SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN AMPARO INDIRECTO. PROCEDE PARA QUE SE CONTINÚE PRESTANDO EL SERVICIO MÉDICO A LA PERSONA QUE FUE DADA DE BAJA COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA.
QUEJA 10/2026. 6 DE FEBRERO DE 2026. UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS PERSONAS MAGISTRADAS ROBERTO RODRÍGUEZ GARZA, CYNTHIA CRISTINA LEAL GARZA Y ROGELIO CEPEDA TREVIÑO. PONENTE: CYNTHIA CRISTINA LEAL GARZA. SECRETARIA: TERECITA DE JESÚS HERNÁNDEZ MORENO.
Monterrey, Nuevo León. Sentencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito del seis de febrero de dos mil veintiséis.
Visto el recurso de queja 10/2026-I y,
R E S U L T A N D O:
PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito enviado al Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, **********, promovió juicio de amparo en contra de las autoridades y por los actos siguientes:
“I.- Autoridades responsables y los actos que de cada una de ellas se reclaman:
I.I. Autoridades ordenadoras:
1. A la Comisión de Carrera Policial de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León, se reclama: La inconstitucional orden o instrucción de baja y/o despido y/o separación y cese y/o inhabilitación y/o suspensión para dar por terminado mi cargo, nombramiento, comisión o empleo como Policía Tercero adscrito al Departamento de Servicios de Protección Institucional de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León, con Número de empleado **********, Plaza **********, con motivo del Procedimiento de Separación del Cargo con número de expediente **********; Las consecuencias legales y efectos secundarios que tal baja o cese emanen de dicho acto reclamado: La violación a la garantía de audiencia, debido proceso y de defensa a que tengo derecho, La orden e instrucciones de suspender las remuneraciones y salarios relacionadas a mi cargo, nombramiento o empleo de Policía Tercero, en el Departamento de Servicios de Protección Institucional de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León, con Número de empleado **********, Plaza **********; La orden de suspender el servicio médico, al suscrito y familiares derechohabientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León (ISSSTELEON); La omisión de pago e indemnización constitucional a que tengo derecho, salarios caídos y horas extras laboradas; La orden o instrucción que se me inscribiera dentro del Registro Nacional de Personal de las Instituciones de Seguridad Pública, así como en el Registro Estatal del Personal de Seguridad Pública, como un elemento presuntamente separado del cargo.
2. Al Titular de la Comisión de Carrera Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León, se reclaman: La inconstitucional orden o instrucción de baja y/o despido y/o separación y/o cese y/o inhabilitación y/o suspensión para dar por terminado mi cargo, nombramiento, comisión o empleo como Policía Tercero adscrito al Departamento de Servicios de Protección Institucional de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León, con Número de empleado **********, Plaza **********, con motivo del Procedimiento de Separación del Cargo con número de expediente **********; Las consecuencias legales y efectos secundarios que tal baja o cese emanen de dicho acto reclamado; La violación a la garantía de audiencia, debido proceso y de defensa a que tengo derecho; La orden e instrucciones de suspender las remuneraciones y salarios relacionadas a mi cargo, nombramiento o empleo de Policía Tercero, en el Departamento de Servicios de Protección Institucional de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León, con Número de empleado **********, Plaza **********, La orden de suspender el servicio médico, al suscrito y familiares derechohabientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León (ISSSTELEON), La omisión de pago e indemnización constitucional a que tengo derecho, salarios callos y horas extras laboradas, La orden o instrucción que se me inscribiera dentro del Registro Nacional de Personal de las Instituciones de Seguridad Pública, así como en el Registro Estatal del Personal de Seguridad Pública, como un elemento presuntamente separado del cargo.
3. A la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León, se reclaman: La inconstitucional orden o instrucción de baja y/o despido y/o separación y/o cese y/o inhabilitación y/o suspensión para dar por terminado mi cargo, nombramiento, comisión o empleo como Policía Tercero adscrito al Departamento de Servicios de Protección Institucional de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León, con Número de empleado **********, Plaza **********, con motivo del Procedimiento de Separación del Cargo con número de expediente **********; Las consecuencias legales y efectos secundarios que tal baja o cese emanen de dicho acto reclamado; La violación a la garantía de audiencia, debido proceso y de defensa a que tengo derecho; La orden e instrucciones de suspender las remuneraciones y salarios relacionadas a mi cargo. nombramiento o empleo de Policía Tercero, en el Departamento de Servicios de Protección Institucional de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León, con Número de empleado **********, Plaza **********; La orden de suspender el servicio médico, al suscrito y familiares derechohabientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León (ISSSTELEON); La omisión de pago e indemnización constitucional a que tengo derecho, salarios caídos y horas extras laboradas; La orden o instrucción que se me inscribiera dentro del Registro Nacional de Personal de las Instituciones de Seguridad Pública, así como en el Registro Estatal del Personal de Seguridad Pública, como un elemento presuntamente separado del cargo.
4. Al Titular de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León, se reclaman: La inconstitucional e ilegal delegación de las facultades inherentes al cargo de Presidente de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León al Mtro. Luis González González, como "Encargado del Despacho de la Presidencia de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León" quien actuó de facto como la autoridad competente al iniciar el Procedimiento de Separación del Cargo con número de expediente ********** en contra del Quejoso; La omisión de iniciar el Procedimiento de Separación de Cargo en contra del quejoso al momento de tener conocimiento de los supuestos incumplimientos a ciertos requisitos de permanencia, contrariando lo establecido en el artículo 35 fracción I del Reglamento Interior de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaria de Seguridad del Estado de Nuevo León de lo cual tuvo conocimiento en fecha veintidós de mayo del dos mil veinticuatro cuando recibió el oficio número ********** consistente en la propuesta de separación de cargo en contra del quejoso realizada por Comisario Jefe Alfredo Fabela Pacheco, quien se ostentó como Jefe de Estado Mayor de Fuerza Civil, en suplencia por ausencia temporal del Comisario General de Fuerza Civil de la Secretaria de Seguridad del Estado de Nuevo León Dotar de validez la propuesta de separación de cargo en contra del ahora quejoso, siendo que ésta fue expedida por quien se ostentó como Jefe de Estado Mayor de Fuerza Civil, en suplencia por ausencia temporal del Comisario General de Fuerza Civil de la Secretaria de Seguridad del Estado, sin fundamentar su competencia y al mismo tiempo que esta lo acredite como el superior jerárquico del ahora quejoso; Dar inicio el Procedimiento de Separación del Cargo con número de expediente ********** en contra del Suscrito sin la instrucción del Secretario de Seguridad del Estado de Nuevo León, desacatando lo dispuesto en el artículo 35 fracción 1 del Reglamento Interior de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaria de Seguridad del Estado de Nuevo León; La inconstitucional orden o instrucción de baja y/o despido y/o separación y/o cese y/o inhabilitación y/o suspensión para dar por terminado mi cargo, nombramiento o empleo como Policía Tercero, en el Departamento de Servicios de Protección Institucional de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León, con Número de empleado **********, Plaza **********, con motivo del Procedimiento de Separación del Cargo con número de expediente **********; Las consecuencias legales y efectos secundarios que tal baja o cese emanen de dicho acto reclamado: La violación a la garantía de audiencia, debido proceso y de defensa a que tengo derecho; La orden e instrucciones de suspender las remuneraciones y salarios relacionadas a mi cargo, nombramiento o empleo de Policía Tercero, en el Departamento de Servicios de Protección Institucional de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León, con Número de empleado **********, Plaza **********; La orden de suspender el servicio médico, al suscrito y familiares derechohabientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León (ISSSTELEON); La omisión de pago e indemnización constitucional a que tengo derecho, salarios caídos y horas extras laboradas; La orden o instrucción que se me inscribiera dentro del Registro Nacional de Personal de las Instituciones de Seguridad Pública, así como en el Registro Estatal del Personal de Seguridad Pública, como un elemento presuntamente separado del cargo.
5. Al Actuario Adscrito a la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaria de Seguridad del Estado de Nuevo León, se le reclama. El inconstitucional e legal emplazamiento de fecha once de septiembre de dos mil veinticinco al Procedimiento de Separación del Cargo con número de expediente **********.
I.II. Autoridades ejecutoras
1. Al Encargado del Despacho de la Coordinación de Logística y Abastecimiento de los Servicios de Protección Institucional de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León, **********, se reclama La ejecución de la inconstitucional orden o instrucción de baja y/o despido y/o separación y/o cese y/o inhabilitación y/o suspensión para dar por terminado mi cargo, nombramiento o empleo como Policía Tercero, en el Departamento de Servicios de Protección Institucional de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León, con Número de empleado **********, Plaza **********, sin motivo y sin fundamento alguno;
2. Al Encargado del Despacho de la Coordinación de Personal de los Servicios de Protección Institucional, se reclama: La ejecución de la inconstitucional orden o instrucción de baja y/o despido y/o separación y/o cese y/o inhabilitación y/o suspensión para dar por terminado mi cargo, nombramiento o empleo como Policía Tercero, en el Departamento de Servicios de Protección Institucional de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León, con Número de empleado **********, Plaza **********, sin motivo y sin fundamento alguno.
3. Del Titular del Área de Materiales y Servicios Financieros, se reclama: La ejecución de consecuencias legales y efectos secundarios que tal baja o cese emanen de dicho acto reclamado; La ejecución de la orden e instrucciones de suspender las remuneraciones relacionadas a mi cargo, nombramiento o empleo de Policía Tercero, en el Departamento de Servicios de Protección Institucional de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León, con Número de empleado **********, Plaza **********; La ejecución de la orden de suspender el servicio médico, al suscrito y familiares derechohabientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León (ISSSTELEON); La omisión de pago e indemnización constitucional a que tengo derecho, salarios caídos y horas extras laboradas; La ejecución de la orden o instrucción de que se me inscribiera dentro del Registro Nacional de Personal de las Instituciones de Seguridad Pública, así como en el Registro Estatal del Personal de Seguridad Pública, como un elemento presuntamente separado del cargo.”
SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO Y TRÁMITE DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. El cuatro de noviembre de dos mil veinticinco, el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, tuvo por recibida la demanda de amparo, a la que le asignó el expediente **********.
Asimismo, se formó por separado el incidente de suspensión, en el que se negó la suspensión provisional a la parte quejosa solicitada para que se le siguiera pagando el salario que percibía o el mínimo vital para su subsistencia; y por otra parte, se concedió dicha medida para que se continúe otorgando al quejoso y a sus beneficiarios, los servicios médicos que requieran en los términos en que se venían proporcionando; asimismo, para que las autoridades responsables se abstengan de efectuar un registro negativo en el expediente personal del quejoso, en el Registro Nacional de Personal y en el Registro Estatal del Personal de Seguridad Pública.
TERCERO. AUTORIDADES VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO DE LA SUSPENSIÓN. Por auto de once de diciembre de dos mil veinticinco, el Juez de Distrito vinculó a cumplimiento de la suspensión al Director Central de Capital Humano de la Subsecretaría de Administración de la Secretaría de Administración. De igual forma, en proveído de veinte de enero de dos mil veintiséis, vinculó al cumplimiento al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León y a la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León, a quienes ordenó correr traslado con copia de la demanda y del auto de cuatro de noviembre del año pasado, en el que proveyó sobre la suspensión; lo anterior, en términos del artículo 147 de la Ley de Amparo.
CUARTO. TRÁMITE DEL RECURSO DE QUEJA. Inconforme con la concesión de la suspensión en la parte en que se otorgó para que se siguiera proporcionando el servicio médico, **********, en su carácter de Delegado autorizado de la autoridad vinculada Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León, interpuso el presente recurso de queja, el cual se recibió por este Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, el tres de febrero del año en curso.
No se pasa por alto, que en el escrito de agravios la autoridad manifiesta que el auto recurrido es de veinte de enero de dos mil veintiséis –por el cual se le vinculó al cumplimiento de la suspensión-; sin embargo, sus agravios van encaminados a confrontar las consideraciones por las que se concedió la suspensión provisional en el auto de cuatro de noviembre del año próximo pasado.
Luego, por auto de Presidencia de tres de febrero del año en curso, se admitió a trámite el recurso, al que se le asignó el expediente 10/2026-I y se ordenó turnar los autos a la Magistrada Cynthia Cristina Leal Garza, para que formulara el proyecto de sentencia correspondiente; y,
C O N S I D E R A N D O
PRIMERO. COMPETENCIA. Este Tribunal Colegiado es legalmente competente para conocer y resolver el recurso de queja, conforme a lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso b), y 101, segundo y quinto párrafos, de la Ley de Amparo; 35, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación al Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que se interpone contra un proveído en el que resuelve sobre la suspensión provisional, emitido por un juzgado de distrito en materia administrativa residente en el Estado de Nuevo León, que corresponde a la circunscripción y especialidad asignada a este tribunal.
SEGUNDO. SESIÓN VÍA REMOTA. La resolución del presente asunto se lleva a cabo mediante videoconferencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo.
TERCERO. TEMPORALIDAD. El recurso de queja fue interpuesto oportunamente.
Lo anterior es así, porque el auto impugnado se le notificó a la autoridad recurrente el miércoles veintiocho de enero de dos mil veintiséis, notificación que surtió efectos el mismo día; por lo que el término para interponer el recurso transcurrió del jueves veintinueve al viernes treinta del presente año.
Luego, si el citado medio de impugnación se presentó el viernes treinta de enero del año en curso, es evidente, que se interpuso de manera oportuna, pues se presentó dentro del plazo de dos días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo,(1) como se ilustra enseguida:
Ver ilustración
CUARTO. LEGITIMACIÓN. **********, en su carácter de Delegado autorizado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León, se encuentra legitimado para interponer el recurso de queja en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, toda vez que dicho carácter le fue reconocido por el Juez de Distrito en el auto de tres de febrero del año en curso.
Además, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado de Nuevo León, por conducto del Delegado designado, está legitimado para interponer el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, en su carácter de autoridad vinculada al cumplimiento de la suspensión provisional. Lo anterior, en virtud de que tal disposición no establece que dicho recurso está previsto únicamente para las partes en el juicio de amparo.
No se ignora que es criterio obligatorio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación(3) que las autoridades vinculadas al cumplimiento de la sentencia de amparo no se deben equiparar con la figura de autoridad responsable para efectos de la procedencia del recurso de revisión. Sin embargo, se considera que tal criterio no resulta aplicable para determinar, por analogía, que las autoridades vinculadas al cumplimiento de la suspensión no están legitimadas para interponer el recurso de queja, por las siguientes razones:
- La primera razón por la que la Segunda Sala de la Suprema Corte no equiparó el carácter de autoridad vinculada al cumplimiento de la sentencia de amparo al de la autoridad responsable, para efectos de la procedencia del recurso de revisión, fue que ello desnaturalizaría el juicio de amparo y lo retrasaría. Lo anterior es así, porque la interposición del recurso de revisión pospone la ejecución de la sentencia de amparo, lo cual retrasa el goce del derecho de la parte quejosa a la ejecución material de la sentencia que le concedió el amparo. Dicho efecto negativo en el derecho de acceso a la justicia de la quejosa no se verifica con la interposición del recurso de queja, ya que su interposición no impide la ejecución de la suspensión, por lo cual este acto procesal no afecta el derecho de la parte quejosa a gozar de la medida cautelar que se concedió a su favor.
- La segunda razón por las que la Segunda Sala de la Suprema Corte no equiparó el carácter de autoridad vinculada al cumplimiento de la sentencia de amparo al de la autoridad responsable, para efectos de la procedencia del recurso de revisión, fue que para ello sería necesario distinguir si el carácter lo adquirió en la sentencia de amparo o en un auto dictado durante el procedimiento de ejecución de sentencia. Ese problema no se actualiza con la interposición del recurso de queja por parte de la autoridad vinculada al cumplimiento de la suspensión porque, tratándose de este recurso, es claro que tal carácter lo tuvo durante la sustanciación del incidente, pues de lo contrario no tendría legitimación en la causa para recurrirlo, en tanto no le causaría agravio alguno.
- La tercera razón por la que la Segunda Sala de la Suprema Corte no equiparó el carácter de autoridad vinculada al cumplimiento de la sentencia de amparo al de la autoridad responsable, para efectos de la procedencia del recurso de revisión, fue que dichas autoridades, al estar sujetas a las reglas del procedimiento de ejecución de sentencia, tienen la posibilidad de alegar no tener competencia para el eficaz cumplimiento de la sentencia o incluso la imposibilidad para cumplir la sentencia de amparo. En cambio, la ejecución del auto de suspensión no está sujeta a las reglas del procedimiento de ejecución de sentencia, pues el artículo 158 de la Ley de Amparo(4) dispone que la ejecución del auto de suspensión se rige por el Título Quinto de esa ley, y que, ante su incumplimiento, la persona juzgadora podrá imponer las medidas de apremio ahí previstas, las cuales se encuentran enunciadas en el artículo 237 de la Ley de Amparo.(5) Esta diferencia es relevante, dado que, bajo esas reglas, las autoridades vinculadas al cumplimiento de la suspensión no tienen la posibilidad dejar de cumplir la suspensión alegando no tener competencia para cumplir la suspensión o la imposibilidad de cumplirla. Lo único que pueden hacer es cumplir la suspensión y, si no lo hacen, quedan expuestas a que se la persona juzgadora les imponga los medios de apremio para forzarlas a que la cumplan, dentro de los cuales está prevista la puesta a disposición del Ministerio Público por la probable comisión de delito en el supuesto de flagrancia.
Adicional a lo anterior, es oportuno citar el contenido de los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los cuales disponen lo siguiente:
“Artículo 8. Garantías Judiciales
1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.
“Artículo 25. Protección Judicial
1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales”.
El primer numeral consagra el derecho de acceso a la justicia, del cual se desprende que los Estados no deben interponer trabas a las personas que acudan a los jueces o tribunales en busca de que sus derechos sean determinados o protegidos. Cualquier norma o medida del orden interno que imponga costos o dificulte de cualquier otra manera el acceso de los individuos a los tribunales, y que no esté justificada por las razonables necesidades de la propia administración de justicia, debe entenderse contraria al citado numeral.
Por su parte, el segundo numeral citado también consagra el derecho de acceso a la justicia, el cual establece la obligación positiva del Estado de conceder a todas las personas bajo su jurisdicción un recurso judicial efectivo contra actos violatorios de sus derechos fundamentales, reconocidos no sólo respecto de los derechos contenidos en la Convención, sino también de aquéllos que estén reconocidos por la Constitución o por la ley, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.
En mérito de lo anterior, en observancia a los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como de los artículos 1º, 17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado de Nuevo León, en su carácter de autoridad vinculada al cumplimiento de la suspensión provisional, está legitimado para interponer el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, a fin de garantizar el derecho de acceso a la justicia y a un recurso judicial efectivo. Ello, porque el artículo 8.1 convencional reconoce el derecho de toda persona a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un Tribunal competente, independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones de cualquier carácter, mientras que el artículo 25.1 del mismo instrumento internacional garantiza el derecho a un recurso sencillo, rápido y efectivo frente a actos que vulneren derechos fundamentales, aun cuando la violación provenga de autoridades que actúen en ejercicio de funciones oficiales.
QUINTO. PROCEDENCIA. El recurso de queja es procedente, ya que se interpone contra el auto que resolvió sobre la suspensión provisional del acto reclamado, de conformidad con el artículo 97, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo,(6) que prevé su procedencia en ese específico caso.
Además, como se mencionó en párrafos que anteceden, no se pasa por alto, que en el escrito de agravios la autoridad manifiesta que el auto recurrido es de veinte de enero de dos mil veintiséis –por el cual se le vinculó al cumplimiento de la suspensión-; sin embargo, sus agravios van encaminados a confrontar las consideraciones por las que se concedió la suspensión provisional en el auto de cuatro de noviembre del año próximo pasado.
SEXTO. CONSIDERACIONES DE LA RESOLUCIÓN RECURRIDA Y AGRAVIOS. Resulta innecesaria la transcripción de la literalidad de la resolución recurrida, así como de los agravios, pues no constituye un requisito legal de la sentencia, previsto en la Ley de Amparo.
SÉPTIMO. ANTECEDENTES. Para mejor comprensión y resolución de este asunto, se sintetizan los hechos más relevantes del recurso de queja:
********** promovió juicio de amparo en contra de la Comisión de Carrera Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León y otras autoridades, de quienes reclamó, esencialmente:
- El procedimiento administrativo de separación de cargo tramitado bajo el expediente **********, que culminó con la baja, despido, separación, cese, inhabilitación y/o suspensión de su puesto, cargo o comisión como Policía Tercero adscrito al Departamento de Servicios de Protección Institucional de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León.
- Como consecuencia de lo anterior, la orden de suspender las remuneraciones y salario; la orden de suspender el servicio médico del quejoso y de sus derechohabientes; la omisión de pago de la indemnización constitucional; y la anotación en el Registro Nacional de Personal de las Instituciones de Seguridad Pública, así como en el Registro Estatal del Personal de Seguridad Pública.
En la demanda de amparo, el quejoso manifestó, bajo protesta de decir verdad, en síntesis, que se desempeñó como Policía Tercero adscrito al Departamento de Servicios de Protección Institucional de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León, con el número de empleado **********; que el cuatro de junio de dos mil veinticinco, se le inició un procedimiento de separación por parte de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad del Estado de Nuevo León, del cual fue notificado el once de septiembre siguiente; y que el diecisiete de octubre de dos mil veinticinco, se le notificó la resolución definitiva de dicha procedimiento, en la que se decretó la separación del puesto cargo o comisión, sin que se le hubiera notificado de forma completa la resolución, ya que solamente se le hicieron saber sus puntos resolutivos.
En la propia demanda, el quejoso solicitó la suspensión provisional y, en su momento, la definitiva para el efecto de que no se le dejara de pagar el salario y para que no se prive tanto a él, como a sus beneficiarios, del servicio médico que habitualmente les era proporcionado por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León, con motivo de su trabajo; y para que se abstuvieran de llevar a cabo cualquier registro relacionado con dicha baja.
El cuatro de noviembre de dos mil veinticinco, el juzgado consideró que se encontraban reunidos los requisitos para acceder a la suspensión provisional (presunción de certeza del acto reclamado, acreditación indiciaria del interés suspensional, análisis frente al interés social y disposiciones de orden público y apariencia del buen derecho), por lo que otorgó la medida para el efecto de que las autoridades responsables continúen otorgando al quejoso y a sus beneficiarios, los servicios médicos que requirieran en los términos en que se les venían proporcionando. Asimismo, para que las responsables se abstengan de efectuar un registro negativo en el expediente personal del quejoso y en el Registro Nacional de Personal de las Instituciones de Seguridad Pública (Plataforma México) y Registro Estatal del Personal de Seguridad Pública.
Y por otra parte, negó la medida suspensional solicitada para el efecto de que se siguiera otorgando el pago de salarios y/o el pago del mínimo vital para su subsistencia, al considerar que la relación laboral ya había finalizado.
Posteriormente, por auto de veinte de enero del año en curso, el Juez de Distrito tuvo por recibido el oficio signado por el Director Central de Capital Humano de la Subsecretaría de Administración de la Secretaría de Administración, a través del cual realizó diversas manifestaciones en torno al cumplimiento de la suspensión provisional. Asimismo, atendiendo a tales manifestaciones, con fundamento en el artículo 147 de la Ley de Amparo, el juzgado federal vinculó al cumplimiento de la suspensión al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León y a la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, por lo que ordenó correr traslado a tales potestades con copia de la medida cautelar y de la demanda de amparo.
Inconforme con la concesión de la suspensión, el Instituto de Seguridad y Servicios S
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34305-25a3557d/suspension-provisional-en-amparo-indirecto-procede-para-que · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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