I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SE ACTUALIZA SU NOTORIA Y MANIFIESTA IMPROCEDENCIA POR FALTA DE LEGITIMACIÓN ACTIVA DEL PARTIDO POLÍTICO PROMOVENTE SI LAS NORMAS IMPUGNADAS NO GUARDAN RELACIÓN DIRECTA O INDIRECTA CON LOS PROCESOS ELECTORALES NI CON LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES.
RECURSO DE RECLAMACIÓN 125/2025-CA, DERIVADO DE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 110/2025. PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 11 DE DICIEMBRE DE 2025. MAYORÍA DE SEIS VOTOS DE LAS PERSONAS MINISTRAS MARÍA ESTELA RÍOS GONZÁLEZ, LENIA BATRES GUADARRAMA, LORETTA ORTIZ AHLF, GIOVANI AZAEL FIGUEROA MEJÍA, ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA Y PRESIDENTE HUGO AGUILAR ORTIZ. DISIDENTES: SARA IRENE HERRERÍAS GUERRA, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR, IRVING ESPINOSA BETANZO, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR, Y YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. PONENTE: MINISTRA LORETTA ORTIZ AHLF. SECRETARIO: RAMÓN JURADO GUERRERO.
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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al día once de diciembre de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve el recurso de reclamación 125/2025-CA derivado de la acción de inconstitucionalidad 110/2025, interpuesto por el Partido Acción Nacional [en adelante, PAN] en contra del auto de ocho de octubre de dos mil veinticinco, dictado por la Ministra Instructora María Estela Ríos González, en el que determinó desechar de plano la demanda presentada vía acción de inconstitucionalidad, porque, desde su punto de vista, el partido político promovente carece de legitimación activa ya que la norma que pretende combatir no es de naturaleza electoral.
El problema jurídico que corresponde resolver a este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es determinar si la decisión adoptada por la Ministra Instructora, consistente en el desechamiento de la acción de inconstitucionalidad por falta de legitimación activa, como causa manifiesta e indudable de improcedencia, se encuentra ajustada o no a Derecho.
A N T E C E D E N T E S
A. Trámite de la acción de inconstitucionalidad
1. Publicación de las normas de transparencia locales. El veintinueve de agosto de dos mil veinticinco se publicó en el Boletín Oficial, órgano de difusión del Gobierno del Estado de Sonora, tomo CCXVI, edición especial, la Ley número 81, de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, así como la Ley número 82, de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sonora.
2. Presentación de la acción de inconstitucionalidad. Jorge Romero Herrera, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, promovió acción de inconstitucionalidad en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Sonora, en la que solicitó la invalidez de lo siguiente:
III. Las normas generales cuya invalidez se reclama y el medio oficial en que se publicaron:
Se reclama la invalidez de la "Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sonora", publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora el día 29 de agosto de 2025, emitido por el Congreso del Estado de Sonora y promulgado por el Titular del Poder Ejecutivo Estatal.
Dicha norma general es impugnada en su conjunto, al contener disposiciones que contravienen lo dispuesto por los artículos 1°, 6°, 16, 102 apartado B, 116 fracción IV y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que México es parte.
En particular, se destacan como disposiciones cuya invalidez debe declararse las siguientes:
• Artículo 2, fracción I, que incluye indebidamente a los partidos políticos como sujetos obligados.
• Artículo 3, fracción XX, que define la autoridad garante sin dotarla de la autonomía que exige el artículo 102, apartado B, constitucional.
• Artículos 58, fracción I, y correlativos, que establecen un régimen paralelo de obligaciones de protección de datos en partidos políticos bajo una plataforma estatal.
• Artículo 61, que otorga indebidamente facultades sancionatorias a un órgano local en materia de partidos.
• Artículo 150, que prevé procedimientos de verificación locales para partidos, generando duplicidad normativa.
• Artículo 163, que contiene facultades sancionadoras y de ejecución frente a los partidos políticos al órgano local, en contravención del marco federal.
3. Radicación y turno de la acción de inconstitucionalidad. Mediante acuerdo de treinta de septiembre de dos mil veinticinco, el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la integración y registro del expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad 110/2025 y, de conformidad con el Acuerdo General número 1/2025 del Pleno de este Alto Tribunal, se turnó a la Ministra María Estela Ríos González como instructora del procedimiento.
4. Acuerdo de desechamiento de la acción de inconstitucionalidad. Por auto de ocho de octubre de dos mil veinticinco, la Ministra Instructora resolvió desechar la demanda de acción de inconstitucionalidad presentada por el PAN. Tal determinación se sustentó en la consideración de que dicho partido político carece de legitimación activa para promover este medio de control constitucional al no ser de naturaleza electoral la norma general impugnada.
5. El contenido del acuerdo mediante al cual se desechó la acción de inconstitucionalidad es el siguiente:
Ciudad de México, a ocho de octubre de dos mil veinticinco.
I. Contexto procesal.
Mediante acuerdo de treinta de septiembre de dos mil veinticinco se ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad citada al rubro que hace valer el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, en la que impugna:
“III. Las normas generales cuya invalidez se reclama y el medio oficial en que se publicaron:
Se reclama la invalidez de la ´Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sonorá, publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora el día 29 de agosto de 2025, emitido por el Congreso del Estado de Sonora y promulgado por el Titular del Poder Ejecutivo Estatal.
Dicha norma general es impugnada en su conjunto, al contener disposiciones que contravienen lo dispuesto por los artículos 1°, 6°, 16, 102 apartado B, 116 fracción IV y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que México es parte.
En particular, se destacan como disposiciones cuya invalidez debe declararse las siguientes:
• Artículo 2, fracción I, que incluye indebidamente a los partidos políticos como sujetos obligados.
• Artículo 3, fracción XX, que define la autoridad garante sin dotarla de la autonomía que exige el artículo 102, apartado B constitucional.
• Artículo 58, fracción I y correlativos, que establecen un régimen paralelo de obligaciones de protección de datos en partidos políticos bajo una plataforma estatal.
• Artículo 61, que otorga indebidamente facultades sancionatorias a un órgano local en materia de partidos.
• Artículo 150, que prevé procedimientos de verificación locales para partidos, generando duplicidad normativa.
• Artículo 163, que confiere facultades sancionadoras y de ejecución frente a los partidos políticos al órgano local, en contravención del marco federal.”
Al respecto, conviene precisar que si bien el promovente en los conceptos de invalidez hace referencia a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, lo cierto es que de la lectura integral del escrito, en específico del apartado: “III Las normas generales cuya invalidez se reclama y el medio oficial en que se publicaron:”, se aprecia que la materia de impugnación en este medio de control constitucional consiste en la invalidez de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sonora; máxime que en la diversa acción de inconstitucionalidad 111/2025 la norma controvertida constituye en la expedición de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información.
II. Desechamiento
De la lectura del escrito inicial, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción IX, en relación con los diversos 25, 59 y 62 último párrafo de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 105, fracción II, inciso f), de la Constitución General, toda vez que el partido político promovente carece de legitimación activa para promover esta acción de inconstitucionalidad, al no ser de naturaleza electoral la norma general impugnada.
En ese sentido, el artículo 105, fracción II, inciso f), de la Constitución Política Federal, señala:
“Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes: (...).
II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.
Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por: (...).
f) Los partidos políticos con registro ante el Instituto Nacional Electoral, por conducto de sus dirigencias nacionales, en contra de leyes electorales federales o locales; y los partidos políticos con registro en una entidad federativa, a través de sus dirigencias, exclusivamente en contra de leyes electorales expedidas por la Legislatura de la entidad federativa que les otorgó el registro; (...).”
Por su parte, el artículo 62, último párrafo, de la ley reglamentaria establece que:
“Artículo 62. (...).
En los términos previstos por el inciso f) de la fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se considerarán parte demandante en los procedimientos por acciones en contra de leyes electorales, además de las señaladas en la fracción I del artículo 10 de esta ley, a los partidos políticos con registro por conducto de sus dirigencias nacionales o estatales, según corresponda, a quienes les será aplicable, en lo conducente, lo dispuesto en los dos primeros párrafos del artículo 11 de este mismo ordenamiento.”
De las porciones normativas transcritas, se advierte que los partidos políticos podrán promover una acción de inconstitucionalidad cuando cumplan con ciertos requisitos, como son: (I) que la materia de impugnación la constituyan normas generales de carácter electoral; (II) que el partido político cuente con registro definitivo ante la autoridad electoral correspondiente; (III) que promuevan por conducto de su dirigencia nacional o local, dependiendo el tipo de norma y (IV) que quien suscriba cuente con facultades de representación de conformidad con las normatividades que los regulan.
Como puede apreciarse, los partidos políticos cuentan con una legitimación activa restringida para la promoción y trámite de las acciones de inconstitucionalidad, pues se encuentran constreñidos a que las normas que impugnen a través de este medio de control constitucional sean únicamente de naturaleza electoral.
En esa tesitura, esta Suprema Corte conocerá de las acciones de inconstitucionalidad promovidas por partidos políticos con registro ante el Instituto Nacional Electoral, por conducto de sus dirigencias nacionales, “en contra de leyes electorales federales o locales” y los partidos políticos con registro estatal, a través de sus dirigencias, exclusivamente en contra de leyes electorales expedidas por el órgano legislativo del estado que les otorgó el registro.
Al resolver la acción de inconstitucionalidad 1/95 el Tribunal Pleno estableció que las “normas de carácter general que tienen como contenido la materia electoral”, son aquellas que establecen el régimen conforme al cual se logra la selección o nombramiento, a través del voto de los ciudadanos y dentro de un proceso democrático, de las personas que han de fungir como titulares de órganos de Poder representativos del pueblo, a nivel federal, estatal, municipal.
Criterio que dio origen a la tesis P. CXXVI/95, de rubro “MATERIA ELECTORAL. CONCEPTO DE, PARA LOS EFECTOS DE LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD”.
En la acción de inconstitucionalidad 10/98, se estableció el criterio de que las “normas generales electorales” no solo son las que establecen el régimen normativo de los procesos electorales propiamente dichos, sino también las que, aunque contenidas en ordenamientos distintos a una ley o código electoral sustantivo, regulan aspectos vinculados directa o indirectamente con dichos procesos o que deban influir en ellos de una manera o de otra, como por ejemplo, “distritación” o “redistritación”, creación de órganos administrativos para fines electorales, organización de las elecciones, financiamiento público, comunicación social de los partidos, límites de las erogaciones y montos máximos de aportaciones, delitos, faltas administrativas y sus sanciones.
Por tanto, esas normas pueden impugnarse a través de la acción de inconstitucionalidad y, por regla general, debe instruirse el procedimiento correspondiente y resolverse conforme a las disposiciones específicas que para tales asuntos prevé la ley reglamentaria.
Lo dicho se contiene en la jurisprudencia P./J. 25/9918, de rubro “ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. MATERIA ELECTORAL PARA LOS EFECTOS DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO”.
Al resolver la controversia constitucional 114/2006, se definió lo que debe entenderse por “materia electoral” para efectos de la procedencia de ese medio de control constitucional, precisando que la materia electoral en sede de controversia constitucional resulta especialmente relevante la distinción entre la materia electoral “directa” e “indirecta”:
• Materia electoral directa: aquella asociada con el conjunto de reglas y procedimientos relacionados con la integración de los poderes públicos mediante el voto ciudadano, regidos por una normativa especializada, e impugnables en un contexto institucional también especializado.
• Materia electoral indirecta: la relacionada con los mecanismos de nombramiento e integración de órganos mediante decisiones de otros poderes públicos los cuales, por regla general, involucran a sujetos muy distintos a los que se enfrentan en los litigios técnicamente electorales.
Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 125/2007, de rubro “MATERIA ELECTORAL. DEFINICIÓN DE ÉSTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL”.
Al resolver el recurso de reclamación 13/2004-PL, derivado de la controversia constitucional 111/2003, el Tribunal Pleno concluyó que “por materia electoral” debe entenderse todos aquellos aspectos vinculados directa o indirectamente con los procesos electorales o que deban influir en ellos de una manera o de otra, entre los que se encuentra la creación de órganos administrativos para fines electorales, además que la postulación y registro de candidatos al cargo de consejeros ciudadanos son actos electorales.
El anterior criterio dio lugar a la jurisprudencia P./J. 49/2005, de rubro “CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE EN CONTRA DEL ACUERDO QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA LA ELECCIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, POR TRATARSE DE UN ACTO EN MATERIA ELECTORAL.”
Asimismo, al resolver la acción de inconstitucionalidad 2/2009 y su acumulada 3/2009, el Tribunal Pleno, por unanimidad de votos, reiteró que las “normas generales electorales” no solo son las que establecen el régimen normativo de los procesos electorales propiamente dichos, sino también las que, aunque contenidas en ordenamientos distintos a una ley o código electoral sustantivo, regulan aspectos vinculados directa o indirectamente con dichos procesos o que deban influir en ellos de una manera u otra.
De ahí, se estableció que las normas relacionadas con el acceso de los partidos políticos y coaliciones a los tiempos en radio y televisión, están comprendidas en esa categoría para efectos de la procedencia de la acción de inconstitucionalidad, pues indudablemente se refieren a una cuestión directamente vinculada con los procesos electorales, ya que los tiempos son una prerrogativa de los partidos políticos, constituida como un medio básico para la difusión de sus plataformas, así como para dar a conocer a los candidatos en las campañas y precampañas electorales, que inciden directamente en el proceso electoral.
Lo anterior se encuentra sustentado en la jurisprudencia P./J. 52/2011, de rubro: “ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. NORMAS GENERALES EN MATERIA ELECTORAL PARA EFECTOS DE SU PROCEDENCIA. LO SON LOS PRECEPTOS REFERIDOS AL ACCESO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIONES A LOS TIEMPOS EN RADIO Y TELEVISIÓN QUE CORRESPONDEN AL ESTADO.”
En función de dicho parámetro, la norma impugnada por el partido político promovente no se relaciona con la materia electoral, esto es, con el proceso relacionado al ejercicio del voto activo y pasivo de la ciudadanía para la integración de los poderes públicos o con los mecanismos de nombramiento e integración de órganos mediante decisiones de otros poderes públicos. Esto es así, pues la Ley de Protección Datos Personales y Posesión impugnada en este asunto, no se inserta en alguno de los temas a los que este Tribunal les ha reconocido el carácter electoral o alguno análogo, ya que dicha norma únicamente tiene por objeto garantizar el derecho a la protección de datos personales en posesión de sujetos obligados.
Además, el partido promovente no indica cómo es que la ley impugnada se relaciona con la materia electoral, únicamente manifiesta que diversos artículos de la ley cuya invalidez se reclama, incluyen a los partidos políticos como sujetos obligados; definen a la autoridad garante sin dotarla de la autonomía que exige el precepto 101, apartado B constitucional; establecen un régimen paralelo de obligaciones de protección de datos en partidos políticos; otorgan facultades sancionatorias a un órgano local en materia de partidos; y prevén procedimientos de verificación locales.
De lo anterior, resulta evidente que las disposiciones impugnadas de ninguna manera pueden ser concebidas en la materia electoral, ya que, como se dijo, no están regulando ningún aspecto en los procesos electorales para las diputaciones locales, ni tampoco las características o requisitos de elegibilidad; es decir, la norma cuya invalidez se reclama no se encuentra relacionada directa o indirectamente con los procesos electorales de la entidad, ni tampoco con los derechos políticos-electorales, ya que lo relativo a la inclusión de los partidos políticos como sujetos obligados forman parte del ámbito del derecho a la protección de datos personales, de ahí que la materia de esta acción de inconstitucionalidad no es electoral.
Conviene precisar que con el desechamiento de esta acción de inconstitucionalidad, no se deja en estado de indefensión al partido político accionante, toda vez que para la defensa de sus intereses cuenta con el juicio de amparo.
III. Determinación.
En consecuencia, se desecha la acción de inconstitucionalidad planteada por el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional.
Una vez que cause estado este auto, archívese el expediente como asunto concluido.
IV. Domicilio, delegado y autorizados.
Con fundamento en los artículos 4, párrafo tercero, 11, párrafo segundo, en relación con el 59, de la citada ley reglamentaria, así como 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se tiene al accionante designando delegado y autorizados, así como señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad.
V. Medios de electrónicos.
Se autoriza al partido político hacer uso de medios digitales, fotográficos o cualquiera que resulte apto para reproducir el contenido de las actuaciones y constancias de este expediente, excepto las de carácter confidencial o reservado.
VI. Copias simples.
Se autoriza al promovente la expedición de las copias simples que solicita, de conformidad con el artículo 278 del citado Código Federal de Procedimientos Civiles.
VII. Notifíquese.
Por lista, por oficio al Partido Acción Nacional.
Lo proveyó la Ministra instructora María Estela Ríos González, quien actúa con Fermín Santiago Santiago, Secretario de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad.
B. Trámite del recurso de reclamación
6. Interposición del recurso. Inconforme con el acuerdo de desechamiento, el dieciséis de octubre de dos mil veinticinco, el PAN, por conducto del Presidente del Comité Ejecutivo Nacional y representante legal, interpuso el presente recurso de reclamación con el objeto de que este Tribunal Pleno examine el desechamiento y, en su caso, declare la admisión de la acción de inconstitucionalidad.
7. Agravio único. La parte recurrente hace valer en su escrito el siguiente agravio:
• El acuerdo impugnado incurre en una interpretación restrictiva e incorrecta de la “materia electoral” porque excluye las obligaciones de los partidos políticos relacionadas con la protección de datos personales en su posesión, en contravención de la Constitución, la jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los criterios del propio Pleno de la Suprema Corte.
• Con la reforma político-electoral de diez de febrero de dos mil catorce, se reconfiguró el sistema nacional electoral, pues en los artículos transitorios segundo, cuarto, quinto, octavo y noveno se establecieron contenidos mínimos que nacionalizaron la fiscalización de los partidos políticos, sujeta a la entrada en vigor de las normas generales; se institucionalizó el Instituto Nacional Electoral [en adelante, INE] como vértice del sistema que lo definió como eje coordinador y de control sobre los organismos públicos locales electorales; dichas normas constituyen un régimen constitucional de transparencia, máxima publicidad y rendición de cuentas, en el que la fiscalización, la publicación de información contable y la publicidad de los registros partidistas se erigen como condiciones esenciales del sistema electoral nacional.
• El principio de máxima publicidad impone que los registros y movimientos contables de los partidos políticos, contratos y avisos de contratación sean públicos y accesibles. De esa forma, se constituye una cláusula de transparencia electoral permanente; por tanto, toda legislación local que regule a los partidos políticos debe subordinarse a las bases, principios y competencia nacional del INE, garantizando la uniformidad normativa y el acceso pleno a la información pública como eje rector del sistema electoral.
• La reforma de veinte de diciembre de dos mil catorce adicionó como competencia del INE conocer asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos personales a cargo de los partidos políticos, así como los recursos de particulares respecto de resoluciones que emitan los partidos políticos al respecto, lo que elimina cualquier duda de la naturaleza electoral del tratamiento de datos personales por parte de los partidos políticos, además de elevar a rango constitucional la obligación de asegurar la máxima publicidad, acceso efectivo y rendición de cuentas.
• La Ley General de Partidos Políticos desarrolla los contenidos mínimos relativos a la transparencia, rendición de cuentas y fiscalización de los partidos políticos en correspondencia con el principio de máxima publicidad y control ciudadano; además, establece que la competencia para el acceso a la información y protección de datos personales estará a cargo del organismo autónomo garante en materia de transparencia, lo que demuestra que la gestión y tutela de datos personales de militantes y simpatizantes se encuentran dentro del ámbito electoral, por lo que cualquier norma que pretenda regular el tratamiento de datos personales en partidos políticos vulnera la competencia federal electoral.
• La procedencia de la acción de inconstitucionalidad debe ser congruente con la jurisprudencia 2/2020 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la que se establece como competencia del Consejo General del INE resolver el procedimiento ordinario sancionador relacionado con las obligaciones de transparencia de los partidos políticos nacionales, así como con la diversa P./J. 25/99 del Pleno de esta Suprema Corte en la que se establece la definición de la materia electoral para efectos de la procedencia de la acción de inconstitucionalidad, pues en conjunto con la reforma electoral de dos mil catorce, establecen un bloque interpretativo del que puede desprenderse que el tratamiento de datos personales por parte de los partidos políticos es un instrumento de garantía electoral, en tanto que permite la supervisión, origen, administración y uso de recursos públicos asignados a instituciones partidistas, así como la preservación de la equidad en la contienda.
• Los listados de afiliación, padrones, informes financieros y demás bases de datos en poder de los partidos políticos son piezas clave para la legitimidad de los procesos electorales y del cumplimiento de los principios de transparencia, legalidad y rendición de cuentas. Esto se robustece con el criterio de este Alto Tribunal en las acciones de inconstitucionalidad 87/2009 y acumulada, 8/2011, 116/2019 y acumulada, y 138/2023, en las cuales se reafirmó que la materia electoral comprende no solo normas que regulen procesos electorales en sentido estricto, sino aquellos que influyen en la competencia política, equidad, rendición de cuentas y transparencia de los partidos políticos, incluso aquellas que determinen el modo en que los ciudadanos se canalizan con la representación política.
8. Acuerdo de radicación, turno y admisión del recurso. Por acuerdo de veintiuno de octubre de dos mil veinticinco, el Ministro Presidente de la Suprema Corte ordenó la formación y registro del expediente relativo al recurso de reclamación 125/2025-CA; ordenó correr traslado a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera, y turnó el asunto a la Ministra Loretta Ortiz Ahlf, una vez concluido el trámite del recurso.
9. Manifestaciones de la Fiscalía General de la República y de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. Dichas autoridades no formularon manifestaciones, a pesar de estar debidamente notificadas.
C O N S I D E R A C I O N E S
I. COMPETENCIA
10. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente recurso de reclamación 125/2025-CA, derivado de la acción de inconstitucionalidad 110/2025, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51, fracción I, y 53(1) de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y en el artículo 16, fracción XV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro;(2) así como en el Punto Segundo, fracción II del Acuerdo General Número 2/2025 (12a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de tres de septiembre de dos mil veinticinco, en el que se precisan los asuntos de su competencia y los que se delegan a otros órganos jurisdiccionales federales.(3)
II. PROCEDENCIA
11. El recurso de reclamación es procedente conforme a lo dispuesto en el artículo 51, fracción I, de la Ley Reglamentaria de la materia,(4) ya que se interpuso en contra del auto de ocho de octubre de dos mil veinticinco, dictado por la Ministra Instructora, mediante el cual se desechó la acción de inconstitucionalidad 110/2025.
III. OPORTUNIDAD
12. El recurso de reclamación se interpuso dentro del plazo de cinco días que para tal efecto prevé el artículo 52 de la Ley Reglamentaria de la materia,(5) toda vez que el acuerdo recurrido se notificó al PAN el trece de octubre de dos mil veinticinco, por lo que el plazo transcurrió del quince al veintiuno de octubre de dos mil veinticinco.(6)
13. En consecuencia, si el recurso fue presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el dieciséis de octubre de dos mil veinticinco, consecuentemente, su interposición resulta oportuna.
IV. LEGITIMACIÓN
14. El recurso de reclamación lo presentó Jorge Romero Herrera, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, quien se ostenta como su representante legal. Lo anterior, en términos del artículo 54, párrafo 1, inciso a), de los Estatutos del PAN.(7) De ello se sigue que fue interpuesto por parte legitimada, de conformidad con el artículo 11, párrafo segundo, de la Ley Reglamentaria de la materia.(8)
V. ESTUDIO DE FONDO
15. Este Tribunal Pleno considera que el recurso de reclamación es infundado, por lo que el auto recurrido debe confirmarse. Lo anterior, dado que del escrito inicial de la acción de inconstitucionalidad se aprecia que el PAN impugna una norma que no tiene naturaleza electoral, como ha sido definida por este Alto Tribunal para efectos de la procedencia de los medios de control constitucional de su competencia, y además no hace valer ningún concepto de invalidez que vincule la norma impugnada con la materia electoral, razón por la cual carece de legitimación activa para interponerla. Todo lo cual, ciertamente, resulta una causa notoria y manifiesta de improcedencia.
16. En efecto, de los artículos 19, 20, 25, 59 y 65 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 constitucional,(9) puede desprenderse que, como regla general, la procedencia de la acción de inconstitucionalidad debe privilegiarse, salvo que exista causa manifiesta e indudable de improcedencia, derivado de que se trata de un medio de control abstracto de constitucionalidad, por lo que debe garantizarse el acceso a la jurisdi
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34322-057568b9/i-accion-de-inconstitucionalidad-se-actualiza-su-notoria · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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