ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI DURANTE EL PROCEDIMIENTO ES ABROGADA LA NORMA GENERAL IMPUGNADA, DEBE ESTIMARSE QUE HA CESADO EN SUS EFECTOS, POR LO QUE PROCEDE SOBRESEER EN EL JUICIO.
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 1/97. MINORÍA DE DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA LXVII LEGISLATURA DEL ESTADO DE MICHOACÁN.
MINISTRO PONENTE: JOSÉ VICENTE AGUINACO ALEMÁN.
SECRETARIO: OSMAR ARMANDO CRUZ QUIROZ.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veinticinco de marzo de mil novecientos noventa y nueve.
VISTOS y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por escrito depositado en la oficina del Servicio Postal Mexicano, Administración de Correos Número 1, en la ciudad de Morelia, Michoacán, el treinta de diciembre de mil novecientos noventa y seis, y recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el seis de enero de mil novecientos noventa y siete, Germán Tena Orozco, Leonel Victoria B., Juan Rafael Castelazo Mendoza, Manuel Santamaría C., Rodolfo Sánchez Murillo, Ramón Ceja Romero, Salvador Moreno García, Julio César González J., Francisco José Pérez Pérez y Víctor Corona Alva, en su carácter de diputados integrantes de la Sexagésima Séptima Legislatura del Estado de Michoacán, promovieron acción de inconstitucionalidad en contra de las disposiciones y autoridades que a continuación se señalan:
"... Venimos a ejercitar -en cuanto mayoría calificada mayor de un tercio de los integrantes de nuestro Congreso- acción de inconstitucionalidad contra la ley local michoacana, consistente en la adición de una fracción VII, que consta de 3 párrafos, al artículo 50 de la Ley de Obras Públicas de Michoacán, por considerar que contraviene las bases constitucionales para realizar las obras públicas -licitación y subasta públicas, obras productivas, y provisión presupuestaria previa-, ..."
SEGUNDO. Como antecedentes del caso se señalaron los siguientes:
"1. La Ley de Obras Públicas para Michoacán fue publicada en el Periódico Oficial del propio Estado, marcado con el número 86, Tomo CXII, el día 17 de abril de 1989, siguiendo el Decreto Número 215 del Congreso al que pertenecemos los suscritos, en su actual legislatura. 2. El día 23 de octubre de 1996, el Ejecutivo de nuestra entidad envió iniciativa de ley para reformar -mediante la adición precisada arriba- la ley de que trata el hecho precedente, en su artículo 50. Acompañamos copia certificada de la misma iniciativa (anexo 1). 3. El 8 de noviembre de 1996, los integrantes de la Comisión Permanente de nuestro Congreso -a la sazón en receso- recomendó aprobar la iniciativa referida. Adjuntamos debidamente certificado tal documento (anexo 2), al calce del cual consta que el suscrito diputado Juan Rafael Castelazo Mendoza salvó su inconformidad con dicho dictamen, mediante un voto particular, cuyos argumentos se incluyen en la intervención que tuvo el 12 de noviembre del propio año y que se exhibe (anexo 3). 4. En la última fecha citada, durante el periodo extraordinario de sesiones, se desarrollaron las etapas medulares -discusión y aprobación- del proceso legislativo, en la forma y términos del acta que acompañamos (anexo 4). Son de notarse las intervenciones en el debate, en lo general, la ya citada en el hecho anterior, así como la del diputado Víctor Corona Alva contra el dictamen, y en lo particular, las reflexiones en contra del C. Diputado Sánchez Murillo, de las que se acompaña copia simple (anexo 5) y dentro de las que incluso se anunció la defensa por inconstitucionalidad. De otras intervenciones correspondientes a la discusión no se anexan los textos, pues el acta respectiva (anexo 4) no los contiene, contra lo que en la misma se asienta. En lo que atañe a la aprobación, ésta se produjo -en ambos casos: en lo general y en lo particular- por la mínima votación de una ligerísima mayoría de 16 contra 14 votos sufragados por los CC. Diputados en la sesión de la misma fecha del Pleno de nuestro Congreso. 5. Del final de la misma acta se desprende que los suscritos somos, en pleno ejercicio, diputados del Congreso de Michoacán. El total de los integrantes de éste es de 30 representantes populares, y los que firmamos la presente instancia constituimos una minoría calificada mayor del 33%, puesto que somos más de 10 los diputados suscritos. 6. El día 2 de diciembre de 1996, en el número 1, del Tomo CXXI, del Periódico Oficial del Estado, el Ejecutivo de Michoacán mandó publicar -entre otros- el Decreto Legislativo Número 51, que a fojas 20 de dicho medio informativo incluye el texto de la reforma por adición que constituye la ley que reclamamos como inconstitucional; aunque no sea necesario, adjuntamos un ejemplar, sólo para más fácil referencia (anexo 6). Su promulgación e implícita sanción de parte del propio titular del Ejecutivo Local figuran en la forma que es usual en las leyes. 7. La etapa legislativa final de vigencia se produce en la especie a partir del 3 de diciembre de 1996, en consecuencia, de lo dispuesto por el artículo transitorio único del propio decreto. Por tanto, el término de 30 días naturales, que para imponer (sic) esta acción de inconstitucionalidad otorga la Ley Suprema, vencerá el día 1o. de enero de 1997, y esta instancia, por ende, se interpone en legales forma y tiempo, puesto que se deposita en el Sistema Postal Mexicano el 30 de diciembre de 1996, como lo autoriza la ley reglamentaria de la materia. Desde el día 19 del mismo mes, se formuló el compromiso de hacerlo, bajo firmas de los 14 CC. Diputados que desaprobamos la adición legal, por los motivos y argumentos válidos que exponemos enseguida ..."
TERCERO. En el caso particular se hace innecesario transcribir los conceptos de invalidez que se plantean en la demanda, en virtud de que no será materia de análisis en la presente resolución, por las razones que se dan con posterioridad en el presente fallo.
CUARTO. Mediante proveído de fecha nueve de enero de mil novecientos noventa y siete, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad, y turnar el asunto al Ministro Genaro David Góngora Pimentel, para instruir el procedimiento y formular el proyecto de resolución respectivo.
Por auto de fecha trece de enero de mil novecientos noventa y siete, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda relativa y ordenó emplazar a los responsables para que rindieran su respectivo informe, y correr traslado al procurador general de la República para la formulación de su pedimento.
QUINTO. Por proveído de fecha veintiuno de febrero de mil novecientos noventa y siete, el Ministro instructor tuvo por presentadas a las autoridades demandadas rindiendo su informe respectivo.
SEXTO. Por oficio número PGR0140/97, presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el día tres de marzo de mil novecientos noventa y siete, el procurador general de la República, solicitó declarar procedente la demanda e infundados los argumentos que la parte actora hace valer en su concepto de invalidez.
SÉPTIMO. Una vez agotado el plazo legal otorgado a las partes para que expresaran sus alegatos, se pasaron los autos para la formulación del proyecto de sentencia.
OCTAVO. Por proveído de doce de enero de mil novecientos noventa y nueve, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó el returno de este expediente al Ministro José Vicente Aguinaco Alemán, para continuar actuando como instructor en el procedimiento.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 68, tercer párrafo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, toda vez que se demanda la declaración de inconstitucionalidad de la reforma a la fracción VII del artículo 50 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Michoacán, publicada en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el dos de diciembre de mil novecientos noventa y seis.
SEGUNDO. La demanda de acción de inconstitucionalidad fue presentada oportunamente, atento a lo siguiente:
El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, dispone:
"Artículo 60. El plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sean publicados en el correspondiente medio oficial. Si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente."
Conforme al citado artículo 60, el cómputo respectivo debe hacerse a partir del día siguiente al en que se publicó el decreto que contiene las normas que se impugnan, considerando los días como naturales.
El Decreto Número 51 aprobado por la Sexagésima Séptima Legislatura del Estado de Michoacán que contiene las reformas que se impugnan, fue publicado en el Periódico Oficial de la entidad el día lunes dos de diciembre de mil novecientos noventa y seis, por lo que es a partir del día siguiente de la fecha de publicación que debe hacerse el cómputo respectivo.
Tomando en cuenta la fecha de su publicación, resulta que el plazo de treinta días para la impugnación de la reforma impugnada venció el día primero de enero de mil novecientos noventa y siete; por lo que si la demanda se depositó en el Servicio Postal Mexicano, Administración de Correos Número 1 de la ciudad de Morelia, Michoacán, el día treinta de diciembre de mil novecientos noventa y seis, debe considerarse que la demanda se presentó dentro del plazo legal para tal efecto.
TERCERO. Previo a cualquier otra cuestión, debe analizarse la legitimación de quien promueve por ser una cuestión de orden público y, por ende, de estudio preferente.
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso d) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 62 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 en cita, el equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de alguno de los órganos legislativos estatales podrá ejercer la acción de inconstitucionalidad.
Por tanto, en el caso tienen que satisfacerse los siguientes extremos:
a) Que los promoventes sean integrantes del órgano legislativo estatal.
b) Que los promoventes representen cuando menos el equivalente al treinta y tres por ciento del órgano legislativo estatal.
c) Que la acción de inconstitucionalidad se plantee en contra de leyes expedidas por el propio órgano.
Por oficio número 32 de cuatro de enero de mil novecientos noventa y siete, el oficial mayor del Congreso del Estado de Michoacán, informó a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación que Juan Rafael Castelazo Mendoza, Ramón Ceja Romero, Víctor Corona Alva, Julio César González Jiménez, Salvador Moreno García, Francisco José Pérez Pérez, Rodolfo Sánchez Murillo, Manuel Santamaría Contreras, Germán Tena Orozco y Leonel Victoria Benítez, promoventes de la demanda, son diputados integrantes de la Sexagésima Séptima Legislatura del Estado de Michoacán.
Por otra parte, el artículo 20 de la Constitución Política del Estado de Michoacán, es del tenor siguiente:
"Artículo 20. El Congreso del Estado se integra con representantes del pueblo, electos en su totalidad cada tres años. La elección se celebrará el segundo domingo del mes de noviembre del año en que concluya su función la legislatura.
"Por cada diputado propietario, se elegirá un suplente.
"El Congreso del Estado estará integrado por dieciocho diputados electos según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales y hasta doce diputados que serán electos según el principio de representación proporcional, mediante el sistema de lista de candidatos votados en una circunscripción plurinominal."
De la transcripción anterior se advierte claramente que el Congreso de la entidad federativa en comento se integra por dieciocho diputados uninominales más doce diputados plurinominales, es decir, dicho órgano de poder estatal se compone de un total de treinta diputados, por lo que, los diez diputados que signan la demanda de acción de inconstitucionalidad, representan el treinta y tres punto tres por ciento (33.3%) de los integrantes del Congreso Local.
Por último, la presente acción de inconstitucionalidad se plantea en contra de las reformas realizadas por el propio Congreso del Estado de Michoacán, a la Ley de Obras Públicas del citado Estado.
De todo lo expuesto se concluye que, quienes ejercen la presente acción de inconstitucionalidad, cuentan con la legitimación necesaria para tal efecto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 105, fracción II, inciso d), de la Constitución Federal y 62 de su ley reglamentaria.
CUARTO. Previo al estudio del fondo del asunto, se procede al análisis de las causales de improcedencia que aleguen las partes o que de oficio advierte este Tribunal Pleno por ser una cuestión previa y de análisis oficioso en términos del artículo 19, último párrafo, de la ley reglamentaria de la materia.
Por oficio recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el día catorce de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, el secretario general de Gobierno del Estado de Michoacán, en su calidad de encargado del despacho del Poder Ejecutivo de ese Estado, hizo del conocimiento de este tribunal que con fecha siete de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, se emitió una nueva Ley de Obras Públicas del Estado de Michoacán, mediante la cual se abroga la ley anterior y sus posteriores reformas, por lo que solicita se decrete el sobreseimiento de la presente acción de inconstitucionalidad en términos del artículo 20, fracción II, de la ley reglamentaria de la materia, toda vez que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción V, del citado ordenamiento legal.
Es fundado el motivo de improcedencia que se hace valer.
El artículo 19, fracción V, de la ley reglamentaria de la materia, señala:
"Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes:
"... V. Cuando hayan cesado los efectos de la norma general o acto materia de la controversia; ... "
En este punto, debe precisarse que no obstante que el dispositivo legal en cita está contenido en el título II, capítulo III de la ley reglamentaria que regula lo concerniente a las controversias constitucionales, dicha disposición es aplicable en materia de acciones de inconstitucionalidad en términos del artículo 59 del citado ordenamiento, que señala:
"Artículo 59. En las acciones de inconstitucionalidad se aplicarán en todo aquello que no se encuentre previsto en este título, en lo conducente, las disposiciones contenidas en el título II."
Ahora bien, en la acción de inconstitucionalidad que ahora se resuelve se plantea la invalidez del Decreto Legislativo Número 51, publicado en el Diario Oficial del Estado de Michoacán el lunes dos de diciembre de mil novecientos noventa y seis, por el que se adicionó el artículo 50 de la Ley de Obras Públicas del Estado con una fracción VII.
Por otro lado, el día siete de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán el Decreto Legislativo Número 225 por el que se expidió la Ley de Obras Públicas del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios.
Los artículos primero y segundo transitorios de este último decreto, señalan:
"Artículo primero. La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado."
"Artículo segundo. Se abroga la Ley de Obras Públicas del Estado de Michoacán de Ocampo, publicada en el Periódico Oficial del Estado de fecha 17 de abril de 1989, y se derogan sus posteriores reformas y todas aquellas disposiciones que se opongan a la presente ley."
De lo anterior, se advierte que la citada Ley de Obras Públicas entró en vigor el martes ocho de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, y que como consecuencia quedó abrogada la Ley de Obras Públicas del Estado de Michoacán de Ocampo, publicada en el Periódico Oficial del Estado el diecisiete de abril de mil novecientos ochenta y nueve, así como sus posteriores reformas entre las que se encuentra la reforma de fecha dos de diciembre de mil novecientos noventa y seis que se impugna en el presente asunto.
Para mayor claridad, se transcribirá el texto de la norma impugnada y el diverso texto de la norma vigente.
Ver texto
De lo anterior, podemos concluir que toda vez que mediante la Ley de Obras Públicas del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios publicada el siete de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, se abrogó la anterior Ley de Obras así como sus posteriores reformas entre las cuales se incluye la adición al artículo 50 de la citada ley en su fracción VII, publicada el dos de diciembre de mil novecientos noventa y seis, que constituye la norma impugnada en la presente acción de inconstitucionalidad, debe declararse improcedente con fundamento en el artículo 65, en relación con el 19, fracción V, de la ley reglamentaria de la materia, por haber cesado los efectos de la norma general materia de la acción de inconstitucionalidad y, en consecuencia, procede sobreseer con fundamento en el artículo 20, fracción II, del citado ordenamiento legal, por haber sobrevenido una causa de improcedencia.
A mayor abundamiento debe destacarse que la disposición originalmente combatida contenida en la fracción VII del artículo 50 de la ley reclamada, desapareció con motivo de su abrogación, por lo que, al ser totalmente suprimida, la presente acción resulta improcedente.
Debe precisarse que no obsta a lo anterior, que este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 52/97, visible a fojas 69, Tomo V, junio de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo rubro es el siguiente: "LEYES AUTOAPLICATIVAS. CUANDO ESTABLECEN HIPÓTESIS NORMATIVAS DE NATURALEZA POSITIVA SU DEROGACIÓN NO IMPLICA, GENERALMENTE, LA CESACIÓN DE SUS EFECTOS."; haya sostenido precisamente que cuando una ley de carácter autoaplicativo no entraña una prohibición sino una obligación de actuar en determinado sentido, como acontece en el presente caso, su derogación no libera a quienes se ubicaron dentro de sus hipótesis normativas de las consecuencias que pudieren haber derivado de su cumplimiento por todo el periodo en que estuvieron vigentes, y que por tanto su derogación no implica la cesación de sus efectos, pues dicho criterio se sostuvo en relación con el juicio de amparo y sigue rigiendo para tal medio de control constitucional pero no así para la acción de inconstitucionalidad, cuya tutela jurídica es diversa, pues en este procedimiento solamente se persigue el análisis de la norma a la luz de la Constitución a instancia de un grupo calificado de legisladores que no tienen un interés personal o directo en la declaratoria de inconstitucionalidad, y que por lo tanto no resienten un perjuicio en su esfera jurídica con la emisión de la norma.
En efecto, por la naturaleza propia de estos procedimientos, reconocidos en la doctrina como una acción abstracta de inconstitucionalidad, el análisis de las normas que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación realiza es en relación con la norma por sí misma y no en tanto afecta a un gobernado, o a un nivel de gobierno, por lo tanto, si la norma que se impugna en este procedimiento ha sido abrogada, entonces debe estimarse que han cesado sus efectos y, por tanto, debe sobreseerse en el juicio en los términos anteriormente apuntados, además de que, de conformidad con el artículo 45 de la ley reglamentaria de la materia, la declaración de invalidez que eventualmente pudiera decretarse, no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal que no es el caso.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
ÚNICO.-Se sobresee en la acción de inconstitucionalidad 1/97 promovida por diez diputados integrantes de la LXVII Legislatura del Estado de Michoacán, en contra de las disposiciones generales precisadas en el resultando primero de esta ejecutoria.
Notifíquese; por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad, archívese el expediente.
Así lo resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Pleno, por unanimidad de nueve votos de los señores Ministros Azuela Güitrón, Castro y Castro, Díaz Romero, Aguinaco Alemán, Ortiz Mayagoitia, Román Palacios, Sánchez Cordero, Silva Meza y presidente Góngora Pimentel. No asistieron los señores Ministros Aguirre Anguiano y Gudiño Pelayo, por estar desempeñando una comisión de carácter oficial. Fue ponente en este asunto el señor Ministro José Vicente Aguinaco Alemán.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5585-d11ea20a/accion-de-inconstitucionalidad-si-durante-el-procedimiento-es · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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