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Modo: Corpus Pro

PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y DE CERTEZA EN MATERIA ELECTORAL. ARTÍCULO 13 DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, REFORMADO POR DECRETO NÚMERO 618/97 VII P.E., DE 25 DE SEPTIEMBRE DE 1997 NO LOS INFRINGE.

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 10/97. · Registro digital (IUS): 5028
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PARTIDO DEL COMITÉ DE DEFENSA POPULAR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Enero de 1998, , Pág. 735.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 10/97. PARTIDO DEL COMITÉ DE DEFENSA POPULAR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

MINISTRO PONENTE: MARIANO AZUELA GÜITRÓN.

SECRETARIO: OSMAR ARMANDO CRUZ QUIROZ.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día once de diciembre de mil novecientos noventa y siete.

VISTOS; Y

RESULTANDO:

PRIMERO.- Por escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el diecisiete de noviembre de mil novecientos noventa y siete, Rubén Aguilar Jiménez, en su carácter de representante legal del Partido del Comité de Defensa Popular del Estado de Chihuahua, promovió acción de inconstitucionalidad en contra de las disposiciones y autoridades que a continuación se señalan:

"Órganos Legislativo y Ejecutivo que expidieron, promulgaron y publicaron las normas generales impugnadas:

"A) H. Congreso del Estado de Chihuahua.

"B) C. Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua.

"Norma general cuya invalidez se reclama y el medio oficial por el cual se publicó:

"A) Decreto No. 618/97 VII P.E., el cual contiene diversas reformas a la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, aprobadas por el Congreso del Estado el 25 de septiembre de 1997.

"B) Periódico Oficial del Estado de Chihuahua No. 84 de fecha 18 de octubre de 1997."

SEGUNDO.- Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se estiman infringidos son el 13, 14, 16, 105, fracción II, penúltimo párrafo, 116, fracción II y 124.

TERCERO.- Mediante proveído de fecha dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y siete, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad y turnar el asunto al Ministro Mariano Azuela Güitrón, para instruir el procedimiento y formular el proyecto de resolución respectivo.

CUARTO.- Por auto de dieciocho de noviembre último, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda relativa y ordenó emplazar a las responsables para que rindieran su respectivo informe y correr traslado al procurador general de la República para lo que a su competencia corresponde. Posteriormente, mediante proveído de cuatro de diciembre siguiente se otorgó el plazo legal a las partes para la formulación de sus alegatos y, transcurrido dicho plazo, se pasaron los autos para la formulación del proyecto de sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 68, último párrafo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, toda vez que se demanda la declaración de inconstitucionalidad de las reformas que en materia electoral se hizo, mediante Decreto Número 618/97 VII P.E., a la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, publicado en el Periódico Oficial del propio Estado el sábado dieciocho de octubre del año en curso.

SEGUNDO.- La demanda de acción de inconstitucionalidad fue presentada oportunamente, atento lo siguiente:

El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, dispone:

"Artículo 60. El plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sean publicados en el correspondiente medio oficial. Si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse al primer día hábil siguiente.- En materia electoral, para el cómputo de los plazos, todos los días son hábiles."

Conforme a este artículo 60, el cómputo respectivo debe hacerse a partir del día siguiente al en que se publicó el decreto que contiene las normas que se impugnan, considerando todos los días como hábiles.

El decreto de referencia, que contiene la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, cuyos preceptos se combaten, fue publicado en el Periódico Oficial de la entidad el día sábado dieciocho de octubre de mil novecientos noventa y siete, por lo que es a partir del día diecinueve siguiente que debe hacerse el cómputo respectivo.

Tomando en consideración la fecha de publicación, resulta que el plazo de treinta días para la impugnación de las disposiciones venció el día diecisiete de noviembre del año en curso; por tanto, si la demanda se presentó en esa misma fecha ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe considerarse promovida dentro del plazo legal.

TERCERO.- Previo al estudio del fondo del asunto, resulta pertinente analizar la legitimación de quien promueve, por ser una cuestión de orden público y, por ende, de estudio preferente.

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 62 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 en cita, los partidos políticos con registro podrán ejercer la acción de inconstitucionalidad por conducto de sus dirigencias nacionales o estatales.

Por tanto, en el caso tienen que satisfacerse los siguientes extremos:

a) Que el partido político cuente con registro definitivo ante la autoridad electoral correspondiente.

b) Que el partido político promueva por conducto de su dirigencia.

c) Que quien suscribe a nombre y en representación del partido político cuente con facultades para tal efecto.

Obra en el expediente constancia expedida por el presidente del Consejo Estatal de Elecciones del Estado de Chihuahua, de fecha diecisiete de julio de mil novecientos noventa y seis, de la que se desprende que el partido político en mención cuenta con registro legal estatal desde el veintisiete de julio de mil novecientos ochenta y ocho, y cuyo representante es Rubén Aguilar Jiménez, quien suscribe la demanda en su carácter de dirigente y representante legal del citado partido político.

Por otra parte, en el punto 9 de los estatutos del partido político multicitado, se dice:

"9. Se establece formalmente que en general los órganos de dirección estatal son los siguientes:

"1. Una asamblea estatal, a la que se denominará Congreso Estatal;

"2. Un comité ejecutivo que tendrá la representación del partido en todo y que se denominará Dirección Central Colectiva, la cual trabajará, por comisiones de trabajo, por una especial comisión política y por un coordinador general del partido que tendrá personalmente todas las facultades de representación legal y política del partido. Tiene así mismo la representación de la personalidad jurídica del partido."

Conforme al punto 9, puntos 1 y 2, de los estatutos, el comité ejecutivo es el que tiene la representación del partido y su coordinador tendrá todas las facultades de representación legal del mismo, incluyendo su representación jurídica.

En el caso no se tiene constancia de que Rubén Aguilar Jiménez sea el coordinador del referido comité ejecutivo; sin embargo, según informe del presidente del Consejo Estatal de Elecciones del Estado de Chihuahua, es el acreditado como representante del mismo.

Por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 11, primer párrafo, segunda parte, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, debe presumirse que es la persona citada quien tiene esa representación legal y que, por ende, tiene capacidad para representar al partido promovente para ejercer, en su nombre, la presente acción de inconstitucionalidad, pues, como se dijo, es a quien la autoridad electoral le reconoce como representante del aludido partido, por lo que debe estimarse que tiene facultades para tal efecto.

CUARTO.- En la demanda se señalaron como conceptos de invalidez los siguientes:

"PRIMERO.- El Decreto No. 618/97 VII P.E., aprobado por el Congreso del Estado de Chihuahua el día 25 de septiembre del presente año, contradice lo ordenado por los artículos 14 y 116 constitucionales, toda vez que dichos preceptos establecen que los Poderes de los Estados de la Federación deben organizarse conforme a la Constitución de cada uno de ellos y sus actos deberán sujetarse a las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Sin embargo, en el presente caso el Congreso del Estado, como parte demandada, ha violado las normas que rigen el procedimiento legislativo en el Estado de Chihuahua con la aprobación del decreto que hoy se impugna.- La contradicción entre la norma general impugnada y los artículos constitucionales antes referidos resulta evidente, si tomamos en cuenta que el artículo 51, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, impone como obligación de los presidentes de las comisiones legislativas, la de turnar a la secretaría del Congreso los dictámenes aprobados por la propia comisión, para su discusión en el Pleno. Es decir, antes de que se someta a consideración del Pleno un dictamen aprobado por una comisión legislativa, su presidente está obligado a presentar el dictamen, debidamente discutido y aprobado, ante la secretaría del Congreso. Pero en el caso que nos ocupa, el proceso legislativo que culminó con la aprobación de la norma general impugnada, no cumplió con la ordenanza antes referida.- Lo anterior se acredita plenamente con el Decreto Número 604/97 II D.P., expedido por la Diputación Permanente del Congreso Local, en el cual se convoca a un séptimo periodo extraordinario de sesiones con el fin de tratar varios asuntos, entre los cuales se encuentra el dictamen correspondiente a las iniciativas de reforma a la Ley Electoral para el Estado de Chihuahua. En este decreto no se precisa, en forma alguna, que el dictamen emitido por la comisión legislativa correspondiente haya sido aprobado y presentado, previamente, ante la secretaría del Congreso Local, tal y como lo ordena el artículo 51 antes referido. Requisito previo e indispensable para que pueda ser sometido a la consideración del Pleno del Congreso Local. Con ello acreditamos plenamente la violación al procedimiento legislativo local y, en consecuencia, la violación fehaciente de lo ordenado en los artículos 14 y 116 constitucionales.- SEGUNDO.- El Decreto No. 618/97 VII P.E., expedido por la parte demandada, contradice lo ordenado en el artículo 14 constitucional, toda vez que dicho precepto establece que todos los órganos públicos están obligados a sujetar sus actos a las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Y en el presente caso, la autoridad demandada viola el procedimiento legislativo local, toda vez que el artículo 85 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua establece que los días de sesión del Congreso Local serán, únicamente, los días martes y los jueves.- Y si tomamos en cuenta que el decreto impugnado en esta acción de inconstitucionalidad, fue aprobado por la autoridad demandada a las 3:00 A.M. (tres horas) del día siguiente, es decir, del día siguiente, (sic) 26 de septiembre, este día resulta ser, sin duda alguna, un día no autorizado por la ley para que se celebren sesiones por parte del Congreso Local. Ya que dicho precepto, antes citado (sic), prescribe que las sesiones ‘se terminarán una vez agotado el orden del día o a moción de uno o varios diputados aprobada por la mayoría de los presentes’; pero ello no obliga, ni siquiera a suponer, que la sesión, ordinaria o extraordinaria, continúe un día ‘inhábil’ para sesionar; en otras palabras, el Congreso Local está imposibilitado jurídicamente para sesionar un día ‘inhábil’, no autorizado expresamente por la ley, para celebrar sesiones; suponer lo contrario, nos obligaría a pensar -absurdamente- que el Congreso puede prorrogar sus sesiones indefinidamente y, por ende, sesionar aun en días no establecidos previamente por la ley.- El argumento anterior, se confirma con lo dispuesto en el artículo 89 del ordenamiento jurídico referido, el cual señala que el Congreso puede celebrar sesiones permanentes, previo acuerdo expreso del Pleno, a efecto de tratar un asunto previamente determinado que así lo amerite. Por ello, resulta pertinente insistir que en el Decreto Número 604/97 II D.P., la Diputación Permanente sólo convocó a un período de sesiones extraordinarias, pero jamás, a sesiones permanentes. Por lo que resulta lógico inferir que el decreto legislativo, impugnado en esta demanda, es inconstitucional por no haber sido aprobado durante el transcurso del día jueves 25 de septiembre.- Igualmente, la lectura del artículo 88 del ordenamiento jurídico en cuestión, nos confirma plenamente lo antes señalado, al establecer que por sesión extraordinaria se entiende aquella sesión que celebra el Congreso fuera de los periodos ordinarios que establece el artículo 48 de la Constitución del Estado. En consecuencia, la aprobación del decreto impugnado resulta evidentemente inconstitucional, toda vez que fue aprobado por la parte demandada en un día no autorizado por la ley.- TERCERO.- El Decreto 618/97 VII P.E., impugnado en esta acción de inconstitucionalidad, contiene diversas disposiciones legales que contradicen expresamente lo ordenado en los artículos 14 y 116 de la Constitución Federal, en relación con el penúltimo párrafo del artículo 40 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, toda vez que de la lectura de dichos preceptos constitucionales se infiere que los Poderes Locales tienen la obligación de organizarse conforme a la Constitución de cada uno de los Estados miembros de la Federación, y en el ejercicio de sus atribuciones deberán sujetarse, invariablemente, a las formalidades esenciales del procedimiento conforme a las leyes expedidas con antelación.- Con base en lo dispuesto por el artículo 68, fracción I, de la Constitución del Estado de Chihuahua, se otorga el derecho de iniciar leyes a los diputados del Congreso Local; para ello, las correspondientes iniciativas de ley deberán cumplir los requisitos que establece el artículo 98 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, el cual ordena que las iniciativas de ley deberán contener ‘la exposición de motivos que las fundamenten y el articulado que propongan.’. De lo anterior, resulta evidente que toda iniciativa de ley se integra de dos elementos esenciales: una exposición de motivos y los artículos propuestos. Y la falta de uno de ellos, o de ambos, se traduce en la imposibilidad jurídica de que el Congreso pueda dictaminar al respecto. En otras palabras, debemos admitir que si una iniciativa de ley carece de exposición de motivos o del articulado que se pretende aprobar, o de ambos, el Congreso Local no está facultado para dictaminar dicha iniciativa de ley.- Por lo cual debemos de considerar que el decreto, objeto de la presente acción de inconstitucionalidad, es el resultado final de un procedimiento legislativo, iniciado con dos iniciativas de ley, presentadas, una por el diputado del partido político del PRD, y otra por 5 diputados miembros del grupo parlamentario del PRI.- En la primera iniciativa de ley (del PRD), se propone la reforma del artículo 13 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, sin que exista en esta iniciativa una debida exposición de motivos. La violación de la garantía de seguridad prescrita en el artículo 14 constitucional es evidente: se propone que los distritos electorales en el Estado se realice de la siguiente manera (sic): ‘La aprobación de su delimitación se hará mediante votación de por lo menos las dos terceras partes de los diputados presentes, acatando escrupulosamente los principios establecidos en la Constitución Política del Estado en su artículo 40.’. Tal aprobación se traduce en una distritación electoral no contemplada en la Ley Electoral del Estado, cuya demarcación territorial quedaría al arbitrio de los legisladores.- En la segunda iniciativa, los diputados priístas expresamente reconocen no manifestar ninguna exposición de motivos respecto a la iniciativa de reforma al artículo 13 de la Ley Electoral del Estado, ya que ni siquiera se formula un artículo propuesto, y la redacción del mismo sólo se limita a mencionar que ‘el territorio estatal se divide en veintidós distritos electorales uninominales, de conformidad con las bases y criterios establecidos en el artículo 40 de la Constitución Política del Estado ...’. Sin que en dicha iniciativa se señale el ámbito geográfico de los distritos electorales del Estado.- En consecuencia, el incumplimiento de los requisitos ordenados por el artículo 98 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, viola la garantía de seguridad jurídica consignada en el artículo 14 constitucional, toda vez que sin una debida exposición de motivos y el artículo propuesto, es imposible -jurídicamente- que el Congreso dictamine y resuelva al respecto. Por tanto, la expedición del decreto legislativo impugnado resulta, cuanto más, violatorio del precepto constitucional por parte de la demandada ya que, hasta la fecha, no existe una disposición legal que delimite geográficamente los distritos electorales en el Estado. Violándose con ello, flagrantemente, lo establecido en el artículo 40 reformado de la Constitución Local, el cual ordena en su penúltimo párrafo que ‘la ley establecerá la demarcación territorial de los distritos electorales uninominales, atendiendo preponderantemente al factor poblacional.’. Ello significa que, invariablemente, la cantidad de distritos electorales y su respectivo ámbito geográfico, deberán estar consignados en la ley reglamentaria, es decir, en la Ley Electoral del Estado.- Con ello se acreditan las violaciones cometidas a los artículos 14 y 116 de la Constitución Federal en relación con el penúltimo párrafo del artículo 40 de la Constitución Local.- CUARTO.- Las normas generales impugnadas en la presente acción de inconstitucionalidad, contenidas en el Decreto 618/97 VII P.E., contradicen las disposiciones de los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, toda vez que dichos preceptos ordenan que los actos de las autoridades estatales deben estar debidamente motivados y fundamentados en preceptos jurídicos aplicables al caso concreto y cumpliéndose las formalidades esenciales del procedimiento conforme a las leyes aplicables.- El Decreto 604/97 II D.P., expedido por la Diputación Permanente del Congreso del Estado, se pretende fundamentar en el artículo 51 de la Constitución del Estado, el cual, si bien establece la pauta general, no resulta el precepto constitucional aplicable, ya que, en todo caso, deben satisfacerse las condiciones que establece el artículo 82, fracción II, de la Constitución Local, para que sea procedente convocar a un periodo extraordinario de sesiones del Congreso Local; esto significa que la Diputación Permanente del Congreso deberá acreditar y justificar, jurídica y políticamente, que existen sendas necesidades de Estado, para convocar al Pleno del Congreso. Las necesidades estatales a que se refiere el citado precepto constitucional deberán ser tales que ameriten, por su importancia y trascendencia política, la integración urgente y necesaria del Poder Legislativo Local. Tal consideración excluye cualquier motivo fútil e insignificante, como resulta ser el dictamen de una iniciativa de ley.- Además, resulta indispensable que la Diputación Permanente precise las razones o motivos que considere de tal importancia para las instituciones estatales que obliguen al llamado urgente del Poder Legislativo Local. La falta de este requisito constitucional se traduce, obviamente, en la falta de motivación y fundamentación legal que exige el artículo 16 constitucional. Por ello, resulta indispensable tomar en cuenta que el decreto expedido por la Diputación Permanente del Congreso Local, no es un acto aislado, sino forma parte del proceso legislativo que culminó con la expedición de las normas generales impugnadas, ya que en virtud del mismo, se convocó a la integración del Pleno del Congreso Local, ya que con fundamento en el artículo 48 de la Constitución del Estado, éste se encontraba en receso.- QUINTO.- El Decreto No. 618/97 VII P.E., contradice lo dispuesto en el artículo 105, fracción II, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal, toda vez que el mismo establece que: ‘Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales.’. Las correspondientes leyes federales reglamentarias son: a) La ley reglamentaria, b) el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), y c) la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral (LEYGSMIME).- El artículo 173 del COFIPE nos da una definición del proceso electoral: el conjunto de actos ordenados por la Constitución y este código, realizados por las autoridades, los partidos políticos y los ciudadanos cuyo objeto es la renovación periódica de los Poderes Ejecutivo y Legislativo. Por su parte, el artículo 7o. de la LEYGSMIME establece que durante los procesos electorales todos los días y horas son hábiles; y fuera del proceso electoral, para el cómputo de los plazos sólo se contarán los días hábiles ‘debiendo entenderse por tales todos los días a excepción de los sábados, domingos y los inhábiles en términos de ley.’.- Las disposiciones anteriores se corroboran plenamente con la lectura de la exposición de motivos de la adición del párrafo segundo al artículo 60 de la ley reglamentaria, en noviembre de 1996.- De los preceptos antes narrados se infiere que en los plazos, fuera del proceso electoral, serán tomados en cuenta únicamente los días hábiles. Y si tomamos en cuenta que las reformas a la Constitución Federal de 1996, integran al Tribunal Electoral dentro del Poder Judicial, le resulta aplicable lo ordenado en el artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.- De lo anterior, resulta lógico inferir que el plazo de 90 días a que se refiere el artículo 105 constitucional, cuando se está fuera del proceso electoral, se refiere a 90 días hábiles. Y en el presente caso, el decreto impugnado fue publicado fuera de un proceso electoral y, con ello, dentro del plazo prohibido por el artículo 105 constitucional. Por tanto, la aprobación del Congreso del decreto impugnado, como su respectiva promulgación y publicación por el Ejecutivo local, resultan extremadamente extemporáneos y contrarios a la disposición constitucional. Esto significa que no sólo la aprobación, sino además la promulgación y publicación del decreto que hoy se impugna, debieron realizarse antes del 4 de octubre del presente año.- Sin embargo, debemos admitir que el precepto constitucional en cuestión carece de técnica legislativa, ya que debió ser redactado en sentido negativo, es decir, prohibir al Ejecutivo Local la publicación de reformas en materia electoral, dentro del plazo fijado al efecto; o bien, prohibir al Congreso expedir reformas a los códigos electorales en ese plazo.- Aun suponiendo, sin conceder, que el referido plazo de 90 días fueran considerados como naturales (sic), igualmente la aprobación del decreto impugnado por el Congreso Local y su respectiva promulgación y publicación por el Ejecutivo Local resultan extemporáneas, toda vez que la convocatoria expedida por el presidente del Consejo Estatal de Elecciones en el Estado de Chihuahua ha fijado como fecha exacta para que tenga verificativo la primera sesión ordinaria de dicho consejo electoral el próximo día 2 de enero de 1998. Y con ello el inicio del proceso electoral en el Estado de Chihuahua para el año de 1998, por lo que el decreto impugnado debió ser publicado antes del 3 de octubre próximo pasado.- SEXTO.- Por otra parte, el artículo 13-1-g) reformado, de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, contradice lo dispuesto en el artículo 16, en relación con el 124, ambos de la Constitución Federal, mismos que establecen la competencia constitucional de la Federación y de los Estados.- Los criterios doctrinales y jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos indican que las autoridades públicas sólo pueden hacer lo que la ley les permite. Y que las autoridades de los Estados sólo tienen las facultades expresamente consignadas en la ley y que no sean competencia de las autoridades federales.- Pues bien, el artículo 13 reformado, de la ley electoral local, ordena que: ‘El Congreso emitirá una resolución conteniendo la demarcación territorial de los distritos electorales uninominales que ha de regir el proceso electoral respectivo a más tardar el primer jueves de octubre del año previo a la elección.’.- La simple lectura de este precepto nos otorga la plena certeza de que el Congreso del Estado de Chihuahua carece de facultades expresas para emitir resolución respecto a la distritación electoral, toda vez que la reforma al artículo 13 de la ley electoral fue publicada hasta el día 18 de los corrientes. Por tanto, jurídicamente no es posible que el Congreso emita una resolución para delimitar los distritos electorales en el Estado, ya que dicha facultad no era vigente, incluso, hasta el primer jueves de octubre. Es decir, su competencia no estaba expresamente consignada en una ley expedida previamente antes (sic) del primer jueves de octubre del presente año. En consecuencia, es procedente la invalidación jurídica del citado numeral para evitar el ejercicio indebido y sin competencia constitucional de dicha facultad.- SÉPTIMO.- El artículo 223-3 reformado de las normas generales contenidas en el decreto que se impugna en esta acción de inconstitucionalidad, contradice lo dispuesto en el artículo 13, en relación con el artículo 116, fracción II, último párrafo, ambos de la Constitución Federal, ya que el primero prohíbe la existencia de fueros ajenos al de guerra en materia de disciplina militar.- El primer párrafo del artículo 213 reformado de la Ley Electoral del Estado establece el recurso jurídico-político de la revocación del mandato de los funcionarios públicos electos mediante el voto; y el párrafo tercero establece que la solicitud de revocación en contra de los diputados del Estado, deberá ser suscrita cuando menos por el 10% de los ciudadanos del distrito electoral correspondiente. Obvio que tal requisito sólo es aplicable a los diputados electos por el principio de mayoría relativa según lo establece el artículo 116, fracción II, último párrafo, de la Constitución Federal. Sin que se establezcan con precisión, los requisitos de procedencia para la acción de revocación de mandato en contra de los diputados de representación proporcional, los cuales forman parte del Congreso Local, en los términos del artículo 116 constitucional.- La contradicción a los preceptos constitucionales resulta notoria ya que la figura jurídica de la revocación del mandato no es aplicable a los diputados de representación proporcional; es decir, el artículo 213-3 no establece los requisitos para que proceda la revocación de mandato en contra de los diputados de representación proporcional, toda vez que éstos fueron elegidos por el principio de mayoría relativa y, en consecuencia, no representan a ningún distrito electoral, en el cual se pueda establecer un porcentaje con base en un número determinado de electores.- En otras palabras, podríamos acreditar la contradicción constitucional, afirmando que la omisión de los requisitos de procedencia de la revocación de mandato en contra de los diputados de representación proporcional, constituye un fuero expresamente prohibido por el artículo 13 constitucional, ya que no es permisible que la ley contenga solamente disposiciones y requisitos para la procedencia de la revocación de mandato en contra de los diputados de representación proporcional, ya que éstos no representan ningún distrito electoral previamente establecido por la propia ley electoral.- OCTAVO.- Además, el decreto es anticonstitucional toda vez que reglamenta disposiciones constitucionales que están sujetas a un proceso de impugnación por el referéndum derogatorio que está en trámite ante el Tribunal Estatal de Elecciones y al no estar consumado el proceso de modificación a la Constitución, no puede legislarse una ley secundaria porque no tiene sustento con base en el artículo 202 de la Constitución estatal, y al planteamiento expreso del Congreso del Estado.".

QUINTO.- Previo al estudio del fondo del asunto, se pasa al análisis de la causal de improcedencia que hace valer el Congreso del Estado de Chihuahua por conducto de los diputados presidente y secretario, prevista en el artículo 19, fracción VI, de la ley de la materia, ya que aducen que el Decreto 618/97 VII P.E. que se impugna, no tiene firmeza jurídica por haberla obtenido mediante posterior Decreto 655/97 que no se combate, pues respecto del primero, una vez que se remitió al Poder Ejecutivo del Estado, éste hizo observaciones y lo devolvió a la Legislatura, quien mediante el segundo decreto en cita confirmó el primero y ordenó su promulgación y publicación.

El citado precepto dispone:

"Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes:

"...

"VI. Cuando no se haya agotado la vía legalmente prevista para la solución del propio conflicto."

Cabe aclarar que el artículo antes transcrito se refiere expresamente a las causales de improcedencia, relativas a las controversias constitucionales, pero de conformidad con lo dispuesto por los artículos 59 y 65 de la propia ley reglamentaria de la materia, en las acciones de inconstitucionalidad podr

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5028-1aecb0e5/principios-de-legalidad-y-de-certeza-en-materia · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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