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Modo: Corpus Pro

DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE QUE INDEBIDAMENTE LA DESECHA, LA TIENE POR NO INTERPUESTA O NIEGA REMITIRLA, NO PROCEDE RECURSO ALGUNO, SINO QUE EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBE REQUERIR SU ENVÍO CON LOS APERCIBIMIENTOS LEGALES.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 26/96. · Registro digital (IUS): 4867
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO, EL TERCERO Y QUINTO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO, Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Mayo de 1998, , Pág. 32.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 26/96. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO, EL TERCERO Y QUINTO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO, Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO.-Las consideraciones que tuvo el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito para sustentar la tesis identificable bajo el rubro: "DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. AUTO QUE DESECHA O TIENE POR NO INTERPUESTA UNA. DICTADO POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE. EN SU CONTRA PROCEDE EL RECURSO DE RECLAMACIÓN Y NO EL DE REVISIÓN.", son las que a continuación se reproducen:

"Rev. civil No. 070/96.

"Quejoso: Jesús Mendoza Soltero.

"Autoridad Responsable: C. Magistrado de la Quinta Sala Civil del H. Supremo Tribunal del Estado.

"Acto reclamado: Sentencia pronunciada con fecha once de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, en el toca 812/95, por el C. Magistrado de la Quinta Sala Civil del H. Supremo Tribunal de Justicia del Estado, residente en esta capital, anulando en su resolutivo primero el procedimiento sustanciado en el juicio 194/88, anteriormente referido, a partir del auto de seis de septiembre de mil novecientos ochenta y cinco, que ordenó el emplazamiento por edictos, incluyendo la sentencia que se apega.

"CONSIDERANDO

"...

"CUARTO.-Los agravios que el recurrente hizo valer son inatendibles, por las razones que enseguida se exponen:

"En efecto son inatendibles los agravios esgrimidos por el recurrente, toda vez que de conformidad con los artículos 44, 163, 167 a 169, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, en el amparo directo la autoridad responsable está facultada para recibir la demanda de garantías en auxilio de la Justicia Federal, específicamente del presidente del Tribunal Colegiado de Circuito, a quien corresponde admitir o desechar la demanda de amparo en términos del artículo 41, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los artículos 177 a 179 de la Ley de Amparo, por tanto la autoridad responsable, en este caso actúa como auxiliar del presidente de este cuerpo colegiado y si la Sala responsable por acuerdo de fecha cinco de octubre de mil novecientos noventa y cinco (fojas 77 y 77 v) por las razones que señaló en tal proveído consideró que no había lugar a tener al quejoso promoviendo demanda de amparo directo, en contra de dicho auto debió promoverse ante dicha autoridad recurso de reclamación, puesto que la Ley de Amparo en su artículo 103, aplicable por analogía dispone que tal recurso procede entre otros casos contra los acuerdos de trámite dictados por el presidente de los Tribunales Colegiados de Circuito, consecuentemente el presente recurso de revisión deviene notoriamente improcedente, por no configurarse ninguna de las hipótesis previstas en el artículo 83 de la Ley de Amparo, por lo que se desecha.

"No es óbice a lo anterior el hecho de que por auto de Presidencia de fecha veintiséis de febrero de mil novecientos noventa y seis se haya admitido el recurso de revisión de mérito, toda vez que los autos de Presidencia no causan estado.

"A lo anterior, resulta aplicable la jurisprudencia número 6, visible en la página 591, del Informe rendido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por su Presidente al concluir el año de mil novecientos ochenta y siete, parte Tribunales Colegiados de Circuito, que a la letra dice: ‘AUTOS DE PRESIDENCIA DE ADMISIÓN DE DEMANDA O RECURSO DE REVISIÓN NO CAUSAN ESTADO.-Aunque por acuerdo de presidencia del Tribunal Colegiado, se admita la demanda de amparo o el recurso de revisión y el proveído correspondiente no sea objeto de reclamación alguna, si posteriormente se deja insubsistente, es legal tal medida ya que los autos que dan trámite al juicio o al referido medio de impugnación no causan estado porque existe la posibilidad de volver a examinar el caso y decidir si la demanda o el recurso fueron o no admitidos conforme a la ley.’."

TERCERO.-El criterio en el cual se apoyó el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito para sustentar la tesis del rubro: "QUEJA. CONTRA EL AUTO DE LA RESPONSABLE QUE TIENE POR NO EXHIBIDA LA DEMANDA DE AMPARO.", es el que aparece en la siguiente ejecutoria:

"Reclamación número 11/90 civil.

"Recurrente: Alfonso Portillo Solís (tercero perjudicado).

"Quejosa: Banca Serfín, S.N.C.

"CONSIDERANDO

"...

"TERCERO.-Refiere el recurrente sustancialmente, como se desprende de los motivos de inconformidad que han quedado transcritos en el considerando inmediato anterior, que el presidente de este órgano colegiado, indebidamente admitió la demanda de amparo que interpuso Banca Serfín, Sociedad Nacional de Crédito, por conducto de sus representantes e indebidamente se allegó la misma, atendiendo a una simple solicitud de dos litigantes, virtud a la cual ordenó a la autoridad responsable su remisión, contraviniendo así lo dispuesto en los artículos 44, 163, 168 y 196 de la ley de la materia y 46 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, siendo que existe un impedimento formal para hacerse llegar de dicho sumario, el cual no puede pasarse por alto para dar entrada a la referida demanda, porque para que sea legítima dicha admisión es necesario que se revoque previamente por medio de otra resolución el auto de treinta de abril de mil novecientos noventa que emitió el Magistrado responsable, por el que mandó devolver dicha demanda de amparo, en razón a que no se presentó por conducto de parte interesada; auto contra el cual procedía el recurso de queja previsto en la Ley de Amparo y que al no haberse impugnado de tal manera, quedó firme en todas las consecuencias legales y preclusa cualquier posibilidad jurídica de modificarlo.

"Las anteriores inconformidades que se hacen valer por el recurrente Alfonso Portillo Solís resultan fundadas, puesto que es cierto que el acuerdo de treinta de abril de mil novecientos noventa, dictado en el toca 770/89 por el Magistrado de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia de este Estado es del tenor siguiente: ‘Chihuahua, Chih., a treinta de abril de mil novecientos noventa. Agréguese escrito presentado por el licenciado Omar Cayam Valenzuela, fechado el veintiséis de los corrientes y recibido a las veinte horas de ese mismo día, en el domicilio particular del secretario de Acuerdos adscrito a esta Sala, con él adjunta original de demanda de garantías y cinco copias simples de la misma, suscrita tanto por el propio ocursante como por el licenciado Raúl Pérez, la cual promueven ante el Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito en turno. Sin embargo, resulta improcedente acordar de conformidad a lo solicitado en el ocurso de cuenta, en razón que su signante no es parte legítima en el presente asunto, por no tener acreditada personalidad alguna, en este toca, ni el cuaderno principal de donde aquél deriva. Sino que, por el contrario, mediante sentencia de fecha ocho de agosto de mil novecientos ochenta y ocho, dictada por esta misma Sala, cuyo testimonio obra anexado de foja ciento tres a ciento seis del cuaderno principal, la cual definió el toca número 76/1988, se declaró que el apuntado ocursante carece de personalidad para representar a Banca Serfín, S.N.C., parte demandada, en el juicio de antecedentes, negándole y desconociéndole toda intervención en el mismo. Determinación esta que, al momento, permanece inalterada, porque aun cuando fue reclamada en la vía constitucional, mediante juicio de amparo 1971/88, radicado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado, en cuya sentencia se concedió al quejoso, licenciado Omar Cayam Valenzuela, el amparo y protección de la Justicia Federal contra aquella determinación, según copia autorizada inserta de foja doscientos ochenta y uno a la doscientos ochenta y tres, de los propios autos originales; empero, no es menos exacto que tal fallo protector, en virtud de ejecutoria pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con la que definió el toca en revisión número 9/89, cuya certificación está agregada de foja veintinueve a la treinta y cuatro del presente toca, quedó revocado y, en su lugar, se decretó el sobreseimiento del aludido juicio de garantías número 971/88, respecto de la señalada sentencia emitida por el suscrito Magistrado, la que fue señalada como acto reclamado en dicho procedimiento. En semejantes condiciones, no es posible tener por exhibida la demanda de amparo que, en original y cinco copias simples, viene adjunta al escrito de cuenta, como tampoco proveer a lo solicitado en éste. En consecuencia, déjese a disposición del ocursante, en la secretaría de esta Sala, el traído original de demanda de amparo y sus respectivas copias, para que promueva lo que a sus intereses convenga.

"‘Lo anterior encuentra apoyo en lo dispuesto en los artículos 4o., 163 y 168 de la Ley de Amparo en vigor. Notifíquese. Así, lo acordó y firma el licenciado Augusto Martín Gil, Magistrado de la Segunda Sala de lo Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado. Doy fe.’; además de que igualmente cierto resulta, que el proveído de referencia fue dictado en auxilio de las autoridades de amparo, según el contenido de los artículos 44 y 163 de la Ley de Amparo; por tanto si dicho proveído agraviaba a la parte promovente de la demanda de garantías, debió haberlo impugnado por medio del recurso idóneo establecido por el capítulo XI de la citada ley reglamentaria, y tal es así que los apoderados de la institución quejosa licenciados Raúl Pérez y Omar Cayam Valenzuela Escalante interpusieron en contra de tal proveído ante este propio Tribunal Colegiado el recurso de revisión a que se refiere el artículo 83, fracción I, de la ley de referencia, recurso que fue desechado por improcedente por auto de Presidencia de fecha doce de junio del presente año, dictado en el expediente número 109/90, que se formó con motivo del tal medio de impugnación, como puede verse a foja 88 del toca de apelación; acuerdo de desechamiento que causó estado, por no haber sido recurrido por la parte interesada.

"Así las cosas, o sea, por exclusión, el recurso idóneo para impugnar el proveído de referencia (de treinta de abril de mil novecientos noventa), dictado por el Magistrado señalado como autoridad responsable, lo es el de queja a que se refiere el artículo 95, fracción VIII, de la Ley de Amparo, puesto que debe entenderse, que al no tener la autoridad responsable no exhibida la demanda de garantías, indiscutiblemente que tal proveído está también omitiendo promover dentro del término legal sobre la suspensión solicitada, lo que incuestionablemente puede causar daños o perjuicios notorios a la parte quejosa.

"Ahora bien, como en la especie la demanda de amparo fue remitida a este Tribunal Colegiado por la autoridad responsable en cumplimiento al acuerdo de Presidencia de doce de junio de mil novecientos noventa, dictado en el mismo expediente número 157/90, con motivo de la promoción que al respecto formularon los apoderados de Banca Serfín, Sociedad Nacional de Crédito, con fecha primero de junio del año antes citado; ello hace que el auto de admisión de la demanda de garantías de fecha dos de octubre del año citado y que constituye el auto materia de este recurso de reclamación, sí resulte decretado en contravención a lo dispuesto por los artículos 44 y 163 de la Ley de Amparo, puesto que el multicitado auto que la tuvo por no presentada quedó intocado al no haber prosperado ni el recurso de revocación que ante la misma autoridad se hizo valer (ver fojas 65, 66 y 67 del toca 770/89, de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en este Estado), ni el de revisión que se promovió ante este propio Tribunal Colegiado, y por lo mismo si dicho acuerdo como ya se dijo quedó firme, las consecuencias jurídicas no pueden ser otras que la multicitada demanda de garantías no fue promovida ni presentada legalmente en los términos que ordenan los mencionados artículos 44 y 163 de la Ley de Amparo, y admitirla en esas condiciones, es transgredir en perjuicio de la parte tercero perjudicada el contenido de dichas normas, y por ello, lo que procede es decretar fundado el presente recurso de reclamación y consecuentemente desechar la multicitada demanda de amparo, promovida por los licenciados Raúl Pérez y Omar Cayam Valenzuela Escalante como apoderados de Banca Serfín, Sociedad Nacional de Crédito."

CUARTO.-Las consideraciones que tuvo el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito para sustentar la tesis identificable bajo el rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA, DECRETADO POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE ADMITE QUEJA.", son las que a continuación se reproducen:

"Revisión principal civil No. 394/92.

"Quejoso: Ricardo Arturo Romero Velázquez.

"Autoridad Responsable. Juez Octavo del Arrendamiento Inmobiliario del Distrito Federal.

"Actos reclamados: Los acuerdos de fecha cuatro de diciembre de mil novecientos noventa y uno y tres de enero del año en curso (1992); el primero por negarse a proveer sobre la admisión de la demanda de garantías, al haber impugnado mediante juicio de amparo el auto de seis de noviembre de mil novecientos noventa y uno, y el segundo, por habérsele desechado el recurso de revocación interpuesto, toda vez el mismo no constituye una simple determinación de trámite.

"CONSIDERANDO

"...

"IV. Los argumentos esgrimidos en el primero y segundo de los agravios, resultan inoperantes en virtud de que el recurrente no es claro en precisar a qué pruebas se refiere y que no fueron valoradas por la Juez de Distrito, ya que mediante escrito de fecha cuatro de febrero del año en curso, ofreció la documental pública consistente en el informe justificado que rindió la autoridad responsable, la inspección judicial de las actuaciones del juicio número 1106/90, la instrumental de actuaciones y, la presuncional legal y humana; todas estas pruebas, a excepción de la inspección ocular, le fueron admitidas mediante auto dictado en audiencia constitucional de siete de febrero pasado, no así la inspección mencionada, por no haberse ceñido, en cuanto a su ofrecimiento, a los lineamientos establecidos por el artículo 151 de la Ley de Amparo, mismos que se refieren a que, cuando las partes tengan que rendir tal probanza, deberán anunciarla cinco días hábiles antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia y, si del propio escrito de pruebas se advierte que éste fue presentado hasta el día seis, es decir, un día antes de la celebración de la audiencia constitucional, la misma fue debidamente desestimada, por lo que, los restantes medios de convicción, fueron insuficientes para acreditar la inconstitucionalidad de los actos que reclama.

"Ahora bien, por el hecho de que la autoridad señalada como responsable no hubiese rendido su informe justificado, por lo que se refiere al auto de tres de enero de mil novecientos noventa y dos, ello trae como consecuencia únicamente que se presuma cierto, dicho acto pero no que se acredite su inconstitucionalidad; en estos mismos términos existe el criterio sostenido en la tesis relacionada a la jurisprudencia número 1007, publicada en las páginas 1628 y siguiente, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1988, que dice: ‘INFORME JUSTIFICADO, PRESUNCIÓN DE CERTEZA DE LO AFIRMADO EN LA DEMANDA POR FALTA DE. ALCANCE. SÓLO SE EXTIENDE A LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO.-La omisión de la autoridad responsable de rendir informe justificado sólo presupone que debe estimarse cierto el acto reclamado; pero no produce la certidumbre de diversos hechos en que el quejoso basa su acción de amparo y que por ello no cabe dentro de la presunción antes mencionada.’, es por ello, que no se vulnera en contra del recurrente, el contenido de la jurisprudencia a que alude.

"En su tercer agravio aduce que la Juez de Distrito aplicó indebidamente la fracción II del artículo 73 de la Ley de Amparo, porque el acto reclamado no deviene de un juicio de amparo, ni constituye ejecución de una resolución de amparo; que el acto reclamado consiste en la negativa de la autoridad responsable de admitir y remitir la demanda de garantías a la autoridad federal; que con ello viola el artículo 16 constitucional, al no fundar ni motivar su acto; que sólo argumenta que se debió impugnar mediante el recurso de queja; que con anterioridad agotó el recurso de revocación, dándole oportunidad a la autoridad responsable de corregir el acuerdo que le negó entrada a la demanda de garantías.

"Este agravio resulta infundado, ya que no le asiste razón al recurrente que se aplicó indebidamente la fracción II del artículo 73 de la Ley de Amparo, porque, según el inconforme, el acto reclamado no deriva de un juicio de amparo ni constituye ejecución de una resolución constitucional; en virtud de que, desde el momento en que aquél presentó su demanda de amparo ante la autoridad que se estimó era competente para conocer de la misma, y se dictó el acuerdo respectivo, tomó inicio un procedimiento seguido bajo las normas de la Ley de Amparo, independientemente de que la autoridad responsable se hubiese negado a admitirla y remitirla a la autoridad federal; por lo que, contra dicho desechamiento no procedía hacer uso de recursos inherentes al juicio natural, pues como se tiene dicho al interponer la demanda de garantías, su trámite, tenía que regularse de acuerdo a lo establecido por la ley citada y, en base a ella, debió interponerse el recurso que la misma determina, como así lo consideró la Juez de Distrito, pues el mismo era recurrible en queja, considerándose que la resolutoria determinó correctamente ‘el acto reclamado pudo ser combatido a través del recurso de queja establecido en el capítulo XI, de la Ley de Amparo, cuya finalidad, entre otras, estriba en impugnar los acuerdos y resoluciones dictados por las autoridades responsables que actúan en auxilio de la Justicia Federal.’.

"En su cuarto agravio refiere el quejoso recurrente que, la resolución dictada por la Juez de Distrito viola en su perjuicio el artículo 197 de la Ley de Amparo, porque los actos reclamados consistentes en los acuerdos de cuatro de diciembre de mil novecientos noventa y uno y tres de enero de mil novecientos noventa y dos, tienen íntima relación, por ser el segundo consecuencia del primero, los cuales fueron precisados en la demanda, por lo que al no tomarse en cuenta, se viola dicho precepto; que no fueron valorados, en virtud de que si la responsable no rindió informe, al hacer prueba el acto reclamado, debe concederse el amparo solicitado.

"Es infundado lo anteriormente argumentado, ya que ninguna violación puede depararle al recurrente el hecho de que la Juez de Distrito hubiese omitido tomar en la consideración la transcripción que de los acuerdos reclamados hace en su demanda, pues las simples manifestaciones hechas por el quejoso no constituyen medio de prueba alguno, por no encontrarse apoyados con algún otro elemento probatorio. Se cita al caso el criterio publicado en la página 372, Primera Parte, Tribunal Pleno, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1988, que es del rubro: ‘ACTOS RECLAMADOS, SU SOLA EXISTENCIA NO ES SUFICIENTE PARA CONCEDER EL AMPARO.-No porque los actos reclamados sean ciertos, ya sea porque los confiesan las autoridades responsables o porque no hayan rendido informe, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, sino que debe demostrarse a través de los conceptos de violación o de pruebas, que se vulnera alguna garantía individual.’, así como el diverso que aparece en la página 2406, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes del Apéndice antes citado, que es del rubro: ‘PRUEBAS EN EL AMPARO.-La Ley de Amparo sólo establece la presunción de la existencia del acto, por la falta de informe con justificación. Por tanto, el quejoso en el amparo, debe ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales, pues quien interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer directamente o mediante el informe de la autoridad responsable, la existencia del acto que se reclama y a justificar, con pruebas adecuadas, que dicho acto es inconstitucional.’.

"Aun cuando en su capítulo de actos reclamados, hace alusión a los mismos, sin embargo, y como así lo advirtió la juzgadora, en sus conceptos de violación no se alude al segundo de ellos, ni tampoco hace relación, en el capítulo de antecedentes, que pudiesen crear en el ánimo de la autoridad, la certeza y la convicción de su ilegalidad.

"En ese orden de ideas, al ser infundados e inoperantes los agravios hechos valer por el recurrente, procede confirmar la sentencia dictada por la Juez de Distrito."

QUINTO.-El criterio en el cual se apoyó el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito para sustentar la tesis del rubro: "AMPARO INDIRECTO IMPROCEDENTE, POR ADMITIR EL RECURSO DE QUEJA, LA RESOLUCIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE QUE SE NIEGA A REMITIR UNA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO AL TRIBUNAL COLEGIADO COMPETENTE.", es el que aparece en la siguiente ejecutoria:

"Amparo en revisión civil No. 1333/94.

"Quejosa: Virginia Ruiz Segura.

"Autoridades Responsables: Décimo Tercera Sala del Tribunal Superior y Juez Trigésimo Octavo de lo Familiar, ambas del Distrito Federal.

"Actos Reclamados: Se reclama de la autoridad responsable ordenadora CC. Magistrados de la Décimo Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, su infundada, indebida y violatoria sentencia dictada el quince de marzo del presente año, de los autos del toca 2166/92, por la que resuelve el recurso de reposición interpuesto por la suscrita, en contra de la sentencia presentada, dictada, reclamándoles violaciones consistentes en la falta de una verdadera valoración de los agravios expuestos violándose los principios lógicos de la valoración, de la exacta aplicación de la ley, y que debe ser materia de examen constitucional ya que su arbitrio no es absoluto sino restringido, y en donde se violan terminantemente lo dispuesto en el artículo 169 de la Ley de Amparo, ya que este precepto obliga a la autoridad responsable, que cuando se interpone el juicio de garantías como lo hizo oportunamente en contra de la sentencia dictada por esta Sala debe remitirlo de inmediato al Tribunal Colegiado correspondiente, como realmente no lo hizo la Sala, confirmando en ese sentido en negarse al dar trámite al amparo directo interpuesto.-2. Se reclama del C. Juez Trigésimo Octavo de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, los actos materiales que pretende llevar a cabo para que en forma indebida se ejecute la sentencia dictada por esa Sala Décimo Tercera en la que en forma indebida decretó la disolución del vínculo matrimonial, la que me perjudica.

"CONSIDERANDO

"...

"SEGUNDO.-En el presente juicio de amparo en revisión resulta innecesaria la transcripción literal de las consideraciones en que se funda la sentencia recurrida y de los motivos de agravio que se expresan en su contra, atento a que este Tribunal Colegiado advierte la existencia de una causa de improcedencia del juicio constitucional, por la que deberá sobreseerse en el mismo.

"En efecto, de la demanda de amparo promovida por Virginia Ruiz Segura se desprende que la misma se promueve contra la sentencia de la Décimo Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal de fecha quince de marzo de mil novecientos noventa y cuatro, dictada en el toca número 2166/92, por la cual se declara improcedente el recurso de reposición interpuesto por la propia quejosa en contra del auto dictado por dicha Sala, el día trece de enero del mismo año, que deniega acordar favorablemente la petición de la interesada de remitir al Tribunal Colegiado su diversa demanda de amparo directo promovido contra la sentencia definitiva recaída en el juicio, ordenando el tribunal ad quem estarse a lo resuelto en el proveído de quince de octubre de mil novecientos noventa y tres, por virtud del cual acordó favorablemente el desistimiento de la demanda de amparo directo; se observa asimismo que uno de los alegatos fundamentales contenidos en los agravios en el recurso de reposición intentado por la hoy recurrente ante la Sala responsable y que culminó desestimándose en la sentencia que constituye el acto reclamado en este juicio de garantías, fue hecho valer en el sentido de que la autoridad responsable carecía de facultades y de jurisdicción para calificar el escrito de desistimiento de la demanda de amparo directo que se promovió de manera sospechosa, por lo que se adujo violación al artículo 169 de la Ley de Amparo. Ahora bien, independientemente de que la autoridad responsable carezca de facultades para decidir sobre una demanda de amparo directo, como en el caso aconteció, al acordar favorablemente el desistimiento de la demanda en virtud de la interposición del ocurso relativo, toda vez que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 163 de la Ley de Amparo, sólo se considera a la autoridad responsable como una auxiliar de los tribunales federales, cuya función es la de recibir la demanda y remitirla a éstos, observando al efecto lo ordenado por los artículos 167, 168 y 169 y demás relativos de la Ley de Amparo, por lo que no podía resolver sobre una cuestión reservada a la autoridad federal, ya que una decisión de tal naturaleza que es competencia de los tribunales de amparo y en la especie de los Tribunales Colegiados en Materia Civil, conforme lo disponen los artículos 158 de la ley de la materia y 44, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. O sea, que en la especie alegándose esencialmente la carencia de facultades de la autoridad responsable para decidir la suerte de la demanda, pero sobre todo, la negativa de dicha autoridad a remitir la demanda al tribunal de amparo competente; sin embargo, como se anotó inicialmente, al advertirse que en el caso existe una causa de improcedencia del juicio de amparo que motiva el sobreseimiento, y cuyo estudio es de orden preferente por ser de orden público, en términos de lo dispuesto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo se procede al análisis de tal cuestión. Al respecto debe decirse que en el particular, procedía la interposición del recurso de queja contemplado en la fracción VIII del artículo 95 de la Ley de Amparo, que no sólo se refiere a los casos relacionados con la suspensión del acto reclamado sino a todos aquellos en que las resoluciones que dicten las autoridades responsables con motivo de una demanda de amparo directo puedan causar daños y perjuicios notorios al quejoso, por lo que al no acordarse la remisión de la demanda en virtud de lo acontecido procedimentalmente, es evidente la actualización de ese daño o perjuicio, debiéndose por ende, haber promovido el recurso de queja y no el juicio de amparo contra la resolución reclamada, resultando este último improcedente, motivo por el cual procede sobreseer en este juicio constitucional con fundamento y apoyo en lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 95, fracción VIII, ambos de la Ley de Amparo."

SEXTO.-La tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, materia de la contradicción, es del siguiente tenor:

"DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. AUTO QUE DESECHA O TIENE POR NO INTERPUESTA UNA. DICTADO POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE. EN SU CONTRA PROCEDE EL RECURSO DE RECLAMACIÓN Y NO EL DE REVISIÓN.-De conformidad con los artículos 44, 163, 167 a 169, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, en el amparo directo la autoridad responsable está facultada para recibir la demanda de garantías en auxilio de la Justicia Federal, específicamente del presidente del Tribunal Colegiado de Circuito, a quien corresponde admitir o desechar la demanda de amparo en términos del artículo 41, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los artículos 177 a 199 de la Ley de Amparo, por tanto, si la Sala responsable acordó que no había lugar a tener al quejoso promoviendo la demanda de amparo directo, en contra de dicho auto debió promoverse ante dicha autoridad el recurso de reclamación, puesto que la Ley de Amparo en su artículo 103 aplicable por analogía dispone que tal recurso procede entre otros casos contra los acuerdos de trámite dictados por el presidente de los Tribunales Colegiados de Circuito, por tanto el recurso de revisión interpuesto deviene notoriamente improcedente, por no configurarse ninguna de las hipótesis prevista del artículo 83 de la Ley de Amparo, por lo que debe desecharse."

La tesis del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito es del siguiente tenor:

"QUEJA. CONTRA EL AUTO DE LA RESPONSABLE QUE TIENE POR NO EXHIBIDA LA DEMANDA DE AMPARO.-El auto por el que la autoridad responsable no tiene por exhibida la demanda de garantías, debe ser impugnado mediante el recurso de queja, atento a lo dispuesto en el artículo 95, fracción VIII, de la Ley de Amparo, toda vez que debe entenderse que dicho auto está omitiendo proveer dentro del término legal sobre la suspensión solicitada, lo que incuestionablemente puede causar daños y perjuicios a la parte quejosa."

La tesis del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito es del siguiente tenor:

"DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA, DECRETADO POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE ADMITE QUEJA.-No le asiste razón al recurrente al afirmar que se aplicó indebidamente la fracción II del artículo 73 de la Ley de Amparo, porque según el inconforme, el acto reclamado no deriva de un juicio de amparo ni constituye ejecución de una resolución constitucional; en virtud de que, desde el momento que aquél presentó su de

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4867-9e2a9c10/demanda-de-amparo-directo-en-contra-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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