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Modo: Corpus Pro

TESTIGOS EN EL JUICIO LABORAL. LA SOLA CIRCUNSTANCIA DE QUE SEAN PARIENTES DEL OFERENTE NO ES SUFICIENTE PARA NEGAR VALOR A SUS DECLARACIONES.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 46/96. · Registro digital (IUS): 4180
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO, EL ANTES TRIBUNAL COLEGIADO SUPERNUMERARIO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO, HOY QUINTO TRIBUNAL COL
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Marzo de 1997, , Pág. 423.

CONTRADICCION DE TESIS 46/96. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO, EL ANTES TRIBUNAL COLEGIADO SUPERNUMERARIO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO, HOY QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO Y EL OTRORA TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO, HOY SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO.

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día doce de marzo de mil novecientos noventa y siete.

VISTOS, para resolver los autos de la contradicción de tesis identificada al rubro y;

RESULTANDO:

PRIMERO.- Mediante oficio número 440 recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el tres de julio de mil novecientos noventa y seis, la secretaria encargada de la compilación y sistematización de tesis del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, comunicó la determinación adoptada por el Pleno del citado órgano jurisdiccional, en el sentido de denunciar la posible contradicción de tesis existente entre la sustentada por dicho tribunal, al resolver con fecha doce de junio de mil novecientos noventa y seis, el juicio de amparo directo número 786/95; la emitida por el Tribunal Colegiado Supernumerario en Materia de Trabajo del Primer Circuito, hoy Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al fallar, el quince de octubre de mil novecientos ochenta y siete, el juicio de amparo directo 416/3578/87; y la emitida por el otrora Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, hoy Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa, el veinticuatro de septiembre de mil novecientos noventa y dos, al resolver el juicio de amparo directo 628/92; a tal oficio acompañó copia fotostática certificada de la ejecutoria correspondiente al amparo directo 786/95.

SEGUNDO.- Por acuerdo de cinco de agosto de mil novecientos noventa y seis, el presidente de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó registrar el expediente de contradicción de tesis 46/96; asimismo, solicitó a los presidentes del Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Segundo Circuito, remitieran copia certificada de las resoluciones dictadas en los referidos juicios de amparo directo.

TERCERO.- Una vez recibidas las copias certificadas requeridas, por auto de Presidencia de veintisiete de septiembre de ese mismo año, se determinó que la Segunda Sala se abocara al conocimiento de la posible contradicción de tesis y se ordenó dar vista al procurador general de la República, a fin de que en un plazo de treinta días expusiera su parecer; asimismo, se turnaron los autos para su estudio al señor Ministro Juan Díaz Romero.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo del Acuerdo Plenario Número 7/1995 del diecinueve de junio de mil novecientos noventa y cinco, pues el tema sobre el que versa dicha denuncia corresponde específicamente a una de las materias en que se especializa esta Sala.

SEGUNDO.- La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que la formuló uno de los Tribunales Colegiados de Circuito que, al parecer, sustentan tesis contradictorias, a saber, el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito.

TERCERO.- A fin de estar en aptitud de resolver esta denuncia de contradicción de tesis, es preciso tener presentes los criterios sustentados por los órganos colegiados que la motivaron, y que a continuación se transcriben.

El criterio sostenido por el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo número 786/95, mediante resolución de doce de junio de mil novecientos noventa y seis, es el siguiente:

"TERCERO.- El estudio de los anteriores conceptos de violación permite arribar a las siguientes consideraciones:

"Por el contrario de lo que en ellos se sostiene, la Junta responsable estuvo en lo correcto al considerar como punto materia de la litis, si el trabajador actor tenía como su día de descanso semanal el domingo, ya que dicho accionante, como se recordará, indicó en su demanda primigenia, que laboraba de domingo a viernes y descansaba los sábados, iniciando su jornada laboral a la una treinta horas, para concluirla a las diez de la mañana; aseveración que fue controvertida por el peticionario, quien, por su parte, afirmó que el subordinado descansaba los días domingos, para empezar a laborar su semana los lunes en la madrugada, mediando las circunstancias de que, teniendo presente el calendario relativo al mes de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, se observa que el día en que se ubicó el despido, veintiocho de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, corresponde al día domingo; de suerte que si los hechos constitutivos del despido se situaron el día domingo, a las ocho de la mañana, en la puerta de acceso de la demandada, cuando José Guadalupe Hernández, quien se ostenta como demandado le manifestó: 'Ya no hay trabajo para ti, estás despedido', además de haberlo agredido con barrotes de madera que se utilizan para estibar las tablas en que se coloca el pan, pero el demandado, a la vez que negó que los domingos el reclamante los laboraba, adujo que el lunes veintinueve de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, acontecieron los hechos en que basó su defensa de inexistencia de despido, consistente en que, aproximadamente a las cuatro de la mañana de tal día (veintinueve de agosto de mil novecientos noventa y cuatro), el reclamante se presentó a la fuente laboral en estado de ebriedad y, después de haberle proferido varios insultos, al verse en la necesidad de abrirle la puerta, discutieron y su contraparte lo agredió a golpes, lo que motivó que el demandado lo denunciara penalmente y que aquél dejara de presentarse a trabajar; hechos los cuales, como es fácil apreciar, es preciso que queden debidamente dilucidados, pues de su existencia dependerá si hubo o no el despido de que se quejó el accionante; de allí que, como al principio se anotó, sí constituye punto importante a dilucidar, cuál era el día de descanso semanal del tercero perjudicado, pues de ser verídico lo apuntado sobre tal tópico por el demandado, resultará claro que el despido ubicado el veintiocho de agosto de mil novecientos noventa y cuatro no pudo ocurrir en tal fecha de la manera que se narró, porque en la misma, el accionante no tenía por qué estar en la fuente laboral; al menos no proporcionó alguna razón para ello.

"En cambio, en lo que sí tiene razón el peticionario, es al alegar que la Junta responsable, al pronunciar el laudo, valoró, de manera ilegal la testimonial de Carlos Adrián Castañeda López y Efraín Alcalá González, que propuso para acreditar la medida que utilizó en torno al despido argüido. En efecto, para comprobar los hechos relatados por el patrón, en que basó su defensa por lo que ve al despido que se le atribuyó, propuso entre otras probanzas, las declaraciones de Carlos Adrián Castañeda López y Efraín González, a cuyos testimonios, la Junta responsable, al emitir el laudo tachado de inconstitucional, privó de eficacia demostrativa bajo el único argumento de que, como los testigos están casados con las hijas del oferente, sus atestados resultan ineficaces, según criterio de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que por el parentesco existente se pretende obtener una situación jurídica benéfica; apreciación que resulta desacertada, en virtud de que, como lo hace valer el peticionario en sus conceptos de violación, el que los testigos que propuso sean sus parientes por afinidad, es un dato que, por sí mismo, no denota parcialidad en los atestados correspondientes ni, por ende, es bastante para que por dicho motivo se considere a la prueba ineficaz, como con error lo apreció la Junta, dado que, el que los testigos propuestos sean parientes del oferente de la prueba no conduce necesariamente a privar de valor a la información que proporcionan. En efecto, la mera existencia de parentesco con el oferente de la prueba no imposibilita o inhabilita a una persona para narrar ante el juzgador los hechos que le constan por haberlos percibido a través de los sentidos, pues ningún precepto de la Ley Federal del Trabajo impide a las partes ofrecer como prueba de su parte la declaración testimonial de quienes resulten ser sus parientes. Consecuentemente, si dicha ley permite el desahogo de una prueba de esa naturaleza, debe inferirse que es posible que la Junta del conocimiento pueda otorgarle el valor probatorio que legalmente le corresponda; por tanto, no puede privarse de todo valor a ese medio de convicción por la única circunstancia de que el declarante sea pariente del oferente, pues resulta contrario a la lógica jurídica que la ley permita el ofrecimiento, admisión y desahogo de una prueba de tal naturaleza y, al mismo tiempo, faculte a la autoridad que resuelva el conflicto para privar totalmente de valor a la información que proporciona ese medio de convicción, con base en esa sola característica. Es cierto que la existencia del parentesco entre quien testifica y el oferente de la prueba, produce presunción sobre la posible existencia de parcialidad que puede afectar el testimonio; sin embargo, para poder invocar ese vicio como motivo que reste o prive de valor a la información proporcionada, es menester que se manifieste de alguna manera, pues a nadie puede caber duda, en sana lógica, que a pesar de la existencia del vínculo familiar, los testigos pueden producir su declaración con estricto apego a lo que consideran que es la verdad; y como quiera que la Junta responsable no lo consideró así, con su proceder infringió las garantías individuales del peticionario; sirve de apoyo a la anterior conclusión, aplicada por el espíritu que de ella emerge, la tesis jurisprudencial número 554 de la entonces Cuarta Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo V, Materia del Trabajo, página 364, que dice: 'TESTIGOS, TACHAS A LOS, EN MATERIA LABORAL.- Las tachas constituyen solamente circunstancias personales que concurren en el testigo y hacen que su dicho sea analizado con cuidado por el juzgador por tener con alguna de las partes parentesco, amistad o enemistad, o por cualquier circunstancia que en su concepto afecte su credibilidad, pero no se refiere al contenido de las declaraciones, ni menos a que con otras pruebas se desvirtúe lo manifestado por el testigo, pues en este caso los miembros de la Junta, atendiendo a las circunstancias mencionadas, son soberanos para apreciar la prueba.'.

"Por otra parte, como el criterio que se sustenta en la presente ejecutoria difiere, salvo mejor opinión, de lo sostenido por el entonces Tribunal Colegiado Supernumerario en Materia de Trabajo del Primer Circuito (actualmente Quinto) y por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito (luego se proporcionarán los datos de localización), procede, con apoyo en lo que establece el artículo 197-A de la Ley de Amparo, denunciar la contradicción de tesis advertida. Así, la sustentada por el primero de esos tribunales aparece publicada en la página 370 del Informe de 1987, y dicha tesis se formuló en el amparo directo 416/3578/87, promovido por Mario García Casas (sic), resuelto el quince de octubre de mil novecientos ochenta y siete, mientras que la sustentada por el indicado Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito puede verse en la página 336, del Tomo XII, correspondiente a septiembre de mil novecientos noventa y tres, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Epoca, y se emitió en el amparo directo 628/92, promovido por Juana Silvia Lara Medero, resuelto el veinticuatro de septiembre de mil novecientos noventa y dos. Tales tesis, respectivamente dicen: 'TESTIGOS, PARIENTES DEL OFERENTE, SU TESTIMONIO CARECE DE VALOR.- Cuando se ofrezca la prueba testimonial a cargo de personas que sean parientes del oferente, sus declaraciones no tienen valor probatorio, pues es obvio que sus testimonios carecen de imparcialidad.' y 'TESTIGOS, PARIENTES DEL OFERENTE, SU TESTIMONIO CARECE DE VALOR.- Cuando se ofrezca la prueba testimonial a cargo de personas que sean parientes del oferente, sus declaraciones no tienen valor probatorio, pues sus testimonios carecen de imparcialidad.'. Consecuentemente, sin necesidad del estudio de los conceptos de violación pendientes, dada la preponderancia de los examinados, procede otorgar la protección federal instada, para el efecto de que la Junta responsable deje insubsistente el laudo reclamado y en uno nuevo que dicte, en torno al despido argüido, vuelva a valorar la testimonial que obra en autos, sin que para restarle eficacia probatoria invoque como única circunstancia el parentesco que guardan los testigos con el oferente de la prueba, y analizando tal probanza en relación con el demás material probatorio que obra en autos decida, por lo que atañe al despido, lo que en derecho corresponda; debiendo subsistir dicho laudo en todo lo demás."

CUARTO.- El antes Tribunal Colegiado Supernumerario en Materia de Trabajo del Primer Circuito, hoy Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al fallar el juicio de amparo directo número 416/3578/87, mediante resolución de quince de octubre de mil novecientos ochenta y siete, sostuvo el siguiente criterio:

"TERCERO.- De las constancias que integran el juicio laboral, de donde emana el acto reclamado, se desprende esencialmente que el actor Alfonso Andrés Miguel, demandó de Mario García Rosas, ahora quejoso, el pago de indemnización constitucional de tres meses de salario, derivada del despido injustificado de que fue objeto, salarios caídos y otras prestaciones, aduciendo que había sido despedido el veintisiete de diciembre de mil novecientos ochenta y cinco, aproximadamente a las ocho horas con treinta minutos, por el demandado, en el interior de la casa de éste, ubicada en la calle de Lino Merino número ochocientos cincuenta y cinco, de la colonia Juan Escutia, en la Ciudad de México, Distrito Federal; el demandado Mario García Rosas, al contestar la reclamación, adujo que el actor no había sido despedido debido a que el demandante, después de que se le habían pagado diversas prestaciones a que tenía derecho el veinticuatro de diciembre de mil novecientos ochenta y cinco, ya no se presentó a laborar, no obstante haber quedado obligado a reanudar sus labores el día treinta del mismo mes y año, pues se le había cubierto la semana anterior a dicha fecha; asimismo, argumentó que el actor, inexplicablemente, se abstuvo de acudir a su trabajo, ya que abandonó sus labores el día treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y cinco, al cual se presentó hasta el día cuatro de enero de mil novecientos ochenta y seis en su domicilio particular, para manifestarle que como había estado enfermo no se había presentado a laborar, pues había tenido que acudir al Instituto Mexicano del Seguro Social, pero que por la mala calidad de los medicamentos que le habían recetado en el citado instituto, había tenido la necesidad de gastar novecientos pesos en medicinas, que por dicho motivo aceptó generosamente hacerle el pago de la semana en que estuvo ausente, más los novecientos pesos que había gastado en medicinas, diciéndole el actor que le entregaría a la semana siguiente el certificado de incapacidad que ya le había solicitado al Seguro Social; pero no obstante tal situación y habiendo transcurrido la semana del seis al once de enero de mil novecientos ochenta y seis, el demandante tampoco se presentó a laborar; sino que lo hizo nuevamente el día once de enero del citado año, a manifestarle que continuaba enfermo y que había tenido que comprar otra vez medicinas con valor de novecientos pesos, razón por la cual, todavía creyendo en la buena fe del actor, le había cubierto el sueldo de dicha semana, más los novecientos pesos citados; aclarando que en las dos ocasiones le solicitó al trabajador que le firmara varios recibos por la cantidad de trece mil quinientos pesos, en los que se asentó que estuvo enfermo, y que por tales motivos había solicitado al Instituto Mexicano del Seguro Social, le informara si al actor Alfonso Andrés Miguel, en el periodo comprendido del treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y cinco al once de enero de mil novecientos ochenta y seis, se le había proporcionado atención médica, o si había estado internado en alguna clínica o sanatorio, o si le expidió algún certificado de incapacidad para justificar sus inasistencias; por lo que pidió en la referida contestación a la Junta responsable que tan pronto obrara en su poder el informe referido, tomara en cuenta que si de su contenido se desprendía que el actor actuó con mala fe y falta de probidad, o sea, si no había estado enfermo, en ese momento le hiciera saber la rescisión de la relación laboral; pero que si del mencionado informe se evidenciaba que el trabajador contó con los certificados de incapacidad y una vez que obraran en poder de la Junta las incapacidades y toda vez que éste no había sido despedido el día veintisiete de diciembre de mil novecientos ochenta y seis, ni en otra fecha, le solicitó a la responsable le expresara su voluntad al actor, de que se reintegrara al desempeño de sus labores, en los mismos términos y condiciones en que las desarrollaba; lo que pone de manifiesto que si bien es cierto que el demandado, ahora quejoso, ofreció el trabajo en los mismos términos y condiciones en que el actor lo desempeñaba, no es menos cierto que lo hizo condicionado al informe que rindiera el Instituto Mexicano del Seguro Social, por lo que es evidente que tal ofrecimiento es de mala fe; no obstante dicha cuestión, debe estimarse que la defensa del demandado Mario García Rosas, ahora quejoso, al contestar la demanda es contradictoria en sí misma, pues se excepcionó por una parte diciendo que el actor no había sido despedido el veintisiete de diciembre de mil novecientos ochenta y cinco, fecha en que el demandante dijo que había ocurrido el despido; y por otra, manifiesta que después que al actor el día veinticuatro del mismo mes y año, le fueron cubiertas diversas prestaciones a que tenía derecho, quedando obligado a reanudar sus labores el treinta de diciembre del citado año, fecha en la que ya no se presentó, sino que lo hizo en fecha posterior, precisamente el día cuatro de enero de mil novecientos ochenta y seis, manifestándole que estuvo enfermo y que había sido atendido en el Seguro Social, por lo que le pagó los días en que supuestamente había estado enfermo, no presentándose de la primer fecha al once de enero de mil novecientos ochenta y seis, en la cual se presentó nuevamente a decirle que continuaba enfermo, cubriéndole otra vez su salario correspondiente; por lo cual había solicitado el informe que se mencionó en un principio al Seguro Social; asimismo, en la misma contestación le solicitó a la Junta que una vez que obrara en su poder el informe del Seguro Social, si de su contenido se advertía que el actor actuó de mala fe, en ese momento le hiciera saber la rescisión de la relación laboral sin responsabilidad para él, es decir, si del informe se desprendía que no estuvo enfermo, pero si en éste constataba que sí se encontraba enfermo, le comunicara que se reintegrara a sus labores en los mismos términos y condiciones en que las había desempeñado, en la fecha en que se empezó a ausentar en forma justificada; siendo evidente que si el actor abandonó el trabajo, ello implica la terminación de la relación laboral, por lo que el demandado, ahora quejoso, ya no podía rescindirle su contrato de trabajo sin responsabilidad para éste; por lo que al oponer excepciones contradictorias, es obvio que dejó sin defensa al actor, ya que jurídicamente no puede preparar debidamente sus pruebas, debido a que reclamó la indemnización constitucional derivada de un despido injustificado, y al oponer el patrón demandado varias excepciones, que fueron la de abandono de trabajo, la rescisión del contrato por falta de probidad y honradez sin su responsabilidad y además, haber hecho el ofrecimiento de trabajo en los mismos términos y condiciones en que lo desempeñaba el actor antes de ausentarse de sus labores, esto, como ya se dijo, descansa sobre bases opuestas.

"Ahora bien, es fundado pero inoperante el concepto de violación que expresa el peticionario de garantías, en el sentido de que la Junta responsable no le analizó las pruebas documentales que ofreció a juicio, consistentes en el informe que rindió el Instituto Mexicano del Seguro Social, los recibos de pagos efectuados al demandante el cuatro y once de enero de mil novecientos ochenta y seis, por la cantidad de trece mil quinientos pesos y la cédula correspondiente al primer bimestre del año de mil novecientos ochenta y seis, que le expidió el referido instituto, que obran a fojas dieciocho, veintidós, veintitrés y treinta y nueve del expediente laboral, con las que pretendió acreditar la causal de rescisión del contrato de trabajo del actor; y si bien la autoridad responsable no las tomó en cuenta al dictar el laudo combatido, ya que no efectuó un estudio de los mismos, dicha alegación es inoperante, debido a que el demandado invocó tanto las causales de rescisión de mala fe y falta de probidad, al contestar la demanda instaurada en su contra, sin que adujera en juicio la rescisión del contrato de trabajo sin responsabilidad para el patrón como legalmente lo debió hacer; también alegó que el demandante abandonó su trabajo desde el día veinticuatro de diciembre de mil novecientos ochenta y cinco; por lo que en el caso, como ya se dijo, su excepción fue oscura, lo que pone de manifiesto que las omisiones de la Junta responsable, al no valorar dichas probanzas, no trascendieron al resultado del laudo.

"Por otra parte, independientemente de lo anterior, debe decirse que, como se precisó en un principio, en el sentido de que las defensas y excepciones del demandado fueron contradictorias en sí mismas, y aunque haya ofrecido pruebas para acreditar tales eventos, éstas no tienen eficacia jurídica, en virtud de que no pueden probar una defensa oscura y vaga, como es el caso, por lo tanto, la confesión ficta a cargo del actor Alfredo Andrés Miguel (fojas 52 y 52v) y la testimonial de María de la Luz García Martínez y Catalina Isabel García Martínez (fojas 34, 34v y 35), no tienen valor probatorio alguno; además que de la confesional ficta del actor se advierte que éste aceptó que la última vez que laboró para el demandado fue el día veinticuatro de diciembre de mil novecientos ochenta y cinco, y que se abstuvo de trabajar a su servicio el día treinta del mismo mes y año (posiciones 1, 2 y 4); pero no se le formuló ninguna posición tendiente a demostrar por qué no laboró del día veinticuatro al treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y cinco, ni por qué se abstuvo de presentarse a trabajar en ese lapso; y en cuanto a los testimonios rendidos por María de la Luz García Martínez y Catalina Isabel García Martínez, como se advierte de sus declaraciones que son hijas del demandado Mario García Rosas, carecen de imparcialidad y, por lo tanto, no tienen valor probatorio sus atestados.

"En conclusión, la Junta responsable no infringió los artículos 840 y 841 de la Ley Federal del Trabajo, por lo que no conculcó en perjuicio del quejoso las garantías consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales, y por ello procede negarle el amparo solicitado."

QUINTO.- El otrora Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, actualmente Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Segundo Circuito, al emitir su fallo en el amparo directo 628/92, el día veinticuatro de septiembre de mil novecientos noventa y dos, expuso el siguiente criterio:

"QUINTO.- La quejosa aduce que se infringen en su perjuicio las garantías individuales consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales, al absolver la autoridad responsable a la tercero perjudicado de algunas de las prestaciones que le fueron reclamadas y condenarla respecto de otras prestaciones.

"Que la autoridad responsable no tomó en consideración las pruebas aportadas por la quejosa, específicamente la documental públicaconsistente en la denuncia penal que fue presentada en contra de los empleados de la demandada, donde éstos confiesan que efectivamente tuvieron privada de su libertad a la impetrante, confesión que no tomó en cuenta la Junta responsable y de la que se deduce que la trabajadora sí fue coaccionada y presionada para firmar su renuncia.

"Que la autoridad responsable no hace una correcta valoración de las pruebas de la quejosa, como lo es la testimonial a cargo de Martha Cid García, quien manifestó que precisamente el veinticuatro de octubre de mil novecientos noventa y uno, fue detenida por personal de la empresa demandada, quienes la coaccionaron para que confesara un supuesto robo, y que se encontraba coludida con la actora para sustraer cosas de la empresa, y al no obtener tal confesión, al cabo de dos horas se le dejó en libertad.

"Que la autoridad responsable no tomó en consideración la confesión de los empleados de la demandada, puesto que Alejandro Muñoz aceptó que se encontraba sujeto a proceso, por privar de su libertad a la actora, y que el veinticuatro de octubre de mil novecientos noventa y uno, acusó a ésta del delito de robo; sin embargo, la quejosa nunca fue presentada ante autoridad competente a que respondiera por dicho ilícito, con lo que se comprueba que sí hubo coacción moral y física al privársele de su libertad a la quejosa, para que firmara su renuncia.

"Dichos argumentos en parte son infundados, como a continuación se pasa a analizar.

"Los artículos 830 y 831 de la Ley Federal del Trabajo establecen:

"'Artículo 830. Presunción es la consecuencia que la ley o la Junta deducen de un hecho conocido para averiguar la verdad de otro desconocido.' y 'Artículo 831. Hay presunción legal cuando la ley la establece expresamente; hay presunción humana cuando de un hecho debidamente probado se deduce otro que es consecuencia de aquél.'.

"De las constancias que integran el juicio laboral número 914/91, que merecen plena eficacia probatoria en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende lo siguiente:

"1. Que Juana Silvia Lara Medero demandó de Gigante, Sociedad Anónima de Capital Variable, sucursal Echegaray, entre otras prestaciones, el pago de la indemnización constitucional y salarios caídos, por concepto del despido injustificado de que dijo haber sido objeto.

"La reclamación básicamente la sustentó en que el veinticuatro de octubre de mil novecientos noventa y uno, al estar desempeñando sus labores, fue llamada a la subgerencia de la empresa, como a las 18:45 horas, y al estar frente a Alejandro Muñoz, jefe de piso, éste le reclamó a la actora, que estaba robando cosas de la empresa y que se había puesto de acuerdo con su cuñada Martha Cid García, que ese día había ocurrido a la empresa a comprar algunos artículos. Agregando el mencionado Alejandro Muñoz que la cuñada de la deponente había sido detenida, pues fue sorprendida robando las cosas que la actora le había supuestamente dado; que la actora le manifestó al jefe de piso que era falsa la acusación que se le hacía, que ella no había robado nada. Que al no obtener la confesión del robo, tuvieron a la actora privada de su libertad por más de dos horas y media, siendo vigilada por María Isidra Sánchez, jefa de vigilancia de la empresa. Que después llegó el supervisor de la zona Antonio García Sánchez, quien bajo coacción moral, tocando un arma que llevaba consigo, hizo que la actora firmara un documento en el que confesaba el robo. Que también le hizo firmar su renuncia y un vale por la cantidad de ochocientos mil pesos que amparaba el costo de los artículos supuestamente robados, y que sólo de esa forma se dejó en libertad a la actora, quien realizó la denuncia penal respectiva del delito de privación ilegal de libertad cometido en su agravio, habiendo comparecido a declarar María Isidra Sánchez, Alejandro Muñoz y Antonio García Sánchez, quienes al momento de declarar, corroboraron la denuncia, lo que demuestra la coacción ejercida para firmar la renuncia, por lo que se reclamaban las prestaciones contenidas en la demanda.

"2. Acompañó a su demanda, entre otras, copias certificadas de la averiguación previa número N.J./III/3934/91, relativa al delito de privación ilegal de libertad, cometido en agravio de Juana Silvia Lara Medero y en contra de Antonio García Sánchez, Isidra Sánchez y Alejandro Muñoz.

"De las documentales antes referidas, se desprende que Isidra Sánchez Benítez, declaró ante el representante social: Que presta sus servicios de vigilante en la empresa Gigante, Echegaray, que el veinticuatro de octubre de mil novecientos noventa y uno, cuando realizaba la vigilancia del departamento de damas, observó a dos personas que sacaban de una bolsa color miel un suéter blanco usado y después metían ropa, la señorita Silvia Lara y su cuñada que ahora sabe se llama Martha Cid García; que entre las dos acomodaban la mercancía en la bolsa. Que fueron los siguie

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4180-40f2271c/testigos-en-el-juicio-laboral-la-sola-circunstancia · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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