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Modo: Corpus Pro

DECRETO DE TRANSFORMACIÓN DE BANCOS EXPEDIDO POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. EL EXAMEN DE SU CONSTITUCIONALIDAD RADICA EN LAS FACULTADES QUE LE OTORGA LA CARTA MAGNA Y NO EN SU EXTEMPORANEIDAD. INTERÉS JURÍDICO. NO LO TIENE EL DEMANDADO POR UNA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO PARA RECLAMAR UN DECRETO QUE DETERMINA EL CAMBIO EN SU DENOMINACIÓN.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 82/97. · Registro digital (IUS): 4228
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: TINTOREY, S.A. DE C.V., AQUA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. Y OTROS.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Mayo de 1997, , Pág. 517.

AMPARO EN REVISIÓN 82/97. TINTOREY, S.A. DE C.V., AQUA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. Y OTROS.

CONSIDERANDO:

CUARTO. Son infundados los agravios antes transcritos, por cuanto en ellos aduce esencialmente la parte inconforme, que la sentencia recurrida violó sus garantías individuales contenidas en los artículos 14 y 16 de la Carta Magna, porque carece de la debida fundamentación y motivación, ya que el Juez Federal no analizó sus conceptos de violación ni aplicó los artículos 1o., 103 y 104 de la Constitución, 1o., 74, 78 y 114 de la Ley de Amparo, y 1o. del Código Federal de Procedimientos Civiles, así como también omitió tomar en consideración la ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, dictada en el toca 468/95, en la que se reclamó la inconstitucionalidad del decreto mediante el cual se transformó Banco del Atlántico, Sociedad Nacional de Crédito en Banco del Atlántico, Sociedad Anónima, ejecutoria en la cual se hizo un análisis exhaustivo de lo que es el interés jurídico para promover una demanda de amparo contra la inconstitucionalidad del decreto; que es incorrecta la consideración del resolutor federal en cuanto estimó que los ahora inconformes carecen de interés jurídico para demandar la inconstitucionalidad del acto reclamado, consistente en el decreto expedido por el titular del Poder Ejecutivo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el diecisiete de octubre de mil novecientos noventa y uno, por virtud del cual se transformó Bancomer, Sociedad Nacional de Crédito a Bancomer, Sociedad Anónima, a efecto de adecuar su naturaleza jurídica a las nuevas disposiciones legales; que el Juez Federal incorrectamente también consideró que los ahora inconformes no se encuentran en ninguna de las hipótesis de los sujetos o personas que puedan resultar afectados por el pronunciamiento del decreto, citando además una tesis inaplicable; que contrario a lo que estimó dicho Juez, los recurrentes acreditaron su interés jurídico para reclamar la inconstitucionalidad del decreto, porque su interés deriva del derecho subjetivo que tiene todo mexicano para hacer valer sus derechos, cuando estima que se violaron en su perjuicio sus garantías individuales, conforme a los artículos 103 y 107 de la Constitución; pero que el Juez Federal equivocadamente consideró que el decreto está dirigido exclusivamente a las sociedades nacionales de crédito y a todas las personas o sujetos trabajadores, gerentes, funcionarios, delegados, fiduciarios, apoderados y otras personas, pero que no crean ningún derecho a los particulares para impugnarlo, situación que ataca el artículo 13 constitucional, porque prohíbe las leyes o decretos privativos; que por ello los particulares vinculados jurídicamente a las instituciones de crédito tienen todo el derecho a impugnar su inconstitucionalidad, que por esa razón es inadecuado el sobreseimiento decretado por el Juez Federal, además de que dicho decreto fue expedido con posterioridad a los trescientos sesenta días que el Congreso concedió al Ejecutivo para hacerlo, conforme al artículo séptimo transitorio de la Ley de Instituciones de Crédito, y que además acreditaron su interés jurídico con su escrito de demanda, los documentos consistentes en el poder, copia de la demanda promovida en su contra y los informes justificados de las autoridades responsables, que con base en éstos debe declararse la nulidad de dicho decreto a través de la autoridad judicial, nulidad que desde luego debe provocar la ilegalidad de todos los actos jurídicos y materiales que deriven o pretendan derivar del decreto inconstitucional; que asimismo, es intrascendente que no hayan hecho valer el recurso que prevé el Código de Comercio, porque al impugnarse la inconstitucionalidad el decreto multicitado en que se basó la actora para promover el juicio natural debe nulificarse todo lo actuado con posterioridad.

Primeramente, conviene aclarar en relación con lo que manifiesta la parte recurrente, en el sentido de que el Juez de Distrito violó sus garantías consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales; que es de explorado derecho que los Jueces Federales cuando actúan como órgano de control constitucional no pueden violar garantías individuales, puesto que precisamente tienen como función el examen analítico del acto autoritario reclamado, a fin de constatar si éste vulnera o no las garantías del gobernado, por tal motivo, su proceder siempre debe ser analizado a través de la Ley de Amparo, que es el ordenamiento legal al cual ciñe su actuación. Al particular, tiene aplicación la tesis de jurisprudencia visible en la página 550, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que es del tenor literal siguiente: "GARANTÍAS INDIVIDUALES, VIOLACIÓN DE. EN ELLA NO PUEDEN INCURRIR LOS JUECES DE DISTRITO CUANDO ACTÚAN COMO RESOLUTORES DE AMPARO. No puede constituir expresión de agravios en la revisión, el razonamiento en el sentido de que el Juez de Distrito en su sentencia viola los preceptos constitucionales que consagran las garantías individuales, pues resulta inadmisible desde el punto de vista jurídico que sea precisamente el órgano jurisdiccional a quien se encarga tutelar los derechos subjetivos públicos mediante el juicio de garantías, quien lleve a cabo la aludida violación. Por tal motivo, su proceder siempre debe ser analizado a través de la Ley de Amparo.".

Por otra parte, es inexacto que la sentencia recurrida carezca de la debida fundamentación y motivación por no haber analizado los conceptos de violación propuestos en la demanda de garantías, en virtud de que como se advierte de dicha sentencia, el Juez Federal citó los preceptos legales que consideró aplicables al caso, y expuso los motivos por los que estimó que los ahora recurrentes carecían de interés jurídico para reclamar la inconstitucionalidad del decreto expedido por el Ejecutivo Federal, el diecisiete de octubre de mil novecientos noventa y uno, apoyándose en las tesis que consideró aplicables; además, el hecho de que el Juez de Distrito no haya analizado sus conceptos de violación de que se duelen los recurrentes no les causa agravio alguno, porque al actualizarse una causal de improcedencia que dio origen al sobreseimiento del juicio de amparo, el resolutor federal no estuvo en la posibilidad legal de ocuparse de dichos conceptos de violación o de las pruebas aportadas por ellos, como lo establece la tesis jurisprudencial localizable con el número 1028, en la página 708, del tomo y Apéndice antes citados, cuyo texto es como sigue: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente.".

Ahora bien, contrario a lo que manifiestan los recurrentes, el Juez de Distrito legalmente consideró que el acto reclamado, consistente en el decreto expedido por el titular del Ejecutivo Federal, publicado el diecisiete de octubre de mil novecientos noventa y uno, en el Diario Oficial de la Federación, por virtud del cual Bancomer, Sociedad Nacional de Crédito, se transformó en Bancomer, Sociedad Anónima, tal acto no afecta el interés jurídico de los ahora inconformes, en virtud de que el Decreto de mérito fue emitido por el presidente constitucional de la República y refrendado por el secretario de Hacienda y Crédito Público, con el único y directo objetivo de que la sociedad crediticia de referencia dejara de ser una sociedad nacional de crédito para convertirse en una sociedad anónima, es decir, fue el sustento legal para la transformación de que se viene hablando, por lo que resulta por demás evidente que el multicitado Decreto fue dirigido ex profeso para regir aquélla, empero única y exclusivamente en lo que a la sociedad crediticia denominada Bancomer se refiere, sin que en él queden comprendidos los actos jurídicos en los que interviene esta institución, como el procedimiento ejecutivo mercantil instaurado en contra de los inconformes que tiene como base el contrato de crédito con garantía hipotecaria, el cual resulta ser un acto completamente distinto al de la transformación de que fue objeto la citada institución crediticia, máxime que como lo advirtió el resolutor federal, dicho contrato fue celebrado entre Tintorey, Sociedad Anónima y Aqua Inmobiliaria, Sociedad Anónima con Bancomer, Sociedad Anónima, los días veintisiete de febrero de mil novecientos noventa y cinco, y veintinueve de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, respectivamente, cuando dicha institución crediticia ya tenía el carácter de sociedad anónima; por ello, al regir el decreto impugnado un acto jurídico totalmente distinto al encausado en contra de los inconformes, no puede, por ende, ocasionarles perjuicio en su esfera jurídica, es decir, un agravio personal y directo, el cual es necesario para la procedencia del juicio de amparo, ya que no basta la existencia del acto reclamado, sino que es necesario que afecte los derechos subjetivos protegidos por la Constitución; por lo cual, al no afectarse el interés jurídico de los ahora recurrentes, se estima que fue correcto el proceder del Juez Federal al estimar actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, lo que motivó el sobreseimiento en el juicio constitucional con base en la fracción III del numeral 74 de la misma ley reglamentaria.

Resultando irrelevante lo alegado por los inconformes, en el sentido de que el decreto reclamado se expidió cuando ya había transcurrido el plazo de trescientos sesenta días otorgado al Ejecutivo para la expedición de dicho decreto; habida cuenta de que el solo transcurso o vencimiento del aludido plazo, no pueden limitar el ejercicio de la facultad del Ejecutivo Federal con base en la cual emitió el decreto, toda vez que es una facultad concedida por la fracción I del artículo 89 de la Constitucional Federal y no por el artículo séptimo transitorio de la Ley de Instituciones de Crédito, vigente a partir del diecinueve de julio de mil novecientos noventa.

Similar criterio ha sustentado este Tribunal Colegiado, al resolver en sesión de tres de octubre de mil novecientos noventa y seis, el amparo en revisión 383/96, el cual originó las tesis consultables en las páginas 423 y 451, del Tomo IV, correspondiente al mes de noviembre de mil novecientos noventa y seis, Pleno, Salas y Tribunales Colegiados de Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que textualmente dicen: "INTERÉS JURÍDICO. NO LO TIENE EL DEMANDADO POR UNA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO PARA RECLAMAR UN DECRETO QUE DETERMINA EL CAMBIO EN SU DENOMINACIÓN. Carece de interés jurídico el demandado por una institución bancaria, ya sea en la vía ejecutiva mercantil o hipotecaria, para reclamar en amparo un decreto del presidente de la República, mediante el cual se determina el cambio en su denominación de sociedad nacional de crédito a sociedad anónima, si el peticionario de garantías no acredita contar con un derecho subjetivo público que deba ser respetado por la autoridad y que se haya visto vulnerado con la aplicación de dicho decreto, pues dada la naturaleza particular del mismo, la única destinataria y posible afectada sería la propia institución bancaria y no los demandados, ya que no es la transformación lo que origina el ejercicio de la acción ejecutiva mercantil o hipotecaria instada en su contra, sino las obligaciones contraídas."; y "DECRETO DE TRANSFORMACIÓN DE BANCOS EXPEDIDO POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. EL EXAMEN DE SU CONSTITUCIONALIDAD RADICA EN LAS FACULTADES QUE LE OTORGA LA CARTA MAGNA Y NO EN SU EXTEMPORANEIDAD. Para el examen de la constitucionalidad del decreto expedido por el presidente de la República mediante el que se transforma Banco Mexicano Somex, de Sociedad Nacional de Crédito a Sociedad Anónima; es irrelevante la circunstancia de que se haya incumplido el plazo para su expedición establecido en el artículo séptimo transitorio de la Ley de Instituciones de Crédito, vigente a partir del 19 de julio de 1990, toda vez que la constitucionalidad o inconstitucionalidad de tal decreto radica en las facultades conferidas al citado mandatario por el artículo 89, fracción I, de la Carta Magna, lo que no guarda relación alguna con el cumplimiento del plazo a que alude aquel dispositivo legal, pues el solo transcurso o vencimiento de éste no puede limitar el ejercicio de la facultad del Ejecutivo Federal con base en la cual emitió el decreto en cuestión.".

En las relacionadas circunstancias, al resultar infundados los agravios expresados por las recurrentes y no advirtiéndose violación manifiesta de la ley que las haya dejado sin defensa, lo procedente es confirmar la sentencia recurrida y sobreseer en el juicio de garantías.

Por lo expuesto y con fundamento además en los artículos 77, 78, 91 y demás aplicables de la Ley de Amparo, se resuelve:

PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida, dictada por el Juez Primero de Distrito en el Estado de Campeche, el treinta de septiembre de mil novecientos noventa y seis, en el juicio de amparo número 744/96.

SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo, promovido por Tintorey, Sociedad Anónima de Capital Variable, Jaime Augusto Ruiz Moreno, Mercedes Ruiz Ortegón, Jorge Luis González Kuri, Francisco Ortegón Ruiz, Alberto Ávila Flores, Aqua Inmobiliaria, Sociedad Anónima de Capital Variable, Jorge González Curi, Ana Martha Escalante Castillo, Fernando Enrique Baqueiro Cáceres, José Rafael Ruiz Moreno, Juan Carlos Lavalle Pinzón, José Manuel Medina Farfán, Gustavo Ramos Rodríguez y Sergio Carlo Palacios Castro, contra los actos reclamados de las autoridades que han quedado debidamente precisadas en el resultando primero de esta ejecutoria.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos a su lugar de origen; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este tribunal y, en su oportunidad, archívese el toca.

Así lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados Fernando Amorós Izaguirre, Pablo V. Monroy Gómez y Raquel Aldama Vega, siendo ponente la tercera de los nombrados.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4228-d35da50d/decreto-de-transformacion-de-bancos-expedido-por-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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