PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y DE CERTEZA EN MATERIA ELECTORAL. (ARTÍCULO 13, INCISO G), DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, REFORMADO Y RATIFICADO MEDIANTE DECRETOS NÚMEROS 618/97 VII P.E. Y 655/97 I P.O., PUBLICADOS AMBOS EL 18 DE OCTUBRE DE 1997, EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 9/97. RUBÉN AGUILAR JIMÉNEZ, CARLOS AGUILAR CAMARGO, MIGUEL AGUSTÍN CORRAL OLIVAS, DAVID RODRÍGUEZ TORRES, ROGELIO LOYA LUNA, CLARA TORRES ARMENDÁRIZ, FERNANDO PALMA GÓMEZ Y GUILLERMO VILLALOBOS MADERO, DIPUTADOS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.
MINISTRO PONENTE: HUMBERTO ROMÁN PALACIOS.
SECRETARIO: OSMAR ARMANDO CRUZ QUIROZ.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día once de diciembre de mil novecientos noventa y siete.
VISTOS; Y
RESULTANDO:
PRIMERO.- Por escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el trece de noviembre de mil novecientos noventa y siete, los diputados Rubén Aguilar Jiménez, Carlos Aguilar Camargo, Miguel Agustín Corral Olivas, David Rodríguez Torres, Rogelio Loya Luna, Clara Torres Armendáriz, Fernando Palma Gómez y Guillermo Villalobos Madero, integrantes de la Quincuagésimo Octava Legislatura del Congreso del Estado de Chihuahua, promovieron acción de inconstitucionalidad en contra de las disposiciones y autoridades que a continuación se señalan:
"I. Los órganos encargados de la emisión y promulgación de la ley que ahora se impugna son, respectivamente, el H. Congreso del Estado de Chihuahua y el Gobernador Constitucional del mismo Estado; concretamente, la Quincuagésimo Octava Legislatura y el C.P. Francisco Javier Barrio Terrazas;
"II. La norma general cuya invalidez se reclama y el medio oficial en que se hubiere publicado son, respectivamente: el Decreto 618/97 VII P.E., mediante el cual se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua; y su publicación se efectuó en el anexo al Periódico Oficial del Estado, de fecha 18 de octubre de este año."
SEGUNDO.- En la demanda se señalaron como antecedentes del caso los siguientes:
"ANTECEDENTES:
"I. El primer día del mes de agosto de 1997 se aprobó, por lo que se refiere al trámite relativo al Congreso del Estado, la reforma a la Constitución Política del Estado, previos los trámites que dicho órgano consideró pertinentes y que, como lo reseñamos en párrafos posteriores, son de considerarse insuficientes para estimar como concluido el proceso legislativo de la citada reforma, se mandó publicar ésta por el Ejecutivo del Estado, lo que se realizó el miércoles tres de diciembre del mismo año, con Decreto No. 603/97 II D.P.
"II. Para que las reformas constitucionales puedan entrar en vigor, es necesario que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 202, fracciones I y II, de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, que a continuación transcribimos:
"‘Artículo 202. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere:
"‘I. Que el Congreso del Estado las acuerde por el voto de las dos terceras partes de sus integrantes, y
"‘II. Que sean aprobadas por, cuando menos, veinte Ayuntamientos que representen más de la mitad de la población del Estado.
"‘Con este objeto, se les enviará oportunamente copia de la iniciativa y de los debates del Congreso. Los Ayuntamientos deberán hacer llegar su resolución al Congreso, o a la Diputación Permanente, a más tardar dentro de los cuarenta días naturales siguientes a la fecha en que aquéllos reciban la comunicación. La ausencia de respuesta en el término indicado hará presumir la aprobación de las reformas y adiciones.
"‘El Congreso del Estado, o la Diputación Permanente en su caso, hará el cómputo de los votos de los Ayuntamientos y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas, sin que pueda el Ejecutivo, con relación a éstas, hacer observaciones.
"‘Las reformas o adiciones aprobadas conforme al procedimiento anterior, serán sometidas a referéndum derogatorio, total o parcial, si dentro de los cuarenta y cinco días naturales siguientes a la fecha de su publicación así se solicita al Tribunal Estatal de Elecciones por el diez por ciento, cuando menos, de los chihuahuenses inscritos en el padrón electoral, debidamente identificados.
"‘Las reformas o adiciones objetadas quedarán ratificadas si más del cincuenta por ciento de los ciudadanos que participen en el referéndum emite su opinión favorable a ellas. Caso contrario, serán derogadas y no podrán ser objeto de nueva iniciativa antes de dos años.
"‘El Tribunal Estatal de Elecciones efectuará el cómputo de los resultados y ordenará su publicación en el Periódico Oficial. Lo mismo hará con el texto de las reformas o adiciones ratificadas y, en su caso, remitirá al Congreso las que no lo hayan sido para su derogación en forma inmediata.’
"Hay una petición de referéndum que está en trámite actualmente, para que se someta a su procedimiento la reforma constitucional a que nos referimos; y cabe agregar, que el hecho de su publicación en el Periódico Oficial del Estado no implica la plena vigencia de las reformas, si no se cumple con los requisitos establecidos en el artículo antes transcrito. Luego entonces, está pendiente de cumplirse un trámite fundamental que no puede considerarse como satisfecho, tan es así, que en lo que llama la mayoría de diputados del Congreso del Estado ‘artículo económico’, cuya constitucionalidad y legalidad impugnamos también en este ocurso, textualmente dice:
"‘Económicos:
"‘Primero.- Aprobado que sea lo anterior, túrnese a la secretaría para que formule la minuta de decreto en los términos en que deba publicarse de darse los supuestos aprobatorios que establece el artículo 202 de la Constitución Política del Estado.
"‘Segundo.- Remítase a los Ayuntamientos del Estado, copia de las iniciativas y de los debates relativos al presente proyecto de decreto, así como la minuta del mismo, para los efectos del propio artículo 202 de la Constitución Política del Estado.’
"El texto del llamado artículo económico primero, es por demás confuso, porque habla de publicarse y está sujeto a la condición de que se den los supuestos aprobatorios que establece el artículo 202 de la Constitución Política del Estado; inclusive, las etapas de aprobación de la reforma constitucional no se han cumplido cabalmente.
"III. Con base en la supuesta reforma a la Constitución, fueron turnadas para su estudio y dictamen iniciativas de reforma a la ley secundaria, que presentaron los diputados Óscar René Nieto Burciaga, Yolanda Baeza Martínez, Leopoldo Canizales Sáenz, Jaime Ríosvelasco Grajeda y Jaime Enríquez Ordóñez, del Partido Revolucionario Institucional y el diputado Dagoberto González Uranga, del Partido de la Revolución Democrática, en fecha nueve de septiembre de este mismo año.
"IV. Una vez que dichas iniciativas se turnaron a la comisión respectiva, fue presentado al Pleno un dictamen contenedor de un proyecto de decreto, lo que ocurrió en fecha veinticinco de septiembre de 1997. Así las cosas, en la sesión que se celebró para ese fin, ocurrió que en la aprobación del mencionado dictamen, se quebrantó la Ley Orgánica del Poder Legislativo por cuanto que, individualizados los preceptos que se impugnaban por parte de al menos un legislador, diputado Fernando Palma Gómez, procedía escuchar su argumentación en contra de los preceptos objetados, lo que no se hizo, procediéndose inmediatamente a la votación, lo que es del todo ilegal.
"V. La pretendida reforma a la Ley Electoral del Estado, se publicó mediante Decreto No. 618/97 P.E., en fecha 11 de octubre de 1997.
"Antes de expresar los conceptos de invalidez, nos permitimos expresar algunas consideraciones sobre la acción de inconstitucionalidad y que ésta abarca a toda la Constitución; y ello explica por qué consideramos violado el artículo 16 de la Constitución, en lo concerniente a la garantía de legalidad que más adelante señalamos. Estas ideas están expuestas en el libro ‘El artículo 105 constitucional’ cuyo autor es el Dr. Juventino V. Castro y Castro, publicado por la Editorial Porrúa, S.A., México, 1997, cuya autoridad académica y doctrinal invocamos."
TERCERO.- Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se estiman infringidos son el 7o., 16, 41 y 116.
CUARTO.- Mediante proveído de fecha catorce de noviembre de mil novecientos noventa y siete, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad, y turnar el asunto al Ministro Humberto Román Palacios, para instruir el procedimiento y formular el proyecto de resolución respectivo.
QUINTO.- Por auto de diecisiete de noviembre último, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda relativa y ordenó emplazar a las responsables para que rindieran su respectivo informe y correr traslado al procurador general de la República para lo que a su competencia corresponde. Posteriormente, mediante proveído de cuatro de diciembre siguiente se otorgó el plazo legal a las partes para la formulación de sus alegatos y, transcurrido dicho plazo, se pasaron los autos para la elaboración del proyecto de sentencia.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.- El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 68, último párrafo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, toda vez que se demanda la declaración de inconstitucionalidad de las reformas que en materia electoral se hicieron, mediante Decreto Número 618/97 VII P.E., a la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, publicado en el Periódico Oficial del propio Estado el sábado dieciocho de octubre del año en curso.
SEGUNDO.- La demanda de acción de inconstitucionalidad fue presentada oportunamente, atento lo siguiente:
El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, dispone:
"Artículo 60. El plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sean publicados en el correspondiente medio oficial. Si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse al primer día hábil siguiente.". (En materia electoral, para el cómputo de los plazos, todos los días son hábiles).
Conforme a este artículo 60, el cómputo respectivo debe hacerse a partir del día siguiente al en que se publicó el decreto que contiene las normas que se impugnan, considerando todos los días como hábiles.
El decreto de referencia que contiene la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, cuyos preceptos se combaten, fue publicado en el Periódico Oficial de la entidad el día sábado dieciocho de octubre de mil novecientos noventa y siete, por lo que es a partir del día diecinueve siguiente que debe hacerse el cómputo respectivo.
Tomando en consideración la fecha de publicación, resulta que el plazo de treinta días para la impugnación de las disposiciones venció el día diecisiete de noviembre del año en curso; por tanto, si la demanda se presentó el trece del citado mes y año ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe considerarse promovida dentro del plazo legal al haberse presentado al vigésimo sexto día.
TERCERO.- Previo al estudio del fondo del asunto, resulta pertinente analizar la legitimación de los promoventes, por ser una cuestión de orden público y, por ende, de estudio preferente.
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 62 de su ley reglamentaria, el equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de alguno de los órganos legislativos estatales podrán promover la acción de inconstitucionalidad en contra de leyes expedidas por el propio órgano.
En el caso, promueven diputados integrantes de la Quincuagésimo Octava Legislatura del Estado de Chihuahua, la que se integra actualmente por veinticuatro diputados, según Decreto Número 1/95 I.P.O., de fecha primero de octubre de mil novecientos noventa y cinco emitido por la citada legislatura, en el que consta que dieciocho diputados fueron electos por el principio de mayoría relativa y seis por el de representación proporcional. Esto se corrobora a su vez con la copia certificada que se exhibió en autos relativa al folleto anexo al Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, de fecha siete de octubre de mil novecientos noventa y cinco, relativo a la publicación que realizó el Consejo General del Consejo Estatal de Elecciones al calificar las elecciones de diputados por los principios de mayoría relativa y de representación proporcional para la renovación del Congreso del Estado, en la que se contienen los integrantes de la Quincuagésimo Octava Legislatura.
De dichas constancias se aprecia que los ahora promoventes son diputados integrantes de la citada legislatura: por el principio de mayoría relativa están Guillermo A. Villalobos Madero como propietario del Primer Distrito, Rogelio Loya Luna como propietario del Séptimo Distrito, Clara Guadalupe Torres Armendáriz como propietario del Noveno Distrito; por el principio de representación proporcional están Carlos Mauricio Aguilar Camargo, Fernando Palma Gómez, David Rodríguez Torres, Miguel Agustín Corral Olivas y Rubén Aguilar Jiménez.
De todo lo anterior se concluye que los ocho diputados en mención forman parte del órgano legislativo del Estado de Chihuahua y constituyen el equivalente al treinta y tres por ciento de sus integrantes (en total son veinticuatro) y que, en tales condiciones, están legitimados para promover la presente acción de inconstitucionalidad en términos de lo dispuesto por el artículo 105, fracción II, inciso d), de la Constitución Federal y 62, primer párrafo, de su ley reglamentaria, para impugnar las reformas en materia electoral emitidas por la propia Legislatura Estatal.
CUARTO.- En la demanda se señalaron como conceptos de invalidez los siguientes:
"Conceptos de invalidez.
"Los conceptos de invalidez que se expresarán en el cuerpo de este escrito son la violación del mandato contenido en los artículos 7o., 16, 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como se expresa a continuación:
"I. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 105, dispone que las acciones de inconstitucionalidad tendrán como supuesto el planteamiento que tenga como finalidad, la posible contradicción entre aquella Constitución y una norma de carácter general; en el caso que nos ocupa, destacamos que el artículo 116 del primer ordenamiento dicta, en su segundo párrafo, que los Poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos y la fracción IV establece, entre otras cosas, que las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral garantizarán una serie de principios generales que se enumeran en dicha fracción; así, de la afirmación anterior es fácil derivar la conclusión de que el acto que rija los procesos electorales en una entidad deberá ser y tener el carácter de un acto formal y materialmente legislativo.
"La naturaleza del acto legislativo la comentamos ampliamente en el número tres romano, inciso a), de este mismo escrito; en este apartado lo único que deseamos destacar es que la reforma a la Ley Electoral del Estado, contenida en el Decreto 618/97 VII P.E., no da cumplimiento y contraviene nuestra Carta Máxima en su artículo 116, fracción IV, por cuanto que no existió ni existe una condición indispensable previa que legitime la entrada en vigor de dicha reforma.
"Es decir, siendo la Ley Electoral un ordenamiento que regula y desarrolla preceptos de jerarquía superior (los contenidos en la Constitución Local en materia electoral), es claro que el antecedente inmediato anterior debe ser la plena existencia de la norma constitucional que le sirva de sustento; de no existir una norma constitucional de la que pueda desarrollarse una norma secundaria, la existencia de ésta es lógicamente inválida y carece de eficacia. En la especie, procederemos a demostrar que no existe, todavía, una reforma constitucional puesto que aún no se satisfacen ni concluyen, las etapas propias del proceso legislativo. Asimismo, una vez que se demuestre que no está terminada la reforma constitucional, deberá concluirse -junto con los suscritos- que no es susceptible de estimar como procedente una reforma de la ley secundaria; igualmente, acreditados estos dos supuestos, la inexistencia de una reforma constitucional y la inoperancia de una norma secundaria, es claro que no se cumple la existencia contenida en el artículo 116, fracción IV, por cuanto que deben ser la Constitución y las leyes locales, en cada entidad federativa, las que regulen el proceso electoral y las actividades electorales en general.
"Como ya se dijo en el capítulo de antecedentes, el Decreto No. 603/97 II D.P., expedido por el Congreso del Estado y publicado en fecha posterior, contiene lo que se pretende que sean reformas a la Constitución Política del Estado; ahora bien, el artículo que sirve de sustento a las citadas reformas es el artículo 202 del propio ordenamiento que aunque ya ha sido transcrito es pertinente reproducir de nuevo en este apartado: ‘Artículo 202. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones y reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere:
"‘1. Que el Congreso del Estado las acuerde por el voto de las dos terceras partes de sus integrantes; y
"‘2. Que sean aprobadas por, cuando menos, veinte Ayuntamientos que representen más de la mitad de la población del Estado.
"‘Con este objeto, se les enviará oportunamente copia de la iniciativa y de los debates del Congreso. Los Ayuntamientos deberán hacer llegar su resolución al Congreso, o a la Diputación Permanente, a más tardar dentro de los cuarenta días naturales siguientes a la fecha en que aquéllos reciban la comunicación. La ausencia de respuesta en el término indicado hará presumir la aprobación de las reformas y adiciones.
"‘El Congreso del Estado, o la Diputación Permanente en su caso, hará el cómputo de los votos de los Ayuntamientos y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas, sin que pueda el Ejecutivo, con relación a éstas, hacer observaciones.
"‘Las reformas o adiciones aprobadas conforme al procedimiento anterior, serán sometidas a referéndum derogatorio, total o parcial, si dentro de los cuarenta y cinco días naturales siguientes a la fecha de su publicación así se solicita al Tribunal Estatal de Elecciones por el diez por ciento, cuando menos, de los chihuahuenses inscritos en el padrón electoral, debidamente identificados.
"‘Las reformas o adiciones objetadas quedarán ratificadas si más del cincuenta por ciento de los ciudadanos que participen en el referéndum emite su opinión favorable a ellas. Caso contrario, serán derogadas y no podrán ser objeto de nueva iniciativa antes de dos años.
"‘El Tribunal Estatal de Elecciones efectuará el cómputo de los resultados y ordenará su publicación en el Periódico Oficial. Lo mismo hará con el texto de las reformas o adiciones ratificadas y, en su caso, remitirá al Congreso las que no lo hayan sido para su derogación en forma inmediata.
"‘Las reformas y adiciones que impliquen adecuaciones de la presente Constitución a la Federal, así como las reformas al artículo 125 cuando sólo se refieren a cambios en el nombre de alguno o algunos Municipios, serán aprobadas por el Congreso siguiendo el procedimiento ordinario establecido en el capítulo V del título VII.’
"Para el fin que nos ocupa y como lo refiere el propio artículo, las hipótesis para que sean vigentes las reformas, son las siguientes:
"a) Que el Congreso del Estado las acuerde por mayoría calificada;
"b) Que sean aprobadas, mínimo, por 20 Ayuntamientos que representen la mitad de la población, previa copia que se les envíe para ese fin y según el cómputo que realicen el Congreso o la Diputación Permanente, y
"c) Pudiendo dichas reformas o adiciones someterse a referéndum derogatorio, total o parcial; en este caso, las reformas o adiciones objetadas quedarán ratificadas si más del cincuenta por ciento de los ciudadanos que participen en el referéndum emite su opinión favorable a ellas. Caso contrario, serán derogadas y no podrán ser objeto de nueva iniciativa antes de dos años.
"El resto del artículo no es relevante para el objeto del presente apartado.
"Ahora bien, tomando en consideración las hipótesis contenidas en dicho artículo, es evidente que el proceso legislativo de reformas a la Constitución no se consuma hasta en tanto no concluyan absolutamente todas las etapas que la propia Constitución refiere; este argumento encuentra su apoyo al menos en dos circunstancias: la redacción del propio artículo 202 y el deseo expreso del Congreso del Estado de Chihuahua, quien en el dictamen que contiene dichas reformas así lo manifiesta, como se verá a continuación:
"1. Redacción del artículo 202.
"Al decir este artículo que ‘las reformas o adiciones objetadas quedarán ratificadas sin más ...’, lo primero que debemos analizar es la expresión ‘ratificadas’, es decir, qué debemos entender por este vocablo, su alcance y efectos.
"Joaquín Escriche, en su Diccionario Razonado de Legislación y Jurisprudencia, define la ratificación como ‘la confirmación o aprobación de lo que hemos dicho o hecho o de lo que otro ha hecho en nuestro nombre’; el Diccionario de Derecho Privado, de la Editorial Labor, S.A., Barcelona, Madrid, la define como ‘Confirmación de algo que se ha dicho o hecho, dándolo por cierto y bueno’; en el Diccionario para Juristas, de Juan Palomar de Miguel, leemos que ratificar es ‘aprobar, confirmar actos, palabras o escritos dándolos por ciertos y valederos. Der. Convalidar un acto nulo cuando la causa de nulidad consista en la falta de legitimación o de capacidad de la persona que lo ejecutó’; en el Diccionario Jurídico de Rafael de Pina, encontramos que ratificación es ‘manifestación de la voluntad mediante el cual se aprueba un acto jurídico, celebrado en otro momento o se confirma una declaración formulada con anterioridad’; de las definiciones anteriores, se colige que la ratificación de un acto jurídico influye en él dotándolo de la fuerza legal de la que carecía y que, por tanto, no era hasta entonces, propiamente jurídico.
"Si se analizan detenidamente las acepciones anteriores, aplicadas al caso que nos ocupa, podemos manifestar que si en la reforma constitucional existió la falta de legitimación o de capacidad de quienes intervinieron en la elaboración, desarrollo y ejecución de la reforma, la simple ratificación del pueblo, a través de referéndum, convalida el acto; pero en todo caso, para determinar la validez del acto de que se trate, se requiere de un acto posterior que lo apruebe o que lo desapruebe.
"En síntesis, para considerar que ha concluido el proceso legislativo es necesario que terminen todas y cada una de las fases que lo componen; a la expedición del decreto de reformas, debió seguirse la aprobación del pueblo de Chihuahua, ya desde el punto de vista expreso o tácito. Expreso, si así ocurría en la aprobación que se le brindara a través del proceso de referéndum; tácito, si el apoyo deriva del silencio, de la no presentación de la solicitud o de no haber prosperado el referéndum.
"De cualquier suerte, es incuestionable que la expresión ‘ratificación’ alude a un acto posterior, de la ciudadanía, que viene a convalidar o no, el proceso legislativo relativo a la reforma o adición de la Constitución; este criterio se ve fortalecido por el dictamen que emanó de la Comisión Legislativa que se sometió al Pleno del Congreso y que fuera votado por éste por mayoría calificada, como se verá en el siguiente inciso.
"2. Deseo expreso del legislador según el dictamen.
"El dictamen, en su primer artículo económico que sigue a los transitorios, establece lo siguiente: ‘Aprobado que sea lo anterior, túrnese a la secretaría para que formule la minuta de decreto en los términos en que deba publicarse de darse los supuestos aprobatorios que establece el artículo 202 de la Constitución Política del Estado.’; esta redacción sujeta el dictamen de referencia a las hipótesis que el propio artículo 202 prevé y que son las individualizadas en líneas anteriores.
"Concatenados los dos apartados anteriores, nos permiten asimilar claramente una verdad insoslayable: la reforma a la Constitución no concluyó con la expedición del correspondiente decreto y, por tanto, no ha surtido sus efectos, al menos no en el mundo del derecho, en el ámbito jurídico; esta omisión, esta carencia tiene una importantísima significación; en efecto, si todavía no se perfecciona una norma constitucional, la ley secundaria que de ella derive, que regule un aspecto de la misma -como es el caso- carece de materia que regular y por tanto es inválida. Criterio que se ve fortalecido por cuanto que, como se acredita con la copia del escrito que remitió la Mesa Directiva del Congreso del Estado al Tribunal Estatal de Elecciones, al correrle éste vista de la solicitud del referéndum por parte de un grupo de ciudadanos, el Congreso del Estado tenía pleno conocimiento de que habría de celebrarse un proceso de referéndum y en ese entendido es que expide un decreto sujeto a la mencionada eventualidad de que se dieran ‘los supuestos que establece el artículo 202’; con lo anterior, se acredita que, de tiempo atrás, como expresamente refieren los suscriptores de dicho documento, desde días antes de que se aprobara y expidiera el decreto de reformas a la Constitución Política del Estado, era conocido por la Legislatura que habría de presentarse una solicitud de referéndum ante el Tribunal Estatal de Elecciones, por lo que lógica y jurídicamente se encuentra la explicación de las razones que alentaron al Congreso del Estado para la inserción del artículo primero económico en el anteproyecto de Decreto No. 603/97 II D.P., para que se siguiera y respetara, en su totalidad, el trámite legislativo respecto de dicha reforma constitucional, incluido el proceso de referéndum.
"Es de explorado derecho que la norma secundaria no es posible que tenga una vida propia, independiente de la norma superior, cuando su contenido controvierte o disputa con la regulación que hace esta última de determinada materia; más aún, el contenido y alcance de la norma secundaria está regido por la prescripción superior, de tal manera que depende de ella para su existencia. Si como en el caso que nos ocupa, la norma superior simple y sencillamente no existe o no surte sus efectos jurídicos, la norma secundaria carece de materia que regular y, por consecuencia, de eficacia.
"Finalmente -en lo que atañe a este punto-, la invalidez del decreto de reformas a la Constitución implica que la reforma a la ley secundaria sea también inválida; de lo anterior, es natural concluir que en el caso que nos ocupa de lo aquí esgrimido, se desprende que el Decreto 618/97 VII P.E., contenedor de la reforma a la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, carece de los requisitos mínimos indispensables para ser considerado como una ley y, en conclusión, transgrede y contraviene el mandato contenido en la fracción IV del ya indicado artículo 116 constitucional en lo relativo a que las Constituciones y leyes de los Estados serán los medios conforme se norme en primer término, la materia electoral.
"Impugnamos también el llamado artículo económico, porque ni en la Constitución ni en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua se prevé que el Congreso mismo tenga facultad para dictar artículos económicos o en su caso, artículos que lleven el título de económicos; esto vulnera la garantía de legalidad y de seguridad jurídica derivada del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no tiene fundamento legal alguno ni motivación y sujeta a una condición suspensiva la aprobación de las reformas constitucionales; y que en este caso, estimamos que viola, por falta de fundamentación y motivación, el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Invocando la autoridad académica y doctrinal del Dr. Juventino V. Castro en las acciones de inconstitucionalidad, puede invocarse la inconstitucionalidad de todos los artículos de la Constitución, pues en la página 130 de la obra mencionada del Dr. Juventino V. Castro, puede leerse ‘la actual acción de inconstitucionalidad no se limita a una parte de la Constitución, sino a toda ella. Evidentemente es un avance.’.
"Puede ocurrir que de prosperar este punto de vista, se declare sin materia la acción de inconstitucionalidad que ahora se intenta por estimar como inexistente la norma general que se impugna; no es el caso. En realidad, lo único que pretendemos acreditar es que este proceso no ha concluido y, por ende, cualquier reforma posterior de la ley secundaria que tenga como fundamento dicha reforma constitucional inconclusa, estará viciada de nulidad por las razones expuestas con anterioridad. Más aún, como se infiere de la teoría de las nulidades aplicable al derecho público, según el criterio del maestro Gabino Fraga en su clásica obra, precisamente la más significativa distinción entre un acto nulo y uno inexistente será que el primero surtirá sus efectos hasta en tanto no se le haya declarado como tal por la autoridad judicial (infra 242); es precisamente esa declaración a la que ahora apelamos; es decir, se declare que al no haber concluido el proceso legislativo de la reforma constitucional por no haberse a
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5029-16dc67dc/principios-de-legalidad-y-de-certeza-en-materia · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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