INTERMEDIACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS. EL ARTÍCULO 2807 DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE COAHUILA, AL REGULAR LA CESIÓN DE CRÉDITOS CON GARANTÍA HIPOTECARIA QUE PUEDE REALIZAR CUALQUIER ACREEDOR, NO CONTRAVIENE EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 5/97. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA.
MINISTRO PONENTE: JUAN SILVA MEZA.
SECRETARIO: OSMAR ARMANDO CRUZ QUIROZ.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día dos de marzo de mil novecientos noventa y nueve.
VISTOS; y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el veintiocho de agosto de mil novecientos noventa y siete, Jorge Arturo Rosales Talamas, Rafael Rico González, Raúl Zapico Escárcega, Pedro Luis Bernal Espinosa, José Guillermo Anaya Llamas, José Ignacio Corona Rodríguez, Jesús Carlos Pizaña Romo, Ricardo Alfonso Maldonado Escobedo, Jorge de la Peña Quintero, José Guadalupe Céspedes Casas y Trinidad Morales Vargas, en su carácter de diputados integrantes de la Quincuagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Coahuila, promovieron acción de inconstitucionalidad en contra de las disposiciones y autoridades que a continuación se señalan:
"Órganos legislativo y ejecutivo que hubieren emitido y promulgado las normas generales impugnadas: a) La Quincuagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Coahuila en la sesión extraordinaria celebrada el día martes 29 de julio de 1997 en el recinto oficial del Poder Legislativo, sito en la ciudad capital de Saltillo, Coahuila: emitió las normas generales que se impugnan mediante este sistema constitucional. b) El C. Gobernador Constitucional del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, doctor Rogelio Montemayor según emitió el Decreto promulgatorio de las disposiciones generales impugnadas de inconstitucionalidad Número 61 publicado en el Periódico Oficial, primera sección de fecha martes 29 de julio de 1997, número 60, Tomo CIV. c) El C. Secretario de Gobierno del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Lic. Carlos Juaristi Septién otorgó el refrendo al decreto promulgatorio de las normas señaladas como contrarias a la Ley Fundamental. Normas generales cuya invalidez se reclama y medio oficial de su publicación: a) Artículo 2807 del Código Civil para el Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza. b) Artículos 468 a 488 y fracc. IX del artículo 430 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Coahuila de Zaragoza. Las disposiciones legales antes dichas fueron publicadas en el Número 60, Tomo CIV del Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, de fecha 29 de julio de 1997 ya identificado."
SEGUNDO. Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se estiman infringidos son el 1o., 13, 14, 16, 17, 40, 41, 73, fracción X, 124, 128 y 133.
TERCERO. Mediante proveído de fecha veintinueve de agosto de mil novecientos noventa y siete, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad, y turnar el asunto al Ministro Juan Silva Meza, para instruir el procedimiento y formular el proyecto de resolución respectivo.
Por auto de fecha dos de septiembre de mil novecientos noventa y siete, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda relativa y ordenó emplazar a las responsables para que rindieran su respectivo informe, tuvo como tercero interesado en el presente asunto al Congreso de la Unión a quien ordenó correr traslado, así como al procurador general de la República. Posteriormente, mediante proveído de fecha dos de octubre de mil novecientos noventa y siete se otorgó el plazo legal correspondiente a las partes para que expresaran sus alegatos y, transcurrido dicho plazo, se pasaron los autos para la formulación del proyecto de sentencia.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso d) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 10, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 68, último párrafo de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, toda vez que se demanda la declaración de inconstitucionalidad de las reformas al Código Civil y Código de Procedimientos Civiles ambos del Estado de Coahuila, publicadas el día veintinueve de julio de mil novecientos noventa y siete.
SEGUNDO. La demanda de acción de inconstitucionalidad se estima fue presentada oportunamente, atento a lo siguiente:
El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal dispone:
"Artículo 60. El plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sean publicados en el correspondiente medio oficial. Si el último día de plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente."
Conforme al citado artículo 60, el cómputo respectivo debe hacerse a partir del día siguiente al en que se publicó el decreto que contiene las normas que se impugnan, considerando los días naturales.
El Decreto Número 61 aprobado para la LIV Legislatura del Estado de Coahuila que contiene las reformas que se impugnan, fue publicado en el Periódico Oficial de la entidad el día veintinueve de julio de mil novecientos noventa y siete, por lo que es a partir del día siguiente de la fecha de publicación que debe hacerse el cómputo respectivo.
Tomando en cuenta la fecha de publicación, resulta que el plazo de treinta días para la impugnación de las disposiciones venció el día veintiocho de agosto de mil novecientos noventa y siete; fecha en que fue presentada la demanda por lo que debe considerarse en tiempo.
TERCERO. Previo a cualquier otra cuestión, debe analizarse la legitimación de quien promueve por ser una cuestión de orden público y, por ende, de estudio preferente.
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso d) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 62 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 en cita, el equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de alguno de los órganos legislativos estatales podrá ejercer la acción de inconstitucionalidad.
Por tanto, en el caso tienen que satisfacerse los siguientes extremos:
a) Que los promoventes sean integrantes del órgano legislativo estatal.
b) Que los promoventes representen cuando menos el equivalente al treinta y tres por ciento del órgano legislativo estatal.
c) Que la acción de inconstitucionalidad se plantee en contra de leyes expedidas por el propio órgano.
A la demanda se adjuntan once oficios signados por el oficial mayor de la LIV Legislatura del Congreso de Coahuila por los que certifica que Trinidad Morales Vargas, José Guadalupe Céspedes Casas, Jorge Arturo Rosales Talamas, Rafael Rico González, Raúl Zapico Escárcega, Pedro Luis Bernal Espinosa, José Guillermo Anaya Llamas, José Ignacio Corona Rodríguez, Jesús Carlos Pizaña Romo, Ricardo Alfonso Maldonado Escobedo, Jorge de la Peña Quintero, son diputados propietarios e integrantes de la Quincuagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila.
Por otra parte, el artículo 33 de la Constitución Política del Estado de Coahuila respecto a la integración del Congreso Estatal señala lo siguiente:
"Artículo 33. El Congreso del Estado se renovará en su totalidad cada tres años y se integrará con veinte diputados electos según el principio de mayoría relativa mediante el sistema de distritos electorales uninominales y hasta doce diputados electos bajo los principios de representación mínima y proporcional que disponga la ley."
De lo anterior se advierte que estando integrado el Congreso Local con un total de treinta y dos diputados, los once diputados que signan la presente demanda de acción de inconstitucionalidad representan el treinta y cuatro punto treinta y siete por ciento (34.37%) de los integrantes del Congreso Local.
Por último, en la presente acción de inconstitucionalidad se plantea en contra de las reformas realizadas por el propio Congreso del Estado de Coahuila a los Códigos Civil y procesal civil de dicho Estado.
CUARTO. En la demanda se señalaron como conceptos de invalidez los siguientes:
"Primero. Leyes violadas: Artículos 1o., 13, 14, 16, 17, 40, 41, 73, fracc. X, 124, 128 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los suscritos promoventes estimamos necesario realizar el análisis jurídico de las disposiciones legales que consideramos inconstitucionales, partiendo de la exposición doctrinal, legal y de índole jurisprudencial para dar sustento a los conceptos de invalidez. Desde luego reconocemos a la señora Ministra y a los señores Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como destacados jurisprudentes y profundos conocedores de la dogmática jurídica. Por tanto la exposición referida no tiene otra intención que el examen de las instituciones jurídicas relacionadas con las normas sustantivas y procesales reformadas; ello con el propósito de fundamentar los conceptos de invalidez y la contradicción existente entre la Norma Fundamental del Estado mexicano y el Código Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza; solicitándoles a los integrantes del H. Pleno su comprensión por lo abundante de las citas mencionadas. Artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por inobservancia. A) El artículo 14 constitucional establece: ‘Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho.’. A su vez, el artículo 16 constitucional señala: ‘Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.’. Ahora bien, en los términos del criterio sustentado por el Poder Judicial de la Federación, las formalidades esenciales del procedimiento son aquellas a las que se refieren las siguientes tesis. ‘FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO, SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga «se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento.». Éstas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado. Amparo directo en revisión 2961/90. Ópticas Devlyn del Norte, S.A. 12 de marzo de 1992. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Ma. Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. El Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el miércoles veinte de mayo en curso, por unanimidad de 19 votos de los señores Ministros presidente Ulises Schmill Ordóñez, Carlos de Silva Nava, Ignacio Magaña Cárdenas, José Trinidad Lanz Cárdenas, Samuel Alba Leyva, Noé Castañón León, Felipe López Contreras, Luis Fernández Doblado, José Antonio Llanos Duarte, Santiago Rodríguez Roldán, Ignacio Moisés Cal y Mayor Gutiérrez, Clementina Gil de Lester, Atanasio González Martínez, José Manuel Villagordoa Lozano, Fausta Moreno Flores, Carlos García Vázquez, Mariano Azuela Güitrón, Juan Díaz Romero y Sergio Hugo Chapital Gutiérrez; aprobó, con el número LV/92, la tesis que antecede y determinó que la votación es idónea para integrar tesis de jurisprudencia. Ausente: Victoria Adato Green, Gaceta No. 53, mayo de 1992, p. 34.’. En tanto que respecto a los conceptos de fundamentación y motivación, el Poder Judicial de la Federación ha establecido: ‘FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Sexta Época, Tercera Parte, Vol. CXXXII, p. 49. Amparo en revisión 8280/67. Augusto Vallejo Olivo. 24 de junio de 1968. Cinco votos. Ponente: José Rivera Pérez Campos. Séptima Época, Tercera Parte, Vol. 14, p. 37. Amparo en revisión 3713/69. Elías Chahín. 20 de febrero de 1970. Cinco votos. Ponente: Pedro Guerrero Martínez. Vol. 28, p. 111. Amparo en revisión 4115/68. Emeterio Rodríguez Romero y coags. 26 de abril de 1971. Cinco votos. Ponente: Jorge Saracho Álvarez. Vols. 97-102, p. 61. Amparo en revisión 2478/75. Ma. del Socorro Castrejón C. y otros (acumulado). 31 de marzo de 1977. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Carlos del Río Rodríguez. Vols. 97-102, p. 61. Amparo en revisión 5724/76. Ramiro Tarango R. y otros. 28 de abril de 1977. Cinco votos. Ponente: Jorge Iñárritu. Esta tesis apareció publicada, con el número 373, en el Apéndice 1917-1985, Tercera Parte, p. 636. Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, tesis 902.’. En el caso específico de la fundamentación y motivación de los actos de autoridad legislativa es de observarse el criterio sustentado por el Poder Judicial de la Federación que aparece publicado en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Primera Parte, Pleno, tesis 68, pág. 131 y que también puede ser consultada en la obra La Constitución y su Interpretación por el Poder Judicial de la Federación, publicada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Fondo de Cultura Económica, Tomo III, de la F a la L, página 1185 que enseguida transcribimos para la pronta comprensión de esa alta autoridad: ‘FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD LEGISLATIVA. Por fundamentación y motivación de un acto legislativo, se debe entender la circunstancia de que el Congreso que expide la ley, constitucionalmente esté facultado para ello, ya que estos requisitos, en tratándose de actos legislativos, se satisfacen cuando aquél actúa dentro de los límites de las atribuciones que la Constitución correspondiente le confiere (fundamentación), y cuando las leyes que emite se refieren a relaciones sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas (motivación); sin que esto implique que todas y cada una de las disposiciones que integran estos ordenamientos deben ser necesariamente materia de una motivación específica. Séptima Época, Primera Parte. Vol. 77, p. 19. Amparo en revisión 6731/68. Lechera Guadalajara, S.A. 6 de mayo de 1975. Unanimidad de diecinueve votos. Ponente: Ernesto Aguilar Álvarez. Vol. 78, p. 69. Amparo en revisión 3812/70. Inmobiliaria Cali, S.A. y coags. (acums.). 24 de junio de 1975. Unanimidad de dieciséis votos. Ponente: J. Ramón Palacios Vargas. Vols. 139-144, p. 133. Amparo en revisión 5983/79. Francisco Breña Garduño y coags. 23 de septiembre de 1986. Unanimidad de diecisiete votos. Ponente: Carlos del Río Rodríguez. Vols. 157-162, p. 150. Amparo en revisión 5220/80. Teatro Peón Contreras, S.A. 15 de junio de 1982. Unanimidad de quince votos. Ponente: María Cristina Salmorán de Tamayo. Vols. 181-186, Amparo en revisión 8993/82. Lucrecia Banda Luna. 22 de mayo de 1984. Unanimidad de veinte votos. Ponente: Francisco H. Pavón Vasconcelos. Esta tesis apareció publicada, con el número 36, en el Apéndice 1917-1985, Primera Parte, p. 73. Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Primera Parte, Pleno, tesis 68, p. 131.’. Así las cosas, el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: ‘Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una Federación establecida según los principios de esta Ley Fundamental.’. Precisamente sobre el particular, la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la controversia constitucional entre la Federación y el Estado de Oaxaca 2/32 de 15 de octubre de 1932 estableció: ‘FEDERACIÓN. Conforme al artículo 40 de la Constitución, la República Mexicana es un Estado Federal, en el que, por lo mismo, están divididas las atribuciones del poder soberano entre la Federación y Estados. Ahora bien, respecto a tal división de facultades la teoría jurídica del Estado Federal admite tres métodos distintos para realizarla, los cuales consisten: el primero, en enumerar en forma tan completa como sea posible, las atribuciones del poder central y las de los Estados; el segundo, en enumerar las atribuciones del poder central, de manera que todas las no especificadas, competen a los Estados; y el tercero, en enumerar las atribuciones de los Estados, haciendo que recaigan en el poder central todas las no comprendidas en esa enumeración; y aunque el tercero de los métodos enunciados es el más conveniente, desde el punto de vista constitucional, o sea aquel en que se enumeran las atribuciones o facultades de los Gobiernos Locales, de manera que la presunción exista a beneficio del poder central, en razón de que una de las consecuencias de la evolución política y social, es la transformación de las necesidades de orden local, en intereses de orden general y éstos, como es natural deben ser administrados por el gobierno central que es el representante del interés general, la Constitución nuestra adoptó, al parecer (dados los términos de su artículo 124), el segundo de los métodos enunciados, determinando que las facultades que no están expresamente concedidas por la misma Constitución, a los funcionarios federales se entiendan reservadas a los Estados; pero es notorio que el principio no aparece admitido por el Constituyente, en toda su pureza, puesto que, en algunos artículos de la Carta Federal, se confieren a los Estados algunas atribuciones; en otros, se les prohíbe el ejercicio de otras que también se especifican; y a veces se concede la misma facultad atributiva a la Federación y a los Estados, estableciéndose así una jurisdicción concurrente de donde a caso sea lógico concluir que el sistema adoptado por el Constituyente, fue una combinación de los tres métodos, por lo que no es sostenible el argumento, sacando únicamente del artículo 124 de la Constitución de que la Federación sólo puede ejercer las facultades legislativas que expresamente le confiere el artículo 73 constitucional; pues esas facultades van imbíbitas también en las demás jurisdicciones y facultades conferidas a la Federación, en otras materias no comprendidas expresamente en el citado artículo 73, o quedaron reservadas a la nación, en diversos artículos de la propia Constitución. T. XXXVI, p. 1067, controversia constitucional entre la Federación y el Estado de Oaxaca 2/32, Federación y Estado de Oaxaca, 15 de octubre de 1932, mayoría de 14 votos.’. Recientemente, en el Diario Oficial de la Federación aparece publicado con fecha 6 de agosto de 1977 el decreto por el que se aprueba el programa para un nuevo federalismo y en la parte conducente se señala lo siguiente: ‘El federalismo, pacto fundamental de la República. El sistema federal mexicano se caracteriza por la existencia de dos órdenes de gobierno de igual jerarquía, cada uno de ellos con sus respectivas competencias y límites señalados por la Constitución. En el Estado Federal se asocian y sobreponen colectividades estatales distintas, a través de un equilibrio armonioso y equitativo entre el principio de autonomía y el principio de asociación. Para garantizar la vigencia de la Unión, con el principio de autonomía política, se establece la primacía de la Constitución. La Carta Magna dispone una división funcional de los poderes públicos federales y estatales en Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Asimismo, establece una clara división de competencias. Uno de los rangos fundamentales del sistema federal mexicano es que existe coincidencia e igualdad de decisiones jurídico-políticas fundamentales entre la Federación y las entidades federativas.’. Congruente con lo anterior, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 124 lo siguiente: ‘Artículo 124. Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados.’. En el comentario elaborado con relación al precepto constitucional citado y con motivo de la publicación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comentada por los investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México el doctor Jorge Carpizo estableció: ‘El Estado Federal mexicano se fundamenta sobre los siguientes principios: 1. Existe una división de la competencia entre la Federación y las entidades federativas en donde estas últimas son instancia decisoria suprema, pero exclusivamente dentro de su competencia (artículo 40). 2. Entre la Federación y las entidades federativas existe coincidencia de decisiones fundamentales (artículos 40 y 115). 3. Las entidades federativas se dan libremente su propia Constitución en la que organizan la estructura del gobierno, pero sin contravenir el pacto federal inscrito en la Constitución General, que es la unidad del Estado Federal (artículo 41). 4. Existe una clara división de competencias entre la Federación y las entidades federativas; todo aquello que no esté expresamente atribuido a la Federación es competencia de las entidades federativas, principio recogido por el artículo 124 que comentamos a continuación. Existen diversos sistemas para distribuir las competencias entre la Federación y las entidades federativas. México sigue el principio norteamericano en este aspecto; todo aquello que no está expresamente atribuido a las autoridades federales es competencia de la entidad federativa. La Constitución General numera lo que los Poderes de la Unión pueden hacer, y todo lo demás es competencia de las entidades federativas. Este artículo enuncia el postulado anterior; sin embargo, difiere del norteamericano en que nuestro precepto aclara que las facultades federales tienen que estar «expresamente» señaladas. La palabra «expresamente» no aparece en el correspondiente artículo norteamericano, lo que es de especial importancia, como posteriormente examinamos. Expuesta la regla anterior, parecería que la distribución de competencias es asunto fácil y claro. Todo lo contrario, ya que es espinoso y de difícil manejo. Encontramos que la propia Constitución establece una serie de principios respecto al problema de la competencia en el Estado Federal, que se pueden enunciar en la forma siguiente: 1. Facultades atribuidas a la Federación; 2. Facultades atribuidas a las entidades federativas; 3. Facultades prohibidas a la Federación; 4. Facultades prohibidas a las entidades federativas (hasta aquí la clasificación está inspirada en Bryce); 5. Facultades coincidentes; 6. Facultades coexistentes; 7. Facultades de auxilio; y 8. Facultades que emanen de la jurisprudencia, ya sea reformando o adicionando la anterior clasificación.’. El autor citado establece como regla que de acuerdo al artículo 124 constitucional, ‘todo lo que no corresponde a la Federación es facultad de las entidades federativas salvo las prohibiciones que la misma Ley Suprema establece para los Estados miembros.’. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos comentada. Universidad Nacional Autónoma de México y Editorial Porrúa, S.A. 1995. Séptima edición. Págs. 1268 a 1274. Lo antes expuesto nos permite concluir que conforme al sistema federal mexicano existen órbitas competenciales perfectamente diferenciadas, estableciéndose las facultades que corresponden a los diferentes ‘niveles’ del desempeño de la actividad estatal. En este orden, las facultades legislativas son resaltadamente importantes regulándose por lo que respecta al Congreso de la Unión en el artículo 73 del Texto Fundamental y al cual haremos mérito en el apartado correspondiente. Al tenor del artículo 41 y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es incuestionable que el Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza se encuentra facultado para la expedición del Código Civil y de Procedimientos Civiles y para reformarlos, modificarlos y adicionarlos según las exigencias de la dinámica social. Sin embargo atento a las consideraciones que anteceden el Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza no puede legislar sobre materias expresamente concedidas por la Constitución a los funcionarios federales; como es el caso del artículo 2807 del Código Civil del Estado cuya reforma aparece en el Periódico Oficial ya identificado y cuya redacción es del tenor literal siguiente: ‘2807. El acreedor podrá ceder sus créditos con garantía hipotecaria, sin necesidad de notificación al deudor, de escritura pública, ni de inscripción en el Registro Público de la Propiedad, siempre que continúe con la administración de los créditos. En caso de que deje de llevar la administración de los créditos, deberá únicamente notificar por escrito la cesión al deudor. En los supuestos previstos en este artículo, la inscripción de la hipoteca a favor del acreedor original se considerará hecha a favor del o de los cesionarios quienes tendrán todos los derechos y acciones derivados de la hipoteca.’. B) La disposición legal transcrita invade la esfera competencial del Congreso de la Unión y particularmente viola el artículo 73 fracc. X y 133 de la Constitución General de la República por las consideraciones jurídicas que enseguida formulamos. Los sistemas de interpretación jurídica permiten desentrañar el sentido del texto legal, existiendo diferentes métodos para ello según sea la escuela que al respecto se siga, pero conforme a los principios que sobre el particular postula el derecho mexicano en el artículo 14 constitucional y en los artículos 5o., 11 y 19 del Código Civil para el Estado de Coahuila de igual nomenclatura que el Código Civil para el Distrito Federal podemos admitir el método sistemático que interpreta los diversos artículos de la ley considerándolos como partes integrantes de un todo (de la ley o del código de que forman parte) y a la misma ley como elemento constitutivo del derecho de un país determinado. Esta interpretación se realiza relacionando unos preceptos con otros, y procurando descubrir el principio que les da unidad orgánica. También es útil el método histórico que trata de descubrir el sentido de la ley, teniendo en cuenta los precedentes históricos que determinaron su formación, los trabajos preparatorios de los legisladores, los discursos que se pronunciaron cuando fue elaborada, etc. (véase Eduardo Pallares, Interpretación de la Ley Procesal, págs. 26 y 27. Editorial Botas, México 1948). También es importante dejar establecido que el precepto legal reformado en su redacción original establecía: ‘Artículo 2807. El crédito puede cederse, en todo o en parte, siempre que la cesión se haga en la forma que para la constitución de la hipoteca previene en el artículo 2798, se dé conocimiento al deudor y sea inscrita en el registro. Si la hipoteca se ha constituido para garantizar obligaciones a la orden, puede tramitarse por endoso del título, sin necesidad de notificación al deudor, ni de registro. La hipoteca constituida para garantizar obligaciones al portador, se transmitirá por la simple entrega del título sin ningún otro requisito.’. El precepto transcrito corresponde al artículo 2926 del Código Civil del Distrito Federal (antes de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 24 de mayo de 1996 y en vigor al día siguiente de su publicación) y a los artículos 1987 del Código Civil para el Distrito y Territorios Federales de 1870 de idéntica redacción y que señalaba: ‘Artículo 1987. El crédito hipotecario puede enajenarse o cederse a un tercero en todo o en parte, siempre que se haga en escritura pública de que se dé conocimiento al deudor, y que se inscriba en el registro. Artículo 1864. El crédito hipotecario puede enajenarse o cederse a un tercero en todo o en parte, siempre que se haga en escritura pública de que se dé conocimiento al deudor, y que se inscriba en el registro.’. Desde el derecho romano y quizá debida a un glosador postclásico de Gayo encontramos la definición de obligación estableciéndose la ‘obligación es un vínculo de derecho porque somos con
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5536-0c9a2187/intermediacion-y-servicios-financieros-el-articulo-2807-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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