I. CONTRIBUCIONES SOBRE HIDROCARBUROS. ANÁLISIS DE LA NORMA QUE ESTABLECE EL COBRO POR EL REGISTRO Y EL REFRENDO AL PADRÓN FISCAL MUNICIPAL DE ESTABLECIMIENTOS CON GIRO COMERCIAL DEDICADOS AL "ALMACENAMIENTO DE GAS" Y "VENTA DE GAS LP" (DESESTIMACIÓN RESPECTO DEL ARTÍCULO 45, FRACCIÓN I, NUMERALES 10 Y 215, DE LA LEY NÚMERO 035 DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE DEL ESTADO DE GUERRERO, PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTICINCO, PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL VEINTICUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 46/2025. PODER EJECUTIVO FEDERAL. 20 DE OCTUBRE DE 2025. PONENTE: MINISTRO ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA. SECRETARIO: JUAN MANUEL ANGULO LEYVA.
Ver resumen de la sentencia
Norma impugnada: El artículo 45, fracción I, numerales 10 y 215, de la Ley número 035 de Ingresos para el Municipio de Atlamajalcingo del Monte del Estado de Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2025.
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Ciudad de México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veinte de octubre de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 46/2025, promovida por el Poder Ejecutivo Federal, en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del estado de Guerrero, en la que demandó la invalidez del artículo 45, fracción I, numerales 10 y 215, de la Ley número 035 de Ingresos para el Municipio de Atlamajalcingo del Monte del Estado de Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2025, publicada el veinticuatro de diciembre de dos mil veinticuatro en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Ley impugnada. El veinticuatro de diciembre de dos mil veinticuatro se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero la Ley número 035 de Ingresos para el Municipio de Atlamajalcingo del Monte del Estado de Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2025.(1)
2. Demanda de controversia constitucional. En contra de dicha ley, el trece de febrero de dos mil veinticinco, la licenciada Ernestina Godoy Ramos, en su carácter de Consejera Jurídica del Poder Ejecutivo Federal, promovió controversia constitucional ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.
3. Conceptos de invalidez. En su demanda, el Poder Ejecutivo Federal precisó que con la emisión de la norma en cuestión se invade la competencia exclusiva de la Federación para vigilar las construcciones y establecimientos en materia de gas LP. En este contexto, en su único concepto de invalidez señaló que:
• El artículo impugnado establece un cobro para el registro y refrendo al padrón fiscal municipal cuando se trate de hidrocarburos en función del giro, por lo que regula competencias exclusivas de la Federación.
• Así, invade la competencia de la Federación en tanto que las entidades federativas no cuentan con facultades en materia legislativa, contributiva ni de ejecución y vigilancia en materia de hidrocarburos. En el mismo orden de ideas, no pueden otorgar dichas facultades a los municipios para recaudar contribuciones, y si bien la norma no prevé el cobro por el otorgamiento de una concesión o permiso, sí prevé un pago por el registro y refrendo al padrón fiscal municipal para el almacenamiento de gas y venta de gas LP, mismos que forman parte de la industria de hidrocarburos.
• Lo anterior vulnera las facultades del Poder Ejecutivo Federal en materia de vigilancia técnica de las construcciones y establecimientos llevados a cabo a través de la Secretaría de Energía, lo que evidencia la invasión a la esfera competencial de la Federación.
• En ese tenor, la hacienda municipal obtendrá ingresos adicionales de forma inconstitucional e ilegal, dado que derivan de la realización de actividades desarrolladas en materia de hidrocarburos, las cuales son facultad de la Federación, además que se configura una doble tributación a través de una ley de ingresos municipal.
• Asimismo, solicita que se vincule al Congreso local para que en lo futuro se abstenga de expedir normas con el mismo vicio de inconstitucionalidad advertido, dado que la Federación es la única competente para regular la materia de uso de suelo y permisos de construcción en materia de hidrocarburos en términos de la Constitución Política del país y de las leyes federales aplicables.
4. Admisión y trámite. Por acuerdo de veinte de febrero de dos mil veinticinco, la entonces Ministra Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar el expediente físico y electrónico, registrar la controversia constitucional bajo el número 46/2025 y turnarla a la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat para que instruyera el procedimiento correspondiente.
5. Por acuerdo de once de marzo de dos mil veinticinco, la Ministra instructora admitió a trámite la demanda, tuvo como demandados en este procedimiento constitucional a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Guerrero y como terceros interesados a las Cámaras de Diputados y de Senadores, ambas del Congreso de la Unión. Por último, dio vista a la Fiscalía General de la República para que manifestara lo que a su representación corresponda.
6. Desahogo de vista de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión (tercero interesado). El once de abril de dos mil veinticinco, la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión rindió sus manifestaciones en calidad de tercero interesado. En este sentido, expuso diversos argumentos por los que sostuvo la invalidez de la norma impugnada:
• El Congreso de la Unión expidió la Ley de Hidrocarburos en ejercicio de las atribuciones que le confieren el artículo 73, fracción X, en correlación con los diversos 27, párrafos cuarto, sexto y séptimo, y 28, todos de la Constitución política del país.
• La Ley de Hidrocarburos tiene por objeto regular la exploración y extracción de hidrocarburos, asimismo establece que esta es de exclusiva jurisdicción federal, así como que la facultad de ejecución y vigilancia de las normas corresponde al Poder Ejecutivo Federal, a través de las Secretarías de Energía, de Hacienda y Crédito Público y de Economía, a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, a la Comisión Reguladora de Energía y a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector de hidrocarburos.
• De ahí que esta competencia sea exclusiva de la Federación y las entidades federativas quedan excluidas para el ejercicio y distribución de facultades en materia de hidrocarburos. La Ley de Hidrocarburos establece que esta industria es de utilidad pública, y que las actividades de explotación y extracción se consideran de interés social y orden público, también establece las formalidades y modalidades de contratación para la obtención de derechos de vías para el desarrollo de las actividades derivadas de la industria de hidrocarburos.
• Así, si bien los municipios cuentan con la facultad de autorizar, controlar y vigilar la utilización de uso de suelo, dicha competencia se realiza en el marco de lo prescrito por las leyes federales en la materia.
• En esos términos, la entidad federativa demandada invadió la esfera competencial de la Federación en tanto que los municipios no tienen facultades para la expedición de licencias de uso de suelo y de permisos de construcción para la exploración y extracción de hidrocarburos, aunque la norma impugnada no dispone un cobro por el otorgamiento de una concesión o permiso para la realización de estas actividades, sí prevé el cobro de un derecho por el registro y refrendo al padrón fiscal municipal para el almacenamiento y venta de gas LP que integra la industria de hidrocarburos, por lo que debe declararse su invalidez.
7. Contestación del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero. El veintitrés de abril de dos mil veinticinco, el doctor Jorge Salgado Parra, en su carácter de Consejero Jurídico de la persona Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero, dio contestación a la demanda:
• Tal y como se desprende de la ley impugnada, la Comisión Dictaminadora de Hacienda del Congreso local fue la que determinó aprobar el Dictamen con Proyecto de Ley número 035 de ingresos del Municipio de Atlamajalcingo del Monte, para el Ejercicio Fiscal 2025, y tras votarlo en lo general y en lo particular, se tuvo por aprobado el respectivo Decreto y se ordenó la emisión de la norma, así como su remisión a las autoridades competentes para los efectos legales conducentes.
• En esos términos, tras la expedición de la ley de ingresos municipal impugnada, la atribución del Poder Ejecutivo local consiste en ordenar su promulgación y publicación, lo que efectivamente aconteció en el presente caso.
• De ahí que resulta válida la publicación y promulgación de la norma impugnada, pues se realizó en ejercicio de las facultades conferidas al Ejecutivo local previstas en la Constitución de dicha entidad federativa, sin que por tal circunstancia pueda considerarse que haya incurrido en invasión e intromisión a la esfera de competencia de la Federación, por lo que sostiene la validez del acto impugnado, relativo a la promulgación de la norma.
8. Contestación del Poder Legislativo del Estado de Guerrero. El veinticuatro de abril de dos mil veinticinco, el diputado Jesús Parra García, en su carácter de Presidente de la Mesa Directiva y representante legal del Congreso del Estado de Guerrero, dio contestación a la demanda y planteó la siguiente causal de improcedencia:
• Se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 19, fracción VIII, de la ley reglamentaria de la materia debido a que el Poder actor impugnó el artículo 45, numeral 10, de la Ley número 035 de Ingresos para el Municipio de Atlamajalcingo del Monte del Estado de Guerrero, en tanto que la sola utilización de conceptos indeterminados no puede derivar en la inconstitucionalidad de la norma, sino que se requiere que cause incertidumbre jurídica en su aplicación.
9. Por otro lado, respecto de los conceptos de invalidez planteados por la actora, señaló lo siguiente:
• El Poder Legislativo del Estado de Guerrero cuenta con facultades para expedir leyes y decretos en aquellas materias que no sean de competencia exclusiva de la federación, en específico, puede legislar en materia de leyes de ingresos municipales de los Municipios que integran dicha entidad federativa.
• Derivado del procedimiento legislativo se emitió la norma impugnada, la cual fue publicada en el periódico oficial de la entidad, por lo que no existe razón jurídica para sostener que la misma sea contraria a la Constitución Política del país ni a las disposiciones contenidas en tratados internacionales, al ser que fue emitida de conformidad con el marco jurídico aplicable y en un ámbito de respeto y garantía de la protección de los derechos humanos, así como de los principios de seguridad jurídica, legalidad y proporcionalidad de las contribuciones.
• No se actualiza una invasión a la esfera de competencias federal en tanto que la contribución prevista no está relacionada con la extracción y exploración de hidrocarburos, sino con el funcionamiento de los establecimientos destinados a su distribución, lo cual es acorde con el artículo 115, fracción III, inciso i), en correlación con el diverso 31, fracción IV, ambos de la Constitución Política el país, así como los artículos 61 y 62 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero y el 116 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero.
• El Poder Legislativo local tiene competencia para legislar en materia de cobro por la expedición de licencia de funcionamiento ambiental para la distribución de gas LP, por lo que éste se justifica debido a que la Constitución federal permite la imposición del citado tributo a favor de la hacienda pública municipal, al ser un servicio público.
• El sistema competencial previsto en el texto constitucional establece un sistema de competencias exclusivas de la federación y reconoce la existe un sistema concurrente en materia tributaria en el que las entidades federativas pueden determinar los impuestos en aquellas materias donde no concurre una potestad exclusiva de otro nivel de gobierno, mientras se cumplan las condiciones legales correspondientes.
• En el presente caso, al tratarse de la expedición de licencias en materia ambiental para el almacenamiento y distribución de gas LP, considera que no existe una potestad exclusiva de la federación para su regulación, de ahí que la ley impugnada es constitucional y debe reconocerse su validez.
• Si bien el artículo 73, fracción X, de la Constitución Federal determina que el Congreso de la Unión tiene la facultad de dictar leyes en materia de hidrocarburos, lo cierto es que el diverso 115, fracción V, del citado ordenamiento prevé asimismo facultades reservadas a los municipios, como el otorgamiento de licencias y permisos para construcciones.
• Concluye que no se invade la esfera competencial del poder actor, sino que la norma impugnada fue emitida en ejercicio legítimo de una atribución conferida por la Constitución Política del país.
• Señala que se adhiere a lo sostenido por el poder actor, en tanto que a la Nación corresponde el dominio directo, inalienable e imprescriptible de las áreas estratégicas, que abarca el petróleo, los hidrocarburos sólidos, líquidos y gaseosos que se encuentren en el subsuelo, no obstante, al emitir las porciones impugnadas no se invadió el ámbito de competencias de la federación, al ser que no se legisló en materia de exploración y extracción, por lo que debe reconocerse su validez.
• La utilización de conceptos indeterminados no puede derivar en la inconstitucionalidad de una norma, sino que el término utilizado debería causar incertidumbre jurídica en su aplicación concreta. Al respecto, el empleo de métodos interpretativos para dilucidar el sentido y alcance de una disposición tributaria no es contrario al principio de legalidad, por lo que puede ser definida por el operador jurídico.
10. Desahogo de vista de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión (tercero interesado). El veintinueve de abril de dos mil veinticinco, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión rindió sus manifestaciones en calidad de tercero interesado y expuso diversos argumentos por los que cuestionó la validez de la norma impugnada:
• En términos del artículo 73, fracciones X y XXIX, de la Constitución Política del país, corresponde a la Federación legislar en materia de impuestos sobre hidrocarburos, así como para establecer contribuciones en relación con el aprovechamiento y explotación de bienes de la Nación y derivados del petróleo.
• La litis se centra en determinar si la ley de ingresos municipal resulta contraria a los artículos 25, párrafo quinto, 27, párrafos cuarto, sexto y séptimo, 28, párrafo cuarto, 73, fracciones X y XXIX, numerales 2o y 5º, y 124 de la Constitución Política del país y si se invaden las facultades de la Federación en relación con la regulación de contribuciones en materia de hidrocarburos. También señala que estará al tanto de la decisión que adopte este alto tribunal respecto de este asunto.
11. Opinión de la Fiscalía General de la República. El Fiscal General de la República no emitió opinión en el presente asunto.
12. Alegatos. El catorce de julio de dos mil veinticinco se tuvieron por recibidos los alegatos del Poder Ejecutivo Federal.
13. Audiencia de pruebas y alegatos. El trece de agosto de dos mil veinticinco se celebró la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos.
14. Cierre de la instrucción. Por acuerdo de catorce de agosto de dos mil veinticinco, la Ministra instructora cerró la instrucción a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.
15. Returno. El primero de septiembre de dos mil veinticinco tomaron protesta las Ministras y Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por acuerdo de cuatro de septiembre de dos mil veinticinco la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó returnar el presente asunto al Ministro Arístides Rodrigo Guerrero García.
I. COMPETENCIA
16. La Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(2) y 16, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.(3)
II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS IMPUGNADAS
17. Con fundamento en el artículo 41, fracción I, de la ley reglamentaria de la materia,(4) se procede a precisar los actos y normas que son objeto de la presente controversia constitucional. En el respectivo apartado de la demanda, el Poder Ejecutivo Federal señaló como norma concreta y específicamente impugnada, la siguiente:
IV. Norma general, cuya invalidez se demanda, y el medio oficial en el cual se publicó
Ley número 035 de Ingresos, para el Municipio de Atlamajalcingo del Monte del Estado de Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2025, cuyo contenido es el siguiente:
Ver artículo 45
18. En consecuencia, se tiene por efectivamente impugnada la Ley número 035 de Ingresos para el Municipio de Atlamajalcingo del Monte del Estado de Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2025, publicada el veinticuatro de diciembre de dos mil veinticuatro en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, en específico, el artículo 45, fracción I, numerales 10 y 215.
19. Tal norma, en la parte que interesa, es del contenido siguiente:
Ver norma
III. OPORTUNIDAD
20. En términos del artículo 21, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(5) el plazo para promover la controversia constitucional, tratándose de normas, debe computarse a partir del día siguiente:
a) A la fecha de su publicación; o,
b) Al que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia.
21. En este caso, el Poder Ejecutivo Federal impugna la Ley número 035 de Ingresos para el Municipio de Atlamajalcingo del Monte con motivo de su publicación el veinticuatro de diciembre de dos mil veinticuatro, por lo que el plazo de treinta días para presentar la controversia constitucional transcurrió del jueves dos de enero al viernes catorce de febrero de dos mil veinticinco.(6)
22. Consecuentemente, dado que la demanda se presentó el trece de febrero de dos mil veinticinco, es evidente que la controversia constitucional se promovió de manera oportuna.
IV. LEGITIMACIÓN ACTIVA
23. De conformidad con el artículo 11, primer párrafo, de la ley reglamentaria de la materia,(7) la parte actora deberá comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que en términos de las normas respectivas estén facultados para representarla.
24. En términos del artículo 90 de la Constitución Política del país en correlación con el diverso 43, fracción X, de la Ley de la Administración Pública Federal,(8) el Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal ostenta la representación legal del titular del Poder Ejecutivo Federal, particularmente en los juicios señalados en el artículo 105 constitucional.
25. Ahora bien, en el caso, quien suscribe la controversia constitucional es Ernestina Godoy Ramos, en su carácter de Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, cuya personalidad acreditó con la copia del nombramiento otorgado por la Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos el uno de octubre de dos mil veinticuatro, de ahí que tiene facultades suficientes para representar al Poder actor en el presente medio de control constitucional.
26. Así también, la del propio Poder actor para instar la vía en representación de la Federación, en términos del artículo 105, fracción I, inciso a), de la Constitución Política del país, por lo que debe concluirse que se promovió por parte legitimada para ello.
V. LEGITIMACIÓN PASIVA
27. De conformidad con el artículo 10, fracción II, de la ley reglamentaria de la materia,(9) tiene el carácter de parte demandada en la controversia constitucional la entidad, poder u órgano que hubiere pronunciado el acto que sea objeto de la controversia constitucional. Por lo tanto, de acuerdo con lo previsto en la ley reglamentaria, la parte demandada también debe comparecer a juicio por conducto de los funcionarios facultados para representarla, en términos de las normas que lo rigen.
28. Por su parte, en el auto de admisión de once de marzo de dos mil veinticinco, se reconoció como demandados a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Guerrero, en tanto que a éstos les correspondió la expedición, promulgación y publicación de las disposiciones cuya constitucionalidad se cuestiona, por lo que a continuación se procede a analizar si dichos órganos cuentan con legitimación pasiva en el presente procedimiento constitucional.
29. Legitimación pasiva del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero. En términos del artículo 88, numerales 3 y 4, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero(10) en relación con el diverso 44, fracción II, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Guerrero número 242,(11) corresponde al Consejero Jurídico representar jurídicamente a la persona titular del Ejecutivo estatal en los asuntos de que sea parte.
30. En representación del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero compareció el doctor Jorge Salgado Parra, en su carácter de Consejero Jurídico, cargo que acredita con la copia certificada del nombramiento otorgado por el Gobernador del Estado de Guerrero el dieciséis de octubre de dos mil veinticuatro.
31. Por lo tanto, queda acreditado que la persona que compareció en su nombre y representación es quien tiene las facultades legales suficientes para ello.
32. Legitimación pasiva del Poder Legislativo del Estado de Guerrero. De acuerdo con el artículo 131, fracción XXV, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero número 231,(12) la representación del Poder Legislativo de esta entidad corresponde al Presidente de la Mesa Directiva, la cual puede ser delegada a otras personas mediante las formalidades requeridas por la ley.
33. En representación del Poder Legislativo del Estado de Guerrero compareció el diputado Jesús Parra García, en su carácter de Presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, cargo que acredita con la copia certificada del Acta de Sesión Pública y Solemne de instalación de la Sexagésima Cuarta Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero celebrada el uno de septiembre de dos mil veinticuatro, en el que consta que fue designado con tal carácter.
34. Por lo tanto, la persona que comparece en representación del Poder Legislativo del Estado de Guerrero cuenta con la debida legitimación procesal para representarlo en este medio de control constitucional.
VI. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO
35. El Poder Legislativo del Estado de Guerrero señaló que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 19, fracción VIII, de la ley reglamentaria de la materia(13) relativa a que el Poder Ejecutivo Federal no hizo valer violaciones a la Constitución Política del país, en tanto que la utilización de conceptos indeterminados en la ley de ingresos de municipal impugnada no es suficiente para derivar en la inconstitucionalidad de la norma, sino que sería necesario que el término utilizado genere incertidumbre jurídica en su aplicación concreta.
36. Cabe decir que no le asiste la razón al poder demandado, al ser que el Poder Ejecutivo Federal en su escrito de demanda señala que con la emisión de los numerales impugnados se vulneran los artículos 25, párrafo quinto, 27, párrafos cuarto, sexto y séptimo, 28, párrafo cuarto, y 73, fracciones X y XXIX, numeral 2, todos de la Constitución federal, debido a que el Municipio invade la competencia de la federación en materia de ejecución y vigilancia de las actividades vinculadas con los hidrocarburos.
37. Por otro lado, procede desestimar los argumentos por los cuales sostiene que los conceptos empleados en la norma impugnada no derivan en la inconstitucionalidad de ésta, al vincularse con el estudio de fondo del presente asunto, en términos de la tesis de jurisprudencia P./J. 92/99.(14)
38. Así, al no existir otra causa de improcedencia alegada por las partes o que de oficio se advierta, se procede con el estudio del concepto de invalidez.
VII. ESTUDIO DE FONDO
39. En el proyecto de sentencia que se sometió a consideración del Tribunal Pleno se proponía: a) analizar el marco constitucional y legal en materia de hidrocarburos; b) analizar las facultades municipales en materia tributaria; y c) declarar la invalidez del artículo 45, fracción I, numerales 10 y 215, de la Ley número 035 de Ingresos para el Municipio de Atlamajalcingo del Monte del Estado de Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2025, publicada el veinticuatro de diciembre de dos mil veinticuatro en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa.
40. No obstante, al tomarse la votación se registró un empate de cuatro votos. Se pronunciaron a favor de la propuesta las Ministras Ríos González y Esquivel Mossa y los Ministros Espinosa Betanzo y Guerrero García. Votaron en contra las Ministras Herrerías Guerra y Batres Guadarrama y los Ministros Figueroa Mejía y Presidente Aguilar Ortiz. La Ministra Ortiz Ahlf estuvo ausente.
41. En consecuencia, dado el resultado obtenido, el Pleno determinó desestimar la propuesta de declarar la invalidez de la norma impugnada, al no alcanzarse una mayoría calificada, con fundamento en los artículos 105, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución Política del país, y 42, párrafo segundo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.(15)
VIII. DECISIÓN
42. Por lo antes expuesto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve:
PRIMERO. Es procedente la presente controversia constitucional.
SEGUNDO. Se desestima en la presente controversia constitucional respecto del artículo 45, fracción I, numerales 10 y 215, de la Ley Número 035 de Ingresos para el Municipio de Atlamajalcingo del Monte del Estado de Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2025, publicada en el periódico oficial de dicha entidad federativa el veinticuatro de diciembre de dos mil veinticuatro.
TERCERO. Publíquese esta resolución en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.
Notifíquese; mediante oficio a las partes y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.
Así lo resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:
Se suscitó un empate de cuatro votos a favor de las personas Ministras Espinosa Betanzo, Ríos González, Esquivel Mossa y Guerrero García, y cuatro votos en contra de las personas Ministras Herrerías Guerra, Batres Guadarrama, Figueroa Mejía y Presidente Aguilar Ortiz, respecto de declarar la invalidez del artículo 45, fracción I, numerales 10 y 215, de la Ley Número 035 de Ingresos para el Municipio de Atlamajalcingo del Monte del Estado de Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2025.
Dado el resultado obtenido, el Tribunal Pleno determinó desestimar el planteamiento consistente en declarar la invalidez del precepto referido, al no alcanzar una mayoría calificada, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La señora Ministra Loretta Ortiz Ahlf no asistió a la sesión de veinte de octubre de dos mil veinticinco previo aviso a la Presidencia.
El señor Ministro Presidente Aguilar Ortiz declaró que el asunto se resolvió en los términos precisados.
Firman los señores Ministros Presidente y el Ponente con el Secretario General de Acuerdos, quien da fe.
________________
1. La cual puede ser consultada en el siguiente enlace de internet: https://periodicooficial.guerrero.gob.mx/wp-content/uploads/2025/01/Periodico-103-Alcance-IV-24-Diciembre-2024-2.pdf
2. Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
I. De las controversias constitucionales que, sobre la constitucionalidad de las normas generales, actos u omisiones, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre:
a) La Federación y una entidad federativa;
[...]
3. Artículo 16. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá:
I. De las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La admisión de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad planteadas respecto de normas generales no dará lugar en ningún caso a la suspensión de la norma cuestionada;
4. Artículo 41. Las sentencias deberán contener:
I. La fijación breve y precisa de las normas generales o actos objeto de la controversia y, en su caso, la apreciación de las pruebas conducentes a tenerlos o no por demostrados;
[...]
5. Artículo 21. El plazo para la interposición de la demanda será:
[...]
II. Tratándose de normas generales, de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación, o del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia, y
[...]
6. Debiéndose descontar los días veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta y treinta y uno, todos del mes de diciembre de dos mil veinticinco, así como los días cuatro, cinco, once, doce, dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis del mes de enero de dos mil veinticinco, y los días uno, dos, tres, cinco, ocho y nueve del mes de febrero de dos mil veinticinco; por haber sido días inhábiles, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2 y 3 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación abrogada (vigente en términos del artículo tercero transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro), el artículo 19 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el a
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34390-2484daaf/i-contribuciones-sobre-hidrocarburos-analisis-de-la-norma · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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