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Modo: Corpus Pro

MUNICIPIOS DEL ESTADO DE NUEVO LEON. EL ARTICULO 129 DE LA CONSTITUCION POLITICA ESTATAL, EN CUANTO IMPIDE A LOS AYUNTAMIENTOS ACORDAR REMUNERACIONES PARA SUS MIEMBROS SIN APROBACION DEL CONGRESO, NO INFRINGE EL ULTIMO PARRAFO DE LA FRACCION IV DEL ARTICULO 115 DE LA CONSTITUCION FEDERAL.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 8/95. · Registro digital (IUS): 5001
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: AYUNTAMIENTO DE MONTERREY, NUEVO LEON.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Agosto de 1996, , Pág. 304.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 8/95. AYUNTAMIENTO DE MONTERREY, NUEVO LEON.

ENGROSE: JOSE DE JESUS GUDIÑO PELAYO.

SECRETARIO: LUIS IGNACIO ROSAS GONZALEZ.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno, correspondiente al día trece de mayo de mil novecientos noventa y seis.

VISTOS; y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Mediante escrito presentado el día primero de agosto de mil novecientos noventa y cinco, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jesús Hinojosa Tijerina, Miguel Gómez Guerrero y José Martínez González, ostentándose como presidente Municipal, síndico segundo y secretario del Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León, en términos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, plantearon controversia constitucional en contra del Congreso, del gobernador y del secretario general de Gobierno, todos del Estado de Nuevo León, demandando lo siguiente:

"NORMA GENERAL Y ACTOS CUYA INVALIDEZ SE DEMANDAN. Del H. Congreso del Estado se reclama: a) La invalidez del artículo 129 de la Constitución Política de Nuevo León por ser conculcatorio a lo dispuesto por el artículo 115 fracción IV, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. b) Acuerdo La Aprobación (sic) de los dictámenes de las Comisiones Unidas Primera a Séptima de Hacienda Municipal. c) La orden de enviar a los Ayuntamientos no comprendidos en el artículo 1 del acuerdo, copia de los parámetros vigentes a partir del 5 de junio de 1995, para que sean considerados al fijar sus respectivas remuneraciones. DEL C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO, se reclama: a) La promulgación del artículo 129 de la Constitución Política de Nuevo León. b) La orden de que se imprima, publique, circule y se dé el debido cumplimiento al artículo 129 de la Constitución Política de Nuevo León. DEL C. SECRETARIO DE GOBIERNO, se reclama: a) El refrendo al mandamiento de promulgación del artículo 129 de la Constitución Política de Nuevo León. b) La publicación en el Periódico Oficial de la Constitución Política de Nuevo León y específicamente del artículo 129 Constitucional."

En la demanda se señalaron los preceptos constitucionales violados y los antecedentes relativos, en los siguientes términos:

"PRECEPTOS CONSTITUCIONALES VIOLADOS. a) Artículo 115 fracción IV último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. b) Artículo 16 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal expedida por el Congreso del Estado el 26 de Diciembre de 1990, ley la cual, de acuerdo con el artículo 152 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, es una ley constitucional que para su reforma guarda las mismas reglas que las de cualquier artículo de la Constitución. ANTECEDENTES. 1. El día 08 de junio del año en curso se recibió en la Presidencia Municipal de Monterrey, N.L. el oficio sin número de fecha 07 del mismo mes y año firmado por el H. Congreso del Estado, por los CC. Dip. Secretarios Susana González Zambrano y María Concepción Hinojosa Velazco, dirigido al C. Ing. Jesús Hinojosa Tijerina, Presidente Municipal de Monterrey, comunicándole que por sesión celebrada por el Pleno Legislativo, el 6 de junio del año en curso se aprobó el ACUERDO DE LAS REMUNERACIONES de los Municipios que se encuentran comprendidos en el acuerdo del dictamen, así mismo la ampliación del porcentaje de los parámetros de estas mismas remuneraciones para los integrantes de los Ayuntamientos. 2. El día 19 de julio del presente año, se recibió diverso oficio sin número de fecha 17 de julio de 1995 dirigido al Presidente Municipal, Ing. Jesús Hinojosa Tijerina, firmado por los CC. Dip. Secretarios Jorge Maldonado Montemayor y Alfredo G. Garza de la Garza, comunicando que en sesión celebrada el día 14 de julio de 1995 se acordó hacer una excitativa a los Ayuntamientos que no han enviado para su aprobación las remuneraciones de los integrantes del mismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 129 de la Constitución Política Local. 3. El artículo 129 de la Constitución Política de Nuevo León data desde la fecha en la cual entró en vigor, o sea, el 1 de enero de 1918 a pesar de las reformas a los artículos 5 y al 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto a la determinación de los cargos concejiles, originalmente obligatorios y gratuitos y después remunerados conforme a las que fuesen aprobadas por el Congreso del Estado al que perteneciera el Municipio y a partir del año de 1983, en virtud de la reforma al artículo 115 Constitucional con las remuneraciones establecidas en los presupuestos de egresos aprobados por los propios ayuntamientos, como a la postre quedó en el artículo 16 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal, actualmente con vigencia en el Estado."

La parte actora expuso los siguientes conceptos de invalidez:

"PRIMERO. El artículo 129 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, en la forma en la que aparece redactado: `Los Ayuntamientos no podrán acordar remuneración alguna para sus miembros sin la aprobación del Congreso' y que hace que el Congreso en sesión plenaria del 6 de junio de 1995 haya expedido `acuerdo de las remuneraciones' y por sesión de 14 de julio de 1995 haya acordado hacer la excitativa a los Ayuntamientos que no han enviado para su aprobación las remuneraciones de los integrantes del mismo, conllevan a la realización de actos que invaden la esfera de acción del Municipio. Al efecto, deben estimarse las disposiciones contenidas en el artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su texto original establecía, en la parte, conducente decía: `En cuanto a los servicios públicos, sólo podrán ser obligatorios en los términos que establezcan las leyes respectivas, el de las armas, los de jurados, LOS CARGOS CONCEJILES y los cargos de elección popular directa o indirecta, y obligatorias y gratuitas las funciones electorales.'-Dicho artículo ha sufrido diversas enmiendas de fechas 13 de octubre de 1942, 31 de diciembre de 1974 y 28 de enero de 1992, para quedar en la forma y términos que aparece actualmente, de donde ya no se hace alusión a los cargos concejiles ni a la remuneración de los mismos, como tampoco a los puestos de elección directa o indirecta. Empero, el artículo 129 de la Constitución Política de Nuevo León, ha permanecido intocado desde que entró en vigor el 1 de enero de 1918, por lo que los cargos concejiles -Presidente Municipal, Regidores y Síndicos- se ejercerían obligatoriamente en los términos que establecieran las leyes y que la remuneración debería ser aprobada por el Congreso. Acorde con eso, la anterior Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Nuevo León, publicada el 13 de abril de 1963, decía: `Los Ayuntamientos podrán acordar en su presupuesto de egresos, remuneración para sus miembros, cumpliendo con lo mandado por el artículo 129 de la Constitución Política del Estado'. Dicha norma fue abrogada con motivo de la expedición de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal, publicada en el Periódico Oficial del 28 de enero de 1991, en cuyo artículo segundo transitorio especificó la abrogación de la Ley Orgánica de los Municipios publicada el 13 de Abril de 1963. Independientemente de lo anterior, el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha sufrido diversas reformas: 20 de agosto de 1928, 20 de abril de 1933, 12 de febrero de 1947, 17 de octubre de 1953, 6 de diciembre de 1977, 6 de febrero de 1976, 3 de febrero de 1983 y 25 de febrero de 1987, siendo el interés prevaleciente en todas ellas la autonomía financiera anhelada por los Constituyentes de Querétaro de suerte que en la penúltima de las enmiendas citadas en la fracción IV, en la parte conducente se determinó: `Los presupuestos de egresos serán aprobados por los Ayuntamientos...' No se estableció obligación alguna de someter dicha aprobación al Congreso del Estado correspondiente. Por eso, en el Estado de Nuevo León, el Congreso del Estado el 27 de diciembre de 1990 expidió la `Ley Orgánica para la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León' en cuyo artículo 16 se lee: `Los cargos de Presidente Municipal, Regidores y Síndicos de un Ayuntamiento, son obligatorios, PERO NO GRATUITOS, Y SU REMUNERACION SE FIJARA EN LOS PRESUPUESTOS DE EGRESOS CORRESPONDIENTES'. Por disposición del artículo 152 de la Constitución Política de Nuevo

León, la ley que se refiere a la organización de los municipios como las atinentes a materia electoral, conmutación de penas, poder judicial, tienen el carácter de Ley Constitucional, ya que para su reforma deberán guardarse las mismas reglas que las de cualquier artículo de la Constitución. De esa suerte, siendo de la misma naturaleza y sobre el mismo objeto -remuneraciones a los miembros de los Ayuntamientos- la norma del artículo 16 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal, como Ley Constitucional, por ser una ley posterior, deroga la disposición de la ley anterior (artículo 129) de la Constitución Política de Nuevo León. Luego entonces, el acuerdo sobre remuneraciones y la excitativa de que se envíen para su aprobación para el Congreso, las remuneraciones para los miembros del R. Ayuntamiento, al igual que el propio artículo 129 de la Constitución Política de Nuevo León, por ir en contra de lo dispuesto por los diversos 115 fracción IV último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 16 de la vigente Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal constituyen claras acciones de invasión a la esfera de acción del Municipio de Monterrey, impidiendo el ejercicio de su autonomía financiera y que se le considere como Municipio libre conforme a los principios contemplados en la Carta Magna Federal, por lo que debe de declararse fundado este concepto. SEGUNDO. El artículo 129 de la Constitución Política de Nuevo León, vigente desde el 1 de enero de 1918, conculca los principios de autonomía financiera y libertad municipal que se consigna en el artículo 115, específicamente en la fracción IV último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando concede a la legislatura del Estado la aprobación de las contribuciones para que los Ayuntamientos capten los recursos que les permita financiar sus actividades y revisar la aplicación de sus fondos, cuando examine la cuenta pública, pero de ninguna manera se faculta al Congreso Local para revisar, modificar, revocar, ratificar, ni establecer parámetros en relación a las remuneraciones de Presidente Municipal, Síndicos y Regidores como integrantes del Ayuntamiento. El Lic. Francisco Ruiz Massieu en su monografía `El Municipio en la Carta de Querétaro' dejó escrito: `Acorde con la libertad hacendaria que poseen los Municipios -y es otro de los méritos de la enmienda de 1983- los presupuestos de egresos ya no son aprobados por las legislaturas, pues corre a cargo de los Cabildos. La cuenta pública, por tratarse del instrumento que reporta el manejo y aplicación de tributos aprobados por el Congreso, es examinada por éste', por lo que, siguiendo esta interpretación doctrinal, el artículo 129 de la Constitución de Nuevo León resulta conculcatorio al artículo 115 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por ello, en la actualidad, resulta inválido y así debe declararse para evitar que con fundamento en él, el Congreso del Estado pretenda fijar los parámetros dentro de los cuales los Ayuntamientos fijen sus remuneraciones o bien, establecidas, tengan la obligación de remitirla al Congreso para su aprobación. En la elaboración del presupuesto de egresos, en la forma y términos previstos por el artículo 115 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 16 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal, deben cumplirse por el Ayuntamiento las formalidades esenciales del procedimiento previstas en los diversos artículos del 130 al 138 de la mencionada Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal, pues de otra suerte, de observarse lo previsto por el artículo 129 de la Constitución Política de Nuevo León, se invade la esfera de acción del Municipio, en la atribución que le corresponde al Ayuntamiento, por parte del Congreso del Estado como ordenadora al expedir el dispositivo mencionado y por el Gobernador del Estado y Secretario General de Gobierno por el decreto promulgatorio del primero, refrendo y orden de publicación en el Periódico Oficial del Estado del segundo. Por ello, los actos que se señalan como reclamados de cada una de las autoridades u órganos demandados resultan violatorios a la libertad Municipal y a la autonomía financiera, en el caso, específicamente, de nuestro representado Municipio de Monterrey, N.L., por lo que tales actos deben declararse inválidos previniendo a los demandados se abstengan de invadir la esfera de acción que le corresponde al Ayuntamiento de Monterrey para fijar las remuneraciones de Presidente Municipal, Síndicos y Regidores, sin necesidad de recurrir a la aprobación del Congreso Estatal. Consecuentemente, este concepto de invalidez debe declararse fundado, declarando inválido el artículo 129 de la Constitución Política de Nuevo León y los actos concretos que los demás órganos demandados expidan con apoyo o fundamento en dicho dispositivo."

SEGUNDO. Por acuerdo del día tres de agosto de mil novecientos noventa y cinco, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar con el número 8/95, el expediente relativo a la controversia constitucional de que se trata y dispuso que dicho expediente pasara al Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, a quien según el turno respectivo le correspondió fungir como Ministro instructor en el procedimiento.

El anterior acuerdo se notificó por lista del día tres de agosto de mil novecientos noventa y cinco.

La parte actora quedó notificada por oficio, el día diecisiete de agosto del citado año, según constancia visible a foja 126 del expediente.

TERCERO. El día nueve de agosto de mil novecientos noventa y cinco, el Ministro instructor designado para conocer del presente asunto, emitió un acuerdo que es del siguiente tenor:

"México, Distrito Federal, a 9 de agosto de mil novecientos noventa y cinco. Vistos los escritos y anexos de Jesús Hinojosa Tijerina, Miguel Gómez Guerrero y José Martínez González, en su carácter de presidente Municipal, síndico Segundo y secretario de Gobierno del Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León, respectivamente, de fecha veinte de julio pasado, recibidos en la Subsecretaría de Acuerdos de este alto Tribunal, el día primero de los corrientes; el primero, mediante el cual promueven controversia constitucional, fundamentalmente en contra de la aprobación, promulgación, refrendo y aplicación del artículo 129 de la Constitución Política del referido Estado; y el segundo, por el que promueven suspensión de los actos reclamados. Por lo que hace al primero, se les reconoce la personalidad con que comparecen, en términos de las copias certificadas del periódico Oficial del Estado de Nuevo León, de diecinueve de octubre de mil novecientos noventa y cuatro, y actas números uno y dos de las sesiones ordinarias del Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León, correspondientes al treinta y uno de octubre de mil novecientos noventa y cuatro y veintiséis de junio del presente año, lo anterior con apoyo en lo dispuesto en el primer párrafo, del artículo 11 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i), 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, 10 y 25 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II, del primer precepto constitucional citado, se admite la demanda en vía de controversia constitucional que se promueve contra actos del Congreso del Estado, gobernador Constitucional y secretario de Gobierno del Estado de Nuevo León; en consecuencia, con apoyo en los artículos 1o., último párrafo, y 26 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 298, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, con copia del escrito de demanda y de sus anexos, así como testimonio de este acuerdo, emplácese mediante oficio que se entregue a las autoridades demandadas, a través de despacho que se gire al Juez de Distrito en turno, en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, para que produzcan su contestación dentro del término de treinta días, contados a partir de la legal notificación de este proveído. Por otra parte, con apoyo en lo establecido en la fracción IV, del artículo 10 y 26, primer párrafo, de la Ley Reglamentaria citada, con copia del escrito que se provee y de sus anexos, así como con copia certificada del presente proveído, dése vista mediante oficio que se gire al procurador general de la República, para que en el término de treinta días manifieste lo que a su derecho convenga. Por último, en cuanto al segundo de los escritos de cuenta, por separado fórmese el incidente de suspensión respectivo. Notifíquese; y por medio de oficio a las partes, a la actora y demandada, por conducto del Juez de Distrito citado."

Las partes actora y demandadas quedaron notificadas del anterior acuerdo y emplazadas a juicio, las segundas por oficio, que recibieron el día veintidós de agosto de mil novecientos noventa y cinco, según constancias visibles a fojas 141 a 144 del expediente.

CUARTO. El procurador general de la República, en tiempo, expuso lo siguiente:

"...y desde este momento, me permito indicar la procedencia de las pretensiones de la parte actora, en el sentido de que se declare inconstitucional la aplicación al caso concreto del texto del artículo 129 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, en virtud de que el mismo ha sido superado por el texto del artículo 115 constitucional, a partir de las reformas que sufrió en el año de 1983. En consecuencia, también considero la procedencia de que se declaren inconstitucionales los actos del Congreso del Estado de Nuevo León, encaminados a fijar las remuneraciones de los miembros del Cabildo Municipal de que se trata; específicamente la aprobación del acuerdo de remuneraciones del 6 de junio de 1995, así como la emisión del oficio sin número, de fecha 7 de junio de 1995, firmado por miembros del Congreso del Estado, dirigido a la Presidencia Municipal de Monterrey, Nuevo León. Estos actos han tenido su fundamento y motivo en el texto del artículo 129 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León. Bajo estas premisas, es menester desarrollar las siguientes consideraciones: PRIMERO. A partir de la reforma del año de 1983, el artículo 115, fracciones II, primer párrafo y IV, inciso c), primer y tercer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala: `II. Los Municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley. .... IV. Los Municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso: .... c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo. .... Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los ayuntamientos y revisarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles.'- A la luz de este precepto, las Legislaturas de los Estados están facultadas para aprobar las leyes de ingresos de los Ayuntamientos y revisar sus cuentas públicas; en cuanto a los gastos de cada Ayuntamiento, son estos mismos los que se ocuparán de aprobarlos, con base en sus propios ingresos. En relación a la aprobación del presupuesto de egresos por parte de los Ayuntamientos, es menester señalar que dentro del mismo se comprenden las erogaciones destinadas a atender las necesidades locales y específicas de la circunscripción territorial de que se trata, en las que se incluyen los gastos de obra pública municipal y las remuneraciones de los funcionarios del Cabildo. Los Municipios están investidos de personalidad jurídica propia, y pueden además, manejar su patrimonio conforme a la ley, al tenor de lo establecido por el citado artículo 115, fracción II, de la Carta Magna. Hasta antes de la reforma constitucional, se había considerado que el término `Municipio Libre' era inexacto, pues la libertad del municipio quedaba determinada por sus vínculos de coordinación con el Estado en dos extremos, por un lado, la relativa autonomía del municipio y por otro, su relativa subordinación al Estado. De este modo la autonomía financiera, y con ella la libertad municipal, quedaban a merced de la legislatura y del ejecutivo, que de acuerdo con su conveniencia política podían aumentar o disminuir los recursos municipales. Cabe hacer la aclaración de que por autonomía administrativa se entendía la facultad de todo Municipio para encargarse de expedir reglamentos, administrar los servicios de agua potable, alumbrado público, limpia, mercados, centrales de abasto, panteones, rastro, calles, parques y jardines, seguridad pública y tránsito, así como las demás que las Legislaturas locales determinaren, así como la posibilidad de asociarse con otros Municipios para la prestación de dichos servicios. Los Municipios tenían también la facultad de administrar el desarrollo urbanístico y de protección ecológica, así como disponer respecto a las relaciones laborales entre éstos y sus trabajadores, las cuales se regirían por las leyes que expidieran las Legislaturas de los Estados. También, antes de la aludida reforma constitucional al artículo 115, el doctor Ignacio Burgoa aclaraba que el término Municipio Libre respetaba `...el adjetivo que le adjudicó el proyecto de Don Venustiano Carranza. Ahora bien, esa libertad municipal de ninguna manera debe interpretarse como independencia, sino como denotativa de una autonomía interior en el orden político, administrativo y hacendario de que los municipios disfrutan jurídicamente dentro de los marcos estructurales de la Federación y del Estado miembro a que pertenezcan. En efecto, las constituciones locales, acatando siempre las normas establecidas por la Constitución Federal, pueden señalar las materias sobre las cuales las autoridades municipales ejerzan las funciones públicas de carácter administrativo, reservando a las del Estado miembro las que estimen pertinentes, sin contrariar, claro está, ningún mandamiento de la ley fundamental de la República. Como se ve, la autonomía administrativa del municipio se subordina, en cuanto a extensión, a las facultades que las constituciones de los Estados miembros le asignen en los ramos que obviamente no correspondan a la órbita federal...'- Ya desde las discusiones del Congreso Constituyente de 1917 Heriberto Jara decía que `no se concibe la libertad política cuando la libertad económica no está asegurada...' Por su parte, el diputado Rafael Martínez de Escobar decía: `una intervención directa e inmediata del Estado sobre el Municipio,... sólo significa subordinar los Ayuntamientos al Estado... la base de la libertad administrativa de los Ayuntamientos está en la libertad económica, y la libertad económica está en los términos del dictamen subordinada a la acción de los Estados, por eso me opongo a la fracción II del artículo 115'. El diputado Medina manifestó que no se debía permitir que el Estado o la Federación `tutoreen' al Municipio, porque lo nulifican, el diputado Lizardi señaló que si los Ayuntamientos no tienen libertad económica, si los Ayuntamientos no pueden administrar libremente sus intereses, jamás serán libres. El 31 de enero de 1917, el diputado Heriberto Jara insistió `Queremos que haya una base para que el Estado no tenga sujeto al Municipio, porque en esas condiciones, hay que tenerlo presente, cuando un Estado no quiera darle libertad a sus Municipios, basta que la legislatura les ponga taxativas, basta con que el Ejecutivo inicie determinadas medidas, y que sean aprobadas por el congreso local, para quitar su libertad a sus Municipios. No se puede obtener libertad política, libertad administrativa, ni ninguna clase de libertad a base de aire: se necesita tener esa libertad a base económica'. Las dos grandes omisiones que, a pesar suyo, nuestro constituyente de 1917 dejó, respecto al Municipio, son la autonomía económica y las relaciones de las autoridades del Estado y las del Municipio. No obstante, hoy día el artículo 115 constitucional, es claro al establecer que los Municipios administrarán libremente su hacienda, y parte de ella serán los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo. Además, los presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles. La democracia actual, en sentido integral, dice el jurista Salvador Rocha Díaz, no puede darse sin el pleno respeto al Municipio y el respeto al Municipio se inicia por el acatamiento a las decisiones políticas de los habitantes de cada una de las células del ser nacional, para el respeto del Municipio; es condición dotarlo de los medios económicos necesarios para el cumplimiento de sus responsabilidades. Una de las limitaciones más graves que tenía el artículo 115 constitucional, era la de no haber podido regular la relación económica entre el Estado y los Municipios, pues la vieja fórmula que aprobó el Constituyente, dejó facultades amplísimas a la legislatura del Estado para que fijara al Municipio sus recursos económicos, quedando como buenos deseos las aspiraciones del Constituyente de asegurar la libertad económica del Municipio. En los debates del Senado, para reformar el artículo 115 en diciembre de 1982, se dijo que `...por principio, en esta fracción (fracción IV) se orienta lo que por origen ha correspondido siempre a los municipios, o sea, su facultad de administrar libremente la hacienda municipal, la que en los términos del proyecto se enriquece notablemente al conformarla con contribuciones y participaciones que el propio texto enumera...'-El senador Miguel Borge Martín, en los mismos debates expresó: `Qué bueno también que se les reconozca al municipio, no sólo la personalidad jurídica que ha tenido desde 1917, sino la facultad de manejar su patrimonio conforme a la ley, para evitar interpretaciones incorrectas, incluso de orden judicial, que han dado al traste con la posibilidad de que el municipio ejerza, como ahora se plantea, actos de dominio sobre su patrimonio'. La Senadora Olga Sentíes de Ballesteros agregó: `Las finanzas públicas del Municipio, el Estado y la Federación deben desarrollarse en forma armónica, en recíproco respeto y apoyo dentro de sus propios niveles. Por eso fue tan importante el señalamiento constitucional de la competencia municipal en cuanto a las fuentes de ingreso, sin dejar renglones tributarios al arbitrio de la buena o mala voluntad de las Legislaturas Locales'. El artículo 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, vigente, a la letra dice: `Los Ayuntamientos no podrán acordar remuneración alguna para sus miembros sin la aprobación del Congreso'. A la luz de este texto y de los razonamientos esgrimidos, es procedente afirmar que el acuerdo sobre remuneraciones y la excitativa de que se envíen para su aprobación por el Congreso, las remuneraciones para los miembros del Ayuntamiento, al igual que el propio artículo 129 de la Constitución Política de Nuevo León, por ir en contra de lo dispuesto por el artículo 115 fracción IV, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituyen claras acciones de invasión a la esfera de acción del Municipio de Monterrey, impidiendo el ejercicio de su autonomía financiera y que se le considere como Municipio libre, conforme a los principios contemplados en la Carta Magna Federal. SEGUNDO. El artículo 127 constitucional especifica: El Presidente de la República, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los diputados y senadores del Congreso de la Unión, los representantes a la Asamblea del Distrito Federal y los demás servidores públicos recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que será determinada anual y equitativamente en los Presupuestos de Egresos de la Federación y del Distrito Federal o en los presupuestos de las entidades paraestatales, según corresponda. En una interpretación analógica, las remuneraciones de los munícipes deberán estar determinadas en los presupuestos de egresos de los Municipios, los cuales tienen competencia constitucional para aprobarlos. Por lo anterior, es notorio que con las asignaciones de las remuneraciones a los integrantes de los Cabildos por parte del Congreso de Nuevo León, se violenta la autonomía financiera del Municipio de Monterrey, misma que se refiere a la delimitación de los ingresos propios municipales, dentro de los cuales resaltan por su significación las participaciones federales, y la precisión de que sólo los bienes de dominio público de los tres niveles de gobierno pueden eximirse del pago de contribuciones sobre bienes inmuebles y por servicios públicos, así también como los rendimientos de los bienes que le pertenezcan, y de contribuciones y otros ingresos que las Legislaturas establezcan a su favor. TERCERO. Por su parte, el artículo 16 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Est

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5001-0580c14b/municipios-del-estado-de-nuevo-leon-el-articulo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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