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Modo: Corpus Pro

SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. PUEDEN, VÁLIDAMENTE, DECLARAR LA INCOMPETENCIA DEL TRIBUNAL PLENO PARA CONOCER DE UN ASUNTO.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 392/99. · Registro digital (IUS): 5726
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: HOTEL TURÍSTICO DOS NACIONES, S.A.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Julio de 1999, , Pág. 278.

AMPARO EN REVISIÓN 392/99. HOTEL TURÍSTICO DOS NACIONES, S.A.

CONSIDERANDO:

ÚNICO.-La Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente incompetente para conocer y resolver el presente recurso de revisión, porque aun cuando la parte quejosa reclamó la inconstitucionalidad del artículo 166 de la Ley Agraria, no subsiste en la revisión el problema de inconstitucionalidad planteado. Lo anterior se determina por esta Segunda Sala, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21, fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y tercero de la fracción VII, del acuerdo 1/1997, dictado por el Tribunal Pleno el veintisiete de mayo de mil novecientos noventa y siete, que faculta a las Salas para conservar y fallar los asuntos que le envíe aquél, cuando por cualquier causa sea innecesaria su intervención, lo que acontece cuando se aprecia la incompetencia de este Alto Tribunal para resolver un asunto, pues en este supuesto no es necesario hacerse cargo de cuestiones estrictamente constitucionales.

Resulta de exacta aplicación el criterio contenido en la tesis número 2a. XXI/98, publicada en la página 418, del Tomo VII, marzo de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice:

"-El punto tercero, fracción VII, del Acuerdo 1/1997, dictado por el Pleno el veintisiete de mayo de mil novecientos noventa y siete, faculta a las Salas para conservar y fallar los asuntos que le envíe aquél, cuando por cualquier causa sea innecesaria su intervención, lo que ocurre cuando se aprecia la incompetencia legal del Tribunal Pleno de la Suprema Corte para resolver un asunto, dado que en ese supuesto no se tienen que abordar cuestiones estrictamente constitucionales."

Precisado lo anterior, es necesario atender al contenido de los artículos que rigen la competencia de este Alto Tribunal en el caso de juicios de amparo en revisión.

El artículo 107, fracción VIII, inciso a) y último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece:

"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: ... VIII. Contra las sentencias que pronuncien en amparo los Jueces de Distrito o los Tribunales Unitarios de Circuito procede revisión. De ella conocerá la Suprema Corte de Justicia: a) Cuando habiéndose impugnado en la demanda de amparo, por estimarlos directamente violatorios de esta Constitución, leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el presidente de la República de acuerdo con la fracción I del artículo 89 de esta Constitución y reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los Estados o por el jefe del Distrito Federal, subsista en el recurso el problema de constitucionalidad; ... En los casos no previstos en los párrafos anteriores, conocerán de la revisión los Tribunales Colegiados de Circuito y sus sentencias no admitirán recurso alguno."

Por su parte, los artículos 84, fracción I, inciso a) y 85, fracción II, de la Ley de Amparo disponen:

"Artículo 84. Es competente la Suprema Corte de Justicia para conocer del recurso de revisión, en los casos siguientes: I. Contra las sentencias pronunciadas en la audiencia constitucional por los Jueces de Distrito, cuando: a) Habiéndose impugnado en la demanda de amparo, por estimarlos inconstitucionales, leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el presidente de la República de acuerdo con la fracción I del artículo 89 constitucional y reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los Estados, o cuando en la sentencia se establezca la interpretación directa de un precepto de la Constitución, subsista en el recurso el problema de constitucionalidad."

"Artículo 85. Son competentes los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer del recurso de revisión, en los casos siguientes: ... II. Contra las sentencias pronunciadas en la audiencia constitucional por los Jueces de Distrito o por el superior del tribunal responsable, siempre que no se trate de los casos previstos en la fracción I del artículo 84."

Los numerales 10, fracción II, inciso a) y 21, fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establecen:

"Artículo 10. La Suprema Corte de Justicia conocerá funcionando en Pleno: ... II. Del recurso de revisión contra sentencias pronunciadas en la audiencia constitucional por los Jueces de Distrito o los Tribunales Unitarios de Circuito, en los siguientes casos: a) Cuando subsista en el recurso el problema de constitucionalidad de normas generales, si en la demanda de amparo se hubiese impugnado una ley federal, local, del Distrito Federal, o un tratado internacional, por estimarlos directamente violatorios de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

"Artículo 21. Corresponde conocer a las Salas: ... II. Del recurso de revisión en amparo contra sentencias pronunciadas en la audiencia constitucional por los Jueces de Distrito o Tribunales Unitarios de Circuito, en los siguientes casos: a) Cuando subsista en el recurso el problema de constitucionalidad, si en la demanda de amparo se hubiese impugnado un reglamento federal expedido por el presidente de la República, o reglamentos expedidos por el gobernador de un Estado o por el jefe del Distrito Federal, por estimarlos directamente violatorios de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o si en la sentencia se establece la interpretación directa de un precepto de la misma en estas materias."

De los preceptos transcritos se advierte que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del recurso de revisión contra las sentencias pronunciadas en la audiencia constitucional por los Jueces de Distrito, cuando en la demanda de garantías se hubiera impugnado por estimarlos directamente violatorios de la Constitución, una ley federal o local, un tratado internacional o reglamentos expedidos por el presidente de la República, gobernadores de los Estados, o jefe del Distrito Federal, en uso de sus facultades reglamentarias, o bien que se plantee la interpretación directa de un precepto de la Carta Magna, siempre que subsista en el recurso el problema de constitucionalidad hecho valer y que de no actualizarse los supuestos mencionados, la competencia para conocer del recurso de revisión, corresponderá a los Tribunales Colegiados de Circuito.

Es pertinente mencionar que la exposición de motivos de trece de noviembre de mil novecientos ochenta y siete, para reformar los artículos 73, 94, 97, 101, 104 y 107 de la Constitución Federal y diversos artículos de la Ley de Amparo, entre otros, el 84 y 85, relativos al conocimiento de los recursos de revisión por parte de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando se discutieran y subsistieran aspectos de inconstitucionalidad de leyes o bien de interpretación de preceptos constitucionales, tuvo como finalidad, de manera sintetizada, la siguiente:

"Al asignar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la función de supremo intérprete de la Constitución, se fortalece el principio de división de poderes, pues nuestro más Alto Tribunal definirá si las leyes federales y locales, los tratados internacionales y los reglamentos federales y estatales, guardan el respeto debido a los valores sustantivos y formales que nuestra Constitución consagra."

Ahora bien, de la demanda de garantías se desprende que la quejosa reclamó la inconstitucionalidad del artículo 166 de la Ley Agraria, así como su acto de aplicación; por su parte, el Juez de Distrito determinó negar el amparo en relación con esos actos reclamados; sin embargo, en los agravios que formula la quejosa recurrente en el recurso de revisión interpuesto, sólo controvierte las consideraciones expresadas por el juzgador en torno al acto de aplicación, por lo que debe concluirse que no subsiste en la revisión el problema de inconstitucionalidad hecho valer.

En efecto, en sus agravios la recurrente manifestó:

"La sentencia que combato viola en perjuicio de la parte quejosa el artículo 77 de la Ley de Amparo ya que incumple las obligaciones que este dispositivo le impone al ciudadano Juez de Distrito al momento de resolver. Con este fundamento, expongo a continuación, a manera de agravios, los que se están causando desde el punto de vista formal y de orden material o de fondo.-I. La sentencia reclamada, después de plasmar la larga lista de pruebas que en número de 35 (treinta y cinco) ofrece la parte quejosa, el Juez acuerda que se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas de acuerdo a su propia y especial naturaleza, expresando inmediatamente después que: ‘Por cuanto hace a la marcada con el inciso 4 (inspección ocular para acreditar la legítima existencia y funcionamiento de la negociación destinada al Hotel Turístico «Dos Naciones», S.A.), tampoco ha lugar a admitirla, ya que no resulta idónea para acreditar los extremos que con ella se pretenden.’. La anterior transcripción denota un severo agravio a mi representada puesto que el señor Juez de Distrito que así lo acordó fue totalmente omiso en invocar alguna disposición legal para fundarlo, y menos aún expresó algún razonamiento que lo motivara, concretándose por sí y ante sí, sin explicación de ninguna especie, autoritariamente, a dejar fuera del marco probatorio dicha específica inspección ocular.-En la misma sentencia reclamada, antes de desembocar en el resolutivo único el señor Juez de Distrito responsable asienta que: ‘Finalmente, las diversas pruebas documentales aportadas por el quejoso al juicio que ahora se resuelve, a pesar de haber sido admitidas, resultan inaptas (sic) jurídicamente para acreditar la inconstitucionalidad del acto reclamado.’, exponiendo como pseudo argumento que dichos elementos probatorios ‘... serán materia de la sentencia definitiva que se pronuncie en la controversia agraria original y que, por ende, no pueden ser materia de análisis en el presente.’. De igual manera, el señor Juez de Distrito omite fundar y motivar legalmente dicha aseveración, violando simultáneamente el artículo 77 de la Ley de Amparo, causando con ello un agravio trascendente a la parte quejosa, dejándola en estado de indefensión.-En materia de desestimación de pruebas, en los términos expuestos en los párrafos anteriores el señor Juez de Distrito responsable incumple con su obligación constitucional y legal dejando de advertir que todo ese cuadro probatorio ha tenido y tiene la finalidad de demostrar presupuestos indispensables sobre el interés jurídico de la empresa quejosa y, fundamentalmente, acreditar o demostrar que en el dictado del acuerdo jurisdiccional agrario, materia de este juicio de garantías, se está privando a la empresa quejosa del derecho que le asiste, emanado del decreto expropiatorio que consta en autos, impidiéndole que la propia empresa cumpla con la obligación que le impone el mismo decreto, consistente en construir un edificio para destinarlo al Hotel Turístico ‘Dos Naciones’, S.A., Si el Juez de Distrito hubiese cumplido con su obligación dándole a cada uno de los elementos de prueba el valor jurídico que les corresponde, naturalmente habría llegado a un resolutivo concesorio de la protección federal a la parte quejosa.-II. Desde el punto de vista material o de fondo la sentencia reclamada también agravia a la hoy recurrente por haber hecho una aplicación interpretativa equivocada del artículo 14 constitucional en su segundo párrafo y 16 de la Ley Suprema. Efectivamente, se le señaló al Juez de Distrito desde la demanda inicial que se ha dictado un decreto expropiatorio con la clara e indudable finalidad esencial de que la empresa Hotel Turístico ‘Dos Naciones’, S.A., se diera a la tarea de construir un edificio para destinarlo al funcionamiento de un hotel, y que a su vez el Tribunal Unitario Agrario responsable, incurriendo en el mismo vicio o error de inobservancia dictó el acuerdo reclamado ordenándole a la empresa demandada que se abstuviera de construir alterando con ello la naturaleza y esencia del propio decreto expropiatorio, incurriendo en una evidente y severa contradicción entre el decreto que obliga a construir y el acuerdo reclamado que ordena abstenerse de construir.-Por otra parte, afirma reiteradamente el C. Juez responsable que los actos reclamados, tanto la Ley Agraria a través de su artículo 166 como su primer acto de aplicación consistente en el acuerdo jurisdiccional agrario son meros o simples actos de molestia y no de privación, por lo que en esta hipótesis concreta la autoridad no está obligada a respetar la garantía de audiencia, a través del cumplimiento a las formalidades esenciales del procedimiento. Esta apreciación debe considerarse equívoca y generadora de un agravio a la parte quejosa, ya que con el acuerdo reclamado se le está impidiendo a la empresa quejosa que ejercite una serie de derechos emanados del multicitado decreto de expropiación y que cumpla con la obligación que el propio acto administrativo le impone consistente en construir un edificio para destinarlo a hotel. El acuerdo reclamado entraña un verdadero acto de privación porque extrae definitivamente de la esfera jurídica de la empresa quejosa ese multicitado derecho a construir un edificio en la inteligencia de que al avanzar el proceso jurisdiccional agrario en el que se dictó se variarían sustancialmente las condiciones de la empresa demandada, aquí quejosa, paralizando, deteniendo o suspendiendo una obra de construcción arquitectónica con la que precisamente cumple la causa de utilidad pública asentada claramente en el derecho expropiatorio.-En síntesis, adminiculando en este concreto recurso de revisión las pruebas de la quejosa admitidas y no valoradas por el Juez de Distrito con el contenido de fondo del decreto de expropiación que ordena construir y el acuerdo del Tribunal Agrario responsable que ordena dejar de construir se llega a la lógica conclusión de que el señor Juez de Distrito ha dictado una sentencia ilegal e injusta que agravia severamente a la parte quejosa, por lo que debe revocarse y sustituirse por otra en la que se le conceda el amparo y protección de la Justicia Federal."

De los agravios antes insertos, se desprende que la recurrente aduce, medularmente, que se infringió el artículo 77 de la Ley de Amparo, en razón de que el Juez Federal omitió fundar y motivar el desechamiento de la prueba de inspección ocular ofrecida, así como la consideración de que los elementos probatorios serán materia de la resolución definitiva que se dicte en el juicio agrario; que, contrariamente a lo razonado en el fallo recurrido, las pruebas aportadas no fueron debidamente valoradas y demuestran el interés jurídico de la promovente y acreditan que con el proveído reclamado se priva a la quejosa del derecho que le asiste, emanado del decreto expropiatorio que menciona; que se hizo una aplicación errónea de lo dispuesto por los artículos 14 y 16 constitucionales, toda vez que desde la demanda se le indicó al juzgador que existe un decreto expropiatorio en el que se le encomienda la realización de una construcción, por lo que el acuerdo combatido que le ordena abstenerse de proseguir esa actividad, altera la naturaleza y esencia del señalado decreto; que reiteradamente el juzgador afirma que la norma y acuerdo reclamados sólo constituyen actos de molestia y no de privación, por lo que la autoridad no se encuentra obligada a respetar la garantía de audiencia, que, sin embargo, esa apreciación es equivocada, porque con el acuerdo reclamado se le impide el ejercicio de una serie de derechos emanados del decreto expropiatorio, así como el cumplimiento de la obligación que tal acto administrativo le impone, consistente en la construcción de un edificio para destinarlo a hotel, por lo que, en su concepto, el auto emitido por el tribunal responsable constituye un verdadero acto de privación, en razón de que extrae definitivamente de su esfera jurídica el derecho otorgado por el aludido decreto; y que, además, al avanzar el procedimiento agrario, variarán sustancialmente las condiciones de la parte quejosa, al haberse paralizado la construcción de una obra con la que se satisface una causa de utilidad pública. Luego, como los argumentos de la recurrente se vinculan a cuestiones probatorias relacionadas con el acto de aplicación reclamado, sin que se impugnen las consideraciones del Juez Federal por las que estimó que el precepto legal combatido no infringe el artículo 14 de la Ley Fundamental; debe concluirse que no subsiste en la revisión el problema de constitucionalidad planteado en la demanda de garantías.

En las condiciones descritas, al estar en presencia de un asunto cuyo estudio no requiere de la intervención de esta Suprema Corte de Justicia, ya sea funcionando en Pleno o en Sala y toda vez que la revisión que ha de hacerse respecto del acto de aplicación corresponde a un Tribunal Colegiado de Circuito, lo procedente es declarar la incompetencia legal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para conocer y resolver el recurso de revisión interpuesto y, por tanto, deben remitirse los autos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con residencia en Toluca, Estado de México, para que proceda a dictar la resolución que en derecho corresponda.

Resultan aplicables al caso, la jurisprudencia y tesis que a continuación se insertan:

"REVISIÓN, RECURSO DE. INCOMPETENCIA DEL PLENO SI EN LOS AGRAVIOS NO SUBSISTE PROBLEMA DE INCONSTITUCIONALIDAD.-Aun cuando en la demanda de amparo se reclame la inconstitucionalidad de una ley y el Juez del conocimiento se ocupe de esa cuestión, no es eso suficiente para que corresponda al Pleno de la Suprema Corte de Justicia conocer del recurso de revisión hecho valer contra la sentencia de primera instancia, si en los agravios no subsiste problema alguno referente a la inconstitucionalidad del ordenamiento impugnado, puesto que la revisión debe concretarse únicamente al análisis de los agravios alegados contra el fallo del Juez de Distrito, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 91 de la Ley de Amparo." (Jurisprudencia 182, publicada en la página 303, Primera Parte, Pleno, Apéndice 1917-1988).

"REVISIÓN, RECURSO DE. INCOMPETENCIA DEL PLENO, SI EN LOS AGRAVIOS NO SUBSISTE PROBLEMA DE INCONSTITUCIONALIDAD.-Cuando en los agravios formulados sólo se combaten las consideraciones de la sentencia del Juez de Distrito en la parte que se relaciona con la aplicación de un precepto de la ley reclamada por su indebida interpretación y no se impugna ese fallo en la parte que se refiere al problema de inconstitucionalidad de la ley planteada en la demanda, es el caso de remitir los autos al Tribunal Colegiado competente para que conozca de la revisión, ya que no se surte la competencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación." (Tesis del Tribunal Pleno, publicada en la página 45, Volumen 48, Primera Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación).

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO.-La Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente incompetente para conocer del presente recurso de revisión.

SEGUNDO.-Desglósese del toca número 392/99, el escrito de expresión de agravios y remítase junto con los autos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con residencia en Toluca, Estado de México, para su resolución.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, remítanse el recurso de revisión y los autos al Tribunal Colegiado mencionado en el segundo punto resolutivo; comuníquese lo anterior al Juez Primero de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Civiles Federales en el Estado de México y, en su oportunidad, archívese el toca.

Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros Juan Díaz Romero, Mariano Azuela Güitrón, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, y presidente Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ausente el señor Ministro José Vicente Aguinaco Alemán, por estar haciendo uso de sus vacaciones. Fue ponente el segundo de los Ministros antes mencionados.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5726-98fb9684/salas-de-la-suprema-corte-de-justicia-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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