ACTIVO. LOS ARTÍCULOS 1o. Y 5o.-B DE LA LEY DE DICHO IMPUESTO, QUE ESTABLECEN LA DETERMINACIÓN DE LA BASE DEL TRIBUTO A CARGO DE LAS EMPRESAS QUE COMPONEN EL SISTEMA FINANCIERO, NO CONCULCAN EL ARTÍCULO 28 CONSTITUCIONAL, EN CUANTO ÉSTE PROHÍBE LA EXENCIÓN DE IMPUESTOS.
AMPARO EN REVISIÓN 3000/96. PRODUCTOS HOLA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.
CONSIDERANDO:
TERCERO.-El Juez Federal, cuya sentencia se revisa, sobreseyó el juicio en virtud de que la quejosa no acreditó su interés jurídico ya que no demostró encontrarse bajo los supuestos de la ley que reclama de inconstitucional, pues no es una empresa que compone el sistema financiero.
La parte recurrente aduce que sí acreditó el interés jurídico para promover el juicio, toda vez que de la apreciación en conjunto de las constancias y pruebas ofrecidas en aquél, se advierte que se encuentra bajo el supuesto legal comprendido en el artículo 1o. de la Ley del Impuesto al Activo y, en consecuencia, del 5o.-B, el cual contiene la interpretación del "activo no sujeto a intermediación financiera", puesto que demostró haber efectuado el pago provisional en el mes de mayo de mil novecientos noventa y seis, así como que realiza actividades empresariales con activos, al propio tiempo, la recurrente expresa que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que cuando un contribuyente impugne un precepto de la ley por contener violación al principio de equidad y proporcionalidad, o por establecer exenciones injustas, o limitaciones al objeto que pueden consistir en una exención parcial, los gobernados sí tienen interés jurídico para impugnar tal precepto aunque no sean los sujetos beneficiarios o indicados en tales exenciones o limitaciones al objeto, toda vez que sería ilógico que un sujeto beneficiado con una situación de exención, o de limitación a su base del impuesto resienta un perjuicio en su esfera jurídica, ya que lo lógico es que sean los gobernados que se consideran agraviados o perjudicados (al no existir motivos que lo justifiquen, a la luz de los principios de equidad y proporcionalidad en materia fiscal), con la creación de disposiciones que estiman otorgan un tratamiento fiscal injusto, al permitir a otros contribuyentes cumplir con el impuesto al activo, con base diversa al resto de los demás contribuyentes, los que válidamente pueden acudir a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal.
El agravio relatado es fundado y suficiente para revocar la sentencia recurrida.
Ello es así, ya que la empresa recurrente aportó la declaración denominada "pagos provisionales, parcialidades y retenciones de impuestos federales", presentada el día diecisiete de junio de mil novecientos noventa y seis ante Banamex, correspondiente al periodo de mayo de ese año, en cuyo rubro de impuesto al activo se observa que declaró como tal la cantidad de 6155 (foja 31 del expediente de amparo).
La documental de que se trata, valorada por este Tribunal Pleno de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles hace prueba plena de que la quejosa tiene activos lo que es suficiente para concluir que sí acreditó su interés jurídico.
Lo anterior es así ya que la recurrente reclama la Ley que modifica a las diversas de los Impuestos sobre la Renta, al Activo, Especial sobre Producción y Servicios y Federal de Derechos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de mayo de mil novecientos noventa y seis, en lo que se refiere a las adiciones del artículo primero, con un tercer párrafo y de un nuevo artículo 5o.-B, de la Ley del Impuesto al Activo, porque considera que quebranta el principio de equidad tributaria consagrado en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución, al establecer exenciones injustas o limitaciones al objeto que permiten a otros contribuyentes cumplir con el impuesto al activo con base diversa al resto de los demás contribuyentes; por lo que si demuestra que es una persona moral mercantil que cuenta con activos, ello es una razón jurídica suficiente para que se le reconozca el interés jurídico que tiene para promover el juicio de amparo, sin importar que los actos reclamados sean dirigidos a las empresas que componen el sistema financiero, ya que justamente los combate porque los considera inequitativos.
Por tanto, al resultar fundado el agravio analizado en el sentido de que la recurrente sí tiene interés jurídico para reclamar los artículos 1o., tercer párrafo y 5o.-B de la Ley del Impuesto al Activo, lo procedente es entrar al análisis de las demás causas de improcedencia hechas valer por el procurador fiscal de la Federación en representación del presidente de la República y en ausencia del secretario de Hacienda y Crédito Público.
CUARTO.-Las autoridades responsables plantean que procede sobreseer el juicio con fundamento en el artículo 73, fracción XI, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 74, fracción III, del mismo ordenamiento, ya que lo establecido en los artículos 1o., tercer párrafo y 5o.-B reclamados de la Ley del Impuesto al Activo se encontraba ya inmerso dentro de lo dispuesto por esa ley, por lo que al no haber impugnado dicho ordenamiento con anterioridad, consintió la constitucionalidad de los preceptos ahora reclamados. Que el artículo 6o., fracción II, de la ley ahora derogada, exentaba del pago a las empresas del sistema financiero, de tal forma que si en la actualidad sólo quedan obligadas al pago del impuesto únicamente por el activo no afecto a su intermediación financiera, es claro que dicha circunstancia estaba contenida en mayor medida en la ley, por lo que si la quejosa ha venido realizando el pago del impuesto ha consentido el tratamiento diferencial que el legislador ha otorgado a dichas empresas.
La anterior causal de improcedencia es infundada.
En efecto, si bien es cierto la empresa recurrente manifestó haber pagado el impuesto al activo para el año de mil novecientos noventa y cinco (foja 5, párrafo segundo, del expediente de amparo) ello no implica que hubiere consentido los actos que ahora reclama consistentes en los artículos 1o., tercer párrafo y 5o.-B reformados mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación el diez de mayo de mil novecientos noventa y seis.
Esto es así, ya que si bien el artículo 6o., fracción II, de la Ley del Impuesto al Activo, fracción ahora derogada, establecía que no pagarían el impuesto al activo las empresas que componen el sistema financiero, el artículo 1o., en su tercer párrafo y el 5o.-B reclamados establecen que las empresas que componen el sistema financiero están obligadas al pago del impuesto por su activo no afecto a su intermediación financiera, estableciéndose en el artículo 5o.-B cuáles son dichos activos; cuestión que en modo alguno estaba contenida en el artículo 6o., fracción II derogada, pues en este último caso se trata de una exención total y en los artículos reclamados se trata, no de una exención, sino de una disposición que se aplica directamente a la base del impuesto, disminuyéndola, mecanismo fiscal, esencialmente diverso, aunque en la práctica represente para la quejosa una reducción del impuesto a pagar en relación con los demás contribuyentes.
Por otra parte, y a mayor abundamiento, aunque se tratase de unos numerales con un nuevo contenido que sea idéntico o similar al del artículo derogado (artículo 6o., fracción II) de la ley reclamada, el juicio de garantías procedería igualmente, ya que se trataría de un acto legislativo distinto.
Es aplicable a la anterior consideración la tesis P. CXXXIX/96 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Pleno, Tomo IV, correspondiente a noviembre de 1996, página 92, que a la letra dice:
"LEYES, AMPARO CONTRA. CUANDO SE REFORMA UNA LEY DECLARADA INCONSTITUCIONAL O SE SUSTITUYE POR UNA DE CONTENIDO SIMILAR O IGUAL, PROCEDE UN NUEVO JUICIO POR TRATARSE DE UN ACTO LEGISLATIVO DISTINTO.-De acuerdo con el principio de relatividad de las sentencias que rige en el juicio de amparo, por cuya virtud el efecto protector de aquéllas únicamente alcanza al texto legal que fue materia de análisis en el juicio, no así a sus reformas ni a una ley posterior que reproduzca su contenido, debe estimarse procedente el juicio de garantías que se intente en contra de la reforma de una ley ya declarada inconstitucional respecto del quejoso, cualesquiera que sean sus similitudes o diferencias esenciales o accidentales con el texto anterior, pues además de que se trata de actos legislativos diversos, en cuanto constituyen distintas manifestaciones de la voluntad del órgano respectivo, el principio de seguridad jurídica exige que sea el Juez Federal quien en un nuevo proceso califique la regularidad constitucional del texto reformado o sustituido del ya analizado, para evitar que esta cuestión quede abierta a la interpretación subjetiva de las partes y que el quejoso quede en estado de indefensión, en cuanto carezca de la vía adecuada para hacer valer la identidad esencial existente entre el texto original y el texto posterior, considerando que tal materia no podría ser objeto de análisis a través de los procedimientos previstos en la Ley de Amparo para decidir sobre el cumplimiento de una sentencia protectora, como son los referentes al incidente de inejecución, a la queja por el defecto o exceso, o al incidente de repetición del acto reclamado, ninguno de los cuales permite censurar los nuevos actos de autoridad legislativa, ya que ésta, en términos del citado principio de relatividad, no está limitada en su actuación por la sentencia de amparo."
Ahora bien, habiendo resultado fundados los agravios hechos valer e infundadas las causales de improcedencia planteadas, lo procedente es, de conformidad con el artículo 91, fracción I, de la Ley de Amparo, analizar los conceptos de violación.
QUINTO.-En su primer concepto de violación la parte quejosa aduce que los artículos reclamados violan el principio de equidad consagrado en el artículo 31, fracción IV de la Constitución ya que las categorías de contribuyentes deben hacerse con criterios objetivos sin quebrantar el principio de equidad, criterios que no existen al consignarse diversas limitaciones en el quántum de la base del impuesto al activo de las empresas que componen el sistema financiero, frente a las demás personas morales, como es la quejosa.
Es infundado el argumento jurídico de referencia, porque el Tribunal Pleno en sesión celebrada el día diez de julio de mil novecientos noventa y siete al resolver los amparos en revisión números 2648/96, 335/96, 2164/96, 2986/96 y 65/97, por mayoría de nueve votos, determinó que los artículos 1o. y 5o.-B de la Ley del Impuesto al Activo, que establecen un régimen especial para la determinación de la base del tributo a cargo de las empresas que componen el sistema financiero no violan el principio de equidad tributaria (legislación vigente a partir del once de mayo de mil novecientos noventa y seis), sustentando su decisión en:
"... este Tribunal Pleno considera que los artículos 1o. y 5o.-B de la Ley del Impuesto al Activo, no infringen el principio de equidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución General de la República, puesto que el trato especial otorgado a las empresas que componen el sistema financiero, para determinar la base gravable del impuesto al activo, se encuentra justificado por las siguientes razones:
"1) No se desprende que se exenten las propiedades de las empresas que componen el sistema financiero del impuesto al activo, sino que, por el contrario, lo que se establece es que aquellos bienes que no respalden obligaciones con terceros con motivo del desarrollo de su actividad de intermediación financiera, se considerarán como activos no afectos a la mencionada actividad; en otras palabras, aquellos bienes que no se encuentran en esta hipótesis, se considerarán como activos para efecto de dicho impuesto.
"2) La Ley del Impuesto al Activo otorga un trato diverso a las empresas financieras, porque son diferentes a los contribuyentes que no se encuentran dentro de tal sistema, ya que aquéllos tienen como función operar como agentes intermediarios de crédito y como tales, poseen activos propios y ajenos provenientes del ahorro y del depósito de terceros; por tanto, si tales empresas pagaran el impuesto al activo financiero, por dichos bienes, se gravaría con el mismo tributo a dos o más contribuyentes por los mismos recursos, según figuraran como activos del ente financiero, del que obtiene un préstamo y del depositante corriéndose el riesgo de incluir recursos de ahorradores, que ni siquiera son sujetos del gravamen.
"3) Las empresas que componen el sistema financiero reúnen características sui generis que las diferencian objetivamente de la generalidad de los causantes y justifican el trato desigual que implica la forma especial de determinación de la base del tributo del pago del impuesto que establece la Ley del Impuesto al Activo; por lo tanto, las empresas que componen el sistema financiero, por sus características y por la naturaleza de sus actividades, están en situaciones distintas de las del resto de los contribuyentes de este impuesto, por lo cual ameritan un tratamiento fiscal desigual; es cierto que al excluir de la base impositiva los activos financieros, los activos fijos, gastos y cargos diferidos que respalden obligaciones con terceros resultantes del desarrollo de su actividad de intermediación financiera, se da un trato desigual a dichas empresas, pero igualmente cierto resulta que ese trato no es privilegiado, como ya se indicó.
"Las diferencias existentes entre las sociedades que componen el sistema financiero y las demás empresas que cuentan con activos, por cuanto las primeras se encuentran sometidas a reglas específicas de control financiero y contable que inciden directamente en el volumen, naturaleza y valor de sus activos, dan sustento a este Tribunal Pleno para considerar, se insiste, que las peculiaridades descritas de tales instituciones justifican plenamente que el legislador les otorgue un trato diverso en cuanto a la determinación de la base gravable del impuesto al activo.
"El hecho de que el impuesto al activo sea de control y tenga como finalidad extrafiscal la eficiencia empresarial, no significa, como incorrectamente lo pretende la empresa quejosa, que el legislador tenga que tratar a las empresas que componen el sistema financiero, de la misma manera que al resto de las empresas que, como la promovente del amparo, no realizan actividad de intermediación financiera, ya que, como se vio, el tratamiento desigual obedece a su diversa colocación jurídica."
Dicho pronunciamiento dio lugar a la elaboración de la tesis jurisprudencial, consultable en la página número 5, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, octubre de 1997, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente:
"ACTIVO. LOS ARTÍCULOS 1o. Y 5o.-B DE LA LEY RELATIVA A ESE IMPUESTO, QUE ESTABLECEN UN RÉGIMEN ESPECIAL PARA LA DETERMINACIÓN DE LA BASE DEL TRIBUTO A CARGO DE LAS EMPRESAS QUE COMPONEN EL SISTEMA FINANCIERO, NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 11 DE MAYO DE 1996).-Los artículos 1o., párrafo tercero, y 5o.-B de la Ley del Impuesto al Activo establecen un régimen especial para las empresas que componen el sistema financiero, en cuanto a la determinación de la base gravable del impuesto, en la medida de que el precepto citado en primer término dispone que las empresas indicadas están obligadas al pago del tributo por su activo no afecto a la intermediación financiera, a diferencia del régimen que en ese aspecto rige para los demás contribuyentes, que deben pagar respecto de la totalidad de sus activos, pero este tratamiento especial concedido a las empresas que integran el sistema financiero es acorde al principio constitucional de equidad tributaria: a) porque vincula a todas las empresas que están incluidas dentro de dicho sistema; y, b) porque tales empresas forman parte de un grupo de contribuyentes con características tan peculiares que se consideran suficientes para justificar el trato desigual existente en la determinación de la base gravable. Así, los conceptos que inciden esencialmente en la distinción entre las empresas que componen el sistema financiero, y el resto de los contribuyentes, radica en lo siguiente: 1) la actividad de intermediación financiera que realizan requiere de autorización, cumplimiento de múltiples requisitos y vigilancia constante de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; 2) en los artículos 52 al 54-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el legislador estableció un tratamiento especial para algunas de las empresas del sistema financiero, respecto a la determinación de la base gravable; y 3) los activos afectos a la intermediación financiera no son recursos propios de las empresas del sistema financiero, de tal manera que si esas empresas consideran aquellos activos dentro de su base gravable, se correría el riesgo de gravar con un mismo tributo a dos o más contribuyentes por los mismos recursos, según figuran como activos del ente financiero, del que obtuviere un préstamo y del depositante. Por tanto, los artículos 1o., último párrafo y 5o.-B de la Ley del Impuesto al Activo, al prever un tratamiento especial para el cálculo de la base gravable del impuesto al activo a cargo de las empresas que componen el sistema financiero, no son contrarios al principio de equidad tributaria previsto en la fracción IV del artículo 31 constitucional."
En consecuencia, con base en lo anterior es dable concluir que los artículos 1o., párrafo tercero y 5o.-B, de la Ley del Impuesto al Activo, cumplen con el requisito de equidad tributaria, al establecer un tratamiento especial a las empresas que componen el sistema financiero en cuanto a la determinación de la base de su activo, pues la situación jurídico-fiscal de estas empresas está rodeada de características particulares objetivas que, indiscutiblemente, las distinguen del resto de los contribuyentes, como es el caso de la empresa quejosa.
Por otra parte, son inatendibles los argumentos de la quejosa en el sentido de que el estricto control existente hacia las instituciones de crédito responde a la actividad que desarrollan, por lo que resulta extraño que se pretenda justificar la exención del tributo a las empresas financieras en el control al que están sujetas, sin que exista en la especie notorio beneficio social y económico para crear una limitación a la base del impuesto al activo de las empresas que componen el sistema financiero.
Ello es así ya que la parte quejosa informa este agravio transcribiéndolo textualmente de las consideraciones vertidas por este Tribunal Pleno en el amparo en revisión 749/91, promovido por Compañía Harinera de La Laguna, Sociedad Anónima de Capital Variable, en el cual se concedió el amparo solicitado respecto de la exención establecida en el artículo 6o., fracción I, de la Ley del Impuesto al Activo, respecto de las empresas que integran el sistema financiero mexicano, numeral que no es el reclamado en esta oportunidad, además de que en aquella ocasión, se combatió la inequidad de la exención y ahora se combate la inequidad del precepto que establece como activos no gravados de las empresas que componen el sistema financiero aquellos afectos a su intermediación financiera; cuestión esencialmente diversa.
En su segundo concepto de violación la parte quejosa aduce que los preceptos reclamados violan el artículo 28 constitucional el cual establece que "En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes ..."; toda vez que, el señalar, la limitación en la integración de la base del impuesto al activo otorgado al sistema financiero, implica exenciones subjetivas prohibidas por el precepto antecitado.
El anterior agravio es infundado, en virtud de que en el caso específico no se trata de una exención del impuesto, pues según se desprende del tercer párrafo del artículo 1o. de la Ley del Impuesto al Activo, las empresas que componen el sistema financiero están obligadas al pago del impuesto por su activo no afecto a su intermediación financiera, por lo que es inconcuso que no se les favorece con exención alguna.
Por otra parte, el hecho de que se establezca en el tercer párrafo transcrito, que las empresas que componen el sistema financiero están obligadas al pago del impuesto por su activo no afecto a su intermediación financiera, ello no constituye una exención en virtud de que éstas implican, en el caso, que los activos de que se trata se encuentren dentro de la hipótesis de causación, es decir, primeramente estén gravados y, en atención a sus circunstancias especiales y particulares, al contribuyente se le releve de enterar el crédito tributario por encontrarse en situación de privilegio o franquicia.
Supuesto que no es el que se presenta en la especie, ya que, en el caso, dentro de las hipótesis de causación establecidas en el tercer párrafo del artículo 1o. reclamado, no se encuentran contenidos los activos afectos a la intermediación financiera, por lo que en el caso estamos ante unos activos no gravados, pero en forma alguna ante activos exentos o una exención, pues ello presupondría que el ingreso estuviera gravado, extremo que no acontece.
Así pues, el agravio hecho valer en el sentido de que los artículos reclamados violan el artículo 28 constitucional en cuanto prohíbe la exención de impuestos, es infundado, pues como se ha visto se está ante activos no gravados, y no ante activos exentos.
Es aplicable a la anterior consideración, la tesis de jurisprudencia número 490 publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo III, Materia Administrativa, página 355, que a la letra dice:
"IMPUESTOS, CAUSANTES DE, Y CAUSANTES EXENTOS, CONCEPTO.-Causante es la persona física o moral que, de acuerdo con las leyes tributarias se ve obligada al pago de la prestación determinada a favor del fisco; esa obligación deriva de que se encuentra dentro de la hipótesis o situación señalada en la ley, esto es, cuando se realiza el hecho generador del crédito. No causante, lógicamente, es la persona física o moral cuya situación no coincide con la que la ley señala como fuente de un crédito o prestación fiscal. Sujeto exento es la persona física o moral cuya situación legal normalmente tiene la calidad de causante, pero que no está obligado a enterar el crédito tributario, por encontrarse en condiciones de privilegio o franquicia."
Por lo tanto, como ya se dejó precisado, es infundado el argumento de la quejosa ya que no se está ante una exención del impuesto al activo como lo señala, sino ante un activo no gravado.
Idéntico criterio fue adoptado por el Tribunal Pleno al resolver por mayoría de nueve votos, los amparos en revisión números A.R. 2994/96, A.R. 263/97, A.R. 3050/96 y A.R. 510/97, en sesión pública de diez de julio de mil novecientos noventa y siete.
En su tercer concepto de violación la parte quejosa argumenta que la limitación en la integración de la base del impuesto al activo otorgada al sistema financiero implica una situación legislativa privativa en favor de entidades del sistema financiero, sin que existan razones que lo justifiquen, violándose por ello el artículo 13 constitucional.
Este agravio es infundado ya que si bien es cierto los artículos reclamados se refieren a las empresas que componen el sistema financiero, ello no convierte a la ley en privativa, toda vez que comprende a todos los individuos que integren el sistema financiero, por lo que el precepto es de aplicación general y abstracta, e impersonal, para aquellos sujetos que se encuentren dentro del supuesto legal, sin contraerse a un caso concreto y determinado y sin que estas disposiciones se apliquen a una persona particular, o una empresa en lo individual.
Es aplicable a la anterior consideración la tesis de jurisprudencia número 222 publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo I, Materia Constitucional, páginas 211 y 212, que a la letra dice:
"LEYES PRIVATIVAS.-Es carácter constante de las leyes que sean de aplicación general y abstracta, es decir, que deben contener una disposición que no desaparezca después de aplicarse a un caso previsto y determinado de antemano, sino que sobreviva a esta aplicación y se aplique sin consideración de especie o de persona a todos los casos idénticos al que previenen, en tanto no sean abrogadas. Una ley que carece de esos caracteres, va en contra del principio de igualdad, garantizado por el artículo 13 constitucional, y aun deja de ser una disposición legislativa, en el sentido material, puesto que le falta algo que pertenece a su esencia. Estas leyes pueden considerarse como privativas, tanto las dictadas en el orden civil como en cualquier otro orden, pues el carácter de generalidad se refiere a las leyes de todas las especies, y contra la aplicación de las leyes privativas protege el ya expresado artículo 13 constitucional."
Similares consideraciones fueron sustentadas por el Tribunal Pleno al resolver por mayoría de nueve votos, los amparos en revisión números A.R. 2994/96 y A.R. 3050/96, en sesión pública de diez de julio de mil novecientos noventa y siete.
En consecuencia, el concepto de violación analizado, en el sentido de que los artículos reclamados constituyen una situación legislativa privativa, es infundado.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO.-Se revoca la sentencia que se revisa.
SEGUNDO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Productos Hola del Noroeste, S.A. de C.V., en contra de los actos y autoridades precisados en el resultando primero de esta ejecutoria.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos al juzgado de su origen y, en su oportunidad, archívese el toca como asunto concluido.
Así, lo resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; por unanimidad de once votos se aprobó el resolutivo primero; y por mayoría de diez votos de los señores Ministros Azuela Güitrón, Castro y Castro, Díaz Romero, Góngora Pimentel, Gudiño Pelayo, Ortiz Mayagoitia, Román Palacios, Sánchez Cordero, Silva Meza y presidente Aguinaco Alemán se aprobó el resolutivo segundo; el señor Ministro Aguirre Anguiano votó en contra.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5303-94f6119f/activo-los-articulos-1o-y-5o--b-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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