CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES ENTRE EL ESTADO DE NUEVO LEON Y SUS MUNICIPIOS. PROCEDEN SIN NECESIDAD DE AGOTAR PREVIAMENTE LA VIA PREVISTA POR EL ARTICULO 8o. DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL. REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES. CORRESPONDE ESTABLECERLAS AL PODER LEGISLATIVO AL APROBAR LAS LEYES MUNICIPALES RELATIVAS, CON VISTA AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO POR EL AYUNTAMIENTO (LEGISLACION DEL ESTADO DE NUEVO LEON).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 13/95. AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON.
MINISTRO PONENTE: MARIANO AZUELA GÜITRÓN.
SECRETARIO: ARIEL ALBERTO ROJAS CABALLERO.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno correspondiente al día trece de mayo de mil novecientos noventa y seis.
VISTOS; Y RESULTANDO:
PRIMERO. Por escrito recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este alto tribunal, el veinticinco de agosto de mil novecientos noventa y cinco, Adalberto Núñez Ramos, Francisco Félix Garza González y José Enrique Carrillo Mateos, en sus respectivos caracteres de presidente municipal, secretario y síndico segundo del R. Ayuntamiento de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, promovieron acción de controversia constitucional, señalando al efecto:
"I. ENTIDAD, PODER U ORGANO ACTOR, DOMICILIO Y REPRESENTANTES: R. Ayuntamiento de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, con domicilio en su recinto oficial ubicado en el edificio de la Presidencia Municipal sito en Juárez e Hidalgo en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, en cuyo nombre promueven los suscritos con el carácter de presidente municipal, secretario del R. Ayuntamiento y síndico segundo, respectivamente. II. ENTIDAD, PODER U ORGANO DEMANDADO Y SU DOMICILIO: H. Congreso del Estado de Nuevo León y C. contador mayor de Hacienda del Congreso del Estado de Nuevo León, con domicilio ambos en su recinto oficial ubicado en el edificio de la Torre Administrativa sito en Zaragoza y Matamoros en Monterrey, Nuevo León. III. ENTIDADES, PODERES U ORGANOS TERCEROS INTERESADOS Y SUS DOMICILIOS: Comisión de Vigilancia del H. Congreso del Estado, con domicilio en la Torre Administrativa ubicada en el lugar antes indicado; y C. procurador general de la República, con domicilio oficial en la ciudad de México, D.F. IV. NORMA GENERAL O ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDA EN SU CASO, EL MEDIO OFICIAL EN QUE SE HUBIERAN PUBLICADO: Acuerdo No. 54 emitido por el H. Congreso del Estado de Nuevo León, de fecha 18 de mayo de 1995, publicado el día 29 de mayo de 1995, en el Periódico Oficial del Estado y oficio No. 0237 (sic) de fecha 14 de junio de 1995, girado por el C. contador mayor de Hacienda al suscrito presidente municipal, recibido el día 14 de julio del año en curso, en el cual se da cumplimiento al Acuerdo No. 54 del H. Congreso del Estado y se ordena al suscrito proceder a hacer efectivos los oficios del 221 al 238 girados por el contador mayor de Hacienda a los CC. ex-presidente municipal, ex-síndico y ex-regidores miembros de la administración municipal 1992-1994, que contienen fincamientos de responsabilidades en contra de dichos ex-funcionarios, con motivo de la percepción de sobresueldos no autorizados por el H. Congreso del Estado de Nuevo León, durante el ejercicio correspondiente al año 1993. V. PRECEPTOS CONSTITUCIONALES QUE SE ESTIMAN VIOLADOS: Los artículos 16, 115 y 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 30, 121, 152 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León y 16, 26, inciso c), fracción II, 130 y 134 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León. VI. HECHOS O ABSTENCIONES QUE CONSTITUYEN ANTECEDENTES DE LOS ACTOS CUYA INVALIDEZ SE DEMANDA: El 14 de julio del año en curso, se recibió el oficio No. 0287/95 girado a la Presidencia Municipal por el C. contador mayor de Hacienda del Congreso del Estado de Nuevo León, en el que se le comunica al Ayuntamiento de San Nicolás de los Garza, N.L., con base en el Acuerdo No. 54 emitido por el H. Congreso del Estado de Nuevo León, proceda a hacer efectivo el cobro derivado del fincamiento de responsabilidades a que fueron condenados los ex-miembros del H. Cabildo 1992-1994, quienes de acuerdo con dicho oficio están obligados a reintegrar a la Tesorería Municipal las cantidades que percibieron por concepto de `sobresueldo' durante el año de 1993, correspondiendo regresar el ex-presidente municipal la cantidad de N$185,047.80 y al resto de los integrantes del Cabildo la cantidad de N$46,453.81 cada uno de ellos. Los llamados `sobresueldos' fueron pagos por asistencia y por participación en comisiones que se otorgaron a los integrantes del H. Cabildo en forma adicional a su remuneración quincenal, pero estaban contemplados en el Presupuesto de Egresos. El día 4 de agosto del año en curso, se convocó a sesión extraordinaria del H. Cabildo, en la que se tomó el acuerdo de facultar al suscrito presidente municipal para estudiar los procedimientos legales a su alcance y ejercer los que en derecho procedieran, antes de proceder al cobro. El oficio en cuestión tiene como antecedente el punto cuarto del Acuerdo No. 54 del H. Congreso del Estado, publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 29 de mayo de 1995, el cual a la letra dice: `CUARTO. En virtud de que el contador mayor de Hacienda ha detectado que el ex-presidente municipal, ex-síndico y ex-regidores que integraron el R. Ayuntamiento de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, en 1993 percibieron sin autorización del H. Congreso del Estado y en franca violación a lo previsto por el artículo 129 de la Constitución Local, la suma de N$663,744.00, se instruye al propio contador mayor de Hacienda a fin de que realice cuanta gestión sea necesaria ante el actual R. Ayuntamiento para resarcir a la Tesorería Municipal la citada suma e informe, además, a esta soberanía del resultado de sus gestiones.' Como puede verse, el fundamento del H. Congreso del Estado y de la Contaduría Mayor de Hacienda para exigir la devolución de los llamados sobresueldos, lo constituye el artículo 129 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, el cual a la letra dice: `Los Ayuntamientos no podrán acordar remuneración alguna para sus miembros, sin aprobación del Congreso.'"
SEGUNDO. El Ayuntamiento actor señaló los siguientes conceptos de invalidez:
"Estimamos que la aplicación del artículo 129 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León es ilegal e inconstitucional en atención a las siguientes consideraciones: I. El texto actual del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente desde el día 4 de febrero de 1983, en la parte conducente dice: `ARTICULO 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes: I. Cada Municipio será administrado por un Ayuntamiento de elección popular directa y no habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado. II. Los Municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley. ...IV. Los Municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las Legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso: .Las Legislaturas de los Estados aprobarán las Leyes de Ingresos de los Ayuntamientos y revisarán sus Cuentas Públicas. Los Presupuestos de Egresos serán aprobados por los Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles.' Por su parte, el artículo 2o. transitorio del Decreto que modificó el artículo 115 constitucional, para quedar redactado en los términos antes transcritos, dice textualmente: `ARTICULO 2o. El Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados, en el plazo de un año, computado a partir de la vigencia de este escrito, procederán a reformar las leyes federales, así como las Constituciones y leyes locales, respectivamente, para proveer el debido cumplimiento de las bases que se contienen en el mismo:...' Como se desprende de las disposiciones transcritas, los Ayuntamientos en el aspecto administrativo, tienen libertad para aprobar sus Presupuestos de Egresos y a las mismas Legislaturas Locales corresponde solamente revisar las Cuentas Públicas para verificar que las mismas se hayan ajustado a tales presupuestos y en términos generales, a la legislación vigente. Entre los egresos que naturalmente deben aprobar los Ayuntamientos, están los relativos a la remuneración de los miembros que lo integran, siendo éstos el presidente municipal, el síndico o síndicos según el caso y los regidores. Acorde con lo anterior, el artículo 16 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León, publicada en el Periódico Oficial del Estado el día 28 de enero de 1991, señala lo siguiente: `ARTICULO 16. Los cargos de presidente municipal, regidores y síndicos de un Ayuntamiento, son obligatorios pero no gratuitos y su remuneración se fijará en los Presupuestos de Egresos correspondientes.' Ahora bien, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 121 y 152 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal tiene el carácter de ley constitucional, esto es, que posee la misma jerarquía de la Constitución Local y en estas condiciones y en los términos del artículo 2o. transitorio de dicha Ley Orgánica, quedó derogada toda disposición legal que se oponga a la misma, entre otras, el artículo 129 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, el cual se transcribió previamente. Para mayor claridad se transcriben también los referidos artículos 121 y 152 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León y 2o. transitorio de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León. `ARTICULO 121. Una ley reglamentaria establecerá el número de regidores y síndicos que juntamente con el presidente municipal, compongan los Ayuntamientos. Todos los Municipios, podrán tener regidores de representación proporcional, en la forma y términos que la propia Ley determine.' `ARTICULO 152. Las leyes de que hablan los artículos 44, 63, fracción XIX, 94 y 121 son constitucionales y en su reforma se guardarán las mismas reglas que en las de cualquier artículo de la Constitución, pudiendo ser discutidas y votadas en el mismo período en que sean propuestos, si así lo acordare el Congreso.' `ARTICULO SEGUNDO. Se abroga la Ley Orgánica de los Municipios, publicada en el Periódico Oficial del 13 de abril de mil novecientos setenta y tres, sus reformas y toda disposición legal que se oponga a esta Ley Orgánica, salvo lo previsto en los artículos transitorios siguientes:...' A virtud de lo anterior y ante la falta de vigencia del artículo 129 de la Constitución Local, resulta ilegal su aplicación por parte del H. Congreso del Estado y del contador mayor de Hacienda en el acuerdo y acto de aplicación impugnados en esta demanda. II. Independientemente de lo anterior, de considerarse vigente el artículo 129 de la Constitución Local del Estado de Nuevo León, resulta evidente la contradicción existente entre éste y el 115 de la Constitución Federal, pues sin necesidad de recurrir a interpretaciones rebuscadas, es fácil concluir que la libertad que se otorga a los Municipios para manejar sus dineros, implica la posibilidad jurídica de que sean sus Ayuntamientos, como órganos máximos de autoridad administrativa, quienes tengan facultades para acordar la remuneración de los miembros que lo integran, debiendo, desde luego, incluir las partidas correspondientes en el Presupuesto de Egresos. Siendo esto así, ante tal conflicto de leyes, debe prevalecer el artículo 115 de la Constitución Federal, pues así lo dispone expresamente el artículo 133 de dicha Constitución Federal, el cual a la letra dice: `Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Los Jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.' Es evidente que la Legislatura Local del Estado de Nuevo León, debe respetar el artículo 115 constitucional y la propia Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal, que tiene carácter constitucional, las cuales solamente establecen como obligación que las remuneraciones de los miembros de los Ayuntamientos las incluyan en los Presupuestos de Egresos correspondientes, dejando de aplicar el artículo 129 de la Constitución Local, el cual debió quedar derogado expresamente desde el día 4 de febrero de 1984, en los términos del artículo 2o. transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 3 de febrero de 1983, al no haberlo hecho así el H. Congreso del Estado y el contador mayor de Hacienda a través del Acuerdo No. 54 antes referido y del oficio ya citado de fecha 14 de junio de 1995, vulneran la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al inmiscuirse en asuntos que son propios y exclusivos de la autoridad municipal, como lo es, la remuneración de los miembros que integran el que es más importante defender un principio, que una cantidad de dinero cualquiera que ésta sea, pues pasar por alto esta situación es aceptar que los Municipios de Nuevo León sigan bajo el tutelaje y control del Estado, que muchas veces se ejerce con fines de carácter evidentemente político. III. Además es visible de acuerdo con lo expuesto por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que consagra la garantía de legalidad, conforme a la cual, todos los actos de las autoridades deben estar debidamente motivados y fundados, circunstancias que no se dan en la especie, pues, en primer lugar, se pretende apoyar el acto que se impugna en una disposición que se encuentra derogada en base al principio que establece que la ley posterior deroga a al anterior y además porque, el contador mayor de Hacienda del H. Congreso del Estado carece de facultades para ordenar al presidente municipal que proceda a realizar los requerimientos de cuenta y para ordenarle que proceda el embargo de bienes en su caso, pues el propio artículo 115 constitucional establece que no habrá autoridad intermedia alguna entre los Ayuntamientos y el Gobierno del Estado."
TERCERO. Mediante proveído de treinta y uno de agosto de ese mismo año, el presidente de este Tribunal Constitucional ordenó el turno de los autos al Ministro Mariano Azuela Güitrón, quien fungió como instructor.
Por acuerdo de cinco de septiembre, del Ministro instructor, se admitió la demanda y se ordenó emplazar a las autoridades demandadas; se tuvieron como autorizadas a las personas designadas por las autoridades actoras y el domicilio señalado. En la misma resolución no se reconoció el carácter de terceros interesados a la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado de Nuevo León y al procurador general de la República y se le dio vista al mismo, como parte que es en la presente controversia constitucional.
Mediante proveído de seis de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, se ordenó agregar a los autos los oficios números 412/95 y 207/95 suscritos por el contador mayor de Hacienda del Estado y la diputada y presidenta de la Directiva de la LXVII Legislatura Constitucional, ambos del Estado de Nuevo León, por los que dan contestación a la demanda instaurada en su contra, los cuales, en su parte medular, sostienen respectivamente:
"Que por medio del presente escrito ocurro en tiempo y forma a dar contestación a la controversia constitucional número 13/95, promovida por los CC. presidente municipal, secretario del Ayuntamiento y síndico segundo del R. Ayuntamiento de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, en contra de actos de esta Contaduría Mayor de Hacienda y otras autoridades, en los siguientes términos: 1. Es infundado el acto reclamado hecho valer por los demandantes, consistente en el oficio No. 0287/95 girado a la Presidencia Municipal por el C. contador mayor de Hacienda del Congreso del Estado de Nuevo León, en el cual `Se le comunica al Ayuntamiento de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, con base en el Acuerdo número 54 emitido por el H. Congreso del Estado de Nuevo León, proceda hacer efectivo el cobro derivado del fincamiento de responsabilidades a que fueron condenados los ex-miembros del H. Cabildo 1992-1994, quienes de acuerdo con dicho oficio percibieron por concepto de `sobresueldo' durante el año de 1993, correspondiendo regresar al ex-presidente municipal la cantidad de N$185,047.80 y al resto de los integrantes del Cabildo la cantidad de N$46,453.81 cada uno de ellos. Los llamados `sobresueldos' fueron pagos por asistencia y por participación en comisiones que se otorgaron a los integrantes del H. Cabildo en forma adicional a su remuneración quincenal del todo infundada, y en consecuencia improcedente la presente controversia constitucional, ya que tal oficio es la conclusión de la revisión de la Cuenta Pública y de ninguna forma se atenta contra la autonomía municipal como lo refiere la parte actora en su respectiva controversia, ya que tal aseveración no tiene fundamento, en virtud de que es el propio artículo 115 de nuestra Constitución, en su fracción IV, último párrafo, quien establece lo siguiente `Las Legislaturas de los Estados aprobarán las Leyes de Ingresos de los Ayuntamientos y revisarán sus Cuentas Públicas, los Presupuestos de Egresos serán aprobados por los Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles.' Además de que el contador mayor de Hacienda del Estado se encuentra investido de las siguientes atribuciones de acuerdo a los numerarios de la Ley de la Contaduría Mayor de Hacienda, que a continuación se mencionan: Artículo 7, fracción II. Fincar en representación del Congreso con las formalidades que esta Ley establece las responsabilidades resultantes de las irregularidades detectadas, incluyendo formular denuncias o querellas ante el Ministerio Público. Artículo 21. Para los efectos de esta Ley incurre en responsabilidad toda persona física o moral imputable que intencionalmente, por imprudencia o negligencia causen daño o perjuicio a la Hacienda Pública Estatal, Municipal o de sus entidades o no dé cumplimiento a lo dispuesto por esta Ley y otras disposiciones jurídicas vigentes en el Estado, en relación con la materia fiscal, gasto público, obra pública, adquisiciones y demás materias relacionadas con los aspectos presupuestales. Artículo 23, fracción II. De implicar la irregularidad detectada daños y perjuicios patrimoniales a la Hacienda Pública Estatal, Municipal o de sus entidades, la Contaduría Mayor de Hacienda, en representación del Congreso, determinará y cuantificará la responsabilidad administrativa, los sujetos responsables y solicitará a la autoridad competente la haga efectiva a través de los medios legales e informará a la Comisión de Vigilancia. Artículo 23, último párrafo. Las responsabilidades y sanciones económicas que conforme a esta Ley se impongan, tendrán el carácter de crédito fiscal y se harán efectivas a través del procedimiento administrativo de ejecución. Por lo tanto, son plenamente constitucionales las atribuciones conferidas al C. contador mayor de Hacienda del Estado, ya que las mismas fueron otorgadas por el Congreso del Estado, mediante el Decreto número 55 de fecha 22 de abril de 1992, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, el día 8 de mayo de 1992. 2. El suscrito contador mayor de Hacienda del Estado considera que es improcedente la argumentación de los demandantes que señalan respecto del acto reclamado, consistente en la supuesta falta de fundamentación y motivación del oficio No. 287/95 de fecha 14 de junio de 1995, dirigido al presidente municipal de San Nicolás de los Garza, Nuevo León; puesto que dicho oficio tiene su fundamento en el diverso 23, fracción II de la Ley de la Contaduría Mayor de Hacienda del Estado, el cual faculta al contador mayor de Hacienda en representación del Congreso para determinar y cuantificar la responsabilidad administrativa a los sujetos responsables y solicitar a la autoridad competente la haga efectiva a través de los medios legales...' En efecto, dicho oficio se emitió para solicitar a la autoridad competente en este caso el Municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, que hiciera efectivos los fincamientos de responsabilidades a cargo de ex-funcionarios municipales que desviaron recursos del Erario Municipal, así como para dar cumplimiento al Acuerdo número 54 de fecha 18 de mayo del presente año, publicado en el Periódico Oficial del Estado del día 29 de mayo de 1995, en donde se da a conocer el resultado de la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, en la que se encontraron irregularidades consistentes en el pago de remuneraciones superiores a los aprobados por el Congreso del Estado. Es decir, que el oficio 287/95 de fecha 14 de junio de 1995, enviado al Municipio antes citado, fue para efectos de hacerle llegar los fincamientos a cargo de los responsables del desvío de recursos económicos que ocasionaron daños y perjuicios a la Hacienda Pública Municipal de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, y que se procediera a hacerlos efectivos para resarcir el menoscabo sufrido en sus finanzas municipales, conforme a las facultades consignadas en la ley de la materia y en particular en el artículo 23, fracción II, esto es, que dicho oficio no constituye un mandato u orden de esta Contaduría Mayor de Hacienda, sino que, por una parte, el objetivo fundamental de esta dependencia fue el de proporcionarle al Municipio los elementos documentales en donde consta fehacientemente los recursos desviados por funcionarios de la administración anterior, y por la otra solicitarle que ejerciera las acciones necesarias para lograr el resarcimiento de los recursos desviados en su perjuicio; independientemente de que como todo acto de autoridad, los fincamientos de responsabilidades emitidos por esta Contaduría Mayor de Hacienda, se encuentran debidamente fundados y motivados. Ahora bien, suponiendo sin conceder que el oficio No. 287/95 de fecha 14 de junio de 1995, emitido por esta Contaduría Mayor de Hacienda, se encuentra debidamente fundado y motivado. Ahora bien, suponiendo sin conceder que el oficio No. 287/95 de fecha 14 de junio de 1995, emitido por esta Contaduría Mayor de Hacienda careciere de fundamentación, no afecta su validez, toda vez que no es válido el argumento vertido por el Municipio en el sentido de que se violaron en su perjuicio los artículos 14 y 16 de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que esa supuesta violación se puede cometer en todo caso en perjuicio de los gobernados, no como en el presente caso en perjuicio del mismo gobernante. 3. Ahora bien, en cuanto a la argumentación que hacen valer los demandantes respecto a que el acto reclamado adolece de validez por ser violatorio del artículo 115, fracción IV, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tal argumentación es del todo infundada; ya que si bien es cierto el Ayuntamiento es el que estudia y autoriza su gasto público municipal, pero asimismo a éste le corresponde enviar al Congreso del Estado para su aprobación definitiva la remuneración de los miembros del Ayuntamiento; y para evitar que se destinen cantidades excesivas a este concepto, la Constitución Política del Estado de Nuevo León, en su artículo 129, establece una limitación a los integrantes del Ayuntamiento, única y exclusivamente, en lo que hace al egreso por remuneraciones al desempeño de sus cargos, dado que es una limitación constitucional a los miembros del Ayuntamiento, para garantizar un uso eficiente e imparcial del gasto, pues de lo contrario quedaría a su arbitrio al determinar sus ingresos personales en perjuicio del interés público, el cual tiene preeminencia frente al interés de sus administradores; ya que de no corresponder al Congreso Estatal la facultad de limitar los recursos destinados al pago de salarios de los administradores de recursos del Municipio, no existiría otra instancia que asegure la justicia y equidad de los criterios para determinar las remuneraciones de éstos. De lo anterior, se concluye que el artículo 129 de la Constitución Local del Estado de Nuevo León, de ninguna forma se contrapone al artículo 115, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que por el contrario se complementan, ya que son los Ayuntamientos de los Municipios del Estado quienes autorizan las remuneraciones de los miembros del Ayuntamiento y las incluyen en sus respectivos Presupuestos de Egresos, correspondiendo únicamente al H. Congreso Estatal la aprobación de esas remuneraciones, es decir, que entre las disposiciones constitucionales antes citadas existe congruencia y de ninguna manera vulneran la libre Administración de lasHaciendas Públicas. 4. En cuanto a la aseveración en la demanda respecto de que la Ley Orgánica es una ley constitucional con la misma jerarquía de las disposiciones constitucionales, concluyendo que por lo mismo el artículo 129 de la Constitución quedó modificado por el artículo 16 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal; no tiene ninguna base jurídica su afirmación, pues la Constitución Política del Estado, es la ley suprema y de mayor jerarquía, le siguen las leyes constitucionales y, por último, las demás leyes que no tienen tal carácter. Lo anterior se desprende de su artículo 152 que establece las diferencias al señalar un procedimiento distinto para la aprobación de las leyes constitucionales, al admitir que pueden ser éstas discutidas y votadas en el mismo período en que sean propuestas. Asimismo, carece de sustento legal lo manifestado por los demandantes al afirmar que la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León, dejó sin vigencia al artículo 129 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, mencionando como argumento que el artículo segundo transitorio del Decreto de fecha 3 de febrero de 1983, establece que los Estados deberán reformar sus Constituciones para adecuarlas a la reforma del artículo 115 de la Constitución Federal; esto es, que una ley reglamentaria de la Constitución del Estado, no puede reformar a la misma Constitución, ni ninguno de sus artículos, sino mediante el trámite legislativo a que se refiere el Título XI de la Constitución Local en sus artículos 148 al 152, máxime que como lo expresamos anteriormente, el artículo 129 de la Constitución del Estado no se contrapone al 115 de la Constitución Federal, sino que, por el contrario, se complementan. 5. Por otra parte, son improcedentes las pretensiones de los demandantes que se señalan en los hechos de la controversia constitucional, ya que no agotaron previamente el procedimiento legal establecido en el artículo 8 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León, que dispone que las controversias de cualquier índole que se susciten entre Municipios o entre ellos y el Estado, conocerá la Legislatura Local conforme a lo dispuesto por dicha Ley. En esas condiciones, debe sobreseerse la presente controversia constitucional que se plantea. Lo anterior es en consonancia con el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que los Estados son libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior ya que la disposición antes mencionada de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal, según aseveración de los mismos demandantes, tiene el carácter de ley constitucional, aunque sin reconocer que tenga la misma validez de un precepto de la Constitución Política del Estado, ya que ésta es la ley suprema. En tal virtud, si los demandantes no agotaron previamente el procedimiento establecido en el artículo 8 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal, la presente controversia es improcedente y, por lo tanto, debe declararse el sobreseimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 19, fracción VI de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que textualmente señala: `Las controversias constitucionales son improcedentes cuando no se haya agotado la vía legalmente prevista para la solución del propio conflicto.' 6. Es de hacer notar que los mismos demandantes consintieron el acto reclamado al someterse a la aprobación del Congreso del Estado con relación a las remuneraciones que percibieron en 1993 los integrantes del Ayuntamiento de San Nicolás de los Garza, Nuevo León y no haberse inconformado con el Acuerdo de fecha 19 de febrero de 1993. Por lo que podemos deducir que es un acto consentido por ellos mismos. Para confirmar lo anteriormente expuesto, a continuación se menciona la forma en que fueron aprobadas las remuneraciones durante 1992 y 1993 de los integrantes del Ayuntamiento de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. En fecha 4 de julio de 1992, las Comisiones de Hacienda Municipal del H. Congreso del Estado, establecieron el ACUERDO mediante el que se hace referencia al hecho de que las Comisiones de Vigilancia, de Hacienda del Estado y de Presupuesto y Cuenta Pública, se avocaron a realizar un estudio a fin de determinar bases objetivas que servirán de apoyo a las diversas Comisiones de Hacienda Municipal para formular sus dictámenes sobre las solicitudes de remuneraciones enviadas por los Ayuntamientos. Dentro de este mismo ACUERDO se señala en el segundo párrafo de la página 3 lo siguiente: `Es conveniente mencionar que el documento interno que contiene las bases, fue aprobado unánimemente por los miembros que integran las tres comisiones precitadas, habiéndose firmado en su oportunidad.' Las bases a que se hace referencia, forman parte del ACUERDO de fecha 2 de julio de 1992, en el que de manera expresa se establecen los parámetros mínimos y máximos de
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/3832-ba808da3/controversias-constitucionales-entre-el-estado-de-nuevo-leon · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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