SOBRESEIMIENTO EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. PROCEDE DECRETARLO CUANDO LA NORMA GENERAL CONTROVERTIDA HA SIDO MATERIA DE UNA EJECUTORIA DICTADA EN ESA VIA CONSTITUCIONAL Y EXISTE IDENTIDAD DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ Y DE PARTES (ARTICULO 19, FRACCION IV, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTICULO 105 CONSTITUCIONAL).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 4/95. AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON.
MINISTRO PONENTE: JUAN N. SILVA MEZA.
SECRETARIO: JUAN RAMIREZ DIAZ.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al día dieciséis de mayo de mil novecientos noventa y seis.
VISTOS Y;
RESULTANDO:
PRIMERO.-Por escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cinco de junio de mil novecientos noventa y cinco, los licenciados ADALBERTO NUÑEZ RAMOS, JOSE ENRIQUE CARRILLO MATEOS y FRANCISCO FELIZ GARZA GONZALEZ, en su carácter de presidente municipal, síndico Segundo y secretario del Ayuntamiento de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, respectivamente, promovieron controversia constitucional por invasión de esferas, en los términos que en lo conducente se pasan a transcribir del referido ocurso:
"Que venimos a iniciar Controversia Constitucional por la invasión, de la Competencia Municipal, con relación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su contenido cita la Constitución Política del Estado de Nuevo León, consecuentemente los actos que realiza el C. Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, el C. Secretario de la Contraloría General del Estado de Nuevo León y H. Congreso del Estado de Nuevo León, con domicilio en los recintos oficiales, en la capital del Estado de Nuevo León, con en la Ciudad de Monterrey, por los siguientes conceptos: a).-La Declaración de Invasión de la competencia municipal por el Gobierno Estatal, de que la obligación de presentar declaraciones patrimoniales por el Presidente Municipal, Síndico, Regidores y Servidores Públicos Municipales de nivel directivo, quienes laboran en la Administración Pública Municipal 1994-1997 del Municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, ante la Secretaría de la Contraloría General del Estado, invade la Competencia Municipal, basándonos en ello en las manifestaciones que se presentan en este escrito, en el capítulo de hechos.-b).-La declaración de invasión de la competencia municipal por el Gobierno Estatal en virtud de lo siguiente: El artículo 105 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, que a la letra dice: `Para los efectos de lo preceptuado en este Título, se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial, a los servidores o empleados, y en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública, ya sea del Estado o los Municipios, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones'.-El artículo 115 de la Constitución mencionada señala que: `Las leyes sobre las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, determinarán sus obligaciones'.-Como consecuencia los artículos 41 a 48 de la Ley de Responsabilidades para el Estado de Nuevo León, a los Servidores Públicos Municipales invade la esfera de competencia y acción que corresponde a los Municipios.-Por lo anterior, la Ley de Responsabilidades Administrativas de Servidores Públicos en referencia corresponden a las atribuciones y competencia a la Administración Pública del Estado de Nuevo León.-En virtud de que el R. (sic) Ayuntamiento de San Nicolás de los Garza, Nuevo León tiene facultades para expedir disposiciones de carácter general que determinen la obligación y responsabilidad en las que incurran los servidores públicos al servicio del Municipio.-c).-La declaración de la invasión de la competencia Municipal por el Congreso Estatal, ya que de acuerdo a lo previsto en la disposición contenida en el artículo 129 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León expresamente dispone: `Los Ayuntamientos no podrán acordar remuneración alguna para sus miembros sin aprobación del Congreso'.-Este artículo debe ser derogado por lo previsto en el artículo 115, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.-Además por lo previsto por el artículo 16 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León, que a la letra dice: `Los cargos de Presidente Municipal, Regidores y Síndicos de un Ayuntamiento son obligatorios pero no gratuitos y su remuneración se fijará en los presupuestos de egresos correspondientes. Estos cargos sólo podrán ser excusables o renunciables por causa justificada que calificará el propio Ayuntamiento en sujeción a esta ley, en todos los casos, en H. Congreso del Estado conocerá y hará la declaratoria correspondiente y proveerá lo necesario para cubrir la vacante', publicada en el Periódico Oficial el día 28 de enero de 1991 y en vigor el día siguiente de la publicación, de acuerdo a lo previsto por los artículos 45, 63, fracción XIX, 94 y 121 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, la Ley mencionada en el párrafo anterior es constitucional, como lo establece el artículo 152 de la Constitución en referencia.-d).-La declaración de invasión de la competencia Municipal por el Gobierno del Estado y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado de Nuevo León, esta invasión se encuentra prevista por el artículo 63 fracción XLV, que señala: `Instituir mediante las leyes que expida el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, dotado de autonomía plena en el pronunciamiento de sus fallos y con facultades para resolver los conflictos y controversias que se susciten entre el Estado, los Municipios, los Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal o Municipales y los Particulares, estableciendo las normas de su organización, su funcionamiento, los requisitos para nombramientos, licencias y renuncias de los Magistrados que lo integren, sus procedimientos y recursos contra las resoluciones que se pronuncien.'- Ahora bien se reclama de las autoridades referidas, los actos que hayan realizado, invadiendo la competencia Municipal.-Se funda esta controversia constitucional en los siguientes hechos y consideraciones de derecho.-HECHOS 1. Como es de conocimiento público, que los artículos 133 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en forma indistinta señalan por un lado el primero de ellos que la Constitución referida es la Ley Suprema de toda la Unión y el segundo que las reformas o adiciones que lleguen a ser parte de la Constitución se requiere sean aprobadas por la mayoría de las Legislaturas de los Estados.-2. De igual forma es de observancia general y de aplicación en el Estado de Nuevo León, que se encuentra ligado a la República del modo prevenido por la Constitución Federal y sujeto a las Leyes generales de la Nación como se encuentra previsto en el artículo 29 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León.-3. Como una dependencia de la Administración Pública Estatal que preside el C. Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, se encuentra la Secretaría de la Contraloría General del Estado, organismo estatal en el que el Presidente Municipal, Regidores, Síndicos y Servidores Públicos de nivel directivo, mediante formato expedido por la mencionada Secretaría, presentaron las declaraciones de la situación patrimonial de cada una de las personas referidas, dentro de los primeros quince días al inicio de la presente Administración Municipal de San Nicolás de los Garza, Nuevo León 1994-1997.-Ahora bien, los suscritos estamos conscientes que la normatividad del ejercicio de la Administración Pública, en cualquiera de sus esferas Federal, Estatal o Municipal, deben regular aspectos que permitan acciones transparentes en el ejercicio de tales responsabilidades, sin embargo consideramos que existe invasión a la competencia Municipal por el Gobierno Estatal de Nuevo León que se deriva de los artículos 105 y 115 de la Constitución del Estado de Nuevo León, que fueron transcritos en el inciso B del capítulo de prestaciones de este escrito, consecuencia de ello viola la aplicación del artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que otorga a los Municipios facultades para legislar bases normativas, de ahí que el Municipio a través de su Republicano Ayuntamiento puede legislar en materia de responsabilidades para el Presidente Municipal, Síndicos, Regidores, así como Servidores Públicos, con una contraloría propia, para lo relativo a las atribuciones y sanciones de cada uno, así como de la presentación de las declaraciones patrimoniales de cada uno de los integrantes del Ayuntamiento.-Cabe hacer mención, que el artículo 131 de la Constitución del Estado de Nuevo León otorga a los Ayuntamientos facultades para promulgar reglamentos, ajustándose a las bases normativas que expide la legislatura, aspecto legislativo que el artículo 26, fracción VII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal otorga facultades reglamentarias en su régimen interior a los Ayuntamientos, lo que reiteramos el Municipio se encuentra facultado para la expedición de un reglamento de responsabilidades de los integrantes del R. (sic) Ayuntamiento y de los Servidores Públicos de la Administración Pública de San Nicolás de los Garza, Nuevo León.-De lo anterior, se considera que el artículo 105 y 115 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, invade las facultades otorgadas al R. (sic) Ayuntamiento en lo relativo a la expedición de reglamentos que fueron necesarios para el buen funcionamiento de la Administración Municipal y consecuentemente la autonomía municipal.-El artículo 41 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos que transcribimos: `A todos los servidores del Estado a que hace referencia el artículo 105 de la Constitución Política del Estado, en cuanto sean representantes de elección popular y los mencionados en el artículo 110 de la misma Constitución, tanto al asumir su cargo o empleo, como al dejarlo deberán manifestar su patrimonio ante la Contraloría General del Estado, por escrito y bajo protesta de decir verdad.'- En virtud de que la Constitución Política del Estado de Nuevo León y la Ley de los Servidores Públicos referida en el párrafo anterior se deriva la invasión de la esfera municipal por el Estado a través de la Secretaría de la Contraloría General del Estado, Ley que fue expedida por el H. Congreso del Estado de Nuevo León.-4. Con relación a la invasión a la competencia municipal que se invade a través del artículo 129 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, respecto a la aprobación por el H. Congreso de la remuneración para los miembros del Ayuntamiento, viene a ser opuesto a lo previsto por el artículo 115 en su fracción IV ya que ésta señala que los Municipios administrarán libremente su Hacienda, esto es que se reconoce la capacidad de administrar los ingresos que perciba el Municipio y consecuentemente en su parte final el mencionado artículo señala: `Los Presupuestos de Egresos serán aprobados por los Ayuntamientos, con base en sus ingresos disponibles.'- De lo anterior se concluye que nuestra Máxima Ley otorga a los Municipios la libre Hacienda en la que se comprenden los ingresos del Municipio y los Presupuestos de Egresos deben ser aprobados por los Ayuntamientos por lo que es de concluirse que deja al Municipio la libre Hacienda que comprende tanto los ingresos y egresos que administre.-La Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal en su artículo 16 que debe considerarse Constitucional Estatal, como ya quedó asentado en este escrito, no debe existir intromisión del Congreso Local.-Como consecuencia de la Norma Constitucional Estatal prevista en el artículo 129, de la invasión a la competencia municipal, se ha remitido para la aprobación de la remuneración de los integrantes del R. (sic) Ayuntamiento de la presente Administración 1994-1997, al H. Congreso del Estado, lo que impide la libre actuación del Municipio; violándose el principio de la autonomía municipal.-5. La Constitución Política del Estado de Nuevo León en su fracción XLV del artículo 63 otorgó la facultad al Congreso Local para instituir el Tribunal Contencioso Administrativo siguiendo la norma prevista en el artículo 116, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.-El artículo 63, fracción XLV de la Constitución otorga facultades al Tribunal Contencioso Administrativo para conocer controversias entre los particulares y los Municipios; tal precepto de la Constitución Local va más allá de lo previsto por la Norma Federal y consecuentemente se invade la esfera de acción y competencia municipal.-Si se toma como base fundamental del sistema Jurídico Mexicano la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 115, fracción I, señala que en cada Municipio no habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado y el artículo 1o. de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León reconoce la sujeción a los mandatos establecidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como Ley Suprema de la Unión, de acuerdo a lo previsto en el artículo 133 del ordenamiento legal referido, el Tribunal Contencioso Administrativo, la ley que lo creó y su reglamento invaden la competencia municipal, no obstante que se diga es un organismo autónomo y las resoluciones que dicte el Tribunal son obligatorias en su ejecución al Municipio, viola el principio de la autonomía y lo señalado por el artículo 115, fracción I de la Constitución Política del Estado de Nuevo León.-6. Consideramos procedente esta Controversia Constitucional en virtud de lo señalado en este escrito y además por las normas Constitucionales Estatales que tuvieron su origen de expedición por el H. Congreso y como consecuencia derivada del C. Gobernador Constitucional, Secretaría de la Contraloría General del Estado, H. Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado que invaden la competencia Constitucional Municipal por los Organismos Estatales señalados conforme a lo previsto por la Constitución Política del Estado de Nuevo León frente a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los preceptos legales invocados en este escrito.-DERECHO.-1. Competencia: Artículos 103, fracción II y III; 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 18 del Código Federal de Procedimientos Civiles.-2. El procedimiento está normado por los artículos 1o., 4o., 70, 71, 270, 276, 322, 328 y relativos del Código Federal de Procedimientos Civiles.-3. En cuanto al fondo tienen aplicación los artículos 1o., 115, 128 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., 118, 119, 120, 129, 131, 45, 63, fracción XXIX, 94 y 121 de la Constitución Política de Nuevo León; 1o., 2o., 10, 11, 14, 16, 27, 160, 161 y relativos de la Ley Orgánica de la Administración Publica Municipal."
SEGUNDO.-Por auto del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de fecha ocho de junio de mil novecientos noventa y cinco, se acordó la admisión de la demanda de controversia constitucional en contra del gobernador constitucional del Estado de Nuevo León, secretario de la Contraloría General, Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Congreso del mismo Estado, consistente fundamentalmente en la declaración de invasión de la competencia municipal por el Gobierno Estatal al exigir éste la obligación de presentar declaraciones patrimoniales al presidente municipal, síndicos, regidores y servidores públicos municipales de nivel directivo del Municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, ante la Secretaría de la Contraloría General. Por otro lado, el presidente de este alto tribunal mandó emplazar a las autoridades demandadas a través del despacho del Juez de Distrito en turno en el Estado de Nuevo León, con residencia en la ciudad de Monterrey, para que produzcan contestación a la mencionada demanda en un término de nueve días. A su vez, se requirió a la actora para que designe representante común, apercibiéndola que de no hacerlo se tomará a la primera de las autoridades mencionadas en el acuerdo de admisión de demanda.
TERCERO.-Por auto de fecha tres de julio de mil novecientos noventa y cinco, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó agregar al expediente la siguiente documentación: a) El escrito de fecha veintidós de junio de mil novecientos noventa y cinco, de la parte actora, por el que da cumplimiento al requerimiento del ocho de junio del año citado, designando como representante común al licenciado JOSE ENRIQUE CARRILLO MATEOS, síndico segundo del Municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León; y b) El escrito y anexos fechados el veintisiete del mismo mes y año, que aparece suscrito por: SOCRATES CUAUHTEMOC RIZZO GARCIA, gobernador constitucional del Estado de Nuevo León; ROBERTO GOMEZ LOOR, secretario de la Contraloría General del Estado y ADOLFO J. TREVIÑO, Magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Nuevo León, recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia el veintinueve de julio del propio año, en el cual interponen la excepción de incompetencia por declinatoria. Visto el contenido de este último ocurso se dio vista a la parte actora para que en un término de cinco días, contados a partir de la legal notificación de ese proveído manifestara lo que a su derecho conviniera.
CUARTO.-Por auto de fecha trece de julio de mil novecientos noventa y cinco, el presidente de este alto tribunal ordenó agregar al expediente, los siguientes escritos y sus anexos: a) El primero suscrito por el licenciado Arturo Charles, en su carácter de presidente de la Diputación Permanente de la LXVII Legislatura Constitucional del Estado de Nuevo León, de fecha siete de julio de ese mismo año, por medio del cual se contesta la demanda y se oponen las excepciones que en el mismo se indican; y b) El segundo, suscrito por los licenciados Sócrates Cuauhtémoc Rizzo García, Roberto Gómez Loor y Adolfo J. Treviño Garza, en su carácter de gobernador del Estado de Nuevo León, secretario de la Contraloría General y Magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, respectivamente, de fecha cuatro del mismo mes y año, por el que igualmente contestan la demanda y además oponen la excepción de incompetencia por declinatoria; ambos escritos recibidos en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte, el siete de ese mismo mes.
Con fecha nueve de agosto del año citado el presidente de la Suprema Corte, mandó agregar al expediente el escrito y anexos de JOSE ENRIQUE CARRILLO MATEOS, síndico segundo del Ayuntamiento de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, quien comparece en representación de la parte actora, recibido en la Subsecretaría de Acuerdos el día dos de agosto de ese mismo año, el ocurso contiene alegatos respecto de la excepción de incompetencia planteada por la parte demandada.
Asimismo se ordenó turnar el expediente al señor Ministro Juan N. Silva Meza a fin de formular el proyecto de resolución relativa a la excepción de incompetencia planteada y dar cuenta con él al Pleno de la Suprema Corte.
QUINTO.-Por resolución de fecha veinticuatro de octubre de mil novecientos noventa y cinco, el Pleno de este alto tribunal resolvió por unanimidad de once votos, la excepción de incompetencia por declinatoria hecha valer por los codemandados, que en seguida se pasa a señalar, al tenor de los siguientes puntos resolutivos:
"PRIMERO.-Es infundada la excepción de incompetencia por declinatoria hecha valer por los codemandados: gobernador constitucional, secretario de la Contraloría General y Tribunal de lo Contencioso Administrativo, todos éstos del Estado de Nuevo León.-SEGUNDO.-Es procedente la controversia constitucional planteada por el Ayuntamiento de San Nicolás de los Garza, Nuevo León; en consecuencia,- TERCERO.-Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer de la controversia constitucional suscitada, por una parte, entre el Municipio de San Nicolás de los Garza, Estado de Nuevo León, y por la otra, el gobernador constitucional, el secretario de la Contraloría General, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y el Congreso, todos de esta misma entidad federativa.-CUARTO.-Se ordena continuar con la tramitación del procedimiento de la controversia constitucional 4/95."
En acuerdo de Presidencia de diecisiete de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, se determinó lo que sigue:
"México, Distrito Federal, a diecisiete de noviembre de mil novecientos noventa y cinco.-Vista la resolución de veinticuatro de octubre último, del Tribunal Pleno, en la que se declaró infundada la excepción de incompetencia hecha valer por la parte demandada y se determina que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer de la controversia constitucional en que se actúa, ordenándose continuar con la tramitación del procedimiento relativo a este asunto; consecuentemente, visto el estado que guarda el presente juicio, con fundamento en lo establecido en los artículos 329 y 331 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se tienen por presentados al gobernador constitucional, secretario de la Contraloría Federal y Magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, todos del Estado de Nuevo León, mediante escrito de fecha cuatro de julio del año que transcurre y anexos presentados, los que obran agregados de la foja noventa y cinco a la ciento once de autos, recibidos en la Subsecretaría General de Acuerdos de este alto tribunal el día siete del mismo mes y año; asimismo, se tiene por presentado al presidente de la Diputación Permanente de la LXVII Legislatura Constitucional de dicha entidad federativa, en términos del escrito de tal fecha, así como de las copias certificadas de diversos documentos, recibidos igualmente en la fecha mencionada, que obran de la foja ciento doce a ciento cincuenta y uno de autos, dando contestación a la demanda promovida en su contra en vía de controversia constitucional por el Ayuntamiento de San Nicolás de los Garza, Nuevo León; asimismo, se tienen por opuestas las excepciones y defensas referidas en dichos escritos y por exhibidos los documentos que acompañan, sin perjuicio de hacer relación de ellos en el momento procesal oportuno; por otra parte, con apoyo en los artículos 297, 298, 309 y 310 del Código procesal invocado, mediante notificación personal, dése vista a la parte actora con los escritos de contestación de la demanda relacionados, por el plazo de cinco días para que manifieste lo que a su derecho convenga, acompañándose al efecto copia simple de los escritos de mérito, transcurrido dicho plazo, dése cuenta nuevamente para acordar lo que conforme a derecho proceda; por último, con fundamento en el artículo 305 del Código adjetivo citado, se tienen como autorizados para oír y recibir notificaciones por parte del Congreso del Estado de Nuevo León, a las personas indicadas en el ocurso suscrito por el representante de dicho Congreso, anteriormente citado. Notifíquese."
SEXTO.-Mediante el escrito que corre agregado a fojas de la noventa y cinco a la ciento siete en relación con los anexos que obran a fojas de la ciento ocho a la ciento once, el gobernador constitucional, el secretario de la Contraloría General y el Magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, todos del Estado de Nuevo León, contestaron la demanda instaurada en su contra, en los términos que a continuación, en lo conducente, se transcriben:
"Que sin reconocer a este Alto Tribunal más competencia que la que por derecho le corresponde, venimos a contestar dicha controversia ad cautelam oponiendo la excepción de falta de acción de los promoventes, ya que la demanda esta fechada el 2 de junio de 1995 y el acuerdo en que se admitió, por ese Alto Tribunal es de 8 de julio de 1995, por lo que los artículos 103, fracción II y III, y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en que se funda esa controversia, son los existentes en su texto anterior a las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 1994, ya que estas últimas reformas entraron en vigor, por lo que hace al artículo 105, tal como lo previó el transitorio octavo, al expedirse la ley reglamentaria que fue publicada en el Diario Oficial el 11 de mayo de 1995, que a su vez dispone en su transitorio tercero, que el decreto entrará en vigor 30 días después de su publicación.-Así pues, al tener que tramitarse la presente controversia constitucional de acuerdo con las disposiciones a que antes nos referimos, ese H. Alto Tribunal en diversas tesis ha sostenido que los Ayuntamientos no tienen carácter de poder, en el sentido que esta palabra está usada por el Constituyente y que los poderes a que se contrae el artículo 105 de la Constitución Federal en su texto aplicable al caso, son exclusivamente el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, por lo que al no tener el carácter de poder el Municipio demandante no está legitimado para hacer valer la instancia contemplada en el artículo 105 de la Constitución Federal, mismo que establece que corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocer de las controversias que se susciten, `...el de los poderes del mismo Estado sobre la constitucionalidad de sus actos...', por lo que no siendo el Municipio un poder de acuerdo con el concepto que señala la Constitución, no está legitimado para actuar en la presente controversia, por lo que solicitamos así se reconozca y se resuelva, oponiendo por ello la excepción de falta de acción. Tiene aplicación en el presente caso la tesis de Pleno de ese Alto Tribunal, Quinta Epoca, Tomo XLVIII, pág. 399, Controversia Constitucional 2/1936, entre el Ayuntamiento de Papantla, Veracruz contra la H. Legislatura del mismo Estado, promovido por ARTURO CREMARI Y COAGS., en representación del Ayuntamiento. Tesis relacionada como Jurisprudencia 117/85.-Pasamos a referirnos a cada uno de los conceptos que se demanda: 1.-INVASION DE LA COMPETENCIA MUNICIPAL POR EL GOBIERNO ESTATAL RESPECTO DE LA OBLIGACION DE PRESENTAR DECLARACIONES PATRIMONIALES POR FUNCIONARIOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N. L. ANTE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO.-No hay tal invasión de la competencia municipal por el Gobierno Estatal como pretenden los demandantes. En efecto, el artículo 105 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, que describe quiénes tienen el carácter de servidores públicos, por lo que hace a los municipios, lo está haciendo con la facultad que tiene el constituyente estatal conforme al poder soberano que tiene el Estado, lo que también hace a través del artículo 115 al señalar que las leyes sobre responsabilidades administrativas de los servidores públicos, determinarán sus obligaciones, siendo consecuencia de esta facultad constitucional la expedición de la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos por el Estado de Nuevo León, y en nada viola el artículo 115, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como aducen los funcionarios del municipio reclamante, ya que esta disposición dispone lo siguiente: `...Los Ayuntamientos poseerán facultades para expedir de acuerdo con las bases normativas que deberán establecer las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno y los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones.'- Como se puede apreciar de la transcripción citada, las facultades que tienen los ayuntamientos son para expedir acuerdos con las bases que deberán establecer las Legislaturas de los Estados, y en el caso concreto la Legislatura del Estado de Nuevo León, expidió la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Nuevo León de que precisamente se duelen las autoridades municipales demandantes.-Tampoco apoya la pretensión de las autoridades municipales el artículo 131 de la Constitución del Estado de Nuevo León, porque todas las facultades que otorga ese precepto a los ayuntamientos para promulgación de reglamentos deberán ajustarse a las bases generales que precisamente fija el Congreso Local. El mismo comentario por lo que hace al artículo 26, fracción VII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal.-De lo anterior se concluye que no existe ninguna invasión del Estado en la esfera municipal como se reclama por el concepto indicado.-2.-INVASION DE LA COMPETENCIA MUNICIPAL POR EL CONGRESO ESTATAL POR EL CONTENIDO DEL ARTICULO 129 DE LA CONSTITUCION POLITICA ESTATAL POR REQUERIR AUTORIZACION DEL CONGRESO PARA LA REMUNERACION DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES.-La disposición citada de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, no contraviene el artículo 115, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que en su primer párrafo establece que los Municipios manejarán su patrimonio conforme a la ley, ni tampoco la fracción IV, de ese mismo precepto de la Constitución Federal, la cual dispone en el último párrafo del inciso c), de las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los Ayuntamientos y recibirán sus cuentas públicas, facultando a los Ayuntamientos para que se aprueben sus presupuestos de egresos. La Legislatura Local Estatal es la representación del pueblo de Nuevo León, y cuando actúa como Congreso constituyente tiene facultades para legislar de acuerdo con la representación popular que posee y en esas condiciones, estableció el artículo 129 que dispone que los Ayuntamientos no podrán acordar remuneración alguna para sus miembros sin aprobación del Congreso, por lo que es una facultad soberana del Congreso Estatal, misma que en nada transgrede la Constituci
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5000-95cb4612/sobreseimiento-en-controversias-constitucionales-procede-decretarlo-cuando-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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