CONTADOR PUBLICO DE INSTITUCION DE CREDITO, EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO CERTIFICADO POR EL, HARA FE, SALVO PRUEBA EN CONTRARIO, SIN NECESIDAD DE NINGUN OTRO REQUISITO (ARTICULO 68 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO).
CONTRADICCION DE TESIS 59/96. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO QUINTO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO NOVENO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
SEGUNDO.- El fallo emitido en el juicio de amparo directo número 2/96-I-civil, que dio origen a la tesis pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, en lo conducente, es del tenor literal siguiente:
"CUARTO.- Son infundados los conceptos de violación transcritos.
"Alega el peticionario de garantías que la sentencia impugnada le causa agravio por cuanto que la Sala responsable indebidamente estimó procedente la vía ejecutiva mercantil, dándole pleno valor al certificado emitido por el contador de la institución de crédito actora ya que, dice, dicho documento emitido por un supuesto contador de la referida institución bancaria no reúne los requisitos que establece el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, en virtud de que la parte actora no acompañó a su escrito inicial de demanda documento alguno que acreditara en forma plena que Julio César Fimbres Rentería fuera el contador facultado por dicha institución crediticia para realizar la citada certificación y que de acuerdo con la interpretación del citado artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, el banco actor tenía la obligación de comprobar que el contador que emitió la referida certificación tenía facultades para hacerlo.
"Se dice que el anterior argumento resulta infundado toda vez que, el que no se hubiese demostrado en autos que el contador era funcionario con nombramiento de dicha institución ni hubiese acreditado ser contador con título, de ninguna manera demerita el valor que la ley de la materia otorga al documento relativo, de conformidad con el artículo 68 de la ley en cita que dispone en esencia que dicha certificación junto con el contrato en donde consta el crédito hace fe salvo prueba en contrario, lo que, como se verá en su momento, los demandados aquí quejosos no demostraron, además, el artículo citado establece que será título ejecutivo sin necesidad de reconocimiento de firma ni de otro requisito, por tanto, en el caso concreto no se requería acreditar si la certificación del contador provenía de un funcionario bancario que ostentara dicho cargo y que además fuera titulado, pues exigir lo anterior sería imponer un requisito más, no previsto en aquel precepto, para que hiciera fe el certificado de referencia, bastando que el estado de cuenta lo suscriba quien se ostente como contador del banco actor, pues al exhibirse este documento por la propia institución bancaria con la demanda donde reclama precisamente el pago del saldo anotado en dicho estado contable, surge la presunción de legalidad que previene el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, tanto por lo que se refiere a que quien suscribe el estado de cuenta es el contador autorizado por el banco, como la de que el saldo a cargo de los deudores es correcto, pues para demostrar lo contrario previene que puede rendirse prueba por el inconforme, lo cual no se hizo en este caso, luego, lo alegado al respecto por los quejosos, como se dijo, deviene infundado.
"A igual conclusión se arriba respecto a lo aducido por los impetrantes relativo a que en la multicitada certificación bancaria se omitió precisar la fecha en que empezaron a generarse los intereses, así como la fecha en la cual se calcularon y que tampoco indica el monto del costo porcentual promedio que le sirvió de base para hacer el cálculo de los intereses ordinarios y moratorios, conforme a lo que se estableció en la cláusula séptima del contrato de apertura de crédito ni los cargos o abonos que derivaron en el resultado de los supuestos saldos, como tampoco se señaló algún factor económico para tener una base y obtener un resultado, lo que dicen, los dejó en completo estado de indefensión, pues contrariamente a lo que aducen, la consideración de la Sala responsable al establecer que el estado de cuenta bancario reunía los requisitos de ley, es legal, toda vez que ciertamente, en dicho documento sí se precisaron de manera clara y detallada los movimientos realizados por la parte demandada en relación con el crédito que le concedió la institución crediticia actora, pues se advierte que en él se señalaron los procedimientos que siguió el contador del banco actor para determinar el desglose de las cantidades que sostiene adeudan los aquí quejosos.
"En efecto, del estado de cuenta se aprecia que contiene un desglose de las operaciones, indicándose el monto del crédito, la fecha de vencimiento de pago, así como un desglose del capital que se pactó a efecto de que los demandados mensualmente liquidaran el crédito otorgado, a partir de noviembre de mil novecientos noventa y tres hasta julio de mil novecientos noventa y cuatro, precisándose además, la tasa correspondiente a los días y meses en que permaneció fija y su variación, respectivamente, así también, se especificó el interés normal causado, de conformidad con lo estipulado en la cláusula séptima del contrato de apertura de crédito de habilitación o avío, además, en la primera hoja de la certificación de referencia se indica que la tasa de interés pactada para el cálculo de intereses naturales del crédito, sería el promedio mensual de (CETES) certificados de la Tesorería de la Federación, que emite mensualmente el Banco de México, al cual se le adicionaban tres puntos porcentuales y que dicha tasa sería aplicada sólo a la parte del crédito que hubiese sido redescontada con recursos del fondo de fomento (FIRA) instituidos por el Gobierno Federal y se aplicaría la misma tasa a la parte complementaria que correspondía a dicho crédito. Asimismo, del referido documento se observa que los aquí quejosos no hicieron pago alguno de capital ni intereses ordinarios, de tal manera que aparecen detallados en importe y número de días, el cual, según se establece en el documento, fue obtenido con base en el (C.P.P.) costo porcentual promedio vigente al momento de efectuarse el cálculo (julio de mil novecientos noventa y cuatro), 17, 82 al cual se le adicionaron catorce puntos y su resultado fue multiplicado por 1.5 veces su valor, de conformidad con lo pactado en la referida cláusula séptima (última hoja de la certificación). Consecuentemente, en el documento en cuestión sí se especificó el resumen de adeudos y su total, comprendiendo capital vigente, capital vencido, intereses normales e intereses moratorios y por lo mismo tal certificación, como lo estimó el a quo, sí reúne todos y cada uno de los requisitos a que se refiere el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito que establece que 'Los contratos o las pólizas en los que, en su caso, se hagan constar los créditos que otorguen las instituciones de crédito, junto con los estados de cuenta certificados por el contador facultado por la institución de crédito acreedora, serán títulos ejecutivos, sin necesidad de reconocimiento de firma ni de otro requisito.- El estado de cuenta certificado por el contador a que se refiere este artículo, hará fe, salvo prueba en contrario, en los juicios respectivos para la fijación de los saldos resultantes a cargo de los acreditados o de los mutuatarios, en todos los casos en que por establecerse así en el contrato ...'
"Por último, en cuanto a lo alegado por los quejosos en el sentido de que la responsable indebidamente estimó que los aquí promoventes no habían ofrecido prueba para desvirtuar la fe de lo implícito de dicho documento, cuando aducen que la certificación de adeudo que emita cualquier institución bancaria o de crédito es un documento preconstituido en forma unilateral y que por consecuencia esos documentos no son susceptibles de complementarse mediante pruebas que se ofrezcan en el juicio; debe decirse que contrariamente a lo que alegan, no obstante que en la especie los documentos base de la acción son títulos ejecutivos, por lo que debe concedérseles efectos de prueba preconstituida respecto de los datos que literalmente constan en el mismo, sin embargo, los quejosos sí pudieron ofrecer prueba a fin de desvirtuar la fe de dicho documento, como sería en su caso la pericial contable para acreditar inexactitud en los saldos a su cargo, por errores matemáticos, por haberse aplicado las tasas porcentuales pactadas incorrectamente o alguna otra circunstancia que evidenciara de una manera plena lo inverosímil del estado de cuenta, luego, si existía inconformidad en los saldos que menciona el documento contable en análisis, correspondía a los deudores destruir la presunción legal de que los datos y saldos en él anotados son correctos, y si en el caso concreto no se rindió prueba de su parte para desvirtuar la fe del contador de la institución acreedora, es claro que el documento tiene valor probatorio y, en consecuencia, lo alegado por los quejosos deviene infundado.
"En el caso resultan aplicables las tesis que invoca el quejoso, en virtud de que en ellas se alude a cuando en la certificación del contador de la institución únicamente se precisa el saldo a cargo del acreditado sin contener desglose de las operaciones que lo generaron y en el caso concreto el estado de cuenta bancario, que se exhibió junto con el contrato de apertura de crédito, como se vio en párrafos anteriores, comprende capital vigente, capital vencido, intereses normales e intereses moratorios resultando el saldo que en él se especificó.
"En tales condiciones, dado lo infundado de los conceptos de violación hechos valer por los quejosos, deberá negárseles el amparo y protección de la Justicia Federal que solicitan." (Fojas 23 a 26 vuelta del A.D. 2/96-I).
La anterior ejecutoria dio origen a la siguiente tesis:
"CONTADOR PUBLICO DE INSTITUCION DE CREDITO, EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO CERTIFICADO POR EL, GOZA DE VALOR PROBATORIO AUNQUE NO ACREDITE QUE SE ENCUENTRA AUTORIZADO POR LA INSTITUCION BANCARIA PARA CERTIFICARLO Y QUE ADEMAS CUENTA CON TITULO PARA EJERCER LA PROFESION (ARTICULO 68 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO).- Es suficiente para declarar procedente la vía ejecutiva mercantil intentada por una institución bancaria el que se exhiba el contrato o póliza donde conste el crédito otorgado, acompañado del estado de cuenta certificado por el contador autorizado por la institución, sin que sea necesario que acredite que este último se encuentra precisamente autorizado por ella para certificarlo y que además cuenta con título expedido legalmente para ejercer la profesión de contador, porque estos requisitos no los exige el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito y, en todo caso, el valor probatorio de la certificación se presume por dicho precepto, salvo prueba en contrario.
"PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO QUINTO CIRCUITO. XV.1o.12C
"Amparo directo 2/96.- Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Ilimitada Agricultores de Rancho Viejo y otros.- 28 de febrero de 1996.- Unanimidad de votos.- Ponente: Raúl Molina Torres.- Secretaria: Oralia Barba Ramírez." (Foja 3).
TERCERO.- La resolución que originó la tesis pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, fue pronunciada en el amparo directo civil número 260/95-X, cuya parte relativa es del tenor literal siguiente:
"Sexto.- Son esencialmente fundados los conceptos de violación aducidos por los quejosos.
"Es fundado el primero de los conceptos de violación manifestado por los impetrantes de garantías y suficiente para conceder el amparo; el cual aduce que el actor en el juicio ejecutivo mercantil hoy tercero perjudicado, debió de haber exhibido, junto con la certificación del estado de cuenta, el nombramiento del contador que lo faculte para realizar la misma, en términos de lo dispuesto por el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito.
"En efecto, el precitado artículo de la citada ley en comento establece que: 'Los contratos o las pólizas en los que, en su caso, se hagan constar los créditos que otorguen las instituciones de crédito, junto con los estados de cuenta certificados por el contador facultado por la institución de crédito acreedora, serán títulos ejecutivos, sin necesidad de reconocimiento de firma ni de otro requisito ...', de dicho precepto legal se desprende que la certificación de los estados de cuenta debe ser hecha por el contador facultado por la institución de crédito acreedora, certificación que tiene el carácter de título ejecutivo; de ahí que no cualquier empleado o funcionario bancario pueda extenderla, sino solamente aquel que esté legalmente autorizado para ello, dadas sus aptitudes y confianza que deposite en él la institución para que confirme el estado de cuenta del acreedor.
"En este orden de ideas, el actor en el juicio natural, debió de haber exhibido el nombramiento del contador que expidió la referida certificación para acreditar la personalidad y facultades otorgadas a este último, en términos de lo establecido en el citado artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito; pues sus funciones y facultades son de carácter especializado y requieren la comprobación de dicho requisito; por lo tanto, al no haberlo hecho así el banco acreedor en el juicio mercantil, es evidente que dicho título de crédito no tiene el carácter de ejecutivo, en términos de lo dispuesto por el mencionado precepto de la ley en comento.
"Así las cosas, lo procedente en el caso a estudio es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal para que la Sala responsable deje insubsistente la sentencia reclamada, y dicte otra en la que absuelva a los hoy quejosos de las prestaciones a que se les condenó en el juicio ejecutivo mercantil; lo anterior en atención a que no se cumplieron con los requisitos que prevé el multicitado artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito." (Fojas 50 vuelta y 51 del A.D. 260/95-X).
La anterior ejecutoria dio origen a la siguiente tesis:
"ESTADOS DE CUENTA. CERTIFICACION POR CONTADOR FACULTADO. ARTICULO 68 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO.- De una correcta interpretación del artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito se desprende que la certificación de los estados de cuenta debe ser hecha por el contador facultado por la institución de crédito acreedora, ya que dicha certificación tiene el carácter de título ejecutivo, por lo que no cualquier empleado o funcionario bancario puede extenderla, sino solamente aquel que esté legalmente autorizado para ello, dadas sus aptitudes y confianza, que deposite en él la institución para que confirme el estado de cuenta del acreedor. De ahí que la institución de crédito debe de exhibir, en el juicio natural, el nombramiento del contador que expide la certificación para acreditar la personalidad y facultades otorgadas a éste, pues sus funciones y facultades son de carácter especializado y requieren la comprobación de dicho requisito; por lo que de no hacerlo, dicho título de crédito no tendrá el carácter de ejecutivo, en términos de lo dispuesto por el mencionado precepto de la Ley de Instituciones de Crédito.
"SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO NOVENO CIRCUITO. XIX.2o.11 C.
"Amparo directo 260/95.- Manira Ale Saade Castro y Feres Ale Saade Castro.- 24 de enero de 1996.- Unanimidad de votos.- Ponente: Olga Iliana Saldaña Durán.- Secretario: Jesús Martínez Vanoye." (Foja 4).
CUARTO.- Por cuestión de orden, conviene determinar previamente si en el caso a estudio existe contradicción entre las tesis sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California, al resolver el amparo directo número 2/96-I y el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas, al resolver el amparo directo número 260/95, ya que sólo en tal supuesto es dable determinar el criterio que debe prevalecer al respecto.
Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que, para que exista materia a dilucidar respecto de cuál criterio debe prevalecer, debe existir, cuando menos formalmente, una oposición de criterios jurídicos en los que se controvierta la misma cuestión; es decir, para que se surta su procedencia, la contradicción denunciada debe referirse a las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas vertidos dentro de la parte considerativa de las sentencias respectivas, que son las que originaron, precisamente, las tesis que sustentan los órganos jurisdiccionales.
En otros términos, se da la contradicción anterior, cuando concurren los siguientes supuestos:
a) Que al resolver los negocios, se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten criterios discrepantes:
b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de la sentencias respectivas;
c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.
Al respecto, esta Primera Sala comparte el criterio sustentado por la desaparecida Cuarta Sala de este alto tribunal contenido en la jurisprudencia identificada con el número 4a./J. 22/92, publicada en las páginas 22 y 23, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación número 58, octubre de 1992, que a la letra dice:
"CONTRADICCION DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.- De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, o de la Sala que corresponda, deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos; a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes, b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."
La jurisprudencia transcrita, resulta aplicable al caso por igualdad de razón, porque, aunque en la especie las tesis que se examinan provienen de asuntos civiles, previamente debe establecerse la naturaleza jurídica de la institución de contradicción de tesis, concepto éste que se fija en forma precisa en la jurisprudencia invocada.
Resulta pertinente transcribir las tesis sustentadas por los Tribunales Colegiados mencionados por ser lo suficientemente claros de la posición jurídica de cada uno de ellos respecto del punto que se analiza.
"CONTADOR PUBLICO DE INSTITUCION DE CREDITO, EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO CERTIFICADO POR EL, GOZA DE VALOR PROBATORIO AUNQUE NO ACREDITE QUE SE ENCUENTRA AUTORIZADO POR LA INSTITUCION BANCARIA PARA CERTIFICARLO Y QUE ADEMAS CUENTA CON TITULO PARA EJERCER LA PROFESION (ARTICULO 68 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO).- Es suficiente para declarar procedente la vía ejecutiva mercantil intentada por una institución bancaria el que se exhiba el contrato o póliza donde conste el crédito otorgado, acompañado del estado de cuenta certificado por el contador autorizado por la institución, sin que sea necesario que acredite que este último se encuentra precisamente autorizado por ella para certificarlo y que además cuenta con título expedido legalmente para ejercer la profesión de contador, porque estos requisitos no los exige el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito y, en todo caso, el valor probatorio de la certificación se presume por dicho precepto, salvo prueba en contrario.
"PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO QUINTO CIRCUITO. XV.1o.12C
"Amparo directo 2/96.- Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Ilimitada Agricultores de Rancho Viejo y otros.- 28 de febrero de 1996.- Unanimidad de votos.- Ponente: Raúl Molina Torres.- Secretaria: Oralia Barba Ramírez." (Foja 3).
"ESTADOS DE CUENTA. CERTIFICACION POR CONTADOR FACULTADO. ARTICULO 68 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO.- De una correcta interpretación del artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito se desprende que la certificación de los estados de cuenta debe ser hecha por el contador facultado por la institución de crédito acreedora, ya que dicha certificación tiene el carácter de título ejecutivo, por lo que no cualquier empleado o funcionario bancario puede extenderla, sino solamente aquel que esté legalmente autorizado para ello, dadas sus aptitudes y confianza, que deposite en él la institución para que confirme el estado de cuenta del acreedor. De ahí que la institución de crédito debe de exhibir, en el juicio natural, el nombramiento del contador que expide la certificación para acreditar la personalidad y facultades otorgadas a éste, pues sus funciones y facultades son de carácter especializado y requieren la comprobación de dicho requisito; por lo que de no hacerlo, dicho título de crédito no tendrá el carácter de ejecutivo, en términos de lo dispuesto por el mencionado precepto de la Ley de Instituciones de Crédito.
"SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO NOVENO CIRCUITO. XIX.2o.11 C.
"Amparo directo 260/95.- Manira Ale Saade Castro y Feres Ale Saade Castro.- 24 de enero de 1996.- Unanimidad de votos.- Ponente: Olga Iliana Saldaña Durán.- Secretario: Jesús Martínez Vanoye." (Foja 4).
Por ende, se dan los elementos que puntualiza la Jurisprudencia 22/92 transcrita, dado que:
a) Al resolver los asuntos que se confrontan, ambos Tribunales Colegiados examinan una cuestión jurídica igual, consistente en que si de acuerdo con lo establecido en el artículo 681 de la Ley de Instituciones de Crédito es o no requisito que las Instituciones de Crédito, acrediten que el contador público que certifica un estado de cuenta bancario se encuentra autorizado por ella para hacerlo; así como que cuenta con título para el legal ejercicio de dicha profesión, para que esta certificación junto con el contrato o póliza donde conste el crédito otorgado tenga título ejecutivo.
b) La diferencia de criterios se presenta en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicos de las sentencias pronunciadas por los dos Tribunales Colegiados, al resolver juicios de amparo directo en materia civil; mismas ejecutorias que dieron origen a las tesis transcritas, en las que un Tribunal Colegiado sustenta el criterio de que tales requisitos no son necesarios y el otro Tribunal Colegiado sostiene el punto de vista contrario.
c) Los distintos criterios provienen del examen de los mismos elementos, dado que en los asuntos que originaron las tesis, se examinaron sentencias definitivas pronunciada en tocas formados con motivo del recurso de apelación interpuesto en contra de sentencias emitidas por Jueces de Primera Instancia de lo Civil en juicios ejecutivos mercantiles promovidos por instituciones bancarias en contra de acreedores, personas físicas o morales, en los que formó parte del título ejecutivo la certificación del estado de cuenta emitido por el contador público autorizado por la institución bancaria.
Por consiguiente, ante la oposición de los criterios transcritos es evidente la contradicción de tesis sustentadas por los Tribunales Colegiados mencionados, por lo que procede determinar cuál de las dos debe prevalecer o bien, algún otro criterio sustentado por esta Primera Sala respecto del mismo tema, de acuerdo con lo establecido en la tesis número 4a.X/92 de la Cuarta Sala, publicada en la página 234 del Tomo X, del Semanario Judicial de la Federación, agosto de 1992, Octava Epoca, cuyo criterio se comparte, y que es del texto siguiente:
"CONTRADICCION DE TESIS. NO TIENE QUE RESOLVERSE INVARIABLEMENTE DECLARANDO QUE DEBE PREVALECER UNO DE LOS CRITERIOS QUE LA ORIGINARON, PUESTO QUE LA CORRECTA INTERPRETACION DEL PROBLEMA JURIDICO PUEDE LLEVAR A ESTABLECER OTRO."
QUINTO.- Realizado el estudio de las tesis que se confrontan, así como de las resoluciones de las que se originaron, se arriba a la conclusión de que el criterio que debe prevalecer sustancialmente es el que sobre el tema sustenta el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, sin que ello en sus términos implique la aceptación de la tesis derivada de dicho criterio, la que por consiguiente será objeto de modificación por parte de esta Primera Sala.
En efecto, el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito establece lo siguiente:
"Artículo 68. Los contratos o las pólizas en los que, en su caso, se hagan constar los créditos que otorguen las instituciones de crédito, junto con los estados de cuenta certificados por el contador facultado por la institución de crédito acreedora, serán títulos ejecutivos, sin necesidad de reconocimiento de firma ni de otro requisito.
"El estado de cuenta certificado por el contador a que se refiereeste artículo, hará fe, salvo prueba en contrario, en los juicios respectivos para la fijación de los saldos resultantes a cargo de los acreditados o de los mutuatarios, en todos los casos en que por no establecerse así en el contrato:
"I. El acreditado o el mutuatario pueda disponer de la suma acreditada o del importe de los préstamos en cantidades parciales o esté autorizado para efectuar reembolsos previos al vencimiento del plazo señalado en el contrato, y
"II. Se pacte la celebración de operaciones o la prestación de servicios, mediante el uso de equipos y sistemas automatizados."
Ahora bien, como se precisó al inicio de este considerando, es acertado el criterio del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, en cuanto a que el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito no exige como requisitos el nombramiento como funcionario de la institución bancaria acreedora ni el acreditamiento del título del contador público, para que la certificación del estado de cuenta con el contrato o póliza donde conste el crédito otorgado por la institución bancaria al demandado, constituyan títulos ejecutivos, puesto que el texto del mencionado precepto sólo exige para esos efectos los dos documentos mencionados, lo que se corrobora con lo que se asienta en la última parte del párrafo primero, que dice: "serán títulos ejecutivos, sin necesidad de reconocimiento de firma ni de otro requisito."
Asimismo, el segundo párrafo del mismo precepto, establece que los dos títulos mencionados harán fe, salvo prueba en contrario, en los juicios respectivos para la fijación de los saldos resultantes a cargo de los acreditados o mutuatarios, con lo cual queda plenamente demostrado que el mencionado precepto no exige mayores requisitos para conceder al acreedor el acceso a una vía privilegiada de cobro, como lo es el juicio ejecutivo.
Debe advertirse, que en virtud de que el segundo párrafo de dicho precepto contiene una presunción de legalidad al establecer que el estado de cuenta certificado por el contador hará fe, salvo prueba en contrario, en los juicios respectivos para la fijación de los saldos resultantes a cargo de los demandados, lo cual se traduce en que quien suscribe dicha certificación es el contador de la institución de crédito autorizado por el banco y que el saldo es el correcto; a su vez, que queda a cargo del demandado rendir las pruebas correspondientes en el propio juicio para demostrar lo contrario y destruir la presunción de legalidad establecida en el propio precepto.
Por consiguiente, sustancialmente es correcto el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, en cuanto a que no es necesaria la comprobación de los requisitos relativos al nombramiento del funcionario de la institución bancaria y al título para el legal ejercicio de su profesión de contador público, para que los mencionados documentos adquieran la calidad de títulos ejecutivos, porque ello se traduce en una exigencia de mayores requisitos a los previstos en el precepto mencionado.
Corolario de lo anterior, es la observación que se hace en relación con el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito que es opuesto al anterior, que se ha declarado prevaleciente, en el sentido de que no precisa los fundamentos jurídicos del porqué deben ser exhibidos tanto el nombramiento del funcionario como la certificación del estado de cuenta del acreedor, para que adquieran la calidad de título ejecutivo tanto el contrato o póliza como la certificación de estado de cuenta y el argumento de que: "No cualquier empleado o funcionario bancario pueda extenderla, sino solamente aquel que esté legalmente autorizado para ello, dadas sus aptitudes y confianza que deposite en él la institución, para que confirme el estado de cuenta del acreedor.", no constituye tal razonamiento jurídico.
No pasa inadvertido señalar que en sesión de fecha trece de febrero del año en curso, se resolvieron los amparos directos 737/96, 1073/96 y 1337/96 por el tribunal Pleno, declarando la constitucionalidad del artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, por mayoría de nueve votos en contra del voto del Ministro Azuela Güitrón, quien lo hizo en el sentido de que se decrete el sobreseimiento en el juicio, estando ausente el Ministro Ortiz Mayagoitia.
Con base en lo expuesto, se concluye que la tesis que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia es la sustentada por esta Primera Sala, sustancialmente compatible con el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito:
- Es suficiente para declarar procedente la vía ejecutiva mercantil intentada por una institución bancaria el que se exhiba el contrato o póliza donde conste el crédito otorgado, acompañado del estado de cuenta certificado por contador el autorizado por la institución, sin que sea necesario que acredite que este último se encuentra precisamente autorizado por ella para certificarlo y que además cuenta con título expedido legalmente para ejercer la profesión de contado
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4183-890fae60/contador-publico-de-institucion-de-credito-el-estado · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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