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Modo: Corpus Pro

REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE. EL ARTÍCULO 204-B, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL QUE ESTABLECE LAS CUOTAS RELATIVAS A LA AUTORIZACIÓN PARA USARLAS, VIOLA LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 1999). REDES DE AGUA Y DRENAJE. EL ARTÍCULO 204-B, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS CUOTAS DE DERECHOS POR AUTORIZACIÓN PARA USARLAS RESPECTO DE NUEVOS FRACCIONAMIENTOS O CONJUNTOS HABITACIONALES, COMERCIALES, INDUSTRIALES O DE SERVICIOS Y DEMÁS EDIFICACIONES DE CUALQUIER TIPO, VIOLA LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL PRIMERO DE ENERO DE 1999). LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN. EL ARTÍCULO 206 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL REFORMADO POR DECRETO PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE ESA ENTIDAD, EL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO, QUE ESTABLECE DIVERSAS CUOTAS PARA EL PAGO DE LOS DERECHOS CORRESPONDIENTES, RESPETA LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 376/2000. · Registro digital (IUS): 6476
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: CABI SUR, S.A. DE C.V.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Mayo de 2000, , Pág. 199.

AMPARO EN REVISIÓN 376/2000. CABI SUR, S.A. DE C.V.

CONSIDERANDO:

CUARTO. Los agravios que expresó la autoridad recurrente, en una parte son fundados pero inoperantes, en otra infundados y en una más, fundados y suficientes para modificar la sentencia recurrida, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

En el primero de ellos, controvierte las consideraciones que la Juez de Distrito expresó al desestimar la causal de improcedencia que planteó al rendir su informe con justificación, prevista en la fracción XII, del artículo 73, de la Ley de Amparo y que hizo consistir en que es extemporánea la demanda de amparo, debido a que la quejosa tuvo conocimiento del crédito a su cargo derivado de la expedición de una licencia de construcción, que tiene su fundamento en el artículo 206 del Código Financiero del Distrito Federal, el treinta de agosto de mil novecientos noventa y nueve.

Para ello sostiene la recurrente que lo que expresó la Juez viola los artículos 77, fracciones I y II, 78, 79 y 149 de la Ley de Amparo, porque no fijó de manera adecuada la litis en el juicio de amparo que se revisa, no estudió la causal de improcedencia que hizo valer, ni la desvirtuó jurídicamente.

Tales agravios son fundados porque existen las violaciones que señala el quejoso, como enseguida se explicará, pero en razón de que el estudio de la causal de improcedencia que se mencionó no conduce a revocar la sentencia recurrida, es inoperante.

Al rendir su informe con justificación la autoridad recurrente sostuvo que el juicio de amparo que se revisa es improcedente, porque la demanda de amparo se presentó extemporáneamente, dado que la quejosa tuvo conocimiento del crédito a su cargo derivado de la expedición de una licencia de construcción, que tiene su fundamento en el artículo 206 del Código Financiero del Distrito Federal, el treinta de agosto de mil novecientos noventa y nueve.

Al ocuparse de esta causal de improcedencia, la Juez dijo que la quejosa solicitó pagar en parcialidades los derechos derivados de la expedición de una licencia de construcción; que el primer pago lo hizo el veinticuatro de septiembre de mil novecientos noventa y nueve y que el veintinueve siguiente se presentó la demanda de amparo, lo que la llevó a concluir que el juicio de amparo se promovió dentro del término que establece la ley de la materia.

Este resumen basta para advertir que, tal como lo señala la recurrente, la Juez de Distrito no estudió correctamente la causal de improcedencia que la recurrente planteó, pues nada dijo acerca de si en efecto la quejosa tuvo conocimiento del crédito a su cargo por concepto de derechos de la expedición de una licencia de construcción, el día treinta de agosto de mil novecientos noventa y nueve.

Por estos motivos el agravio es fundado y esto obliga a esta Sala a estudiar si en efecto la demanda de amparo es extemporánea.

La recurrente afirma que la quejosa tuvo conocimiento de ese crédito desde el treinta de agosto de mil novecientos noventa y nueve, a través de la orden de cobro número 244454, que acompañó a su solicitud para pagar créditos fiscales en parcialidades, de veintiuno de septiembre de mil novecientos noventa y nueve. Esa solicitud obra en la foja 205 y la orden de pago en la foja 209 del juicio de amparo que se revisa. En este último documento se anotó como fecha de elaboración el treinta de agosto de mil novecientos noventa y nueve. Sin embargo, no existe ningún dato en él que permita afirmar con certeza que en esa fecha la quejosa tuvo conocimiento de esa orden de cobro. Tampoco puede tenerse por acreditado que se acompañó a la solicitud para pagar créditos fiscales que presentó la quejosa el veintiuno de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, porque si bien obra en autos esa solicitud, no tiene ninguna indicación acerca de si se presentó con algún anexo. Es más, en el supuesto de que se hubiera presentado acompañada de esa orden de cobro, tampoco se está en condiciones de sostener que la quejosa conoció de tal orden en la fecha en que aparece se elaboró, esto es, el treinta de agosto de mil novecientos noventa y nueve. En efecto, aun en el supuesto no admitido de que la orden de pago se acompañó a la solicitud que se mencionó, lo único que podría afirmarse es que la quejosa se ostentó sabedora de la orden de cobro desde que presentó su solicitud de autorización de pago en parcialidades.

Ante esa circunstancia y en razón de que las causales de improcedencia deben de probarse plenamente y no inferirse a base de presunciones, no se está en condiciones de considerar que la demanda de amparo es extemporánea, en razón de que no hay un punto cierto desde el cual pueda estimarse que empezó a correr el término para la promoción del juicio de amparo.

Por estas razones, aunque fundado el agravio, es inoperante porque no puede conducir a revocar la sentencia recurrida.

En esta parte, es importante señalar que el acto de aplicación de una ley impositiva de carácter heteroaplicativo puede provenir de la autoridad cuando es ella la que determina en cantidad líquida la contribución de que se trate, pero también del particular cuando sin existir acto previo de la autoridad correspondiente paga esa contribución.

Lo anterior no significa como erróneamente lo plantea la recurrente, que se deje al arbitrio del particular el momento en que puede promover el juicio de amparo, en razón de que si la autoridad fue la que determinó en cantidad líquida alguna contribución y exigió su pago, tal exigencia constituye el acto de aplicación de la ley y a partir de ese momento inicia el plazo que la ley fija para promover el amparo. Pero en todo caso, el cómputo de ese plazo requiere de la comprobación de que ese acto de aplicación de la ley se hizo del conocimiento del afectado. Si no hay manera de precisar el momento en que la autoridad actualizó los supuestos de la ley en perjuicio del particular, entonces debe tenerse como punto de partida del plazo para promover el amparo, la fecha en que el particular pague la contribución de que se trata, o convenga en hacerlo.

En otro de los agravios, la recurrente controvierte las consideraciones que la Juez expresó al desestimar la causal de improcedencia prevista en la fracción XI, del artículo 73, de la Ley de Amparo, derivada de que la quejosa acudió ante la Administración Tributaria San Borja, para celebrar dos convenios de pago en parcialidades, pues en concepto de la recurrente, eso entraña un consentimiento expreso, porque en términos de lo dispuesto por el artículo 1792 del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, convenio es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar y extinguir obligaciones, e incluso, la quejosa pagó la primera parcialidad.

Pues bien, a fin de dar respuesta a los argumentos de la inconforme, conviene transcribir el contenido de los artículos 204-B y 206 del Código Financiero del Distrito Federal reclamados:

"Artículo 204-B. Por la autorización para usar las redes de agua y drenaje, o modificar las condiciones de uso que fueron autorizadas, se pagarán derechos conforme a las siguientes cuotas: I. Nuevos fraccionamientos o conjuntos habitacionales, comerciales, industriales o de servicios y demás edificaciones de cualquier tipo: 1. Cuando el inmueble sea destinado a casa habitación, hasta los primeros 50 m² de construcción $2,715.00. Por cada metro cuadrado que exceda del límite señalado, se pagará la cuota de $54.31. 2. En el caso de los inmuebles destinados a casa habitación que tengan zonas para estacionamiento de vehículos, por éstas se pagarán hasta los primeros 500 m² de construcción $2,715.00. Por cada metro cuadrado que exceda del límite señalado, se pagará la cuota de $5.43. 3. Tratándose de inmuebles cuyo destino sea distinto al habitacional, hasta los primeros 50 m² de construcción $5,430.00. Por cada metro cuadrado que exceda del límite señalado, se pagará una cuota de $106.28. 4. En el caso de que los inmuebles cuyo destino sea distinto al habitacional, tengan zonas para estacionamiento de vehículos, por éstas se pagará hasta los primeros 500 m² de construcción, la cantidad de $5,430.00. Por cada metro cuadrado que exceda del límite señalado, se pagará una cuota de $10.87. 5. En el caso de construcciones destinadas a bodegas o estacionamiento de vehículos, se pagará el 50% de las cuotas previstas en el primer párrafo del numeral 3 de esta fracción. 6. En el caso de que por las características de la zona, sólo se pueda proporcionar en forma aislada el servicio de agua potable o el de drenaje se causará el 50% de la cuota que corresponda conforme a esta fracción ... En los supuestos de causación de los derechos a que se refiere este artículo, el pago de esta contribución será requisito indispensable para la expedición de la autorización de cambio de uso del suelo o de registro de obra, así como para la expedición de la licencia de construcción de obra nueva o ampliación correspondiente y servirá como base de la contribución para la determinación de las cuotas señaladas, la superficie construida que se autorice en la licencia respectiva."

"Artículo 206. Por la expedición de licencias para construcción de obras nuevas, se pagará el derecho respectivo conforme a las cuotas que a continuación se establecen: I. Inmuebles de uso habitacional: a) Hasta 5 niveles, por m² de construcción $11.50. b) Más de 5 niveles, por m² de construcción $19.70. La vivienda nueva construida por instituciones públicas, con crédito de interés social otorgado por ellas o cuya superficie no exceda de 75 m², tendrá derecho a una reducción del 50%. II. Inmuebles de uso no habitacional: a) Hasta 3 niveles, por m² de construcción $24.70. b) Más de 3 niveles, por m² de construcción $44.40. Por el refrendo o la prórroga de la licencia para construcción de obras nuevas, se pagará una cuota equivalente al 10% de los derechos causados por su expedición."

Según se observa, conforme a lo dispuesto en el artículo 204-B del Código Financiero del Distrito Federal, el pago por la autorización para usar las redes de agua y drenaje es un requisito indispensable para la expedición de la licencia de construcción de obra nueva o ampliación correspondiente, lo que significa que no podrá obtenerse una licencia de construcción si no existe previamente una autorización para usar las redes de agua y drenaje y si no se pagan los derechos correspondientes para la autorización de uso y para la expedición de la licencia de construcción.

En tales condiciones, es claro que, como lo sostuvo la Juez de Distrito, el pago de los derechos previstos en los artículos reclamados no puede considerarse un acto voluntario, pues al particular que requiera de una licencia para construcción se le obliga a ese pago como requisito previo para su obtención.

Luego, si la quejosa, a fin de obtener la licencia de construcción que requería, se vio forzada a cubrir el pago de los derechos previstos en los artículos reclamados, fue en ese momento que se sujetó a lo dispuesto en tales numerales y a partir de entonces estuvo en aptitud de promover el juicio de garantías. Por ello, se entiende que la Juez de Distrito hiciera referencia a que la quejosa promovió el amparo contra el primer pago y concluyera que por tal razón, no existió consentimiento alguno. Es decir, lo importante es que manifestó que la celebración de los convenios de pago no significaban la actualización de un consentimiento de los artículos reclamados, pues el pago de esos derechos no es un acto voluntario, con lo que dio respuesta al planteamiento de las autoridades responsables.

Ahora bien, la circunstancia de que la parte quejosa optara por el pago en parcialidades y que por tal motivo, solicitara la celebración de dos convenios y que se garantizara ese pago con una fianza, e incluso que efectuara el pago de la primera parcialidad convenida, no implica el consentimiento expreso del contenido de los artículos reclamados, pues esas conductas sólo indican la voluntad de convenir con la autoridad respecto de la forma en que había de realizarse el pago de los derechos, pero no que estuviera de acuerdo en realizar ese pago.

Más aún, si conforme al criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia y a lo alegado por la propia inconforme, el pago liso y llano del entero de un tributo no implica su consentimiento, con mayor razón, el acuerdo de voluntades para obtener el beneficio de realizar ese pago en parcialidades tampoco puede implicar consentimiento, precisamente porque sólo atiende a la forma de realización de ese pago.

La aceptación de la postura de la recurrente, implicaría que los particulares no pudieran obtener una licencia de construcción por no haber realizado el pago de los derechos correspondientes, y que por tanto, nunca se actualizara el acto de aplicación necesario para la promoción del amparo, o bien, que habiendo realizado el pago de esos derechos, se estimara consentido el texto de los artículos que los prevén, lo que haría improcedente el juicio de garantías. Esto es, si no paga, no obtiene la licencia de construcción y no se actualiza el acto de aplicación, y si paga, consiente la aplicación de los artículos respectivos, quedando de esta manera establecida una situación jurídica similar a una trampa para que nunca se pueda analizar la constitucionalidad de los preceptos legales, que prevén el cobro de los derechos respectivos.

Estas consideraciones son acordes a las sustentadas en el amparo en revisión 401/2000, resuelto en sesión celebrada por esta Sala el treinta y uno de marzo de dos mil.

Por lo demás, en cuanto a la tesis de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el Juez de Distrito citó, cuyos datos de identificación, rubro y texto son los siguientes:

"Novena Época

"Instancia: Segunda Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: VII, marzo de 1998

"Tesis: 2a. XXIX/98

"Página: 415

"LEYES FISCALES QUE PERMITEN EL PAGO EN PARCIALIDADES. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO OPERA EL CONSENTIMIENTO SI NO SE IMPUGNA LA NORMA EN SU PRIMERA APLICACIÓN. Si de conformidad con el artículo 21 del Código Fiscal de la Federación, el gobernado obtiene autorización para efectuar pagos en parcialidades, debe considerarse que los preceptos legales aplicados son los mismos desde que la parte quejosa solicitó y se le autorizó el pago en parcialidades, por lo que resulta indudable que el pago de la primera parcialidad constituye el primer acto de aplicación de la norma combatida, en su perjuicio, a partir del cual debe computarse el plazo para promover el juicio de amparo en su contra, de lo que se sigue que el mismo resulta improcedente si se impugna dicha ley con motivo de pagos posteriores, aunque varíen las cantidades al calcularse las diversas parcialidades del crédito fiscal."

Cabe señalar que este criterio no es aplicable al caso, debido a que tiene como presupuesto la impugnación mediante el amparo de las normas que regulan el pago en parcialidades y no las que establecen alguna contribución. Es decir, cuando en ella se sostiene que opera el consentimiento si no se impugna la norma en su primera aplicación, se refiere a la que permite el pago en parcialidades. En tanto que en el juicio de amparo que se revisa se impugnaron las normas que regulan el pago de derechos y no las invocadas al autorizar el pago en parcialidades.

Sin embargo, esto no hace variar la conclusión de que en el caso concreto no se consintieron las normas impugnadas.

QUINTO. En relación a la concesión del juicio de garantías, la jefa de Gobierno del Distrito Federal alega, en síntesis, que la Juez de Distrito debió tomar en cuenta los argumentos vertidos por las responsables en sus informes justificados, con los que se evidenció la constitucionalidad de los preceptos legales impugnados.

El anterior argumento resulta infundado, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación que, al tenor de lo previsto en los artículos 77 y 149, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, no es obligatorio para el juzgador de garantías que en la sentencia haga referencia pormenorizada de las argumentaciones contenidas en los informes justificados.

En apoyo de lo anterior resultan aplicables la jurisprudencia y tesis, cuyos datos de identificación, rubro y texto se citan a continuación:

"Octava Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación

"Tomo: II, Primera Parte

"Tesis: P./J. 18/88

"Página: 135

"INFORMES JUSTIFICADOS. NO ES NECESARIO QUE EL JUEZ LOS ANALICE EN SU SENTENCIA. El artículo 149, párrafo II, de la Ley de Amparo, no señala que el Juez de Distrito, en las consideraciones de su sentencia, deba referirse expresamente a las argumentaciones que contengan los informes que rindan las autoridades señaladas como responsables."

"Novena Época

"Instancia: Segunda Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: X, diciembre de 1999

"Tesis: 2a./J. 123/99

"Página: 190

"INFORME JUSTIFICADO. EL JUZGADOR DE GARANTÍAS NO ESTÁ OBLIGADO A RESPONDER LOS ARGUMENTOS EN QUE AQUÉL SOSTIENE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO. A diferencia de lo que sucede con las causas de improcedencia, cuyo estudio es de orden público, en las sentencias de amparo no existe obligación de referirse necesariamente y de manera expresa a las argumentaciones que con el fin de sostener la constitucionalidad del acto reclamado exponen las autoridades responsables en su informe justificado, por no establecerlo así los artículos 77 y 149, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, ya que la litis constitucional se integra con el acto reclamado y la demanda de amparo."

"Octava Época

"Instancia: Tercera Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación

"Tomo: IV, Primera Parte

"Tesis: CLXXII/89

"Página: 237

"INFORME JUSTIFICADO, NO ES OBLIGATORIA LA REFERENCIA A LAS ARGUMENTACIONES DEL, EN LA SENTENCIA. No existe obligación para el Juez de Distrito de referirse en su sentencia, necesariamente y de manera expresa, a las argumentaciones que se contengan en el informe justificado que rindan las responsables, por no establecerlo así los artículos 77 y 149, párrafo segundo, de la Ley de Amparo."

De estas tesis se infiere, como válido, el criterio de que la litis del juicio de amparo se establece entre la demanda y los actos reclamados, mas no con los informes justificados.

Además, no es en el informe con justificación en el que deben expresarse los motivos y fundamentos que sustenten los actos reclamados, sino que esto debe hacerse en el propio documento en que consten.

Por otro lado, en los mismos agravios la jefa de Gobierno del Distrito Federal, argumenta que la Juez de Distrito incorrectamente varió la litis planteada, pues resolvió sobre la inconstitucionalidad de unas contribuciones de mejoras que no tienen nada que ver con los artículos reclamados.

Pues bien, aun cuando es cierto que en la sentencia recurrida se aludió reiteradamente a las contribuciones de mejoras, para concluir que los artículos reclamados realmente prevén el pago de derechos por la autorización del uso de las redes de agua y drenaje y por la expedición de licencias de construcción, y que tales alusiones resultaban innecesarias, pues del texto de los artículos impugnados se advierte con claridad que los pagos relativos se conceptúan como derechos y ni siquiera se hace mención a contribuciones de mejoras, tal circunstancia no implica que la Juez de Distrito haya resuelto finalmente sobre contribuciones de mejoras, pues lo importante es que concluyó que los preceptos reclamados contienen el pago de derechos, los que estimó inconstitucionales por no establecer la necesaria relación entre la prestación del servicio y el costo que representa para el Estado y por introducir elementos ajenos a ese costo.

Es decir, la Juez de Distrito concedió el amparo porque estimó que los referidos preceptos combatidos infringen los principios de proporcionalidad y equidad previstos en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Federal, pues no atienden al costo del servicio que presta el Estado, sino que introducen elementos ajenos a ese costo.

El resto de los agravios de la inconforme, combaten las consideraciones que sustentan la determinación de inconstitucionalidad de los artículos 204-B, fracción I y 206 del Código Financiero del Distrito Federal.

Se argumenta que la jurisprudencia citada en la sentencia recurrida con el rubro: "DERECHOS FISCALES. SUBSISTE LA CORRELACIÓN ENTRE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO Y EL MONTO DE LA CUOTA.", ha sido superada por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación "en las tesis XLVIII/91 y XLVIII/94" porque en ellas se establece que en la determinación de los derechos fiscales deben tomarse en cuenta además de la correlación del servicio y el costo de la cuota, los beneficios recibidos por los usuarios, las posibilidades económicas de éstos y razones de tipo extrafiscal. Con base en lo anterior, se desarrollan argumentos como que la autorización de uso de redes de agua y drenaje, prevista en el citado artículo 206-B, fracción I, incrementa el valor de los inmuebles y que los particulares se benefician en distintas condiciones, lo que justifica un trato diverso, así como que es indispensable la inversión del Estado para descubrir, expropiar, conducir, captar y suministrar más agua.

Aun cuando no se citan los datos de identificación de las tesis mencionadas, lo que contraviene lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, la búsqueda respectiva permitió la localización de un criterio emitido por el Tribunal en Pleno de esta Suprema Corte de Justicia que podría ser el que refiere la recurrente, cuyos datos de identificación, rubro y texto se citan a continuación:

"Octava Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

"Tomo: 83, noviembre de 1994

"Tesis: P. XLVIII/94

"Página: 33

"DERECHOS FISCALES. PARA EXAMINAR SI CUMPLEN CON LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD, DEBE ATENDERSE AL OBJETO REAL DEL SERVICIO PRESTADO POR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y QUE TRASCIENDE TANTO AL COSTO COMO A OTROS ELEMENTOS. Esta Suprema Corte ha sentado en la tesis jurisprudencial 9, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo I, Primera Parte-1, Pleno, página 158, que las leyes que establecen derechos fiscales por inscripción de documentos sobre constitución de sociedades mercantiles o aumentos de sus capitales en el Registro Público correspondiente, fijando como tarifa un porcentaje sobre el capital, son contrarias a los principios tributarios de proporcionalidad y equidad, porque no toman en cuenta el costo del servicio que presta la administración pública, sino elementos extraños que conducen a concluir que por un mismo servicio se paguen cuotas diversas. En cambio, tratándose de derechos por servicio de agua potable, ha tomado en consideración para juzgar sobre la proporcionalidad y equidad del derecho, no la pura correlación entre el costo del servicio y el monto de la cuota, sino también los beneficios recibidos por los usuarios, las posibilidades económicas de éstos y razones de tipo extrafiscal, como se infiere de la tesis XLVII/91 publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VIII, Primera Parte, página 5. El examen de ambas tesis no hace concluir que ha cambiado el criterio de este Alto Tribunal, sino que ha sentado criterios distintos para derechos fiscales de naturaleza diferente, atendiendo al objeto real del servicio prestado por el ente público y que trasciende tanto al costo como a otros elementos. Ello, porque tratándose de derechos causados por el registro de documentos o actos similares, el objeto real del servicio se traduce, fundamentalmente, en la recepción de declaraciones y su inscripción en libros, exigiendo de la administración un esfuerzo uniforme a través del cual puede satisfacer todas las necesidades que se presenten, sin aumento apreciable del costo del servicio, mientras que la prestación del servicio de agua potable requiere de una compleja conjunción de actos materiales de alto costo a fin de lograr la captación, conducción, saneamiento y distribución del agua que, además, no está ilimitadamente a disposición de la administración pública, pues el agotamiento de las fuentes, la alteración de las capas freáticas, los cambios climáticos y el gasto exagerado, abusivo o irresponsable por los usuarios, repercuten en la prestación del servicio porque ante la escasez del líquido, es necesario renovar los gastos para descubrir, captar y allegar más agua, todo lo cual justifica, cuando son razonables, cuotas diferentes y tarifas progresivas."

El precedente que sustenta esta tesis es uno de los que integra la siguiente jurisprudencia:

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: VII, enero de 1998

"Tesis: P./J. 4/98

"Página: 5

"DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE. PARA EXAMINAR SI CUMPLEN CON LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD, DEBE ATENDERSE AL OBJETO REAL DEL SERVICIO PRESTADO POR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CONSIDERANDO SU COSTO Y OTROS ELEMENTOS QUE INCIDEN EN SU CONTINUIDAD. La Suprema Corte ha sustentado en diversas tesis jurisprudenciales que las leyes que establecen contribuciones, en su especie derechos por servicios, fijando una tarifa o una cuota aplicable a una base, cuyos parámetros contienen elementos ajenos al costo del servicio público prestado, violan los principios de proporcionalidad y equidad, ya que ello da lugar a que por un mismo servicio se contribuya en un monto diverso. Por otro lado, tratándose de los derechos por el servicio de agua potable, ha tomado en consideración, para juzgar sobre los citados principios constitucionales, no la simple correlación entre el costo del servicio y el monto de la cuota, sino también los beneficios recibidos por los usuarios, las posibilidades económicas de éstos y otras razones de tipo extrafiscal. Del examen de ambos criterios, se concluye que este Alto Tribunal ha sentado criterios distintos para derechos por servicios de naturaleza diversa, atendiendo al objeto real del servicio prestado por el ente público, que trasciende tanto a su costo como a otros elementos que inciden en la continuidad y permanencia de su prestación. Ello porque tratándose de derechos causados por servicios el objeto real de la actividad pública se traduce, generalmente, en la realización de actividades que exigen de la administración un esfuerzo uniforme, a través del cual puede satisfacer todas las necesidades que se presenten, sin un aumento apreciable del costo del servicio, mientras que la prestación del diverso de agua potable requiere de una compleja conjunción de actos materiales de alto costo a fin de lograr la captación, conducción, saneamiento y distribución del agua que, además, no está ilimitadamente a disposición de la administración pública, pues el agotamiento de las fuentes, la alteración de las capas freáticas, los cambios climáticos y el gasto exagerado, abusivo o irresponsable de los usuarios, repercuten en la prestación del servicio, porque ante la escasez del líquido, es necesario renovar los gastos para descubrir, captar y allegar más agua, todo lo cual justifica, cuando son razonables, cuotas diferentes y tarifas progresivas."

De considerarse que la tesis aislada que se transcribió, es a la que se refiere la recurrente en sus agravios, debe concluirse que de cualquier manera no beneficia sus intereses, pues por una parte, de su contenido se desprende que contrariamente a lo afirmado por las propias inconformes, no se ha "superado" el criterio de este Alto Tribunal de que tratándose del cobro de derechos fiscales, subsiste la correlación entre la prestación del servicio público y el monto de la cuota, como se precisa en la propia tesis, a pesar de que en tratándose de derechos por servicio de agua potable, para juzgar su proporcionalidad, se haya tomado en cuenta no solamente esa relación, sino también otros elementos, ya que esto sólo significa que se han sentado criterios distintos para derechos fiscales de naturaleza diferente, atendiendo al objeto real del servicio prestado por el ente público.

Por otra parte, aunque ahí se ejemplifica el pago de derechos por la prestación del servicio de agua potable, para concluir que en esa hipótesis se justifica, cuando son razonables, cuotas diferentes y tarifas progresivas, es claro que no se trata del caso planteado, pues aquí se controvierte el pago de derechos por el uso de las redes de agua potable y drenaje como un requisito indispensable para obtener una licencia para construcción. No es lo mismo el pago de derechos por el uso de las redes de agua y drenaje, en el que el objeto real del servicio prestado se traduce fundamentalmente en la recepción de la solicitud y el trámite de la autorización correspondiente, que el pago de derechos por la prestación del servicio de agua potable, en el que sí se debe considerar la conjunción de diversos actos materiales a fin de lograr la prestación de ese servicio, tales como el costo de la captación, conducción y distribución de agua, así como para lograr, como fin extrafiscal, que los consumidores eviten abusos en la utilización del líquido y su desperdicio.

En efecto, los artículos 196 y el reclamado 204-B del Código Financiero del Distrito Federal, en lo que interesa, disponen:

"Artículo 196. Están obligados al pago de los derechos por el suministro de agua que provea el Distrito Federal, los usuarios del servicio. El monto de dichos derechos comprenderá las erogaciones necesarias para adquirir, extraer, conducir y distribuir el líquido, así como su descarga a la red de drenaje, y las que se realicen para mantener y operar la infraestructura necesaria para ello, y se pagarán bimestralmente, de acuerdo a las tarifas que a continuación se indican: ..." y "Artículo 204-B

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6476-b41bc8e6/redes-de-agua-potable-y-drenaje-el-articulo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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