PRUEBAS QUE NO TRASCIENDEN AL RESULTADO DEL FALLO O QUE NO GUARDAN RELACIÓN DIRECTA CON LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL, SU DESECHAMIENTO NO CAUSA AGRAVIO.
RECURSO DE RECLAMACIÓN EN LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 11/95. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL, PRESIDENTE DEL CONGRESO Y PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA, TODOS DEL ESTADO DE TABASCO.
MINISTRO PONENTE: HUMBERTO ROMÁN PALACIOS.
SECRETARIO: TERESO RAMOS HERNÁNDEZ.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día trece de febrero de mil novecientos noventa y seis.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Mediante escrito presentado el día veintiuno de agosto de mil novecientos noventa y cinco, ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Roberto Madrazo Pintado, Pedro Jiménez León y Andrés Madrigal Sánchez, en su carácter de gobernador constitucional, presidente del Congreso y procurador general de Justicia, respectivamente, todos del Estado de Tabasco, demandaron en vía de controversia constitucional del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y del procurador general de la República, lo siguiente:
"IV. Actos cuya invalidez se demanda: En general las averiguaciones previas y diligencias practicadas que el C. procurador general de la República ha abierto y dispuesto, en relación con el suscrito Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco y otros, respecto de supuestos ilícitos denunciados con fecha trece de junio de mil novecientos noventa y cinco, por miembros del Partido de la Revolución Democrática, de los que, aunque no se han publicado oficialmente sus resultados, hemos tenido conocimiento, el día veinte de agosto en curso, fecha en la que nos enteramos de que se dio entrada a la acusación, se realiza ya la averiguación y existen las diligencias." (fojas 1 a 10 del tomo I).
SEGUNDO. Mediante proveído de fecha veintidós de agosto de mil novecientos noventa y cinco, el presidente de este tribunal admitió a trámite la demanda de que se trata; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 105, fracción I, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 9o. y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y con apoyo además en los artículos 1o., 4o., 11, primer párrafo y 26 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, determinó se hiciera del conocimiento de las partes que conforme al turno que se lleva en la Subsecretaría de Acuerdos, él mismo fungiría como Ministro instructor; ordenó emplazar mediante oficio a las autoridades demandadas para que dieran contestación a la demanda dentro del término de treinta días, contados a partir de la legal notificación de dicho proveído. Asimismo, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 11 de la ley reglamentaria referida, se tuvieron como delegados para formular y presentar promociones, concurrir a la audiencia, rendir pruebas, formular alegatos, promover incidentes y recursos, en forma conjunta o separada, a los señores Marco Tulio Ruiz Cruz, Manuel Ruiz Daza, Everardo Cabrera, Jaime Viana Carrillo y Manuel Ruiz Cruz; y por otra parte, a Eduardo Rosillo Navarro, Katyana Vega Ruiz y Eduardo Liceaga Martínez, exclusivamente para oír y recibir notificaciones; de igual forma se tuvo señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte actora, el que mencionó en su escrito de demanda, se tuvieron por exhibidas como pruebas de la parte demandante las documentales que la misma exhibió y se ordenó formar el expediente e incidente de suspensión respectivo (foja 45 del tomo II).
TERCERO. Mediante escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el cuatro de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, el procurador general de la República dio contestación a la demanda (fojas 59 a la 136 del tomo I).
Con el escrito de referencia, el presidente de este Alto Tribunal, mediante proveído de fecha cinco de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, tuvo por contestada en tiempo y forma la demanda de controversia constitucional, por lo que se refiere al procurador general de la República y ordenó dar vista a la parte actora a fin de que manifestara lo que a su derecho conviniera (foja 345 del tomo I).
CUARTO. Por diverso escrito recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el día cuatro de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, el secretario de Gobernación, en representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, dio contestación a la demanda (fojas 350 a 352 del tomo I).
QUINTO. Por acuerdo de fecha seis de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, el presidente de este Alto Tribunal tuvo por contestada en tiempo la demanda de controversia constitucional por parte del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos; ordenó dar vista a la parte actora con dicha contestación a la demanda, y señaló las nueve horas del día veintinueve de septiembre del año en curso para el verificativo de la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas (foja 356 del tomo I).
SEXTO. Mediante sendos escritos recibidos en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el día once de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, la parte actora desahogó las vistas que se le ordenaron en relación con la contestación a la demanda formulada por las autoridades demandadas (fojas 384 a 421, 439 y 442 del tomo I).
SÉPTIMO. Por diverso escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el veinte de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, la parte actora, por conducto de su delegado, compareció para ofrecer las pruebas que estimó oportunas para acreditar los hechos aducidos en su demanda inicial (fojas 496 a 505 del tomo I).
OCTAVO. El Ministro instructor, con fecha veinticinco de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, dictó proveído que a la letra dice:
"México, Distrito Federal, a veinticinco de septiembre de mil novecientos noventa y cinco.
"Agréguense a los autos el escrito y anexos presentados por Marco Tulio Ruiz Cruz, quien comparece en su carácter de delegado de la parte actora en términos del segundo párrafo del artículo 11 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con personalidad reconocida en autos de fecha veinte de los corrientes, presentado ante la Subsecretaría General de Acuerdos de este Alto Tribunal al día siguiente, mediante el cual ofrece pruebas; en cuanto a la prueba documental consistente en la copia certificada de todo lo actuado en las indagatorias DO/5057/97 y DO/5058/95, que manifiesta no le han sido expedidas por el procurador general de la República, resérvese su acuerdo hasta que transcurra un término prudente para que se lleve a cabo su expedición; por otra parte, con fundamento en lo establecido en el artículo 33 de la ley reglamentaria citada, sin lugar a admitir las documentales relacionadas con los números dos, tres y cuatro, del escrito que se provee, en virtud de que no acredita haber solicitado los informes a que alude o que se le hubiese negado su expedición; asimismo, no ha lugar a admitir la prueba testimonial a cargo del contador público Sergio Raúl Díaz Roura, director de la Comisión Bancaria y de Valores, y del señor Jorge Río Pérez, responsable de la sucursal regional sureste de Banca Confía, Sociedad Anónima, toda vez que conforme a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 32 de la ley reglamentaria referida, las pruebas testimoniales deberán anunciarse diez días antes de la fecha de la audiencia, y en el caso, el auto de seis de septiembre del año en curso, mediante el cual se fijó la fecha para la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas, se notificó a la parte actora el mismo día; por tanto, el plazo para ofrecer las pruebas testimoniales de mérito venció el día catorce del presente mes y año, descontando el día siete por ser el día en que surtió efectos la notificación referida y los días nueve y diez por ser sábado y domingo; consecuentemente, como el escrito que se acuerda fue presentado, como se dijo, el día veinte del citado mes y año, su presentación resulta extemporánea. Notifíquese." (foja 511 del tomo II).
NOVENO. Mediante escrito de veintisiete de septiembre del año en curso, Marco Tulio Ruiz Cruz, delegado de la parte demandante, manifestó que en relación con la prueba documental consistente en copia certificada de todo lo actuado en las indagatorias DO/5057/95 y DO/5058/95, cuyo acuerdo se reservó hasta en tanto transcurriera un término prudente para llevar a cabo su expedición, con fecha veintiséis de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de la República, mediante oficio número SAP/CDA/188/95, de fecha veintiuno del mismo mes y año, le contestó que sólo se expedirían dichas constancias cuando exista mandamiento de la autoridad que funde y motive su requerimiento, motivo por el cual solicitó se requiriera a la autoridad demandada para que allegara dichas pruebas a la presente controversia, exhibiendo el original del mencionado oficio (fojas 1 a 4 del tomo II).
DÉCIMO. A su vez, mediante escrito de veintisiete de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, el procurador general de la República ofreció pruebas relacionadas con las afirmaciones y argumentos contenidos en su escrito de contestación de demanda y en cuanto a las constancias que integran las indagatorias DO/5057/95 y DO/5058/95, en atención al principio de sigilo que rige la integración de las averiguaciones, ponía a disposición de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación la totalidad de las constancias que las integran a efecto de que se allegue los elementos de convicción para conocer la verdad en la presente controversia, anexando diversas constancias relacionadas con las mencionadas averiguaciones previas (fojas 6 a 13 del tomo II).
DÉCIMO PRIMERO. A los anteriores escritos de las partes actora y demandada recayó el acuerdo de Presidencia de veintinueve de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, en el que, en relación con algunas de las pruebas ofrecidas por la parte demandada, se acordó: "En cuanto a la documental consistente en la totalidad de las constancias que integran las averiguaciones previas DO/5057/95 y DO/5058/95 que se ponen a disposición de este Alto Tribunal en las oficinas del Ministerio Público investigador que instruye dichas indagatorias, dígase al procurador general de la República que no ha lugar a tener por ofrecidas dichas documentales hasta en tanto se exhiban ante este Alto Tribunal. Por otra parte, como en el escrito del delegado de la parte actora se solicita que se requiera al procurador general de la República para que remita a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, copia certificada de las averiguaciones previas de las cuales dicho funcionario ofreció copia autorizada de una parte de ellas, anexas a su escrito de ofrecimiento de pruebas citado en el párrafo anterior, dése vista a la parte actora para que en el término de tres días manifieste lo que a su interés convenga." (foja 171 del tomo II).
DÉCIMO SEGUNDO. Mediante escrito de fecha tres de octubre de mil novecientos noventa y cinco, el delegado de la parte actora desahogó la vista que se le dio en el proveído mencionado en el párrafo precedente, insistiendo en que se requiriera al procurador general de la República para que remitiera copia de todo lo actuado en las averiguaciones previas mencionadas, así como de todos los documentos que forman parte de las mismas (fojas 195 a 200).
DÉCIMO TERCERO. En relación con el anterior escrito, el Ministro instructor dictó el auto de diez de octubre de mil novecientos noventa y cinco, en el que tuvo por desahogada la vista de la parte actora, y en relación con la prueba documental consistente en la totalidad de las constancias que integran las averiguaciones previas DO/5057/95 y DO/5058/95, que ofreció la parte actora, acordó requerir al procurador general de la República a fin de que dentro del término de cinco días remitiera únicamente copia certificada de la diligencia de ratificación de la denuncia de Andrés Manuel López Obrador y Samuel Ignacio del Villar Kretchmar de diecinueve de junio último, que se refiere en el inciso "I" de su escrito de contestación de la demanda afecta a la indagatoria número DO/5058/95, pero no así la totalidad de las indagatorias (foja 201 del tomo II).
DÉCIMO CUARTO. En contra de dicho proveído, Everardo Cabrera, delegado de la parte actora, interpuso el recurso de reclamación (fojas 7 a 13 del cuaderno de reclamación).
DÉCIMO QUINTO. Por auto de fecha diecinueve de octubre de mil novecientos noventa y cinco, el presidente de este Alto Tribunal admitió el recurso de reclamación interpuesto por la parte actora contra el auto de fecha diez de octubre de mil novecientos noventa y cinco, ordenando se turnaran los autos al Ministro Humberto Román Palacios a efecto de que formulara el proyecto de resolución correspondiente (foja 14 del cuaderno de reclamación).
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Este Tribunal Pleno es competente para conocer y resolver el presente recurso de reclamación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105 de la Constitución General de la República y los artículos 1o., 51, fracción V y 53 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II de dicho precepto, en relación con el artículo 10, fracciones I, V y XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, en vigor a partir del día siguiente.
SEGUNDO. Previamente al análisis de la cuestión propia del recurso de reclamación, debe precisarse la materia de la litis en la controversia constitucional de la que deriva el presente recurso, para cuyo efecto se hace indispensable transcribir la parte relativa de la demanda de la entidad que figura como parte actora y de la contestación del poder y órgano demandados, las cuales son del tenor literal siguiente:
La parte actora precisó en su demanda:
"IV. Actos cuya invalidez se demanda: En general las averiguaciones previas y diligencias practicadas que el C. procurador general de la República ha abierto y dispuesto, en relación con el suscrito Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco y otros, respecto de supuestos ilícitos denunciados con fecha trece de junio de mil novecientos noventa y cinco, por miembros del Partido de la Revolución Democrática, de los que, aunque no se han publicado oficialmente sus resultados, hemos tenido conocimiento, el día veinte de agosto en curso, fecha en la que nos enteramos de que se dio entrada a la acusación, se realiza ya la averiguación y existen las diligencias." (fojas 1 a 10 del tomo I).
A su vez, el procurador general de la República, en su escrito de contestación, al respecto expuso lo siguiente:
"Primera parte. En cumplimiento de la ley reglamentaria del artículo 105, que establece que al contestar la demanda debe hacerse cuando menos una relación precisa de los hechos narrados por la parte actora, afirmándolos, negándolos, expresando que los ignora por no ser propios o exponiendo cómo ocurrieron, procederé a tocar todos y cada uno de ellos en los siguientes incisos:
"A) En el número uno del capítulo de antecedentes del escrito de demanda se afirma que: ‘El 13 de junio pasado, algunos miembros del Partido de la Revolución Democrática presentaron ante esta Procuraduría General de la República una denuncia de hechos que a su juicio pudieran constituir la comisión de ilícitos, derivados del último proceso electoral celebrado en el Estado de Tabasco.’. Este hecho es cierto, siendo además público y notorio porque los denunciantes lo dieron a conocer a los medios de comunicación.
"B) En el mismo número uno se afirma que se trata ‘de supuestos ilícitos realizados en violación de leyes del Estado de Tabasco.’. Este hecho es falso, dado que la denuncia se fundamenta en la supuesta violación de leyes federales, independientemente de que hayan tenido ocasión con motivo de la celebración de una elección local. Como se demostrará más adelante, en una elección local, como prácticamente en cualquier otra circunstancia, sí pueden violarse leyes federales, tales como los delitos fiscales contenidos en el Código Fiscal de la Federación y otros conexos.
"C) El numeral dos del capítulo de antecedentes de la demanda indica que los hechos materia de la denuncia ‘... son los de defraudación fiscal, defraudación fiscal equiparada, destrucción de documentos o de sistemas fiscales, encubrimiento fiscal, peculado, falsedad de declaraciones judiciales, delitos electorales y asociación delictuosa, derivados o relacionados con el proceso electoral realizado en el Estado de Tabasco ...’ (se transcribe).
"D) En torno al punto tres del capítulo de antecedentes de la demanda, que afirma que los hechos en que se pretende fundar la denuncia se reducen a lo siguiente: ‘... una diferencia entre lo que la Ley Electoral del Estado de Tabasco autorizaba como monto máximo para gastos de campaña y las erogaciones que, supuestamente, realizó el partido ...’. Cabe afirmar que es cierto que la denuncia, como es del dominio público, efectivamente está sustentada en el supuesto hecho de que en la campaña electoral de 1994, el Partido Revolucionario Institucional de Tabasco gastó más de 237 millones de nuevos pesos, mientras que el monto autorizado era de N$4’939,574.53, y que el informe público de erogaciones del Partido Revolucionario Institucional indica que gastaron N$3’770,842.17. Éstos son los hechos denunciados por el Partido de la Revolución Democrática, según es del conocimiento público.
"Hay que añadir que conjuntamente con la denuncia se presentaron treinta y seis cajas, con documentación presuntamente comprobatoria de los gastos realizados y que dicha documentación ampara diversas facturas y gastos (se transcribe).
"F) En el punto cuarto de antecedentes del escrito de demanda se afirma que: ‘Los denunciantes, con el fin de fincar la competencia de la Procuraduría General de la República, de lo que tenemos entendido, han pretendido fundar su denuncia en leyes federales ...’. Sobre esta afirmación, en efecto, es cierto que los denunciantes fundan su denuncia en la posibilidad de que los hechos denunciados constituyan violaciones a diversas leyes federales (se transcribe).
"...
"I) En torno al punto cinco del capítulo de antecedentes, se dice que la denuncia fue ratificada en la fecha de su presentación. Este hecho es falso, pues fue ratificada hasta el día 20 de junio de 1995.
"J) En torno a que a la denuncia le correspondieron los números DO/5057/95 y DO/5058/95, de averiguación previa iniciada, este hecho es cierto." (fojas 61 a 66 del tomo I).
Finalmente, el secretario de Gobernación, al dar contestación a la misma demanda en representación del presidente de la República, en la parte que interesa expresó lo siguiente:
"Un correcto estudio del escrito inicial de demanda planteada por el gobernador, el presidente del Congreso y el procurador de Justicia del Estado de Tabasco, permite afirmar que no se actualiza el carácter de parte demandada en el ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, pues a éste no se le atribuye un acto propio y específico de los que en la controversia que se plantea han sido impugnados.
"En efecto, en la demanda que dio origen a la presente controversia constitucional (foja 2), en forma expresa se señalan como actos cuya invalidez se demanda, los siguientes: (se transcribe).
"Ahora bien de conformidad con lo establecido en el artículo 10, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en este tipo de controversias tiene el carácter de demandado ‘... la entidad, poder u órgano que hubiere emitido y promulgado la norma general o pronunciado el acto que sea objeto de la controversia.’. De ahí que, fuera de las entidades, poderes u órganos que pronuncien los actos cuya invalidez se demande, a ninguno otro podrá imputársele el carácter de demandado." (fojas 350 y 351 del tomo I).
Por consiguiente, la materia de la litis en la presente controversia constitucional quedó establecida de la siguiente manera: Que con motivo de las denuncias de Andrés Manuel López Obrador, ex candidato a la gubernatura de Tabasco y otros militantes del Partido de la Revolución Democrática, ante la Procuraduría General de la República, esta dependencia del Ejecutivo Federal inició las averiguaciones previas DO/5057/95 y DO/5058/95, para la averiguación de los supuestos delitos federales atribuidos al candidato del Partido Revolucionario Institucional a la gubernatura del Estado de Tabasco, Roberto Madrazo Pintado (actual gobernador de dicho Estado); actuación del órgano del Ejecutivo Federal que los representantes de los Poderes Ejecutivo y Legislativo del mencionado Estado, incluyendo al procurador de Justicia, consideran invade la soberanía del Estado Libre y Soberano de Tabasco, porque consideran que en todo caso los delitos denunciados son de la competencia de las autoridades del propio Estado.
TERCERO. Para comprobar los hechos motivo de su denuncia, la parte actora, mediante escrito presentado el veinte de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, ofreció, entre otras, las siguientes pruebas:
"1. La documental consistente en la copia certificada de todo lo actuado en las indagatorias DO/5057/95 y DO/5058/95, cuya expedición se le ha solicitado al C. procurador general de la República por escrito de esta misma fecha, que se agrega a este ocurso para los efectos a que se refiere el artículo 33 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"Esta prueba se relaciona con el capítulo de antecedentes, apartados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la demanda de controversia constitucional, así como con los conceptos de invalidez primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, hechos valer en la misma; con los correlativos de los antecedentes y los conceptos de invalidez contenidos en la contestación a la demanda; y con todos y cada uno de los argumentos implícitos en el escrito mediante el cual la actora desahogó la vista que se le mandó dar con la contestación de la demanda por el C. procurador general de la República.
"Para el perfeccionamiento de esta prueba, para el evento de que el C. procurador general de la República se niegue a expedir la copia certificada aludida, en su oportunidad procesal, en su carácter de Ministro instructor, deberá requerirlo en términos del artículo 33 del código reglamentario en cita." (fojas 496 y 497 del tomo I).
CUARTO. En relación con esta prueba, el delegado de la parte actora, mediante escrito de veintisiete de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, manifestó:
"1. Por escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial de esa H. Suprema Corte de Justicia de la Nación el día veinte de septiembre último, oferté como prueba la documental consistente en la copia certificada de todo lo actuado en las indagatorias DO/5057/95 y DO/5058/95, con la manifestación de haber solicitado al C. procurador general de la República, por escrito de esa misma fecha, la expedición de dicha probanza, en términos de lo dispuesto por el artículo 33 de la ley reglamentaria en cita.
"Dicha prueba se encuentra debidamente relacionada con el capítulo de antecedentes, apartados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la demanda de controversia constitucional, así como con los conceptos de invalidez primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, contenidos en el ocurso postulatorio; y también quedó relacionada con los correlativos de los antecedentes y de los conceptos de invalidez contenidos en la contestación de la demanda aludida y, además, con todos y cada uno de los argumentos implícitos en el escrito mediante el cual la actora desahogó la vista que se le mandó dar con la contestación de la demanda por el C. procurador general de la República.
"Para el perfeccionamiento de dicha prueba solicité que para el evento de que el C. procurador general de la República negara la expedición de la copia certificada mencionada, en su carácter de Ministro instructor debería requerirlo en términos del artículo 33 del código reglamentario en cita.
"2. Por auto de veinticinco de septiembre último, en relación con la documental pública referida en el apartado inmediato precedente, se determinó por usted: ‘... en cuanto a la prueba documental consistente en la copia certificada de todo lo actuado en las indagatorias DO/5057/95 y DO/5058/95, que manifiesta no le han sido expedidas por el procurador general de la República, resérvese su acuerdo hasta que transcurra un término prudente para que se lleve a cabo su expedición.’.
"3. El día de hoy, veintiséis de septiembre del año en curso, la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de la República, mediante oficio número SAP/CDA/188/95, fechado el veintiuno del mismo mes y año, manifestó al suscrito que sólo se expedirán constancias de actuaciones o registros que obran en poder de dicha dependencia cuando exista mandamiento de autoridad competente que funde y motive su requerimiento.
"Que en consecuencia, sólo a petición de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, fundada y motivada, podrá ordenarse la expedición de la copia certificada de las actuaciones y constancias que obren en las indagatorias referidas, siempre y cuando, sigue diciendo el Ministerio Público Federal, guarden relación con la controversia constitucional y se precise cuáles de ellas son idóneas para acreditar los hechos que se pretenden probar, dado lo voluminoso de los expedientes.
"4. Consecuentemente, procede que usted, como Ministro instructor en la controversia en que se promueve, requiera a la Procuraduría General de la República la expedición de la copia certificada de todas y cada una de las actuaciones que obran en las indagatorias referidas, debiendo fundar y motivar el requerimiento, tal y como se solicita por la representación social federal. Item más. La parte actora insiste en que debe expedirse copia certificada de todas y cada una de las actuaciones y documentos que forman parte de las indagatorias en cuestión, para acreditar debidamente, como es la obligación procesal de dicha parte, las causales de invalidez contenidas en la demanda de controversia constitucional.
"Se insiste, la copia certificada debe ser de todas y cada una de las actuaciones y documentos que forman parte de las averiguaciones previas mencionadas." (fojas 1 a 3 del tomo II).
Por su parte, el procurador general de la República, como quedó enunciado en el resultando "décimo" de esta resolución, mediante escrito de veintisiete de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, ofreció como pruebas la documental pública consistente en la copia certificada de la denuncia de Andrés Manuel López Obrador de trece de junio de mil novecientos noventa y cinco y su ratificación de fecha veinte de junio del mismo año, las cuales obran en la averiguación previa DO/5057/95, y la copia certificada de la denuncia de la misma persona y de Samuel Ignacio del Villar Kretchmar de diecinueve de junio de mil novecientos noventa y cinco y su ratificación en la misma fecha, que integra la averiguación previa DO/5058/95, las cuales aparecen agregadas a fojas 20 a 35 del segundo tomo y cuyo contenido es el siguiente:
El escrito de denuncia de fecha trece de junio de mil novecientos noventa y cinco, suscrito, entre otros, por Andrés López Obrador, que dio origen a la averiguación previa DO/5057/95, es del tenor literal siguiente:
"Los CC. Andrés Manuel López Obrador, ex candidato a la gubernatura del Estado de Tabasco; Darwin González Ballina, presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRD en Tabasco; senador Auldarico Hernández Gerónimo; diputados federales: Octavio Romero Oropeza y Julieta Uribe Caldera; diputados locales: Alejandro Álvarez Peralta, Pedro Rodríguez Ulín, Nicolás Heredia Damián, Julio César Álvarez Santos, Yolanda Domínguez Sosa, Juan Almeida Hernández y Daniel Urgell Ávalos, señalando como domicilio para oír y recibir citas y notificaciones el de la calle de Monterrey número 50, esquina con Uruapan, en la colonia Roma, Delegación Política Cuauhtémoc, código postal 06700, de esta ciudad; designando como representantes legales y autorizándolos para oír y recibir notificaciones a los CC. abogados Samuel Ignacio del Villar Kretchmar, Leonel Godoy Rangel y Jorge Mejía Rosales y a los pasantes juristas Juan Romero Tenorio, José Luis Tuñón y Jorge Reza Maqueo, ante usted comparecemos y exponemos:
"Con fundamento en los artículos 8o., 16, 21 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 1o., 2o., 3o., 10, 113, 116, 117, 118, 119, 122, 136 y demás relativos y aplicables del Código Federal de Procedimientos Penales, los artículos 2o., fracción V, 7o., fracciones I y II, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, los artículos 1o. y 6o., fracciones I, II, III, del reglamento de la dependencia antes aludida y demás aplicables al caso concreto, venimos a denunciar la ejecución consumada de los hechos que a continuación relataremos, mismos que son presuntamente constitutivos de los delitos de defraudación fiscal, defraudación fiscal equiparada, encubrimiento de delitos fiscales, ocultamiento, alteración o destrucción de documentos para efectos fiscales, éstos tipificados en los artículos 96, 108, 109 y 1
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4825-8207742f/pruebas-que-no-trascienden-al-resultado-del-fallo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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