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Modo: Corpus Pro

RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. NO ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, PORQUE IMPONE MAYORES REQUISITOS QUE LA LEY DE AMPARO PARA LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 1352/98. · Registro digital (IUS): 5212
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: TEXCOM MEXICANA, S.A. DE C.V.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Octubre de 1998, , Pág. 1044.

AMPARO EN REVISIÓN 1352/98. TEXCOM MEXICANA, S.A. DE C.V.

CONSIDERANDO:

QUINTO.-Es fundado el único agravio aducido por la parte recurrente, pues, como lo sostiene, la Juez de Distrito incorrectamente determinó en la sentencia que se revisa sobreseer en el juicio de amparo, por estimar que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, toda vez que previamente a la interposición de dicho juicio la quejosa debió agotar el recurso ordinario previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, artículo 83, siendo que, tal precepto establece que ese medio de defensa es optativo para los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas.

En efecto, el artículo 83 de la invocada ley, establece lo siguiente:

"Artículo 83. Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, podrán interponer recurso de revisión o intentar las vías judiciales correspondientes."

De la transcripción anterior, se desprende que, como lo afirma la recurrente, el recurso de revisión establecido en el numeral en cuestión es optativo para los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o que resuelvan un expediente, en virtud de que señala que podrán interponer dicho medio ordinario de defensa o intentar las vías judiciales correspondientes y, por tanto, no establece la obligación de interponer ese recurso en contra de dichos actos, previamente a cualquier otro medio de defensa.

En la especie, el hoy recurrente eligió interponer el juicio de amparo en contra del oficio número 112.153 de tres de febrero de mil novecientos noventa y ocho, emitido por el director general de Política de Telecomunicaciones, a través del cual se desecha la solicitud que presentó para operar una comercializadora de servicios de telecomunicaciones, esto es, en contra de un acto emitido por una autoridad administrativa que pone fin a un procedimiento administrativo.

En consecuencia, es incorrecta la determinación de la a quo al señalar que previamente a la interposición del citado juicio debió la quejosa promover el recurso de revisión de mérito, pues como ya se señaló, el ordenamiento legal que regula ese medio ordinario de defensa, establece que se podrá interponer tal recurso o bien, intentar las vías judiciales correspondientes, en contra del citado acto.

Asimismo, al respecto cabe señalar que este órgano colegiado ha sostenido que no es necesario agotar el recurso de revisión previsto en la citada ley federal, ya que impone mayores requisitos que los que la Ley de Amparo establece para la suspensión del acto reclamado, toda vez que si bien el artículo 87 de dicho ordenamiento jurídico establece la posibilidad de suspender la ejecución del acto impugnado a través de ese medio legal de defensa, lo cierto es que al señalar como requisito para la medida suspensional la procedencia del recurso, establece una condición que no exige la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión, pues tal ordenamiento legal no la condiciona al hecho de que la demanda sea procedente y, por tanto, se actualiza una de las excepciones al principio de definitividad, contenida en el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo.

Apoya lo anterior, la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, agosto de 1997, página 800, cuyo rubro es: "LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE REVISIÓN EN LA. NO ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, PORQUE IMPONE MAYORES REQUISITOS QUE LA LEY DE AMPARO PARA LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO.".

En este orden de ideas, procede revocar la sentencia recurrida y, tomando en consideración que al decretar el sobreseimiento la Juez de Distrito por estimar que se actualizaba la aludida causal de improcedencia, no se ocupó de analizar las restantes causales de improcedencia alegadas por la autoridad responsable, este órgano colegiado se ocupará de su estudio y, en su caso, del relativo a los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 91, fracción III, de la Ley de Amparo.

SEXTO.-La autoridad responsable, al rendir su informe justificado aduce que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción II, de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado fue emitido en cumplimiento de una ejecutoria de amparo.

No se surte la causal de improcedencia alegada.

Del oficio número 112153 de tres de febrero de mil novecientos noventa y siete, reclamado en el presente juicio, se advierte que efectivamente se emitió en acatamiento a la sentencia ejecutoria dictada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en el amparo en revisión R.A. 2345/96, por la cual se confirmó la sentencia dictada por el Juez de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal en el juicio de amparo número 179/96, en la que se concedió a la hoy quejosa la protección constitucional.

Sin embargo, ello no hace improcedente el juicio de garantías a estudio, pues de la lectura de las citadas sentencias se desprende que la protección constitucional se otorgó pues en el oficio combatido a través del diverso juicio constitucional no se expresan los fundamentos y motivos por los que se debía esperar a que se emitiera la reglamentación que contuviera las bases para el otorgamiento de la autorización solicitada, ni el precepto invocado por la autoridad en ese acto se refiere a tales razones.

Luego entonces, si la ejecutoria de amparo, ordenó a la responsable emitir un nuevo oficio, debidamente fundado y motivado, como se desprende de la transcripción que de la sentencia del citado Juez de Distrito, realizó el mencionado Tribunal Colegiado, al confirmarla, sin que dicha ejecutoria vinculara a la autoridad responsable, el acto emitido en cumplimiento de esa ejecutoria, al ser dictada con libertad de jurisdicción, constituye un nuevo acto susceptible de combatirse a través del juicio de amparo por lo tanto no se actualiza la causal de improcedencia a estudio.

Apoya lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 19 sostenida por este Tribunal Colegiado, publicada en la página 286, del Tomo X, septiembre de 1992, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es: "IMPROCEDENCIA, NO SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE, PREVISTA EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO SE RECLAMA UNA RESOLUCIÓN EMITIDA EN CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA, QUE AMPARÓ ÚNICAMENTE POR VIOLACIONES FORMALES Y SE ATACA DE NUEVA CUENTA POR OTROS VICIOS.".

Finalmente, tampoco se actualiza la causal de improcedencia que hace valer la autoridad responsable, prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que, contrariamente a lo que sostiene, el acto reclamado en el presente juicio sí afecta el interés jurídico de la peticionaria del amparo, pues a través de aquél, como ya se precisó con antelación, se desecha la solicitud que presentó para operar una comercializadora de servicios de telecomunicaciones y, si bien es cierto que tal solicitud le confiere únicamente una expectativa de derechos y no así un derecho adquirido, lo cierto es que al resolverla en sentido desfavorable al que pretendía, es inconcuso que le ocasiona un perjuicio y, por ende, afecta su interés jurídico.

Al no existir alguna otra causal de improcedencia que amerite su estudio, ni que de oficio se advierta por este Tribunal Colegiado, de conformidad con lo dispuesto por el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, procede analizar los conceptos de violación.

SÉPTIMO.-Es fundado y suficiente para conceder la protección constitucional solicitada lo alegado por la impetrante del amparo en sus conceptos de violación, en el sentido de que el acto reclamado conculca en su perjuicio la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional, por carecer de la debida fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe revestir, al no señalar el precepto legal que establezca el desechamiento de la solicitud que presentó ante la autoridad, por no haber acreditado la persona que se ostentó como representante de la hoy empresa quejosa, a su juicio, su capacidad jurídica.

En efecto, el oficio reclamado dice textualmente lo siguiente: "Dirección General de Política de Telecomunicaciones.-112153.-México, D.F. Feb. 3 1997.-Lic. José Luis Gutiérrez Azpe.-Representante legal de Texcom Mexicana, S.A. de C.V.-Paseo de la Reforma No. 355.-Col. Cuauhtémoc.-06500-México, D.F.-En relación al juicio de amparo No. 179/96, promovido por Texcom Mexicana, S.A. de C.V., al respecto y en cumplimiento de la ejecutoria dictada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de fecha 23 de agosto de 1996, mediante el cual se ordena se emita otro oficio debidamente fundado y motivado; sobre el particular, le informó lo siguiente: La Comisión Federal de Telecomunicaciones con oficio No. CFT.047 de fecha 23 de enero de 1997, tuvo a bien evaluar y emitir opinión, en virtud del cual se resuelve la solicitud presentada por la empresa Texcom Mexicana, S.A. de C.V., para establecer y operar o explotar una comercializadora de servicios de telecomunicaciones, el que textualmente dice: En relación con su oficio 2.-1699 de 15 de noviembre de 1996, por medio del cual requiere que la Comisión Federal de Telecomunicaciones, proceda con la evaluación de la solicitud presentada por el C. José Luis Gutiérrez Azpe, en presunta representación de la empresa Texcom Mexicana, S.A. de C.V., por medio del cual solicita un permiso para establecer y operar o explotar una comercializadora de servicios de telecomunicaciones, se manifiesta lo siguiente: ‘Primeramente es oportuno señalar, que la mencionada solicitud se refiere a la necesidad de obtener un permiso para establecer una comercializadora de servicios de telecomunicaciones, el cual se encuentra regulado por el artículo 54 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, mismo que establece que dichos servicios se regirán por las disposiciones reglamentarias que se expidan al respecto, por lo que al no haberse dado dicho marco regulatorio no es posible evaluar dicha solicitud, sin que sea obstáculo para ello lo señalado en el artículo 3o. transitorio de la misma ley, respecto a que mientras se establecen nuevas disposiciones se aplicarán las vigentes en lo que no se opongan a la nueva ley, porque dicha figura de las comercializadoras de servicios de telecomunicaciones no se encontraba prevista con anterioridad a la Ley Federal de Telecomunicaciones.-Lo anterior implica que ante las solicitudes de este tipo de servicios, se debe reiterar que no es posible atender las mismas, ya que al no existir el marco regulatorio, es imposible saber si dicha solicitud cumple con los requisitos que no se han fijado legalmente, y más importante aún, no se conocen cuáles son las condiciones a que se someterá el permiso, por lo que se reitera que la secretaría deberá mantener el criterio de no entrar al estudio de estas solicitudes hasta en tanto no se exista la reglamentación específica.-No obstante ello, en atención a lo solicitado en el oficio señalado líneas arriba, se manifiesta que después del análisis preliminar de los documentos proporcionados, se desprende que el signatario pretende acreditar su representación con el documento notarial No. 37076 de 7 de octubre de 1994, pasado ante fe del notario público No. 103 del Distrito Federal, por medio del cual se otorga en su cláusula cuarta un poder especial a la persona señalada, al tenor literal siguiente: «... Cuarta. En este acto el señor licenciado José Luis Gutiérrez Azpe, en su carácter de delegado especial de Texcom Mexicana, Sociedad Anónima de Capital Variable, otorga a favor de los señores Rodolfo Kammerer, Carlos Lillo, licenciados Bill F. Kryzda y José Luis Gutiérrez Azpe, para que lo ejerciten individualmente, un poder especial en los siguientes términos: a) Poder especial en cuanto a su objeto, pero tan amplio como en derecho proceda y sin limitación alguna en cuanto a las facultades que comprende, para que a nombre y representación de la sociedad comparezca ante cualquier secretaría o agencia del Gobierno Federal, incluyendo a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y demás dependencias gubernamentales, federales, estatales o locales, así como empresas paraestatales y privadas, para realizar todos los trámites necesarios y suscribir toda la documentación requerida, relacionados con la instalación, operación y explotación de sistemas de telecomunicaciones.».-De lo anteriormente transcrito, se desprende que la representación concedida al C. José Luis Gutiérrez Azpe, es insuficiente para que dicha persona acuda a solicitar el permiso para explotar una comercializadora de servicios, pues al ser limitado en cuanto a su objeto, dicho poder no tiene aplicación para otro diferente al cual se concedió y por tanto al carecer de poder suficiente para hacer la solicitud de que se trata se sugiere que se proceda a desechar la mencionada solicitud, además de que no se acredita con el acta en comento que el delegado especial tenga facultades para que, con tal carácter pueda otorgar poderes, por lo que dicha solicitud no fue presentada en forma legal.-Por otro lado, la escritura 37762 de 11 de noviembre de 1994, por la que se protocoliza el acta de asamblea extraordinaria, en la que se modifican los estatutos para ampliar el objeto social, la misma no es suficiente para acreditar el objeto de la sociedad, ya que no se contempla en el mismo la prestación del servicio de comercializadora de servicios de telecomunicaciones.-Es importante destacar que, al no haberse acompañado la documentación correspondiente a las personas morales que integran a la empresa Texcom Mexicana, S.A. de C.V., no se está en posibilidad de evaluar si la solicitante se encuentra en los supuestos previstos en el artículo 53 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, que establece que los concesionarios de redes públicas no podrán participar directa o indirectamente en el capital de una empresa comercializadora, salvo aprobación expresa de la secretaría.-Lo anterior se comunica de conformidad con los artículos 37 bis, fracción V del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, segundo fracción IV, del Decreto de Creación de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, 17, fracción I del Reglamento Interno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, 24 fracción VI, en relación con los diversos 31 y 32 de la Ley Federal de Telecomunicaciones.-Atentamente.-Sufragio Efectivo. No Reelección.-El presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones.-Rúbrica.-Lic. Carlos Casasus López Hermosa.’.-Por lo expuesto y debidamente motivado y fundado esta dirección general, con fundamento en lo señalado en los artículos 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 24 fracción VI, 31 fracción I y 32 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 23 fracción II del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, he tenido a bien dictar el siguiente análisis resolutivo: Primero.-Esta dependencia del Ejecutivo Federal, hace suya como resolución definitiva, la opinión emitida por la Comisión Federal de Telecomunicaciones contenida en el oficio No. CFT.047 de fecha 23 de enero de 1997.-Segundo.-En términos de lo expuesto, la representación concedida al C. José Luis Gutiérrez Azpe, es insuficiente para que dicha persona, acuda, a solicitar el permiso para explotar una comercializadora de servicios, pues al ser limitado en cuanto a su objeto, dicho poder, no tiene aplicación para otro diferente al cual se concedió, además de que no acredita con el acta notarial No. 37076, que el delegado especial tenga facultades para que, con tal carácter, pueda otorgar otros poderes, incumpliendo con lo dispuesto en el artículo 24 fracción VI de la Ley Federal de Telecomunicaciones; por tal motivo, se desecha la solicitud por no haber acreditado el promovente su capacidad jurídica, por lo que no se entra a la evaluación y análisis de las especificaciones técnicas del proyecto, ni de la capacidad financiera y administrativa de la promovente.-Atentamente.-Sufragio Efectivo. No Reelección.-El director general.-Luis Alegre Salazar.".

De la transcripción anterior se desprende que la autoridad citó como fundamento de su resolución los artículos 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 24, fracción VI, 31 fracción I y 32 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 23, fracción II del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Los citados artículos establecen lo siguiente:

"Artículo 36. A la Secretaría de Comunicaciones y Transportes corresponde el despacho de los siguientes asuntos: I. Formular y conducir las políticas y programas para el desarrollo del transporte y las comunicaciones de acuerdo a las necesidades del país; II. Regular, inspeccionar y vigilar los servicios públicos de correos y telégrafos y sus servicios diversos; conducir la administración de los servicios federales de comunicaciones eléctricas y electrónicas y su enlace con los servicios similares públicos concesionados con los servicios privados de teléfonos, telégrafos e inalámbricos y con los estatales y extranjeros; así como del servicio público de procesamiento remoto de datos; III. Otorgar concesiones y permisos previa opinión de la Secretaría de Gobernación, para establecer y explotar sistemas de servicios telegráficos, telefónicos, sistemas y servicios de comunicación inalámbrica por telecomunicaciones y satélites, de servicio público de procesamiento remoto de datos, estaciones de radio experimentales, culturales y de aficionados y estaciones radiodifusoras comerciales y culturales; así como vigilar el aspecto técnico del funcionamiento de tales sistemas, servicios y estaciones; IV. Otorgar concesiones y permisos para establecer y operar servicios aéreos en el territorio nacional, fomentar, regular y vigilar su funcionamiento y operación, así como negociar convenios para la prestación de servicios aéreos internacionales; V. Regular y vigilar la administración de los aeropuertos nacionales, conceder permisos para la construcción de aeropuertos particulares y vigilar su operación; VI. Administrar la operación de los servicios de control de tránsito, así como de información y seguridad de la navegación aérea; VII. Construir vías férreas, patios y terminales de carácter federal para el establecimiento y explotación de ferrocarriles, y vigilancia técnica de su funcionamiento y operación; VIII. Regular y vigilar la administración del sistema ferroviario; IX. Otorgar concesiones y permisos para la explotación de servicios de autotransporte en las carreteras federales y vigilar técnicamente su funcionamiento y operación, así como el cumplimiento de las disposiciones legales respectivas; X. Realizar la vigilancia en general y el servicio de policía en las carreteras federales; XI. Participar en los convenios para la construcción y explotación de los puentes internacionales; XII. Fijar normas técnicas del funcionamiento y operación de los servicios públicos de comunicaciones y transportes y las tarifas para el cobro de los mismos, así como otorgar concesiones y permisos y fijar las tarifas y reglas de aplicación de todas las maniobras y servicios marítimos, portuarios, auxiliares y conexos relacionados con los transportes o las comunicaciones; y participar con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el establecimiento de las tarifas de los servicios que presta la administración pública federal de comunicaciones y transportes; XIII. Fomentar la organización de sociedades cooperativas cuyo objeto sea la prestación de servicios de comunicaciones y transportes; XIV. Regular, promover y organizar la marina mercante; XV. Establecer los requisitos que deban satisfacer el personal técnico de la aviación civil, marina mercante, servicios públicos de transporte terrestre y telecomunicaciones, así como conceder las licencias y autorizaciones respectivas; XVI. Regular las comunicaciones y transportes por agua; XVII. Inspeccionar los servicios de la marina mercante; XVIII. Construir, reconstruir y conservar las obras marítimas, portuarias y de dragado, instalar el señalamiento marítimo y proporcionar los servicios de información y seguridad para la navegación marítima; XIX. Adjudicar y otorgar contratos, concesiones y permisos para el establecimiento y explotación de servicios relacionados con las comunicaciones por agua; así como coordinar en los puertos marítimos y fluviales las actividades de servicios marítimos y portuarios, los medios de transporte que operen en ellos y los servicios principales, auxiliares y conexos de las vías generales de comunicación para su eficiente operación y funcionamiento, salvo los asignados por la Secretaría de Marina; XX. Administrar los puertos centralizados y coordinar los de la administración paraestatal, y otorgar concesiones y permisos para la ocupación de las zonas federales dentro de los recintos portuarios; XXI. Construir y conservar los caminos y puentes federales, incluso los internacionales; así como las estaciones y centrales de autotransporte federal; XXII. Construir y conservar caminos y puentes, en cooperación con los gobiernos de las entidades federativas, con los Municipios y los particulares; XXIII. Construir aeropuertos federales y cooperar con los Gobiernos de los Estados y las autoridades municipales, en la construcción y conservación de obras de ese género; XXIV. Otorgar concesiones o permisos para construir las obras que le corresponda ejecutar; XXV. Cuidar de los aspectos ecológicos y los relativos a la planeación del desarrollo urbano, en los derechos de vía de las vías federales de comunicación; XXVI. Promover y, en su caso, organizar la capacitación, investigación y el desarrollo tecnológico en materia de comunicaciones y transportes, y XXVII. Los demás que expresamente le fijen las leyes y reglamentos."

"Artículo 24. Los interesados en obtener una concesión para instalar, operar o explotar redes públicas de telecomunicaciones, deberán presentar, a satisfacción de la secretaría, solicitud que contenga como mínimo: ... VI. La documentación que acredite su capacidad financiera, técnica, jurídica y administrativa ..."

"Artículo 31. Se requiere permiso de la secretaría para: ... I. Establecer y operar o explotar una comercializadora de servicios de telecomunicaciones sin tener el carácter de red pública, ..."

"Artículo 32. Los interesados en obtener permiso deberán presentar solicitud a la secretaría, la cual contendrá, en lo conducente, lo establecido en el artículo 24. La secretaría analizará y evaluará la documentación correspondiente a la solicitud a que se refiere el párrafo anterior en un plazo no mayor de 90 días naturales, dentro del cual podrá requerir a los interesados información adicional.-Una vez cumplidos, a satisfacción, los requisitos a que se refiere el artículo anterior, la secretaría otorgará el permiso correspondiente."

"Artículo 23. Corresponde a la Dirección General de Política de Telecomunicaciones: ... II. Previa opinión de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, analizar las solicitudes de otorgamiento, modificación, cesión y prórroga de las concesiones, asignaciones y permisos en materia de telecomunicaciones; ..."

De las transcripciones que anteceden, no se desprende que los artículos en que apoyó la responsable su determinación se refieran al desechamiento de una solicitud, en concreto de la relativa para operar una comercializadora de servicios de telecomunicaciones, pues únicamente se refieren a los asuntos que corresponde conocer a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; los requisitos que deben contener las solicitudes para obtener una concesión para instalar, operar o explotar redes públicas de telecomunicaciones; las actividades que requieren permiso de la citada secretaría; así como las facultades de la Dirección General de Política de Telecomunicaciones, entre las que se encuentran, el analizar las solicitudes de otorgamiento de las concesiones y permisos en materia de telecomunicaciones, previa opinión de la Comisión Federal de Telecomunicaciones.

Luego entonces, es inconcuso que, como lo reclama la quejosa, la autoridad en ningún momento fundó y motivó debidamente la procedencia de desechamiento que determinó y, por tanto, viola en su perjuicio el invocado numeral 16 constitucional, pues en la especie la autoridad no cita el precepto legal aplicable al caso.

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 260, consultable en la página 165, Tomo VI, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.".

Al respecto, es importante señalar que incluso el artículo 32 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, transcrito con antelación, establece que los interesados en obtener permiso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, deberán presentar solicitud, conforme al artículo 24 de la propia ley, y la secretaría analizará y evaluará la documentación correspondiente, en un plazo no mayor a noventa días naturales, dentro del cual podrá requerir a los interesados información adicional y, una vez satisfechos los requisitos a que se refiere la propia ley, otorgará el permiso relativo.

Por consiguiente, si a juicio de la autoridad, como ya se ha visto, el poder que exhibió la hoy quejosa para acreditar la personalidad de quien se ostentó como representante legal de aquélla para solicitar el permiso para explotar una comercializadora de servicios, era insuficiente, por los motivos que expuso en el acto reclamado; de conformidad con el artículo 32 en cita debió requerirla y no así desechar la solicitud que presentó.

En estas condiciones, procede conceder la protección constitucional solicitada, para el efecto de que se deje insubsistente el acto reclamado y, en su lugar, se emita uno nuevo debidamente fundado y motivado.

Al haber resultado fundado el concepto de violación a estudio, es innecesario el estudio de los restantes, conforme al criterio contenido en la jurisprudencia número tres, visible a fojas ocho del Informe 1982, Segunda Parte, cuyo rubro es: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ESTUDIO INNECESARIO DE LOS.".

Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 83, 85, 90, 91 y 192 de la Ley de Amparo se resuelve:

PRIMERO.-Se revoca la sentencia recurrida.

SEGUNDO.-La Justicia de la Unión ampara y protege a Texcom Mexicana, S.A. de C.V., en contra de la autoridad y por el acto precisados en el resultando primero de este fallo, y para los efectos de su último considerando.

Notifíquese; con testimonio de la presente resolución, devuélvanse los autos al juzgado de su origen y, en su oportunidad, archívese este asunto.

Así por unanimidad de votos de los señores Magistrados: Carlos Amado Yáñez (presidente), María Antonieta Azuela de Ramírez, y Arturo Iturbe Rivas (ponente), lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5212-e712d7e4/recurso-de-revision-previsto-en-la-ley-federal · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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