AGRAVIOS, SON INOPERANTES CUANDO NO CONTROVIERTEN LOS RAZONAMIENTOS EN QUE SE SUSTENTA EL DESECHAMIENTO DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL, SINO QUE SÓLO SE APOYAN EN ANTECEDENTES DE UN DIVERSO JUICIO E INFUNDADOS SI LOS RECURRENTES NO JUSTIFICAN SU LEGITIMACIÓN PARA ACTUAR.
RECURSO DE RECLAMACIÓN EN LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 16/95. SECRETARIO Y DIRECTOR DE COMERCIO DEL AYUNTAMIENTO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.
MINISTRO PONENTE: GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL.
SECRETARIA: ROSALBA BECERRIL VELÁZQUEZ.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintiuno de mayo de mil novecientos noventa y seis.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO.-Por escrito presentado el veinte de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, José Martínez González y Sergio Treviño Lozano, en su carácter de secretario y director de Comercio del Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León, con apoyo en el artículo 105 de la Constitución Federal, demandaron del Congreso Local, del Gobernador Constitucional del Estado, del secretario general del Gobierno y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, todos del Estado de Nuevo León, lo siguiente:
"Actos demandados: Del Congreso del Estado se demanda: a) La expedición del artículo 63, fracción XLV, de la Constitución Política de Nuevo León; b) La expedición del Decreto Número 213 que contiene la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo; c) La expedición del Código Procesal del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Del Gobernador Constitucional del Estado se reclama la promulgación de todos y cada uno de los actos materialmente legislativos demandados. Del secretario general de Gobierno se reclama el refrendo al decreto promulgatorio del gobernador y la publicación de los actos materialmente legislativos demandados. Del Magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo se reclama la sentencia de fecha catorce de agosto de mil novecientos noventa y cinco, dictada en el expediente 040/95, relativo al juicio contencioso administrativo seguido por Producciones y Arte del Norte, Sociedad Anónima de Capital Variable, en contra de los órganos de la administración pública municipal de Monterrey, Nuevo León, que representamos."
Fundaron su demanda en los hechos que se transcriben a continuación:
"Primero. Ante esa Suprema Corte de Justicia y siguiendo el procedimiento anterior al previsto en la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Municipio de Monterrey, N.L. tiene promovida la controversia constitucional 1/95, en contra de los actos materialmente legislativos que se reclaman del Congreso del Estado.-Segundo. En el Tribunal de lo Contencioso Administrativo se siguió el juicio número 040/95 por Producciones y Arte del Norte, Sociedad Anónima de Capital Variable, en contra de la resolución de fecha nueve de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, mediante la cual se decretó la clausura definitiva de un negocio ubicado en Ruperto Martínez 431 poniente, en la ciudad de Monterrey, N.L.; dicho lugar funciona sin contar con la autorización, permiso o licencia del R. Ayuntamiento.-Tercero. Se demandó la incompetencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la cual se desechó de plano. En lo personal también promovimos incidente de incompetencia, el cual se desechó de plano, originando la interposición de una demanda de amparo indirecto donde se dictó sentencia de sobreseimiento contra la cual se interpuso recurso de revisión que se lleva en el toca 719/95, turnado al Ministro Juventino V. Castro y Castro.-Cuarto. En el juicio contencioso 040/95, se dictó el día catorce de agosto del año en curso, sentencia declarando la ilegalidad de la resolución emitida por el secretario del Ayuntamiento, ordenando el levantamiento de los sellos de clausura definitiva. Contra dicha resolución se formuló demanda de amparo directo que se presentó ante el propio Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el cual negó la suspensión de los efectos relativos a la ejecución de esa resolución, según auto de fecha primero de septiembre del año en curso, contra el cual se formuló recurso de queja."
SEGUNDO.-Por acuerdo de veintisiete de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, el Ministro presidente de este Alto Tribunal, con fundamento en el artículo 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 24 de la Ley Reglamentaria del Artículo 105 Constitucional, turnó la controversia constitucional planteada al Ministro Juventino V. Castro y Castro, por corresponderle la instrucción en este asunto.
TERCERO.-En diverso auto de diez de octubre de mil novecientos noventa y cinco, el Ministro instructor desechó la controversia constitucional planteada, en los siguientes términos:
"México, Distrito Federal, a diez de octubre de mil novecientos noventa y cinco.-Vistos los escritos y anexos presentados por José Martínez González y Sergio Treviño Lozano, quienes se ostentan como secretario y director de Comercio, respectivamente, del Ayuntamiento de Monterrey, Estado de Nuevo León, de fecha ocho de los corrientes, recibidos en la Subsecretaría General de Acuerdos de este Alto Tribunal el día veinte del mismo mes y año, mediante los cuales demandan del Congreso del Estado de Nuevo León, gobernador constitucional, secretario general de Gobierno y Magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la misma entidad federativa, en vía de controversia constitucional, fundamentalmente, la expedición, promulgación, refrendo y aplicación del artículo 63, fracción XLV, de la Constitución Política de Nuevo León; Decreto 213 que contiene la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y del código procesal del citado tribunal; ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procede examinar si en el caso existe algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia que obligue a desechar de plano la demanda. En el caso se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, en relación con los artículos 10, fracción I y 11, párrafo primero, ambos de la ley reglamentaria citada; artículo 105, fracción I, inciso i), de la Constitución General de la República; y artículos 2o., 10, 14, 18, 31, fracción II, 72 y 76 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León, en virtud de que los promoventes carecen de legitimación para actuar en representación del Ayuntamiento actor. En efecto, los preceptos legales invocados disponen: ‘Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes: ... VIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de esta ley ...’; ‘Artículo 10. Tendrán el carácter de parte en las controversias constitucionales: I. Como actor, la entidad, poder u órgano que promueva la controversia ...’; ‘Artículo 11. El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen estén facultados para representarlos ...’; ‘Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes: ... i) Un Estado y uno de sus Municipios, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales; ...’; ‘Artículo 2o. El Municipio, constituido por un conjunto de habitantes establecidos en un territorio, administrado por un Ayuntamiento para satisfacer sus intereses comunes, es una entidad de derecho público investido de personalidad jurídica, con libertad interior, patrimonio propio y autonomía para su administración.’; ‘Artículo 10. Los Ayuntamientos serán cuerpos colegiados deliberantes y autónomos; constituirán el órgano responsable de administrar cada Municipio y representarán la autoridad superior en los mismos.’; ‘Artículo 14. El Ayuntamiento se integra con los siguientes miembros: I. Un presidente municipal, representante del Ayuntamiento, responsable directo de la administración pública municipal y encargado de velar por la correcta ejecución de los programas de obras y servicios. II. Un cuerpo de regidores que representará a la comunidad con la misión de participar en la dirección de los asuntos del Municipio y velar porque el ejercicio de la administración municipal se desarrolle conforme a las disposiciones legales aplicables. III. Los síndicos responsables de vigilar la debida administración del erario público y del patrimonio municipal en general.’; ‘Artículo 18. La instancia de dirección administrativa, gestión social y ejecución de los acuerdos o resoluciones del Ayuntamiento, es el presidente municipal; los síndicos municipales vigilan la correcta recaudación y aplicación de los fondos públicos y el ejercicio de la personalidad jurídica del Municipio, según el caso; y los regidores son colegiada y conjuntamente, el cuerpo orgánico que en conjunto con los anteriores delibera, analiza, resuelve, controla y vigila los actos de la administración municipal, en base en el (sic) dispuesto por esta ley.’; ‘Artículo 31. Son facultades y obligaciones del síndico municipal o en su caso del síndico segundo: ... II. Intervenir en los actos jurídicos que realice el Ayuntamiento en materia de pleitos y cobranzas y en aquellos en que sea necesario ejercer la personalidad jurídica que corresponde al Municipio conjuntamente con el presidente municipal ...’; ‘Artículo 72. Para el estudio, la planeación y el despacho de los diversos asuntos de la administración municipal, el Ayuntamiento se auxiliará por lo menos con las siguientes dependencias: I. La secretaría del Ayuntamiento; II. La tesorería municipal.’; ‘Artículo 76. La secretaría del Ayuntamiento depende directamente del presidente municipal y tiene las siguientes atribuciones: I. Auxiliar al presidente municipal, en la conducción de la política interior del Municipio. II. Ejecutar los programas que le correspondan en el contexto del Plan Municipal de Desarrollo y en el del reglamento interior de la administración municipal. III. Vigilar que todos los actos del Ayuntamiento se realicen con estricto apego a derecho. IV. Fomentar la participación ciudadana en los programas de obras y servicios públicos por cooperación. V. Administrar el archivo del Ayuntamiento, y el archivo histórico municipal. VI. Coordinar las acciones de inspección y vigilancia que lleve a cabo la administración municipal. VII. Coordinar la acción de los delegados administrativos y demás representantes del Ayuntamiento en la división política-territorial del Municipio. VIII. Expedir certificaciones. IX. Coordinar la elaboración de los informes anuales del presidente municipal. X. Las que establece esta ley, los reglamentos municipales y demás ordenamientos legales.’. De la lectura de las disposiciones transcritas se advierte que ninguno de los promoventes se encuentra legitimado para promover la presente controversia en representación del Ayuntamiento actor, porque conforme a la ley que rige su organización y funcionamiento, la representación jurídica del Municipio no le corresponde al secretario o director de Comercio sino, en todo caso, a los síndicos conjuntamente con el presidente municipal, conforme a lo establecido en los artículos 18 y 31, fracción II, ya transcritos. En estas condiciones, al no concurrir dicho órgano por conducto de los funcionarios que en términos de las normas que los rigen están facultados para representarlos, tal como dispone el primer párrafo del artículo 11 de la ley reglamentaria referida, la presente controversia debe desecharse por notoriamente improcedente y, en su oportunidad, archivarse como asunto concluido. Notifíquese a la parte actora mediante despacho que al efecto se gire al Juez de Distrito en turno en el Estado de Nuevo León, con residencia en la ciudad de Monterrey.-Lo proveyó y firma el Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, doctor Juventino V. Castro y Castro, en su carácter de instructor designado para conocer del presente asunto. Doy fe."
CUARTO.-Mediante escrito de fecha dos de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, el secretario y director de Comercio del Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León, interpusieron recurso de reclamación en contra del acuerdo de diez de octubre de mil novecientos noventa y cinco, que dictó el Ministro instructor.
Por acuerdo de diez de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, que emitió el presidente de este órgano constitucional, se ordenó turnar este expediente al Ministro Genaro David Góngora Pimentel, para su resolución.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Este Tribunal Pleno es competente para conocer de este recurso, de conformidad con lo previsto en los artículos 105 de la Constitución General de la República, 53 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la propia Constitución Federal y 10, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco.
SEGUNDO.-El recurso de reclamación fue interpuesto en tiempo, toda vez que el acuerdo impugnado les fue notificado a los actores el treinta de octubre y primero de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, respectivamente, y el escrito de expresión de agravios fue presentado a la Administración Urbana de Correos en Monterrey, Nuevo León, el seis de noviembre del mismo año, dentro del término de diez días que señala el artículo 52 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
TERCERO.-Los agravios formulados son los siguientes:
"Único. El auto desechatorio de fecha 10 de octubre del año en curso, dictado por el Ministro instructor con motivo de la demanda en controversia constitucional, que representamos (sic) en nuestro carácter de secretario del R. Ayuntamiento y director de Comercio del Municipio de Monterrey, causa lesión a nuestros derechos, con la representación que ostentamos, porque se hace una inexacta aplicación de los artículos 19, fracción VIII, en relación con los diversos 10, fracciones I y II (sic), párrafo primero, de la Ley Reglamentaria del Artículo 105 Constitucional; artículo 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2o., 10, 14, 18, 31, fracción II, 72 y 76, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León; y, además, por dejar de aplicar lo dispuesto por los artículos 1o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. del Código Federal de Procedimientos Civiles, en relación al artículo 15, inciso 12), de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Nuevo León; 10, fracción II, inciso a), 13 y relativos del Código Procesal del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Nuevo León; 76, 77, 80 y 81 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León; 1o., 2o., 3o., 7o., 10, 12, fracción I, 13, último párrafo y demás relativos del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Monterrey.-Al efecto, el artículo 10, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, determina que tienen el carácter de actor, la entidad, poder u órgano que promueve la controversia. En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia, si bien es cierto ha reconocido al Municipio como un poder político, también es que éste, en su organización, se encuentra bajo la administración de un Ayuntamiento que se compone de presidente municipal, síndicos y regidores, contando con un secretario y un tesorero que son a propuesta del presidente y aprobación del R. Ayuntamiento, además de los titulares que determinen los reglamentos respectivos, según lo dispone el artículo 80 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal, en el entendido de que originalmente corresponde a los titulares de las dependencias el trámite y resolución de los asuntos de su competencia.-Ahora bien, el Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Monterrey, en el artículo 13, último párrafo, señala que para el despacho de los asuntos de la competencia del secretario del Ayuntamiento, entre otras, se auxiliará de la Dirección de Comercio y a éste le corresponde conocer lo relativo a la aplicación del Reglamento de Policía y Buen Gobierno en lo atinente a las normas para el ejercicio del comercio y del trabajo como son las relativas a la vigilancia, en los centros como cantinas, prostíbulos, restaurantes, bares y demás, para que se sujeten a los horarios y normas que eviten ataques a la moral o a las buenas costumbres, haciendo observar que cada uno de los establecimientos cuente con el permiso que al efecto debe expedir el R. Ayuntamiento atendiendo a lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley de Hacienda para los Municipios.-En esas condiciones, tanto el secretario del R. Ayuntamiento como el director de Comercio tienen atribuciones para actuar en contra de los establecimientos que no cuentan con el permiso o se encuentran localizados a una distancia menor a los 200 metros de un templo, como lo establece el Reglamento de Policía y Buen Gobierno, y al expedir el acto administrativo adquieren el carácter de demandados si el particular ocurre en demanda ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, atento lo dispuesto por el artículo 10, fracción II, inciso a), del Código Procesal del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado de Nuevo León.-En el caso especial, de donde emanan los actos que constituyen la invasión de esferas, se promovió, dentro del término, el incidente de incompetencia porque tanto el artículo 63, fracción XLV, de la Constitución Política de Nuevo León como la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y el código procesal del mismo, van más allá de lo establecido por el artículo 116, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que sólo faculta a las Legislaturas Locales a instituir tribunales de lo contencioso administrativo, para que conozcan y resuelvan de las controversias que se susciten entre los particulares y la administración pública del Estado. En ésta no quedan comprendidos los Municipios y ninguna de las dependencias de la administración pública municipal.-El Magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, in limine litis desechó de plano la incompetencia planteada, contra la cual se interpuso el recurso de reclamación. Continuado el juicio por sus trámites legales, se dictó sentencia el día 14 de agosto de 1995, sin considerar las excepciones y defensas.-Contra los mismos actos, el particular contra quien se dictó la resolución administrativa Producciones y Arte del Norte, S.A. de C.V., que opera el giro Discoteca y Video Bar Arkanos, promovió juicio de amparo indirecto reclamando la clausura definitiva, formándose el expediente 10/95 ante el Juzgado Segundo de Distrito, quien dictó sentencia de sobreseimiento en audiencia constitucional celebrada el 19 de enero del año en curso. Contra dicha sentencia, el particular interpuso recurso de revisión formándose el toca 47/95 ante el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, dictándose sentencia confirmando la resolución del Juez de Distrito.-Contra la sentencia del Magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo se presentó demanda de amparo ante el Tribunal Colegiado, demanda que fue desechada, quedando así las dependencias municipales que representamos en completo estado de indefensión, compareciendo ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia en controversia constitucional porque: ‘si de manera analítica se llama poder político a uno de los órganos que ejerce una de las funciones de soberanía, con mayor razón puede atribuírsele al Municipio tal carácter, de manera sintérica (sic), al ser un órgano que ejerce las tres funciones de gobierno ...’ (página 37 de la ejecutoria dictada en la controversia constitucional número 1/93 seguida por el R. Ayuntamiento de Delicias, Chihuahua).-Somos titulares de las dependencias municipales señaladas con interés jurídico para defender los actos administrativos expedidos, pero cuando interviene una autoridad estadual, Tribunal de lo Contencioso Administrativo, con facultades que invaden la esfera de acción de la autoridad municipal, nos corresponde, también, defender en controversia constitucional tales actos, desde el que autorizó su creación: Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, pasando por el código procesal de dicho tribunal hasta la adición a la fracción XLV del artículo 63 de la Constitución Política de Nuevo León, pues tal fue el orden que anticonstitucionalmente siguieron los titulares de los órganos del poder del Estado.-De esa suerte, no está en lo justo el Ministro instructor para desechar la demanda que en controversia constitucional hemos promovido al aducir que no nos corresponde la representación jurídica del Municipio, desentendiéndose de la forma y términos en que fue planteada la controversia en función a nuestro carácter de secretario del R. Ayuntamiento y director de Comercio, respectivamente, demandados en el juicio contencioso administrativo seguido ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Nuevo León, y que, en consecuencia, y aplicando lo dispuesto por el artículo 4o. del Código Federal de Procedimientos Civiles, por analogía, como dependencias de la administración pública municipal debemos tener, dentro del proceso jurisdiccional constitucional, la misma situación que otra parte cualquiera, por lo que es indudable que al dejar de aplicar este precepto se origina el agravio que, desde luego, hacemos valer suplicando se estudie y se considere fundado, revocando el auto desechatorio para que se ordene la admisión de la controversia constitucional.-La interpretación del artículo 105 constitucional, concomitantemente con los diversos 115 y 116 de la Ley Fundamental, siguiendo lo asentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia en la controversia constitucional 1/93, llegan a establecer de manera integral y con claridad el alcance de la norma que permite que los titulares de las dependencias municipales, como en el caso los suscritos, podamos plantear el conflicto derivado del exceso de las atribuciones concedidas a la Legislatura Local para instituir el Tribunal de lo Contencioso para conocer de las controversias entre el particular y la administración pública del Estado, dentro de la cual de ninguna manera queda comprendida la administración pública municipal, pues por definición dada por el artículo 1o. de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, se desprende que la misma ‘tiene por objeto organizar y regular el funcionamiento de la administración pública del Estado de Nuevo León, que se integra por las dependencias de la administración central y por las entidades y organismos del sector paraestatal, quedando en dicho cuerpo normativo debidamente determinados los órganos componentes de las dependencias del Ejecutivo del Estado’.-Así, es claro que se ha ocasionado agravio al dejarnos en estado de indefensión al dictar auto, in limine litis, desechando la demanda formulada por nosotros."
CUARTO.-Estos agravios son infundados en parte e inoperantes en otra.
En síntesis, aducen los recurrentes los siguientes argumentos:
a) Que el auto desechatorio de la controversia constitucional que ejercitaron en nombre del Ayuntamiento de Monterrey, en su carácter de secretario del Ayuntamiento y director de Comercio del Municipio de Monterrey, dictado por el Ministro instructor respectivo el diez de octubre de mil novecientos noventa y cinco, es incorrecto, porque en él se realizó una inexacta aplicación de los artículos 10, fracciones (sic) I y 11, párrafo primero, y 19, fracción VIII, ambos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional; 105, fracción I, inciso i), de la Carta Magna; 2o., 10, 14, 18, 31, fracción II, 72 y 76 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal, dejándose de aplicar además, lo dispuesto por los artículos 1o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional; 4o. del Código Federal de Procedimientos Civiles; 15, inciso 12), de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Nuevo León; 10, fracción II, inciso a), 13 y demás relativos del Código Procesal del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Nuevo León; 76, 77, 80 y 81 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León; y 1o., 2o., 3o., 7o., 10, 12, fracción I, 13, último párrafo y demás relativos del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Monterrey, toda vez que del artículo 10, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, se desprende que tiene el carácter de actor la entidad, poder u órgano que promueve la controversia; por lo que si bien la Suprema Corte de Justicia ha reconocido al Municipio como un poder político, también lo es que éste, en cuanto a su organización, se encuentra bajo la administración de un Ayuntamiento que se compone de un presidente municipal, síndicos y regidores, contando con un secretario y un tesorero, quienes se designan a propuesta del presidente y aprobación del Ayuntamiento, según lo establece el artículo 80 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal, en el entendido de que originalmente corresponde a los titulares de las dependencias el trámite y resolución de los asuntos de su competencia.
b) Que en términos del artículo 13, último párrafo, del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Monterrey, se establece que para el despacho de los asuntos de la competencia del secretario del Ayuntamiento, entre otros, se auxiliará de la Dirección de Comercio, correspondiéndole a ésta conocer lo relativo a la aplicación del Reglamento de Policía y Buen Gobierno, en lo atinente a las normas para el ejercicio del comercio y del trabajo, respecto de la vigilancia en los centros como cantinas, prostíbulos, restaurantes, bares y demás, para que se sujeten a los horarios y normas que tiendan a evitar ataques a la moral o a las buenas costumbres; debiendo contar cada establecimiento con el permiso que al efecto debe expedir el Ayuntamiento, de acuerdo con el artículo 75 de la Ley de Hacienda de los Municipios; en este sentido, tanto el secretario del Ayuntamiento como el director de Comercio tienen atribuciones para actuar en contra de los establecimientos que no cuenten con el permiso respectivo o se localicen a una distancia menor de 200 metros de un templo, como lo dispone el Reglamento de Policía y Buen Gobierno, por lo que al expedirse el acto administrativo adquieren el carácter de demandados, si el particular ocurre ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de acuerdo con el artículo 10, fracción II, inciso a), del Código Procesal del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado de Nuevo León.
c) En el caso especial del que emanan los actos que constituyen la invasión de esferas, se promovió dentro del término el incidente de incompetencia, porque tanto el artículo 63, fracción XLV, de la Constitución Política de Nuevo León, como la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y el código procesal del mismo, van más allá de lo establecido por el artículo 116, fracción IV, de la Carta Magna, que sólo faculta a las Legislaturas a instituir tribunales de lo contencioso administrativo, para que conozcan y resuelvan las controversias que se susciten entre los particulares y la administración pública del Estado, sin que queden comprendidos los Municipios ni ninguna de las dependencias de la administración pública municipal; que el Magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo desechó de plano la incompetencia planteada, interponiéndose el recurso de reclamación en contra del desechamiento, y seguido el juicio en sus trámites se dictó sentencia el catorce de agosto de mil novecientos noventa y cinco, sin considerarse las excepciones y defensas.
d) Que contra los mismos actos, el particular Producciones y Arte del Norte, S.A. de C.V., promovió juicio de amparo indirecto reclamando la clausura definitiva, formándose el expediente 10/95, ante el Juzgado Segundo de Distrito, quien dictó sentencia de sobreseimiento el diecinueve de enero del mismo año. En contra de esta sentencia se interpuso el recurso de revisión, formándose el toca 47/95, ante el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, dictándose sentencia que confirmó la emitida por el Juez de Distrito. En contra de la sentencia del Magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo se presentó demanda de amparo ante el Tribunal Colegiado, misma que fue desechada, quedando las dependencias municipales que se representan en completo estado de indefensión, de ahí el que se haya comparecido al Pleno de la Suprema Corte de Justicia en controversia constitucional, porque si de manera analítica se llama poder político a uno de los órganos que ejerce una de las funciones de soberanía, con mayor razón puede atribuírsele al Municipio tal carácter, por ser un órgano que ejerce las tres funciones de gobierno.
e) Que siendo titulares de las dependencias municipales señaladas, con interés jurídico para defender los actos administrativos expedidos, cuando interviene una autoridad estadual como lo es el Tribunal de lo Contencioso Administrativo con facultades que invaden la esfera de acción de la autoridad municipal, nos corresponde también defender en controversia constitucional tales actos, desde el que autorizó su creación, esto es, Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Admi
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4831-d04ea225/agravios-son-inoperantes-cuando-no-controvierten-los-razonamientos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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