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Modo: Corpus Pro

ACLARACION DE DEMANDA DE AMPARO. CUANDO SE DEBE PRESENTAR CON COPIAS.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 640/94. · Registro digital (IUS): 543
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: HERIBERTO DIARTE PEREZ Y OTROS.
Localización: Octava Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIII, Junio de 1994, , Pág. 407.

AMPARO EN REVISION 640/94. HERIBERTO DIARTE PEREZ Y OTROS.

CONSIDERANDO:

CUARTO.-Los agravios transcritos son esencialmente fundados.

Por auto de veintiocho de marzo de mil novecientos noventa y cuatro, la Juez de Distrito mandó aclarar la demanda de amparo, por los siguientes dos conceptos: a) para que el quejoso Heriberto Diarte Pérez (quien promovió el juicio de amparo por su propio derecho y como representante común de los codemandados en el juicio natural) acreditara la representación con la que se ostentó y b) para que fuera exhibida una copia simple o certificada de la ejecutoria de amparo mencionada en la demanda de garantías.

La aclaración debía realizarse en el término de tres días. Además, la Juez del conocimiento apercibió con tener por no interpuesta la demanda de amparo, en caso de que: a) no se diera cumplimiento a lo requerido, o b) se produjera el cumplimiento, pero sin la exhibición de copias suficientes.

El acuerdo fue notificado a la parte quejosa el cinco de abril de mil novecientos noventa y cuatro. La notificación correspondiente surtió efectos al día siguiente. Por tanto, el plazo para el cumplimiento del requerimiento corrió del siete al once de abril de mil novecientos noventa y cuatro, al descontarse los días nueve y diez, que correspondieron a sábado y domingo, respectivamente.

Por escrito presentado ante el Juzgado de Distrito del conocimiento el siete de abril de mil novecientos noventa y cuatro, el quejoso Heriberto Diarte Pérez expresó que, para acreditar su calidad de representante común de los codemandados en el juicio natural, ese mismo día había solicitado ante el Juez Vigésimo Séptimo de lo Civil de esta ciudad y ante la Séptima Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, copia certificada, tanto del acuerdo de quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho, como de otras constancias a través de las cuales acreditaba la calidad con que se ostentó al promover el juicio de garantías, según lo acreditaba con las copias selladas por las oficialías de partes de dichos órganos jurisdiccionales, que al efecto exhibía.

El promovente exhibió también copia simple de la ejecutoria dictada en el distinto juicio de amparo 501/93, dictado por la Juez Tercera de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal.

El referido escrito de aclaración fue presentado sin que se exhibiera copia alguna del propio ocurso.

Por escrito presentado el doce de abril de mil novecientos noventa y cuatro, el quejoso Heriberto Diarte Pérez exhibió seis copias simples del escrito de aclaración de demanda y anexos, que dijo había omitido acompañar a su promoción presentada el siete de ese mes.

Por acuerdo de doce de abril de mil novecientos noventa y cuatro, la Juez de Distrito tuvo por no interpuesta la demanda, porque: a) Heriberto Diarte Pérez omitió acreditar fehacientemente la representación con que se ostentó, o sea, la de representante común de los codemandados en el juicio natural; b) la copia de la ejecutoria de amparo exhibida fue simple, por lo que en concepto de la Juez de Distrito carecía de valor probatorio, y c) no fueron exhibidas "copias suficientes" del escrito de aclaración de demanda.

La determinación de la Juez de Distrito es ilegal, porque debe tenerse en cuenta que, si bien es cierto que el artículo 116 de la Ley de Amparo prevé determinados requisitos que deben reunir las demandas de garantías y el artículo 120 del propio ordenamiento impone la carga de exhibir un determinado número de copias del escrito inicial, también es verdad que todos esos requisitos no constituyen formalismos sin sentido, sino que, como todas las formalidades procesales, tienen un propósito o finalidad.

Así, en los preceptos indicados es posible distinguir, por lo menos, dos clases de requisitos: a) los que permiten al juzgador de amparo cumplir con sus atribuciones dentro del juicio de garantías y, b) los que permiten a las partes del juicio preparar su defensa.

Dentro de la primera clase de requisitos puede citarse, por ejemplo, el señalamiento del nombre y domicilio del tercero perjudicado, puesto que con la indicación que al respecto haga el quejoso, el juzgador está en condiciones de emplazar a ese tercero. También puede mencionarse la especificación del acto reclamado, ya que con su señalamiento preciso, la autoridad de amparo estará en condiciones de hacer un juzgamiento sobre su constitucionalidad, delimitando la materia del juicio de garantías.

Un requisito que permite a las partes preparar su defensa lo constituye precisamente, la carga de la exhibición de las copias a que se refiere el artículo 120 de la Ley de Amparo, pues es manifiesto que con el cumplimiento de tal carga, se podrá correr traslado a las autoridades responsables y al tercero perjudicado, para que estén en condiciones de defender en juicio sus posiciones e intereses. Las copias sirven también para formar los cuadernos del incidente de suspensión de los actos reclamados, que corren por cuerda separada, cuando esta medida se pide.

Hay requisitos que cumplen los dos propósitos indicados, como lo es el caso de las copias, puesto que independientemente de que ellas contribuyan a que alguna de las partes en el juicio preparen su defensa, sirven también para que el juzgador esté en condiciones de integrar los referidos cuadernos de suspensión.

Cuando el quejoso omite cumplir alguno de los citados requisitos, el artículo 146 de la Ley de Amparo faculta al Juez de amparo para proveer su subsanación, a través del pronunciamiento de un requerimiento de aclaración o de exhibición de copias del escrito inicial. Al quedar remediado el defecto, se estará en condiciones de que el juicio se tramite sin obstáculos y se dicte una sentencia válida, lo cual no se lograría, si subsistiera el defecto. Así, por ejemplo, si no está indicado correctamente el acto reclamado, el juzgador no está en condiciones de emitir un pronunciamiento sobre su constitucionalidad. De aquí resulta claro, que la declaración de que la demanda de amparo se tiene por no interpuesta, por no haberse realizado la aclaración requerida, se justifica solamente en la medida en que la decisión sea acorde con las finalidades de los artículos 116 y 120 de la Ley de Amparo, es decir, cuando queda evidenciado que por no haberse subsanado el defecto señalado oportunamente por el juzgador, no se está en condiciones de tramitar un juicio válido o no se dan las circunstancias para que pueda ser emitido un juzgamiento apegado a derecho.

Al aplicar los conceptos anteriores al presente caso, se encuentra que es verdad que el promovente Heriberto Diarte Pérez promovió demanda de amparo, por su propio derecho y como representante común de los codemandados en el juicio natural. No hay controversia respecto a que hasta el momento, dicho promovente no ha acreditado su calidad de representante común, pero de acuerdo a lo antes expuesto, esta circunstancia no impide el trámite del juicio de amparo, ni el pronunciamiento de una sentencia válida, porque en primer lugar, Heriberto Diarte Pérez promovió por su propio derecho y, por consiguiente, conforme al artículo 4o. de la Ley de Amparo, la actividad realizada por dicho promovente en lo personal, es suficiente para producir efectos jurídicos, tanto para el inicio de la instancia, como para el desenvolvimiento a trámite del juicio de garantías.

Conforme al artículo 151 de la Ley de Amparo, las pruebas deben ofrecerse y rendirse en la audiencia constitucional. Por tanto, es hasta este momento cuando el mencionado promovente tiene la oportunidad de acreditar la calidad de representante común con la que se ostenta. Si la demuestra, sus actos valen respecto a los que se dicen representados, en términos de los artículos 4o. y 13 de la Ley de Amparo. En caso contrario, el juicio de amparo puede ser declarado improcedente respecto a los actos reclamados por esos supuestos representados, al pronunciarse el fallo correspondiente.

Sirve de apoyo a este criterio la primera tesis relacionada a la jurisprudencia 1301, localizable en la página 2105 de la segunda parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, la cual dice: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO.- Al disponer el artículo 13 de la Ley de Amparo que cuando alguno de los interesados tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, tal personalidad será admitida en el juicio de garantías para todos los efectos legales, no exige que en el momento de presentarse la demanda, se acredite que ante la autoridad responsable se halle reconocida la personalidad del promovente, sino que basta que se haga mención de ese reconocimiento, para que se dé entrada a la demanda, a reserva de que en el curso del juicio, quede acreditado el hecho, y no teniendo esto lugar habrá motivo para sobreseer.".

Independientemente de lo anterior, existen circunstancias de hecho que evidencian la voluntad del promovente para cumplir con el requerimiento, pero al mismo tiempo la imposibilidad material y jurídica para hacerlo, puesto que el día siguiente en que surtió efectos la notificación del requerimiento de aclaración de demanda de amparo, Heriberto Diarte Pérez solicitó copias certificadas de distintas constancias al Juez Vigésimo Séptimo de lo Civil de esta ciudad y a la Séptima Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, con el fin de acreditar su carácter de representante común de los codemandados en el juicio natural.

Los artículos 66, 89, 122, 123 y 125 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal evidencian la imposibilidad material y jurídica para que el mencionado quejoso pudiera cumplir con el requerimiento dentro de los tres días que le fueron fijados por la Juez de Distrito, ya que el secretario de los órganos jurisdiccionales del fuero común debía dar cuenta con la promoción dentro de las veinticuatro horas siguientes. El Juez y la Sala mencionados contaban con tres días para dictar el acuerdo respectivo. La notificación correspondiente podía hacerse desde el día del dictado del acuerdo o hasta el tercer día de la emisión de éste. Además de lo anterior, faltaría todavía que se dieran las condiciones para la ejecución, en su caso, del acuerdo que ordenara la expedición de copias.

Como se ve, en virtud de los términos en que podían ser expedidas las copias de las constancias solicitadas por el quejoso Heriberto Diarte Pérez, se aprecia que con la solicitud de ellas queda evidenciado el propósito de cumplimiento; pero los términos de ley dentro de los cuales debía proveerse su expedición constituían un obstáculo para el cumplimiento. Si a lo anterior se agrega que, conforme a lo expuesto con antelación, la falta de acreditamiento de la representación con la que se ostentó el quejoso, no constituía obstáculo para el trámite del juicio de amparo, se concluye que la decisión de tener por no interpuesta la demanda, se apartó de las finalidades de los formalismos previstos en los artículos 116 y 120 de la Ley de Amparo.

En lo que respecta a la exhibición que hizo Heriberto Diarte Pérez de la copia simple de la sentencia de catorce de abril de mil novecientos noventa y cuatro, dictada en el juicio de amparo 501/93, por la Juez Tercera de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, es de considerarse que hubo cumplimiento al auto donde se decretó la aclaración de la demanda de amparo, pues según éste, se requirió al mencionado peticionario de garantías "... para que exhiba una copia simple o certificada de la ejecutoria de amparo que menciona ...". Consecuentemente, si el quejoso exhibió una copia simple, es claro que fue ilegal que en el acuerdo recurrido se tuviera por no cumplido el requerimiento, sobre la base de que dicha copia carecía de valor probatorio, por carecer de certificación de funcionario o persona que por razón de su cargo hubiera dado fe de la existencia del original que se reprodujo en el documento exhibido.

En lo que respecta a la falta de exhibición de copias del escrito de aclaración, se suplirá la queja deficiente del recurrente, en virtud de que se advierte una infracción manifiesta al artículo 120 de la Ley de Amparo, que lo dejó en estado de indefensión, porque se le privó del derecho a que se diera trámite a la demanda de garantías, con lo cual se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 76 Bis, fracción VI, del propio ordenamiento.

Conforme a lo que antes se expuso, las copias de la demanda de amparo permiten que las partes del juicio de garantías puedan preparar su defensa. En lo que respecta a los escritos de aclaración, habrá ocasiones en que las copias del propio ocurso sean necesarias, por ejemplo, si la aclaración versa sobre la omisión de requisitos tales como la indicación del acto reclamado. En cambio, esas copias no serán indispensables si la aclaración se refiere a casos como el presente, en que se pidió la exhibición de documentos que acreditaran la representación con la que se ostentó el quejoso, con la exhibición de una copia simple o certificada de una ejecutoria de amparo, puesto que es claro que si esas copias faltan y no se corre traslado con ellas a las partes en el juicio de amparo, tal circunstancia no afecta la defensa de éstas.

A este respecto cabe invocar la tesis de este Tribunal Colegiado que es del siguiente tenor: "ACLARACIONES DE DEMANDA DE AMPARO. CUANDO SE DEBE PRESENTAR CON COPIAS.-El escrito aclaratorio de la demanda no siempre se debe presentar con el número de copias a que se refiere el artículo 120 de la Ley de Amparo, sino en los casos en que la materia de la aclaración o el cumplimiento de la prevención constituyan elementos que deban ponerse en conocimiento directo de las demás partes del juicio constitucional, al correrles traslado del libelo inicial, para que produzcan en forma adecuada y oportuna su defensa. Esta tesis encuentra su base de sustentación en lo siguiente: La generalidad de los requisitos que contiene la demanda de garantías son de importancia para que las partes queden en condiciones de producir su defensa en relación a la cuestión planteada por el quejoso, pero no todos, pues hay algunos que se exigen para que el juzgador pueda cumplir con sus atribuciones en el procedimiento, como es el caso del señalamiento del domicilio del tercero perjudicado, cuya finalidad primordial consiste en que se pueda practicar el emplazamiento a dicha parte. El artículo 120 de la Ley de Amparo dispone que se exhiban sendas copias de la demanda, con el manifiesto propósito de que se pueda correr traslado con ellas a las demás partes, a fin de que estén en condiciones de defender en el juicio sus posiciones o intereses, así como para formar los cuadernos del incidente de suspensión de los actos reclamados, que corre por cuerda separada, cuando se pide esta medida. Para que se cumpla cabalmente con la finalidad apuntada, mediante el traslado, se necesita, únicamente, que las copias que se entreguen a las partes contengan todos los elementos atinentes a la producción de su defensa, pues para ese efecto y en esa fase procesal son intrascendentes los que sólo conciernen a la actividad del órgano jurisdiccional que conoce del asunto. Por tanto, cuando se trata de los elementos que deben constar necesariamente en las copias de traslado, es obvio que el artículo 120 invocado es aplicable también para el escrito en que se haga la aclaración o se complete la demanda, pero cuando sólo se trate de los que atañen a la actividad del juzgador, como el que nos sirve de ejemplo, al no existir norma alguna que prevenga la exhibición de copias del ocurso aclaratorio por sí mismo, bastará que se presente el original. Con mayor razón debe considerarse innecesario la presentación de varios tantos del ocurso en comento, cuando sólo se cumple en él, verbigracia, con la prevención de exhibir copias de la demanda de amparo o de otros documentos como el poder para acreditar la personería, dado que aquí la promoción sólo es el medio de comunicación legal indispensable para dirigirse el Juez y hacerle llegar las copias o documentos faltantes, atento a lo dispuesto en el artículo 3o. de la ley de la materia, en el sentido de que en los juicios de amparo las promociones deberán hacerse por escrito, con las salvedades que apunta, que no se dan en el supuesto que nos ocupa.". Amparo en revisión: 824/89. Isabel Rivera Linares. 7 de septiembre de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Villegas Vázquez. Proyectista: Jaime Uriel Torres. Amparo en revisión: 1154/89. Tubería Laguna, S.A. de C.V. 13 de septiembre de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Amparo en revisión: 1349/89. Mario García Espinoza. 29 de noviembre de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Villegas Vázquez. Secretaria: Ana María Nava Ortega. Amparo en revisión 1574/90. Benito Ramírez Rodríguez. 17 de enero de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Villegas Vázquez. Secretario: Jaime Uriel Torres Hernández.

En esta virtud, es ilegal que se tuviera por no interpuesta la demanda, porque el quejoso no exhibió las copias de su escrito de aclaración, pues con tal decisión se contrarió la finalidad de los artículos 116 y 120 de la Ley de Amparo.

No constituyen obstáculo a estas conclusiones, los términos en que se produjo el requerimiento, en el auto de veintiocho de marzo de mil novecientos noventa y cuatro, puesto que debe considerarse que los puntos ilegales de ese requerimiento sólo es posible examinarlos en el recurso de revisión que se interpone contra el auto que tuvo por no interpuesta la demanda, ya que el auto de prevención es irrecurrible, por no causar por sí mismo un daño no reparable en la sentencia definitiva, lo que impide el surtimiento de uno de los requisitos previstos en el artículo 95, fracción VI, de la Ley de Amparo, para que se pudiera interponer el recurso de queja. Por tanto, es patente que el daño se produce hasta que, sobre la base de un requerimiento ilegal, se tiene por no interpuesta la demanda de garantías.

Conforme a este orden de ideas, ha lugar a revocar el auto recurrido.

Por no expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 77 y 91 de la Ley de Amparo, se resuelve:

UNICO.-Se revoca el auto materia de la revisión.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos originales a la autoridad responsable que los remitió y, en su oportunidad, archívese este toca como asunto concluido.

Así lo resolvieron los Magistrados del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, licenciados Gilda Rincón Orta, Leonel Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata, siendo ponente el tercero, quienes firman con el secretario de Acuerdos, que da fe.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/543-8f8525e0/aclaracion-de-demanda-de-amparo-cuando-se-debe · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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