –señaló–, al ser manifiesto que el amparo directo derivaba del toca de apelación **********, en específico de la sentencia de quince de enero de dos mil veinticinco, emitida por el Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Texcoco, tal situación conducía a determinar que ese órgano jurisdiccional carecía de competencia legal, por razón de territorio, para resolver el juicio de amparo intentado.
11. En consecuencia, el órgano colegiado declinó la competencia en favor del Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en Nezahualcóyotl, en turno, por ser quien ejercía jurisdicción sobre dicho Tribunal de Alzada, en términos del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales Colegiados de Circuito, los Tribunales Colegiados de Apelación y los Juzgados de Distrito, por lo que ordenó remitir los autos al Tribunal Colegiado correspondiente, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados del Segundo Circuito, con residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México.
12. No se acepta competencia. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda de amparo al Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México, que por acuerdo de Presidencia de veinticinco de febrero de dos mil veinticinco, la registró bajo el número **********, aceptó la competencia planteada y remitió la demanda de amparo a la autoridad responsable a efecto de que diera cumplimiento a lo establecido en los numerales 177 y 178 de la Ley de Amparo, por lo que se reservó proveer sobre la procedencia de la demanda.
13. A través del proveído de dieciocho de marzo de dos mil veinticinco, se admitió a trámite la demanda de amparo. Seguida la secuela procesal respectiva, en sesión ordinaria celebrada vía remota el doce de febrero de dos mil veintiséis, el Tribunal Colegiado dictó sentencia en la que determinó carecer de competencia legal en razón de territorio para conocer del amparo directo intentado, con base en lo siguiente:
14. Indicó, que por regla general la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer de un juicio de amparo directo se fijaba de acuerdo con la residencia de la autoridad que hubiera dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. Dicha regla debía interpretarse a la luz de los principios de legalidad y seguridad jurídica, vinculados con el acceso a la justicia previsto en el artículo 17 de la Constitución Federal.
15. Que conforme a lo anterior, la competencia por territorio de un Tribunal Colegiado de Circuito, para conocer del juicio de amparo promovido contra la sentencia definitiva o la resolución que ponía fin al juicio, se fijaba de acuerdo con el domicilio de la autoridad que hubiera dictado el acto reclamado.
16. Afirmó, que en la materia penal, cuando se delegaba competencia a un Tribunal de Alzada que se encontraba en un lugar distinto al lugar donde ocurrieron los hechos, debía considerarse que esa competencia auxiliar era provisional, extraordinaria, concreta y limitada, en virtud de que si la sentencia de primera instancia había sido dictada por el juez natural con determinada circunscripción territorial, correspondía conocer de la apelación, en forma originaria y ordinaria, por mandato expreso del legislador contenido en una regla de primer orden -regla competencial-, al Tribunal de Alzada que ejercía jurisdicción sobre aquel juez.
17. No obstante, por una cuestión de orden administrativo como la carga de trabajo del Tribunal de Alzada competente, el órgano de administración judicial, por medio de una regla de segundo orden, podía dotar de competencia a un diverso Tribunal de apelación para que auxiliara en la resolución del asunto, sin que esto alterara la regla de primer orden, pues no la expulsaba del orden jurídico.
18. Dijo que así era, porque una vez agotado el auxilio era factible “devolver” la competencia originaria al Tribunal de Alzada del Distrito Judicial al que de forma natural correspondía decidir la apelación, en respeto al derecho humano de legalidad y seguridad jurídica, derivados del primer párrafo del artículo 16 constitucional.
19. Indicó que en ese punto, era importante distinguir entre competencia auxiliar y competencia sustituta.
20. Explicó, que la primera de ellas era una facultad otorgada al Órgano de Administración Judicial para determinar, mediante una regla de segundo orden y de naturaleza administrativa, que determinado órgano jurisdiccional realizara actos en auxilio de otro, sin modificar la competencia legal originaria, contenida en una regla de primer orden, pues la competencia auxiliar se limitaba a coadyuvar al órgano auxiliado en alguna etapa del proceso.
21. Con relación a ello, el Pleno del Máximo Tribunal del país, al resolver la contradicción de tesis 230/2017, en lo que interesaba, expuso:
“(...)
87. Ahora bien, tal como quedó señalado en la parte inicial del presente considerando, en esta contradicción de tesis se hará referencia sólo a los Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados de Circuito auxiliares, que si bien tienen asignada competencia mixta y en toda la República, únicamente prestan apoyo en el dictado de las sentencias, y que una vez emitida dicha resolución, los asuntos deben ser devueltos al órgano de origen para su notificación y encargarse de todos los demás trámites posteriores, como podría ser su cumplimiento y en su caso, el archivo definitivo como asunto concluido.
(...)
121. Así, dentro de esa amplia competencia material y territorial con la que cuenta el órgano auxiliar, sólo hará uso de la correspondiente para resolver el asunto del órgano colegiado al que debe apoyar, esto es, ejerce su competencia en función de este último. Por tanto, el auxiliar al emitir la resolución en el asunto en apoyo a otro órgano jurisdiccional, no hace uso en su totalidad de su amplia competencia material o territorial.
(...).”
22. En cambio, la competencia sustituta se refería a la atribución que adquiría un órgano jurisdiccional para conocer de un asunto que, en principio no le correspondería, pero que ahora se hacía suyo de forma originaria. Como su nombre lo indicaba, en la competencia sustituta el órgano jurisdiccional sustituto relevaba en su totalidad al órgano al que correspondía conocer conforme a la competencia originaria, que era la que la ley asignaba a un órgano judicial de manera natural y permanente en función de criterios como la materia, la cuantía, el territorio o incluso, por la extinción del órgano jurisdiccional originalmente competente.
23. Señaló que en el caso concreto, de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advertía que el hecho delictuoso había ocurrido en el Municipio de Toluca, Estado de México, así como que de la causa penal **********, conoció el Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México.
24. Que tales datos objetivos permitían concluir, particularmente en atención al territorio donde ejercía jurisdicción el Juez natural, que la competencia originaria para conocer del recurso de apelación correspondía al Tribunal de Alzada con jurisdicción en Toluca, Estado de México; sin embargo, dicho recurso fue resuelto, en su auxilio, por el Tribunal de Apelación residente en Texcoco que fue señalado como autoridad responsable.
25. Precisó, que si bien era cierto que el Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Texcoco del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México (sic), dictó el acto reclamado, consistente en la sentencia definitiva de quince de enero de dos mil veinticinco, en el toca de apelación **********, no menos lo era que actuó en auxilio del Tribunal de Alzada competente, con residencia en el Distrito Judicial en Toluca, Estado de México.
26. Competencia auxiliar que derivaba de una regla de segundo orden contenida en las circulares 63/2022, 64/20227 y 67/2022, emitidas por el Presidente del Pleno del entonces Consejo de la Judicatura, para redistribuir los recursos de apelación entre los tribunales para equilibrar la carga laboral, sin modificar la competencia territorial ni la residencia jurisdiccional de la autoridad responsable, ya que esa reasignación no implicaba una transferencia real de competencia territorial, ni modificaba la residencia de la autoridad responsable de origen para efectos del juicio de amparo.
27. Precisó que lo anterior se desprendía de los Lineamientos de Operatividad de los Tribunales de Alzada en Materia Penal para tramitar y resolver los recursos de apelación turnados por distribución de cargas de trabajo, a que se refería la circular 67/2022 mencionada, en cuyo artículo 4 se establecía:
“Artículo 4. Se determina la ampliación de competencia a nivel estatal de los Magistrados, Magistradas y demás personal adscrito a los Tribunales de Alzada, con la finalidad de que, aquellos con menor índice de tocas radicados, intervengan en el conocimiento y resolución de los recursos de apelación que les sean turnados por competencia de los Tribunales con mayor carga, independientemente del distrito judicial en que se tramitó el asunto en la primera instancia.”
28. Precepto del que se desprendía que se determinó la ampliación de competencia a nivel estatal de los Magistrados, Magistradas y demás personal adscrito a los Tribunales de Alzada, con la finalidad de que, aquéllos con menor índice de tocas radicados, intervinieran en el conocimiento y resolución de los recursos de apelación que les fueran turnados por competencia de los tribunales con mayor carga, independientemente del Distrito Judicial en que se tramitó el asunto en la primera instancia.
29. Sin embargo –indicó–, tal competencia no resultaba originaria y ordinaria, como la que se asignaba a los Tribunales de Alzada de manera natural y permanente en función de criterios como la materia, la cuantía, el territorio, o por la extinción del órgano jurisdiccional originalmente competente, pues conforme con los artículos 5 y 6 de los lineamientos en mención, los Tribunales de Alzada únicamente podrían conocer y resolver los recursos de apelación que interpusieran las partes en contra de los autos y resoluciones dictadas por los órganos jurisdiccionales de la primera instancia penal, que habían sido tramitados conforme al Código Nacional o la Ley Nacional de Ejecución Penal y estuvieran radicados bajo la modalidad de expediente y toca electrónicos.
30. Aunado a que, era al -entonces- Pleno del Consejo de la Judicatura a quien le correspondía determinar el Tribunal de Alzada que apoyaría con las cargas de trabajo, su temporalidad y demás aspectos aplicables, con base en el informe de la Dirección de Información y Estadística y del Sistema de Gestión Judicial Penal (SIGEJUPE V. 2.0), lo que evidenciaba que, aun cuando los citados lineamientos entrañaban la ampliación de la competencia de los Tribunales de Alzada, independientemente del Distrito Judicial en que se hubiera tramitado el asunto en la primera instancia, ésta se constreñía únicamente a asuntos que reunieran ciertas características, aunado a que se sujetaba a la temporalidad y demás aspectos que determinara el órgano de administración del Poder Judicial del Estado de México. De manera que los Tribunales de Alzada no hacían uso per se de su competencia material o territorial.
31. Por lo que el órgano colegiado sostuvo que se trataba de una competencia auxiliar –no sustituta- concreta y limitada; en consecuencia, la competencia para conocer del juicio de amparo directo debía recaer en el Tribunal Colegiado que ejerciera jurisdicción en el territorio de origen del conflicto, es decir, el del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, ya que el Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Texcoco, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México (sic), actuó en auxilio y no adquirió la residencia para efectos de fijar la competencia del juicio de amparo, ya que su actuación se basaba en una delegación administrativa temporal que derivó de las circulares 63/2022, 64/2022 y 67/2022 del entonces Consejo de la Judicatura del Estado de México, sin que ello afectara las reglas de competencia ordinaria.
32. Mencionó que por ello y en atención al derecho del sentenciado, del Juez natural y por extensión del Tribunal de apelación originalmente competente, consideraba que no era factible que la competencia por territorio se ejerciera por el Tribunal Colegiado requerido, dado que el acto reclamado fue emitido en auxilio del Tribunal de Apelación en Toluca.
33. Insistió, que el hecho delictuoso ocurrió en el Municipio de Toluca, Estado de México, por ende, conoció de la causa penal el Juez del Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, por lo que de la segunda instancia debía conocer un Tribunal de Alzada en Materia Penal en Toluca, siendo que el Tribunal de apelación en Texcoco sólo ejerció una competencia auxiliar habilitada por una regla de segundo orden, razón por la cual se consideraba que del juicio constitucional debía conocer un Tribunal Colegiado del Segundo Circuito en Materia Penal, con residencia en Toluca.
34. Circunstancia que dijo era acorde con el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Federal, que en una parte disponía: “Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los Tribunales previamente establecidos (...)”.
35. Así como el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establecía:
“Artículo 8. Garantías judiciales.
1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.”
36. Lo que tenía relación con las consideraciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en torno al derecho del Juez natural al resolver los casos Barreto Leiva Vs. Venezuela, el diecisiete de noviembre de dos mil nueve y Amrhein y otros Vs. Costa Rica, el veinticinco de abril de dos mil dieciocho, en donde en lo que interesa expuso:
Caso Barreto Leiva vs Venezuela
“(...)
75. El artículo 8.1 de la Convención garantiza el derecho a ser juzgado por ‘un tribunal competente [...] establecido con anterioridad a la ley’, disposición que se relaciona con el concepto de juez natural, una de las garantías del debido proceso, a las que inclusive se ha reconocido, por cierto sector de la doctrina, como un presupuesto de aquél. Esto implica que las personas tienen derecho a ser juzgadas, en general, por tribunales ordinarios, con arreglo a procedimientos legalmente establecidos.
76. El juez natural deriva su existencia y competencia de la ley, la cual ha sido definida por la Corte como la ‘norma jurídica de carácter general, ceñida al bien común, emanada de los órganos legislativos constitucionalmente previstos y democráticamente elegidos, y elaborada según el procedimiento establecido por las constituciones de los Estados Partes para la formación de las leyes’.
Consecuentemente, en un Estado de Derecho sólo el Poder Legislativo puede regular, a través de leyes, la competencia de los juzgadores.
77. Ahora bien, el fuero no necesariamente entra en colisión con el derecho al juez natural, si aquél se halla expresamente establecido y definido por el Poder Legislativo y atiende a una finalidad legítima, como antes se manifestó. De esta forma, no sólo se respeta el derecho en cuestión sino que el juez de fuero se convierte en el juez natural del aforado. Si, por el contrario, la ley no consagra el fuero y éste es establecido por el Ejecutivo o por el propio Poder Judicial, distrayéndose así al individuo del tribunal que la ley consagra como su juez natural, se vería vulnerado el derecho a ser juzgado por un juez competente. Del mismo modo, si la conexidad está expresamente reglada en la ley, el juez natural de una persona será aquél al que la ley atribuya competencia en las causas conexas. Si la conexidad no está reglada por la ley, sería violatorio distraer al individuo del juez originalmente llamado a conocer el caso.
(...).”
Caso Amrhein y otros vs Costa Rica
“A.2. Consideraciones de la Corte 383. El artículo 8.1 de la Convención garantiza el derecho a ser juzgado por ‘un tribunal competente (...) establecido con anterioridad a la ley’, disposición que se relaciona con el concepto de juez natural, una de las garantías del debido proceso, a las que inclusive se ha reconocido, por cierto sector de la doctrina, como un presupuesto de aquél. Esto implica que las personas tienen derecho a ser juzgadas, en general, por tribunales ordinarios, con arreglo a procedimientos legalmente establecidos.
384. El juez natural deriva su existencia y competencia de la ley, la cual ha sido definida por la Corte como la ‘norma jurídica de carácter general, ceñida al bien común, emanada de los órganos legislativos constitucionalmente previstos y democráticamente elegidos, y elaborada según el procedimiento establecido por las constituciones de los Estados Partes para la formación de las leyes’.
Consecuentemente, en un Estado de Derecho sólo el Poder Legislativo puede regular, a través de leyes, la competencia de los juzgadores.
385. Por otra parte, la Corte recuerda que el derecho a ser juzgado por un juez o tribunal imparcial es una garantía fundamental del debido proceso, debiéndose garantizar que el juez o tribunal en el ejercicio de su función como juzgador cuente con la mayor objetividad para enfrentar el juicio. Este Tribunal ha establecido que la imparcialidad exige que el juez que interviene en una contienda particular se aproxime a los hechos de la causa careciendo, de manera subjetiva, de todo prejuicio y, asimismo, ofreciendo garantías suficientes de índole objetiva que inspiren la confianza necesaria a las partes en el caso, así como a los ciudadanos en una sociedad democrática. La imparcialidad del tribunal implica que sus integrantes no tengan un interés directo, una posición tomada, una preferencia por alguna de las partes y que no se encuentren involucrados en la controversia. Ello puesto que el juez debe aparecer como actuando sin estar sujeto a influencia, aliciente, presión, amenaza o intromisión, directa o indirecta, sino única y exclusivamente conforme a -y movido por el Derecho.
(...).”
37. De lo que se advertía que el derecho a un juez natural se encontraba íntimamente relacionado con el derecho al debido proceso, que implicaba el derecho a que las personas fueran juzgadas por tribunales establecidos previamente en normas generales y conforme a los procesos legalmente establecidos.
38. Señaló, que además el autor Alejandro Carlos Espinosa, había puntualizado la importancia del juez natural en los términos siguientes:
“Bajo lo considerado y con el propósito de clarificar el sentido de la presente postura respecto a la importancia del juez natural que debe juzgar conforme a su competencia y a su materia, viene a constituir un derecho fundamental de las personas a ser juzgados por un órgano creado previamente por la ley dentro del ámbito de su jurisdicción, en donde además de satisfacer los elementos de transparencia e igualdad debe juzgar con independencia e imparcialidad con apego a la ley que puede aplicar. El juez natural debe entenderse también como una garantía procesal, por lo que el procedimiento debe preexistir al delito y al proceso.”
39. Así reiteró, en el caso no era factible que ese Tribunal Colegiado ejerciera competencia por territorio, toda vez que el Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Texcoco, actuó en auxilio de un Tribunal de Alzada en Materia Penal con residencia en Toluca, y porque el hecho delictuoso ocurrió en el Municipio de Toluca, Estado de México, conociendo de la causa penal **********, el Juez del Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México.
40. Invocó como apoyo a la anterior consideración el criterio que ese órgano jurisdiccional compartía, contenido en la jurisprudencia PR.P.T.CS. J/13 K (11a.), del Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, con número de registro digital 2030624, de rubro y texto siguientes:
“COMPETENCIA POR TERRITORIO. CORRESPONDE AL TRIBUNAL COLEGIADO DE APELACIÓN QUE EJERCE JURISDICCIÓN SOBRE EL JUZGADO DE DISTRITO AUXILIADO, CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA POR UN HOMÓLOGO EN SU CARÁCTER DE TRIBUNAL DE ALZADA.
Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al determinar el órgano competente para conocer del amparo indirecto contra la sentencia dictada por un Tribunal Colegiado de Apelación con competencia para actuar como Tribunal de Alzada, contra una determinación emitida por una persona juzgadora especializada en el Sistema Penal Acusatorio que actúa en auxilio de un diverso juzgador. Mientras uno sostuvo que debía conocer el órgano jurisdiccional más cercano; el otro determinó que debía atenderse a la competencia originaria, por lo que correspondía conocer al Tribunal análogo que ejerce jurisdicción sobre el órgano auxiliado.
Criterio jurídico: El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que el Tribunal Colegiado de Apelación competente por territorio para conocer del amparo indirecto contra la resolución dictada por un Tribunal homólogo, en el recurso de apelación interpuesto contra un acto de un Juzgado especializado en el Sistema Penal Acusatorio que actúa en auxilio de otro Juzgado de Distrito, es el que ejerce jurisdicción sobre el órgano auxiliado.
Justificación: La competencia fincada a determinado Tribunal Colegiado de Apelación para fungir únicamente como Tribunal de Alzada contra actos de un Juzgado de Distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio que actúa en auxilio de uno diverso, no es apta para que, impugnada la sentencia del recurso de apelación, a través del amparo indirecto pueda considerársele legalmente competente por razón de territorio. Ello, porque la actuación de éste obedeció a la mencionada competencia auxiliar, y dicho proceder se acota y culmina con el dictado de la resolución del medio de impugnación ordinario. Por lo tanto, quien debe conocer del amparo indirecto promovido contra esa determinación es un Tribunal homólogo que ejerza jurisdicción sobre el órgano aux
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34062-0e692c53/tribunales-de-alzada-en-materia-penal-la-competencia · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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