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Modo: Corpus Pro

ACTIVO. EL ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVA, PUEDE DEMOSTRARSE CON UNA DECLARACIÓN DE PAGO PROVISIONAL, AUNQUE APAREZCA EN "CERO" EL RENGLÓN "A PAGAR" DE DICHO TRIBUTO, SIEMPRE Y CUANDO TAMBIÉN COMPRENDA OTRAS CONTRIBUCIONES.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 1524/97. · Registro digital (IUS): 4923
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: GRUPO ISPAT INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Junio de 1998, , Pág. 68.

AMPARO EN REVISIÓN 1524/97. GRUPO ISPAT INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.

CONSIDERANDO:

TERCERO.-En el primer agravio, la parte recurrente expresa las razones por las cuales estima que el Juez de Distrito incorrectamente no decretó el sobreseimiento respecto de la Ley del Impuesto al Activo y sus reformas, anteriores a la que entró en vigor el once de mayo de mil novecientos noventa y seis, con base en una declaración de pago provisional en la que consta que la empresa quejosa declaró en "cero" en el renglón del impuesto al activo. Al efecto, indica que el a quo estimó que el primer acto de aplicación de la Ley del Impuesto al Activo se dio en el momento en que la quejosa presentó el pago provisional del impuesto al activo el veinte de mayo de mil novecientos noventa y seis.

Agrega la parte recurrente que la circunstancia de que en las declaraciones que presentó en el año de mil novecientos noventa y cinco se haya manifestado "cero" en el renglón del impuesto al activo, constituye acto de aplicación de la ley, en virtud de que ello significa que la quejosa realizó operaciones y cálculos del impuesto al activo de conformidad con la ley de la materia, para determinar la contribución en relación con los activos que poseía, es decir, que no había impuesto a pagar, lo cual no significa que aquélla no fuera sujeto del tributo correspondiente; argumentación que la autoridad recurrente apoyó en la tesis sustentada por la anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ACTIVO DE LAS EMPRESAS, IMPUESTO AL. LA DECLARACIÓN EN CERO RESPECTO DE ESE TRIBUTO DEMUESTRA EL ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY QUE LO ESTABLECE.".

Con el fin de seguir un orden lógico en la exposición, debe señalarse, en primer lugar, que de la respectiva demanda de amparo se aprecia que la Ley del Impuesto al Activo fue reclamada por la empresa quejosa, indistintamente, con motivo de la entrada en vigor de la reforma legal introducida a dicho ordenamiento, acaecida el diez de mayo de mil novecientos noventa y seis, y con motivo de su primer acto de aplicación, para lo cual el promovente con posterioridad exhibió copia certificada de la declaración de pago provisional del impuesto relativo, que efectuó el veinte de mayo de mil novecientos noventa y seis, la cual obra en la foja 152 del expediente de amparo.

El Juez de Distrito, como se vio en la parte denominada de "resultandos" de esta ejecutoria, concedió a la quejosa el amparo solicitado y, previamente, analizó la causal de improcedencia cuyo estudio replantea la autoridad recurrente en la presente revisión; del examen de la sentencia recurrida, se advierte que el a quo desestimó dicha causal, porque las declaraciones que con anterioridad al año de mil novecientos noventa y seis presentó la quejosa, en cuyos rubros relativos al impuesto al activo marcó "ceros", no evidencia ni resulta idóneo para acreditar que la quejosa en ese momento fuese sujeto pasivo del tributo indicado, ya que no se justifica con ello que la quejosa sea una sociedad mercantil que se dedique a actividades empresariales ni que tenga activos.

Pues bien, de las copias fotostáticas certificadas de la declaración de impuestos federales correspondientes al pago provisional por el periodo de abril a junio de mil novecientos noventa y cinco (fojas 147 y 148 del expediente de amparo) y al periodo de octubre a diciembre del mismo año (foja 149 del expediente), elaboradas y presentadas por la quejosa, respectivamente, el veintisiete de octubre de mil novecientos noventa y cinco y el dos de febrero de mil novecientos noventa y seis, en Banca Serfín, Sociedad Anónima, que se acompañaron al informe justificado rendido a nombre del presidente de la República, se desprende que en el renglón correspondiente a la cantidad a pagar por concepto del impuesto al activo señaló "0" (cero), lo mismo que en los restantes rubros, correspondientes al impuesto al valor agregado e impuesto sobre la renta.

Ese señalamiento "0" (cero) en el renglón de cantidades a pagar por el impuesto al activo, conduce a esta Segunda Sala a sostener una conclusión contraria a la adoptada por el Juez de Distrito, y correlativamente justifica lo fundado de los agravios expuestos por la autoridad recurrente, en cuanto a que la empresa quejosa se autoaplicó la Ley del Impuesto al Activo, independientemente de que no manifestara la existencia de cantidad a pagar al respecto, en virtud del resultado arrojado por los cálculos del impuesto de que se trata.

Sin que se oponga a la afirmación precedente, que dicha indicación en "ceros" constituya la expresión de la nada, como lo dice el autorizado de la quejosa en el escrito de alegatos agregado en las fojas 161 a 173 del expediente de amparo, pues se advierte que la declaración formulada por la empresa quejosa consta en un formato de declaración múltiple de contribuciones que, por lo mismo, contiene diversos rubros, en cuanto a personas físicas y a personas morales, así como a diferentes contribuciones federales, entre las que se encuentran el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado, el impuesto al activo y diversos impuestos especiales, tales como el de la cerveza y tabaco labrados, servicios telefónicos, etcétera. Este aspecto debe tomarse en cuenta, en virtud de que si la peticionaria del amparo no realizó ningún señalamiento en los renglones correspondientes a personas físicas, ni tampoco en cuanto a personas morales en relación con las mencionadas contribuciones especiales, esto es, ni siquiera el "0" (cero), ahí sí, tal ausencia de señalamiento implica la expresión de la nada y una actitud desinteresada al respecto, por no estar la declarante en esas hipótesis tributarias, mientras que los renglones de los impuestos al activo, al valor agregado y sobre la renta demuestran autoaplicación y la existencia real de activos.

De lo anterior se sigue que la expresión "0" (cero), referida al impuesto al activo es demostrativa de que la quejosa es causante de este tributo, sólo que el resultado del cálculo no arrojó cantidades a pagar, pues en la hipótesis de que la peticionaria de garantías no se hubiera considerado causante de la contribución por activos, es inconcuso que hubieran seguido el mismo criterio que aplicaron en cuanto a las personas físicas y a los impuestos especiales, dejando vacío el renglón relativo a la cantidad a pagar por el impuesto al activo.

Resulta inaceptable también que la declaración en cero pueda válidamente interpretarse como inconformidad con su pago, ya que ésta, cuando menos para la procedencia del juicio de amparo, no opera en esa forma.

Así, la aplicación de la Ley del Impuesto al Activo se refleja en el señalamiento en las declaraciones en cuanto al cálculo del impuesto al activo, ya que la expresión numeraria "0" (cero), ahí colocada, refleja el resultado de una previa operación aritmética, en la que factores tales como las deducciones o acreditamientos superiores al activo, autorizados por la ley, bien pudieron arrojar un resultado de cero en la cantidad a pagar por el tributo en cuestión.

Apoya las consideraciones anteriores, la tesis sustentada por la Tercera Sala de la anterior integración de esta Suprema Corte de Justicia, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VIII-Octubre, página 17, que dice:

"ACTIVO DE LAS EMPRESAS, IMPUESTO AL. LA DECLARACIÓN EN CERO RESPECTO DE ESE TRIBUTO DEMUESTRA EL ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY QUE LO ESTABLECE.-De conformidad con el artículo 2o. de la Ley del Impuesto al Activo de las Empresas es obligación del contribuyente determinar el gravamen de que se trata y el artículo 7o. de ese mismo ordenamiento lo obliga a efectuar un primer pago provisional trimestral. En consecuencia, si en un caso concreto la parte quejosa reclama la ley con motivo del primer acto de aplicación y con ese propósito aporta la declaración respectiva de la que aparece que se marcó con cero el renglón correspondiente al tributo impugnado, aun cuando materialmente no se cubre pago alguno por ese concepto debe concluirse que formalmente sí se da el acto de aplicación en la medida que la elaboración y presentación del documento relativo se hace en cumplimiento del deber impuesto por los preceptos antes señalados."

El mismo criterio fue sustentado por la anterior Cuarta Sala de este Alto Tribunal, el cual se encuentra publicado en la página 99, Tomo IX-Junio, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice:

"ACTIVO DE LAS EMPRESAS, IMPUESTO AL. LA DECLARACIÓN EN CERO RESPECTO DE ESE TRIBUTO DEMUESTRA EL ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY QUE LO ESTABLECE.-De conformidad con el artículo 2o. de la Ley del Impuesto al Activo de las Empresas es obligación del contribuyente determinar el gravamen de que se trata y el artículo 7o. de ese mismo ordenamiento lo obliga a efectuar un primer pago provisional trimestral. En consecuencia, si en un caso concreto la parte quejosa reclama la ley con motivo del primer acto de aplicación y con ese propósito aporta la declaración respectiva de la que aparece que se marcó con cero el renglón correspondiente al tributo impugnado, aun cuando materialmente no se cubre pago alguno por ese concepto, debe concluirse que formalmente sí se da el acto de aplicación en la medida que la elaboración y presentación del documento relativo se hace en cumplimiento del deber impuesto por los preceptos antes señalados."

Además, esta propia Sala reiteró el criterio de que se da noticia e integró al efecto la tesis visible en las páginas 79 y 80, Tomo V, correspondiente a abril de 1997, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes:

"ACTIVO, IMPUESTO AL. SU ACTO DE APLICACIÓN Y EL INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR LA LEY QUE LO ESTABLECE, PUEDEN DEMOSTRARSE CON UNA DECLARACIÓN DE PAGO PROVISIONAL QUE TAMBIÉN COMPRENDA OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES, A PESAR DE QUE APAREZCA EN ‘CERO’ EL RENGLÓN ‘A PAGAR’ POR EL REFERIDO TRIBUTO.-De acuerdo con lo dispuesto por la Ley del Impuesto al Activo, es obligación del contribuyente determinar la contribución por ejercicios fiscales, aplicando al valor de su activo en el ejercicio, la tasa correspondiente, debiendo efectuar declaraciones y pagos provisionales. Por consiguiente, si se reclama esa ley con motivo de su primer acto de aplicación, éste se acredita con la declaración del impuesto de que se trata, en la que también se declara respecto de otras contribuciones federales, aunque en el renglón correspondiente a ‘cantidad a pagar’, por el tributo impugnado, aparezca ‘cero’, puesto que si bien no realizó erogación alguna por ese concepto, basta que se haya cumplido con la obligación de elaborar y presentar la declaración conforme lo exige la ley, para no dudar en cuanto a que se dio el primer acto de aplicación de ésta, ya que en términos del artículo 6o. del Código Fiscal de la Federación, es contribuyente el que se ubica en o realiza las situaciones jurídicas o de hecho previstas en las leyes fiscales vigentes durante el lapso en que ocurran, lo que debe estimarse que prevalece a pesar de que no se realice entero alguno por el impuesto al activo, pues la ausencia de cantidad a pagar, en la hipótesis que se examina, no es demostrativa de que no se es contribuyente o de que, con relación al tributo, el declarante carece de activos, pues de ser así, no habría tenido que formular declaración alguna, a más de que el ‘cero’ como resultado de cantidad a erogar puede obedecer a diversos factores que, previstos por la ley, intervienen en el cálculo del impuesto, como son las deducciones y acreditamientos de diverso impuesto; además, si bien la inexistencia de ‘cantidad a pagar’ no causa perjuicio al quejoso, la conducta desplegada por éste de elaborar y presentar la declaración en comento, afecta su esfera jurídica, irrogándole el perjuicio consecuente, pues es obligado por la ley, en su calidad de contribuyente, luego, el perjuicio deriva, precisamente, de la obligación de tener que presentar esa declaración."

Debe destacarse que si bien es criterio sustentado por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, que aparece contenido en la tesis que más adelante se transcribirá, que el acto de aplicación de la ley actualiza la posibilidad de solicitar la protección constitucional, debe causar perjuicio al quejoso, de acuerdo con el principio de instancia de parte agraviada consagrado por el artículo 107, fracción I, de la Carta Magna, en el caso, aunque no puede decirse que cause tal perjuicio la inexistencia de cantidad a pagar por concepto del impuesto al activo, según lo refleja una declaración en cero, la conducta desplegada por el gobernado de elaborar y presentar la declaración aludida, afecta su esfera jurídica, irrogándole el perjuicio consecuente, pues tal conducta es obligada por la ley, en su calidad de contribuyente; luego, el perjuicio deriva, precisamente, de la obligación de tener que presentar esa declaración con las previas y consecuentes molestias que implican, por lo menos, el cálculo del impuesto, aun cuando éste arroje como resultado cero en el rubro de cantidad a pagar, y además, el tener que presentar esa declaración ante la oficina autorizada.

Las tesis aludidas son las identificadas con los números XCVII/95 y LVII/96, consultables, la primera, en la página 92, del Tomo II, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del mes de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, y la segunda, en la página 124, del Tomo III, de esa misma compilación, pero del mes de abril de mil novecientos noventa y seis, que textualmente dicen:

"LEYES HETEROAPLICATIVAS. PARA QUE SEA PROCEDENTE SU IMPUGNACIÓN, EL ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY DEBE AFECTAR AL GOBERNADO EN SU INTERÉS JURÍDICO.-El análisis gramatical y sistemático de los artículos 73, fracción VI, in fine y 4o. de la Ley de Amparo, permite colegir que no cualquier acto de aplicación de la ley reclamada puede ser impugnado en el juicio de garantías, sino que es una exigencia ineludible que la acción constitucional se ejercite con motivo del primer acto de aplicación que afecte al gobernado, en su interés jurídico, pues de lo contrario se vulneraría el principio de ‘instancia de parte agraviada’, contenido en la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, al entrar al análisis de una ley que no ha podido causar ningún perjuicio al promovente."

"LEYES. EL ACTO DE APLICACIÓN QUE DETERMINA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO DEBE CAUSAR PERJUICIO AL QUEJOSO.-Para que proceda el amparo contra leyes con motivo de su primer acto de aplicación, no sólo se necesita demostrar la existencia de éste, sino también que tal aplicación sea en perjuicio del quejoso; por tanto, si en una solicitud que eleva como peticionario a la autoridad administrativa respectiva, invoca y se aplica el artículo cuestionado, resulta evidente que dicha autoaplicación es en su beneficio; de manera que será hasta que dicha autoridad conteste negándole lo solicitado cuando el particular sufra el perjuicio, y es a partir de la notificación de la negativa, que se dan las condiciones para promover el amparo conforme a los requisitos que establece el artículo 73, fracción VI, de la ley de la materia."

Es pertinente destacar que no resultan aplicables al caso las jurisprudencias identificadas con los números 27 y 28 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo I, Materia Constitucional, página 33, sustentadas, respectivamente, por la Segunda y Tercera Salas de la anterior integración de esta Suprema Corte de Justicia, jurisprudencias que son del siguiente tenor:

"ACTIVO DE LAS EMPRESAS, IMPUESTO AL. LA DECLARACIÓN EN CERO EN EL PAGO PROVISIONAL DE ESTE TRIBUTO ES INEFICAZ PARA ACREDITAR QUE SE POSEEN ACTIVOS.-Si de las constancias que acompañó la quejosa a su demanda de garantías, se advierte que en el formulario de pago de contribuciones en el rubro de ‘Pago provisional del impuesto al activo’, se marcó ‘cero’ en la columna de cantidad total a pagar, dicha probanza resulta ineficaz para acreditar que la citada quejosa posee activos, en atención a que en ese instrumento no se especifica la razón por la que declaró en esos términos."

"ACTIVO DE LAS EMPRESAS, IMPUESTO AL. LA DECLARACIÓN EN CEROS DE PAGO PROVISIONAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LA EMPRESA QUEJOSA, NO ES SUFICIENTE PARA ACREDITAR SU INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR LA LEY QUE LO ESTABLECE.-La empresa que se considera afectada por el impuesto especificado, para acreditar su interés jurídico en el juicio de amparo debe demostrar que se encuentra dentro de los supuestos de causación, es decir, su existencia legal, que realiza actividades empresariales y que cuenta con activos. Por tanto, la copia certificada de declaración de pago provisional del impuesto sobre la renta, en la cual todos los conceptos que en la misma se consignan aparecen en ceros no es suficiente para demostrar los extremos apuntados, ya que con dicha documental la empresa quejosa no acredita realizar actividades empresariales y tener activos, para encontrarse dentro de las hipótesis previstas por el artículo 1o. de la Ley del Impuesto al Activo de las Empresas y, consecuentemente, tener interés jurídico para promover el juicio de garantías."

Se expone tal aserto, ya que la primera de estas jurisprudencias, identificada con el número 27, no es aplicable en la especie, dado que de su propio texto se evidencia que la declaración del pago provisional del impuesto al activo de que se hace alusión, es de naturaleza singular, esto es, que se refiere a la manifestación del que se cree contribuyente sólo del mencionado tributo y que estampó un cero en la columna de cantidad a pagar por esa contribución, lo que, conforme al criterio indicado, revela la inexistencia de activos.

Tal hipótesis no se actualiza en el presente asunto, en el que la declaración presentada por la empresa quejosa, es de las llamadas "múltiples", en las que pueden declararse diversos impuestos federales, o incluso uno solo, dejando en blanco, sin precisión alguna de cantidad, los renglones relativos a las otras contribuciones, además de que, en el caso, esas declaraciones se llenaron en relación con diversos tributos federales, como fueron el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado, además del impuesto al activo.

Entonces, por haberse declarado en esos formatos múltiples diversas contribuciones, en el caso no puede aseverarse que la empresa quejosa careciera de activos o no realizara actividades empresariales para la fecha en la que efectuó esa declaración, al margen de lo cual, como ya se ha dicho, el interés jurídico para reclamar la ley dimana simplemente de ubicarse en las hipótesis previstas por la ley, cumpliendo con la obligación que sólo los contribuyentes tienen de presentar declaración por un tributo, para lo que no es necesario que en la declaración aparezca cantidad a pagar por la mencionada contribución, pues también es claro que ese resultado no es demostrativo de la inexistencia de activos, pues pueden tenerse éstos y dadas las deducciones y acreditamientos permitidos por la ley, la cantidad a pagar puede estar ausente.

En relación con la segunda de esas jurisprudencias, su inaplicación al caso resulta manifiesta, ya que alude a una declaración en ceros, no respecto del impuesto al activo, sino tocante sólo al impuesto sobre la renta, hipótesis diferente a la que en la especie se surte, en virtud de que ha quedado claro que las declaraciones presentadas son por varios impuestos federales, entre ellos, especialmente, por el que grava activos.

Consecuentemente, el supuesto previsto en esa jurisprudencia identificada con el número 28 es aplicable para cuando no exhibiéndose declaración del impuesto al activo, ni por otra contribución federal diferente del impuesto sobre la renta, además, la declaración del impuesto sobre la renta arroja en el rubro de cantidad a pagar el símbolo numerario "cero", hipótesis que, por sí sola, revela la carencia de interés jurídico del que en esas condiciones reclama la inconstitucionalidad del impuesto al activo, dado que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 6o. de la Ley del Impuesto al Activo, "no pagarán ese tributo, quienes no sean contribuyentes del impuesto sobre la renta".

Desde otro punto de vista, no puede dejar de advertirse que la simple declaración en ceros por el impuesto sobre la renta no significa que el declarante no sea contribuyente de ese tributo, o que carezca de activos, pues las operaciones que en cuanto a deducciones y acreditamientos permiten tanto la ley de renta como la de activo, es evidente que pueden reflejar como cantidad a pagar cero, en relación con una declaración provisional o incluso por la de un ejercicio fiscal, a pesar de tener activos.

Enseguida, esta Sala considera pertinente establecer con precisión los preceptos respecto de los cuales constituyen primer acto de aplicación las declaraciones provisionales indicadas, pues de esta decisión dependerá la delimitación exacta de la operancia de la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo.

Así, con el propósito de demostrar el alcance de la causal de improcedencia invocada, debe hacerse notar que en la demanda de amparo el promovente reclama la inconstitucionalidad de los artículos 1o., 2o., 4o., 5o., 5o.-B, 7o. y 9o. de la Ley del Impuesto al Activo; asimismo, se impone hacer alusión al hecho de que en los conceptos de violación el representante de la quejosa, en esencia, adujo que los citados artículos de la Ley del Impuesto al Activo infringen en perjuicio de su representada las garantías de legalidad, proporcionalidad y equidad contenidas en el artículo 31, y la garantía de motivación de los actos de autoridad, prevista en el artículo 16, primer párrafo, todos de la Constitución General de la República, de cuya alegada inconstitucionalidad hace depender la del Reglamento de la Ley del Impuesto al Activo.

De modo particular, en sus conceptos de violación hizo referencia a la circunstancia de que tales garantías se vulneran porque no se grava la totalidad de los activos afectos a la intermediación financiera (artículo 1o., párrafo tercero); respecto de la tasa del 1.8% para fijar el monto del impuesto (artículo 2o.); en relación con la base gravable, por virtud de la confusión e incertidumbre en el procedimiento previsto para el cálculo del impuesto (artículos 2o. y 3o.); por lo que hace al objeto del impuesto, con motivo de la imprecisión en el mismo (artículo 4o.); en relación con los sujetos del impuesto, al exceptuar de la autorización de deducir las deudas contratadas con empresas residentes en el país o con establecimientos permanentes ubicados en el extranjero, a aquellas que hubieren sido contratadas con el sistema financiero o con su intermediación (artículo 5o.); por el establecimiento de un régimen de tributación especial -en cuanto a la determinación de la base gravable- para las empresas que componen el sistema financiero (artículo 5o.-B, en relación con el 1o., párrafo tercero); también tocante al procedimiento para determinar el pago provisional mensual (artículo 7o.); e igualmente respecto del objeto, el derecho de acreditamiento de la garantía mínima presunta (artículo 9o.).

Como puede advertirse del panorama general descrito, los planteamientos formulados por la parte quejosa están dirigidos a cuestionar algunos de los elementos esenciales del impuesto al activo contenidos en los preceptos citados de la Ley del Impuesto al Activo, sin que se pase por alto que en el último de los conceptos de violación se controvierte que al expedir la Ley del Impuesto al Activo, el Congreso de la Unión incumplió con el requisito de la debida motivación, con las características específicas de aplicación de esta garantía que tratándose de normas generales ha establecido la Suprema Corte de Justicia.

Así, la nota común de las argumentaciones jurídicas contenidas en los conceptos de violación es que se impugna el establecimiento mismo del tributo, ya porque en la determinación de algunos de sus elementos esenciales se infringen los principios constitucionales de las contribuciones, o bien, porque el órgano legislativo al expedir la Ley del Impuesto al Activo no motivó adecuadamente la expedición de este ordenamiento.

Según puede advertirse de lo anterior, se trata de aspectos vinculados con la obligación tributaria relativa al impuesto al activo, en las cuales se comprenden, inclusive, las reformas introducidas a la Ley del Impuesto al Activo, comprendiendo en ellas la relativa al decreto emitido por el Congreso de la Unión, que contiene la Ley que modifica a las diversas de los Impuestos sobre la Renta, al Activo, Especial sobre Producción y Servicios y Federal de Derechos, expedido el dieciocho de abril de mil novecientos noventa y seis, específicamente su artículo 3o., mediante el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Activo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de diez de mayo de mil novecientos noventa y seis, y en vigor al día siguiente, de cuyo texto se advierte que la reforma y adición introducida en este decreto no afectó lo dispuesto en los artículos 2o., 3o., 4o., 5o., 7o. y 9o. El decreto mencionado dispone:

"Artículo tercero. Se reforman los artículos 1o., primer párrafo; 6o., fracción V, y el antepenúltimo párrafo 13-A, fracciones I y II; se adicionan los artículos 1o., con un tercer párrafo; 2o.-bis, que se ubicará inmediatamente después del artículo 2o.; 5o.-A, con un tercer párrafo y 5o.-B; y se deroga el artículo 6o., fracción II, de la Ley del Impuesto al Activo, para quedar como sigue:

"Artículo 1o. Las personas físicas que realicen actividades empresariales y las personas morales, residentes en México, están obligadas al pago del impuesto al activo, por el activo que tengan, cualquiera que sea su ubicación. Las residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país, están obligadas al pago del impuesto por el activo atribuible a dicho establecimiento. Las personas distintas a las señaladas en este párrafo, que otorguen el uso o goce temporal de bienes inmuebles que se utilicen en la actividad de otro contribuyente de los mencionados en este párrafo, están obligadas al pago del impuesto por su activo fijo, y terrenos por los que obtengan ingresos a los que se refiere el capítulo III del título IV y los artículos 133, fracción XIII y 148-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

"Las empresas que componen el sistema financiero están obligadas al pago del impuesto por su activo no afecto a su intermediación financiera."

"Artículo 2o. bis. Las personas físicas que otorguen el uso o goce temporal de inmuebles, que se utilicen por otro contribuyente del impuesto, para determinar el monto original de los mismos, estarán a lo siguiente:

"I. Determinarán por separado el monto original de la inversión del terreno y de las construcciones, considerando el valor declarado en la escritura notarial en la que conste la adquisición. Cuando en dicha escritura no se hubiera hecho la separación de dicho monto para el terreno y las construcciones, los contribuyentes considerarán las proporciones que para el terreno y las construcciones, se hayan dado en el avalúo practicado a la fecha de la adquisición del bien de que se trate, o considerarán las proporciones que aparezcan en los valores catastrales que correspondan a la fecha de adquisición.

"En el caso de que no puedan determinarse las proporciones señaladas en el párrafo anterior, se considerará que del monto original de la inversión del bien de que se trate, el 80% corresponde a las construcciones y el 20% al terreno.

"II. Cuando no se pueda determinar el monto original de la inversión de un inmueble, se considerará como dicho monto, el que resulte conforme a lo siguiente:

"a) En el caso de las construcciones, mejoras o ampliaciones del inmueble, se considerará como monto el valor que se contenga en el aviso de terminación de obra. En caso de que no se consigne el valor correspondiente en el aviso de terminación de obra o de que no exista la obligación de dar dicho aviso, se considerará como monto original de la inversión de las construcciones, mejoras o ampliaciones del inmueble, el 80% del valor del avalúo que al efecto se practique por persona autorizada, por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, referido a la fecha en que las mismas se hayan terminado.

"b) Tratándose de bienes adquiridos en rifa o sorteo antes del 1o. de enero de 1981, se considerará como monto el que haya servido para efectos del impuesto federal sobre loterías, rifas, sorteos y juegos permitidos. Tratándose de bienes adquiridos en rifa o sorteo a partir de la fecha antes citada, el que haya servido para efectos del impuesto sobre la renta. Si para determinar la base de los mencionados impuestos se practicó avalúo, éste se considerará el monto original de la inversión referido a la fecha de adquisición.

"c) Tratándose de bienes adquiridos por herencia, legado o donación, incluyendo las donaciones efectuadas por la Federación, Estados, Distrito Federal, Municipios u organismos descentralizados, se considerará el monto original de la inversión que dicho bien haya tenido para el autor de la sucesión o para el donante, respectivamente. Si no pudiera determinarse dicho monto, se considerará como tal el 80% del valor del avalúo practicado al bien de que se trate referido al momento de la adjudicación o de la donación, según corresponda.

"d) Tratándose de bienes adquiridos por prescripción, se determinará su monto original de la inversión conforme al avalúo que haya servido de base para el pago de impuestos con motivo de la adquisición. Si en la fecha en que se adquirió no procedió la realización del avalúo, se efectuará uno referido al momento en que la prescripción se hubiera consumado, ind

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4923-b5641ff7/activo-el-acto-de-aplicacion-de-la-ley · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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