CONFLICTOS INDIVIDUALES DE SEGURIDAD SOCIAL. LOS TRIBUNALES LABORALES CARECEN DE ATRIBUCIONES PARA EXIGIR A LA PARTE ACTORA, COMO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DE LA DEMANDA, LAS PRUEBAS QUE AQUÉLLOS CONSIDEREN EFICACES PARA ACREDITAR SUS PRETENSIONES, CONFORME AL ARTÍCULO 899-C, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. CONFLICTOS INDIVIDUALES DE SEGURIDAD SOCIAL PROMOVIDOS POR PERSONAS TRABAJADORAS EXTRANJERAS. NO CONSTITUYE UN REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD ACREDITAR SU SALIDA DEFINITIVA DE MÉXICO Y QUE NO ES SU INTENCIÓN REGRESAR A LABORAR A ESTE PAÍS.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 56/2026. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO Y EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO. 18 DE JUNIO DE 2026. TRES VOTOS DE LAS PERSONAS MAGISTRADAS VANESSA HEIDI NAMBO HUERTA, ANTONIO SALAZAR LÓPEZ Y RODOLFO ALEJANDRO RAMOS SANTILLÁN. PONENTE: ANTONIO SALAZAR LÓPEZ. SECRETARIO: EDUARDO ALFONSO GUERRERO SERRANO.
Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, en sesión ordinaria correspondiente al día dieciocho de junio de dos mil veintiséis, emite la siguiente:
SENTENCIA
Que resuelve la contradicción de criterios 56/2026, suscitada entre el Tercer Tribunal Colegiado y el Quinto Tribunal Colegiado, ambos en Materia de Trabajo del Tercer Circuito.
I. TRÁMITE
1. Denuncia. Por oficio 8/2026-ST, de treinta de abril de dos mil veintiséis, los Magistrados integrantes del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito denunciaron la posible contradicción de criterios entre el sustentado por ese órgano jurisdiccional, al resolver el amparo directo 89/2025, y el sostenido por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, al resolver el amparo directo 254/2024.
2. Los magistrados denunciantes acompañaron a su oficio la versión digitalizada y firmada electrónicamente de la sentencia emitida en sesión de nueve de abril de dos mil veintiséis, dictada en el amparo directo 89/2025 de su índice.
3. Trámite de la denuncia. En acuerdo de seis de mayo siguiente la presidencia de este Pleno Regional instruyó crear el expediente electrónico 56/2026, admitió a trámite el asunto y delimitó como tema preliminar el siguiente:
"Determinar si tratándose de una persona extranjera, que pretende la devolución de fondos de AFORE, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y del Instituto Mexicano del Seguro Social, es un requisito de procedibilidad conforme al artículo 899-C, fracción VIII, de la Ley Federal del Trabajo, el que previo a la promoción de un conflicto individual de seguridad social se acredite con documentos idóneos ‘que es intención del actor de vivir y trabajar en ese lugar (extranjero) permanentemente’."
4. Asimismo, con fundamento en los artículos 39, 40 y 43 del Acuerdo General 67/2022, del entonces Pleno del Consejo de la Judicatura Federal,(1) se requirió al Tercer Tribunal Colegiado y al Quinto Tribunal Colegiado, ambos en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, para que informaran si se encontraban vigentes los criterios sustentados en los amparos directos 89/2025 y 254/2024 de sus respectivos índices o, en su defecto, remitieran la sentencia que contuviera el nuevo criterio; pusieran a disposición de este Pleno Regional dichos expedientes electrónicos a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); e informaran si las ejecutorias habían causado estado.
5. Además, se ordenó hacer del conocimiento del Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la admisión de la presente contradicción de criterios, para efectos de verificar si existía algún asunto relacionado pendiente de resolución en el Alto Tribunal.
6. En el mismo proveído la magistrada presidenta turnó electrónicamente el asunto a la ponencia a cargo del Magistrado Antonio Salazar López, con la precisión de que sería confirmado una vez que concluyera su integración, en términos del referido Acuerdo General 67/2022.
7. Posteriormente, en auto de trece de mayo de dos mil veintiséis, se tuvo por recibido el oficio 2027/2026, que contenía el proveído de ocho de mayo del año en curso, a través del cual el magistrado presidente del Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito informó que el criterio sustentado al resolver el juicio de amparo directo 254/2024 se encontraba vigente; asimismo, remitió la versión digital de la sentencia correspondiente y puso a disposición de este Pleno Regional el expediente electrónico respectivo.
8. En dicho acuerdo se tuvo al Tribunal Colegiado de Circuito oficiante dando parcialmente cumplimiento a lo ordenado, en virtud de que omitió informar si la sentencia dictada en el juicio de amparo directo 254/2024 había causado ejecutoria, por lo que se requirió nuevamente dicha información.
9. En auto de dieciocho de mayo de dos mil veintiséis, se tuvo por recibido el oficio 4557/2026, que contenía el acuerdo de once de mayo de la misma anualidad en el que la magistrada presidenta del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito manifestó que el expediente electrónico relativo al juicio de amparo directo 89/2025 de su índice se encontraba a disposición de este Pleno Regional para su consulta.
10. Así, se tuvo al Tribunal Colegiado de Circuito oficiante dando cumplimiento parcial a lo ordenado en auto de seis de mayo del año en curso, en virtud de que omitió informar si el criterio sustentado al resolver el juicio de amparo directo 89/2025 se encontraba vigente y si la sentencia respectiva había causado ejecutoria; por lo que se requirió nuevamente dicha información.
11. Mediante acuerdo de diecinueve de mayo de dos mil veintiséis, se recibió el oficio 9/2026-ST, remitido por la Magistrada Presidenta del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, mediante el cual informó que el criterio sustentado en el juicio de amparo directo 89/2025 se encontraba vigente y que la sentencia correspondiente causó ejecutoria; por lo que se consideró cumplimentado lo ordenado al órgano jurisdiccional oficiante.
12. En proveído de veinte de mayo de dos mil veintiséis se tuvo por recibido el oficio 2164/2026, del Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, en el cual informó que la sentencia emitida en el juicio de amparo directo 254/2024 causó ejecutoria; en consecuencia, se tuvo al oficiante dando cumplimiento a lo ordenado.
13. Finalmente, en auto de veintiséis de mayo de dos mil veintiséis, se tuvo por recibido el oficio CCST/X/312/05/2026, con el que el Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación informó a este Pleno Regional que no se encontraba radicada ante ese Alto Tribunal contradicción de criterios alguna que versara sobre los mismos puntos jurídicos que dieron lugar a la presente denuncia; y adjuntó el diverso SGA/GVP/258/2026, signado por el Secretario General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los mismos efectos.
14. Así, al encontrarse debidamente integrado el expediente, en ese mismo proveído se confirmó el turno electrónico a la ponencia "C", a cargo del Magistrado Antonio Salazar López.
II. COMPETENCIA
15. Este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer y resolver la denuncia de la posible contradicción de criterios que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 1o., fracción III, 38 y 39, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 14, fracción I, párrafo primero, del Acuerdo General 67/2022, que Reglamenta la Competencia, Integración, Organización y Funcionamiento de los Plenos Regionales vigente; y en los artículos 1o., fracción II, punto 1o. y 2o. del Acuerdo General 108/2022, relativo a la Creación, Denominación e inicio de Funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio; ambos, emitidos por el entonces Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
16. Lo anterior, al tratarse de una posible contradicción de criterios suscitada entre Tribunales Colegiados de Circuito, sobre los que este Pleno Regional ejerce jurisdicción por materia y territorio.
17. Cabe precisar que los acuerdos generales del Pleno del entonces Consejo de la Judicatura Federal invocados, continúan vigentes en todo lo que no se opongan a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, hasta en tanto el Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial emitan sus propios acuerdos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Décimo Noveno transitorio de la citada legislación orgánica, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro.
III. LEGITIMACIÓN
18. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, ya que fue formulada por los magistrados integrantes del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 227, fracción III, de la Ley de Amparo.
19. Además de conformidad con el artículo 8 del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del extinto Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la competencia integración organización y funcionamiento de los Plenos Regionales, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, pertenece a la Región Centro-Sur, y su rama de especialización (trabajo) corresponde a la de este Pleno Regional, por lo que sus integrantes se encuentran legitimados para hacer la denuncia correspondiente en virtud de que a los órganos judiciales pertenecientes a una determinada región y materia les resulta obligatoria la jurisprudencia emanada del pleno de la región a la que pertenecen y, concomitantemente, a los integrantes de tales órganos se les otorga legitimación para formular las denuncias de contradicción de criterios cuya resolución habrá de fijar un criterio que les será de observancia obligatoria para la resolución de los asuntos sometidos a su potestad.
20. De ahí que los magistrados integrantes del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito cuenten con plena legitimación para denunciar la presente contradicción.
IV. CRITERIOS DENUNCIADOS
21. A continuación, se sintetizarán los antecedentes más relevantes de los casos que conforman la presente contradicción de criterios.
Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito
Amparo directo 89/2025
22. Juicio laboral. Una persona de nacionalidad india, por conducto de sus apoderados legales, promovió conflicto individual de seguridad social en contra de una Administradora de Fondos para el Retiro, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y del Instituto Mexicano del Seguro Social, a quienes reclamó, principalmente, la devolución de los recursos acumulados en su cuenta individual, así como los incrementos y rendimientos generados.
23. La parte actora afirmó haber laborado para una empresa privada con estancia migratoria regular en México, en calidad de residente temporal; sin embargo, manifestó haberse trasladado a los Estados Unidos de América para aceptar una oferta laboral en ese país, donde residiría y trabajaría de manera permanente, subrayando que incluso ahí tenía su residencia habitual; motivo por el cual, al no tener intención de regresar a laborar ni residir en México, solicitaba la devolución de los conceptos demandados.
24. Para acreditar sus manifestaciones acompañó documentación relacionada con su estancia migratoria y laboral en los Estados Unidos de América, destacadamente, copia certificada de su visa de trabajo, número de seguridad social en esa nación y demás documentos relativos a su actividad laboral.
25. Asimismo, exhibió el estado de cuenta individual emitido en su favor por la AFORE demandada, informe a cargo de Instituto Mexicano del Seguro Social tendente acreditar su baja del régimen obligatorio; informe del Instituto Nacional de Migración, para acreditar su calidad migratoria en México; así como comprobantes de vuelos internacionales con los cuales pretendía demostrar que abandonó el territorio nacional con destino a los Estados Unidos de América por motivos laborales y con intención de establecerse permanentemente en ese país.
26. Apoyó su reclamo en la jurisprudencia PC.I.L. J/67 L (10a.), del entonces Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito, de rubro y texto:
"TRABAJADORES EXTRANJEROS. TIENEN DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS ACUMULADOS EN SU CUENTA INDIVIDUAL DEPOSITADA EN LA ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO (AFORE), ASÍ COMO DE LAS APORTACIONES AL FONDO DE LA SUBCUENTA DE VIVIENDA, CUANDO VUELVAN EN FORMA DEFINITIVA A SU PAÍS DE ORIGEN, SIN QUE LES SEAN EXIGIBLES LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA LEY.
Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes analizaron la solicitud de devolución de las aportaciones realizadas a la cuenta individual depositada en la Administradora de Fondos para el Retiro (AFORE) y al fondo de la subcuenta de vivienda, efectuadas por trabajadores extranjeros que regresaron a residir a su país de origen, y sostuvieron posturas encontradas, pues mientras uno consideró que les asiste el derecho de que les sea reconocido el saldo total de aportaciones acumuladas en su cuenta individual y a que se les entregue en su totalidad, al ser un caso especial no previsto en las 18 leyes mexicanas, pues debe atenderse a su calidad migratoria, el otro determinó que resulta improcedente la devolución de esos recursos, pues ello debilitaría la estructura del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR).
Criterio jurídico: El Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito considera que el monto acumulado de los recursos en las subcuentas de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, así como vivienda, debe ser entregado –con arreglo en la normatividad internacional que resulte aplicable–, a los trabajadores extranjeros que regresen a residir a su país de origen en forma definitiva, con el fin de salvaguardar plenamente su derecho a la seguridad social y garantizar el goce real de los beneficios sociales que adquirieron con su trabajo en nuestro país.
Justificación: Si bien es cierto que del contenido en la Ley del Seguro Social, en la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en la Ley Federal del Trabajo y en la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro prevalece el principio de igualdad ante la ley, en términos generales, entre trabajadores nacionales y extranjeros en el tema de seguridad social, también lo es que a partir del enfoque de los derechos fundamentales a la igualdad y a la no discriminación a que hace referencia el artículo 1o. de la Constitución General, tratándose de extranjeros que gozan de los derechos humanos a que alude tal disposición y bajo el enfoque del reconocimiento de la dignidad humana, procede hacer un trato diferenciado para alcanzar la igualdad sustantiva, en tanto que han trabajado en nuestro país y tienen como parte de su patrimonio los recursos acumulados en las subcuentas de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, así como vivienda, ya que la operatividad de la igualdad sustantiva implica eliminar las condiciones de desventaja que afectan a los extranjeros en los casos en que regresen a residir a su país de origen en forma definitiva, y al no poder cumplir con los requisitos previstos en la normativa, no tienen acceso a los montos acumulados en sus cuentas individuales, de modo que a fin de asegurar la ‘igualdad de hecho' y no meramente de derecho, los trabajadores extranjeros no deben tener el mismo trato que los nacionales, pues con ello se les genera un obstáculo que les impide gozar de manera real y efectiva de la propiedad de tales recursos, como sí sucede con los trabajadores mexicanos, quienes al residir en este país, sí tendrán la oportunidad de continuar cotizando y eventualmente acceder a esos recursos; soslayar lo anterior implicaría desconocer a la vez la igualdad sustantiva exigida por nuestra Carta Magna. Por consiguiente, el monto acumulado de los recursos en las subcuentas antes precisadas, incluyendo el rubro de vivienda, se les deben entregar, en el entendido de que para el caso de que exista alguna normatividad internacional que resulte aplicable en relación con el procedimiento o la forma de devolución de los recursos, su entrega deberá realizarse con arreglo a tal normativa, con el fin de salvaguardar plenamente los derechos de seguridad social que generaron, y garantizar que gocen realmente de los beneficios sociales que adquirieron con su trabajo en este país; máxime que tales recursos son de su propiedad, en términos del artículo 169 de la Ley del Seguro Social, y, constituyen un patrimonio afectado a un fin determinado, consistente en el goce de una pensión y en la adquisición de una vivienda digna en México; prerrogativas que un trabajador extranjero no podrá ejercer al volver a su país natal, lo cual justifica la entrega de esos recursos".(2)
27. Requerimiento. El secretario instructor del Primer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Jalisco radicó la demanda y, hecho lo anterior, aseveró que su contenido era oscuro porque, si bien el actor manifestó encontrarse residiendo y laborando en los Estados Unidos de América y acompañó copia certificada de su visa de trabajo en ese país, no exhibió documento idóneo que acreditara "que vivirá y trabajará en ese lugar permanentemente como se aduce, así como que su intención sea que de forma definitiva no regresar [sic] a laborar a México. Es decir, los apoderados del actor manifiestan que su poderdante no regresará a México, sin embargo, no existe prueba que demuestre que ello sea verdadero y que dicha intención haya cambiado o no."
28. Consecuentemente, requirió a la parte actora para efecto de que exhibiera documentos idóneos para comprobar su permanencia y residencia definitiva fuera del territorio mexicano, los cuales debía presentar debidamente legalizados y, en caso de no estar en idioma español, con la traducción correspondiente, de conformidad con los artículos 808 y 809 de la Ley Federal del Trabajo;(3) así como para que manifestara "de manera clara, pormenorizada y bajo protesta de decir verdad" las razones por las cuales residiría permanentemente fuera de México.
29. Apercibió al accionante en el sentido de que, de no desahogar en sus términos lo solicitado, se tendría por no presentada su demanda y se ordenaría su archivo definitivo.
30. Como base para dicho requerimiento, la persona secretaria instructora afirmó que "[...] acreditar que no volverá al país con fines laborales de manera definitiva con documento idóneo, sí constituye un presupuesto de procedibilidad al ser una prueba fundatoria de la acción intentada, lo cual es acorde con el artículo 899-C, fracción VIII, de la Ley Federal del Trabajo,(4) ya que el actor debe presentar con la demanda los documentos base de su acción"; exigencia que concatenó con la citada jurisprudencia PC.I.L. J/67 L (10a.), del extinto Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito.
31. Desahogo. En respuesta, el apoderado de la parte actora recalcó que a la demanda se acompañó como prueba copia certificada de la visa de trabajo expedida al actor por el gobierno de los Estados Unidos de América y, para el caso de ser objetada, ofreció el informe a cargo del "Consulado Americano".
32. Además, bajo protesta de decir verdad, indicó la fecha en que el actor abandonó el territorio nacional con destino a los Estados Unidos de América por motivos laborales y con la intención de residir permanentemente en ese país.
33. También subrayó que el actor ya contaba con número de seguridad social en los Estados Unidos de América, que tenía protección financiera para el retiro y servicios de salud en ese país, reiterando que no tenía intención de regresar a laborar a México, sino de establecerse definitivamente en el extranjero.
34. Archivo de la demanda. El Juez de Distrito titular del Primer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Jalisco consideró inoperantes esas manifestaciones e hizo efectivo el apercibimiento decretado, por lo que determinó tener por no presentada la demanda laboral, dejó a salvo los derechos de la parte actora y ordenó el archivo del asunto.
35. En suma, sostuvo que la parte actora no acreditó con documentos idóneos, legalizados y traducidos, que fuera su intención vivir y trabajar permanentemente en el extranjero, o bien, que no tuviera intención de regresar a laborar a México, documentación que, de conformidad con el artículo 899-C, fracción VIII, de la Ley Federal del Trabajo, constituía un requisito de procedibilidad al ser la prueba fundatoria de la acción intentada, como se colegía de la ya citada jurisprudencia PC.I.L. J/67 L (10a.), del Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito.
36. Amparo directo. Inconforme, la parte actora promovió juicio de amparo directo y, entre otros extremos, argumentó que las pruebas que fueron anexadas a la demanda laboral acreditaban que el accionante ya no se hallaba en territorio nacional y que era su intención residir permanentemente en el extranjero.
37. Sentencia. En suplencia de la deficiencia de la queja, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito concedió el amparo solicitado.
38. Por un lado, estimó ilegal el auto dictado por el juez de distrito responsable en el que se tuvo por no presentada la demanda, toda vez que modificó los extremos que le fueron requeridos a la parte actora en la prevención efectuada por el secretario instructor.
39. Lo anterior, cuenta habida que en primer lugar le fue requerido comprobar con documentos idóneos la permanencia y residencia definitiva fuera del territorio mexicano; mientras que en el auto reclamado se le exigió documentación para comprobar que era su intención vivir y trabajar en ese lugar permanentemente, o bien, que no tenía intención de regresar a laborar a México.
40. Al margen de lo expuesto, el Tribunal Colegiado de Circuito determinó que, contrario a lo aducido por la autoridad responsable, ninguno de esos documentos constituía un requisito de procedibilidad cuyo incumplimiento justificara tener por no presentada la demanda.
41. Para sustentar sus razonamientos invocó la jurisprudencia 2a./J. 50/2018 (10a.), de rubro: "CONFLICTOS INDIVIDUALES DE SEGURIDAD SOCIAL. SI BIEN LA DEMANDA PRESENTADA POR EL ACTOR DEBE CUMPLIR LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 899-C DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, SÓLO DEBE CONTENER AQUELLOS QUE SEAN PROPIOS DE LA ACCIÓN INTENTADA.";(5) así como la diversa jurisprudencia 2a./J. 52/2017 (10a.), de rubro: "CONFLICTOS INDIVIDUALES DE SEGURIDAD SOCIAL. LOS REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD EXIGIDOS POR EL ARTÍCULO 899-C DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, CONSTITUYEN LOS HECHOS DE LA DEMANDA QUE PRESENTA EL ACTOR, EN LOS QUE DEBE FUNDAR SUS ACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y, POR ENDE, SI NO LOS CUMPLE, NO PUEDE CONFIGURARSE LA ACCIÓN RESPECTIVA."(6)
42. Destacó que al analizar el artículo 899-C de la Ley Federal del Trabajo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación afirmó que los requisitos exigidos en esa norma no eran meros datos informativos que la parte actora debiera plasmar en su demanda, sino extremos de tal manera relevantes que constituían presupuestos esenciales y necesarios para que su acción quedara configurada en los hechos; lo que a su vez permitiría a la contraparte controvertir de manera eficaz lo planteado.
43. Empero, la sala constitucional precisó que lo anterior no implicaba que la parte actora debiera satisfacer todos y cada uno de los requisitos plasmados en esa norma, sino únicamente los que correspondieran a la acción intentada.
44. Asimismo, sostuvo que el Alto Tribunal identificó como finalidad de esa disposición que las autoridades jurisdiccionales en materia de trabajo contaran con los elementos necesarios para resolver la litis no sólo rápidamente, sino de forma completa, imparcial y efectiva.
45. Hechas tales precisiones, el Tribunal Colegiado también enfatizó que, al resolver la contradicción de criterios 99/2023, este Pleno Regional, en su anterior denominación y especialidad, analizó un problema jurídico semejante.
46. En dicho precedente se estudió si constituía un requisito de procedibilidad exhibir la constancia de negativa de devolución de aportaciones realizadas en la subcuenta de ahorro voluntario de la cuenta individual cuando la persona trabajadora reclamaba su pago; planteamiento que dio pauta a la jurisprudencia PR.L.CS. J/42 L (11a.), de rubro: "CONFLICTOS INDIVIDUALES DE SEGURIDAD SOCIAL. EN LA ACCIÓN DE DEVOLUCIÓN DE APORTACIONES DE LA SUBCUENTA DE AHORRO VOLUNTARIO DE LA CUENTA INDIVIDUAL, ES INNECESARIO EXHIBIR CON LA DEMANDA, LA CONSTANCIA DE NEGATIVA DE DEVOLUCIÓN DE ESAS APORTACIONES POR PARTE DE LA ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO (AFORE), O BIEN, EL ACUSE DE RECIBO DE SU SOLICITUD, AL NO CONSTITUIR UN REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 899-C DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO."(7)
47. Luego, indicó que el Pleno Regional determinó que la constancia de negativa de devolución de tales aportaciones por parte de la AFORE demandada, o bien, el acuse de recibo de su solicitud, no constituían requisitos de procedibilidad, al no encontrarse expresamente previstos por el artículo 899-C de la Ley Federal del Trabajo, por lo que no era válido que la persona juzgadora requiriera a la parte actora su exhibición.
48. Subrayó que el Pleno Regional también destacó que era inadmisible imponer una carga procesal extralegal que trajera como consecuencia declarar improcedente la acción en caso de no satisfacerla porque, como determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tratándose de disposiciones que establecieran una sanción procesal, su aplicación debía hacerse en forma restrictiva, sin extenderla a supuestos no previstos expresamente por la norma, como precisaba en lo conducente la jurisprudencia 2a./J. 119/2019, de rubro: "PRUEBAS EN EL JUICIO LABORAL. LA SANCIÓN DE SU DESISTIMIENTO TÁCITO A QUE ALUDE EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 885 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, SÓLO PROCEDE RESPECTO DE LAS PREVIAMENTE ADMITIDAS POR LA JUNTA Y NO EN RELACIÓN CON AQUELLAS DE LAS QUE FUE OMISA EN PRONUNCIARSE SOBRE SU ADMISIÓN."(8)
49. Con base en estos razonamientos, el Tribunal Colegiado determinó que el actor no estaba obligado a exhibir como requisito de procedibilidad documentos idóneos, debidamente legalizados y traducidos, que comprobaran que era su intención de vivir y trabajar en el extranjero de forma permanente, o que no tenía intención de regresar a laborar a México; puesto que tales requisitos no se encontraban previstos por el artículo 899-C de la Ley Federal del Trabajo, ni siquiera en su fracción VIII.
50. Tras subrayar que no era obligatoria en el Tercer Circuito, destacó que, si bien la jurisprudencia PC.I.L. J/67 L (10a.), del extinto Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito que la responsable invocó para justificar su requerimiento, podría ser orientadora para resolver el fondo de la controversia, no avalaba en ningún sentido la necesidad de acreditar desde la presentación de la demanda los extremos requeridos por la responsable, menos con documentos legalizados y traducidos ni, por ende, que constituyeran requisitos de procedibilidad que justificaran un requerimiento.
51. A mayor abundamiento, resaltó que el criterio jurisprudencial del primer circuito en comento surgió de una contradicción de tesis en la que se analizó el derecho de las personas extranjeras a la devolución de aportaciones efectuado en laudos, es decir, en determinaciones de fondo; mas no se abordó ninguna cuestión relativa a requisitos de procedibilidad de la demanda.
52. Así, indicó que la carga impuesta al actor por la responsable le constreñía a demostrar desde la presentación de la demanda extremos susceptibles de acreditarse durante el juicio.
53. Finalmente puntualizó que, tratándose de la acción intentada, el requisito obligado conforme a la fracción VI, del mencionado numeral 899-C, era el último estado de cuenta.
54. Sustentó esta conclusión, entre otras, en la jurisprudencia 2a./J. 149/2019 (10a.), de rubro: "CONFLICTOS INDIVIDUALES DE SEGURIDAD SOCIAL. CONFORME A LAS FRACCIONES VI Y VII DEL ARTÍCULO 899-C DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, EL ‘ÚLTIMO ESTADO DE LA CUENTA INDIVIDUAL DE AHORRO PARA EL RETIRO’ ES AQUEL QUE RECIBIÓ EL ASEGURADO EN EL CUATRIMESTRE PREVIO A LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA.";(9) así como 2a./J. 150/2019 (10a.), de rubro: "CONFLICTOS INDIVIDUALES DE SEGURIDAD SOCIAL. LINEAMIENTOS QUE DEBERÁ SEGUIR EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN LOS CASOS EN QUE LA JUNTA RESPONSABLE HAYA OMITIDO PREVENIR AL ASEGURADO A EFECTO DE QUE PRESENTARA EL ‘ÚLTIMO ESTADO DE LA CUENTA INDIVIDUAL DE AHORRO PARA EL RETIRO’, LA SOLICITUD DE LA CONSTANCIA RESPECTIVA ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL O LA SOLICITUD DE EMISIÓN DEL ESTADO DE CUENTA ANTE LA ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO (AFORE) DEL TRABAJADOR."(10)
Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito
Amparo directo 254/2024
55. Juicio laboral. Una persona extranjera, por conducto de su apoderado legal, promovió conflicto individual de seguridad social contra una Administradora de Fondos para el Retiro, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, de quienes reclamó, principalmente, la devolución de los recursos acumulados en su cuenta individual, así como el pago de los rendimientos respectivos.
56. La parte actora manifestó ser de nacionalidad india y que, al concluir la relación laboral que mantenía con una empresa en territorio nacional, regresó de manera definitiva a su país de origen sin intención de volver a residir y laborar en México.
57. Para sustentar esas manifestaciones, acompañó ide
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34200-0c34c3b7/conflictos-individuales-de-seguridad-social-los-tribunales-laborales · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- COMPETENCIA POR MATERIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA EL ARTÍCULO 83, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DEL REGLAMENTO DE TRABAJO DEL PERSONAL DE CONFIANZA DE PETRÓLEOS MEXICANOS. CORR (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- DECLARACIÓN DE BENEFICIARIOS Y PAGO DE FONDOS DE LA SUBCUENTA INDIVIDUAL DE RETIRO Y VIVIENDA DE UNA PERSONA TRABAJADORA FALLECIDA. CUANDO SE DEMANDEN CONJUNTAMENTE NO DEBE EXIGIRS (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- VIÁTICOS. SU OTORGAMIENTO PREVISTO EN LA CLÁUSULA 55 BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL BIENIOS 2011-2013, 2021-2023 Y SIMILARES, CONSTI (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- CONFLICTOS INDIVIDUALES DE SEGURIDAD SOCIAL. LA AUTORIDAD LABORAL QUE RECIBA UNA DEMANDA EN LA QUE SE RECLAME EL PAGO DE LA PRESUNTA MINUSVALÍA EN LOS RENDIMIENTOS DE UNA CUENTA IN (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- CONFLICTOS INDIVIDUALES DE SEGURIDAD SOCIAL PROMOVIDOS POR PERSONAS TRABAJADORAS EXTRANJERAS. NO CONSTITUYE UN REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD ACREDITAR SU SALIDA DEFINITIVA DE MÉXICO (PR.P.T.CS. J/20 L (12a.))
- CONFLICTOS INDIVIDUALES DE SEGURIDAD SOCIAL. LAS PERSONAS TRABAJADORAS EXTRANJERAS QUE YA NO RESIDEN EN MÉXICO Y SOLICITAN LA DEVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS ACUMULADOS EN LA CUENTA IND (III.1o.T.1 L (12a.))
- COMPETENCIA. CORRESPONDE A UN TRIBUNAL LABORAL FEDERAL DE ASUNTOS INDIVIDUALES CONOCER DE LA DEMANDA EN LA QUE SE RECLAME LA DECLARACIÓN DE LEGÍTIMO BENEFICIARIO Y TAMBIÉN SE DEMAN (I.5o.T.42 L (11a.))
- CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN QUE DEBE LLEVAR A CABO EL JUEZ DE DISTRITO RESPECTO DE LAS QUE CONCEDAN LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL CONTRA EL ARTÍ (P./J. 14/2012 (10a.))
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis