Corpus
Modo: Corpus Pro

INFONAVIT. ES CONSTITUCIONAL EL ARTÍCULO 29, FRACCIÓN II, DE LA LEY RELATIVA EN CUANTO REMITE A LA LEY DEL SEGURO SOCIAL RESPECTO DE LA INTEGRACIÓN Y CÁLCULO DE LA BASE SALARIAL PARA EL PAGO DE APORTACIONES, NO OBSTANTE QUE LAS CUOTAS AL IMSS SEAN TRIPARTITAS Y LAS APORTACIONES AL INFONAVIT SÓLO A CARGO DEL PATRÓN. CONTRIBUCIONES. LAS LEYES QUE LAS INCREMENTAN NO VIOLAN LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 1796/98. · Registro digital (IUS): 5314
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: DELPHI ENSAMBLE DE CUBIERTAS AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Diciembre de 1998, , Pág. 109.

AMPARO EN REVISIÓN 1796/98. DELPHI ENSAMBLE DE CUBIERTAS AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V.

CONSIDERANDO:

CUARTO. Los agravios hechos valer por la parte recurrente, titular del Ejecutivo Federal, son fundados en parte e inatendibles en otra.

Para arribar a la anterior conclusión, debe tenerse en cuenta que la Juez de Distrito concedió el amparo y protección de la Justicia Federal respecto del ordenamiento reclamado por considerar que tanto los artículos 29, fracción II y quinto transitorio de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores como los artículos 136, 137, 143 y 144 de la Ley Federal del Trabajo, regulan el rubro de las aportaciones que del 5% deben hacer los patrones al instituto sobre el salario de sus trabajadores; pues ambas leyes determinan la integración y cálculo de la base salarial para que los patrones realicen dichas aportaciones y determinen cuál es el salario máximo o límite superior para efectuar esas aportaciones, pero al encontrarse vigentes dos normas con el carácter de especiales sobre esa materia, se crea inseguridad jurídica en los gobernados que se encuentran obligados a cumplir con la obligación constitucional que regulan, ya que se encuentran en la disyuntiva de saber con precisión cuál de ellas se debe de atender al cumplir con esa obligación; al respecto, afirma la Juez Federal, que como en el derecho positivo mexicano no se permite la existencia de dos normas jurídicas que regulen la misma materia, es necesario examinar si la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores derogó la Ley Federal del Trabajo, pues de la lectura de los artículos transitorios del decreto que se impugna no se aprecia que en alguno de ellos se hayan derogado expresamente las disposiciones de dicho ordenamiento, por lo que debe averiguarse si conforme al procedimiento legislativo se pueden derogar disposiciones especiales con la emisión de otra ley del mismo carácter, ello en atención de que en estricto sentido rige el principio de que la ley posterior deroga a la anterior, y sólo cuando legalmente ésta no puede tener eficacia jurídica, la derogación de las normas debe hacerse expresamente.

Por otro lado, aduce que cuando se trata de una ley general y una especial debe prevalecer ésta en lo que contradice aquélla, de esta manera una ley especial no puede derogar tácitamente a otra especial salvo que la segunda sea idéntica en su texto a la primera, caso en la que la derogación debe ser expresa. En la especie, se advierte que existen varias diferencias que ponen de manifiesto una regulación distinta, en cuanto a la integración del salario base de cotización y, por ende, para el cálculo de las aportaciones, lo que resulta suficiente para afirmar que ambas normas no obstante que de manera especial regulan un mismo fin, no tuvieron los mismos alcances o efectos jurídicos para los sujetos a quienes van dirigidos; consecuentemente la ley del Infonavit no puede derogar tácitamente el capítulo respectivo de la Ley Federal del Trabajo, que regula lo relativo a las mencionadas aportaciones, que del 5% deben realizar los patrones sobre el salario de sus trabajadores, por lo que es evidente que ambas leyes se encuentran vigentes, pues las autoridades legislativas no cumplieron con las formalidades que el proceso legislativo ha establecido para derogar leyes previsto en el artículo 72, inciso f), de la Constitución Federal.

Contra lo anterior, el representante del presidente de la República aduce, en esencia, que es inaceptable calificar de inconstitucional a la Ley del Instituto Nacional del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores, dado que no existe contradicción con la Ley Federal del Trabajo, como incorrectamente lo establece la juzgadora de amparo; pero, además, la ley del Infonavit y la Ley Federal del Trabajo participan de la misma naturaleza, atento a que ambas tienen su fundamento en el artículo 123, apartado A, de la Constitución Federal, específicamente en la fracción XII, por lo que son de la misma jerarquía; por lo que no se puede discutir cuál de las mencionadas leyes debe prevalecer, habida cuenta de que ambas emanan de la Constitución Federal y suponiendo que una ley reglamentaria contraviniera el contenido de una norma prevista en otra ley de la misma naturaleza, tal acontecimiento constituye una cuestión de legalidad y no de constitucionalidad, porque para que se le tenga como inconstitucional es necesario que vaya contra el tenor del precepto constitucional que reglamenta, por lo que en todo caso lo que la quejosa combate son cuestiones de legalidad.

Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2o., fracción II, del Código Fiscal de la Federación las aportaciones de seguridad social tienen el carácter de contribuciones cuyas normas son de observancia estricta; por lo cual en cuestiones que participan de la naturaleza especificada no puede tener el contribuyente derechos adquiridos como infructuosamente lo pretende la quejosa porque las aportaciones a su cargo constituyen una obligación no un bien que ingresa a su patrimonio.

Que tratándose de dos leyes federales, una disposición posterior puede derogar a la anterior en forma total o parcialmente, pues aun cuando se trata de dos cuerpos legislativos diferentes e independientemente de que pueda haber una técnica legislativa defectuosa, lo cierto es que se cumple cabalmente con lo señalado en el inciso f) del artículo 72 de la Constitución Federal. Que la interpretación de la Juez es inexacta porque no existe disposición constitucional que permita concluir que por el hecho de que ciertas cuestiones estén reguladas en uno o más párrafos, se deben expedir tantas leyes como párrafos existan ni mucho menos que la ley que regule un párrafo de la Constitución Federal no pueda regular lo establecido en otro, porque el Poder Legislativo Federal tiene amplias facultades para reglamentar en una o más leyes según lo estime conveniente, cuenta habida que el artículo 123 constitucional expresamente dispone que el Congreso de la Unión deberá expedir leyes sobre el trabajo de acuerdo con los lineamientos que al efecto dispone tal numeral.

Que no existe disposición constitucional alguna que prevea cuál debe ser el límite superior salarial conforme al que los patrones deben enterar las aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, ni tampoco existe precepto alguno que prohíba la modificación o que disponga que no puede establecerse como base el salario mínimo general vigente para el Distrito Federal.

Los anteriores argumentos son fundados y suficientes para revocar la sentencia que se revisa, atendiendo a que el Tribunal Pleno ha venido sustentando el criterio en el sentido de que la inconstitucionalidad de una ley no deriva de su contradicción con otra ley ordinaria, sino de su pugna con la Constitución Federal, ello, con independencia de que con motivo de la citada contradicción que se aduce se invocan como infringidas las garantías de legalidad y seguridad jurídica, pues tal infracción sólo se reclama en vía de consecuencia, pero no como una violación directa a un precepto constitucional.

Resultan aplicables al respecto la siguientes tesis jurisprudencial y aislada sustentadas por el Tribunal Pleno, que aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IX-Enero, página 59 y Séptima Época, Tomo 193-198, Primera Parte, página 119, que respectivamente, dicen:

"CONTRIBUCIONES. LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY QUE LAS ESTABLECE NO DEPENDE DE SU CONTRADICCIÓN CON ORDENAMIENTOS SECUNDARIOS O PACTOS ECONÓMICOS. La inconstitucionalidad de la ley que establece un gravamen no puede fundarse en el hecho de que éste contraríe el espíritu de leyes de carácter secundario o pactos económicos, sino en la demostración de que resulta violatorio de algún precepto de la Constitución Federal."

"LEY, CONSTITUCIONALIDAD DE LA. REQUISITO PARA SU ANÁLISIS. Para que se pueda analizar si un ordenamiento es constitucional o no, debe señalarse el precepto de la Carta Magna con el cual pugna; requisito que no se satisface en un concepto de violación en el que se sostiene que la ley combatida se encuentra en contradicción con otra ley ordinaria."

Las anteriores tesis jurisprudencial y aislada transcritas, resultan aplicables al caso porque la Juez de Distrito, pretende hacer derivar la inconstitucionalidad del artículo 29, fracción II, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores reformado y quinto transitorio que también menciona, del decreto por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones de dicha ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de enero de mil novecientos noventa y siete, de su contradicción con el artículo 144 de la Ley Federal del Trabajo, argumentación que resulta primordial, sin que influya la invocación de los artículos 14 y 16 constitucionales, cuya violación no se demuestra mediante argumentos específicos.

El artículo 29, fracción II, primer párrafo de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en su texto reformado mediante el decreto reclamado, dispone:

"Artículo 29. Son obligaciones de los patrones:

"II. Determinar el monto de las aportaciones del cinco por ciento sobre el salario de los trabajadores a su servicio y efectuar el pago en las entidades receptoras que actúen por cuenta y orden del instituto, para su abono en la subcuenta de vivienda de las cuentas individuales de los trabajadores previstas en los sistemas de ahorro para el retiro, en los términos de la presente ley y sus reglamentos, así como en lo conducente, conforme a lo previsto en la Ley del Seguro Social y en la Ley Federal del Trabajo. En lo que corresponde a la integración y cálculo de la base y límite superior salarial para el pago de aportaciones, se aplicará lo contenido en la Ley del Seguro Social."

El artículo quinto transitorio del decreto que se impugna establece:

"El límite superior salarial a que se refiere el artículo 29, fracciones II y III, será de conformidad con lo establecido en la Ley del Seguro Social que entrará en vigor el primero de julio de mil novecientos noventa y siete, en la parte correspondiente a los seguros de invalidez y vida, cesantía en edad avanzada y vejez."

La Ley del Seguro Social a la que remite el precepto anteriormente transcrito, establece en sus artículos 27, 28 y vigésimo quinto transitorio del decreto de reformas publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de noviembre de mil novecientos noventa y seis, lo siguiente:

"Artículo 27. Para los efectos de esta ley, el salario base de cotización se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria y las gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por sus servicios.

"Se excluyen como integrantes del salario base de cotización, dada su naturaleza, los siguientes conceptos:

"I. Los instrumentos de trabajo tales como herramientas, ropa y otros similares;

"II. El ahorro, cuando se integre por un depósito de cantidad semanaria, quincenal o mensual igual del trabajador y de la empresa; si se constituye en forma diversa o puede el trabajador retirarlo más de dos veces al año, integrará salario; tampoco se tomarán en cuenta las cantidades otorgadas por el patrón para fines sociales de carácter sindical;

"III. Las aportaciones adicionales que el patrón convenga otorgar a favor de sus trabajadores por concepto de cuotas del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez;

"IV. Las aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y las participaciones en las utilidades de la empresa;

"V. La alimentación y la habitación cuando se entreguen en forma onerosa a trabajadores; se entiende que son onerosas estas prestaciones cuando representen cada una de ellas, como mínimo, el veinte por ciento del salario mínimo general diario, que rija en el Distrito Federal;

"VI. Las despensas en especie o en dinero, siempre y cuando su importe no rebase el cuarenta por ciento del salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal;

"VII. Los premios por asistencia y puntualidad, siempre que el importe de cada uno de estos conceptos no rebase el diez por ciento del salario base de cotización;

"VIII. Las cantidades aportadas para fines sociales, considerándose como tales las entregadas para constituir fondos de algún plan de pensiones establecido por el patrón o derivado de contratación colectiva. Los planes de pensiones serán sólo los que reúnan los requisitos que establezca la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, y

"IX. El tiempo extraordinario dentro de los márgenes señalados en la Ley Federal del Trabajo.

"Para que los conceptos mencionados en este precepto se excluyan como integrantes del salario base de cotización, deberán estar debidamente registrados en la contabilidad del patrón."

"Artículo 28. Los asegurados se inscribirán con el salario base de cotización que perciban en el momento de su afiliación, estableciéndose como límite superior el equivalente a veinticinco veces el salario mínimo general que rija en el Distrito Federal y como límite inferior el salario mínimo general del área geográfica respectiva."

"Artículo vigésimo quinto. El artículo 28 de esta ley entrará en vigor el 1 de enero del año 2007, en lo relativo al seguro de invalidez y vida, así como en los ramos de cesantía en edad avanzada y vejez. Los demás ramos de aseguramiento tendrán como límite superior desde el inicio de la vigencia de esta ley el equivalente a veinticinco veces el salario mínimo general que rija en el Distrito Federal.

"A partir de la entrada en vigor de esta ley el límite del salario base de cotización en veces salario mínimo para el seguro de invalidez y vida, así como para los ramos de cesantía en edad avanzada y vejez, será de quince veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, el que se aumentará un salario mínimo por cada año subsecuente hasta llegar a veinticinco en el año 2007."

Por su parte importa destacar que la Ley Federal del Trabajo en su título cuarto "Derechos y obligaciones de los trabajadores y de los patrones", capítulo III "Habitaciones para los trabajadores", artículo 143 y 144, dispone:

"Artículo 143. Para los efectos de este capítulo el salario a que se refiere el artículo 136 se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, y las gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por sus servicios; no se tomarán en cuenta dada su naturaleza, los siguientes conceptos:

"a) Los instrumentos de trabajo, tales como herramientas, ropa y otros similares;

"b) El ahorro, cuando se integre por un depósito de cantidad semanaria o mensual igual del trabajador y de la empresa; y las cantidades otorgadas por el patrón para fines sociales o sindicales;

"c) Las aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y las participaciones en las utilidades de las empresas;

"d) La alimentación y la habitación cuando no se proporcionen gratuitamente al trabajador, así como las despensas;

"e) Los premios por asistencia;

"f) Los pagos por tiempo extraordinario, salvo cuando este tipo de servicios esté pactado en forma de tiempo fijo;

"g) Las cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social a cargo del trabajador que cubran las empresas."

"Artículo 144. Se tendrá como salario máximo para el pago de las aportaciones el equivalente a diez veces el salario mínimo general del área geográfica de aplicación que corresponda."

Deriva de los anteriores preceptos legales transcritos, que, efectivamente, el artículo 27 de la Ley del Seguro Social, al cual remite el numeral 29, fracción II, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, reformado mediante el decreto reclamado, no coincide, en su totalidad, en los conceptos que excluye como integrantes del salario base de cotización con los previstos en el numeral 143 de la Ley Federal del Trabajo; y que el artículo quinto transitorio del decreto reclamado prevé un límite superior salarial diverso al establecido en el artículo 144 de la Ley Federal del Trabajo, pues mientras en el primer precepto citado, al remitir a la Ley del Seguro Social en la parte correspondiente a los seguros de invalidez y vida, cesantía en edad avanzada y vejez, contempla el límite salarial establecido en los artículos 28 y vigésimo quinto transitorio de dicha ley de quince veces el salario mínimo general que rige en el Distrito Federal, al inicio de la vigencia de la ley y que se aumentará en un salario mínimo por cada año subsecuente hasta llegar a veinticinco en el año dos mil siete, en el artículo 144 de la Ley Federal del Trabajo se establece como salario máximo para el pago de las aportaciones el equivalente a diez veces el salario mínimo general del área geográfica de aplicación que corresponda.

Las anteriores discrepancias, aducidas por la Juez, como violatorias de la garantía de seguridad jurídica consagrada en los artículos 14 y 16 constitucionales, en realidad no constituyen un problema de constitucionalidad sino de mera legalidad, consistente en determinar si existe o no la contradicción de leyes planteada y, en su caso, cuál debe ser aplicada.

Son aplicables analógicamente al caso las tesis CXVI/95 y C/92 sustentadas por este Tribunal Pleno que señalan:

"LEYES. NO SON INCONSTITUCIONALES POR EL SOLO HECHO DE QUE LAS INSTITUCIONES QUE REGULAN NO ESTÉN PREVISTAS EN LA CONSTITUCIÓN. La inconstitucionalidad de una ley surge de su contradicción con los principios establecidos por la Constitución Federal, según lo ha precisado la Suprema Corte de Justicia. Por ello, el solo hecho de que una ley establezca instituciones jurídicas no previstas en la Constitución -como las costas judiciales- no implica, necesariamente, la inconstitucionalidad de la norma, pues ésta, como se indicó, resulta de la contradicción señalada." (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 236).

"LEYES FEDERALES Y TRATADOS INTERNACIONALES. TIENEN LA MISMA JERARQUÍA NORMATIVA. De conformidad con el artículo 133 de la Constitución, tanto las leyes que emanen de ella, como los tratados internacionales, celebrados por el Ejecutivo Federal, aprobados por el Senado de la República y que estén de acuerdo con la misma, ocupan, ambos, el rango inmediatamente inferior a la Constitución en la jerarquía de las normas en el orden jurídico mexicano. Ahora bien, teniendo la misma jerarquía, el tratado internacional no puede ser criterio para determinar la constitucionalidad de una ley ni viceversa. Por ello, la Ley de las Cámaras de Comercio y de las de Industria no puede ser considerada inconstitucional por contrariar lo dispuesto en un tratado internacional." (Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 60, diciembre de 1992, página 27).

Resultan de aplicación analógica al caso las tesis reproducidas con anterioridad porque en ellas se sostiene que la inconstitucionalidad de una ley surge de su contradicción con la Carta Magna y no de su contradicción con ordenamientos de la misma jerarquía, como en el caso lo son la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

En concordancia y con apoyo a las anteriores consideraciones cabe citar el criterio establecido por el Tribunal Pleno en la jurisprudencia número 34/1998, aprobada en la sesión privada celebrada el seis de julio de mil novecientos noventa y ocho, con rubro y texto siguientes:

"INFONAVIT. LA CONTRADICCIÓN PLANTEADA ENTRE LA LEY DE DICHO INSTITUTO, REFORMADA POR DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE ENERO DE 1997, Y LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, EN CUANTO AL LÍMITE SUPERIOR SALARIAL Y A LOS CONCEPTOS QUE SE EXCLUYEN DEL SALARIO PARA EFECTOS DEL PAGO DE APORTACIONES PATRONALES, NO CONSTITUYE UN PROBLEMA DE CONSTITUCIONALIDAD, SINO DE LEGALIDAD. El planteamiento relativo a que los artículos 29, fracción II, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 1997, y quinto transitorio de dicho decreto, contravienen los artículos 143 y 144 de la Ley Federal del Trabajo al diferir en la regulación de los conceptos que se excluyen como integrantes del salario y prever diferentes límites superiores salariales para efectos del pago de aportaciones patronales, no constituye un problema de constitucionalidad, sino de mera legalidad consistente en determinar si existe o no la contradicción de leyes planteada y, en su caso, cuál debe ser aplicada, pues la inconstitucionalidad de una ley sólo puede derivar de su contradicción con los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero no con ordenamientos secundarios de igual jerarquía normativa, ello con independencia de que, como consecuencia de la contradicción aducida, se invoquen como violadas las garantías de legalidad y seguridad jurídica, pues es sólo en vía de consecuencia y no una violación directa a un artículo constitucional."

Sobre la contradicción de normas en estudio la Juez Federal también señala que de acuerdo con los principios jurídicos generales una ley vigente sólo puede abrogarse o derogarse mediante el mismo procedimiento que se utiliza para su creación; que de lo anterior se colige que para considerar como inválido el artículo 144 de la Ley Federal del Trabajo es necesario que mediante un procedimiento legislativo acorde con el artículo 72 constitucional, se derogue dicha disposición legal de manera expresa.

Al respecto, debe señalarse que tampoco le asiste la razón a la Juez, toda vez que se reitera, no existe la contradicción que se plantea, en virtud de que habiendo sido la ley reclamada emitida por el mismo órgano legislativo que emitió la Ley Federal del Trabajo, teniendo ambas la misma jerarquía conforme a lo dispuesto por el artículo 133 constitucional y regulando en el aspecto controvertido ambas la misma materia, debe considerarse que la ley posterior deroga a la anterior en las disposiciones que se opongan a ella.

En efecto, en primer término, debe precisarse que el aparente conflicto que se plantea no se suscita con la Ley del Seguro Social, sino entre la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y la Ley Federal del Trabajo, pues al remitir las disposiciones reclamadas a la Ley del Seguro Social integra o adopta los elementos a los cuales remite, según lo ha determinado el Tribunal Pleno en la tesis jurisprudencial 21/90 que dice:

"ACTIVO DE LAS EMPRESAS, IMPUESTO AL. LOS ARTÍCULOS 2o., FRACCIONES II Y III, 3o. Y 7o. FRACCIÓN II, DE LA LEY, NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA POR EFECTUAR REMISIONES A OTRAS LEYES. Esta Suprema Corte de Justicia ha sustentado el criterio de que no existe ningún impedimento constitucional para que el legislador determine algunos elementos del tributo que establezca, remitiendo a los ya instituidos en otras leyes, porque, al hacerlo así, adopta o integra esos elementos, sin que por ello demerite la certeza y seguridad jurídica de los mismos, que es fin perseguido por el principio de legalidad tributaria. Por tanto, la particularidad de que los artículos 2o., fracciones II y III, 3o. y 7o., fracción II, de la Ley del Impuesto al Activo de las Empresas remitan a disposiciones de otras leyes para integrar la base del tributo de mérito, no transgrede el principio de legalidad impositiva que establece el artículo 31, fracción IV, de la Constitución." (Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VI, Primera Parte, página 69).

Partiendo de lo anterior, cabe señalar que la derogación expresa no es la única que ha sido admitida en nuestra legislación, pues también cabe la derogación tácita por otra posterior cuando exista plena incompatibilidad entre sus disposiciones, como lo dispone el artículo 9o. del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, al señalar que "La ley sólo queda abrogada o derogada por otra posterior que así lo declare expresamente o que contenga disposiciones total o parcialmente incompatibles con la ley anterior.".

La derogación tácita ha sido reconocida por esta Suprema Corte de Justicia, según se advierte de la tesis de la anterior Segunda Sala que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XCIII, página 1833, que textualmente dice:

"DEROGACIÓN DE LAS LEYES. La derogación expresa no es la única prevista y admitida en el derecho mexicano, ya que se estima que una ley queda derogada por otra posterior, cuando existe plena incompatibilidad entre las disposiciones de ambas."

Sostienen el mismo criterio las siguientes tesis:

"LEY, DEROGACIÓN DE LA. No es exacto que, en todo caso, la ley posterior derogue a la anterior, ya que para que ello ocurra es indispensable que se trate de normas que tengan la misma categoría y el mismo ámbito espacial de vigencia." (Sexta Época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación, Tomo C, Tercera Parte, página 29).

"DEROGACIÓN DE LAS LEYES. Es un principio de universal aplicación, el de que una ley no puede ser derogada sino por otra posterior; y aun la misma autoridad que la expide y tiene derecho para modificarla o derogarla, no puede hacer esto mediante reglamentos ni circulares sino por medio de otra disposición del mismo carácter expedida con iguales formalidades a las establecidas para expedir el precepto legal de que se trata." (Quinta Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIII, página 469).

No es obstáculo para la conclusión a la que se llegó, en el sentido de que el texto reformado del artículo 29, fracción II de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores al remitir a la Ley del Seguro Social respecto al límite superior salarial, derogó al artículo 144 de la Ley Federal del Trabajo, el hecho de que la quejosa sostenga que ésta es la ley especial, ya que por el contrario, es evidente que respecto de las aportaciones a dicho fondo la ley especial es la mencionada en primer término, pues es la que lo regula y establece el instituto encargado de administrarlo.

Además que, como ya se señaló, la remisión que hace la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores a la Ley del Seguro Social no la hace inconstitucional.

Lo anterior fue decidido por el Tribunal Pleno a través de la jurisprudencia 32/1998, aprobada también en la sesión privada de seis de julio de mil novecientos noventa y ocho, con el rubro y texto siguientes:

"CONFLICTO DE LEYES. ES INEXISTENTE CUANDO OPERA LA DEROGACIÓN TÁCITA DE LA LEY ANTERIOR POR LA POSTERIOR. Cuando el conflicto de leyes se plantea entre una ley anterior y una posterior en la regulación que realizan sobre la misma materia, si ambas tienen la misma jerarquía normativa, fueron expedidas por la misma autoridad legislativa y tienen el mismo ámbito espacial de vigencia, cabe concluir que no existe conflicto entre ellas, porque aun cuando no haya disposición derogatoria, opera el principio jurídico de que la ley posterior deroga tácitamente a la anterior en las disposiciones que le sean total o parcialmente incompatibles. Amparo en revisión 153/98. Servicios Inmobiliarios ICA, S.A. de C.V. 26 de marzo de 1998. Once votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Lourdes Ferrer Mac Gregor Poisot. Amparo en revisión 183/98. ICA Construcción Urbana, S.A. de C.V. 26 de marzo de 1998. Once votos. Ponente: Mariano Azuela Guitrón. Secretaria: Lourdes Ferrer Mac Gregor Poisot. Amparo en revisión 185/98. Grupo ICA, S.A. de C.V. y coags. 26 de marzo de 1998. Once votos. Ponente: Mariano Azuela Guitrón. Secretaria: Lourdes Ferrer Mac Gregor Poisot. Amparo en revisión 195/98. ICA Ingeniería, S.A. de C.V. 26 de marzo de 1998. Once votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Lourdes Ferrer Mac Gregor Poisot. Amparo en revisión 199/98. Aviateca, S.A. de C.V. 26 de marzo de 1998. Once votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Lourdes Ferrer Mac Gregor Poisot."

Por consiguiente, no resulta válido argumentar que la ley especial prevalece por encima de la norma general, ni de que una ley vigente sólo sea factible derogarla en forma expresa a través del procedimiento respectivo.

En este orden de ideas, al resultar infundados e ilegales los motivos por los cuales la Juez a quo declaró la inconstitucionalidad de la ley reclamada, se impone revocar la sentencia que se revisa y, conforme a lo dispuesto en el artículo 91, fracción I de la Ley de Amparo, deben examinarse los conceptos de violación cuyo estudio se omitió.

Además, al resultar fundados y suficientes los agravios analizados para revocar la sentencia recurrida, es innecesario pronunciarse sobre el resto de las cuestiones argüidas por la autoridad recurrente.

QUINTO. En los conceptos de violación vertidos por la parte quejosa de cuyo estudio no se ocupó la Juez de Distrito del conocimiento, se sustentó, medularmente lo siguiente:

a) El artículo 29, fracciones I, II y III de la ley del Infonavit es violatorio de la garantía de legalidad tributaria consagrada en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de las de seguridad jurídica y legalidad, previstas en los artículos 14 y 16 constitucionales, porque: como sujeto pasivo en el cumplimiento de las aportaciones del Infonavit tiene dos ordenamientos legales en vigor que, establecen dos bases distintas para el cumplimiento de sus obligaciones en materi

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5314-e132121e/infonavit-es-constitucional-el-articulo-29-fraccion-ii · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.