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Modo: Corpus Pro

SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. LA LEY DE RESPONSABILIDADES RELATIVA, AL OTORGAR COMPETENCIA A LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO PARA INVESTIGAR LAS RESPONSABILIDADES EN QUE INCURRAN LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE UN MUNICIPIO, NO INVADE LA ESFERA COMPETENCIAL DE ESTE ÚLTIMO.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 5/97. · Registro digital (IUS): 5118
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Agosto de 1998, , Pág. 618.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 5/97. MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.

MINISTRO PONENTE: JOSÉ DE JESÚS GUDIÑO PELAYO.

SECRETARIOS: GUADALUPE M. ORTIZ BLANCO Y MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ GONZÁLEZ.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al día veintinueve de junio de mil novecientos noventa y ocho.

Vistos para resolver los autos relativos a la controversia constitucional 5/97, promovida por Jesús Hinojosa Tijerina, José Martínez González y Miguel Ángel Gómez Guerrero, en su carácter de presidente, secretario y síndico segundo, respectivamente, del Ayuntamiento del Municipio de Monterrey, Nuevo León, en contra del Estado de Nuevo León; y

RESULTANDO:

PRIMERO.-Por escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el veinte de enero de mil novecientos noventa y siete, Jesús Hinojosa Tijerina, José Martínez González y Miguel Ángel Gómez Guerrero, en su carácter de presidente, secretario y síndico segundo, respectivamente, del Ayuntamiento del Municipio de Monterrey, Nuevo León, promovieron controversia constitucional contra las autoridades y por los actos que enseguida se precisan:

"Demandados: entidad: Estado de Nuevo León; poder: Congreso del Estado y titular del Poder Ejecutivo: gobernador del Estado; órganos: secretario de la Contraloría General del Estado de Nuevo León y secretario de Desarrollo Social del Estado de Nuevo León ...

"Pretensiones: la ilegalidad o nulidad de los siguientes actos:

"a) La inconstitucionalidad del Estado de Nuevo León por la actuación del Estado frente al Municipio de Monterrey, por la invasión de esferas en la elaboración, expedición y aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servicios Públicos para el Estado, en la revisión, fiscalización y fincamiento de responsabilidades permitiendo la actuación de la Secretaría de la Contraloría General del Estado, dentro del ámbito de las atribuciones competenciales del Municipio de Monterrey.

"b) Norma general: artículos 1o., del 31 al 39 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Nuevo León, expedida por el Congreso del Estado.

"c) La ilegalidad o nulidad de la actuación del gobernador del Estado por incumplimiento a las obligaciones derivadas del Convenio de Desarrollo Social suscrito entre el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo de Nuevo León, al no coordinar las acciones para el desarrollo social ni promover ni fortalecer la participación de los tres órdenes de gobierno y de los sectores social y privado en la ejecución del Programa Nacional de Solidaridad. Conforme a lo establecido por la cláusula quincuagésima cuarta del Convenio de Desarrollo Social, de las controversias que se susciten con motivo de la ejecución del mismo conocerá la Suprema Corte de Justicia en los términos del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"d) La ilegalidad y nulidad de la participación del secretario de Desarrollo Social, así como la omisión en el cumplimiento de las formalidades esenciales exigidas por el Convenio de Desarrollo Social, el Manual Único de Operación. Ramo XXVI. Sedesol 1995, al invadir los principios del Fondo Municipal de Solidaridad a través del cual el Gobierno Federal canaliza recursos financieros en forma directa al Ayuntamiento para incrementar la capacidad de respuestas a las demandas de obras y servicios planteados por las comunidades, invadiendo la esfera de acción del Consejo de Desarrollo Municipal e incumpliendo las formalidades esenciales del procedimiento que debió seguirse ante la Comisión Coplade.

"e) La ilegalidad o nulidad de los actos realizados por el secretario de la Contraloría del Estado:

"1) Declaración de anticonstitucionalidad, nulidad e ilegalidad del oficio 454-N-0-2-/96 de fecha 19 de diciembre de 1996 en cuanto que contiene resolución por la cual finca y determina responsabilidades administrativas a cargo del suscrito, determina y liquida la cantidad de $1’345,905.00 que corresponde a un tanto más del monto de $672,952.50 que se encuentra en proceso de reintegro. En caso de no cumplir con la totalidad de los reintegros, los saldos que resulten junto con los rendimientos obtenidos se determinan como daños y perjuicios actualizados, montos que determinados en cantidad líquida (sic).

"2) Declaración de anticonstitucionalidad, nulidad e ineficacia de la resolución contenida en el oficio mencionado en el punto anterior, en cuanto a que determina ‘cobros indebidos a beneficiarios en 33 obras debido a que fueron federalizadas (pagadas totalmente por la Federación) en el mes de noviembre de 1995, y servidores públicos municipales las documentaron, cobraron y requirieron en los primeros meses del año de 1996, incluyendo mayor cantidad de la señalada originalmente en la estructura financiera.’.

"3) Declaración de anticonstitucionalidad, nulidad e ineficacia de la resolución contenida en el oficio señalado en el inciso e), indebida a cargo de beneficiarios por la cantidad de $2’300,776.08 en lugar de $2’008,437.00 resultando una diferencia en perjuicio de los beneficiarios de las obras por la cantidad de $292,338.92 exigida por servidores públicos municipales a sabiendas de no ser la debida, conforme a la estructura financiera autorizada originalmente.

"4) Declaración de anticonstitucionalidad, nulidad e ineficacia de la resolución contenida en el oficio señalado en el inciso e), 1), en cuanto a que determina irregularidades por ‘exigencia indebida de pagos efectuados por la cantidad de $576,126.06 al mes de noviembre de 1996, y actualmente asciende al monto de $672,952.50 según información de la propia Presidencia Municipal de Monterrey.’.

"5) Declaración de anticonstitucionalidad, nulidad e ineficacia de la resolución contenida en el oficio señalado en el inciso e), 1), en cuanto a que determina irregularidades por ‘gestiones recientes de cobro a beneficiarios por concepto de aportaciones e incluso citatorios de la presidencia municipal para que se presenten a pagar en lo que respecta a 20 obras del Convenio de Desarrollo Social 1995, que se describen en informe enviado a través del oficio 394-N-3/96 emitido por esta secretaría.’.

"6) Declaración de anticonstitucionalidad, nulidad e ineficacia de la resolución contenida en el oficio 394-N-3/96 emitido por esta Secretaría de la Contraloría General del Estado en cuanto a que el informe que en él se contiene conlleva a la determinación de irregularidades, fincamiento de responsabilidades y determinación, en cantidad líquida de las sanciones administrativas y fija las bases para los daños y perjuicios.

"Los anteriores actos realizados por el secretario de la Contraloría General del Estado de Nuevo León invaden la esfera de acción competencial del Municipio y por sí mismos son concalculatorios a los derechos fundamentales consignados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por no dar el derecho de audiencia, no seguir el debido proceso legal, hacer una inexacta aplicación de la ley, siendo incompetente para actuar y por carecer de motivación y fundamentación."

SEGUNDO.-En la demanda se señalaron como preceptos constitucionales violados los artículos 1o., 14, 16, 17, 25, 26, 115, 116 y 133, como terceros interesados a la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, a la Secretaría de Desarrollo Social y a la delegación de ésta en Nuevo León; y como antecedentes del caso los siguientes:

"I. En cumplimiento a los preceptos constitucionales relativos a la rectoría económica del Estado y del cual se desprenden los principios para la planeación, así como los que se desprenden del Plan Nacional de Desarrollo, el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado celebraron el Convenio de Desarrollo Social, en la vertiente de coordinación, modificando la denominación del Convenio Único de Coordinación.

"II. En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 1995 en el artículo 14 aparecen las erogaciones previstas para las entidades federativas y Municipios en lo que corresponde al Ramo 0026 ‘Solidaridad y desarrollo regional’ que serán administrados por la Secretaría de Desarrollo Social en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el ámbito de sus respectivas competencias.

"III. Se constituyó el Consejo de Desarrollo Municipal como se acredita con el acta constitutiva de fecha 22 de abril de 1995 para aplicar fondos de solidaridad municipal en los términos del Convenio de Desarrollo Social.

"IV. Para la operación, promoción, difusión, existen mecanismos e instrumentos donde se determinan los lineamientos, tanto para la constitución del Consejo de Desarrollo Municipal como de los Comités de Solidaridad, incluyendo lo relativo a la distribución de recursos, instancia de aprobación de obras, ejercicio presupuestal, ejercicio del gasto, modificaciones presupuestales que se contienen en el ‘Manual Único de Operación’. Ramo XXVI ‘Solidaridad y desarrollo regional’ expedido por la Secretaría de Desarrollo Social para el año de 1995.

"V. Para cumplir con el Programa Nacional de Solidaridad, en cada una de las fechas que se señalan en la documentación anexa que debe considerarse por reproducida, formando parte integrante de este capítulo, en el año de 1995, se expidieron las convocatorias en las colonias Libertadores de América, Lucio Blanco, Moctezuma, Nuevo Topo Chico, Nuevas Colinas, Rubén Jaramillo, Belisario Domínguez, Buenos Aires, Constituyentes del 57, Ampliación Municipal, Fomerrey 23, Fomerrey 105, Fomerrey 110, Fomerrey 112, Fomerrey 114, Fomerrey 121, La Municipal, Paso del Águila, 2o. Sector, Topo Chico, Unión Aquiles Serdán, Alfareros, El Porvenir, La Campana 3o. Sector, San Ángel Sur, Artículo 27, Fomerrey 25, Fomerrey 35, Fomerrey 106, Fomerrey 113, Fomerrey 115, Libertadores de América y San Ángel Norte, en las cuales se les informó sobre el Programa Nacional de Solidaridad, se eligieron los respectivos Comités de Solidaridad, se tomó la protesta de rigor y se levantaron las actas en la forma y términos que aparecen en la documentación que acompañamos y de las cuales se desprende que se les dio a conocer la aportación que en las obras que en ella se describen harían, respectivamente, la Federación, el Estado, el Municipio y los vecinos, firmando los vecinos los convenios y documentación correspondiente, todo lo anterior en base a los lineamientos contenidos en el Manual Único de Operación. Ramo XXVI. Solidaridad y desarrollo social. Ejercicio 1995, mismo que es aplicable a los 2,392 Municipios del país.

"VI. Por oficios 132.II.01.A.0621/95; 132.II.01.A-0747/95; 132.II.01.A-0807/95 y 132.II.01.A.1563/95, de fechas 24 de mayo, 9 de junio; 16 de junio y 11 de octubre de 1995, recibidos en la dependencia municipal competente los días 30 de mayo, 20 de junio, 26 de junio y 24 de octubre del mencionado año relacionadas con 12, 17, 3 y 1 obra del Convenio de Desarrollo Social 1995.

"Sin observar las formalidades esenciales del procedimiento ni permitir la intervención de las instancias competentes que se mencionan en el Manual Único de Operación. Ramo XXVI. Sedesol 1995, por diversos oficios 132.II.01.A-2188/95; 13.II.01.C-2187/95; 132.II.01.C.2186; 132.II.01C.2185; 132.II.01.A-2189/95, del día 15 de noviembre de 1995 y el del 29 del mismo mes y año 132.II.01.A.-2189/95, todos ellos suscritos por el delegado en Nuevo León de la Secretaría de Desarrollo Social, se cambió la estructura financiera aprobada en la forma y términos del contenido de los oficios mencionados en el punto anterior.

"VII. El Estado de Nuevo León ha intervenido en el Municipio, invadiendo la esfera de acción de éste, con motivo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Nuevo León, llegando a decretar, con motivo del cambio de estructura financiera la devolución de las cantidades pagadas por los vecinos de las colonias mencionadas en el punto V de este capítulo y por oficio 454-N-0.2/96 de 19 de diciembre de 1996, firmado por el secretario de la Contraloría General del Estado, bajo el asunto: ‘Fincamiento y determinación de responsabilidades’ realiza los actos invasores del ámbito competencial del Municipio, contrariando las normas constitucionales y por ello ocurrimos ante esa Suprema Corte de Justicia, en controversia constitucional, deduciendo las pretensiones señaladas en la parte superior."

TERCERO.-Asimismo plantearon como conceptos de invalidez los siguientes:

"Primero. El Estado de Nuevo León invade la esfera de acción del Municipio de Monterrey, tanto con motivo de la expedición de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos como de los mandamientos y resoluciones relacionadas con el Convenio de Desarrollo Social 1995, con motivo de las obras realizadas en las colonias que se aluden en el punto V del capítulo de hechos de esta demanda, sin respetar la esfera competencial claramente definida, para el Municipio, en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para el Estado en el diverso 116 del mismo cuerpo normativo político jurídico del país.

"A partir de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación del 3 de febrero de 1983, se otorgaron al Municipio atribuciones para apoyar y fortalecer la estructura de su órgano de decisión, estableciendo los requisitos indispensables para la suspensión, declaración, desaparición de los Poderes Municipales o revocación del mandato de los miembros de los Ayuntamientos, a la vez de proteger la hacienda municipal, robustecer jurídicamente la personalidad y el patrimonio del Municipio y previendo la seguridad de las relaciones laborales entre el propio Municipio y sus trabajadores.

"Ahora bien, de esa manera el Municipio adquirió las características de un verdadero poder y si el artículo 39 de la Constitución Federal determina que la soberanía nacional radica esencial y originalmente en el pueblo y éste la ejerce, de acuerdo con el diverso 49 de la misma Carta Federal por conducto de los llamados Poderes: Legislativo, Ejecutivo y Federal (sic), en el que se refiere en todo el territorio nacional y los de igual denominación en cada una de las entidades federativas, de acuerdo con el diverso 116 de la misma Constitución, deberá, indiscutiblemente, respetarse al órgano de administración del Municipio contenido en el artículo 115 de la Carta Magna nacional.

"El Estado de Nuevo León no respeta los ámbitos competenciales porque al actuar su poder: Congreso Local, expidiendo la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Nuevo León, no indica el campo de acción propio de la entidad federativa en relación con sus respectivos servidores públicos que llegaren a ser considerados como sujetos de juicio político o aquellos contra los cuales hubiere que hacer la declaración de que ha lugar a proceder de encontrar que hubieren incurrido en acciones u omisiones constitutivas de delito. Además no precisa el campo de acción que compete a la autoridad del Estado para determinar y fincar responsabilidades administrativas para los servidores públicos del Municipio.

"Por ello, se considera que el título tercero, capítulos I y II, artículos del 31 al 40 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado invaden la esfera de acción del Estado y viola los derechos que corresponden al Municipio de Monterrey, en los términos del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque de acuerdo con la estructura normativa, el Estado de Nuevo León se encuentra regulado por una Ley Orgánica de la Administración Pública en donde se contemplan las competencias de cada una de las dependencias del Ejecutivo, mientras que el Municipio se regula por la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal en donde se habla de la organización, integración, funcionamiento del Ayuntamiento, ámbito competencial de éstos, en cada Municipio, atribuciones, facultades y obligaciones del presidente municipal, regidores, síndicos; formalidades para la desaparición y suspensión del Ayuntamiento y de la suspensión y revocación del mandato de los miembros de éste, además de las atribuciones atinentes al secretario del Ayuntamiento, tesorero municipal, integración del patrimonio, delegación de facultades, desconcentración y descentralización administrativa y lo correspondiente a la forma de elaboración de los reglamentos municipales.

"La Ley de Responsabilidades en los preceptos que se tachan de anticonstitucionales por la invasión de la esfera de acción del Estado al Municipio, de los órganos del poder público estatal al de la administración del Municipio y la invasión de la Secretaría de la Contraloría General del Estado al campo de acción de la equivalente en el Municipio, al no prever el límite que corresponde al Estado para determinar y fincar responsabilidades administrativas a servidores públicos estaduales y a servidores públicos del Municipio, va más allá de las atribuciones que de acuerdo con el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le corresponde, en relación a la Constitución Política del Estado y a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado.

"En lo que corresponde al registro de los servidores públicos, el artículo 45 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Nuevo León, hace la distinción competencial de los órganos controladores del Estado y del Municipio, distinción que al no figurar en los artículos que se tachan de anticonstitucionales, conllevan a que se declaren fundadas las pretensiones deducidas en esta controversia.

"En cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo, Programa Nacional de Solidaridad y Presupuesto Federal de Egresos para el ejercicio de 1995, Ramo XXVI, el Municipio de Monterrey estableció el Consejo Municipal de Desarrollo y siguiendo los lineamientos del Manual Único de Operación Ramo XXVI 1995 expedido por la Secretaría de Desarrollo Social, celebró las asambleas vecinales en las colonias beneficiadas, mencionadas en el punto V del capítulo de hechos, con las obras del Convenio de Desarrollo Social 1995, observando la estructura financiera original, transformada o modificada sin observar las formalidades esenciales del procedimiento que originaron la invasión del Estado al aplicar la Ley de Responsabilidades, en los artículos que se tachan de anticonstitucionales, fincando responsabilidades administrativas, determinando y liquidando sanciones económicas y fijando las bases para la determinación de daños y perjuicios, todo ello con evidente violación a los artículos 25, 26, 115, 116 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"Este concepto de invalidez debe ser declarado fundado.

"Segundo. Los actos y omisiones que se reclaman del gobernador del Estado en cuanto al incumplimiento del Convenio de Desarrollo Social suscrito entre el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado de Nuevo León, por no acatar los principios de la formalización de la vertiente de coordinación ni vincular los propósitos, acciones y realización del referido convenio, con la participación de la Federación, del Estado, del Municipio y los vecinos, para cumplir con la teleología del Programa Nacional de Solidaridad y su sucedáneo ‘Combate a la Pobreza’.

"Todo lo anterior tiene su origen en el sistema federal que implica el establecimiento de diversos órdenes jurídicos: federal, estadual, municipal y del Distrito Federal con una legislación coextensa que conlleva a la determinación y distribución de competencias de cada instancia, reconociendo la soberanía de la primera, autonomía de la segunda e independencia de las últimas, con la consecuente invulnerabilidad de dichas competencias, constituyéndose los poderes estatales en un control de tutela, pero jamás en control jerárquico, como en el caso lo pretende hacer el gobernador del Estado, cuando la entidad federativa no aporta lo correspondiente a ella en realización de obras del Convenio de Desarrollo Social 1995 que obliga a la Delegación de la Secretaría de Desarrollo Social a modificar la estructura financiera original sin observar las formalidades esenciales del Manual Único de Operación. Ramo XXVI. Sedesol 1995.

"Es de explorado derecho que el federalismo representa en los hechos un verdadero arreglo competencial que permite apoyar y desarrollar los principios democráticos a la par de que evita la excesiva concentración del poder en un solo ámbito de gobierno, ya que busca tal y como se desprende del Plan Nacional de Desarrollo, una distribución equitativa y equilibrada de las potestades públicas.

"Con motivo de la Ley de Planeación Nacional surgen diversas vertientes entre las que destaca la correspondiente a la coordinación cuyo fundamento principal se consigna en los artículos 26, 115, fracción VI, y 116 fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de donde se generaron, como antecedentes los llamados Coprodes, que quedaron definidos como organismos públicos dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios y que fueron transformados en Coplades, o sea Comités de Planeación para el Desarrollo Estatal, entre cuyos objetivos fundamentales eran cumplir y dar seguimiento a las acciones del entonces Convenio Único de Desarrollo que también a la postre quedaron transformados en Convenios de Desarrollo Social.

"En el que rige en Nuevo León, los Ejecutivos Federal y Estatal establecieron las bases para la ejecución correspondiente y concertar las acciones, además, con los sectores social y privado, coordinando los esfuerzos para mejorar la productividad, elevar los niveles de vida de la población y combatir la pobreza extrema, y en cuyos casos las propuestas deberán realizarse a través del Coplade que en Nuevo León rige de acuerdo con la Constitución del mismo, atendiendo al decreto publicado en el Periódico Oficial de fecha 1 de mayo de 1981 y al reglamento correspondiente publicado, a la vez, el 26 de diciembre de 1984.

"En el Programa Nacional de Solidaridad el Ejecutivo Federal y Estatal, con la participación del Municipio coordinarían las acciones correspondientes y el financiamiento respectivo se haría de acuerdo con las asignaciones de recursos contemplados en el presupuesto de egresos de la Federación, en el caso el atinente a 1995 en cuyo artículo 14 se habla del Ramo 0026 ‘Solidaridad y desarrollo regional’, orientado a obras y proyectos de inversión de vivienda, en la inteligencia de que los recursos de ese concepto serían intransferibles con la obligación de las partes de informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el manejo de los fondos respectivos.

"En 1995 el Estado no aportó e incumplió con el Convenio de Desarrollo Social y sin que existiera la petición en la que quedara debidamente fundada la excepción justificada, ante la Delegación de la Sedesol, la aprobación de ésta y sin contar con la anuencia del Comité de Solidaridad se hizo la modificación presupuestal de la estructura financiera original aprobada para la realización de obras en las colonias que se han mencionado, por lo que no habiendo informes físicos financieros ni la coordinación general de la Coplade para cambiar la estructura financiera, es inconcuso que las acciones y omisiones del gobernador del Estado incurrieron en violación al Convenio de Desarrollo Social y en específico al Programa del Fondo de Solidaridad Municipal en abierta conculcación a los principios, lineamientos, mecanismos e instrumentos de operación contemplados en el Manual Único de Operación. Ramo XXVI. Solidaridad y desarrollo social.

"En idénticas violaciones incurre el secretario de Desarrollo Social del Estado, pues en los términos del Coplade le corresponde la coordinación de las acciones y al omitir el cumplimiento de las formalidades esenciales requeridas para la modificación presupuestal viola lo dispuesto por el Convenio de Desarrollo Social, además de las diversas normas derivadas del decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado el 1o. de mayo de 1981 y del reglamento del mismo.

"En esa virtud, este concepto de invalidez debe ser declarado fundado.

"Tercero. Incompetencia. El secretario de la Contraloría General del Estado es incompetente para hacer ‘fincamiento y determinación de responsabilidades’, en contra del presidente municipal de Monterrey, en relación a la ejecución de 33 obras del Convenio de Desarrollo Social 1995 y para determinar en cantidad líquida sanciones económicas y daños y perjuicios, en los términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y consecuentemente viola lo dispuesto por los artículos 16, 115, 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"Al efecto, el secretario de la Contraloría General del Estado es titular de una dependencia de la Administración Pública del Estado, como se desprende del artículo 16 fracción VIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública y entre las atribuciones que se le conceden en el artículo 24 del mismo ordenamiento estadual, no aparece disposición alguna que lo faculte a decretar ‘fincamiento y determinación de responsabilidades’ y mucho menos para imputarlas al presidente municipal, bajo el supuesto de ‘ser el responsable de conducir los programas de obras y servicios y vigilar el cumplimiento de las acciones de las dependencias de la administración pública municipal’. Igualmente carece de competencia para aplicar sanciones económicas y determinar las bases para fijar los daños y perjuicios causados, específicamente en la cantidad de $1’345,905.00 que corresponden a un tanto más de $672,952.50. Y además determinar como daños y perjuicios actualizados los saldos que resulten junto con los rendimientos obtenidos.

"La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, sólo faculta al secretario de la Contraloría General del Estado para actuar, en el área de su competencia, exclusivamente relativa a la administración pública del Estado, en lo atinente a los servidores públicos adscritos a esta última, pues en lo que corresponde a los servidores públicos municipales, la competente es la Secretaría de la Contraloría del Municipio, de acuerdo con lo previsto por el artículo 80 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal en relación con el artículo 21 del Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de Monterrey.

"La incompetencia del secretario de la Contraloría General del Estado para actuar en el presente caso e imponer sanciones establecidas en la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos, recomendar que se actúe con servidores públicos municipales y exigir la intervención del Ayuntamiento, conforme a lo previsto por el artículo 10 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal, según contenido del acto administrativo impugnado que aparece en el oficio 454-N-0.2/96 de fecha 19 de diciembre de 1996, es más clara cuando los artículos 27 y 30 de la Constitución Política de Nuevo León limitan el ejercicio de la autoridad a las atribuciones determinadas en la ley.

"De esa suerte, no existiendo facultad expresamente contenida en la Constitución, en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado ni en la Ley de Responsabilidades para los Servidores del Estado, para el secretario de la Contraloría General del Estado, es inconcuso que en la especie, por el acto y resoluciones impugnadas, carece de competencia y por ende viola las disposiciones constitucionales citadas, invadiendo la esfera de acción que le corresponde al Municipio a través de los órganos de la administración pública municipal a los que les compete actuar.

"La Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del Estado, solamente puede actuar en el campo de su respectiva competencia para fincar las responsabilidades que resulten de las faltas administrativas cometidas por los servidores públicos de la administración pública del Estado, de acuerdo con lo previsto por la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal y la Ley de Responsabilidades para los Servidores Públicos en el Estado de Nuevo León, en el ejercicio de los recursos convenidos. No le compete el ‘fincamiento y determinación de responsabilidades’, como las pretende realizar en el oficio 454-N-0.2/96 de 19 de diciembre del año en curso dirigido al presidente municipal de Monterrey.

"Para la adecuada aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos es menester tomar en cuenta que las sanciones o responsabilidad administrativa, de acuerdo con el artículo 34 de la citada ley, son apercibimiento, amonestación, suspensión, destitución del puesto, sanción económica e inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y al efecto debe tomarse en cuenta lo siguiente:

"‘El apercibimiento se concreta en una llamada de atención, en hacer ver al funcionario las fallas u omisiones cometidas. La amonestación en palabras sencillas es un regaño una llamada de atención más fuerte que se hace como el apercibimiento, generalmente por escrito e implica en cierta forma la amenaza de aplicar sanciones mayores en caso de reincidencia. Estas sanciones, conjuntamente con la suspensión en el empleo por un periodo entre tres días y tres meses, corresponden en su aplicación al superior jerárquico.

"‘La destitución que implica la separación definitiva del cargo o empleo, atañe necesariamente a la temática del derecho laboral, de ahí que sea necesaria la demanda de dicha destitución por el superior jerárquico ante las autoridades laborales correspondientes y en los términos de las leyes respectivas. Tanto en este caso como en los de los párrafos anteriores, si el superior jerárquico no actúa, la Secretaría de la Contraloría puede realizar la demanda y dar seguimiento al procedimiento.

"‘En el caso de las sanciones

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5118-332f8f79/servidores-publicos-del-estado-de-nuevo-leon-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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