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Modo: Corpus Pro

DEMANDA DE AMPARO. DEBE SUPLIRSE EL ERROR CUANDO SE PROMUEVE POR DERECHO PROPIO, PERO DE SU APRECIACION INTEGRAL SE DESPRENDE QUE SE PROMUEVE EN REPRESENTACION DE OTRO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 12/95 · Registro digital (IUS): 3619
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEXTO Y SEPTIMO EN MATERIA CIVIL AMBOS DEL PRIMER CIRCUITO
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Junio de 1996, , Pág. 5.

CONTRADICCION DE TESIS 12/95. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEXTO Y SEPTIMO EN MATERIA CIVIL AMBOS DEL PRIMER CIRCUITO.

México, Distrito Federal, acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día catorce de marzo de mil novecientos noventa y seis.

VISTOS Y, RESULTANDO

PRIMERO.- Por oficio 9/95 presentado el primero de junio de mil novecientos noventa y cinco, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Magistrado Carlos Gerardo Ramos Córdova, presidente del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito denunció la posible contradicción de tesis entre la sostenida por ese tribunal y la sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado de la misma Materia y Circuito.

Al oficio en cuestión se acompañó un escrito que contiene la tesis siguiente:

"INTERES JURIDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. LO TIENE EL REPRESENTANTE DE UNA PERSONA FISICA O MORAL AUN CUANDO LO PROMUEVA POR SU PROPIO DERECHO, SI CON AQUEL CARACTER INTERVINO EN EL PROCEDIMIENTO NATURAL Y POR ENDE, NO HA LUGAR EL SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE PRESUPUESTO.- La nobilísima función de impartir justicia que adquiere un brillo especial en los tribunales de la Federación y los principios de buena fe y de disposición para desempeñar esa tarea, conducen a sostener que cuando el representante, de una persona física o moral (entendido en su acepción más amplia), actora o demandada, comparece al juicio de origen formulando los planteamientos correspondientes a favor del rol que desempeñe pero al acudir en demanda de amparo lo hace por su propio derecho, no debe considerarse que el juicio es improcedente porque el acto reclamado sólo afecta al representado y no al representante, toda vez que en primer lugar, no es humanamente factible admitir que habiéndose desempeñado ante la potestad común con este último carácter, en forma consciente y deliberada acuda a la suprema instancia por su propio derecho y en cambio ese proceder sólo puede explicarse por la concurrencia de un error al plantear la demanda de garantías o por una mala conceptualización al redactar, pero cualquiera de las hipótesis o ambas, por sí solas, de ninguna manera pueden servir de base para decretar el sobreseimiento por falta de interés jurídico, pues conforme a los principios que ya se han señalado, la improcedencia no puede descansar en una ostensible equivocación o en un incorrecto enfoque, sino en disposiciones de la ley que así lo justifiquen de manera plena e indiscutible, siempre con independencia de los yerros propios de todos los seres humanos, cuenta habida que una postura inversa equivaldría a contrariar los valores tutelados por el artículo 17 de la Constitución General de la República. Así las cosas, ha de sostenerse que los órganos llamados a impartir justicia, no pueden quedarse en una observación fría de lo dicho en la demanda, pues sin suplir la queja deficiente cuando ello no sea permitido, ha de contemplarlo dándole la dimensión que verdaderamente le corresponda, sin que sea dado quedarse en las palabras. Esta consideración se refuerza al tener en cuenta lo que dispone el artículo 79 de la Ley de Amparo y el texto de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Informe rendido por su presidente, al terminar el año de 1976, Segunda Parte, Tercera Sala, página 31. El precepto y el criterio ponen de manifiesto que tanto el legislador como el máximo tribunal de la Nación, han vigilado porque los errores no sirvan de escudo para dejar de resolver una controversia. Así se ve del numeral en donde autoriza a corregir los cometidos en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estiman violados, estableciendo siempre la posibilidad, sin cambiar los hechos, de estudiar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, todo esto, con un fin específico: resolver la cuestión efectivamente planteada. La jurisprudencia, por su parte, sostiene que no puede considerarse improcedente el amparo que siendo indirecto, fue planteado erróneamente como directo y por ello presentado ante la autoridad responsable dentro del término legal. Amparo directo 1997/95.- PANIFICADORA FABREGAT, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.- 18 DE MAYO DE 1995.- Mayoría de votos.- Ponente: Carlos Gerardo Ramos Córdova.- Secretario: Rolando Javier García Martínez.- Disidente: José Nabor González Ruiz."

SEGUNDO.- Mediante acuerdo de doce de junio de mil novecientos noventa y cinco, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la formación y registro del expediente en que se actúa, y girar oficio al presidente del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito para que remitiera copia certificada de la resolución cuya posible contradicción se denuncia.

En auto de seis de julio del mismo año, la Presidencia de la Primera Sala tuvo por recibido el oficio 2426 de la Secretaría de Acuerdos del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, y por cumplimentado el requerimiento a que se refiere el párrafo que antecede. Asimismo, dispuso dar cuenta al procurador general de la República con las constancias respectivas, y se turnara el asunto al Ministro Juan N. Silva Meza para la formulación del proyecto correspondiente y diera cuenta con él al Pleno de este alto tribunal.

l procurador general de la República no hizo manifestación alguna respecto a la posible contradicción de tesis denunciada.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis de conformidad con lo dispuesto en los artículos 197-A de la Ley de Amparo y 10, fracción VIII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, pues si bien es cierto que de acuerdo con lo establecido por los artículos 107, fracción XII de la Constitución Federal y 21, fracción VIII de la referida Ley Orgánica, en principio la Primera Sala resultaría competente para conocer del asunto por tratarse de una contradicción entre tesis que en amparos en materia civil sustentan dos Tribunales Colegiados de Circuito; también es verdad que la tesis que en su caso, con el carácter de jurisprudencia llegara a sustentarse, tendría repercusión y aplicación no sólo en la materia civil, sino además en la materia, administrativa y laboral, ya que el tema que se resuelve versa sobre el interés del que promueva el amparo por propio derecho, cuando debió hacerlo en favor del tercero que representa y le ha sido reconocida tal personalidad en el juicio natural, tema que no es exclusivo, como ya se dijo, de la materia civil, sino común a todas las materias, civil, administrativa y laboral.

Apoya lo anterior la tesis número XXII/91 de este Tribunal Pleno, aprobada en sesión de siete de mayo de mil novecientos noventa y uno, por unanimidad de veinte votos, que se encuentra publicada en la página nueve del Tomo VII, mayo de 1991, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Epoca, que dice:

"COMPETENCIA EN CONTRADICCION DE TESIS EN MATERIA COMUN. CORRESPONDE AL PLENO Y NO A LAS SALAS.- Los artículos 24, fracción XII, 25, fracción XI, 26, fracción XI y 27, fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación no deben interpretarse en el sentido de que la competencia de cada una de las Salas de la Suprema Corte de Justicia para conocer de la contradicción de tesis sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, se determina atendiendo a la materia del amparo y no a los criterios que entran en contradicción al resolverse esos amparos. Por razones de la especialidad, compete a las Salas conocer de las contradicciones cuando ambos criterios encontrados se sustenten sobre temas de la especialidad de la Sala, pero no cuando se sustenten criterios contradictorios sobre otras clases de cuestiones, aunque estos criterios se den en amparos cuyas materias les compete. Si los criterios en contradicción no caen dentro de la misma competencia especializada de la Sala, sino en materia común, la especialidad de la Sala, no justifica la competencia para conocer de este tipo de contradicciones; además de que se abre la posibilidad de una nueva contradicción entre los criterios que, al respecto, llegaran a sustentar las diversas Salas de la Suprema Corte al resolver tales contradicciones, con lo que no se supera la inseguridad jurídica que trata de resolverse mediante la denuncia de la contradicción. Por ello, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11, fracción XV de la Ley Orgánica citada, corresponde al Pleno de la Suprema Corte conocer y resolver la contradicción de tesis sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito sobre cuestiones que no son materia de la competencia especializada de las Salas."

SEGUNDO.- El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito al resolver el juicio de amparo directo número D.C.- 1997/95, en relación con los cuales se sustentó la tesis que se estima en contradicción con la del Sexto Tribunal Colegiado en igual Materia y Circuito, sostuvo en lo que interesa de la parte considerativa, lo siguiente:

"QUINTO.- Antes de entrar en materia, es conveniente hacer las siguientes precisiones: a).- Por escrito presentado ante la Oficialía de Partes Común Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, EDUARDO ALANIS PASINI por su propio derecho, demandó en la vía ordinaria civil de `PANIFICADORA FABREGAT, S.A. DE C.V.' por conducto de su representante licenciado ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ, entre otras cosas, la terminación del contrato de arrendamiento de primero de julio de mil novecientos noventa y dos. b).- Por escrito de tres de septiembre de mil novecientos noventa y tres, ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ en su carácter de administrador único de PANIFICADORA FABREGAT, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE dio contestación a la demanda entablada en contra de su representada. c).- En el propio escrito de contestación ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ, con la personalidad con que se ostentó, reconvino de EDUARDO ALANIS PASINI la entrega de la prórroga de contrato de arrendamiento que el actor y la demandada habían celebrado, el reconocimiento judicial de que su representada ocupa el inmueble materia de la controversia en atención al derecho de prórroga que por el término de cinco años habían pactado así como el pago de gastos y costas del juicio. d).- Inconforme con tal determinación (sic) Panificadora Fabregat, Sociedad Anónima de Capital Variable a través de su administrador único Antonio Sánchez Sánchez, interpuso recurso de apelación, que fue resuelto por la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal en el toca 4096/94, cuyos puntos resolutivos son: `PRIMERO.- Es inoperante el agravio hecho valer. SEGUNDO.- Se confirma el auto de fecha once de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, dictado por el Juez Trigésimo Noveno del Arrendamiento Inmobiliario de esta capital, en los autos del juicio ordinario civil, seguido por ALANIS PASINI EDUARDO, en contra de PANIFICADORA FABREGAT, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.' e).- Seguido el juicio por sus diversos trámites, la Juez Trigésimo Noveno del Arrendamiento Inmobiliario del Distrito Federal el dos de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro, dictó sentencia definitiva que concluyó con los puntos resolutivos que se transcribieron en el resultando tercero de esta ejecutoria. f).- Inconforme con dicha resolución ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ en su carácter de administrador único de PANIFICADORA FABREGAT, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, interpuso recurso de apelación, el que se admitió por proveído de veintidós de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro, y tocó conocer a la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. g).- Por escrito de veintidós de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, presentado ante la Oficialía de Partes Común Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ, con la personalidad que acreditó en los autos del juicio natural expresó agravios contra la sentencia apelada. h).- Por resolución de primero de marzo de mil novecientos noventa y cinco, dictada en el toca 4095/94, la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal resolvió el recurso de apelación en cuestión cuyos puntos resolutivos han quedado transcritos en el resultando cuarto de la presente resolución. i).- La demanda de amparo aparece suscrita por Antonio Sánchez Sánchez, por su propio derecho y como demandado en el juicio principal, debiendo subrayarse que salvo una alusión a `mi representada', todos los conceptos de violación giran en torno a infracciones que dicha persona afirma se cometieron en su perjuicio. Ahora bien, la nobilísima función de impartir justicia adquiere brillo especial en los tribunales de la Federación y los principios de buena fe y de disposición para desempeñar esa tarea conducen a sostener que cuando el representante de una persona física o moral (entendido en su acepción más amplia) actora o demandada, comparece al juicio de origen formulando los planteamientos correspondientes a favor del rol que desempeñe pero al acudir en demanda de amparo lo hace por su propio derecho, no debe considerarse que el juicio es improcedente porque el acto reclamado sólo afecta al representado y no al representante, toda vez que en primer lugar, no es humanamente factible admitir que habiéndose desempeñado ante la potestad común con este último carácter, en forma consciente y deliberada acuda a la suprema instancia por su propio derecho y en cambio ese proceder sólo puede explicarse por la concurrencia de un error al plantear la demanda de garantías o por una mala conceptualización al redactar, pero cualquiera de las hipótesis o ambas, por sí solas, de ninguna manera pueden servir de base para decretar el sobreseimiento por falta de interés jurídico, pues conforme a los principios que ya se han señalado, la improcedencia no puede descansar en una ostensible equivocación o en un incorrecto enfoque, sino en disposiciones de la ley que así lo justifiquen de manera plena e indiscutible, siempre con independencia de los yerros propios de todos los seres humanos, cuenta habida que una postura inversa equivaldría a contrariar los valores tutelados por el artículo 17 de la Constitución General de la República. Así las cosas, ha de sostenerse que los órganos llamados a impartir justicia, no pueden quedarse en una observación fría de lo dicho en la demanda, pues sin suplir la queja deficiente cuando ello no sea permitido, ha de contemplarlo dándole la dimensión que verdaderamente le corresponda, sin que sea dado quedarse en las palabras. Esta consideración se refuerza al tener en cuenta lo que dispone el artículo 79 de la Ley de Amparo y el texto de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Informe rendido por su presidente, al terminar el año de 1976, Segunda Parte, Tercera Sala, página 31. El precepto y el criterio dicen: `Art. 79.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Tribunales Colegiados de Circuitos y los Jueces de Distrito, deberán corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, y podrán examinar en su conjunto los conceptos de violación, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en la demanda.' `DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTA ERRONEAMENTE COMO DIRECTO, NO EXTEMPORANEA. TESIS QUE DEBE PREVALECER.- Analizadas las tesis contradictorias sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo del Primer Circuito en Materia Civil, que por constituir un caso de excepción a la regla general establecida en los artículos 114, 167 y 168 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, es de exacta aplicación, cabe decir que debe prevalecer el criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Civil que estima, que no puede considerarse extemporáneo el amparo que siendo indirecto, fue planteado erróneamente como directo y, por ello, presentado ante la autoridad responsable dentro del término legal, en congruencia con la tesis jurisprudencial número treinta y cuatro visible a fojas sesenta y uno de la última compilación del Semanario Judicial de la Federación, Tomo Común al Pleno y a las Salas, en cuanto concluye que no puede considerarse como amparo extemporáneo el que por error, fue interpuesto dentro del plazo legal ante este alto tribunal y no ante los Jueces de Distrito, aun cuando, en la fecha en que el Juez se avocó al conocimiento de aquél a virtud de la declaración de incompetencia de la Corte, haya transcurrido el plazo para la interposición del amparo. En efecto, esta Suprema Corte, basándose en la errónea consideración del supuestamente agraviado en cuanto a la naturaleza del amparo, sostiene que cuando es estimado como directo y por ello promovido en tiempo ante la misma, no puede considerarse extemporáneo aun cuando no se reclame una sentencia definitiva, dado que este alto tribunal tiene plenitud de jurisdicción para conocer de todas las cuestiones constitucionales que se le presenten y, sólo por razón de orden, se determina en la ley en qué casos debe conocerse directamente de una controversia y en cuáles en revisión, como puede verse de la tesis relacionada que se transcribe: `Amparo interpuesto indebidamente ante la Corte. Si el amparo se interpone indebidamente ante la Suprema Corte, debe considerarse que lo está en tiempo, aun cuando no se trate de amparo contra sentencia definitiva, pues el alto tribunal tiene plenitud de jurisdicción para conocer de todas las cuestiones constitucionales que se le presenten, y, sólo por razón de orden, se determina en la ley, en qué casos debe conocer directamente de una controversia, y en cuáles en revisión; y al señalar al Juez de Distrito que debe tramitar la cuestión que a la Corte se propuso, fija la competencia de aquél, para conocer del juicio, con objeto de que dé entrada a la demanda, si no existen motivos de improcedencia que se refieran a la misma pero no al tiempo en que se presentó, pues si lo fue dentro de los quince días que señala la ley, el término debe contarse hasta la presentación de la demanda, ante la Corte y no hasta que llegue al conocimiento del Juez de Distrito.' Quinta Epoca. Tomo XXVII, pág. 1200. Treviño Santiago. No acontece lo mismo, obviamente, cuando planteado el juicio de amparo de acuerdo con su naturaleza biinstancial, es presentado por conducto de la responsable, pues indudablemente en esos casos ese erróneo proceder, que contraría lo expresamente ordenado por los artículos 114, 158 y 167 de la Ley de Amparo, no puede tener el efecto de interrumpir el término dentro del cual debió de ser correctamente promovido. Es evidente, en estas condiciones, que el criterio sustentado en la tesis jurisprudencial aludida, tiene aplicación en los casos en que, en el mismo supuesto erróneo, la demanda de amparo es dirigida a esta Suprema Corte pero presentada a través de la autoridad responsable, conforme a lo establecido en el artículo 167 de la ley de la materia pues, en este supuesto, dicha autoridad es solamente el conducto para hacer llegar la demanda de que se trata a este alto tribunal, como atinadamente lo estimó el Segundo Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Civil en la tesis que se examina que, por ello, se repite, debe prevalecer.' La lectura de las transcripciones precedentes ponen de manifiesto que tanto el legislador como el máximo tribunal de la Nación, han vigilado porque los errores no sirvan de escudo para dejar de resolver una controversia. Así se ve del numeral en donde se autoriza a corregir los cometidos en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estiman violados, estableciendo siempre la posibilidad, sin cambiar los hechos, de estudiar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, todo esto, con un fin específico: resolver la cuestión efectivamente planteada. La jurisprudencia, por su parte, sostiene que no puede considerarse improcedente el amparo que siendo indirecto, fue planteado erróneamente como directo y por ello presentado ante la autoridad responsable dentro del término legal. Esta normatividad apoya el criterio asumido en esta ejecutoria para considerar que independientemente de la redacción, y en tanto no hay motivos para suponer que el deseo haya sido hacerlo por su propio derecho, este juicio fue promovido por Antonio Sánchez Sánchez, en su carácter de administrador único de Panificadora Fabregat, Sociedad Anónima de Capital Variable, lo que justifica la manera como se concibió el proemio de esta ejecutoria y la forma como se redactará el punto resolutivo, en donde quedará plasmado el enfoque correcto respecto a la intervención de quien pide el amparo."

Igual criterio sostuvo el mencionado Séptimo Tribunal Colegiado al fallar los amparos directos D.C. 1987/95 y 1997/95.

Por su parte, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito al resolver el amparo directo D.C.- 666/995 sustenta en lo conducente de los considerandos, lo que en seguida se precisa:

"SEXTO.- En el presente caso se hace innecesario el estudio tanto de las consideraciones que se sustentaron en la sentencia reclamada, como los argumentos que se viertan en la demanda de amparo, atento a las siguientes razones: La improcedencia en el juicio de amparo se rige por disposiciones que deben ser consideradas de orden público de suerte que la cuestión de procedencia del juicio, debe ser resuelta de modo previo, así lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 940, que aparece publicada en la página mil quinientos treinta y ocho, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete a mil novecientos ochenta y ocho, que reza: `IMPROCEDENCIA.- Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías.' De igual manera la Ley de Amparo, en su artículo 73, fracción XVIII, párrafo segundo, ordena que las causales de improcedencia tienen que ser estudiadas de oficio. Ahora bien, en la especie se estima que el juicio de amparo de que se trata es improcedente en virtud de que, el quejoso, Carlos M. García González, acude a promoverlo por su propio derecho, y una vez analizadas las constancias de autos se arriba a la conclusión de que el acto reclamado no le afecta en sus intereses jurídicos, según se verá: a).- En efecto, como ya se puntualizó en el resultando segundo de esta ejecutoria, Fernando y Jorge, ambos de apellidos Pérez Anaya, en su carácter de albaceas mancomunados de la sucesión testamentaria a bienes de Consuelo Anaya Hernández, y por conducto de su apoderado legal, demandaron en la vía de controversia de arrendamiento inmobiliario a la empresa denominada Auto Servicio Dejol, Sociedad Anónima, en su calidad de arrendataria. b).- El nueve de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, la empresa moral demandada fue legalmente emplazada a juicio, como consta a foja dieciocho del expediente natural. c).- Mediante escrito presentado el dieciséis de mayo siguiente, dicha enjuiciada acudió a dar contestación a la demanda en cuestión, por conducto de Carlos M. García González, quien se ostentó como apoderado y para lo cual acompañó a la promoción mencionada copia simple de un testimonio notarial (fojas veintitrés y siguientes del expediente de primera instancia). d).- Es el caso, que el dieciocho de mayo del año próximo anterior, el Juez del conocimiento acordó agregar al expediente el pretendido escrito de contestación y asimismo proveyó que: `...toda vez que la copia fotostática del poder anexa al de cuenta con el que pretende acreditar su personalidad el promovente, es una copia simple que no se encuentra certificada por funcionario alguno con fe pública, sin lugar a reconocerle la personalidad con que se ostenta por las razones indicadas. Asimismo, no se le tiene por señalado el domicilio que indica para oír y recibir notificaciones y autorizadas a las personas que menciona para los efectos que indica, ni por contestada la demanda en representación de la empresa demandada por carecer de personalidad para ello y por tanto sin lugar a tener por admitidas las excepciones y defensas que se mencionan así como las pruebas que se ofrecen. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles, se le tiene por precluido su derecho a la empresa demandada su derecho (sic) que no ejercitó oportunamente.' e).- Por escrito presentado el veintitrés de mayo del citado año, Carlos M. García González, insistiendoen ostentarse como apoderado de la empresa demandada acudió `...a interponer el recurso de revocación respecto del acuerdo de fecha dieciocho de mayo del año en curso y publicado el día veinte de mayo del año en curso.' (foja cincuenta y seis). A dicha promoción recayó auto de veintiséis de mayo siguiente en el que se proveyó que no se reconocía personalidad al promovente y sin que hubiera lugar a tramitar el recurso de revocación interpuesto por ser improcedente, ya que el acuerdo impugnado no era revocable según lo dispuesto por el artículo 684 del Código de Procedimientos Civiles (foja sesenta). f).- El treinta de mayo del año próximo anterior, Carlos M. García González, volviéndose a ostentar como apoderado de la demandada interpuso recurso de apelación en contra del auto de dieciocho de mayo del propio año. A tal escrito le recayó acuerdo de uno de junio del año de referencia en el que el Juez natural reiteró que el promovente no tenía personalidad acreditada en el juicio y que no había lugar a la tramitación del recurso de apelación interpuesto al haber sido presentado extemporáneamente, atento a lo dispuesto por el artículo 691 del Código de Procedimientos Civiles. g).- El siete de junio siguiente, Carlos M. García González, ostentándose nuevamente como apoderado de la enjuiciada manifestó que acudía a interponer `...el recurso de denegada apelación en contra del auto de fecha primero de junio del año en curso y publicado el día dos de junio del presente año.' Mediante acuerdo de diez de junio y sin reconocerle personalidad al promovente, el Juez del conocimiento proveyó que debería estarse a lo acordado en el diverso auto de veintiséis de mayo del mismo año; y por lo que vio al recurso intentado se determinó que no había lugar a tramitarlo, atento a lo dispuesto por los artículos 723, fracción III y 725 del Código de Procedimientos Civiles (foja sesenta y cuatro). h).- Posteriormente, por escrito presentado el dieciséis de junio de mil novecientos noventa y cuatro, Carlos M. García González, solicitó le fuera reconocido su carácter de representante legal de la demandada Auto Servicio Dejol, Sociedad Anónima, para lo cual acompañó copia certificada del testimonio notarial otorgado ante la fe del notario público sesenta y ocho, en ejercicio en el Distrito Federal, respecto del cual, en proveído de veinte de junio del mencionado año, se acordó que se le reconocía el carácter de apoderado de dicha demandada para todos los efectos legales procedentes. i).- Finalmente, seguido el juicio por sus trámites legales, el Juez del conocimiento dictó la sentencia definitiva cuyos puntos resolutivos quedaron transcritos en el resultando cuarto de esta ejecutoria. j).- El veinte de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro, Carlos M. García González, en su carácter de apoderado de la sociedad demandada acudió a interponer apelación en contra de la referida sentencia, expresando los agravios que manifestó la misma le irrogaba, la cual, se confirmó por la Sala del conocimiento. Pues bien, en contra de la resolución en comento, y que en el caso es la que constituye el acto reclamado en el presente juicio de garantías, el multimencionado Carlos M. García González, promueve por su propio derecho, carácter que le fue reconocido en el auto admisorio de uno de febrero del presente año, sin embargo, la afectación de los intereses jurídicos debe realizarse de manera directa para que sea procedente el juicio de amparo, lo que no acontece en la especie, toda vez que no se advierte de qué forma le puede causar perjuicio al aquí quejoso el acto reclamado, quien promueve por su propio derecho, en el que se confirmó una sentencia que condenó a la empresa moral demandada (no a él como con error lo reitera en su escrito de petición de garantías), y en esas condiciones, lo que procede es sobreseer en el juicio con apoyo en el artículo 73, fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 4o., 5o. y 74, fracción III del mismo ordenamiento legal. Ciertamente, cuando alguna autoridad emite un acto que el gobernado estime violatorio de sus garantías individuales, y lo impugne a través del medio de defensa instituido para acatar tales violaciones, como lo es el juicio de amparo, deberá observar las reglas que para su procedencia establece la ley respectiva. Así se tiene que, para acudir al juicio de amparo, es necesario, que exista un acto autoritario que, según la apreciación subjetiva del gobernado, sea violatorio de sus derechos fundamentales consagrados en la Constitución Federal. Ahora bien, no basta que exista el acuerdo, resolución o sentencia para que prospere el juicio de garantías, sino que es imprescindible que el peticionario del amparo acredite que dicho acto afecta su esfera de derechos subjetivos otorgados por la ley, lo anterior es así ya que, entre otros requisitos de procedencia del juicio de garantías, el artículo 107 constitucional, fracción I, reglamentada por el artículo 4o. de la Ley de Amparo, seña

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/3619-82fc67cc/demanda-de-amparo-debe-suplirse-el-error-cuando · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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