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Modo: Corpus Pro

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. AUTORIDAD INTERMEDIA PROHIBIDA EN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. CARACTERÍSTICAS GENERALES QUE LA IDENTIFICAN. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. AUTORIDADES INTERMEDIAS ENTRE EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS, NO LAS CONSTITUYEN LAS JUNTAS DE MEJORAMIENTO MORAL, CÍVICO Y MATERIAL EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EMPLAZAMIENTO DE POSIBLES TERCEROS INTERESADOS. SU FALTA NO PROVOCA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE QUE LA SENTENCIA QUE SE DICTE NO SERÁ CONTRARIA A SUS INTERESES. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. INTERÉS JURÍDICO. LO TIENE EL MUNICIPIO EN QUE SE INSTALA UNA O MÁS DE LAS JUNTAS DE MEJORAMIENTO MORAL, CÍVICO Y MATERIAL EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, PARA IMPUGNAR LA LEY QUE LAS CREA. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN PROCESAL PARA PROMOVERLA. CARECE DE ÉSTA EL SECRETARIO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN PROCESAL PARA PROMOVERLA. LA TIENEN EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y EL SÍNDICO DEL AYUNTAMIENTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA MUNICIPAL. NO LA AFECTA EL ARTÍCULO 7o. DE LA LEY QUE CREA LAS JUNTAS DE MEJORAMIENTO MORAL, CÍVICO Y MATERIAL EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. OPORTUNIDAD PARA PROMOVERLA ANTES DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 2/95. · Registro digital (IUS): 4302
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: JESÚS HINOJOSA TIJERINA, JOSÉ MARTÍNEZ GONZÁLEZ Y MIGUEL GÓMEZ GUERRERO, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO Y SÍNDICO SEGUNDO DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, ESTADO DE NUE
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Junio de 1997, , Pág. 344.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 2/95. JESÚS HINOJOSA TIJERINA, JOSÉ MARTÍNEZ GONZÁLEZ Y MIGUEL GÓMEZ GUERRERO, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO Y SÍNDICO SEGUNDO DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, ESTADO DE NUEVO LEÓN, RESPECTIVAMENTE, CONTRA EL GOBERNADOR, SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO Y CONGRESO ESTATAL DEL PROPIO ESTADO.

MINISTRO PONENTE: Genaro David Góngora Pimentel Secretario: Osmar Armando Cruz Quiroz.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día trece de mayo de mil novecientos noventa y siete.

VISTOS; Y, RESULTANDO:

PRIMERO. Por escrito presentado el veinte de marzo de mil novecientos noventa y cinco, ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jesús Hinojosa Tijerina, José Martínez González y Miguel Gómez Guerrero, en su carácter, respectivamente, de presidente municipal, secretario y síndico segundo del Ayuntamiento del Municipio de Monterrey, Nuevo León, promovieron demanda de controversia constitucional en contra del Congreso Estatal, gobernador constitucional y secretario general de gobierno, todos del Estado de Nuevo León, por los actos que se hicieron consistir en lo siguiente:

"a) Declaración de que la Ley que Crea las Juntas de Mejoramiento Moral, Cívico y Material en el Estado de Nuevo León, publicada en el Periódico Oficial del Estado el 23 de diciembre de 1953, invade la esfera de acción del Municipio, hace figurar una autoridad intermedia entre el gobierno y el Municipio y restringe la autonomía de éste. b) Declaración de que el mandato relativo a la sanción, promulgación, publicación, cumplir y hacer cumplir la Ley que Crea las Juntas de Mejoramiento Moral, Cívico y Material en el Estado de Nuevo León, expedido por el Gobernador Constitucional del Estado, al no prever la invasión a la esfera de acción del Municipio, resulta conculcatorio a la autonomía de éste. c) Declaración de que la firma del secretario general de Gobierno, como refrendo al mandato del gobernador del Estado a que se hace referencia en el inciso b), por no atender a la violación de la esfera municipal, es violatoria a la autonomía del Municipio. d) Declaración de que la publicación material en el Periódico Oficial a cargo del secretario general de Gobierno, de la ley mencionada en el inciso a), invade la esfera de acción del Municipio. e) Declaración de que, como consecuencia, resultan inválidas las órdenes y reglamentaciones que en relación a las Juntas de Mejoramiento Moral, Cívico y Material en el Estado, expidan el gobernador y/o el secretario general de Gobierno."

SEGUNDO. En la demanda se señalaron como antecedentes del caso los siguientes:

"1. En el Periódico Oficial del Estado, del 23 de diciembre de 1953, se publicó la Ley que Crea las Juntas de Mejoramiento Moral, Cívico y Material en el Estado de Nuevo León, para que se establezca en cada una de las cabeceras del Municipio, así como comités por sectores, barrios, colonias, '... A juicio del gobernador ...', y en cuya integración interviene el presidente municipal y un representante del gobernador. El primero para exponer el objeto de la reunión y las finalidades que se persiguen y el segundo para conservar el original del acta constitutiva. 2. Se le dan atribuciones al gobernador del Estado para desaprobar total o parcialmente las actas e informes que rindan las Juntas a las cuales se les permite percibir y utilizar los impuestos que (sic) de acuerdo con las Leyes de Ingresos y Egresos del Estado y de Ingresos de los Municipios. 3. Los directivos de las Juntas fungirán en sus cargos por tiempo indefinido y son relevados, parcial o totalmente, previo acuerdo del Gobierno del Estado. Lo relativo al reglamento interior de las Juntas, para mejor funcionamiento, debe ser sometido al gobernador del Estado."

TERCERO. La demanda se funda en los artículos 1o., 103, 105, 107, 115, 116, 128 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., 2o. y 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 1o., 4o., 70, 71, 79, 93, 270, 271, 281, 322, 323, 324, 327, 328, 329, 337, 346 y 349 del Código Federal de Procedimientos Civiles.

CUARTO. Los conceptos de invalidez expuestos en la demanda son los siguientes:

"PRIMERO. La Ley que Crea las Juntas de Mejoramiento Moral, Cívico y Material en el Estado de Nuevo León, que data del año de 1953, no se acopla a los principios del fortalecimiento municipal contemplados en el artículo 115 y sus reformas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al aplicarse, en la actualidad, la acción gubernamental invade la esfera de acción que corresponde al Municipio y constituye a la o las Juntas en verdaderos órganos intermedios entre el Gobierno del Estado y la Administración Pública Municipal. Es conocido que el artículo 115 constitucional ha venido recogiendo los principios y normas básicas que sirven de cimiento a la unidad socio-política municipal para fortalecer el desarrollo autónomo en todos y cada uno de los aspectos: político, económico, financiero, de realización de los servicios públicos propios, para el adecuado ejercicio independiente atinente a cada Municipio, generando una adecuada división de competencias constitucionales entre la Federación, entidades federativas, Distrito Federal y Municipios, permitiendo la distinción de esos diferentes ámbitos de gobierno. En esa redistribución de competencias, atendiendo a la reforma constitucional del 3 de febrero de 1983, se han entregado al Municipio todas las atribuciones íntimamente relacionadas con la función primordial que a él le corresponde, o sea, el gobierno y la administración directa de la comunidad básica. En esa virtud, al Municipio le corresponde inculcar en los ciudadanos el concepto que sobre sus derechos y obligaciones deben tener para actuar en la vida pública con un sentido de justicia social y en la vida privada con nobleza y dignidad, a la par de fomentar el culto a los héroes que han forjado la Patria tal y como corresponde a la obligación establecida en el artículo 34, fracción II, de la Constitución Política de Nuevo León, para los habitantes del Estado, en cuanto al deber de recibir instrucción cívica que los mantenga aptos en el ejercicio de sus derechos de ciudadanos, asistiendo en los días y horas que designe el Ayuntamiento. El Ayuntamiento, de acuerdo con lo establecido por los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 118 de la Constitución Política de Nuevo León, 2o. y 10 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal, constituyen un órgano colegiado compuesto por el presidente municipal, regidores y síndicos, al cual le corresponde la administración del Municipio y como el propio precepto político jurídico fundamental del país lo precisa, entre el Ayuntamiento y los Poderes del Estado, no habrá autoridad intermedia alguna; la subsistencia de la ley que se combate permite que las Juntas de Mejoramiento Moral, Cívico y Material en el Estado de Nuevo León, se conviertan en esa autoridad intermedia máxime cuando, además, la ley que las crea les concede la facultad de percibir y utilizar los impuestos que la Ley de Ingresos de los Municipios establezca. Por carecer el Municipio de soberanía tributaria debe ajustarse a la legislación que al efecto expida el Congreso del Estado y al subsistir la disposición, específicamente el artículo 7o. de la ley combatida, se impide el ejercicio de la libre administración de la Hacienda pública municipal, al tenerla que compartir, en cuanto a los ingresos determinados, con las tantas veces mencionadas Juntas de Mejoramiento Moral, Cívico y Material en el Estado de Nuevo León. La disposición de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, precisa que los Municipios administrarán libremente su Hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor y los que provengan de la propiedad inmobiliaria, su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio del valor de los inmuebles y los derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo. De esa suerte, los ingresos deben ser percibidos y administrados por el Municipio y no por las Juntas de Mejoramiento Moral, Cívico y Material en el Estado de Nuevo León, sin que sea óbice la consideración de que el Municipio se encuentra dentro del Estado y que por ello debe soportar todo lo que éste haga, pues la misma situación habría entre el Estado y la Federación, por lo que al no distinguir la descentralización de los Estados respecto a la Federación y de los Municipios respecto del Estado, en el elemento propio y diferenciado de la existencia de asuntos locales distintos de los federales y de asuntos municipales diversos a los estatales, se viola la autonomía del Municipio al existir y subsistir la norma del artículo 7o. de la Ley que Crea las Juntas de Mejoramiento Moral, Cívico y Material en el Estado de Nuevo León, a través de la cual se invade la esfera de acción del Municipio, por el Estado de Nuevo León. El estatuto atinente a la autonomía del Municipio emana de una forma inequívoca de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que, con la ley que se combate, no se respeta. Esa autonomía es una consecuencia de la descentralización funcional constitucional atribuida al Municipio que de esa suerte queda alejado de todo control centralizador que se ejerce, en el caso, a través de la Ley que Crea las Juntas de Mejoramiento Moral, Cívico y Material en el Estado de Nuevo León, al otorgarle las facultades de control, fiscalización y vigilancia al titular del Ejecutivo del Estado. Al hacerse la declaración que se pretende en esta controversia constitucional, se haría efectiva la prohibición constitucional que se impone a los Estados, en el presente caso al Gobierno del Estado de Nuevo León, de restringir el campo financiero municipal, utilizando una ley expedida con anterioridad a la reforma de 1983, a través de la cual se fortalece al Municipio. Este concepto de violación debe ser declarado fundado y, consecuentemente, asegurar que la Ley que Crea las Juntas de Mejoramiento Moral, Cívico y Material en el Estado de Nuevo León, que se reclama del Congreso, la sanción y promulgación imputada al gobernador del Estado, el refrendo a dicho mandamiento por el secretario general de Gobierno, como la publicación, por parte de éste, de esa ley, invaden la esfera de acción del Municipio, debiendo prevalecer la reforma constitucional a aquel ordenamiento que data del 23 de diciembre de 1953. SEGUNDO. En cumplimiento a la reforma constitucional de 1983, se hicieron las enmiendas conducentes a la Constitución Política de Nuevo León y se expidió la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del 27 de diciembre de 1990, publicada en el Periódico Oficial número 12, Tomo CXXVIII, de fecha 28 de enero de 1991, en cuyas modificaciones se recogieron las disposiciones relativas al fortalecimiento municipal, determinando, entre otras, las bases para la participación ciudadana. Al efecto, en el capítulo III del título cuarto, artículos 122 y 123 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal, se prevé como facultad de los Ayuntamientos, la de promover entre sus habitantes, las formas de participación comunitarias en las tareas que tienen a su cargo, con el objeto de coadyuvar al cumplimiento de sus fines y participar mediante el trabajo y la solidaridad en el desarrollo vecinal, cívico y en el beneficio colectivo del mismo. Para ello, se concedió al Ayuntamiento la facultad de convocar y tomar parte en la constitución, organización y funcionamiento de los organismos de participación ciudadana que se integrarán en las regiones y localidades comprendidas dentro de la jurisdicción del Municipio, y en la cual intervendrán habitantes del mismo, por designación que ellos hicieren, conforme a la convocatoria y requisitos expedidos por el Ayuntamiento. Así, al existir y subsistir la Ley que Crea las Juntas de Mejoramiento Moral, Cívico y Material en el Estado de Nuevo León, se invade la esfera de acción que corresponde al Ayuntamiento, porque se están otorgando las facultades de aprobar la constitución de dichas Juntas, al gobernador del Estado, a quien deben rendirse los informes para su aprobación o desaprobación y quien, además, tiene la facultad de relevar parcial o totalmente, con un acuerdo, a los componentes de las mesas directivas de tales Juntas, prohibiéndose la participación en las directivas, a quienes desempeñen funciones o cargos públicos en el Municipio. También se otorga, en el artículo 15, al Ejecutivo del Estado, la facultad de ordenar auditorías a los miembros de las Juntas y, en su caso, ejecutar por medio del Ministerio Público, las acciones civiles y penales correspondientes, quedando lo relativo al Reglamento para el Funcionamiento de las Juntas, al sometimiento del gobernador del Estado, todo lo cual significa un debilitamiento de la autonomía consagrada para el Municipio, por lo que se debe declarar que tal ley debe dejar de aplicarse en el Municipio de Monterrey, por invadir la esfera de acción que le corresponde. Las pretensiones de que se declaren sin efectos los actos del Congreso del Estado, del gobernador y del secretario general de Gobierno que se menciona en la parte superior de esta demanda de controversia constitucional, conllevan al exacto cumplimiento de la reforma constitucional que fortalece al Municipio, rescatándolo del olvido histórico en que se le tenía y que, en Nuevo León, se le tiene con la conservación y mantenimiento de una ley como la Ley que Crea las Juntas de Mejoramiento Moral, Cívico y Material en el Estado de Nuevo León, que somete al Municipio al control, vigilancia y fiscalización del Gobierno del Estado, al ejercer tales funciones sobre las Juntas, impidiendo o restringiendo al Ayuntamiento de Monterrey el ejercicio de la atribución de organizar las asociaciones de participación comunitaria como lo prevé el artículo 122 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal, arrogándose el Gobierno del Estado dicha facultad con sustento en una norma que de acuerdo con la regla de interpretación: la norma nueva abroga la anterior, ya no debe tener vigencia en la entidad por las reformas sufridas por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo anterior, este concepto de violación debe ser declarado fundado, a fin de que las bases constitucionales sobre el fortalecimiento y autonomía municipal queden debidamente afianzadas en el Estado de Nuevo León."

QUINTO. Por acuerdo de fecha veintiocho de marzo de mil novecientos noventa y cinco, emitido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ordenó formar y registrar el expediente relativo, correspondiéndole el número 2/95; se ordenó emplazar a los demandados para que formularan su contestación de demanda y, se agregaron las pruebas que se adjuntaron a la demanda.

SEXTO. El Congreso Local, el gobernador y el secretario general de Gobierno, todos del Estado de Nuevo León, opusieron la excepción de incompetencia de esta Suprema Corte para conocer del presente asunto, objeción que fue resuelta por este Tribunal Pleno en sesión de fecha seis de julio de mil novecientos noventa y cinco, en la que se determinó declararla infundada, declarar procedente la controversia constitucional y establecer la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer del asunto, asimismo, se ordenó continuar con la tramitación del procedimiento.

SÉPTIMO. Mediante proveído de Presidencia de fecha dieciséis de octubre de mil novecientos noventa y cinco, se reanudó la tramitación del procedimiento y se tuvo por contestada la demanda y opuestas las excepciones del Congreso, gobernador y secretario general de Gobierno del Estado de Nuevo León; por último, en el referido proveído se abrió el juicio a prueba y se continuó con el trámite respectivo.

OCTAVO. Las autoridades demandadas del Estado de Nuevo León expresaron en sus respectivas contestaciones de demanda lo siguiente:

A) Contestación del gobernador y del secretario general de Gobierno:

"a) Falta de legitimación. La controversia planteada por las autoridades municipales indicadas, pretende fundarse en los artículos 103, 105 y demás relativos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reclamando a los suscritos la declaración de que la Ley que Crea las Juntas de Mejoramiento Moral, Cívico y Material en el Estado de Nuevo León, publicada en el Periódico Oficial del Estado el 23 de diciembre de 1953 invade la esfera de acción del Municipio, haciendo figurar a las Juntas de Mejoramiento Moral, Cívico y Material como una autoridad intermedia entre el gobierno y el Municipio, restringiendo la autonomía de éste; así como lo relativo a la sanción, promulgación, publicación, de la citada ley por parte del Ejecutivo del Estado, así como el refrendo de las mismas, a cargo del secretario general de Gobierno; su publicación material en el Periódico Oficial; así como la declaración de que no son válidas las órdenes y reglamentaciones que en relación a las mencionadas Juntas expidan las autoridades que suscriben este escrito. Ese H. alto tribunal, en diversas tesis ha sostenido que los Ayuntamientos no tienen el carácter de Poder, en el sentido en que esta palabra está usada por el Constituyente y que los Poderes a que se contrae el artículo 105 de la Constitución Federal, son exclusivamente el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, y no los Municipios, por lo que al no tener el carácter de Poder el Municipio demandante, no está legitimado para hacer valer la instancia contemplada en el artículo 105 de la Constitución Federal, mismo que establece que corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocer de las controversias que se susciten entre '... dos Poderes de un mismo Estado, sobre la constitucionalidad de sus actos ...', por lo que no siendo el Municipio un Poder de acuerdo con el concepto que señala la Constitución, los actores no están legitimados para actuar en la presente controversia, por lo que solicitamos así se reconozca y se resuelva, oponiendo por ello la excepción de falta de legitimación activa. A mayor abundamiento, la reforma constitucional del artículo 105 publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 31 de diciembre de 1994, da competencia a ese alto tribunal para conocer las controversias entre el Estado y los Municipios; sin embargo, el artículo 8o. transitorio de la misma reforma, limita la vigencia de las reformas al precepto constitucional citado hasta que se expida una ley reglamentaria del mencionado numeral. En esta virtud y tomando en cuenta que a la fecha la ley reglamentaria antes mencionada no ha sido expedida, la reforma realizada al artículo 105 constitucional no ha entrado en vigor y, por consecuencia, el Municipio de Monterrey carece de legitimación activa para promover la presente controversia constitucional ante esa H. Suprema Corte de Justicia. Tiene aplicación en el caso la siguiente tesis de ese alto tribunal: 'CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES ENTRE LOS PODERES DE UN MISMO ESTADO. Al disponer el artículo 105 constitucional, que corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocer de las controversias que se susciten entre los Poderes de un mismo Estado, sobre la constitucionalidad de sus actos, presupone la existencia legal, indudable, sin discusión alguna, de esos Poderes, supuesto que el motivo o materia de la controversia, siempre debe ser la constitucionalidad de sus actos, y no es admisible la promoción de una controversia, por quien pretende poseer los atributos del Poder, sin que éste haya sido reconocido legalmente, ya que la controversia no puede entablarse con un Poder presunto, sino con los Poderes cuyo origen está fundado en las normas constitucionales y respecto de cuya legitimidad no existe asomo de duda, por tanto, Suprema Corte de Justicia (sic) no tiene competencia para resolver la controversia promovida por las personas que se dicen miembros de un Ayuntamiento, contra la legislatura de un Estado, que reconoció el triunfo de la planilla contraria a la formada por las citadas personas. Por otra parte, los Ayuntamientos no tienen carácter de Poder, en el sentido en que esta palabra está usada por el Constituyente; pues aun cuando la base de la división territorial y de la división política y administrativa de los Estados, es el Municipio libre, y aun cuando forman un organismo independiente del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, los Ayuntamientos carecen de jurisdicción sobre todo el territorio de un Estado, y tal extensión de jurisdicción es la que indiscutiblemente da a la Suprema Corte de Justicia, competencia para intervenir en las aludidas controversias; los Poderes a que se contrae el artículo 105 de la Constitución Federal, son exclusivamente el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, y los Municipios libres sólo forman la base de la división territorial y la organización democrática y política, en que los aludidos Poderes descansan; y el reconocimiento del Municipio libre, con derecho a ser administrado por un Ayuntamiento de elección popular y a disponer libremente de su Hacienda, no implica que adquiera todos los derechos y prerrogativas de un cuarto Poder, ya que, de acuerdo con los artículos 49, 50, 80, 94 y 115 de la Constitución Federal, el Supremo Poder de la Federación se divide en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que se depositan en un Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, un Congreso General y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Quinta Época, Tomo XLVIII, pág. 399, Controversia Constitucional 2/1936, entre el Ayuntamiento de Papantla, Veracruz contra la H. legislatura del mismo Estado. Promovido por Arturo Tremari y coags., en representación del Ayuntamiento. Unanimidad de 16 votos. Tesis relacionada con jurisprudencia 117/85.'. También resulta improcedente la demanda si se pretende fundamentarla en la fracción III del artículo 103 constitucional, porque éste se refiere a la competencia de los Tribunales de la Federación, a través del juicio de amparo, por actos de las autoridades de los Estados que invadan la esfera de las autoridades federales o de los actos de éstos que invadan las esferas de aquéllas, pero todo ello a través de la violación de garantías individuales, como ya se dijo, a través del juicio de amparo, por lo que tampoco puede fundamentarse la controversia en ese precepto constitucional. b) Consentimiento expreso. Resulta incuestionable el consentimiento expreso que las autoridades del Municipio de Monterrey han dado a la Ley que Crea las Juntas de Mejoramiento Moral, Cívico y Material dado que desde su publicación en el Periódico Oficial del Estado el 23 de diciembre de 1953, es decir, desde su entrada en vigor, y de las reformas constitucionales al artículo 115, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 3 de febrero de 1983, hasta la fecha de presentación de su controversia constitucional (20 de marzo de 1995), el Municipio de Monterrey ha estado aplicando el ordenamiento legal citado, sin objeción alguna, según se desprende de las actas levantadas con motivo del nombramiento de los miembros de la Directiva de las Juntas de Mejoramiento Moral, Cívico y Material, mismas que son firmadas por los presentes en la asamblea y el presidente municipal, en los términos del artículo 5o. de la ley referida, mismas que se ofrecen como prueba y se exhibirán en su oportunidad. De lo anterior se desprende la actitud incongruente de las autoridades municipales promoventes, al acudir ante ese máximo tribunal, manifestando una supuesta invasión de su soberanía municipal, cuando la multireferida legislación tiene 42 años vigente, la cual ha sido reiteradamente aplicada por la demandante, según se manifestó y demostró con anterioridad; por lo que consecuentemente debe sobreseerse la controversia constitucional que se contesta. A los hechos. En relación con el capítulo de Hechos de la demanda, las manifestaciones vertidas por los demandantes no pueden ser consideradas como hechos, ya que se limita en dicho capítulo a referir preceptos de la Ley que Crea las Juntas de Mejoramiento Moral, Cívico y Material en el Estado de Nuevo León, mismos que no están sujetos a prueba. A los conceptos de violación. Ahora bien, por lo que hace al capítulo de conceptos de violación, no es exacto que la ley en comento invada la acción que corresponda al Municipio y se constituyan en la misma a las Juntas de Mejoramiento Moral, Cívico y Material, como autoridades intermedias entre el Gobierno del Estado y la Administración PúblicaMunicipal. En efecto, las Juntas de Mejoramiento Moral, Cívico y Material no tienen el carácter de autoridades, ya que son órganos que simplemente representan a la comunidad, y su integración está claramente señalada por el artículo 4o. de la ley que las crea, en los siguientes términos: 'Para la integración de las Juntas a que esta ley se refiere, en cada Municipio el presidente municipal y un representante del C. gobernador del Estado convocarán a las personas residentes en la localidad y que más se hayan caracterizado por su honradez, moralidad y actividad en obras de beneficio colectivo, sin distinción alguna por razón de opinión, ideología, religión, edad, sexo o nacionalidad, debiéndose solicitar y recibir sin limitación alguna la cooperación de la mujer.'. Las Juntas de Mejoramiento Moral, Cívico y Material en el Estado de Nuevo León, por la naturaleza de su función, no pueden ser consideradas como autoridades, ya que tienen personalidad jurídica propia diferente a la del Estado y de los Municipios, y no reúnen las características propias de una autoridad, como son, entre otras, la de emitir decisiones unilaterales e imperativas y emplear medidas coercitivas para exigir su cumplimiento, por lo tanto, no se lesiona la autonomía municipal ni se contraviene lo dispuesto por la fracción I del artículo 115 constitucional, ya que es claro el precepto constitucional mencionado respecto al carácter de autoridad intermedia que prohíbe que exista entre la administración estatal y municipal. En efecto, el concepto de autoridad sólo debe referirse al ámbito público y no al privado, debiendo entenderse por una autoridad pública el Poder público en sí mismo o fuerza pública, el órgano del Estado a quien la ley le atribuye tal poder o fuerza, y es claro que la ley que crea las multireferidas Juntas no les confiere el carácter de autoridad y menos aún les otorga funciones que denoten esta naturaleza. Tiene aplicación en forma analógica la siguiente tesis. 'Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Época: 8a. Tomo: III Primera Parte. Página 248. RUBRO: CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA. NO ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. La circunstancia de que el artículo 33 de la Ley de Urbanización del Estado de Baja California, en vigor en el año de mil novecientos ochenta y siete, precise que los Consejos de Urbanización Municipales son organismos públicos descentralizados municipales, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tienen como finalidad representar y coordinar a los sectores económicos, sociales, profesionales y demás representativos de la comunidad, para llevar a cabo las obras de urbanización bajo el sistema de cooperación dentro de la jurisdicción municipal que les corresponda, no establece ni permite inferir que el Consejo de Urbanización Municipal de Tijuana, Baja California, sea autoridad para los efectos del juicio de amparo, pues en principio no se trata de un órgano del Estado, integrante de su gobierno, que imponga sus decisiones en forma unilateral, coercitiva e imperativa, dado que el artículo 35, fracción V, de la citada Ley de Urbanización del Estado de Baja California, lo faculta para formular las bases, expedir las convocatorias y dictar las decisiones relativas al concurso para la contratación de obras y servicios en el Municipio en que vayan a ser realizados, bajo el sistema de cooperación, conforme a la Ley de Obras Públicas correspondiente, y en la diversa fracción VIII del citado precepto y ordenamiento, se conceden a dicho consejo atribuciones para deducir las acciones sobre responsabilidades derivadas de los contratos que celebren. Amparo en revisión 2156/86. Constructora Esparta, S.A. de C.V. 19 de junio de 1989. Unanimidad de 4 votos. Ponente: Francisco Pavón Vasconcelos. Secretaria: María Eugenia Martínez Cardiel.'-Por otro lado, el precepto constitucional mencionado no reserva como facultad exclusiva del Municipio la organización y administración directa de la comunidad, pues ésta es una intervención que puede corresponder a los tres niveles de la administración pública, es decir, al ámbito federal, estatal o municipal, por lo que las disposiciones de la Ley que Crea las Juntas de Mejoramiento Moral, Cívico y Material en el Estado de Nuevo León, en nada vulneran la autonomía municipal, ya que la organización de la comunidad, como ya se dijo, no es privativa del Municipio. De todo lo anterior se desprende que es inexacta la afirmación de los reclamantes, de que constituyen una autoridad intermedia las Juntas de Mejoramiento Moral, Cívico y Material. Por otra parte, cabe señalar que en ninguna forma se impide el ejercicio de la libre administración de la Hacienda pública municipal, por el hecho de que el artículo 7o. de la Ley que Crea las Juntas de Mejoramiento Moral Cívico y Material en el Estado, señale que las Juntas de Mejoramiento, podrán allegarse sus propios recursos, y además pueden percibir y utilizar los imp

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4302-a82e5ba9/controversia-constitucional-autoridad-intermedia-prohibida-en-el-articulo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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