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Modo: Corpus Pro

SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 2204/97. · Registro digital (IUS): 5091
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: DE RAFFAELO, S.A. DE C.V.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Agosto de 1998, , Pág. 415.

AMPARO EN REVISIÓN 2204/97. DE RAFFAELO, S.A. DE C.V.

CONSIDERANDO:

TERCERO.-Debe quedar firme por falta de impugnación, el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito en el resolutivo primero, regido por el considerando segundo de la sentencia recurrida, respecto de los actos reclamados del secretario de Hacienda y Crédito Público, tesorero de la Federación, así como del administrador local de Recaudación, en virtud de que la recurrente no propone ningún agravio en contra de esa determinación judicial.

CUARTO.-Previamente al examen de las cuestiones planteadas en esta revisión, es necesario precisar que del examen integral de la demanda de garantías respectiva se desprende que la parte quejosa reclama sustancialmente la Ley del Impuesto al Activo publicada en el Diario Oficial de la Federación del treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho, así como sus reformas contenidas en los decretos publicados en el mismo diario correspondiente a los días veintiocho de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, veintiséis de diciembre de mil novecientos noventa, veinte de diciembre de mil novecientos noventa y uno, veinte de julio de mil novecientos noventa y dos, tres de diciembre de mil novecientos noventa y tres, veinte de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, diez de mayo de mil novecientos noventa y seis, y treinta de diciembre de mil novecientos noventa y seis; el Reglamento de la Ley del Impuesto al Activo cuya última reforma se publicó en el Diario Oficial de la Federación del cuatro de octubre de mil novecientos noventa y cuatro; y el decreto emitido por el presidente de la República por el que otorgan estímulos fiscales en diversas contribuciones, publicado en el mencionado diario del veinticuatro de diciembre de mil novecientos noventa y seis, así como el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación del treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y uno.

Por otra parte, es preciso tomar en consideración que en la demanda de amparo, la quejosa realiza afirmaciones genéricas en cuanto a que reclama todas las disposiciones de la Ley del Impuesto al Activo en vigor, de su reglamento y del mencionado decreto; sin embargo, de la lectura integral de esa demanda se desprende con claridad que en lo sustancial sólo precisa tal impugnación en relación con los artículos 1o., párrafo primero, 2o., 2o.-A, 3o., 5o., 6o. y 9o. de esa ley, de cuya alegada inconstitucionalidad hace depender la del reglamento y, que además, endereza argumentos particulares respecto del decreto; asimismo, se impone hacer alusión al hecho de que en los conceptos de violación relativos a la ley, la quejosa aduce, esencialmente, que las precisadas disposiciones infringen en su perjuicio las garantías de legalidad, proporcionalidad y equidad contenidas, fundamentalmente, en los artículos 31, fracción IV, 28, párrafo primero y 115, fracción IV, de la Constitución Federal.

QUINTO.-Del escrito de revisión se advierte que en los agravios identificados como primero y segundo, que se estudian conjuntamente en virtud de la estrecha vinculación que entre ellos existe en relación con la procedencia del juicio de amparo, la quejosa recurrente aduce, en síntesis, que es ilegal el considerando cuarto de la sentencia recurrida, porque contrariamente a lo sostenido por el Juez de Distrito, en ningún momento ha consentido el nuevo sistema del impuesto al activo vigente a partir del primero de enero de mil novecientos noventa y siete, pues resulta innegable que el efecto combinado de los ordenamientos reclamados ha dado origen a un nuevo régimen injusto e inequitativo en el pago del impuesto, muy distinto al que existía el diecisiete de julio de mil novecientos noventa y seis, incluyendo el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación del treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y uno.

Que si bien es cierto había estado pagando el impuesto al activo conforme al sistema vigente hasta antes del primero de enero de mil novecientos noventa y siete, ello no implica el consentimiento de la ley impugnada, de su reglamento y del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del veinticuatro de diciembre de mil novecientos noventa y seis, en virtud de que lo que se impugna es el sistema inequitativo aplicable a partir del primero de enero de mil novecientos noventa y siete.

Que en su favor ha surgido la legitimación para impugnar el nuevo sistema impositivo instituido a través de las reformas a la Ley del Impuesto al Activo del treinta de diciembre de mil novecientos noventa y seis, pues las reformas a la legislación reclamada posibilita a los gobernados para intentar la acción constitucional de amparo, sin que se consideren consentidas las normas legales respectivas.

Que en la sentencia recurrida no se toman en consideración los hechos y los conceptos de violación en la forma en que fueron expresados, lo que se aprecia desde el momento en que el Juez de Distrito toma en consideración que los preceptos de la Ley del Impuesto al Activo no fueron impugnados cada uno de manera aislada, sino como parte integrante del sistema normativo de ese impuesto.

Son infundados los anteriores razonamientos, por lo que a continuación se explica.

Atendiendo a las aclaraciones que han quedado precisadas en el anterior considerando, debe decirse, en principio, que el texto de los artículos 2o., 2o.-A, 3o., 5o., 6o. y 9o. de la Ley del Impuesto al Activo, no fue tocado por el decreto del treinta de diciembre de mil novecientos noventa y seis, cuyo texto es el siguiente:

"Artículo quinto. Se reforman los artículos 1o., primer párrafo y 6o., penúltimo párrafo, se adiciona el artículo 7o.-bis y se deroga el artículo 7o. décimo párrafo de la Ley del Impuesto al Activo, para quedar como sigue: Artículo 1o. Las personas físicas que realicen actividades empresariales y las personas morales, residentes en México, están obligadas al pago del impuesto al activo, por el activo que tengan, cualquiera que sea su ubicación. Las residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país, están obligadas al pago del impuesto por el activo atribuible a dicho establecimiento. Las personas distintas a las señaladas en este párrafo, que otorguen el uso o goce temporal de bienes, incluso de aquellos bienes a que se refieren el capítulo III del título IV y los artículos 133, fracción XIII, 148, 148-A y 149 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que se utilicen en la actividad de otro contribuyente de los mencionados en este párrafo, están obligadas al pago del impuesto, únicamente por esos bienes.-Artículo 6o. No se pagará el impuesto por el periodo preoperativo, ni por los ejercicios de inicio de actividades, los dos siguientes y el de liquidación, salvo cuando este último dure más de dos años. Lo dispuesto en este párrafo no es aplicable a los ejercicios posteriores a fusión, transformación de sociedades o traspaso de negociaciones, ni a los contribuyentes que inicien actividades con motivo de la escisión de sociedades, ni tampoco tratándose de las sociedades que en los términos del capítulo IV del título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta, tengan el carácter de controladoras, ni de las sociedades controladas que se incorporen a la consolidación, excepto por la proporción en la que la sociedad controladora no participe directa o indirectamente en el capital social de dichas controladas, o por los bienes nuevos o bienes que se utilicen por primera vez en México, adquiridos por las sociedades controladas que se incorporen a la consolidación.-Artículo 7o. Décimo párrafo. (Se deroga). Artículo 7o.-bis. Cuando a través de un fideicomiso o de una asociación en participación se realicen actividades empresariales, la fiduciaria y el asociante, cumplirán por cuenta del conjunto de fideicomisarios o en su caso, del fideicomitente, cuando no hubieran sido designados los primeros, o por cuenta propia y de los asociados, según corresponda, con la obligación de efectuar los pagos provisionales a que se refiere el artículo 7o., de la misma, por el activo correspondiente a las actividades realizadas por el fideicomiso o asociación, considerando para tales efectos el activo que correspondió a dichas actividades en el último ejercicio de la fiduciaria o asociante.-Tratándose de los contratos de asociación en participación y de fideicomiso, los fideicomisarios, o en su caso, el fideicomitente cuando no hubieran sido designados los primeros, el asociante y cada uno de los asociados, según se trate, para determinar el valor de su activo en el ejercicio, adicionarán el valor del activo en el ejercicio correspondiente a las actividades realizadas por el fideicomiso o la asociación en participación y podrán acreditar el monto de los pagos provisionales de este impuesto efectuados por la fiduciaria o el asociante, según corresponda a los fideicomisarios, o en su caso, al fideicomitente cuando no hubieran sido designados los primeros, o a los asociados.-Las fiduciarias aplicarán lo dispuesto en el artículo 6o., penúltimo párrafo de esta ley, siempre que los fideicomisarios, o en su caso, el fideicomitente, cuando no hubieran sido designados los primeros, se encuentren en alguno de los supuestos establecidos en el párrafo citado."

De lo anterior se desprende que el decreto del treinta de diciembre de mil novecientos noventa y seis, sólo reformó los artículos 1o., párrafo primero, y 6o., penúltimo párrafo, adicionó el artículo 7o.-bis y derogó el artículo 7o.; luego, los artículos 2o., 2o.-A, 3o., 5o. y 9o. de la Ley del Impuesto al Activo, rigen la situación de la quejosa, por lo menos desde el once de mayo de mil novecientos noventa y seis, en que ya existían y entró en vigor la reforma publicada el día anterior, mientras que respecto del Reglamento de la Ley del Impuesto al Activo, sus dispositivos tildados de inconstitucionales han permanecido inalterados y han regulado la situación de la peticionaria de garantías desde antes de esas fechas, pues su última modificación data del cinco de octubre de mil novecientos noventa y tres, en que cobró vigencia la adición a su artículo 16, publicada en el citado Diario Oficial de la Federación del día cuatro de octubre del mencionado año.

Bajo las anteriores premisas, cabe agregar que el sistema de causación previsto en la Ley del Impuesto al Activo, en términos generales permaneció inalterado pese a las reformas del treinta de diciembre de mil novecientos noventa y seis, por cuanto hace a los artículos 2o., 2o.-A, 3o., 5o. y 9o. de la Ley del Impuesto al Activo; ya que al tenor de éstas sólo se realizaron algunas precisiones con relación a que están afectos al pago del impuesto las personas que otorgan el uso o goce de bienes a contribuyentes del tributo, únicamente por esos bienes (artículo 1o., párrafo primero), se exceptuó del pago del impuesto al activo a las sociedades controladoras y a las controladas que se incorporen a la consolidación, que se encuentren en periodo preoperativo o inicio de actividades, los dos siguientes y el de liquidación (artículo 6o., penúltimo párrafo), y se precisó en artículo por separado la situación de los fideicomisos y de las asociaciones de participación que realicen actividades empresariales en cuanto a sus obligaciones para con el tributo (derogación del 7o. y adición del 7o.-bis); de lo que se arriba a la convicción de que no asiste razón al recurrente en cuanto a que no es válida la afirmación formulada en la sentencia recurrida respecto del consentimiento de algunos preceptos de la Ley del Impuesto al Activo y su reglamento; al respecto, es inaceptable lo pretendido por la recurrente acerca de que la materia de este juicio es el efecto combinado traducido en un nuevo sistema impositivo que los ordenamientos legales reclamados de inconstitucionales producen a partir del primero de enero de mil novecientos noventa y siete en perjuicio de la recurrente.

Para demostrar el anterior aserto resulta indispensable esclarecer primeramente si la reforma o adición parcial de un ordenamiento, da derecho a los gobernados para impugnar, además de las disposiciones legales reformadas o adicionadas, todos los demás preceptos de tal ordenamiento y los ordenamientos reglamentarios relativos.

A efecto de decidir esta cuestión, es conveniente tener presente el criterio que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia sustentó, al resolver el diez de septiembre de mil novecientos noventa y seis, por unanimidad de diez votos, el incidente de inejecución de sentencia número 142/94 deducido del juicio de garantías promovido por la empresa denominada Porcelanite, Sociedad Anónima de Capital Variable, en cuya respectiva resolución se externaron las consideraciones que a continuación se transcriben, con la que los señores Ministros Aguirre Anguiano y Gudiño Pelayo, manifestaron no estar de acuerdo:

"... Toca ahora analizar la eficacia temporal del fallo protector, considerando que la autoridad responsable funda parcialmente su negativa a devolver a la quejosa el impuesto pagado, en la circunstancia de que el artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta ha sufrido reformas por virtud de dos decretos posteriores al que diera lugar al juicio de amparo, publicados en el Diario Oficial de la Federación de los días veintiocho de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve y tres de diciembre de mil novecientos noventa y tres.-Como consecuencia de la primera de las reformas indicadas, se modificó el primer párrafo del artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue: (se transcribe).-A partir de la segunda reforma, el texto de este numeral en la parte que se analiza dice: (se transcribe).-A propósito de estas reformas, asevera la quejosa que la concesión del amparo la protege no sólo contra la tasa del 35% vigente hasta el año de mil novecientos noventa y tres, sino también contra la tasa del 34% vigente a partir de entonces, que adolece del mismo vicio atribuido a la tasa anterior, mientras que la autoridad estima que el efecto del amparo se constriñe únicamente al periodo durante el cual prevaleció el primer párrafo del artículo 10 de la ley en cita con la redacción que tenía al promoverse el juicio de amparo, considerando que se está en presencia de nuevos actos legislativos ajenos a la eficacia tutelar del fallo.-A juicio de este Alto Tribunal, la solución de la cuestión propuesta deriva de la exacta aplicación al caso del principio de relatividad de la sentencia de amparo.-Es indudable que, como ya ha sido precisado, con arreglo al principio de la relatividad, la eficacia protectora de una sentencia de amparo no puede alcanzar un objeto distinto de aquel que fue materia de la declaratoria de inconstitucionalidad, de modo que los efectos tutelares del fallo federal subsisten en tanto subsista el acto respecto del cual se dictó, y cesa cuando se extinguen los efectos vinculantes de dicho acto sobre el quejoso.-Esta regla, cuya aplicación se admite ordinariamente tratándose de amparos concedidos en contra de actos reclamados de naturaleza administrativa y judicial, es aplicable igualmente al juicio contra leyes, pues ha de tenerse presente que la ley, en cuanto es objeto de reclamación ante el tribunal, no es sino un acto del poder legislativo, esto es, una manifestación de voluntad del órgano constitucional investido de la facultad normativa de carácter innovador.-Como manifestación de voluntad del órgano legislativo, la creación y extinción de la ley están determinadas por las reglas constitucionales, ya federales, ya locales, que establezcan el procedimiento y las formalidades a observar al efecto, reglas de entre las cuales interesa destacar en el caso concreto la prevista en el artículo 72 de la Constitución General de la República, en la parte que dice: ‘Artículo 72. Todo proyecto de ley o decreto, cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las Cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas, observándose el Reglamento de Debates sobre la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones.-F). En la interpretación, reforma o derogación de las leyes o decretos, se observarán los mismos trámites establecidos para su formación.’.-La observancia de la regla consagrada en este numeral, de la cual deriva que la extinción de un acto legislativo (vía la derogación) se produce a través de otro acto dictado conforme al mismo procedimiento y a las mismas formalidades que dieron nacimiento a aquél -principio conocido como de autoridad formal de la ley o de congelación de rango- conduce forzosamente a la conclusión de que el efecto de una sentencia de amparo contra leyes únicamente protege al gobernado en contra del acto legislativo que dio origen al texto declarado inconstitucional, pero no lo protege en contra de actos legislativos ulteriores.-En este sentido, basta considerar que el efecto del amparo se constriñe a una norma legal, tal como resultó redactada con motivo de un acto legislativo concreto, para concluir que cualquier modificación de ese texto legal derivada de un acto legislativo posterior, no queda comprendida dentro de la eficacia protectora del fallo, ni siquiera en el supuesto de que pueda parecer que dicha modificación no altera en esencia el contenido de la regla original tal como fue declarada inconstitucional por el Juez de amparo, porque el nuevo texto de la norma ha resultado de un nuevo procedimiento legislativo y de otro pronunciamiento del legislador.-Estas reflexiones conducen a estimar que en la especie, la eficacia protectora de la sentencia de amparo sólo pudo subsistir mientras permaneció inalterado el primer párrafo del artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, es decir, hasta antes de su reforma por el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del día veintiocho de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, decreto en cuyos términos se dispuso: ‘Artículo décimo. Se reforman los artículos ... 10, primer párrafo, ... de la propia Ley del Impuesto sobre la Renta para quedar como sigue: ...’.-De tal manera este órgano reitera el criterio de que la producción de un nuevo acto legislativo, que reforma o modifica un texto legal declarado inconstitucional por una sentencia de amparo, hace procedente la promoción de un nuevo juicio de amparo por todos aquellos que se vean afectados por el mismo, incluyendo a quienes hayan obtenido una sentencia de amparo en contra del texto vigente con anterioridad a dicha reforma, porque se trata de actos distintos que deben ser por lo tanto objeto de distintas acciones impugnativas.-Este criterio da coherencia al sistema del juicio de amparo y además garantiza con toda plenitud la defensa de los gobernados, en cuanto les permite impugnar cada pronunciamiento del órgano legislativo, no sólo cuando reforma parcial o totalmente un texto preexistente, sino inclusive cuando reproduce en términos idénticos un texto anterior -como acontece, por ejemplo, tratándose de leyes tributarias de vigencia anual- según se precisa ahora y se sostiene en la tesis jurisprudencial que aparece actualmente publicada con el número noventa y uno del Tomo I, Materia Constitucional, del Apéndice en mención, la cual declara procedente la acción de amparo en aquellos casos en que se reclama una ley, a pesar de que la quejosa se haya sometido a una ley anterior de igual contenido.-La tesis de mérito dice: ‘CONSENTIMIENTO. NO EXISTE RESPECTO DE NORMAS QUE CONTEMPLAN SITUACIONES JURÍDICAS IGUALES A LAS PREVISTAS EN UN ORDENAMIENTO ANTERIOR CONSENTIDO.-Aun cuando un quejoso se hubiere sometido a las disposiciones contempladas por una ley anterior, recogidas en una nueva y reclamada en amparo, ello de ninguna manera puede implicar que las nuevas normas resulten derivadas de aquellas que fueron consentidas, ya que, desde el punto de vista formal y material, son actos legislativos distintos.’."

Este criterio aplicado al caso de que se trata en el que se discute la procedencia del juicio de amparo indirecto, permite establecer que un nuevo acto legislativo que reforma o modifica un texto legal, da derecho a impugnar, a través del juicio de amparo, ese pronunciamiento específico del legislador y, además, los preceptos que con el mismo acto se vean directamente afectados en cuanto a su sentido, alcance o aplicación, de tal modo que por su causa se varíe la situación que bajo ellos prevalecía, mas no aquellos que simplemente por pertenecer a un mismo cuerpo normativo guardan una relación ordinaria, común y corriente con el que fue materia de la reforma y cuyas hipótesis de observancia o aplicación, por parte del receptor de la ley, no cambian.

Bajo el mismo orden de ideas, es preciso destacar que la razón por la que se admite la procedencia del juicio de garantías en contra de un artículo reformado, es la de que conforme al artículo 72, inciso f), de la Constitución General de la República, dicho precepto reformado constituye un acto nuevo (principio de autoridad formal); de ahí que, en principio, sólo respecto de él se actualiza la procedencia del amparo y no en contra de los demás preceptos del relativo ordenamiento jurídico, los que deben estimarse ya consentidos por el gobernado si por su sola vigencia le causaron perjuicio (llamados de naturaleza autoaplicativa) o si requiriendo de un acto de aplicación para causar perjuicio (heteroaplicativos), le fueron aplicados, y en cualquiera de esas hipótesis no los reclamó oportunamente en el juicio de amparo.

De esta guisa resulta que no basta que se actualice la reforma o adición de un precepto de determinado ordenamiento legal, para que puedan combatirse en la vía constitucional, además de ese dispositivo, todos los demás del relativo cuerpo normativo que guarden una relación ordinaria con el reformado en virtud de la integración que debe tener cualquier sistema legal, pues lo que autoriza su impugnación constitucional paralela a la reforma legislativa, es la existencia del cambio formal, que desde el punto de vista constitucional, lo convierte en un acto legislativo nuevo, sin perjuicio de que también puedan reclamarse aquellas disposiciones sobre las que repercuta directamente la reforma, como ya se indicó.

Debe recordarse que la quejosa hace valer violaciones constitucionales, concretamente en relación con los artículos 1o., párrafo primero, 2o., 2o.-A, 3o., 5o. y 9o. de la Ley del Impuesto al Activo, los que ameritan distinto trato desde el punto de vista de la oportunidad de la demanda.

La afirmación precedente atiende a que la empresa quejosa manifestó en su demanda de garantías que el primer acto de aplicación de la ley y reglamento tildados de inconstitucionales, el cual hace derivar de la vigencia de la reforma a la ley, en vigor desde el uno de enero de mil novecientos noventa y siete se actualizó hasta el diecisiete de abril de mil novecientos noventa y siete, fecha en la que presentó ante Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima su declaración de pago provisional del impuesto al activo, correspondiente al primer trimestre de mil novecientos noventa y siete, mientras que las autoridades responsables, presidente de la República y secretario de Hacienda y Crédito Público, señalaron en su informe justificado, que esa declaración provisional no constituye el primer acto de aplicación de los ordenamientos legal y reglamentarios, pues con anterioridad, conforme a las declaraciones presentadas por dicha quejosa los día diecisiete de julio y 17 de octubre de mil novecientos noventa y seis, que se anexan en copias certificadas, la peticionaria de garantías ya era sujeto del tributo; de modo tal que la declaración provisional mencionada del diecisiete de julio de mil novecientos noventa y seis, en todo caso, constituiría el primer acto de aplicación de la Ley del Impuesto al Activo, pero respecto de las normas modificadas o adicionadas mediante el decreto legislativo publicado en el Diario Oficial de la Federación del treinta de diciembre de mil novecientos noventa y seis.

Al respecto es pertinente precisar que en este juicio de amparo la quejosa exhibió, entre otros documentos, copia fotostática certificada de la declaración del ejercicio relacionado con el impuesto al activo por el periodo que comprende "1-96-12-96", presentada el treinta y uno de marzo de mil novecientos noventa y siete, atendiendo a lo señalado en el artículo 8o. de la Ley del Impuesto al Activo en el sentido de que "las personas morales contribuyentes del Impuesto al Activo, deberán presentar ante las oficinas autorizadas, conjuntamente con la declaración del impuesto sobre la renta, declaración determinando el impuesto del ejercicio dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que éste termine.", incluyendo copia fotostática certificada de la declaración complementaria del propio ejercicio relativo al mismo periodo, que presentó el diecisiete de abril de mil novecientos noventa y siete ante Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima.

Además, también consta en autos que el secretario de Hacienda y Crédito Público por sí y en representación del presidente de la República, al rendir el informe justificado correspondiente, exhibieron en copia certificada, la declaración de "pagos provisionales, parcialidades y retenciones de impuestos federales" por el periodo que comprende del 4-96-6-96, presentada ante la misma institución bancaria el diecisiete de julio de mil novecientos noventa y seis, así como la diversa presentada el diecisiete de octubre de mil novecientos noventa y seis por el periodo 7-96-9-96, atendiendo a lo previsto por los artículos 7o. de la Ley del Impuesto al Activo en relación con el 67-H de la Ley del Impuesto sobre la Renta en el sentido de que los contribuyentes que de conformidad con la Ley del Impuesto sobre la Renta deban efectuar los pagos de dicho impuesto en forma trimestral, podrán efectuar los pagos provisionales del impuesto al activo por el mismo periodo y en las mismas fechas de pago que las establecidas para el impuesto sobre la renta, a más tardar el día diecisiete de los meses de abril, julio, octubre y enero del año siguiente.

Independientemente de lo anterior, igualmente consta en autos que la propia quejosa exhibió con su demanda inicial copia fotostática certificada de la declaración de "pagos provisionales, primera parcialidad y retenciones de impuestos federales ..." presentada el diecisiete de abril de mil novecientos noventa y siete en la misma institución de crédito, pero por el periodo que comprende 1-97-3-97, respecto del impuesto reclamado, esto es, por el primer trimestre de mil novecientos noventa y siete (enero a marzo).

En ese orden de ideas, es importante tener en cuenta que la última reforma incorporada a la Ley del Impuesto al Activo, anterior a la que inició su vigencia el primero de enero de mil novecientos noventa y siete, fue la publicada en el Diario Oficial de la Federación del diez de mayo de mil novecientos noventa y seis, vigente a partir del once de los mismos mes y año, mientras que la última modificación al Reglamento de la Ley del Impuesto al Activo cobró vigencia a partir del cinco de octubre de mil novecientos noventa y tres, por lo cual se dijo que la obligatoriedad de los artículos 2o., 2o.-A, 3o., 5o. y 9o. de la Ley del Impuesto al Activo, y de las disposiciones del mencionado reglamento, rigen la situación de la quejosa a partir de las fechas últimamente mencionadas.

De lo anterior se sigue que los artículos 2o., 2o.-A, 3o., 5o. y 9o. de la Ley del Impuesto al Activo, así como las disposiciones del reglamento de esa ley, ya fueron obligatorias para el ejercicio fiscal de mil novecientos noventa y seis, por lo menos desde el once de mayo de este año, y que desde entonces la empresa quejosa ya era sujeto del tributo, según lo demuestra la declaración del impuesto al activo que por el ejercicio fiscal de ese año presentó y la confesión que al respecto expuso en su demanda de garantías en el sentido de que en ejercicios anteriores había estado cumpliendo con las obligaciones fiscales a su cargo en materia de la propia contribución "conforme al sistema vigente hasta el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y seis", además de que tocante a dichos preceptos legales y reglamentarios no tiene repercusión directa el decreto publicado el treinta de diciembre de mil novecientos noventa y seis, pues además de no haberlos modificado en forma alguna, tampoco resultan afectados en su sentido, alcance o aplicación, por lo que mantienen a la quejosa en la misma situación que prevalecía antes de la última reforma; por lo tanto, debe considerarse que, respecto de los artículos 2o., 2o.-A, 3o. y 9o. de la Ley del Impuesto al Activo, por lo menos, desde el diecisiete de julio de mil novecientos noventa y seis, fecha en que la quejosa presentó su declaración de pago provisional del tributo se actualizó el primer acto de aplicación de las disposiciones citadas y, en lo que concierne al artículo 5o. de la propia ley reclamada, por lo menos, desde el treinta y uno de marzo de mil novecientos noventa y siete en que presentó su declaración del ejercicio relativo a 1-96-12-96 se actualizó asimismo el primer acto de aplicación. Por tanto, es claro que la presentación de la demanda relativa hasta el ocho de mayo de mil novecientos noventa y siete se hizo fuera del plazo de quince días que al respecto establece el artículo 21 de la Ley de Amparo.

Las reflexiones expuestas con antelación revelan actualizada respecto de los precitados artículos de la Ley del Impuesto al Activo y de la totalidad de disposiciones del reglamento de la misma ley, la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XII, en relación con el artículo 21, ambos de la Ley de Amparo, en virtud de que el examen de los autos del juicio de amparo revela claramente que la quejosa, en el juicio de garantías de que se trata presentó su dem

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5091-56cdf026/sobreseimiento-basta-el-estudio-de-una-sola-causal · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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