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Tipo de asunto: RECURSO DE RECLAMACIÓN EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y EN ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD 11/95. · Registro digital (IUS): 4727
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ROBERTO MADRAZO PINTADO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE TABASCO, PEDRO JIMÉNEZ LEÓN, PRESIDENTE DE LA GRAN COMISIÓN DE LA LV LEGISLATURA AL CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO Y ANDRÉS MADRIGAL SÁ
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Marzo de 1998, , Pág. 577.

RECURSO DE RECLAMACIÓN EN LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 11/95. ROBERTO MADRAZO PINTADO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE TABASCO, PEDRO JIMÉNEZ LEÓN, PRESIDENTE DE LA GRAN COMISIÓN DE LA LV LEGISLATURA AL CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO Y ANDRÉS MADRIGAL SÁNCHEZ, PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DE DICHO ESTADO.

MINISTRA PONENTE: OLGA MARÍA DEL CARMEN SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS.

SECRETARIA: NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día doce de octubre de mil novecientos noventa y cinco.

VISTOS; Y

RESULTANDO:

PRIMERO. Por escrito de fecha veintiuno de agosto de mil novecientos noventa y cinco, Roberto Madrazo Pintado, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tabasco, Pedro Jiménez León, presidente de la Gran Comisión de la LV Legislatura al Congreso del Estado de Tabasco y Andrés Madrigal Sánchez, procurador general de Justicia del Estado, con apoyo en el artículo 105 de la Constitución Federal, demandaron del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y del procurador general de la República, lo siguiente:

"Actos cuya invalidez se demanda. En general, las averiguaciones previas y diligencias practicadas que el procurador general de la República ha abierto y dispuesto en relación con el suscrito Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco y otros, respecto de supuestos ilícitos denunciados con fecha trece de junio de mil novecientos noventa y cinco, por miembros del Partido de la Revolución Democrática, de los que, aunque no se han publicado oficialmente sus resultados, hemos tenido conocimiento el día veinte de agosto en curso, fecha en la que nos enteramos de que se dio entrada a la acusación, se realiza ya la averiguación y existen las diligencias."

Fundaron su demanda en los hechos que se transcriben a continuación:

"1. Según tuvimos conocimiento con fecha veinte de agosto en curso, por virtud de un boletín emitido por la Procuraduría General de la República, en esta Ciudad de México, Distrito Federal, el trece de junio de mil novecientos noventa y cinco, el ciudadano Andrés Manuel López Obrador y otros miembros del Partido de la Revolución Democrática presentaron ante el procurador general de la República denuncia en relación con diversos hechos que, a su juicio, pudieran constituir la comisión de ilícitos, en los que supuestamente se incurrió, en violación de leyes de la entidad, en el último proceso electoral celebrado en el Estado de Tabasco con vista a renovar a los titulares de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Ayuntamientos del Estado.

"2. Los ilícitos objeto de la denuncia y que son objeto de las averiguaciones que ha abierto y sigue el procurador general de la República son los de defraudación fiscal, defraudación fiscal equiparada, destrucción de documentos o de sistemas fiscales, encubrimiento fiscal, peculado, falsedad de declaraciones judiciales, delitos electorales y asociación delictuosa, derivados o relacionados con el proceso electoral realizado en el Estado de Tabasco con el fin de renovar a los titulares de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Ayuntamientos del Estado, que se organizó y llevó a cabo de conformidad con la Constitución Política, la Ley Electoral, demás leyes y disposiciones aplicables del propio Estado de Tabasco y que concluyó con los comicios que tuvieron verificativo el pasado día veinte de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro.

"3. Los hechos en que se pretende fundar la denuncia se reducen a los siguientes: Una diferencia entre lo que la Ley Electoral del Estado de Tabasco autorizaba como monto máximo para gasto de campaña y las erogaciones que, supuestamente, realizó el partido que llevó a los suscritos gobernador, los diputados al Congreso y los titulares de los Ayuntamientos del Estado a los cargos que ocupamos, y los cuestionamientos que formulan en relación con las fuentes locales de financiamiento de las que obtuvieron (sic) los fondos suplementarios excedentes.

"4. Los denunciantes, con el fin de fincar la competencia de la Procuraduría General de la República, de lo que tenemos entendido, han pretendido fundar su denuncia en leyes federales que, desde luego, no son aplicables y probar los hechos mediante la exhibición de documentos contables que supuestamente les fueron entregados en la plaza principal de esta Ciudad de México el día cinco de junio pasado.

"5. La denuncia de referencia fue ratificada en la fecha de su presentación, según hemos tenido conocimiento, y le correspondieron como número de averiguación los de DO/5057/95 y DO/5058/95.

"6. Dada la organización política que se desprende de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, concretamente dada nuestra organización federal, que se finca, entre otras instituciones jurídico-políticas, en la existencia de Estados libres y soberanos y de que tanto el presidente de la República, como el procurador general de la República, han protestado guardar la indicada Constitución, supusimos que, en respeto de la autonomía de nuestra entidad, se librarían de inmediato las instrucciones de archivo inmediato.

"7. No obstante lo anterior, con fecha veinte del presente mes de agosto, por un boletín emitido por la Procuraduría General de la República, hemos tenido conocimiento de que el procurador, titular de ella, ha dado curso a la denuncia; no sólo eso, que se ha abierto una averiguación, realizando diversas diligencias e instrucciones, solicitando información en relación con los hechos que constituyen los supuestos delitos denunciados, y que, incluso, procederá a citar a las personas que tuvieron participación en el manejo de esos recursos económicos.

"8. En virtud de que lo anterior viola, en forma burda y evidente, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Pacto Federal que ella consigna y garantiza la autonomía de la que, como entidad libre y soberana, goza el Estado de Tabasco, por medio de este escrito recurrimos ante ese Alto Tribunal que usted preside a demandar se declare la invalidez de los referidos actos."

SEGUNDO. Por acuerdo de fecha seis de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de Ministro instructor, tuvo por presentada la contestación a la demanda respectiva y señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia a que se refiere el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional.

TERCERO. Con fecha doce de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, el doctor Samuel Ignacio del Villar Kretchmar, en representación del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante la Oficina de Certificación y Correspondencia de este Alto Tribunal, un escrito de petición en la controversia constitucional 11/95, mismo que es del tenor literal siguiente:

"México, D.F., a 12 de septiembre de 1995.

"Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

"Atención:

"Licenciado Vicente Aguinaco Alemán presidente y Ministro instructor.

"Presente.

"Samuel Ignacio del Villar Kretchmar, secretario de Asuntos Jurídicos y Reforma del Estado del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, y en su nombre y representación, personalidad que está reconocida en el expediente de la averiguación previa número DO/5058/95 de la Procuraduría General de la República, materia de esta controversia, y por mi propio derecho como titular de las garantías que otorga la Constitución General de la República, señalando como domicilio para recibir toda clase de notificaciones la casa ubicada en Monterrey 50, colonia Roma del Distrito Federal, autorizando para los mismos efectos a los abogados José Luis Tuñón Gordillo, Juan Romero Tenorio y Jorge Reza Maqueo, comparecemos ante este Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con fundamento en el artículo 8o. de la Constitución General de la República en ejercicio de la garantía constitucional de petición de la que somos titulares, y como amigos de la Corte, amicii curiae, en la controversia entre el Poder Ejecutivo Federal y el Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco a consideración de su Pleno, de acuerdo con lo siguiente:

"Con fecha veintiuno de agosto de mil novecientos noventa y cinco, Roberto Madrazo Pintado, ostentándose como ‘Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tabasco’, Pedro Jiménez León, ostentándose ‘en mi carácter de presidente del Congreso del Estado de Tabasco’ y Andrés Madrigal Sánchez, ostentándose ‘en mi carácter de procurador general de Justicia del Estado de Tabasco’, interpusieron ante esta Suprema Corte un escrito ‘para plantear una controversia constitucional y, por lo mismo demandar a la Federación, concretamente al Poder Ejecutivo Federal, por conducto de su titular y depositario, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctor Ernesto Zedillo Ponce de León y el procurador general de la República, licenciado Antonio Lozano Gracia ...’.

"I. Hechos materia de la controversia.

"En el escrito de referencia, el gobernador de Tabasco et al refieren textualmente bajo el rubro: ‘IV. Actos cuya invalidez se demanda’, los siguientes hechos como materia de la supuesta controversia constitucional:

"En general, las averiguaciones previas y diligencias practicadas que el procurador general de la República ha abierto y dispuesto en relación con el suscrito Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco y otros, respecto de supuestos ilícitos denunciados con fecha trece de junio de mil novecientos noventa y cinco, por miembros del Partido de la Revolución Democrática de las que aunque no se ha publicado oficialmente sus resultados, hemos tenido conocimiento el día veinte de agosto en curso, fecha en que nos enteramos que se dio entrada a la acusación, se realiza ya la averiguación y existen diligencias.

"Los actores, bajo el rubro identificado como ‘IV. Antecedentes’, particularizan los hechos materia de la supuesta controversia constitucional, frente a lo que nos permitimos manifestar a esta Suprema Corte lo siguiente:

"1. Es cierto que el trece de junio de mil novecientos noventa y cinco, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, ex candidato de nuestro partido a la gubernatura del Estado de Tabasco, en las elecciones de veinte de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, Darwin González Ballinas, presidente del partido de Tabasco, el senador Auldarico Hernández Jerónimo, los diputados federales Julieta Uribe y Octavio Romero y otros dirigentes y afiliados de nuestro partido en el Estado de Tabasco interpusieron un escrito formal de denuncia de hechos, que fue ratificada por el licenciado López Obrador, probablemente constitutivos de diversos delitos del fuero federal, como se afirma en los hechos consignados bajo los numerales 1 y 2 de dicho rubro del escrito de demanda.

"2. Es cierto, como se sugiere en los numerales 3 y 4 del rubro mencionado del escrito de demanda, que el diecinueve de junio de mil novecientos noventa y cinco, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, en su carácter de ex candidato del Partido de la Revolución Democrática al Gobierno del Estado de Tabasco, y el suscrito Samuel Ignacio del Villar Kretchmar, en mi carácter de secretario de Asuntos Jurídicos del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, y representante del mismo, presentamos en la Procuraduría General de la República un escrito dirigido a su titular y ratificado por el suscrito en el que se acredita la probable responsabilidad de:

"Roberto Madrazo Pintado, Manuel Gurría Ordóñez y de los integrantes del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en el Estado de Tabasco, por los delitos de peculado con la recaudación federal y del uso indebido de atribuciones y facultades consecuente tipificados en los artículos 223 y 217, fracción III, del Código Penal para toda la República en Materia de Fuero Federal en vigor, cometido en agravio de la soberanía del pueblo de Tabasco, de la dignidad del pueblo de México, de los derechos de nuestros candidatos a la gubernatura y a los Ayuntamientos del Estado de Tabasco, y de nuestro partido, de acuerdo con los siguientes:

"HECHOS

"1. El trece de junio el suscrito, Andrés Manuel López Obrador, ex candidato de nuestro partido a la gubernatura de Tabasco y otros dirigentes y afiliados al mismo en dicho Estado, denunciamos ante usted señor procurador, la aplicación de N$237'871,112.22 (doscientos treinta y siete millones ochocientos setenta y un mil ciento doce pesos 22/100 M.N.) (sic) por el Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en el Estado de Tabasco a los gastos de campaña de su candidato a gobernador, Roberto Madrazo Pintado.

"2. En dicha denuncia se acreditó, de acuerdo con el informe del Partido Revolucionario Institucional, el ingreso de N$3'770,842.17 (tres millones setecientos setenta mil ochocientos cuarenta y dos nuevos pesos 17/100 M.N.).

"3. La diferencia entre el gasto documentado y el ingreso referido por el Partido Revolucionario Institucional en el citado informe es de N$234'107,270.05 (doscientos treinta y cuatro millones ciento siete mil doscientos setenta nuevos pesos 05/100 M.N.).

"4. Es evidente que esa diferencia de fondos ilícitamente aplicados no pueden tener un origen lícito, incluso de acuerdo con el informe del Partido Revolucionario Institucional. Dada su magnitud, sólo pudieron originarse en recursos fiscales ilícitamente desviados o en otras actividades delictivas. Cabe resaltar que dicho partido reconoció oficialmente, en el informe de referencia, que las aportaciones lícitas de militantes, ascendieron a N$238,580.00 (doscientos treinta y ocho mil quinientos cincuenta y ocho nuevos pesos 00/100 M.N.) (sic) y las de simpatizantes a N$1'150,000.00 (un millón ciento cincuenta mil nuevos pesos 00/100 M.N.), el 0.06% del monto ilícitamente aplicado.

"5. Es irrefutable no sólo la identidad, sino también el apoyo total del gobierno de Tabasco encabezado por Manuel Gurría Ordóñez, a la campaña de los candidatos del Partido Revolucionario Institucional, encabezados por Roberto Madrazo Pintado. Las disponibilidades de recursos fiscales de dicho gobierno durante el año de mil novecientos noventa y cuatro le permitieron hacer las transferencias necesarias para financiar las aplicaciones ilícitas.

"La identidad y el vínculo ilícito entre el gobierno de Manuel Gurría Ordóñez y la campaña electoral de Roberto Madrazo Pintado se comprueba ya con los recibos de pago de servicios telefónicos aplicados a ésta, pero registrados para dicho gobierno, que obran en la documentación entregada como anexo de la denuncia del trece de los corrientes.

"7. (sic) La recaudación fiscal federal cubre alrededor del ochenta y cinco por ciento del presupuesto del Gobierno de Tabasco en mil novecientos noventa y cuatro, por virtud de la legislación federal en la materia y del convenio respectivo de coordinación. La aplicación de este coeficiente a los recursos ilícitamente obtenidos por el Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en Tabasco, resultan en un monto del orden de doscientos millones de nuevos pesos de recursos fiscales federales que probablemente fueron distraídos por el Gobierno de Tabasco para esos fines ilícitos.

"Consideraciones sobre la competencia de la Procuraduría General de la República.

"1. La competencia y obligación de la Procuraduría General de la República de investigar y en su caso consignar los hechos materia de esa denuncia se establecen antes que nada por la Constitución General de la República. Su artículo 108, párrafo tercero, previene expresamente que los gobernadores de los Estados, los diputados de las Legislaturas Locales ‘serán responsables del manejo indebido de fondos y recursos económicos federales’.

"2. Resulta evidente que los fondos y recursos generados por impuestos federales y asignados con base en la legislación federal son de naturaleza federal. De acuerdo con el artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal los fondos ilícitamente aplicados, materia de esta denuncia, provienen de un porcentaje de la recaudación federal participable que obtenga la Federación en un ejercicio.

"3. Más aún, la Ley Federal de Responsabilidad de Servidores Públicos (sic), en sus artículos 2o. y 46, confirma expresamente la competencia federal para conocer de las responsabilidades de los gobernadores de los Estados ‘y de todas aquellas personas que manejen o apliquen recursos económicos federales’, sin establecer excepción alguna.

"4. El Código Penal para toda la República en Materia del Fuero Federal, en sus artículos 223 y 217, tipifica como delitos la aplicación indebida de fondos públicos por parte de servidores públicos o cualquier otra persona.

"5. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 102, inciso A (sic), párrafo segundo, establece el monopolio del Ministerio Público Federal sobre la ‘persecución de todos los delitos del orden federal’, que confirma el artículo 2o., fracción V, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

"6. Consecuentemente, la Procuraduría General de la República es plenamente competente para conocer de los hechos materia de esta denuncia y, en los términos del artículo 102 constitucional, está obligada a ‘buscar y presentar las pruebas’ que sustancien las responsabilidades del caso. De conformidad con el artículo 113 del Código Federal de Procedimientos Penales, está obligada a proceder de oficio a la investigación y determinación de la probable responsabilidad de los indiciados. En la misma forma, en los términos de su artículo 125, está obligada a ‘citar para que declaren sobre los hechos que se averigüen, a las personas que por cualquier concepto participen en ellos o aparezcan datos (sic) sobre los mismos’.

"3. (sic) Es cierto como lo afirma el escrito de demanda en el numeral 5 del rubro de referencia, que la Procuraduría General de la República abrió las averiguaciones previas por los hechos denunciados en los escritos a que hacen referencia los numerales 2 y 3 anteriores, respectivamente, con los números DO/5057/95 y DO/5058/95.

"4. Es cierto que el gobernador de Tabasco et al en ninguna parte de su escrito de demanda niega la ilicitud del origen de los fondos dispuestos por el Partido Revolucionario Institucional para financiar su campaña electoral.

"5. Es cierto que el gobernador de Tabasco et al en ninguna parte de su escrito de demanda niega que el origen de esos fondos fueron recursos económicos federales transferidos al Gobierno de Tabasco, como lo plantea nuestra denuncia.

"6. Es cierto que el gobernador de Tabasco, su procurador general de Justicia y el presidente del Congreso del Estado en ninguna parte de su escrito de demanda establecen la competencia del Gobierno de Tabasco para conocer los hechos constitutivos del delito materia de la controversia, mucho menos su disposición para perseguirlos, investigando y exigiendo ante los tribunales las responsabilidades consecuentes, y mucho menos reclaman la atracción por los poderes de ese Estado para el efecto.

"7. Es cierto que el gobernador de Tabasco et al, en el numeral 6 del rubro de referencia de su escrito establecen claramente que su demanda no plantea una controversia constitucional sobre la competencia de la Federación. Reconocen expresamente que corresponde a la Procuraduría General de la República, y no a la Procuraduría General de Justicia de Tabasco, resolver sobre los hechos materia de su demanda, al afirmar que ‘supusimos’ que ‘se librarían de inmediato las instrucciones de archivo inmediato.’. En efecto, el libramiento de dichas instrucciones presuponen necesariamente la competencia del Ministerio Público Federal para admitir la denuncia de los hechos y realizar su averiguación de acuerdo con lo establecido en los artículos 299 en relación con el 298 del Código Federal de Procedimientos Penales.

"8. Es cierto que la controversia que plantea el gobernador de Tabasco et al es sobre la orientación que la Procuraduría General de la República dio a su competencia constitucional y legal para conocer de los hechos materia de la demanda, y reside en que no siguió la ‘suposición’ de los actores de que ‘se librarían de inmediato las instrucciones de archivo inmediato’, sino que ‘ha dado curso a la denuncia’ y ‘se ha abierto una averiguación, realizando diversas diligencias y girado oficios a diversas dependencias e instituciones, solicitando información con los hechos que constituyen los supuestos delitos denunciados, y que, incluso, procederá a citar a las personas que tuvieron participación en el manejo de esos recursos económicos’, como se describe en el numeral 7 del rubro de referencia del escrito de demanda.

"9. Es cierto que el fundamento de la demanda del gobernador de Tabasco es el ‘archivo’ de la investigación de los hechos materia de la controversia, como se describe en el numeral 7 del rubro de referencia del escrito respectivo, y la consecuencia de obsequiarla es la impunidad anticonstitucional a la ilicitud de las conductas respectivas, puesto que el archivo de la investigación imposibilita la persecución de los delitos cometidos.

"10. Es falso el fundamento del reclamo del gobernador de Tabasco et al en el ‘respeto a la autonomía de nuestra entidad’, como se describe en el numeral 6 del rubro de referencia del escrito de demanda, pues si esto fuese así y considerasen a sus poderes competentes para conocer del caso, hubiesen demandado a esta Suprema Corte la atracción de la investigación, acreditando que en el momento de conocer de las denuncias que presentamos, la Procuraduría General de Justicia de Tabasco y/o el Congreso del Estado solicitaron a la Procuraduría General de la República la atracción del caso y la remisión del expediente, fundado (sic) consecuentemente la materia de la controversia constitucional con la negativa de la Procuraduría General de la República a obsequiar su solicitud. Hay que insistir en que al reconocer a la Procuraduría General de la República la competencia para librar las instrucciones de archivo, el gobernador de Tabasco et al le están reconociendo específicamente la competencia para conocer, investigar y resolver el caso, dejando así sin materia alguna su demanda de controversia constitucional.

"11. Es falsa la afirmación del gobernador de Tabasco et al, referida en el numeral 8 del rubro de referencia de su escrito de demanda, de que el inicio de la averiguación de los hechos materia de la controversia por la Procuraduría General, de acuerdo con algunas de las peticiones de nuestra denuncia, ‘viola, en forma burda y evidente, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos’ y ‘el Pacto Federal que ella consigna’. La falsedad de su afirmación, antes que nada, la aceptan específicamente los actores, como se comprobó antes, al reconocer al Ministerio Público Federal competencia para conocer, investigar y resolver la denuncia de los hechos sin remisión alguna a los poderes de Tabasco. Esta falsedad se comprueba con la revisión de los preceptos constitucionales cuya violación afirman los actores y la carencia total de fundamento en los conceptos de invalidez que alegan de acuerdo con las siguientes:

"II. Consideraciones de derecho sobre la controversia.

"Los actores invocan arbitrariamente en su escrito de demanda, bajo el rubro identificado como ‘V. Preceptos constitucionales violados: Artículos 21, 73, fracción XXI, 89, fracción I, 102, inciso A (sic), 110, 11 (sic), 116 y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.’. Sin embargo, en ninguna parte de los alegatos contenidos en el escrito de demanda se refiere cómo los citados preceptos constitucionales fueron violados por las diligencias de la Procuraduría General de la República. Por el contrario, la revisión de dichos preceptos y de otros relevantes dejados al margen por la ignorancia constitucional que sistemáticamente demuestran los actores, comprueba plenamente la falta de materia para la controversia constitucional, lo que específicamente aceptan los actores al reconocer en los hechos consignados en su escrito la competencia de la Procuraduría General de la República para conocer, investigar y resolver la denuncia que presentamos.

"En lo general, hay que observar que de no haber conocido e iniciado la averiguación de los hechos de referencia, la Procuraduría General de la República hubiese violado la obligación que le imponen los artículos 21 y 102 de la Constitución de perseguir ante los tribunales los delitos del fuero federal, tipificados por el Congreso de la Unión con base en las facultades expresas que le otorga el artículo 73 en su fracción XXI y de acuerdo con el procedimiento federal legislado por el mismo con base en las facultades que le otorga la fracción XXX del citado precepto, y que por lo mismo no caen dentro del supuesto de que ‘están reservadas para los Estados’ del artículo 124 constitucional.

"El titular del Poder Ejecutivo Federal cumplió con su obligación, no la violó, que le impone el artículo 89, fracción I, de la Constitución General de la República de ‘promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión’, al promulgar el Código Penal para toda la República en Materia de Fuero Federal, la Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos (sic) y el Código Federal de Procedimientos Penales. Actualizan la competencia federal, no local, para conocer e investigar las responsabilidades penales por la comisión de delitos federales de los titulares de los poderes locales que establece el artículo 11 (sic) de la Constitución, y sus responsabilidades políticas que establece el artículo 110. Las diligencias referidas, en ninguna parte y desde ningún punto de vista, violan la división de poderes locales establecida por el artículo 116 de la Constitución, ni interfieren con sus respectivas competencias, como lo reconocen los propios actores al afirmar la competencia del Ministerio Público Federal de conocer, investigar y resolver el caso materia de su demanda, y al no reclamar competencia específica alguna para conocerlo, investigarlo y resolverlo en el fuero local de Tabasco.

"Esta carencia absoluta de fundamento constitucional alguno en la demanda de invalidez de las actuaciones de la Procuraduría General de la República que formulan el gobernador de Tabasco et al, se comprueba al considerar en lo particular cada uno de sus alegatos:

"1. Sobre ‘el primer concepto de invalidez’ que alegan el gobernador de Tabasco et al.

"Los actores pretenden fundar su alegato, bajo el título, no en un concepto, sino en dos. Por un lado, alegan lo lógica y jurídicamente absurdo: que los recursos fiscales federales no son federales y el Poder Ejecutivo de Tabasco puede disponer de ellos con absoluta arbitrariedad, sin sujeción a normatividad alguna. Por otro lado, su alegato de hecho pide a la Suprema Corte de Justicia de la Nación declare la inexistencia del Pacto Federal y de la distribución de competencias constitucionales para conocer sobre las responsabilidades en materia de delitos federales, aduciendo que ‘tratándose de ciertos servidores públicos expresa y limitativamente señalados (sin precisar cuáles) el único -Poder- competente es el del Congreso del Estado a través del juicio de responsabilidades, respecto de los servidores públicos no comprendidos en la enumeración, opera el sistema general de responsabilidades.’.

"El primer concepto del alegato no solo ignora las disposiciones constitucionales y legislativas más claras y precisas, sino también el principio mismo del razonamiento lógico, que es el principio de identidad. El punto de partida del alegato es el absurdo: que los recursos económicos generados por la Federación no son federales por efecto de que así convienen, determinan y sostienen los gobernantes de Tabasco y, en consecuencia, pueden aplicarlos de acuerdo con su arbitrio irrestricto -incluso para el financiamiento ilícito de las campañas de su partido político- porque ‘no están afectos de un fin determinado’. Para pretender fundarlo, el gobernador de Tabasco et al ignora de plano, con la misma arbitrariedad, el texto primigenio que funda los principios constitucionales que determinarán los sujetos de responsabilidades federales y los procedimientos y competencia constitucionales de la Federación para exigirlas. Su alegato no se funda en disposición constitucional o legal, ni siquiera en referencia al texto constitucional o legal alguno. La explicación es evidente. Los textos constitucionales y legales aplicables ponen de manifiesto no sólo la absoluta falta de sustento del alegato, sino también su abierta anticonstitucionalidad e ilegalidad, como a continuación se demuestra.

"La competencia y obligación de la Procuraduría General de la República de investigar y, en su caso, consignar los hechos materia de esta controversia se establecen antes que nada por la Constitución General de la República, como lo puntualiza nuestro escrito de denuncia antes referido, dirigido al procurador general de la República el diecinueve de junio de mil novecientos noventa y cinco. Su artículo 108, párrafo tercero, previene expresamente que los gobernadores de los Estados, los diputados de las Legislaturas Locales y los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales ‘serán responsables del manejo indebido de fondos y recursos económicos federales’ (sic). Más aún, la Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos (sic), en sus artículos 2o. y 46, confirma expresamente la competencia federal para conocer de las responsabilidades de los gobernadores de los Estados ‘y de todas aquellas personas que manejen o apliquen recursos económicos federales’ sin establecer excepción alguna. Resulta evidente que los fondos y recursos generados por impuestos federales y asignados con base en la legislación

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4727-49b7545b/controversia-constitucional-el-ministro-instructor-tiene-facultades-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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