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SEGURO SOCIAL. LA CARGA DE LA PRUEBA DE LAS COTIZACIONES DE LOS TRABAJADORES QUE SIRVEN DE BASE SALARIAL PARA DETERMINAR LA CUANTIFICACIÓN DE LAS PENSIONES QUE PREVÉ LA LEY RELATIVA, CORRESPONDE AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 32/97. · Registro digital (IUS): 4839
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO Y EL SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO, AMBOS DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Mayo de 1998, , Pág. 525.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 32/97. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO Y EL SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO, AMBOS DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

TERCERO.-El Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el amparo directo número DT-8063/96, promovido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, en relación con la carga de la prueba para acreditar las semanas de cotización de los asegurados para fijar las pensiones que el citado instituto debe otorgar en los términos de la ley del caso, establece en lo que interesa lo siguiente: "TERCERO.-La parte quejosa formuló como conceptos de violación los siguientes: ‘La Junta responsable contraviene lo dispuesto en los artículos 840, 841, 842, 843, 844 y demás aplicables de la ley laboral por las siguientes consideraciones: 1. La Junta viola lo dispuesto en los artículos 840, 841, 842, 843, 844 de la ley laboral, al emitir un laudo incongruente, sin analizar pormenorizadamente las pretensiones de las partes y las pruebas aportadas en el juicio laboral, pues de haber hecho un análisis en conciencia se hubiera percatado que no obstante que la actora manifestó un determinado salario, no aportó elementos para acreditar su dicho, debiendo en ese caso estarse la Junta al salario mínimo general y omite hacerlo, ocasionando con ello perjuicio a mi representado, siendo aplicable al caso la siguiente tesis: «SALARIO DIARIO NO ACREDITADO.» (la transcribe).-2. También viola la responsable lo dispuesto en los artículos 840, 841, 842, 843, 844 de la ley laboral, al emitir una resolución incongruente con las constancias de autos, toda vez que señala que la pensión de invalidez deberá cubrirse a partir del 7 de octubre de 1992, cuando la presentación de la demanda fue hasta el 6 de octubre de 1994, ocasionando con ello perjuicio a mi representado, al abarcar un periodo mayor al que en derecho corresponde.-3. Transgrede la responsable lo dispuesto en los artículos 840, 841, 842, 843, 844 de la Ley Federal del Trabajo al resolver únicamente con la opinión médica que la actora en el juicio laboral presenta un estado de invalidez y una incapacidad permanente, sin considerar la aplicación al caso del artículo 125 de la Ley del Seguro Social que a la letra dice: «Artículo 125. Si una persona tiene derecho a cualquiera de las pensiones de este capítulo y también a pensión proveniente del seguro de riesgos de trabajo, percibirá ambas sin que la suma de sus cuantías exceda del cien por ciento del salario promedio del grupo mayor de los que sirvieron de base para determinar la cuantía de las pensiones concedidas. Los ajustes para no exceder el límite señalado no afectarán la pensión proveniente del seguro de riesgos de trabajo.». Precepto que al no ser aplicado ocasiona perjuicio a mi representado, siendo totalmente infundado y contrario a derecho el proceder de la responsable.-4. Contraviene la Junta del conocimiento lo dispuesto en los artículos 840, 841, 842, 843, 844 de la ley laboral al pretender condenar al instituto que represento a cubrir a la actora los incrementos salariales existentes en la categoría de auxiliar administrativo ‘A’ en el Ayuntamiento del Municipio de Puebla, hasta la fecha del laudo que se impugna, lo anterior en virtud de que como se desprende de autos, de las propias pruebas aportadas por la actora, que causó baja por terminación de la relación laboral; luego entonces, ya no está en activo, siendo aplicable al caso la siguiente tesis: «SEGURO SOCIAL. SALARIO BASE PARA EL PAGO DE LAS PENSIONES A CARGO DEL, EN MATERIA DE RIESGOS DE TRABAJO, SI EL TRABAJADOR SE SEPARÓ ANTES DE LA DETERMINACIÓN DEL GRADO DE INCAPACIDAD.».-(la transcribe). (cita precedentes). Y al omitir su consideración la Junta del conocimiento, al emitir su laudo ocasiona con ello perjuicio a mi mandante.-5. Transgrede la Junta los artículos 840, 841, 842, 843 de la ley laboral al resolver sin analizar los hechos en conciencia, pues si bien existe una opinión médica que establece enfermedades, la responsable omite realizar el análisis lógico-jurídico que le corresponde respecto a la aplicabilidad al caso en concreto del artículo 128, a la luz de las demás pruebas aportadas, pues de haberlo hecho hubiera concluido que la actora dejó de laborar por una terminación voluntaria de la relación de trabajo y ello no implica que no esté en condiciones de realizar ningún trabajo que le proporcione una remuneración, análisis que al no llevarlo a cabo deja a mi representado en estado de indefensión, sin que baste la opinión médica para resolver, pues sus actos deben estar debidamente motivados y fundados, lo que no se dio en la especie ocasionando con ello perjuicio al instituto que represento.-6. Viola también lo dispuesto en los artículos 840, 841, 842, 843, 844 de la ley de la materia al no analizar en conciencia el caso que nos ocupa, siendo improcedente la apertura del incidente de liquidación pues está en condiciones de cuantificar las prestaciones que pudieran corresponder a la hoy tercero perjudicada, tomando como base el salario mínimo general en virtud de que no acreditó el salario que hizo valer en su escrito inicial de demanda, remitiéndome al concepto de violación marcado bajo el numeral 1 en obvio de repeticiones innecesarias y que al abstenerse de actuar congruentemente y en conciencia ocasiona perjuicios al instituto hoy quejoso.’.

"CUARTO.-Son parcialmente fundados los conceptos de violación formulados por el peticionario de amparo.

"En efecto, en los conceptos de violación primero y sexto, la parte quejosa aduce que el laudo es incongruente porque la Junta no se percató que la actora manifestó un determinado salario pero no aportó elementos para acreditar su dicho, y por tanto, debió estarse al salario mínimo general para calcular las prestaciones sin necesidad de incidente de liquidación cuya apertura, por ese motivo, es improcedente.

"Lo anterior es infundado, porque la carga de la prueba para acreditar las últimas doscientas cincuenta semanas de cotización del actor a dicho instituto correspondía a éste.

"Así es, la Junta condenó al Instituto Mexicano del Seguro Social al pago de la pensión de invalidez reclamada y adujo que como en autos no aparece el promedio de las últimas doscientas cincuenta (250) semanas de cotización del actor a dicho instituto, para su debida cuantificación debía abrirse incidente de liquidación.

"Partiendo de lo anterior, cabe destacar que no es exacto que la Junta debió estimar para la cuantificación de la pensión de invalidez, el salario mínimo, como consecuencia de que la actora no acreditó mediante pruebas suficientes el salario que adujo, pues si el instituto ahora quejoso controvirtió este último, a él le correspondía la carga de probar el salario conforme al cual debía cubrirse esa prestación, esto es, el promedio correspondiente a las últimas doscientas cincuenta (250) semanas de cotización, ya que es el que se encuentra en la posibilidad de hacerlo debido a que tiene en su poder la documentación idónea para ello, por tanto, no es exacto que para el fin mencionado tuviera que estarse al salario mínimo, sino, en todo caso, al señalado por el actor ante la omisión del instituto de acreditar el promedio de las cotizaciones de referencia.

"En efecto, el artículo 167 de la Ley del Seguro Social dispone:

"‘Para efectos de determinar la cuantía básica anual de la pensión y sus incrementos, se considera como salario diario, el promedio correspondiente a las últimas doscientas semanas (sic) de cotización.’

"Para concluir a quién corresponde la carga de probar las cotizaciones aludidas, debe atenderse a lo dispuesto en el artículo 17 de este último ordenamiento laboral que establece:

"‘A falta de disposición expresa en la Constitución, en esta ley o en sus reglamentos, o en los tratados a que se refiere el artículo 6o., se tomarán en consideración sus disposiciones que regulen casos semejantes, los principios generales que deriven de dichos ordenamientos, los principios generales de justicia social que derivan del artículo 123 de la Constitución, la jurisprudencia y la equidad.’

"En estas condiciones, en atención a la primera de las reglas supletorias aludidas, esto es, a la aplicación analógica de los preceptos de la Ley Federal del Trabajo, con apoyo además, en los artículos 2o., 3o. y 18 del mismo, se advierte que en el caso es aplicable lo dispuesto por su artículo 784, que establece:

"‘La Junta eximirá de la carga de la prueba al trabajador, cuando por otros medios esté en posibilidad de llegar al conocimiento de los hechos, y para tal efecto requerirá al patrón para que exhiba los documentos que, de acuerdo con las leyes, tiene la obligación legal de conservar en la empresa ...’

"Para llegar a esta conclusión, se parte de la base de que, en la exposición de motivos sobre las reformas a la Ley Federal del Trabajo en materia de proceso laboral, que entraron en vigor el primero de mayo de mil novecientos ochenta, se dijo textualmente:

"‘Durante muchos años se han involucrado en las diversas ramas del derecho procesal dos principios que, relacionados entre sí, no pueden ser considerados como idénticos; la obligación de quien afirma de probar los hechos a que se está refiriendo, como constitutivos de su acción, y la limitación de los casos en que el que niega está obligado a probar. Este principio, cuando se aplica rígidamente, limita de manera considerable la actividad del tribunal, que en las sentencias o laudos debe formarse una idea clara y completa de los hechos que sirven de sustento a la aplicación de las normas en las sentencias o laudos.

"‘En realidad, tanto el que afirma determinados hechos en calidad de demandante, como el que los afirma en situación de demandado deben aportar al tribunal los elementos de que dispongan para probar su dicho y, además, deben señalar la forma de obtener las pruebas de las que no dispongan en ese momento, si son documentales, para que las Juntas de Conciliación y Arbitraje se las alleguen, exigiendo su presentación a quien las tenga. En el aspecto inquisitivo al que tienden los tribunales de trabajo, como órganos del Estado destinados a impartir justicia con pleno conocimiento de los hechos, así como a evitar formulismos que han desaparecido incluso en el derecho privado.

"‘Estar obligado a probar un hecho y disponer de todos los medios para hacerlo, son dos situaciones que no siempre coinciden. Es frecuente que la contraparte o que terceros ajenos al juicio, dispongan de más elementos que el actor para comprobar lo que éste afirma. Por esa razón, en esta iniciativa se propone que la Junta podrá eximir de la carga de la prueba al trabajador cuando por otros medios se esté en posibilidad de llegar al conocimiento de los hechos. Si el patrón es requerido deberá exhibir la documentación que tenga la obligación de conservar en la empresa, bajo el apercibimiento de que, de no presentarlos, se presumirán ciertos los hechos alegados por el trabajador. Corresponderá al patrón probar su dicho cuando exista controversia sobre los hechos y actos en que el empleador está obligado a disponer de sus antecedentes.

"‘De este modo se establece una modalidad más del sistema participativo, en base a la franca colaboración de todos aquellos que intervienen en el juicio, para lograr el esclarecimiento de la verdad y para aportar a las Juntas de Conciliación y a las de Conciliación y Arbitraje todos los elementos que faciliten el desempeño de sus importantes funciones sociales.’

"Conforme a las razones inmersas en el espíritu del indicado artículo, es claro que la finalidad que persigue es la de relevar al trabajador de probar los hechos que refiere como base de su acción, en los casos en que la contraparte o tercero ajeno al juicio, disponga de más elementos que el actor para acreditar lo que éste afirma; tal es el caso de la necesidad de contar con los elementos necesarios para calcular el promedio de cotizaciones del trabajador al Instituto Mexicano del Seguro Social, pues es claro que es este instituto quien tiene la documentación idónea para ello, porque está a su cargo el registro e inscripción de los trabajadores, altas, bajas y modificación de sus salarios y demás controles que señala la Ley del Seguro Social, datos con los que el trabajador no cuenta.

"No es óbice para sostener lo anterior, que el nombrado instituto no tenga en el juicio laboral el carácter de patrón, puesto que las mismas razones que se tienen para atribuir al patrón la carga procesal de probar los hechos sobre los cuales tiene mayores elementos que el trabajador, son las mismas que cabe esgrimir para atribuírsela al instituto, en el aspecto que aquí se refiere; pues contar con los elementos de prueba suficientes ante un conflicto laboral, no es una prerrogativa para la contraparte del trabajador sino una obligación en términos del precepto en cita, dado que la tutela del derecho laboral al trabajador se extiende al derecho ‘procesal’.-En el cuarto concepto de violación, el agraviado señala que el laudo infringe los preceptos de la Ley Federal del Trabajo ya mencionados, porque condena al instituto a cubrir a la actora los incrementos salariales existentes en la categoría de auxiliar administrativo ‘A’ en el Ayuntamiento del Municipio de Puebla, hasta la fecha del laudo, no obstante que ésta causó baja por terminación de la relación laboral, luego ya no estaba en activo.-Este concepto de violación es inatendible, en virtud de que el quejoso plantea con ello, una cuestión que no fue aducida en el juicio natural.-Efectivamente, en el inciso f) de la demanda laboral, el actor reclamó el pago de incrementos a las pensiones reclamadas, en los términos siguientes: F) El otorgamiento y pago al actor de todos los incrementos que por acuerdo del H. Consejo Técnico del instituto demandado se otorguen a las cuantías de las pensiones de incapacidad parcial permanente e invalidez a partir de la fecha en que surja la obligación del demandado de otorgar dichas pensiones y hasta aquella otra en que directamente le sean asignados los incrementos mencionados, con fundamento en el artículo 75 de la Ley del Seguro Social (foja dos a tres de autos).-En relación a tal prestación, el Instituto Mexicano del Seguro Social contestó la demanda, de la forma siguiente: F) Carece de acción y derecho la parte actora para reclamar lo que pretende en dicho inciso, en razón de que si aún no surge el derecho para el actor, mucho menos existe la obligación de mi representado para el cumplimiento de dicha prestación. En el supuesto sin conceder de que se condene a mi representado, se generará la obligación de otorgarle los incrementos, únicamente los indicados por la Ley del Seguro Social (foja treinta y tres de autos).-Como se advierte de los párrafos transcritos, el ahora quejoso no argumentó ante la Junta, que la prestación de referencia no procedía porque el actor causó baja ante el Instituto Mexicano del Seguro Social por terminación de la relación laboral y por tanto ya no estaba en activo.-Es aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia 290, visible en la página 190, Tomo V, Materia del Trabajo, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que dice: ‘LITIS CONSTITUCIONAL, MATERIA DE LA.-Si las cuestiones que alega el quejoso no fueron materia de controversia ante la Junta, tampoco pueden serlo de la litis constitucional, en virtud de que la sentencia de amparo que se pronuncie sólo debe tomar en cuenta las cuestiones planteadas ante la autoridad jurisdiccional.’.-En estas condiciones, si la autoridad responsable no tuvo la oportunidad de dirimir la cuestión aducida ahora en el juicio de amparo porque no fue planteada en tales términos ante ella, no puede ser motivo de estudio el concepto de violación en mención, porque el acto reclamado, de conformidad con el artículo 78 de la Ley de Amparo, debe analizarse tal como aparezca probado ante la autoridad responsable.-En el quinto concepto de violación, el peticionario de amparo aduce que, el laudo reclamado es violatorio de los artículos de la Ley Federal del Trabajo que se vienen mencionando porque la Junta no analiza los hechos en conciencia, pues omitió realizar el análisis lógico-jurídico que corresponde respecto a la aplicabilidad al caso concreto del artículo 128 de la Ley del Seguro Social, a la luz de las pruebas aportadas, agregando el quejoso que, de haberlo hecho, hubiera concluido que la actora dejó de laborar por terminación voluntaria de la relación de trabajo y ello no implica que no esté en condiciones de realizar algún trabajo que le proporcione una remuneración, por lo que tal omisión le causa un estado de indefensión ya que no basta la opinión médica para resolver como lo hizo la Junta, sin motivar y fundar su resolución.-El concepto de violación aludido resulta fundado, en la parte en la que el peticionario de amparo señala que la responsable omitió realizar el análisis jurídico correspondiente respecto a lo dispuesto en el artículo 128 de la Ley del Seguro Social, pues efectivamente la Junta responsable para estimar procedente la pensión de invalidez reclamada por el actor, se limitó a señalar que correspondía la carga de la prueba a la parte actora y después de analizar el dictamen del perito médico del Instituto Mexicano del Seguro Social al que la actora se allanó, concluyó que era procedente condenar a la institución aludida a pagar la pensión de invalidez de referencia, y nada dijo en relación al contenido del artículo 128 de la Ley del Seguro Social que es en donde se establece y regula el seguro de invalidez, omisión que la condujo a un análisis de las pruebas desligado del contenido de dicho numeral.-En estas condiciones, la Junta responsable, al omitir analizar la reclamación de pensión de invalidez demandada por el actor a la luz de lo dispuesto por el artículo 128 de la Ley del Seguro Social en donde se encuentra regulado el seguro de invalidez, infringe en perjuicio del instituto quejoso el contenido del artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo, violando con ello las garantías de legalidad y exacta aplicación de la ley a que se contraen los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.-En consecuencia procede concederle el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso para el efecto de que la Junta responsable deje insubsistente el laudo reclamado, y en su lugar emita otro en el que siguiendo los lineamientos establecidos en esta ejecutoria, y sin perjuicio de reiterar los aspectos que no son motivo para conceder la protección federal, resuelva con plenitud de jurisdicción el reclamo de pensión de invalidez, atendiendo a lo que al efecto dispone el artículo 128 de la Ley del Seguro Social que establece la hipótesis del seguro de invalidez.-En virtud de que la concesión del amparo tiene como consecuencia que se nulifique el laudo reclamado en los términos antes mencionados, resulta innecesario analizar el segundo y tercero de los conceptos de violación formulados por el quejoso en donde aduce, respectivamente, que el laudo reclamado es incongruente porque señaló incorrectamente la fecha a partir de la cual debe cubrirse la pensión de invalidez y que la Junta omite atender al contenido del artículo 125 de la Ley del Seguro Social.-Es aplicable en la especie la tesis de jurisprudencia 168, visible en la página 113, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice ya señalado, que dice: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO.-Si el amparo que se concede por uno de los capítulos de queja, trae por consecuencia que se nulifiquen los otros actos que se reclaman, es inútil decidir sobre éstos.’."

CUARTO.-Por su parte el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo DT-4187/97, promovido también por el Instituto Mexicano del Seguro Social, en relación con el mismo tema, estableció lo siguiente: "TERCERO.-Son fundados los conceptos de violación. Juan Ríos Flores demandó al Instituto Mexicano del Seguro Social el otorgamiento y pago de una pensión de incapacidad parcial permanente valuada en un 55% de la total orgánico-funcional o la que resulte durante la tramitación del juicio, misma que pidió se calculara tomando en cuenta el salario integrado de $187.45 diarios, que fue el último que percibió al quince de agosto de mil novecientos noventa y cuatro en la categoría de unidor de cuerda, que desempeñó para la empresa General Tire de México, Sociedad Anónima de Capital Variable, más los incrementos que se generen en la categoría y empresa mencionadas a la fecha en que se determine el grado de incapacidad, o sea cuando quede firme el laudo. En el capítulo de hechos narró que el cuatro de diciembre de mil novecientos noventa y dos sufrió un accidente de trabajo, que fue calificado de naturaleza profesional por el instituto demandado, mismo que le produjo varias de las enfermedades de trabajo que originaron su estado de incapacidad parcial permanente y otras las adquirió con motivo del ambiente de trabajo donde se desempeñó.-El Instituto Mexicano del Seguro Social, negó que el reclamante sea portador de los padecimientos a que alude, puesto que no se ha sometido a los exámenes médicos por parte del instituto, ni éste ha tenido conocimiento del accidente de trabajo, dado que no le ha presentado la forma MT-1, consistente en el aviso para calificar probable riesgo de trabajo. El instituto negó que el reclamante se encuentre inscrito en el régimen obligatorio que presta; para el caso de que se le condenara al otorgamiento y pago de la pensión, adujo que el pago deberá hacerse en términos del artículo 65 de la Ley del Seguro Social, tomándose como base el salario promedio de las últimas 250 semanas de cotización.-El actor aclaró su demanda en el sentido de manifestar a la Junta que en virtud de que demanda un riesgo de trabajo no se hace necesario precisar las semanas de cotización que tuvo registradas ante el instituto demandado.-El demandado agregó a su contestación que no recibió el aviso del accidente de trabajo a que se refiere el hecho tres de la demanda.-El actor en la fase de réplica reiteró que la pensión deberá calcularse con el salario que acredite y no con el promedio de las últimas 250 semanas de cotización, el cual a su juicio es improcedente para el presente asunto.-La Junta condenó al Instituto Mexicano del Seguro Social al otorgamiento y pago de una pensión por incapacidad parcial permanente valuada en un 40% de la total orgánico-funcional, a partir de la fecha de emisión del laudo, con base en el salario indicado por el actor en su demanda de $187.47 diarios ya que si bien es cierto que el instituto demandado no tiene el carácter de patrón, también lo es que en su calidad de organismo asegurador recibió las cotizaciones a favor del actor, estimándose que cuenta con los elementos para acreditar el promedio de las últimas 52 semanas de cotización, por lo que al no manifestar ni acreditar diverso promedio salarial se deberá calcular la pensión con el salario referido que adujo el actor, ello siguiendo los lineamientos del artículo 65 fracción II de la Ley del Seguro Social; también condenó a que se consideren todos los incrementos que se generen en la categoría y empresa que precisó el asegurado, como lo señala la jurisprudencia número 19/91 que se identifica bajo el rubro de: ‘SEGURO SOCIAL EL SALARIO BASE PARA EL PAGO DE PENSIONES A CARGO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL EN MATERIA DE RIESGO DE TRABAJO, ESTABLECE CON LOS AUMENTOS HABIDOS HASTA EN TANTO SE DETERMINE EL GRADO DE INCAPACIDAD Y SE RIGE POR LA LEY DEL.’.-Para cuantificar dichos incrementos, la Junta ordenó la sustanciación del incidente de liquidación.-Alega el Instituto Mexicano del Seguro Social que el laudo reclamado es contrario a derecho, en virtud de que toma como base para el cálculo de la pensión de incapacidad parcial permanente, el salario que el asegurado señaló percibía de su patrón a razón de $187.47 diarios, añadiendo que supuestamente se efectúa dicha consideración siguiendo los lineamientos del artículo 65 fracción II de la Ley del Seguro Social, percepción que no corresponde al promedio salarial de las 52 semanas de cotización del referido tercero perjudicado, pues el propio accionante en el capítulo de prestaciones inciso b) de manera expresa reconoce que ese fue el salario último que percibió el quince de agosto de mil novecientos noventa y cuatro al prestarle servicios a la empresa General Tire de México, Sociedad Anónima de Capital Variable, lo que significa que ese era el salario devengado cuando existió relación laboral, situación que es diversa a la relación que une a los contendientes y que es de órgano asegurador y asegurado, de donde se colige que la única ley aplicable es la del seguro social, específicamente el artículo 65 fracción II, pues en el caso la Junta al considerar el último salario percibido de aquel patrón está aplicando la Ley Federal del Trabajo, no siendo suficiente el argumento de la Junta de que atiende al salario que mencionó el reclamante ante la omisión del instituto de referir a cuánto ascendió el salario promedio de las 52 semanas de cotización, puesto que del artículo 65 fracción II, no se desprende que esté obligado a demostrar dicho promedio ante la Junta.

"Es fundado en esencia el argumento anterior pues, como lo hace notar el inconforme es indebido que la Junta considere como base para el cálculo de la pensión de incapacidad parcial permanente que debe percibir el tercero perjudicado, la cantidad de $187.47 diarios que el asegurado mencionó percibió por última ocasión de su patrón el quince de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, puesto que el artículo 65 de la Ley del Seguro Social previene que dicho cálculo deberá efectuarse con base en las 52 últimas semanas de cotización en su promedio salarial, por tanto, si la Junta no atendió a lo previsto por el citado precepto legal causó perjuicio al ahora quejoso.

"También es indebido el que la Junta tomara dicha base salarial para calcular la multicitada pensión, ante la omisión del instituto quejoso de precisar y acreditar en el juicio laboral a cuánto ascendió el promedio salarial de las 52 últimas semanas de cotización del asegurado, en virtud de que dicho instituto, no tiene el carácter de patrón respecto del actor, para que se le imponga dicha carga procesal la cual tampoco deriva del artículo 65 de la Ley del Seguro Social, no encontrando por otro lado apoyo legal la consideración de la Junta respecto a que el instituto quejoso debió probar ese extremo, por ser él quien tiene los elementos para ello, al haber recibido las cotizaciones en favor del actor, pues como ya se anticipó el instituto demandado no tiene el carácter de patrón, por lo que no le son aplicables las reglas que sobre carga de la prueba establece el artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo, máxime que las pensiones como la demandada se rigen por una ley especial como lo es la del Seguro Social.

"Conforme a lo anterior, el señalamiento y prueba del tantas veces mencionado promedio salarial, como base de la acción corresponde al asegurado, observándose que en la especie la Junta previno al actor para que subsanara esa deficiencia de su demanda, a lo cual éste se negó, por creerlo ‘innecesario’.-Toda vez que el criterio sostenido en esta ejecutoria es contradictorio con el diverso sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia de Trabajo, que emitió al resolver por unanimidad de votos el diecinueve de septiembre de mil novecientos noventa y seis, el juicio de amparo directo número DT-8063/96, promovido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, en cuya parte conducente se dice:-‘Lo anterior es infundado, porque la carga de la prueba para acreditar las últimas doscientas cincuenta semanas de cotización del actor a dicho instituto correspondía a éste. Así es, la Junta condenó al Instituto Mexicano del Seguro Social al pago de la pensión de invalidez reclamada y adujo que como en autos no aparece el promedio de las últimas doscientas cincuenta (250) semanas de cotización del actor a dicho instituto, para su debida cuantificación debía abrirse incidente de liquidación. Partiendo de lo anterior, cabe destacar que no es exacto que la Junta debió estimar para la cuantificación de la pensión de invalidez, el salario mínimo, como consecuencia de que la actora no acreditó mediante pruebas suficientes el salario que adujo, pues si el instituto ahora quejoso controvirtió este último, a él le correspondía la carga de probar el salario conforme al cual debía cubrirse esa prestación, esto es, el promedio correspondiente a las últimas doscientas cincuenta (250) semanas de cotización, ya que es el que se encuentra en la posibilidad de hacerlo debido a que tiene en su poder la documentación idónea para ello, por tanto, no es exacto que para el fin mencionado tuviera que estarse al salario mínimo sino, en todo caso, al señalado por el actor ante la omisión del instituto de acreditar el promedio de las cotizaciones de referencia. En efecto, el artículo 167 de la Ley del Seguro Social dispone: «Artículo 167. Las pensiones anuales de invalidez y de vejez se compondrán en una cuantía básica y de incrementos anuales computados de acuerdo con el número de cotizaciones semanales reconocidas al asegurado con posterioridad a las primeras quinientas semanas de cotización ... Para los efectos de determinar la cuantía básica anual de la pensión y sus incrementos, se considera como salario diario el promedio correspondiente a las últimas doscientas cincuenta semanas de cotización. Si el asegurado no tuviere reconocidas las doscientas cincuenta semanas señaladas se tomarán las que tuviere acreditadas, siempre que sean suficientes para el otorgamiento de una pensión por invalidez o por muerte». Para concluir a quién corresponde la carga de probar las

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4839-0f2d62ed/seguro-social-la-carga-de-la-prueba-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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