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Modo: Corpus Pro

MULTA, SUSTITUCIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN POR.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 58/95. · Registro digital (IUS): 4334
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Julio de 1997, , Pág. 55.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 58/95. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO. Las consideraciones que tomó en cuenta el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito al resolver el amparo directo 568/95, en lo conducente son del tenor literal siguiente:

"Amparo directo penal 568/95.

"Quejoso: José Luis Pineda Rodríguez.

"Autoridad responsable: Magistrado del Primer Tribunal Unitario del Décimo Primer Circuito, como autoridad ordenadora y el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán como ejecutora.

"Acto reclamado: Sentencia dictada el veintitrés de mayo de mil novecientos noventa y cinco dentro del toca número 164/95 y su cumplimiento.

"CONSIDERANDO:

"CUARTO. El concepto de violación antes transcrito es infundado ...

"Ahora bien, en el concepto de violación formulado se sostiene que el Magistrado responsable aplicó inadecuadamente el artículo 29 del Código Penal Federal, para fijar la multa que debe satisfacerse a efecto de que el aquí quejoso disfrute el beneficio de la sustitución de la pena privativa de la libertad que tiene concedido, porque dicho precepto regula la aplicación de multa como pena directa, y que si bien en el mismo se menciona la multa sustitutiva de la pena de prisión, únicamente se relaciona al señalamiento, con la equivalencia que debe corresponder entre un día de multa por un día de cárcel, pero no establece reglas para que el juzgador fije el monto de la multa para la sustitución de una sanción corporal; que en cambio, el artículo 70, fracción III, del citado ordenamiento legal, establece que para el efecto, el juzgador debe apreciar lo dispuesto en los artículos 51 y 52 del propio código punitivo; y que la autoridad responsable no tomó en consideración las circunstancias personales del sentenciado, ni las de ejecución del hecho delictuoso, mismas que se hicieron valer al formular sus agravios, sin que haya atendido a éstos en forma total.

"Lo que es infundado, porque si bien el artículo 70 del Código Penal Federal, establece que la pena de prisión que no exceda de tres años podrá ser sustituida por multa, a juicio del juzgador, apreciando lo dispuesto en los artículos 51 y 52 del mismo ordenamiento legal; y si para el efecto de la individualización de las sanciones, atento estos últimos preceptos, deben tomarse en consideración tanto las circunstancias personales del sentenciado como las peculiaridades que concurrieron en la comisión del ilícito, su trascendencia y repercusión, cuyo análisis conducirá a ubicar la peligrosidad del infractor en determinado grado y, sobre esa base, se le imponen las penas que correspondan según el caso; luego, cuando se le concede el beneficio de la sustitución de la pena de prisión, para fijar la multa sustitutiva ha de considerarse, ya únicamente, que en términos de la parte final del artículo 29 del propio código represivo, corresponde un día de multa por un día de cárcel, y así establecerse el monto de tal sustituto penal, pues de volver a considerar aquellas circunstancias para determinar la cuantía de la multa específica que habrá de enterar el sentenciado a fin de disfrutar de dicho beneficio, se traduciría en hacer una modificación a la pena de prisión que le fue impuesta, precisamente, atendiendo a esas particularidades.

"De ahí pues, que la multa de cuatro mil ciento diez nuevos pesos con cuarenta centavos, que le fue fijada al aquí quejoso como sustituto de la pena de diez meses de prisión, se encuentra ajustada a derecho.

"En mérito de lo así considerado, y sin que este órgano colegiado advierta deficiencia de la queja que deba suplirse conforme al artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo, lo que procede es negar el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados, negativa que se hace extensiva al acto de ejecución que se reclama del Juez Tercero de Distrito en el Estado, según la jurisprudencia número 295 y epígrafe: 'AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS.', visible en la página 516, Segunda Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988.

"Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

"ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege al quejoso José Luis Pineda Rodríguez, contra el acto que reclamó de las autoridades que señaladas quedaron en el resultando primero de esta ejecutoria."

TERCERO. Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en los precedentes que dieron lugar a la jurisprudencia número 43 con el rubro:

" DEBE IGUALMENTE FIJARSE, ATENDIENDO A LA PELIGROSIDAD ESTIMADA.", estableció las consideraciones que, en la parte que interesa, dicen:

"Amparo directo penal 1992/91.

"Quejoso: Héctor Gómez Valdez.

"(Libertad provisional).

"Autoridades responsables: Juez Décimo Segundo Penal del Distrito Federal como ordenadora y otras ejecutoras.

"CONSIDERANDO:

"CUARTO. Son parcialmente fundados los conceptos de violación ...

"Por lo que atañe a la individualización de las penas, se advierte que la autoridad ordenadora, con apego a lo estatuido en los artículos 51 y 52 del Código Penal, atribuyó al acusado un índice de peligrosidad mínimo y de acuerdo con ello y a lo dispuesto en el artículo 290, en relación con el 297, ambos del Código Penal para el Distrito Federal, con justeza se le impone, por el delito de lesiones, un año de restrictiva de libertad y a pagar una multa de cincuenta pesos, la que no se le sustituye por jornada de trabajo alguna por ser aquélla inferior al día multa; en consecuencia, tampoco existe transgresión de garantías, contrariamente a lo argumentado en el segundo concepto de violación.

"Es correcto que se le absolviera por concepto de reparación del daño en el delito de lesiones al 'no existir bases para su cuantificación.'

"Sin embargo, este órgano de control constitucional advierte que, como bien lo aduce el quejoso en el tercer motivo de inconformidad expresado, que el Juez responsable, al conceder a aquél el beneficio de la sustitución de la pena de prisión por multa, contemplado éste en el numeral 70, fracción I, del Código Penal aplicable y vigente al momento de sentenciar al acusado, no se basó en los lineamientos que prevén los artículos 51 y 52 del Código Penal, tal como lo establece el precepto primeramente señalado, en virtud de que la multa sustituida de cuatro millones trescientos cuarenta y tres mil quinientos pesos resulta excesiva, ya que de las peculiaridades del sentenciado Héctor Gómez Valdez se desprende que en la época del evento dijo tener 34 años de edad, ser casado, con instrucción primaria, de ocupación colocador de vidrios, con ingresos de setenta mil pesos semanales, que dependían cinco personas de él; asimismo, de acuerdo a la mecánica de los hechos, el encausado corrió peligro, tan es así que resultó lesionado; que el motivo que lo impulsó a delinquir lo fue por la discusión previa que tuvo con su esposa, además de que se encontraba en estado de ebriedad en esos momentos.

"No debe pasarse por alto que si bien es verdad que el párrafo final del artículo 29 del Código Penal aplicable en el fuero, en lo conducente expresa que: '... tratándose de la multa sustitutiva de la pena privativa de libertad caso en el cual la equivalencia será a razón de un día multa por un día de prisión'; también lo es que lo dispuesto en tal precepto no debe aplicarse interpretado en forma aislada, sino relacionándolo con otros preceptos que se refieren a la sanción pecuniaria, como son los artículos 70, fracción I, 51 y 52 del citado cuerpo de leyes, aun cuando la multa es considerada como la pena ideal para suprimir las penas cortas de prisión, se ha observado que para las personas de mejores recursos económicos esta medida puede representar la impunidad en tanto que para los que tienen menores recursos supone siempre un sacrificio; en tal virtud, para salvar tal desigualdad, debe establecerse que el órgano jurisdiccional debe buscar la proporcionalidad de la multa con las condiciones económicas del obligado a satisfacerlas, entre otras cosas. En tales condiciones, se hace hincapié en que para sustituir la pena privativa de libertad por una multa, debe tomarse en cuenta lo dispuesto en los artículos citados, cuyo contenido en lo conducente se transcribe a continuación:

"'Artículo 70. La prisión podrá ser sustituida, a juicio del juzgador, apreciando lo dispuesto en los artículos 51 y 52 en los términos siguientes. I. Cuando no exceda de un año, por multa o trabajo en favor de la comunidad ...'.

"'Artículo 51. Dentro de los límites fijados por la ley, los Jueces y tribunales aplicarán las sanciones establecidas para cada delito, teniendo en cuenta las circunstancias exteriores de ejecución y las peculiares del delincuente ...'.

"'Artículo 52. En la aplicación de las sanciones penales se tendrá en cuenta: ... 2o. La edad, la educación, la ilustración, las costumbres y la conducta precedente del sujeto, los motivos que lo impulsaron o determinaron a delinquir y sus condiciones económicas. ...'.

"Por lo anteriormente expuesto, se reitera que para sustituir la pena de prisión por multa, no deben analizarse los preceptos del Código Penal en forma aislada, sino vinculados en forma sistemática y lógica unos con otros, según el caso; de sostener lo contrario y aplicar únicamente lo dispuesto en el párrafo último del artículo 29 del Código Penal, sin relacionarlo con los demás preceptos, se llegaría a la imposición de multas excesivas en perjuicio del inculpado, como aconteció en la especie.

"Con base en lo anterior, es por lo que debe concederse al quejoso Héctor Gómez Valdez el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, para el único efecto de que el Juez responsable, dejando intocados los demás puntos de su fallo, proceda a reducir la multa sustituida, la cual debe ser mucho muy inferior a la inicialmente impuesta para ser proporcional y justa de acuerdo a las peculiaridades del delincuente, concesión que debe hacerse extensiva a los actos de ejecución, según la jurisprudencia número 295 y epígrafe 'AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS.', visible a foja quinientos dieciséis, Segunda Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988."

"Por lo expuesto y fundado, además con apoyo en lo que disponen los artículos 1o., fracción I, 76 bis, 77, 78, 158 y 184 de la Ley de Amparo y 44, fracción I, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

"ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Héctor Gómez Valdez contra los actos que reclama del Juez Décimo Segundo Penal del Distrito Federal, así como del director de la Policía Judicial, director de Reclusorios y Centros de Readaptación Social, director del Reclusorio Preventivo Norte de esta entidad y director general de Servicios Coordinados de Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Gobernación, para el único efecto que se precisa en la parte final del considerando cuarto de este fallo."

"Amparo directo penal 485/92.

"Quejoso: Margarita Torres Medina.

"(En libertad provisional bajo caución).

"Autoridades responsables: Juez Cuadragésimo Segundo Penal como autoridad ordenadora y otras ejecutoras.

"CONSIDERANDO:

"CUARTO. Son parcialmente fundados los conceptos de violación ...

"En relación con las penas impuestas a la ahora peticionaria del amparo, Margarita Torres Medina, por el delito de despojo, cabe decir que el Juez Cuadragésimo Segundo Penal de esta ciudad, adecuó su actuar a lo dispuesto en los artículos 51 y 52 del Código Penal, al tomar en consideración las circunstancias exteriores de ejecución, así como las particulares de dicha acusada, quien dijo ser de treinta y nueve años de edad, soltera, con instrucción primaria, telegrafista, todo lo cual obligó a considerarla de una peligrosidad 'entre la mínima y la media con tendencia a la primera', por lo tanto, con base en la acusación del Ministerio Público y al numeral 395, fracción I, del Código Penal, congruentemente le impuso diez meses de prisión y multa de once mil novecientos pesos, equivalente a un día de salario mínimo vigente, pues para ello se aplicó el artículo 3o. transitorio del ordenamiento penal en vigor, que dice: '... I. Cuando se imponga multa en pesos, la conversión respectiva se hará tomando en cuenta el máximo de la multa fijada por la ley, con las correspondientes que a continuación se indican. Cuando el máximo sea de quinientos pesos, por un día multa ...'; sustituible esta última sanción por una jornada de trabajo en favor de la comunidad, en términos del artículo 27 de la ley sustantiva de la materia.

"Fue legal que se le haya condenado a la hoy quejosa Margarita Torres Medina a la reparación del daño, la cual se hace consistir en restituir a Mauricio Lask Grup y copropietarios, por medio de su representante legal Eduardo Maluly Moisés, la posesión del departamento 12, de la casa número 36, en la calle de Tacuba, colonia Centro, pues para ello es aplicable el numeral 30, fracción I, del Código Penal y existió petición del órgano de acusación en sus conclusiones.

"No obstante todo lo expuesto, este órgano advierte que, como bien aduce la quejosa en el segundo motivo de inconformidad expresado, que el Juez responsable, al conceder a aquélla el beneficio de la sustitución de la pena de prisión por multa, contemplado en el numeral 70, fracción I, del Código Penal aplicable, no se basó debidamente en los lineamientos que prevén los preceptos 51 y 52 del ordenamiento penal en cita, tal como lo establece el numeral primeramente señalado, en virtud de que la multa sustituida de tres millones noventa y cuatro mil pesos resulta excesiva, ya que de las peculiaridades de la sentenciada Margarita Torres Medina se desprende que en la época del evento dijo tener treinta y cuatro años de edad, telegrafista, así como que tenía cinco hijos, soltera, que el delito materia de la causa, deviene, entre otras cosas, por su situación económica precaria.

"Porque si bien es cierto que el artículo 29, párrafo final, del Código Penal, en lo conducente preceptúa que: '... tratándose de la multa sustitutiva de la pena privativa de libertad, caso en el cual la equivalencia será a razón de un día multa por un día de prisión'; también lo es que lo expuesto en tal precepto no debe aplicarse interpretado en forma aislada, sino relacionado con los numerales 51, 52 y 70, fracción I, del citado cuerpo de leyes, aun cuando la multa es considerada como la pena ideal para suprimir las sanciones cortas de prisión, se ha observado que para las personas de mejores recursos económicos esta medida no representa una situación grave, en tanto que para quienes tienen menores recursos económicos supone siempre un sacrificio; en tal virtud, para salvar tal desigualdad, debe establecerse que el órgano jurisdiccional debe buscar la proporcionalidad de la multa con las condiciones económicas del obligado a satisfacerlas; siendo así, se hace hincapié en que para sustituir la pena privativa por una multa, debe tomarse en cuenta lo dispuesto en los artículos citados, cuyo contenido en lo conducente se transcribe a continuación:

"Artículo 70. (Se transcribe).

"Artículo 51. (Se transcribe).

"Artículo 52. (Se transcribe).

"En tales condiciones, como ya se apuntó para sustituir la pena de prisión por multa, no deben analizarse los preceptos del Código Penal en forma aislada, sino vinculados en forma sistemática y lógica unos con otros, según el caso; de sostener lo contrario y aplicar únicamente lo dispuesto en el párrafo último del artículo 29 del Código Penal, sin relacionarlo con los demás preceptos, se llegaría a la imposición de multa excesiva en perjuicio de los sentenciados, como aconteció en la especie; sobre el particular tiene aplicación el criterio sustentado al resolver este Tribunal Colegiado el amparo directo número 1992/91, promovido por Héctor Gómez Valdez en los siguientes términos: ' DEBE IGUALMENTE FIJARSE, ATENDIENDO A LA PELIGROSIDAD ESTIMADA. Siendo cierto que el artículo 29, párrafo final, del Código Penal para el Distrito Federal en Materia del Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal establece que «tratándose de la multa sustitutiva de la pena privativa de libertad, la equivalencia será a razón de un día multa por un día de prisión»; sin embargo, ese precepto debe aplicarse relacionándolo con el texto de los numerales 70, fracción I, 51 y 52 del ordenamiento sustantivo referido, esto es, atendiendo también al margen de la peligrosidad estimada.'

"Las consideraciones que preceden, conducen a conceder a la quejosa Margarita Torres Medina el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, para el único efecto del (sic) Juez responsable, dejando firmes todos los demás puntos de su fallo, proceda a reducir la multa sustituida, la cual debe ser muy inferior a la inicialmente fijada por ser proporcional y justa de acuerdo a las peculiaridades de la sentenciada, concesión que debe hacerse extensiva a los actos de ejecución, según la jurisprudencia número 295 y epígrafe 'AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS.', visible a foja quinientos dieciséis, Segunda Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988.

"Por lo expuesto y fundado, además con apoyo en lo que disponen los artículos 1o., fracción I, 76 bis, 77, 78, 158 y 184 de la Ley de Amparo y 44, fracción I, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

"ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Margarita Torres Medina, contra los actos que reclamó del Juez Cuadragésimo Segundo Penal, directores de la Policía Judicial, del Reclusorio Preventivo Norte, de Reclusorios y Centros de Readaptación Social, todos del Distrito Federal, y director general de Servicios Coordinados de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, para el único efecto que se precisa en la parte final del considerando cuarto de este fallo."

"Amparo directo penal 1098/92.

"Quejoso: Mario Alberto Ramos Chávez.

"(Libre)

"Autoridad responsable: La Novena Sala del Tribunal Superior de Justicia como ordenadora y otras ejecutoras.

"CONSIDERANDO:

"CUARTO. Son infundados los conceptos de violación hechos valer en la especie, en atención a las razones que a continuación se exponen: ...

"Finalmente, por cuanto hace a las penas impuestas, por el injusto básico de robo consistentes en dos años seis meses de prisión y multa de un millón cuatrocientos veintiocho mil pesos, equivalente a ciento veinte días de salario mínimo general vigente en el lugar y época de los hechos, a razón de once mil novecientos pesos diarios, sustituible por igual cantidad de jornadas de trabajo en favor de la comunidad, en términos del artículo 29 del Código Penal para el Distrito Federal, en relación con el 66 de la Ley Federal del Trabajo; sanción corporal que se aumentó por la calificativa de haberse cometido el robo en un lugar cerrado, con seis meses más, para un total de tres años de pena privativa de libertad, debe decirse que se encuentran ajustadas a derecho, pues contrariamente a lo sostenido por el quejoso en su concepto de violación, se tomaron en consideración los requisitos contenidos en los artículos 51 y 52, en íntima relación con el 370, párrafo segundo y 381, fracción I, del código punitivo en consulta; es decir, la circunstancia de que al momento de los hechos el acusado contaba con veintiún años de edad, de estado civil soltero, de ocupación estudiante, el monto de lo robado, mismo que no excedió de quinientas veces el salario mínimo, que de la ficha signalética correspondiente aparece que carece de ingresos anteriores a prisión, lo que se corrobora con el informe de la Dirección General de Reclusorios y Centros de Readaptación Social; además de que las penas impuestas son congruentes con el grado de peligrosidad social que correctamente estimó la responsable como superior a la mínima, próxima a ésta y a los parámetros mínimos que en abstracto establece el tipo penal respectivo; máxime que se advierte que el tribunal ad quem, en suplencia de los agravios formulados en apelación, redujo el monto de la multa impuesta con base en el salario que regía en el lugar y época de los acontecimientos.

"Asimismo, se encuentra ajustada a derecho la parte de la sentencia reclamada en la que sustituyó la pena corporal impuesta por tratamiento en libertad; ello es así, porque esa determinación es acorde con lo dispuesto en el numeral 70, fracción II, en relación con el 90, fracción I, incisos b) y c), del Código Penal para el Distrito Federal. A igual conclusión debe arribarse respecto de la condena a la reparación del daño, toda vez que la misma se tuvo por satisfecha por haber sido recuperados parte de los bienes robados, lo cual es acorde a las constancias de autos; aunado a que la amonestación para prevenir la reincidencia se encuentra dentro del marco contemplado en el artículo 42 del código punitivo en consulta, en relación con el 577, de la ley procesal local.

"QUINTO. En cambio, en suplencia de la queja deficiente, este cuerpo colegiado advierte que la sentencia reclamada es violatoria de los derechos subjetivos públicos del quejoso en la parte en que sustituyó la pena privativa de libertad de tres años por multa de doce millones ochocientos ochenta y siete mil setecientos pesos; se afirma ello, pues la responsable únicamente se concretó a multiplicar los días de prisión a que fue sentenciado el quejoso, con abono de doce días de prisión preventiva, por la cantidad de once mil novecientos pesos, equivalente a un día de salario mínimo general vigente en la fecha y zona económica del evento, para obtener de esa forma el monto de la multa sustitutiva, proceder este que es conculcatorio de los artículos 51, 52 y 70, fracción III, del código punitivo en consulta, habida cuenta de que de una recta interpretación de tales disposiciones legales se arriba a la conclusión de que para la determinación del importe de tal sustitutivo penal debe tomarse en consideración el grado de peligrosidad social del acusado, así como su situación económica, la que por cierto es precaria, partiendo de la base de que es estudiante; luego entonces, es de invocarse el criterio sustentado por este Tribunal Colegiado al resolver el juicio de amparo directo número 1992/91, Héctor Gómez Valdez, fallado por unanimidad de votos el día dieciséis de enero de mil novecientos noventa y dos, que literalmente dice: ' DEBE IGUALMENTE FIJARSE, ATENDIENDO A LA PELIGROSIDAD ESTIMADA.' (Se transcribe).

"Sentado lo anterior, lo que procede es conceder la protección constitucional solicitada por el quejoso para el efecto de que la Sala responsable dicte una nueva resolución en la que, dejando intocados los demás aspectos de la misma, determine el importe de la multa sustantiva (sic) de prisión conforme a los lineamientos anteriormente expuestos, exponiendo los motivos y fundamentos legales para ello, en la inteligencia de que el monto de ese sustitutivo deberá ser inferior al fijado en la sentencia reclamada; amparo que debe hacerse extensivo a los actos de ejecución al no reclamarse por vicios propios según la tesis de jurisprudencia número 295, visible a foja quinientos dieciséis, Segunda Parte, de la Compilación Oficial de los Fallos de 1917-1988, bajo el rubro: 'AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS.'.

"Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 103 y 107 constitucionales; 1o., fracción I, 76, 77, 78, 158 y 184 de la Ley de Amparo; y 44, fracción I, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

"ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Mario Alberto Ramos Chávez, contra los actos que reclama de la Novena Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, Juez Décimo Tercero Penal y director de Servicios Coordinados de Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Gobernación, todos con sede en el Distrito Federal, mismos que se puntualizan en el resultando primero de esta ejecutoria; el amparo se concede para el efecto que se indica en la parte final del considerando quinto de esta resolución."

"Amparo directo penal 192/92.

"Quejoso: Teresa Murguía Muñoz, Luis Lorea

Sánchez y Francisco Cruz Rivera.

"(En libertad).

"Autoridad responsable: Juez Segundo Penal del Distrito Federal como autoridad ordenadora y otras como ejecutoras.

"CONSIDERANDO:

"CUARTO. Son parcialmente fundados los anteriores conceptos de violación, por lo siguiente: ...

"Por otra parte, la orden de amonestar a cadasentenciado para evitar su reincidencia, es una pena complementaria contemplada por el diverso numeral 42 del código sustantivo del fuero y, por tal motivo, tal determinación en modo alguno puede atentar contra las garantías individuales de los promoventes de este amparo.

"En lo concerniente a la sustitución de la pena de prisión por multa de tres millones trescientos cuarenta y tres mil cuatrocientos pesos, que junto con la diversa sanción pecuniaria de un día multa equivalente a nueve mil ciento sesenta pesos, hacen un total de tres millones trescientos cincuenta y dos mil quinientos sesenta pesos, que como beneficio decretó el Juez responsable para cada uno de los aquí quejosos, bajo la condición de que cumplan previamente con la reparación del daño a que antes se hizo mérito, es de decirse que la procedencia de la misma encuentra su fundamentación en los artículos 70, fracción I y 90, fracción I, incisos b) y c) y 29 del Código Penal para el Distrito Federal y, por ende, en manera alguna infringe garantías individuales de los promoventes de este juicio constitucional, pues la concesión de este beneficio está dentro de las atribuciones legales de quien lo decretó, es decir, del Juez de la causa. En cambio, es fundado el concepto de violación referido a que el importe de tal multa sustitutiva es ilegal, por excesiva; pues en efecto, para fijarla en la cantidad de tres millones trescientos cincuenta y dos mil quinientos sesenta pesos, el Juez responsable tan sólo multiplicó el salario mínimo general vigente en la fecha y zona económica del evento, que lo era de nueve mil ciento sesenta pesos, por trescientos sesenta y cinco días, que conforman el año de prisión impuesto, para obtener aquélla, según su decir con base en el artículo 29 de la ley punitiva local, pero sin hacer mayor consideración sobre el particular, inobservando con ello ese precepto así como los numerales 51, 52 y 70, fracción I, ibidem, pues de la interpretación conjunta de éstos se arriba a la conclusión de que para determinar el importe de dicho sustitutivo penal, también es de tomarse en cuenta el grado de peligrosidad social de los condenados y su situación económica, la que, por cierto, es raquítica en los tres, aunado al hecho de que la reparación del daño cometido consiste en la restitución del inmueble despojado en favor de la parte ofendida, a cuya pena también fueron condenados y la que deben satisfacer previamente a acogerse al sustitutivo apuntado; luego entonces, al caso es aplicable la tesis de este Tribunal Colegiado, sostenida en el juicio de amparo directo 1992/91, Héctor Gómez Valdez, 16 de enero de 1992, por unanimidad de votos, que dice: ' DEBE IGUALMENTE FIJARSE, ATENDIENDO A LA PELIGROSIDAD ESTIMADA.' (Se transcribe).

"De consiguiente con lo anterior, es de otorgarse el amparo que solicitan los quejosos para el efecto de que el Juez responsable dicte una nueva sentencia en la que, dejando intocados todos los aspectos de la misma, excepto el relativo al importe de la multa sustitutiva de prisión, exponga los motivos y fundamentos que considere pertinentes para fijar un nuevo monto de ese sustitutivo, el cual, desde luego, debe ser menor al que en un principio señaló.

"Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 103 y 107 constitucionales; 1o., fracción I, 76, 77, 78, 158 y 184 de la Ley de Amparo; y 44, fracción I, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

"ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Teresa Murguía Muñoz, Luis Lorea Sánchez y Francisco Cruz Rivera, contra los actos que reclamaron del Juez Segundo Penal, secretario de acuerdos del Juzgado Segundo Penal, procurador general de Justicia y director general de Servicios Coordinados de Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Gobernación, todos ellos residentes en el Distrito Federal, para los efectos que quedaron puntualizados en la parte final del considerando cuarto de esta ejecutoria."

"Amparo directo penal 918/92.

"Quejoso: María Concepción Flores Sánchez.

"(En libertad provisional bajo caución).

"Autoridades responsables: Juez Trigésimo Primero Penal del Distrito Federal, como autoridad ordenadora y otras como ejecutoras.

"CONSIDERANDO:

"CUARTO. Son infundados los conceptos de violación que hace valer la amparista ...

"El último de los conceptos de violación que se aduce, tiene vinculación con el capítulo de la individualización de las sanciones y al igual que todos los anteriores, resulta infundado, porque el Juez responsable dio cumplimiento a lo previsto en los artículos 51 y 52 del Código Penal para el Distrito Federal, al analizar las circunstancias exteriores de ejecución del injusto, al móvil del evento, así como las características personales de María Concepción Flores Sánchez, quien dijo tener cuarenta y nueve años de edad, casada, católica, sin instrucción, de ocupación comerciante, sin ingresos anteriores a prisión, en esta virtud, delincuente primaria; los anteriores datos le permitieron al a quo estimarle un grado de peligrosidad entre la mínima y la media, más cercano a la primera, por lo que, con fundamento en el precepto 395 del cuerpo de leyes invocado, le impuso seis meses de prisión y multa de nueve mi

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4334-ee1f0766/multa-sustitucion-de-la-pena-de-prision-por · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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