DOCUMENTO DE ELECCIÓN DE RÉGIMEN PENSIONARIO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. LA FALTA DE FECHA DE RECEPCIÓN, NOMBRE, CARGO, FIRMA DE QUIEN LO RECIBE Y/O SELLO DE LA DEPENDENCIA A LA QUE SE ENTREGÓ, NO LE RESTA EFICACIA JURÍDICA SI CONTIENE LA FIRMA DE LA PERSONA TRABAJADORA Y FECHA DE EMISIÓN.
REVISIÓN FISCAL 153/2026. ACTORA: **********.(1) 12 DE JUNIO DE 2026. UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS PERSONAS MAGISTRADAS BENJAMÍN CIPRIÁN HERNÁNDEZ, ANA CECILIA CISNEROS MORENO Y GUILLERMINA COUTIÑO MATA. PONENTE: BENJAMÍN CIPRIÁN HERNÁNDEZ. SECRETARIA: HELENA CARIÑO MELLIN.
Ciudad de México. El Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en sesión ordinaria virtual correspondiente al doce de junio de dos mil veintiséis, emite la siguiente sentencia:
Vistos, para resolver los autos de la revisión fiscal R.F. 153/2026; y,
R E S U L T A N D O
1. PRIMERO. Demanda de nulidad. Mediante escrito presentado el doce de septiembre de dos mil veinticinco en la Oficialía de Partes de las Salas Regionales en la Ciudad de México del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, **********,(2) por propio derecho, demandó la nulidad de la resolución contenida en el oficio **********(3) de dieciocho de junio de dos mil veinticinco, emitida por la Subdirectora de Afiliación y Vigencia de Derechos de la Dirección de Incorporación, Recaudación e Inversiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en la cual, declaró improcedente la asignación de régimen pensionario pretendido por la demandante.
2. SEGUNDO. Admisión de la demanda de nulidad. De la demanda conoció la Tercera Sala Regional en la Ciudad de México del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, quien por acuerdo de diecinueve de septiembre de dos mil veinticinco la registró con el expediente **********(4) y requirió a la promovente a efecto de que compareciera a ratificar la firma asentada en ella, bajo el apercibimiento de que, de no hacerlo, se tendría por no presentada.
3. Por acuerdo de tres de octubre de dos mil veinticinco, la sala tuvo por ratificada la firma, admitió la demanda y ordenó correr traslado a la autoridad enjuiciada, a efecto de que formulara la contestación respectiva.
4. TERCERO. Contestación de la demanda. Por acuerdo de dos de diciembre de dos mil veinticinco la sala tuvo por contestada la demanda de nulidad.
5. CUARTO. Sentencia recurrida. Substanciado en sus términos el juicio, la Sala del conocimiento dictó sentencia el treinta de enero de dos mil veintiséis, en la cual, resolvió declarar la nulidad de la resolución administrativa impugnada.
6. QUINTO. Recurso de revisión fiscal. En contra del fallo mencionado en el resultando anterior, la Subdirectora de Afiliación y Vigencia de Derechos de la Dirección de Incorporación, Recaudación e Inversiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por conducto del Director Jurídico de dicho instituto, interpuso recurso de revisión fiscal.
7. Del medio de defensa conoce este Tribunal Colegiado, cuyo Magistrado Presidente, por acuerdo de diez de abril de dos mil veintiséis, lo registró con el expediente R.F. 153/2026 y lo admitió a trámite.
8. SEXTO. Turno. Por acuerdo de veintidós de mayo de dos mil veintiséis se turnaron los autos del presente asunto al Magistrado Benjamín Ciprián Hernández, para la formulación del proyecto de resolución respectivo; y,
C O N S I D E R A N D O
9. PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Colegiado tiene la atribución legal para resolver el presente asunto en términos de los artículos 104 de la Constitución Federal; 35, fracción VI, y 36 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como 63, párrafo primero, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, pues se trata de un recurso interpuesto contra una sentencia definitiva dictada por una Sala Regional en la Ciudad de México del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que tiene residencia en el circuito donde este órgano ejerce jurisdicción.
10. SEGUNDO. Legitimación. El recurso es interpuesto por parte legítima, ya que lo signa el Director Jurídico en representación de la Subdirectora de Afiliación y Vigencia de Derechos de la Dirección de Incorporación, Recaudación e Inversiones, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 23, fracciones XI y XIV, 25, 50, 51 y 59 del Estatuto Orgánico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como el Acuerdo por el que la persona Titular de la Dirección General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, delega en las personas servidoras públicas de la Dirección Jurídica, las facultades que se indican y el Acuerdo por el que la persona Titular de la Dirección Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, delega en las personas servidoras públicas de las subdirecciones que le son adscritas, las facultades que se indican.
11. TERCERO. Oportunidad. La sentencia impugnada se notificó a la recurrente el nueve de febrero (por boletín jurisdiccional), dicha notificación surtió efectos el doce de febrero siguiente y el plazo de quince días transcurrió del trece de febrero al cinco de marzo.(5) Por lo cual, si el recurso se presentó el cinco de marzo, es evidente que su interposición se realizó dentro del plazo legal. (Se hace la precisión que las fechas referidas corresponden al año dos mil veintiséis).
12. CUARTO. Procedencia del recurso. Este recurso resulta idóneo, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 63, fracción VI, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo,(6) ya que se interpuso contra una sentencia emitida por una Sala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuya materia versa sobre aspectos de una pensión otorgada por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
13. QUINTO. Cuestiones previas. No se transcribe la sentencia impugnada ni los agravios por no ser necesario, pues la primera obra glosada en el juicio de origen, la cual se reproduce en copia certificada para agregarse al expediente. Lo anterior no implica violación a los principios de congruencia y exhaustividad rectores de esta sentencia, pues así lo refiere la jurisprudencia 2a./J. 58/2010,(7) de la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN”.
14. SEXTO. Síntesis de la sentencia recurrida. La sala regional sostuvo las siguientes consideraciones:
I. Control difuso de constitucionalidad.
- La norma aplicada por la autoridad demandada a la situación jurídica de la parte actora, no transgrede por sí misma su derecho humano de seguridad social, sino que la autoridad la interpretó y aplicó indebidamente.
II. Análisis de legalidad de la resolución controvertida.
- Si bien el documento de elección exhibido en autos se emitió dentro del plazo legal que había para ello, esto es, antes del catorce de noviembre de dos mil ocho, lo cierto es que carece de fecha de recepción, firma autógrafa del servidor público de la dependencia o entidad que lo recibió y sello de recepción; por lo que adolece de los elementos esenciales que debe contener para su validez, en términos del artículo 26 del Reglamento para el ejercicio del derecho de opción que tienen los trabajadores de conformidad con los artículos quinto y séptimo transitorios del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y, consecuentemente, no puede otorgársele valor probatorio para acreditar que la parte actora ejerció su derecho de opción de régimen pensionario.
- Además, al carecer de dichos elementos, el documento no genera certidumbre sobre si se entregó al instituto demandado dentro del plazo legal establecido por la normatividad aplicable.
- Dado que no se probó que el actor hizo su elección de régimen pensionario, lo procedente es tenerlo en el supuesto que establece el artículo Décimo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado.
III. Conclusión.
- La resolución impugnada resulta ser ilegal porque se fundó y motivó en el documento de elección, el cual, como se mencionó, carece de valor probatorio por no contar con los elementos necesarios para su validez. Derivado de ello, procede decretar su nulidad para el efecto de que se emita otra en la que la autoridad demandada determine que, derivado de que el actor no ejerció su derecho de opción de régimen pensionario, lo procedente es asignarlo al régimen que contempla el artículo Décimo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado.
15. SÉPTIMO. Síntesis de los agravios. La recurrente expone, en el primero, lo siguiente:
- El acto impugnado no resulta competencia de la Sala, dado que constituye la respuesta que el instituto efectuó al escrito de petición presentado por la actora, en el que solicitó el cambio de régimen pensionario.
- A través de la jurisprudencia 2a/J. 111/2024 (11a), la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación validó la constitucionalidad del artículo séptimo transitorio de la Ley del ISSSTE, al determinar que el hecho que la elección del régimen pensionario no pueda modificarse fuera de los plazos establecidos en el propio artículo séptimo transitorio, no se traduce en una vulneración al derecho de seguridad social. Criterio que resulta obligatorio para la sala del conocimiento y, por tanto, debió aplicarlo al caso y, con base en él, sobreseer en el juicio por falta de competencia.
- La resolución impugnada, en la cual se niega a la actora el cambio de régimen pensionario, no es una resolución definitiva, acto o procedimiento de los que refiere el artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
- La Sala carecía de competencia para resolver el asunto y se actualizaba no sólo la causal de improcedencia establecida por la fracción II del artículo 8 en comento, sino que también la señalada por la fracción XVII, del referido precepto, puesto que la improcedencia deriva, precisamente, de la aplicación obligatoria de un criterio jurisprudencial emitido por el máximo Tribunal.
- Por disposición legal y jurisprudencial se generaba una causal expresa e insuperable de improcedencia, dado que como lo señala la fracción XVII, del artículo 8 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la improcedencia emana de una interpretación que se hace a una ley administrativa a través de una jurisprudencia que amplía su contenido, que en el caso, determinó inviable la modificación del régimen pensionario, por lo cual se está ante una causal de improcedencia insuperable y que debía de ser considerada.
- El estudio que realiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la constitucionalidad del artículo séptimo transitorio incide sobre la competencia de la sala para conocer del presente asunto, pues el máximo Tribunal ya determinó que el cambio de régimen no es procedente.
- La Sala debió de considerar que la actora carecía de interés jurídico para la promoción del juicio, dado que, si voluntariamente hizo valer su derecho de elección y manifestó expresamente su voluntad de optar por el régimen de bono de pensión en una cuenta individual, sin que impositivamente esta autoridad la haya colocado en un régimen pensionario determinado; no podía pretender la modificación del régimen por el que ella libre y voluntariamente optó.
- Se solicita que se determine si al caso resultan aplicables la jurisprudencia 2a/J. 111/2024 (11a) y las consideraciones del incidente de queja administrativa **********,(8) emitido por el Consejo de la Judicatura Federal.
16. En el segundo, la autoridad recurrente refiere:
- La sentencia recurrida es ilegal, porque a través de ella se analizó la validez de un documento distinto a la resolución impugnada, esto es, el documento de elección, pasando por alto que dicho documento se emitió hace más de quince años.
- En efecto, la Sala no podía analizar la validez de dicho documento, sino que únicamente podía tomar en cuenta su eficacia probatoria, por lo cual, resulta incorrecto que haya declarado la nulidad con base en la invalidez de dicho documento de elección. Situación que vulnera los principios de legalidad, certeza jurídica, irretroactividad e incluso el de debido proceso.
- En los autos del expediente de origen no obra prueba con la cual se lograra desvirtuar la legalidad de la resolución impugnada, consecuentemente, no debió anularse. Máxime, porque las resoluciones de las autoridades se presumen legales hasta en tanto no obre prueba en contrario, por lo cual debió prevalecer esa presunción de legalidad; contemplando, las pruebas existentes, como lo es el documento de elección.
17. Mediante el tercer agravio, señala lo siguiente:
- Fue incorrecto que se decretara la nulidad de la resolución impugnada bajo el razonamiento de que no se acreditó que la actora eligió su régimen de pensión porque el documento de elección no contiene el nombre, cargo, firma de quien recibe, ni el sello de la dependencia a la que se entregó. Ello es así, pues tales elementos no son requisitos establecidos en el artículo 26, del Reglamento para el ejercicio del derecho de opción que tienen los trabajadores de conformidad con los artículos quinto y séptimo transitorios del Decreto por el que expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que el documento de elección sea válido.
18. En el cuarto expresa que:
- La sentencia recurrida vulnera el contenido de los artículos 50 y 51, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, al determinar que el documento de elección carece de valor probatorio para acreditar la selección de régimen de la parte actora. Ello es así, pues si bien dicho documento carece de fecha de recepción, firma autógrafa del servidor público de la dependencia o entidad que lo recibió y sello de recepción, lo cierto es que tal aspecto no vulneró las defensas de la parte actora, ni la dejó en estado de incertidumbre jurídica, por lo cual, se traduce en una ilegalidad no invalidante.
- En efecto, la sala debió considerar tal irregularidad como un vicio de forma que no ocasionó un perjuicio a la parte actora, tan es así que ejerció su derecho de opción de régimen, por lo que, al no ser una violación grave, que invalidara tal documento de elección, la sala debió concederle pleno valor probatorio.
- Aunado a ello, con los datos que se asentaron en el documento de elección, se genera convicción sobre que la parte actora tuvo plena certeza y seguridad jurídica de su salario base, años cotizados, datos personales que se consideraron para el cálculo de su bono de pensión y las opciones de régimen que podía elegir, por lo que, con tales elementos la parte trabajadora se encontró en plena libertad y con la información suficiente para optar por el régimen de pensión que mejor le conviniera.
- Por ello, dicho documento no debió de ser analizado por la sala únicamente como un formato, susceptible de invalidarse al carecer de alguno de los requisitos señalados en el artículo 26 del Reglamento para el ejercicio del derecho de opción que tienen los trabajadores, sino, atendiendo a su importancia y demás contenido, la sala debió considerar, primordialmente, que en el mismo se plasmó el valor de los beneficios pensionarios a los que decidió sujetarse el trabajador, de modo que, aún y cuando se haya omitido plasmar la fecha de recepción, firma autógrafa del servidor público de la dependencia o entidad que lo recibió y el sello de recepción, ello en modo alguno le impidió al trabajador conocer los beneficios de cada uno de los regímenes pensionarios susceptibles a elegir, tan es así, que la parte actora asentó su nombre, firma y huella en el documento de elección.
- En vía de consecuencia, el documento de elección debe considerarse válido por su eficacia probatoria, ya que cumplió con la función práctica que motivó su emisión, esto es, ser el instrumento para que los trabajadores expresen su voluntad, de manera libre e informada, para elegir el régimen pensionario al que desean sujetarse.
19. En el quinto agravio, la recurrente hace valer lo siguiente:
- El hecho de que el documento de elección no tenga fecha de recepción se debe a un error de la dependencia para la cual laboró la actora. No obstante, la sala debió advertir que de los artículos 41 y 42, del Reglamento para el ejercicio del derecho de opción que tienen los trabajadores, se desprende que las dependencias, a efecto de informar y remitir al instituto el documento de elección de los trabajadores, integraron la información relativa en una relación electrónica, misma que debieron poner a disposición del instituto a más tardar el veinte de julio de dos mil ocho, respecto de los trabajadores que hayan ejercido su derecho de opción al treinta de junio de ese año, o bien, a más tardar el veintiocho de noviembre de dos mil ocho, para los trabajadores que hubieran ejercido su derecho al catorce de noviembre del referido año.
- Asimismo, debió tomar en cuenta que el artículo 43, del referido reglamento, establece que las dependencias debieron poner a disposición del instituto el documento de elección de los trabajadores, a más tardar el treinta de noviembre de dos mil ocho.
- Por tanto, atendiendo lo que disponen dichos artículos, la sala tuvo que contemplar que el documento de elección fue puesto a disposición del instituto dentro de esos plazos, pues de no haber sido así, la Subdirectora de Afiliación y Vigencia de Derechos del instituto no contaría con el referido documento de elección en sus archivos.
- Si la dependencia para la que laboraba la actora remitió electrónicamente la opción elegida al Instituto, resulta lógico que el documento de elección fue firmado por la actora y recibido por la dependencia dentro del plazo señalado por el artículo 35 del multicitado Reglamento, que fue ampliado hasta el catorce de noviembre de dos mil ocho.
20. En el sexto, la recurrente indica:
- La sentencia combatida incurre en una interpretación excesivamente formalista del artículo 26 del Reglamento para el ejercicio del derecho de opción previsto en los artículos quinto y séptimo transitorios del decreto por el que se expide la ley del ISSSTE, al concluir que la omisión de determinada formalidad, como lo fue la falta de fecha de recepción, firma autógrafa del servidor público de la dependencia o entidad que lo recibió y sello de recepción, invalida por completo el acto de elección, sin atender a lo esencial del mismo: la manifestación libre y directa de voluntad del trabajador.
- Si el trabajador firmó y puso su huella en el documento de elección de régimen pensionario, manifestando su deseo y voluntad en tal elección, aunque falte un elemento que no fue llenado por un error humano, el acto debe considerarse válido porque la voluntad del trabajador quedó claramente expresada.
- Una formalidad omitida no puede invalidar un acto jurídico, si el trabajador manifestó su voluntad con claridad y sin vicios, como sucede al firmar y poner su huella en un documento de elección. Así, aunque el artículo 26 del Reglamento en comento prevea ciertos requisitos, su omisión no basta por sí sola para anular el acto, si lo esencial que es la voluntad del interesado o trabajador está presente.
- En el caso concreto, el documento en cuestión contiene firma autógrafa y huella digital del trabajador, elementos que acreditan de manera fehaciente que el mismo ejerció conscientemente su derecho de opción pensionaria. La voluntad está expresada de forma clara, sin vicios y con pleno conocimiento de sus consecuencias jurídicas, por lo que debe reconocerse la validez del acto jurídico, aun cuando no se haya observado alguna formalidad no sustancial.
- En este sentido, la nulidad decretada no solo carece de proporcionalidad, sino que es regresiva, pues desconoce un derecho ya ejercido en contravención del principio de progresividad de los derechos humanos, también previsto en el artículo 1 constitucional. En lugar de privilegiar el contenido sustantivo del acto y proteger la decisión tomada por el trabajador respecto a su futuro previsional, la sentencia opta por un formalismo contrario a los valores constitucionales.
21. OCTAVO. Estudio. Por cuestión de método y técnica jurídica, así como para darle una mayor claridad a la solución del presente asunto, los agravios expuestos por la recurrente se analizarán en orden temático, comenzando con los relativos a la improcedencia del juicio de origen, planteados en el agravio primero:
I. Falta de competencia de la sala.
II. Improcedencia del juicio de nulidad por existir un criterio jurisprudencial obligatorio para la Sala, que determina inviable el cambio de régimen pensionario.
III. Falta de interés jurídico de la parte actora para promover el juicio de nulidad.
22. Son infundados los argumentos en estudio.
23. Primeramente, es necesario destacar que el acto controvertido en el juicio de nulidad de origen es la resolución contenida en el oficio **********,(9) de dieciocho de junio de dos mil veinticinco, emitida por la Subdirectora de Afiliación y Vigencia de Derechos de la Dirección de Incorporación, Recaudación e Inversiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
24. De la lectura de ese oficio, se desprende que se trata de una resolución emitida en atención a la solicitud de **********,(10) en la que pidió al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado que se le reconociera estar sujeta al régimen de pensión previsto en el artículo Décimo transitorio de la Ley de ese instituto.
25. A través de esa resolución el referido instituto le informó a la solicitante que, de una revisión de sus archivos, detectó la existencia de un documento de elección identificado y suscrito a su nombre, del cual, se aprecia que se acogió al régimen de pensión de cuentas individuales, por lo que su solicitud resulta improcedente, toda vez que no se le puede cambiar de régimen pensionario al haber hecho ya su elección respectiva, en la inteligencia de que esa decisión es irrevocable y definitiva.
26. Teniendo claro tal aspecto, ahora es necesario contemplar lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció al emitir la contradicción de tesis 236/2011, en la que la extinta Segunda Sala determinó que el documento de elección para ejercer el derecho de opción que tienen los trabajadores, conforme a los artículos quinto y séptimo transitorios del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, prellenado por el instituto referido, no constituye -por su sola expedición- una resolución definitiva para efectos de su impugnación ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, porque únicamente es una manifestación de voluntad por la que el trabajador ejerce su derecho de optar y constituye la fase inicial del trámite de pensión.
27. Asimismo, sostuvo que la resolución definitiva para efectos de su impugnación ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa es, entre otras, aquella que recaiga a la instancia o solicitud de revisión formulada por el trabajador, en relación con su pensión.
28. Dicha contradicción de tesis dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 44/2011 (10a.),(11) de la extinta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son:
“DOCUMENTO DE ELECCIÓN PARA EJERCER EL DERECHO DE OPCIÓN A QUE SE REFIERE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. SU SOLA EMISIÓN NO CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN DEFINITIVA. El documento de elección para ejercer el derecho de opción que tienen los trabajadores, conforme a los artículos quinto y séptimo transitorios del decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, prellenado por el Instituto referido, no constituye, por su sola expedición, una resolución definitiva para efectos de su impugnación ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, porque sólo es una manifestación de voluntad por la que el trabajador ejerce su derecho de optar y constituye la fase inicial del trámite de pensión que en su momento deberá otorgársele. Asimismo, la circunstancia de que contenga el tiempo de cotización, el sueldo básico y el cálculo preliminar del bono de pensión tampoco le da el carácter de acto definitivo, pues si el trabajador no está de acuerdo con esos señalamientos puede solicitar la revisión de dicha información; por el contrario, si suscribe el documento, ello no implica un consentimiento de la información referida, pues puede impugnarla con posterioridad, al no preconstituir una prueba. En esas condiciones, la resolución definitiva, para efectos de su impugnación ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, será aquella que recaiga a la instancia o solicitud de revisión formulada por el trabajador o, ante el silencio del patrón o de la Institución, la respuesta ficta que se configure, y en su caso, aquella que establezca el cálculo definitivo que servirá de base para la pensión, por lo que será respecto de éstas que proceda, en su caso, el juicio de nulidad correspondiente”.
29. En ese contexto, puede considerarse que la resolución controvertida por la actora en el juicio de origen sí es susceptible de impugnarse ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pues se trata de la respuesta definitiva emitida por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que recayó a la solicitud de un trabajador, relativa al cambio de su régimen de pensión, en la que, después de revisar su situación, el instituto determinó improcedente su petición.
30. Bajo tales consideraciones, se estima que la sala del conocimiento sí es competente para conocer del acto impugnado, pues encuadra dentro de la hipótesis establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el criterio antes citado. Máxime, que el artículo 3, fracción VII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dispone que ese tribunal conocerá de las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se dicten entre otras, en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
31. En relación con la falta de interés jurídico de la parte actora, debe mencionarse que, contrario a lo que refiere la recurrente, la actora sí cuenta con él para instar el juicio de nulidad, porque precisamente la resolución de la autoridad demandada le ocasiona de manera definitiva una afectación a sus intereses pensionarios, pues si pretende modificar el régimen en el que está inscrita y la autoridad demandada, a través de dicha resolución, le niega ese cambio, por ende, se pone de manifiesto que sí le perjudica, al no permitirle acogerse al régimen pensionario de su preferencia y obtener los beneficios que busca.
32. Máxime, que de la propia resolución emitida por el instituto demandado se advierte que reconoce que la parte actora sí tiene un derecho pensionario, pues menciona que actualmente se encuentra inscrita en el régimen de cuentas individuales; lo cual, evidencia que la parte actora sí tiene un derecho previsional adquirido previamente a la emisión de la determinación impugnada, el cual, en caso de que se revocara la negativa emitida por la demandada, podría ser alterado o modificado. De ahí que la parte actora sí tiene interés jurídico para promover el juicio de origen.
33. Ahora bien, respecto de los argumentos en los que la recurrente menciona que el juicio de nulidad es improcedente porque existe un criterio jurisprudencial obligatorio para la Sala, que determina improcedente el cambio de régimen pensionario, debe decirse que son inoperantes.
34. Es así, porque son reiteraciones textuales de los motivos de improcedencia hechos valer en la contestación de demanda, que no controvierten lo resuelto por la Sala en la sentencia recurrida.
35. En efecto, de un análisis comparativo entre los argumentos en estudio y los expresados en el apartado de causas de improcedencia del oficio de contestación de demanda, se infiere que se tratan de reiteraciones textuales. Es decir, lo que la autoridad manifestó sobre la causa de improcedencia del juicio al contestar la demanda de nulidad, se repite en los argumentos que ahora se examinan.
36. Sin que vayan dirigidos a combatir las consideraciones que sustentaron la sentencia recurrida, pues respecto de la procedencia del juicio, la sala resolvió esencialmente que:
- En términos de la jurisprudencia 2a./J. 44/2011, emitida, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la resolución que recae sobre una petición o solicitud de revisión formulada por un trabajador al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado respecto de su pensión, es definitiva e impugnable ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa; por tanto, como la resolución impugnada se ubica en ese supuesto, el juicio de nulidad es procedente.
37. Lo cual, de manera alguna es controvertido frontalmente con los planteamientos que ahora se analizan y, por lo tanto, resultan inoperantes.
38. Sirve de sustento la jurisprudencia emitida por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(12) de rubro y texto:
“AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE INSISTEN EN UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA FORMULADA EN EL INFORME JUSTIFICADO, SIN REBATIR LOS RAZONAMIENTOS QUE SE DIERON PARA DESESTIMARLA. De acuerdo con la aplicación analógica de la jurisprudencia que lleva por rubro: AGRAVIOS EN LA REVISION, pub
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34383-a0b83bc8/documento-de-eleccion-de-regimen-pensionario-de-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- IMPUESTO AMBIENTAL POR CONTAMINACIÓN EN LA EXTRACCIÓN DE MATERIALES PÉTREOS. EL ARTÍCULO SEGUNDO, FRACCIÓN VIII, DEL ACUERDO SOBRE FACILIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA MATERIA, QUE CO (AMPARO EN REVISIÓN)
- SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN AMPARO INDIRECTO. PROCEDE PARA QUE SE CONTINÚE PRESTANDO EL SERVICIO MÉDICO A LA PERSONA QUE FUE DADA DE BAJA COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA. (QUEJA)
- PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. QUE LAS DECLARACIONES RECABADAS EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN SE LLEVEN A CABO SIN LA PRESENCIA DE LA PERSONA SERVIDORA PÚBLICA I (REVISIÓN ADMINISTRATIVA (LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS))
- CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LA DETERMINACIÓN DEL NUEVO MONTO PENSIONARIO Y DE SUS DEDUCCIONES FISCALES, EFECTUADA POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES EN EJECUCIÓN DE UNA SEN (RECURSO DE INCONFORMIDAD PREVISTO EN LAS FRACCIONES I A III DEL ARTÍCULO 201 DE LA LEY DE AMPARO)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- REVISION FISCAL INTERPUESTA POR EL SUBPROCURADOR FISCAL P.A. DEL PROCURADOR. JUSTIFICACION EXTEMPORANEA. (s/clave)
- REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE DICHO RECURSO CONTRA LAS SENTENCIAS EMITIDAS EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL TRAMITADO EN LA VÍA SUMARIA. (V.3o.P.A.5 A (10a.))
- ACLARACIÓN DE SENTENCIA FISCAL. ES IMPROCEDENTE SU DESECHAMIENTO POR EL MAGISTRADO INSTRUCTOR. (VI.1o.A.113 A )
- VIOLACION A LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO ANTE EL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACION, QUE TRASCIENDE AL RESULTADO DEL FALLO. (s/clave)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis