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Modo: Corpus Pro

EMPLAZAMIENTO A JUICIO. DEBE SUPLIRSE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA CUANDO FALTE O SEA ILEGAL.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 189/92. · Registro digital (IUS): 4056
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: JUVENCIO FERNANDEZ ESPINOZA.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Diciembre de 1996, , Pág. 293.

AMPARO EN REVISION 189/92. JUVENCIO FERNANDEZ ESPINOZA.

CONSIDERANDO:

CUARTO.- Los agravios formulados por el inconforme son parcialmente fundados, pero además se suple la deficiencia de la queja en términos de la fracción VI del artículo 76 bis de la Ley de Amparo en virtud de que como se reclamó la falta de emplazamiento al juicio y esto se encuentra probado en autos, ello constituye la violación procesal de mayor magnitud que produce un completo estado de indefensión al quejoso, por lo tanto se está en uno de los casos en que debe suplirse la deficiencia de la queja al tenor de la tesis sostenida por este propio Tribunal Colegiado al resolver el amparo en revisión 91/92 de Socorro Olmedo González, el veintitrés de abril del año en curso que dice:

"- La falta de emplazamiento o verificación en forma contraria a las disposiciones aplicables, constituye la violación procesal de mayor magnitud, pues ello produce un completo estado de indefensión para el demandado al imposibilitarle que pueda hacer valer sus derechos en juicio; y por ende, debe considerarse como uno de los casos en que obliga suplir la deficiencia de la queja en términos de lo que dispone la fracción VI del artículo 76 bis de la Ley de Amparo."

Antes que nada debe precisarse que los Jueces de Distrito al pronunciar sus sentencias actúan como órgano de control constitucional y por tanto no violan en forma alguna los artículos 14 y 16 constitucionales. Consideración ésta que tiene su apoyo en la jurisprudencia número 16 de este Primer Tribunal Colegiado, consultable a página 804 de la Tercera Parte, Volumen II, del Informe rendido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al finalizar el año de mil novecientos ochenta y nueve, que dice:

"SENTENCIAS DE AMPARO. NO PUEDEN SER VIOLATORIAS DE GARANTIAS.- Las sentencias que pronuncian los Jueces de Distrito al conocer de los juicios de amparo, no pueden ser consideradas violatorias de las garantías que en favor de todo individuo consagra la parte dogmática de la Constitución General de la República, sino únicamente transgresoras de leyes secundarias atento a que sólo se limitan a determinar si el acto reclamado conculca o no dichas garantías, o bien, a sobreseer en el juicio cuando se actualiza una causal para ello."

Por otra parte, el Juez de Distrito para negar el amparo al quejoso determinó que el procedimiento que combate no le causaba perjuicio a su esfera constitucional porque en el emplazamiento se observaron cabalmente los artículos 58, fracción I y 49 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, toda vez que la diligencia se entendió con Angélica Villegas, empleada de la negociación denominada Baños "San Jorge" quien manifestó ser ese el domicilio donde tiene el principal asiento de sus negocios Juvencio Fernández Espinoza. Por tal motivo con esa persona se entendió la diligencia y se le corrió traslado con la demanda y por ello estimó que el emplazamiento fue correcto. Además desestimó las pruebas documentales del quejoso con las que pretendió acreditar que su domicilio lo tenía ubicado en la Tres Sur número trescientos nueve en la colonia La Libertad, por ser diferentes a la época de presentación de la demanda de alimentos; así como también el informe del representante de Baños "San Jorge", referente al sueldo, pues éste se limitó a informar que no prestaba sus servicios a tal empresa, y solo esporádicamente prestaba servicios de mantenimiento, considerando insuficientes tales manifestaciones sin aportar este último alguna prueba sobre las nóminas que acreditaran su dicho; por lo anterior concluyó que el emplazamiento reclamado estaba apegado a derecho y no era violatorio de garantías.

En principio debe precisarse que no son aplicables al caso concreto los preceptos que señala el Juez Federal, porque el emplazamiento se realizó el ocho de noviembre de mil novecientos ochenta y cinco, fecha en que estaba vigente el anterior Código de Procedimientos Civiles para el Estado de mil novecientos cincuenta y seis.

En mérito de lo anterior, se hace conveniente transcribir la diligencia que obra a foja 81 y que es del tenor siguiente:

"En la Heroica Puebla de Zaragoza, siendo las diez horas con cuarenta minutos del día ocho del mes de noviembre del año de mil novecientos ochenta y cinco, el suscrito Alfredo Tapia Méndez, diligenciario adscrito al Juzgado Segundo de lo Familiar de los de esta capital, asociado de la parte actora dentro del presente juicio, señora Marcela García de Fernández, por sí y por su representación, nos constituimos en el domicilio señalado en autos, sito en la casa marcada con el número cinco mil trescientos tres de la avenida Tres Poniente, colonia Reforma Sur de esta ciudad, y cerciorado previa y plenamente de ser el domicilio donde tiene el principal asiento de sus negocios el demandado señor JUVENCIO FERNANDEZ ESPINOSA, por así manifestarlo la señorita que dijo llamarse Angélica Villegas y ser empleada del mismo lugar donde se actúa, y no encontrándose presente en estos momentos el propio demandado, procedo a entender la diligencia ordenada con la señorita Angélica Villegas, a quien le hago saber el motivo de la misma, notificándole personalmente y por su conducto al demandado, mediante instructivo, la resolución que inmediatamente antecede, de fecha dieciséis de agosto del año en curso, a lo que manifestó haber quedado completamente entendida. Requerida que fue la persona con quien se entiende la diligencia, para que en nombre del demandado, haga a la parte actora pronto pago de la cantidad de VEINTICINCO MIL PESOS CERO CENTAVOS, M.N., correspondiente al pago de la primera mensualidad que por concepto de pensión alimenticia provisional se le ha decretado a pagar al demandado a lo que dijo: Que en estos momentos no tiene dinero para hacer el pago además de que ella es sólo una empleada y no tiene instrucciones para hacerlo, razón por la que no lo hace. Requerida nuevamente para que señale bienes que sean propiedad del demandado, suficientes a garantizar la primera mensualidad requerida, así como las subsecuentes que se sigan venciendo, en los cuales poder trabar formal embargo, con el apercibimiento que de no hacerlo este derecho le será trasladado a la parte actora, a lo que dijo: Que en virtud de lo que tiene expuesto con anterioridad, no señala nada. Trasladado este derecho a la parte actora dijo: Que señala para que se trabe formal ejecución de embargo sobre todos los derechos y acciones que le correspondan tanto en su parte restante de la fracción 'C', manzana veinte, Ex-Hacienda de Santo Domingo, de La Libertad, y se encuentra registrada bajo la partida cincuenta mil cuatrocientos cincuenta y ocho, índice mayor, según escritura registrada con fecha diez de junio de mil novecientos setenta y dos, a foja veintitrés, tomo doscientos setenta y cuatro, libro uno, así como la fracción de terreno del resto del solar doscientos once, manzana cuarenta y tres, ampliación de la colonia Belisario Domínguez, La Libertad, registrada bajo la partida SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO, según escritura registrada con fecha diecisiete de mayo de mil novecientos setenta y ocho, vuelta, tomo trescientos veintidós, libro uno. Acto seguido el suscrito diligenciario dijo: Que es de trabarse y se traba formal ejecución de embargo, tanto en su parte raíz, así como en sus construcciones de todos los derechos y acciones que le corresponden al demandado sobre los bienes inmuebles ya descritos, siendo la traba hasta en tanto cuanto baste a cubrir la primera mensualidad requerida, así como las subsecuentes que se sigan venciendo. Acto seguido procedo a emplazar al demandado, por el mismo conducto para que dentro del término de TRES DIAS, contados a partir del día siguiente al de la presente diligencia, produzca su contestación de la demanda que se ha instaurado en su contra, con el apercibimiento que de no hacerlo dentro del término concedido, se le tendrá por contestada en sentido negativo en todas y cada una de sus partes, manifestando la señorita Angélica Villegas, que así se le hará saber al señor Juvencio Fernández Espinoza, corriéndole a éste el traslado respectivo, con las copias simples de la demanda exhibidas para tal efecto, compuestas de cinco fojas utilizadas, las cuales recibe personalmente y de conformidad la señorita Angélica Villegas. Con lo que se dio por terminada la presente diligencia, levantándose esta acta para constancia que se firma únicamente por la actora y el suscrito diligenciario, y no así por la persona con quien se entiende la diligencia, por no querer hacerlo. Doy fe."

Por otra parte el artículo 37 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, anterior al vigente, señala que:

"Artículo 37.- Las notificaciones se harán a los interesados personalmente, o por medio de instructivo, en las residencias designadas a ese efecto. El instructivo se entregará a los parientes o domésticos del interesado, o a cualquiera otra persona que viva en la casa, o en defecto de éstos, a alguno de los vecinos inmediatos o al inspector de sección, asentándose en autos la razón correspondiente; contendrá el nombre y apellido del promovente, el tribunal que mande practicar la diligencia, la resolución o fallo que se notifica, la fecha y la hora en que se deja y el nombre y apellido de la persona a quien se entrega.- Cuando se trate de la primera notificación que se haga a la persona contra quien se siga un procedimiento, deberá cerciorarse el diligenciario de que en ese lugar reside efectivamente la persona que ha de ser notificada."

Ahora bien, de la transcripción anterior se desprende que tratándose de la primera notificación el diligenciario deberá cerciorarse de que en ese lugar reside efectivamente la persona que ha de ser notificada, diligencia de emplazamiento que no se ajustó a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 37 ya transcrito, toda vez que si bien asienta el diligenciario que se constituyó en la casa número cinco mil trescientos tres de la avenida Tres Poniente de la colonia Reforma Sur de La Libertad, Puebla, y señaló haberse cerciorado de ser el domicilio donde tenía el principal asiento de sus negocios el demandado por manifestarlo así Angélica Villegas quien dijo ser empleada del mismo negocio, ello quedó desvirtuado con las pruebas que obran en el amparo, toda vez que de las constancias remitidas por el Juez responsable con su informe justificado que tienen valor probatorio pleno en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2o., aparece agregado antes de la diligencia de emplazamiento que el Juez natural recibió la comunicación de fecha primero de marzo de mil novecientos ochenta y cinco, suscrito por el representante de Baños "San Jorge", por el que comunicó al Juez natural que el demandado no laboraba en esa negociación, sino esporádicamente prestaba servicios de mantenimiento (foja 64).

Probanzas que debidamente adminiculadas lógica y jurídicamente acreditan de una manera fehaciente que en el domicilio donde se practicó el emplazamiento señalado por la actora, ubicado en el número cinco mil trescientos tres de la avenida Tres Poniente de la colonia Reforma Sur de esta ciudad de Puebla, corresponde a la negociación Baños "San Jorge", y que ahí el demandado no tiene establecido su domicilio familiar así como tampoco es el principal asiento de su negocio porque así se advierte del primer informe rendido por el representante de esa negociación de fecha primero de marzo de mil novecientos ochenta y cinco, dirigido al Juez natural antes de que se practicara la diligencia de emplazamiento y no obstante de señalarse que ahí no laboraba sino que esporádicamente prestaba algún trabajo de mantenimiento se practicó la diligencia el ocho de noviembre de mil novecientos ochenta y cinco.

Lo anterior se corrobora con el segundo informe rendido por el mismo representante de esa negociación de fecha dieciocho de septiembre de mil novecientos ochenta y seis en donde ratificó su primer informe y además señaló que a partir de esa fecha el demandado no ha laborado ni un solo día (foja 106).

De todo lo anterior se llega a la conclusión de que en el lugar en donde se practicó el emplazamiento no correspondió al domicilio del demandado, en virtud de que el diligenciario no señaló por qué medios de convicción llegó a la conclusión de que ese lugar era su domicilio, o principal asiento de sus negocios y por ello resulta insuficiente el dicho de una persona que dijo ser empleada con quien entendió la diligencia.

Por tanto, la consideración del resolutor federal de que el emplazamiento reclamado es legal por haberse practicado en esa negociación por ser el principal asiento de sus negocios, no es apegada a derecho, primero porque el artículo 37 del ordenamiento legal invocado sólo habla de residencia designada para tal efecto, entendiéndose por ésta la casa en que habita normalmente una persona con su familia y en segundo lugar, porque no quedó justificado con algún documento que en ese lugar trabajara realmente el demandado, sino todo lo contrario, esto es, que ahí no trabajaba y sólo efectúo unos trabajos de mantenimiento en forma esporádica sin permanencia alguna. Además como se trata de un lugar donde funcionan unos baños públicos, ahí no tenía su residencia familiar dada la naturaleza del negocio.

Consecuentemente como el emplazamiento constituye el acto de mayor trascendencia en un juicio, toda vez que a través del mismo se le hace saber al demandado la existencia de una acción intentada en su contra para que esté en aptitud de comparecer a defenderse y aportar las pruebas que a su interés convengan, por lo tanto como dicho acto no se ajustó a las formalidades establecidas por la ley de la materia, con dicha actuación hubo violación manifiesta a la ley que dejó sin defensa al quejoso y por ello la referida actuación así como todas las demás resoluciones dictadas en el juicio e incluso la sentencia definitiva violan en su perjuicio las garantías de legalidad y seguridad jurídica contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales, lo que conduce necesariamente a revocar la sentencia que se analiza y a otorgarle el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita. Por su aplicación se cita la jurisprudencia 137 visible a página 403, de la Cuarta Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, que dice:

"EMPLAZAMIENTO. ES DE ORDEN PUBLICO Y SU ESTUDIO ES DE OFICIO.- La falta de emplazamiento o su verificación en forma contraria a las disposiciones aplicables, es la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, puesto que da origen a la omisión de las demás formalidades esenciales del juicio, esto es, imposibilita al demandado para contestar la demanda y, por consiguiente, le impide oponer las excepciones y defensas a su alcance; además, se le priva del derecho a presentar las pruebas que acrediten sus defensas y excepciones y a oponerse a la recepción o a contradecir las probanzas rendidas por la parte actora y, finalmente, a formular alegatos y ser notificado oportunamente del fallo que en el proceso se dicte. La extrema gravedad de esta violación procesal ha permitido la consagración del criterio de que el emplazamiento es de orden público y que los Jueces están obligados a investigar de oficio si se efectúo o no y si, en caso afirmativo, se observaron las leyes de la materia."

También resulta aplicable la jurisprudencia número 138 visible a página 405 de la Cuarta Parte, del Apéndice en consulta que dice:

"EMPLAZAMIENTO, FALTA DE.- La falta de emplazamiento legal, vicia el procedimiento y viola, en perjuicio del demandado, las garantías de los artículos 14 y 16 constitucionales."

La anterior concesión se hace extensiva a los actos de ejecución de las autoridades señaladas con ese carácter de conformidad con la jurisprudencia número 70, visible a página 118 de la Octava Parte, del Apéndice en consulta que dice:

"AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS.- Si la sentencia de amparo considera violatoria de garantías la resolución que ejecutan, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de ejecución, si no se reclaman, especialmente, vicios de ésta."

En las anteriores condiciones debe revocarse la sentencia que se revisa.

Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 83, fracción IV, 85, fracción II, 86, 90, 91 de la Ley de Amparo y 44, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

PRIMERO.- Se revoca la sentencia sujeta a revisión.

SEGUNDO.- La Justicia de la Unión ampara y protege a JUVENCIO FERNANDEZ ESPINOZA, contra los actos que reclamó del Juez Segundo de lo Familiar de los de esta capital, secretario y diligenciario de los expedientes pares adscritos a la anterior autoridad, mismos que quedaron precisados en el primer resultando de esta ejecutoria.

Notifíquese; con testimonio de la presente resolución, y copia autorizada de la misma, vuelvan los autos al lugar de su origen y en su oportunidad archívese el toca.

Así, lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados: Enrique Dueñas Sarabia, presidente, Eric Roberto Santos Partido y Norma Fiallega Sánchez, ponente.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4056-a9ec724f/emplazamiento-a-juicio-debe-suplirse-la-deficiencia-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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