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SEGURO SOCIAL. EL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEL REGLAMENTO PARA EL PAGO DE CUOTAS, VIGENTE A PARTIR DEL PRIMERO DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE, NO INFRINGE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 89, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, AL ESTABLECER QUE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN SÓLO TIENEN ALGUNOS PRIVILEGIOS EN EL PAGO DE CUOTAS POR SUS SOCIOS, PERO NO POR LOS TRABAJADORES QUE CONTRATAN. SEGURO SOCIAL. EL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEL REGLAMENTO PARA EL PAGO DE CUOTAS, VIGENTE A PARTIR DEL PRIMERO DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE, NO CONTRAVIENE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 89, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, AL ESTABLECER QUE LAS CUOTAS A CARGO DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN SEGUIRÁN PRIVILEGIADAS PARA ALGUNOS SEGUROS, POR LOS SOCIOS INSCRITOS EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, ANTES DEL INICIO DE LA VIGENCIA DE LA NUEVA LEY, PERO NO EN RELACIÓN CON LOS NUEVOS SOCIOS. SEGURO SOCIAL. EL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEL REGLAMENTO PARA EL PAGO DE CUOTAS, VIGENTE A PARTIR DEL PRIMERO DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE, NO INFRINGE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA CONSAGRADO EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 31 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA. SEGURO SOCIAL. EL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEL REGLAMENTO PARA EL PAGO DE CUOTAS, VIGENTE A PARTIR DEL PRIMERO DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE, QUE SE REFIERE A SOCIEDADES COOPERATIVAS, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD PREVISTO EN EL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA. SEGURO SOCIAL. LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEL REGLAMENTO PARA EL PAGO DE CUOTAS, VIGENTE A PARTIR DEL PRIMERO DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE, NO SON VIOLATORIAS DEL ARTÍCULO 89, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, AL DISTINGUIR LOS RAMOS DE SEGURO EN QUE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN DEBEN PAGAR EL CINCUENTA POR CIENTO DE LAS CUOTAS, DE AQUELLOS EN QUE LAS DEBEN CUBRIR TOTALMENTE.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 311/98. · Registro digital (IUS): 4879
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PRESTADORES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE CHIHUAHUA, S.C.L. DE R.L.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Mayo de 1998, , Pág. 484.

AMPARO EN REVISIÓN 311/98. PRESTADORES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE CHIHUAHUA, S.C.L. DE R.L.

CONSIDERANDO:

CUARTO. El recurso de revisión interpuesto por el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, es improcedente.

Para así estimarlo, conviene precisar que la quejosa en su escrito inicial de demanda, señaló:

"Del Instituto Mexicano del Seguro Social, los efectos originados de la aplicación, ejecución y vigencia del Reglamento para el Pago de Cuotas del Seguro Social que se impugna mediante el presente juicio."

En efecto, de las constancias de autos no se desprenden que alguna autoridad haya ordenado el cobro a la quejosa de las cuotas obrero- patronales respectivas.

En este orden de ideas, si de la autoridad recurrente sólo se reclamó el cumplimiento y ejecución de la disposición tildada de inconstitucional, resulta incuestionable que la inconforme tiene el carácter de autoridad ejecutora y por lo mismo, no se encuentra legitimada para interponer recurso de revisión en contra del fallo impugnado. Sirven de apoyo a lo anterior las jurisprudencias 106 y 476, visibles en las páginas 68 y 316, del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, que respectivamente dicen:

"AUTORIDADES EJECUTORAS, REVISIÓN INTERPUESTA POR LAS. Si se interpone únicamente por la autoridad ejecutora, respecto del acto que se reclama de la autoridad que lo ordenó, debe desestimarse, cualesquiera que sean los agravios que invoque, puesto que la única parte que podría expresar agravios sería la autoridad de quien emanó el acto."

"REVISIÓN INTERPUESTA POR LAS AUTORIDADES EJECUTORAS. Si sólo se interpone por las autoridades ejecutoras, y no por las que ordenaron el acto, el recurso de revisión carece de fuerza, ya que si las segundas consintieron la sentencia, por no haberla recurrido, respecto de ellas, necesariamente, debe quedar ejecutoriada, y, desde ese momento, ya no hay nada que ejecutar y falta materia para la revisión."

También es aplicable la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 214, Tomo I, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que dice:

"LEYES, REVISIÓN IMPROCEDENTE EN AMPARO CONTRA. En virtud de lo establecido en el artículo 87 de la Ley de Amparo, resulta improcedente y debe desecharse el recurso de revisión interpuesto por una autoridad, que aun cuando tiene el carácter de responsable, no intervino en la formación de la ley, ni representa ninguno de los órganos del Estado a los que se encomienda la promulgación, por no estar comprendida dentro de lo preceptuado en el segundo párrafo del artículo 19 de la Ley de Amparo, máxime si se trata de una autoridad ejecutora de la ley impugnada y en los agravios defiende la constitucionalidad de la misma, pero no argumenta para demostrar que los actos de aplicación que se le reclaman deben estimarse en sí mismos constitucionales."

No es óbice para lo anterior el hecho de que el presidente de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por auto de tres de febrero de mil novecientos noventa y ocho, haya admitido el recurso de revisión adhesiva de que se trata, en virtud de que dicho proveído no causa estado. En apoyo de lo anterior debe invocarse la jurisprudencia 469, visible en la página 312, del Tomo VI, del Apéndice invocado, que dice:

"REVISIÓN. EL AUTO ADMISORIO DEL RECURSO NO CAUSA ESTADO. El auto admisorio de un recurso de revisión sólo corresponde a un examen preliminar del asunto, pues el estudio definitivo de la procedencia del mismo compete realizarlo a la Sala y, por ello, no causa estado. Por consiguiente, si con posterioridad, se advierte que el recurso de revisión interpuesto es improcedente, el mismo debe desecharse."

Las consideraciones que preceden conducen a desechar por improcedente el recurso de revisión interpuesto por el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social.

QUINTO. Queda intocado el primer punto resolutivo de la sentencia que se revisa, regido por el considerando primero de la misma, por falta de impugnación, en el que se decretó el sobreseimiento por la Juez Federal respecto de los actos que se reclamaron del Instituto Mexicano del Seguro Social, consistentes en la aplicación del Reglamento para el Pago de Cuotas del Seguro Social, vigente a partir del primero de julio de mil novecientos noventa y siete.

SEXTO. De la lectura de la demanda de garantías se advierte que la parte quejosa reclamó del presidente de la República y otras autoridades, la expedición del Reglamento para el Pago de Cuotas del Seguro Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día treinta de junio de mil novecientos noventa y siete, concretamente por cuanto se refiere a su artículo quinto transitorio, con motivo de su sola entrada en vigor.

Así mismo se advierte que al dictar la sentencia recurrida, la Juez de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, consideró:

1. Sobreseyó en el juicio de garantías con fundamento en el artículo 74, fracción IV de la Ley de Amparo, respecto de los actos que se atribuyeron al Instituto Mexicano del Seguro Social, consistentes en la aplicación del reglamento impugnado.

2. Concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, por considerar en lo fundamental que el artículo quinto transitorio del Reglamento para el Pago de Cuotas del Seguro Social excede la facultad reglamentaria del presidente de la República y el principio de división de poderes que consagra el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al establecer nuevas cargas para las sociedades cooperativas, en relación a las cuotas obrero-patronales, en lo referente a los seguros de riesgos de trabajo, guarderías y prestaciones sociales, así como en el ramo de retiro; situación que no se encuentra contemplada en la Ley del Seguro Social y que excede lo dispuesto en el artículo vigésimo tercero transitorio de dicho ordenamiento legal, vigente a partir del primero de julio de mil novecientos noventa y siete.

El subsecretario "A" de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en ausencia del titular del ramo, y éste en representación del presidente de la República, aduce en síntesis, como primer agravio, el siguiente:

1. Que el Juez Federal dejó de analizar la causa de improcedencia que planteó al rendir su respectivo informe con justificación, derivada de lo dispuesto en el artículo 73, fracciones V y VI de la Ley de Amparo, en relación con la diversa prevista en la fracción III del artículo 74 del propio ordenamiento legal, la cual fundamenta en lo siguiente:

a) Que la parte quejosa no demostró la aplicación en su perjuicio de los preceptos legales reclamados y que éstos tienen el carácter de heteroaplicativos;

b) Que no es óbice para la anterior conclusión el que la parte quejosa haya efectuado el pago de las cuotas correspondientes al segundo bimestre de mil novecientos noventa y siete porque en esa fecha la nueva Ley del Seguro Social se encontraba en periodo de vacatio legis; y,

c) Que la parte quejosa no se encuentra incidida en su carácter de patrón, por las hipótesis legales del reglamento impugnado, ya que no ha inscrito a nuevos trabajadores o socios dentro del régimen correspondiente, lo que evidencia que el reglamento reclamado no le causa agravio personal y directo.

El razonamiento vertido por la autoridad recurrente es infundado, atendiendo a lo siguiente:

Los artículos 21, 22, 73, fracciones VI y XII y 114, fracción I de la Ley de Amparo, establecen las bases para regular la procedencia del juicio de garantías contra leyes, y para distinguir, de acuerdo con los términos en que se encuentra establecida la norma impugnada, su naturaleza autoaplicativa o heteroaplicativa, debe atenderse para tal efecto al momento en que la disposición cuestionada ocasiona al gobernado un perjuicio cierto y directo en su esfera jurídica, lo que igualmente conlleva a determinar cuándo y de qué término dispone el agraviado para ejercitar la acción constitucional.

Los citados preceptos disponen lo siguiente:

"Artículo 21. El término de la interposición de la demanda de amparo será de quince días. Dicho término se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos."

"Artículo 22. Se exceptúan de lo dispuesto en el artículo anterior: I. Los casos en que a partir de la vigencia de una ley, ésta sea reclamable en la vía de amparo, pues entonces el término para la interposición de la demanda será de treinta días ..."

"Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente:

"I. ...

"VI. Contra leyes, tratados y reglamentos que, por su sola vigencia, no causen perjuicio al quejoso, sino que se necesite un acto posterior de aplicación para que se origine tal perjuicio; ...

" ...

"XII. Contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los términos que se señalan en los artículos 21, 22 y 218.

"No se entenderá consentida tácitamente una ley, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia, en los términos de la fracción VI de este artículo, no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en relación con el quejoso.

"Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la ley en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la ley si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir de la fecha en que se haya notificado la resolución recaída al recurso o medio de defensa, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad.

"Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el artículo 166, fracción IV, párrafo segundo, de este ordenamiento."

"Artículo 114. El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito:

"I. Contra leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el presidente de la República de acuerdo con la fracción I del artículo 89 constitucional, reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los Estados, u otros reglamentos, decretos o acuerdos de observancia general, que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de aplicación, causen perjuicio al quejoso ..."

De los preceptos transcritos se desprende que las normas de carácter general pueden ser impugnadas mediante el juicio de amparo en distintos momentos, atendiendo a la naturaleza de la propia norma; es decir, si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio (autoaplicativas) o bien, si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la norma en cuestión (heteroaplicativas).

En el primer caso, basta con que el particular se encuentre ubicado en los supuestos que se establecen en un determinado ordenamiento legal que afecte su interés jurídico, para que esté en aptitud de ejercitar la acción de amparo dentro del plazo de treinta días a partir de la entrada en vigor de la disposición de que se trate, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley de Amparo.

En el segundo caso, se requiere de un acto de aplicación para que se produzca la actualización de la hipótesis normativa y, entonces, el término con que cuenta el agraviado para promover el juicio de amparo es de quince días, según las reglas establecidas en el artículo 21 de la ley citada.

Lo expresado pone de relieve que para la impugnación de las normas generales mediante el juicio de amparo, se requiere acreditar que esas normas afectan la esfera jurídica de quien solicita la protección federal, ya sea porque con su entrada en vigor tal afectación se genere de inmediato, o bien, porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación, el cual puede provenir, generalmente, por la actuación de una autoridad, pero también de los propios particulares, si mediante estas conductas se vincula de modo necesario al solicitante del amparo con lo dispuesto en los preceptos impugnados, por actualizarse sus supuestos.

En relación con la distinción entre leyes autoaplicativas y heteroaplicativas, el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado la tesis número P./J. 55/97, publicada en la página 5, Tomo VI, julio de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:

"LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que para distinguir las leyes autoaplicativas y heteroaplicativas, conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, generan perjuicio al gobernado desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso, comprende el acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio, de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento."

Ahora bien, del análisis que se realiza se llega a la conclusión de que el agravio hecho valer por la autoridad recurrente, como ya se indicó, resulta infundado, en virtud de que contrariamente a lo que señala, el artículo quinto transitorio del Reglamento para el Pago de Cuotas del Seguro Social, sí irroga perjuicio a la parte quejosa, con motivo de su sola entrada en vigor.

Ciertamente, el artículo 1o. del Reglamento para el Pago de Cuotas del Seguro Social, establece que dicho ordenamiento normativo tiene como finalidad establecer los lineamientos conforme a los cuales debe efectuarse una obligación de hacer a cargo de los patrones, consistente en la determinación y pago de las cuotas del seguro social.

En concordancia con tal objetivo, los artículos 5o. a 22 del propio reglamento, establecen, en lo esencial, que las cuotas de referencia se generan por mensualidades vencidas y que el patrón está obligado a determinar sus importes cada vez que se causen las mismas; y, por otro lado, los artículos 27 a 32, regulan lo relativo al pago que debe realizarse, señalando que éste debe efectuarse dentro del plazo que prevé el diverso artículo 33 del propio ordenamiento, que señala que la obligación del patrón de pagar las cuotas obrero-patronales se cumplirá por mensualidad vencida, efectuando el entero de los importes señalados en la cédula de determinación, a más tardar el día diecisiete del mes siguiente, debiendo recabarse el comprobante de pago correspondiente.

Por su parte, el artículo quinto transitorio del reglamento que se combate, dispone:

"Quinto. Las sociedades cooperativas de producción que se encuentren en los supuestos del artículo vigésimo tercero transitorio de la ley, cubrirán las cuotas relativas a los socios de las mismas inscritos ante el instituto antes del inicio de la vigencia de dicho ordenamiento, conforme a lo siguiente:

"I. En los seguros de enfermedades y maternidad, invalidez y vida, así como en el ramo de cesantía en edad avanzada y vejez, de las cuotas totales establecidas en la ley, la sociedad pagará el 50% y el Gobierno Federal el 50% restante.

"II. En los seguros de riesgos de trabajo, guarderías y prestaciones sociales, así como en el ramo de retiro, la sociedad cubrirá la totalidad de las cuotas.

"Por lo que se refiere a los trabajadores asalariados de las sociedades mencionadas, así como a socios inscritos a partir del inicio de vigencia de la ley, las cuotas correspondientes se cubrirán en los términos de la misma."

El artículo vigésimo tercero transitorio de la Ley del Seguro Social, vigente a partir del primero de julio de mil novecientos noventa y siete, al que remite el precepto reglamentario reclamado, señala:

"Vigésimo tercero. Las sociedades cooperativas de producción que se encuentren inscritas en los términos de la Ley del Seguro Social que se deroga, continuarán cubriendo el cincuenta por ciento de las primas totales y el Gobierno Federal contribuirá con el otro cincuenta por ciento."

Del contenido de los preceptos supracitados deriva:

1. Que en términos del artículo quinto transitorio reclamado, las sociedades cooperativas de producción que se encuentren inscritas en los términos de la Ley del Seguro Social derogada, se encuentran obligadas a cubrir las cuotas relativas a sus socios, inscritos antes de la vigencia de la ley, observando lo siguiente:

"Tratándose de seguros de enfermedad, maternidad, invalidez y vida; cesantía en edad avanzada y vejez, el 50% de las cuotas totales y el 50% restante será a cargo del Gobierno Federal.

"Tratándose de los seguros de riesgo de trabajo, guarderías, prestaciones sociales y retiro, la totalidad de las cuotas será a cargo de la sociedad."

2. Para los trabajadores asalariados y socios de las sociedades cooperativas mencionadas, inscritos a partir de la vigencia de la ley, las cuotas se cubrirán en los términos que indique ésta.

Así mismo, deriva que, interpretando en forma conjunta los diversos preceptos supracitados del reglamento impugnado, en el caso se está en presencia de una norma de naturaleza autoaplicativa, toda vez que a través de ella se impone una obligación de hacer a cargo de los patrones, consistente en cubrir las cuotas de que se trata al seguro social, en los términos que señala el propio artículo quinto impugnado, sin que sea necesaria la actualización de un supuesto posterior para individualizar su efecto.

En tales condiciones, es inconcuso que la parte quejosa, para acreditar su interés jurídico, debió demostrar por una parte, que se encuentra constituida como sociedad cooperativa, en razón de que el precepto reclamado se dirige específicamente a este tipo de sociedades y, por otra, que cuenta con trabajadores asalariados; extremos que quedaron evidenciados a través de las documentales que ofreció en el juicio principal, a saber:

1. Copia certificada del contrato de sociedad cooperativa, con régimen de responsabilidad limitada, celebrado ante la presencia del corredor público número treinta y siete de la plaza del Distrito Federal, a los diecisiete días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y seis;

2. Tarjeta de identificación patronal con número de registro Y54 24557 10, expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social el día treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y seis;

3. Aviso de inscripción patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, el día veintisiete de diciembre de mil novecientos noventa y seis; y,

4. Cédula de autodeterminación de cuotas obrero-patronales, correspondiente al segundo bimestre de mil novecientos noventa y siete, presentada en la Subdelegación Polanco del Instituto Mexicano del Seguro Social el día treinta de mayo de mil novecientos noventa y siete.

Los anteriores documentos son eficaces para acreditar que en el caso la parte quejosa acreditó encontrarse bajo los supuestos normativos que regula el artículo quinto transitorio del Reglamento para el Pago de Cuotas del Seguro Social y, por ende, que se encuentra obligada a cubrir éstas en los términos que indica el propio precepto, lo que pone en evidencia lo infundado del agravio que se hace valer.

Apoya la anterior consideración, la tesis de la Cuarta Sala, visible en la página 1864, Tomo CXXII, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice:

"SEGURO SOCIAL, EL REGLAMENTO SOBRE PAGO DE CUOTAS Y CONTRIBUCIONES DEL, CONTIENE PRECEPTOS DE INMEDIATA APLICACIÓN. Este reglamento es inmediatamente obligatorio para todos los patrones sujetos al régimen de seguridad social, ya que sus preceptos les imponen tareas inmediatas en materia de descuentos, pago de cuotas, información y relación a los trabajos, salarios, aportaciones, pagos en relación con las prestaciones contenidas en los contratos, todas ellas de inmediato cumplimiento para los patrones, sin requerir impulso alguno del Instituto del Seguro Social, es decir, un acto posterior de ejecución. El reglamento no contiene disposiciones de carácter genérico, aplicables sólo a aquellos que posteriormente lleguen a encontrarse en los casos previstos en él; por el contrario, se refiere claramente a los patrones captados por el régimen de seguridad social. El propio reglamento impone obligaciones a los patrones afiliados al seguro y afecta sus intereses con el fin de que se cumplimenten en forma debida las disposiciones de la Ley del Seguro Social; por tal motivo, no era necesario esperar a la materialización de las disposiciones de esta norma, es decir, a que la caja regional respectiva o el instituto notificase a la quejosa que se había realizado la valuación actuarial de su contrato colectivo, así como los términos en que debía verificar la cotización obrero-patronal, con base en dicho estudio; pues si el solo texto de la ley fijaba obligaciones que podían ser estimadas como perjudiciales a los intereses de la quejosa, es claro que debió promover de inmediato el juicio de garantías, en los términos del artículo 22 de la Ley de Amparo (antes de la reforma del artículo 73, fracción XII, párrafo segundo)."

No es óbice para la conclusión hasta aquí sustentada el hecho de que la empresa quejosa no haya acreditado tener trabajadores asalariados inscritos a partir del primero de julio de mil novecientos noventa y siete, es decir, a partir de la fecha de inicio de vigencia del reglamento reclamado, toda vez que, como ya se señaló, la parte quejosa sí acreditó ser sujeto de obligación en los términos que derivan del artículo transitorio en comento, además de que las hipótesis que regula el numeral en cita no se constriñen únicamente a casos a partir del inicio de la vigencia del reglamento, sino también a aquellos supuestos anteriores a la vigencia de éste.

SÉPTIMO. En el resto de los agravios que formula la autoridad recurrente, aduce en síntesis, que contrariamente a lo considerado por la Juez Federal, el artículo quinto transitorio del reglamento impugnado no es contrario al artículo 49 de la Constitución Federal ni excede la facultad reglamentaria del presidente de la República, prevista en la fracción I del artículo 89 de la Carta Magna.

El anterior razonamiento, lo funda en:

a) Que atendiendo al contenido del artículo vigésimo tercero transitorio de la Ley del Seguro Social, se concluye que las sociedades cooperativas inscritas bajo el imperio de la Ley del Seguro Social derogada, continuarán cubriendo el 50% de las primas totales y el Gobierno Federal el otro 50%;

b) Que lo anterior significa que no se modifica en nada el estatuto relativo al pago de cuotas obrero-patronales para aquellas sociedades que, como la quejosa, se inscribieron al Instituto Mexicano del Seguro Social con antelación a la vigencia de la nueva ley;

c) Que tanto la nueva Ley del Seguro Social como el reglamento impugnado, contienen disposiciones iguales a las abrogadas, así ambas previenen como obligaciones patronales, cubrir las cuotas del seguro de retiro, de accidentes de trabajo y guarderías en un 100%, incluyendo a las sociedades cooperativas, lo que se pone de manifiesto a través de lo dispuesto en los artículos 77, 183-A y 190 de la Ley del Seguro Social derogada y de los artículos 70, 167 y 212 de la ley vigente.

Así mismo argumenta la recurrente, que el precepto reglamentario únicamente pormenoriza y detalla la normatividad contemplada en la Ley del Seguro Social y que el régimen de beneficio bipartita prevalece en la fracción I del numeral impugnado.

Los agravios previamente sintetizados, resultan esencialmente fundados atendiendo a lo siguiente:

Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sustentado en forma reiterada que la facultad reglamentaria prevista en la fracción I del artículo 89 de la Constitución Federal puede ser ejercida mediante distintos actos y en diversos momentos, según lo ameriten las circunstancias y que consiste, dado el principio de la división de poderes que impera en nuestro país previsto en el artículo 49 de la Ley Fundamental, en la expedición de disposiciones generales abstractas e impersonales que tienen como objeto la ejecución de la ley, desarrollando y completando en detalle sus normas, pero sin que, a título de su ejercicio, pueda excederse al alcance de sus mandatos o contrariar o alterar sus disposiciones, por ser precisamente la ley su medida y justificación.

En dicho sentido han sido sustentadas, entre otras, las tesis que se reproducen a continuación:

"FACULTAD REGLAMENTARIA DEL EJECUTIVO FEDERAL. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 89 DE LA CONSTITUCIÓN. La facultad reglamentaria que el artículo 89, fracción I, de la Constitución Federal otorga al Ejecutivo de la Unión para proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de las leyes, puede ser ejercida mediante distintos actos y en diversos momentos, según lo ameriten las circunstancias, sin más límite que el de no rebasar ni contravenir las disposiciones que se reglamenten. Por tanto, no es forzoso que se ejerza tal facultad en un solo acto, porque ello implicaría una restricción no consignada en el precepto constitucional."

"FACULTAD REGLAMENTARIA. SUS LÍMITES. Es criterio unánime, tanto de la doctrina como de la jurisprudencia, que la facultad reglamentaria, confiera en nuestro sistema constitucional únicamente al presidente de la República y a los gobernadores de los Estados, en sus respectivos ámbitos competenciales, consiste, exclusivamente, dado el principio de la división de poderes que impera en nuestro país, en la expedición de disposiciones generales abstractas e impersonales que tienen como objeto la ejecución de la ley, desarrollando y completando en detalle sus normas, pero sin que, a título de su ejercicio, pueda excederse al alcance de sus mandatos o contrariar o alterar sus disposiciones, por ser precisamente la ley su medida y justificación."

De ello se sigue que la facultad reglamentaria prevista en el artículo 89, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contempla diversas facultades del presidente de la República, a saber la de promulgar las leyes que expida el Congreso de la Unión, la de ejecutar dichas leyes y la de proveer en la esfera administrativa a su exacta observancia.

Dejando de lado la primera facultad mencionada, que no es materia de estudio específico en este asunto, en las restantes se localiza constitucionalmente la facultad reglamentaria del titular del Poder Ejecutivo Federal, para expedir ordenamientos de naturaleza materialmente legislativa, que como ya se dijo, se caracterizan por su impersonalidad, generalidad y abstracción, y tienen su razón de ser y sus límites, en la propia ley que reglamentan, que llevan al detalle para su correcta aplicación.

Ahora bien, para efectos del presente estudio es necesario citar de nueva cuenta, el artículo quinto transitorio del reglamento reclamado:

"Quinto. Las sociedades cooperativas de producción que se encuentren en los supuestos del artículo vigésimo tercero transitorio de la ley, cubrirán las cuotas relativas a los socios de las mismas inscritos ante el instituto antes del inicio de la vigencia de dicho ordenamiento, conforme a lo siguiente:

"I. En los seguros de enfermedades y maternidad, invalidez y vida, así como en el ramo de cesantía en edad avanzada y vejez, de las cuotas totales establecidas en la ley, la sociedad pagará el 50% y el Gobierno Federal el 50% restante.

"II. En los seguros de riesgos de trabajo, guarderías y prestaciones sociales, así como en el ramo de retiro, la sociedad cubrirá la totalidad de las cuotas.

"Por lo que se refiere a los trabajadores asalariados de las sociedades mencionadas, así como a socios inscritos a partir del inicio de vigencia de la ley, las cuotas correspondientes se cubrirán en los términos de la misma."

Así mismo conviene citar de nuevo el artículo vigésimo tercero transitorio de la Ley del Seguro Social, vigente a partir del primero de julio de mil novecientos noventa y siete, al que remite el precepto reglamentario reclamado, el cual dispone:

"Vigésimo tercero. Las sociedades cooperativas de producción que se encuentren inscritas en los términos de la Ley del

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4879-9edca720/seguro-social-el-articulo-quinto-transitorio-del-reglamento · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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