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Modo: Corpus Pro

NOTARIOS PUBLICOS. CARECEN DE INTERES JURIDICO PARA RECLAMAR EN AMPARO LOS ARTICULOS 6o., 53, 54 y 55 DEL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE CORREDURIA PUBLICA.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 516/95. · Registro digital (IUS): 3862
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: CONSEJO DE NOTARIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, A.C. Y OTRO.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Octubre de 1996, , Pág. 16.

AMPARO EN REVISION 516/95. CONSEJO DE NOTARIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, A.C. Y OTRO.

CONSIDERANDO:

CUARTO. Son esencialmente fundados los primeros dos agravios específicos e infundado el tercero de ellos.

Tiene razón la parte recurrente al decir que, no obstante su negativa, debieron tenerse por ciertos, ante su inminencia, los actos que se les atribuyeron al jefe del Departamento del Registro Público de la Propiedad y del Notariado y delegado de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial en el Estado de Chihuahua, consistentes en la ejecución de la ley impugnada y su reglamento, ya que la Juez Primero de Distrito en el Estado únicamente se limitó a tomar en cuenta la negativa expresada por dichas autoridades en su respectivo informe justificado, sin valorar las demás constancias de autos.

La Ley Federal de Correduría Pública, en la parte que interesa, dice:

"ARTICULO 2o. La aplicación de la presente Ley corresponde al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, con la participación que corresponda a las autoridades estatales..."

"ARTICULO 12. La persona habilitada para ejercer como corredor público, previamente al inicio de sus funciones deberá:

"...III. Registrar el sello y su firma ante la Secretaría y el Registro Público de Comercio de la plaza que corresponda..."

El Reglamento de la propia Ley, en lo conducente, expresa:

"ARTICULO 54. Las pólizas y actas expedidas por el corredor en ejercicio de sus funciones ...se deberán admitir para su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, siempre que dichos instrumentos cumplan con los requisitos legales."

Por su parte las "BASES de la convocatoria para el examen de corredor público", publicadas en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de junio de mil novecientos noventa y tres, que se citaron por los quejosos como el primer acto de aplicación de los ordenamientos generales reclamados, en lo que corresponde, señalan:

"LA SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2o., 3o., fracción II, 8o. y 9o., fracción I, de la Ley Federal de Correduría Pública, y 1o., 7o., 8o., 9o., 10, 11 y 12 del Reglamento de la Ley Federal de Correduría Pública, convoca a los licenciados en derecho interesados en presentar `EXAMEN DE ASPIRANTE A CORREDOR PUBLICO...'

"Los interesados deberán presentar la solicitud de examen para adquirir la calidad de aspirante directamente a la Dirección General de Registros Comerciales de la Subsecretaría de Comercio Interior de esta dependencia, ubicada en Alfonso Reyes, número 30-7o. piso, colonia Condesa, código postal 06179, Delegación Cuauhtémoc, México, D. F.

"Las solicitudes también se podrán entregar en la Delegación o Subdelegación Federal u oficina de servicios de esta Secretaría existente en la entidad federativa en que tenga residencia el interesado, o en su caso, a través del colegio de corredores local que les correspondan...

"II. Los exámenes se podrán practicar en forma individual o en grupo y se llevarán a cabo tanto en el Distrito Federal como en el interior de la República, con el apoyo de las Delegaciones de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, en las ciudades que para el efecto determine la Dirección General de Registros Comerciales."

De acuerdo a lo anterior, es claro que al jefe del Departamento del Registro Público de la Propiedad y del Notariado y al delegado de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial en el Estado de Chihuahua, les corresponde legalmente ejecutar la Ley Federal de Correduría Pública y su Reglamento, de ahí que tales actos, a pesar de no estar demostrados de manera concreta, sí pueden tenerse como ciertos, por ser inminentes, pues su certeza deriva de la existencia de otros actos y para su materialización sólo falta cumplir algunas formalidades previstas en los citados ordenamientos legales.

Es aplicable al caso la jurisprudencia 73, publicada en la página 120, Segunda Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que textualmente dice:

"ACTOS FUTUROS. NO LO SON LOS INMINENTES. Son futuros aquellos actos en que sea remota la ejecución de los hechos que se previenen, pues de otro modo se estimarían como no futuros sólo los que ya se han ejecutado. No pueden simplemente considerarse actos futuros aquellos en los que existe la inminencia de la ejecución del acto, desde luego, o mediante determinadas condiciones."

Por otra parte, en respuesta al segundo agravio, debe decirse que tiene razón el autorizado de los quejosos al señalar que una ley autoaplicativa puede ser impugnada a partir de que entra en vigor o con motivo de su primer acto de aplicación, a elección del propio interesado.

Así lo dispone el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo que, en lo conducente, expresa:

"El juicio de amparo es improcedente:

"XII. Contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los términos que se señalan en los artículos 21, 22 y 218.

"No se entenderá consentida tácitamente una ley, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia, en los términos de la fracción VI de este artículo, no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en relación con el quejoso..."

Por tanto, si en el caso los quejosos en su escrito de demanda de amparo manifestaron que "para los efectos del cómputo del término constitucional para la interposición del juicio de amparo en contra de la Ley Federal de Correduría Pública, estamos partiendo de la base de que el primer acto de aplicación es la convocatoria de examen de aspirante a corredor público, expedida por el secretario de Comercio y Fomento Industrial con fecha 18 (sic) de junio de 1993, de la cual nos hacemos sabedores desde esta fecha, pues no se nos ha notificado en forma legal", tomando en cuenta que dicha demanda fue presentada en el domicilio del secretario autorizado para tal efecto, el dieciséis de julio de mil novecientos noventa y tres y que la citada convocatoria fue publicada oficialmente el día veintiocho (no el dieciocho) de junio del mismo año, es evidente que la misma sí fue presentada dentro del término legal, que resulta ser de quince días, como lo establece el artículo 21 de la Ley de Amparo.

En las relacionadas circunstancias, este Tribunal Pleno no comparte el criterio sustentado por el Juez de Distrito, en el sentido de que la convocatoria de que se habla no constituye acto de aplicación de los ordenamientos legales reclamados porque no afecta los intereses jurídicos de los notarios, ya que la afectación a los derechos de los quejosos por el acto de aplicación, es una circunstancia legal independiente para tener por presentada en tiempo, o no, la demanda de amparo. Los quejosos estiman que la citada convocatoria sí lesiona sus intereses jurídicos y por ello, a partir de que tuvieron conocimiento de su existencia, presentaron dentro del término de quince días su demanda de amparo, por lo que tal aserto, aunado al razonamiento anterior, resulta suficiente para tenerla presentada en tiempo, tanto en contra del acto de aplicación como en contra de la Ley impugnada como heteroaplicativa.

Aceptar el criterio del Juez de Distrito traería como consecuencia sobreseer en muchos otros juicios por extemporaneidad de la demanda de amparo cuando el acto de aplicación de una ley no afecta los intereses jurídicos del quejoso, en lugar de sobreseer por la segunda causal en comento, es decir, por falta de interés jurídico. Luego, el hecho de que el acto de aplicación de una ley afecte, o no, los intereses jurídicos de los interesados, no debe ser tomado en cuenta para efectos de determinar si la demanda de amparo se presentó en tiempo.

Es aplicable al caso, la jurisprudencia 1093, que aparece publicada en las páginas 1746 y 1747, Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, cuyo texto a continuación se reproduce:

"LEYES AUTOAPLICATIVAS. AMPARO CONTRA LAS. TERMINO PARA INTERPONERLO. El reclamo de una ley, en amparo, puede hacerse en cualesquiera de estas dos ocasiones: 1) Dentro de los treinta días consiguientes, al en que entre en vigor, si es autoaplicativa; y 2) Contra el primer acto de su ejecución, sea o no autoaplicativa. Estos jurídicos principios en torno del juicio constitucional fueron consignados, en la ley de la materia, a partir del año de 1951, fecha esta en la que fueron reformadas las fracciones V, VI y XII del artículo 73 de aquella Ley, estatuyéndose, como normas legales categóricas, desde entonces, que el amparo contra una ley pueda interponerse dentro de los treinta días siguientes al en que entre en vigor, si por su sola expedición causa perjuicio al quejoso, sin que se necesite de un acto posterior de autoridad, para que se origine, y dentro de los quince días siguientes al primer acto de la aplicación o de ejecución de dicha Ley. La exposición de motivos de las fracciones V, VI y XII del artículo 73 de la Ley en referencia, no deja duda sobre estas dos oportunidades para el ejercicio de la acción constitucional de amparo."

Estimando que la demanda de amparo sí fue presentada en tiempo, hay que analizar, de oficio, si el acto de aplicación de la Ley reclamada afecta los intereses jurídicos de los quejosos, como ellos mismos lo expresan en sus agravios, en términos de lo dispuesto por el artículo 73, último párrafo, de la Ley de Amparo.

La acción de amparo exige como presupuesto o condición esencial para su procedencia, entre otros, la existencia de un perjuicio que afecte la persona o los derechos del impetrante, pues de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 constitucional las personas físicas, morales de derecho privado y oficiales que sufran una afectación en su persona o patrimonio, derivada de una ley o de un acto de autoridad que viole sus garantías individuales o implique una invasión de la soberanía federal en la de los Estados, o bien de la de éstos en la Federación, tienen facultad para intentar la acción reparadora ante los tribunales de la Federación. Además, conforme a lo dispuesto por el artículo 107, fracción I de la Constitución Federal, el juicio de amparo procede siempre a instancia de parte agraviada, debiendo entenderse por perjuicio para los efectos del amparo, la lesión directa en los intereses jurídicos de una persona, o bien una ofensa, un daño, una afectación indebida derivada de una ley o de un acto de autoridad, que se haga a los derechos o intereses de un particular. En esa virtud, la procedencia del juicio de amparo en contra de una disposición de carácter general, desde el momento mismo de su expedición, debe referirse a la existencia de una parte agraviada, es decir, a la existencia de una afectación de los intereses jurídicos de un particular. Una ley específicamente, o una disposición general e impersonal por su propia naturaleza, en sí misma, representa una situación jurídica abstracta pero en el momento de expedirse o de aplicarse por medio de un acto jurídico en ella previsto, puede engendrar una situación jurídica concreta en beneficio o en perjuicio de una o varias personas en relación con la formación, modificación o extinción de una relación de derecho, por tanto, cuando una ley por su sola expedición o a consecuencia de un acto de aplicación produce un acto jurídico que afecta a uno o varios individuos, en su persona o patrimonio, creando, modificando o extinguiendo en su perjuicio una situación jurídica concreta, el juicio de amparo es procedente, y en contrario sentido, cuando por su sola expedición o ante la falta de un acto de aplicación no afecta la esfera jurídica del particular, el juicio de amparo es improcedente.

Sobre el particular esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado la tesis número XXI/91, visible en la página 51, Tomo VII, febrero de 1991 de la Octava Epoca del Semanario Judicial de la Federación, que dice:

"LEYES, AMPARO CONTRA. EL INTERES JURIDICO PARA INTERPONERLO NO SE ACREDITA CON AFIRMAR QUE SE ESTARA BAJO SUS SUPUESTOS. La demostración de la afectación jurídica por un ordenamiento requiere que el quejoso acredite estar colocado, desde su entrada en vigor, bajo los supuestos que dicha norma contempla (cuando se reclama como autoaplicativa); luego entonces, no es suficiente el dicho del quejoso de que se colocará bajo su hipótesis, y por tanto se le aplicará, puesto que aunque ello aconteciera sería hasta que ocurriese lo uno o lo otro, y no antes, que esa ley afectará su esfera jurídica."

Asimismo, cobran aplicación las tesis de jurisprudencia número 2 y 98 visibles en las páginas 1 y 184, Primera Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación correspondiente a los años de 1917 a 1988, que dicen:

"AGRAVIO. PARA JUSTIFICAR LA ACCION DE AMPARO DEBE SER ACTUAL. De los artículos 73, fracción V, y 4o. de la Ley de Amparo, se desprende que el agravio a su interés jurídico para ejercitar la acción constitucional, debe ser actual, por referirse a una situación que está causando perjuicio a la peticionaria, o que, por estar pronta a suceder, seguramente se le causará."

"INTERES JURIDICO, NECESIDAD DE ACREDITARLO EN EL AMPARO CONTRA LEYES. A pesar de que el juicio de amparo pudiera llamársele el verdadero juicio popular esto no significa que la acción de amparo para reclamar la inconstitucionalidad de leyes o de actos, sea popular, toda vez que su ejercicio se encuentra limitado, en términos de lo dispuesto por la fracción I del artículo 107 constitucional y por el artículo 4o. de la Ley de Amparo, a instancia de parte agraviada, lo que significa que uno de los presupuestos indispensables para la procedencia de la acción sea la comprobación del interés jurídico del quejoso, el cual no puede tenerse por acreditado por el solo hecho de promoverse el juicio de garantías, en atención a que tal proceder sólo implica la pretensión de excitar al órgano jurisdiccional, lo que es distinto a demostrar que la ley o el acto de la autoridad que se impugnan le obligan, lesionando sus derechos; así que no demostrándose que el quejoso se encuentre dentro de los presupuestos procesales que regulan las leyes cuya constitucionalidad impugne no se satisface ese requisito procesal consistente en acreditar el interés jurídico."

Como se advierte de la transcripción que, en lo conducente, se ha hecho con anterioridad de las "BASES de la convocatoria para examen de aspirante a corredor público", en ella, el secretario de Comercio y Fomento Industrial "con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2o., 3o., fracción II, 8o. y 9o., fracción I de la Ley Federal de Correduría Pública y 1o., 7o., 8o., 9o., 10, 11 y 12 del Reglamento de la Ley Federal de Correduría Pública, convoca a los licenciados en derecho interesados en presentar EXAMEN DE ASPIRANTE A CORREDOR PUBLICO", y señala las reglas a las que se sujetará dicho examen, así como el procedimiento a seguir para tal efecto.

Es precisamente esta convocatoria la que el Consejo de Notarios del Estado de Chihuahua, A. C., a través de su presidente y secretario, y el licenciado Florentino Avila Quevedo, en su calidad de notario número uno del Distrito Judicial Galeana, Estado de Chihuahua, consideran afecta a sus intereses jurídicos, expresando como argumentos de su parte en la demanda de amparo los siguientes:

"INTERES JURIDICO DE LOS PROMOVENTES.

"Tanto el Consejo de Notarios del Estado de Chihuahua, A. C., como representante de los intereses comunes de los notarios de esta entidad federativa, como el notario público que en forma personal promueve la presente demanda de garantías, tenemos incuestionable interés jurídico en impugnar la Ley Federal de Correduría Pública y su Reglamento que hemos señalado como actos reclamados, en función de que tanto en el orden constitucional, concretamente el artículo 121 de la Ley Fundamental, como en el de la Ley del Notariado del Estado de Chihuahua, los notarios públicos actuamos en un marco jurídico que no puede ser invadido por disposiciones legislativas de orden federal, bajo el riesgo de desconocer la existencia de una esfera jurídica de orden federal y otra de orden local. La Ley Federal de Correduría Pública y su Reglamento, como más adelante se precisará, violan el pacto federal, además de que el reglamento con notorio exceso de la ley que reglamenta, otorga atribuciones a los corredores públicos que son propias de los notarios, lo que se traduce en la creación de una situación de incertidumbre sobre la regulación legal bajo la cual se norman las funciones de los corredores públicos, que por su condición de figuras previstas por la legislación mercantil, típicamente federal, respecto de las que norman la actuación de los notarios públicos sujetos a las leyes locales."

De lo anterior se advierte que los argumentos que expresan los promoventes del amparo constituyen mas bien razones de fondo, que, de ser correctas, propiciarían la inconstitucionalidad de los ordenamientos generales que reclamaron.

En su escrito de expresión de agravios, los recurrentes señalan que con la mencionada convocatoria "se pone a funcionar el mecanismo de la ley de crear un fedatario público con patente del Gobierno Federal para ejercer en los Estados, violando las garantías de los quejosos en los términos apuntados en la demanda de amparo y aunque la convocatoria no va dirigida a ellos es evidente el perjuicio que les arroja."

En primer lugar, debe estimarse que la convocatoria para presentar examen de aspirante a corredor público no implica que los sustentantes serán corredores públicos; ningún agravio actual se produce con su expedición a los quejosos.

Ahora bien, el hecho de que a la postre se aumente el número de corredores públicos en el Estado de Chihuahua o se establezca a este tipo de fedatarios en el mismo Estado, no significa un desconocimiento o menoscabo a los derechos del Consejo de Notarios del Estado de Chihuahua, A. C., no obstante que conforme a su escritura constitutiva tenga por objeto, entre otros, el de "representar los derechos de carácter general de los notarios del Estado, otorgándoles apoyo moral y económico", pues aun así de ninguna manera se ven lesionados sus intereses jurídicos con la convocatoria reclamada, porque su personalidad es diferente de la de los notarios que integran dicha asociación; tanto es así que, por ejemplo, quienes ejercen la función de notario público son las personas físicas que pertenecen a ella y no la asociación en sí.

La acción constitucional de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, en términos del artículo 4o. de la ley de la materia; y si bien es cierto que la asociación civil quejosa considera ser la representante de los derechos de los notarios del Estado de Chihuahua, tal representación no puede extenderse ni entenderse que existe hasta el extremo de promover el juicio de amparo, porque, en primer lugar, la demanda de amparo no se promovió a nombre de determinadas personas físicas, representadas por la asociación y, en segundo lugar, no se exhibió para acreditar tal representación un testimonio notarial en el que conste que un número determinado de notarios, identificados por su nombre, hubiera otorgado poder para pleitos y cobranzas en favor de la persona moral quejosa, conforme a lo establecido por los numerales 2554 y 2555 del Código Civil para el Distrito Federal, en Materia Común, y para toda la República en Materia Federal, o sus correlativos del Código Civil para el Estado de Chihuahua.

A mayor abundamiento, se desconoce quiénes constituyeron a la citada asociación, porque no aparecen relacionados los nombres de los asociados originales, y se desconoce quiénes actualmente son miembros de la misma, aunque se presuma que todos los notarios del Estado de Chihuahua pertenezcan a ella, porque conforme al artículo tercero de sus estatutos "Serán miembros de esta asociación, quienes en virtud de la patente respectiva expedida por el Ejecutivo del Estado, ejerzan en el mismo, la función notarial. Se les considerará miembros de la agrupación sin necesidad de que formulen solicitud de admisión, desde que la patente sea publicada en el Periódico Oficial del Estado...", ya que aun así, podría haber notarios en funciones en el Estado de Chihuahua que no pertenecieran a la citada asociación civil.

Luego, no obstante que se hayan presentado anexas a la demanda de garantías dos relaciones de los notarios en funciones en el Estado de Chihuahua, expedidas por el jefe del Departamento del Registro Público de la Propiedad y del Notariado de la misma entidad, en el juicio de amparo no puede tenérseles por representados por parte de la Asociación de Notarios del Estado de Chihuahua, A. C.

Por tanto, el acto de aplicación reclamado, consistente en las Bases de la convocatoria para examen de aspirante a corredor público, no afecta la esfera jurídica del Consejo de Notarios del Estado de Chihuahua, A. C., como persona moral, independientemente de que lesione o no los derechos de sus asociados; motivo por el cual, se impone sobreseer en su contra, en términos de lo dispuesto por los artículos 73, fracción V, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo.

Por lo que respecta al notario número uno del Distrito Judicial de Galeana, Estado de Chihuahua, Florentino Avila Quevedo, quien acreditó tal carácter en el juicio de amparo exhibiendo copia fotostática certificada de su nombramiento, debidamente requisitado, debe decirse que, no obstante tal circunstancia, la convocatoria de mérito tampoco afecta sus intereses jurídicos, porque no desincorpora de su patrimonio un derecho de que hubiera sido privado ilegalmente ni le impide seguir ejerciendo su función de fedatario público, solamente influye en la esfera jurídica de quienes pretenden ser corredores públicos, influencia que incluso se da de manera favorable; luego, al tratarse de una mera convocatoria dirigida a quienes deseen presentar el examen para ser corredores públicos, en nada se afectan los derechos del notario de que se habla.

Al ser improcedente el juicio de amparo en contra del citado acto de aplicación igual consideración debe hacerse en contra de la Ley Federal de Correduría Pública, en términos del artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 192, ambos de la Ley de Amparo, y la jurisprudencia que a continuación se cita, pues dicha Ley no se reclamó como autoaplicativa, sino a consecuencia de su primer acto de aplicación, consistente en las Bases de la convocatoria para examen de aspirante a corredor público, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de junio de mil novecientos noventa y tres, las que, por las razones antes invocadas, no afectan los intereses jurídicos de los quejosos.

La jurisprudencia en comento, es la 131, visible en la página 235, Primera Parte, del Apéndice en consulta que dice:

"LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACION. Cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, acto este que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. La estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera: a) que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento; b) que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y c) que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también el acto de su aplicación."

Por otra parte, es infundado también el tercero de los agravios que aducen los recurrentes, porque no es exacto que el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito, en relación con el Reglamento de la Ley Federal de Correduría Pública transgreda en su perjuicio el contenido de los artículos 73, fracción V, y 78 de la Ley de Amparo, toda vez que, contrariamente a lo argumentado por los quejosos, es correcta la conclusión a que arribó el Juez Federal en el sentido de que el citado reglamento no afecta el interés jurídico de los mismos, pues por su sola entrada en vigor no produce por sí solo una afectación en la persona o en los derechos de dichos recurrentes, ni limita o desconoce las funciones que les son propias como asociación de notarios ni como notario público, respectivamente,conforme a la ley respectiva que los rige.

Debe precisarse si el Reglamento en comento, es o no autoaplicativo para los quejosos, como ellos lo manifiestan, porque de serlo, indudablemente que afecta sus intereses jurídicos.

El Tribunal Pleno ha sostenido en reiteradas ocasiones que el elemento primordial que caracteriza a una ley autoaplicativa lo es que sus disposiciones resulten obligatorias desde el momento mismo de su vigencia obliguen al particular cuya situación jurídica prevén, a hacer o dejar de hacer, sin que sea necesario acto posterior de autoridad para que genere su obligatoriedad; de tal modo que para que una ley sea autoaplicativa basta el imperativo de la norma para que el particular no pueda dejar de cumplirla, actuando, no actuando o tolerando, y por lo mismo la actividad de los órganos del estado es meramente pasiva ante la realización del mandato de observancia general; pudiendo combatirse desde este momento a través del juicio constitucional, si no se quiere sufrir su aplicación.

Las invocadas tesis de jurisprudencia dicen:

"LEY AUTOAPLICATIVA. Para considerar una ley como autoaplicativa deben reunirse las siguientes condiciones: a) que desde que las disposiciones de la ley entren en vigor, obliguen al particular, cuya situación jurídica prevé, a hacer o dejar de hacer, y b) que no sea necesario un acto posterior de autoridad para que se genere dicha obligatoriedad."

Tesis publicada con el número 106, de la página 199, de la Primera Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988.

"LEYES AUTOAPLICATIVAS, AMPARO CONTRA. El elemento primordial que caracteriza a una ley autoaplicativa lo es el de que sus disposiciones resultan obligatorias desde el momento mismo en que entran en vigor, o sea, que desde ese preciso instante obligan al particular cuya situación jurídica prevén, a hacer o dejar de hacer, sin que sea necesario acto posterior de autoridad para que se genere dicha obligatoriedad y, por lo tanto, es evidente que cuando no se da dicho elemento esencial no se está en presencia de una ley de esa naturaleza, sino que en ese caso debe concluirse que se trata de una ley heteroaplicativa, que, por lo mismo, únicamente puede reclamarse al través del juicio de amparo hasta que se realice el acto de autoridad que vincula al particular al cumplimiento de la norma.

"La Ley de Amparo distingue, en su artículo 73, fracción V, entre las leyes que por su sola expedición entrañan violación de garantías y aquellas que para realizar las violaciones requieren, además de la expedición, un acto posterior de autoridad; por tanto, esta distinción no se basa en que al momento de expedirse la norma existen individuos colocados en su hipótesis, sino en la manera como se ejecuta el mandamiento; si para realizar éste debe intervenir la autoridad, la ley no es autoaplicativa ni se la puede combatir en amparo por su sola expedición; si, en cambio, basta el imperativo de la norma para que el particular no pueda dejar de cumplirla, y, por lo mismo, la actividad de los órganos del Estado es meramente pasiva ante la realización del mandato de observancia general, se está frente a disposiciones que por su sola expedición pueden atacarse en el juicio constitucional de garantías, si se les estima anticonstitucionales y se pretende no sufrir su aplicación.

"Para que proceda la acción de garantías, es necesario que, desde la iniciación de la vigencia de la ley combatida, el particular se encuentre en la situación prevista por la norma y que no se exija, para que esté obligado a hacerlo o dejar de hacer, ningún acto ulterior de autoridad. "Para determinar si una ley es o no autoaplicativa; no hay que atender solamente a si el particular está o no en posibilidad de realizar determinados actos, sino a los términos concretos del mandato legal, pues basta con que no se ordene a los particulares de que se trate un hacer o un no hacer, y que no se supedite su ejecución a la conducta que deba llevar a cabo una autoridad para que tenga aquel carácter."

Tesis visible en las páginas 965 y 966 de la Primera Parte, Pleno, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988.

Los criterios anteriores resultan aplicables no obstante que lo que se esté analizando sea un reglamento federal y no una ley, como se precisa en la tesis relacionada en último lugar de la jurisprudencia número 1590, visible en la página 2569 de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación correspondiente a los años de 1917-1988, que dice:

"REGLAMENTOS. SON DE IDENTICA NATURALEZA QUE LAS LEYES Y PARA SU IMPUGNACION EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL SON APLICABLES LAS MISMAS REGLAS. Las disposiciones del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción I del artículo 22 del mismo ordenamiento, no sólo son aplicables tratándose de leyes, sino que también tienen aplicación respecto de reglamentos, en virtud de que las leyes y los reglamentos son substancial e intrínsecamente de la misma naturaleza, pues son idénticos en cuanto su generalidad y abstracción. Solamente se dis

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/3862-f255e51e/notarios-publicos-carecen-de-interes-juridico-para-reclamar · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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