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Modo: Corpus Pro

POSESION. LA CONSTANCIA QUE EXPIDE UN PRESIDENTE MUNICIPAL, NO TIENE EFICACIA PARA ACREDITAR LA.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 117/93. · Registro digital (IUS): 5837
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ALBERTO GAMBOA TOTOLHUA.
Localización: Octava Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación, Tomo XI, Mayo de 1993, , Pág. 245.

AMPARO EN REVISION 117/93. ALBERTO GAMBOA TOTOLHUA.

CONSIDERANDO:

TERCERO.-Son infundados en parte e inoperantes en lo demás los agravios anteriores.

El Juez de Distrito a quo consideró en esencia que la orden de desalojo reclamada, proviene del expediente 487/90, relativo al juicio reivindicatorio promovido por José Juan Gamboa Flores en contra de Alberto Gamboa Flores y Gloria Totolhua de Gamboa, por lo que al haber sido dictada en contra de los demandados, no lesiona el interés jurídico del quejoso. Que además no acreditó que fuese propietario o poseedor del inmueble denominado "Cuatemolotla", ya que la constancia expedida por el Presidente Municipal de Cuautlancingo, Puebla, objetada por el tercero perjudicado, carece de fecha de inicio de la posesión y no es la idónea para acreditar tal hecho, sin que sea obstáculo el resultado del desahogo de la prueba testimonial a cargo de Gregorio Barrios Sarmiento y José Bertín Francisco Barrios Sarmiento, pues al contestar las preguntas seis y siete del interrogatorio, no coinciden en relación a la fecha en que el quejoso comenzó a poseer, por lo que dicha probanza carece de valor probatorio. Por último, que de la copia certificada de la sentencia dictada en el juicio de amparo 1821/92, de ese mismo Juzgado de Distrito y de la correspondiente al acta de nacimiento del quejoso, advertía que en ese juicio de garantías promovido por Arturo Gamboa Totolhua, se habían reclamado los mismos actos y como el hoy quejoso es hijo de los demandados en el juicio de origen, resultan inverosímiles las afirmaciones de los testigos, por lo que decretó el sobreseimiento con fundamento en los artículos 73 fracción V y 74 fracción III de la Ley de Amparo.

En contra de estas consideraciones, el recurrente alega que con la constancia expedida por el Presidente Municipal de Cuautlancingo, Puebla, acreditó que habita en el predio denominado "Cuatemolotla", marcado con el número diez de la calle Guerrero de esa población y que dicho funcionario tiene facultades para expedirla, de acuerdo con la fracción XII del artículo 41 de la ley orgánica municipal. Que no se analizó la copia certificada deducida del proceso 445/89, misma que exhibió. Que los testigos refirieron el hecho esencial de la posesión y por lo que hace a la diversa copia certificada deducida del expediente de amparo 1821/92, promovido por Arturo Gamboa Totolhua, no es obstáculo para que pueda ejercer sus derechos, máxime que la sentencia dictada en ese juicio no ha causado ejecutoria.

De lo anterior se advierte que los agravios resultan en parte inoperantes, pues nada se alega en relación a que la orden de desalojo reclamada no lesiona el interés jurídico del quejoso porque se encuentra dirigida a los demandados en el expediente de origen; asimismo, se omite combatir y destruir la razón por la que el Juez Federal desestimó la prueba testimonial, por lo que este Tribunal Colegiado no puede examinar de oficio tales consideraciones. Es aplicable al caso la jurisprudencia 38 de este propio tribunal, que dice: "AGRAVIOS, CUANDO SE RECURRE EL SOBRESEIMIENTO.-Los agravios deben estar en relación directa e inmediata con los fundamentos y consideraciones de la resolución combatida, de ahí que cuando se haya sobreseído, el inconforme deberá demostrar la ilegalidad de esa resolución a través de razonamientos jurídicos concretos, salvo que conforme a la ley deba suplirse la deficiencia de la queja, pero si en vez de impugnar el sobreseimiento se limita a alegar cuestiones referentes al fondo del asunto, lo precedente es confirmar el fallo que se revisa.".

Por otra parte, lo alegado por el recurrente en cuanto a que con la constancia expedida por el Presidente Municipal de Cuautlancingo, Puebla, acreditó que habita el inmueble denominado "Cuatemolotla", debe decirse en primer término que la circunstancia de que el quejoso viva o habite en ese predio, no implica que lo posea en nombre propio, sino que más bien esta situación se debe a su calidad de hijo de los demandados en el juicio de origen.

Además, el Juez Federal no restó valor probatorio a esa constancia porque el presidente municipal no tuviera facultades para expedirla, sino porque no es la prueba idónea para demostrar el hecho de a posesión, con lo cual este Tribunal Colegiado está de acuerdo, pues en diversas resoluciones ha determinado que este tipo de constancias carecen de eficacia para demostrar el hecho de la posesión. Es aplicable al caso, la tesis sustentada en los amparos en revisión números 230/89, 544/90, 39/91 y 535/91, que dice: "POSESION. LA CONSTANCIA QUE EXPIDE UN PRESIDENTE MUNICIPAL, NO TIENE EFICACIA PARA ACREDITAR LA.-La certificación de un presidente municipal en la que se hace constar que una persona se encuentra en posesión de determinado predio, no tiene eficacia para demostrar lo que ahí se hace constar, por ser ésta una cuestión del todo ajena a sus funciones; y para utilizar su dicho en lo que no se refiere a dichas funciones, es preciso promover la prueba testimonial con arreglo a derecho.".

Cabe destacar que en la especie, la constancia de referencia alude concretamente a que Alberto Gamboa Totolhua tiene su domicilio en el predio denominado "Cuatemolotla", marcado con el número diez de la calle Guerrero de Cuautlancingo, Puebla, más de manera alguna precisa que el citado quejoso se encuentra en posesión de ese inmueble, pues una cosa es que allí habite y por consecuencia tenga su domicilio en su calidad de hijo de los demandados en el juicio de origen y otra la tenencia material del predio en nombre propio, lo cual no se encuentra demostrado.

Por último, debe decirse que en autos del expediente de amparo, no obra la copia certificada a que alude el recurrente, deducida del proceso 445/89; y el hecho de que Arturo Gamboa Totolhua haya promovido el diverso juicio de amparo 1821/92, reclamando los mismo actos, efectivamente no es óbice para que Alberto Gamboa Totolhua ejercite sus derechos, pero en cambio sí demuestra que en su calidad de hijos de los demandados en el juicio de origen, solamente habitan o tienen su domicilio en el inmueble de referencia, pero esto no implica que tengan la posesión material en nombre propio.

En las condiciones anteriores procede confirmar el fallo que se revisa.

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 83 fracción IV y 85 fracción II de la Ley de Amparo, 43 y 44 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

PRIMERO.-Se confirma la sentencia sujeta a revisión.

SEGUNDO.-Se sobresee el presente juicio de garantías promovido por Alberto Gamboa Totolhua de los actos que reclamó del Juez Séptimo de lo Civil de la ciudad de Puebla, del Juez de lo Civil de Cholula, Puebla, diligenciario adscrito al mismo y comandante de la Policía Judicial del Estado, comisionado en esa ciudad; los cuales quedaron precisados en el resultando primero de esta ejecutoria.

Notifíquese, con testimonio de la presente ejecutoria, devuélvase el expediente de amparo al Juez a quo y en su oportunidad archívese el toca.

Así por unanimidad de votos, lo resolvieron los señores Magistrados que integran el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, licenciados Tarcicio Obregón Lemus, Gustavo Calvillo Rangel y José Galván Rojas, siendo ponente el segundo de los nombrados, quienes firman con el secretario de Acuerdos por ministerio de ley que da fe.

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Nota: La siguiente ejecutoria aparece publicada en el Tomo IX-Mayo página 327.

Puebla, Puebla, acuerdo del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito del día veinticuatro de marzo de mil novecientos noventa y dos.

VISTO, para fallar el toca de revisión número R-535/91, relativo al juicio de amparo número 1162/91, tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Puebla; y,

RESULTANDO:

PRIMERO.-Por escrito presentado el día veintinueve de julio de mil novecientos noventa y uno, Fausto Romero Gutiérrez de su carácter de albacea provisional de la sucesión de Fausto Romero Flores, solicitó ante el Juzgado de Distrito en turno en el Estado de Puebla, el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos que estimó violatorios de los artículos 14 y 16 constitucionales, precisando lo siguiente: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES. Señalo como ordenadoras: a) A los ciudadanos Magistrados que integran la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado; b) ciudadano Juez Primero de lo Civil de esta ciudad; como autoridades ejecutoras señalo: a) ciudadano diligenciario del Juzgado Primero de lo Civil de esta Capital, encargado de los expedientes impares; b) ciudadano procurador de Justicia en el Estado; c) ciudadano director de la Policía Judicial del Estado. IV. ACTOS RECLAMADOS. A) De los ciudadanos Magistrados que integran la Cuarta Sala del Honorable Tribunal Superior de Justicia en el Estado, reclamo todo lo actuado en el toca número 572/90, que confirma la sentencia de primera instancia en todas y cada una de sus partes. B) Del ciudadano Juez Primero de lo Civil de los de esta capital, reclamo todo lo actuado en el expediente número 1539/989, relativo al juicio reivindicatorio, promovido por OCTAVIANO ISMAEL ROMERO FLORES en contra de MARIA DEL CARMEN GUTIERREZ DE ROMERO, respecto de una porción del inmueble ubicado en la calle cuatro sur número quinientos nueve de la colonia La Libertad de esta ciudad, y en especial reclamo de éstas, todos los límites tendientes a desalojar al suscrito junto con mis hermanos MARIA ALEJANDRA, JOSE HUGO, ISMAEL Y CESAR de apellidos ROMERO GUTIERREZ, la parte del inmueble que ocupamos de la casa número quinientos nueve de la calle cuatro sur de la colonia La Libertad, inmueble antes mencionado, y que es propiedad de mi finado padre FAUSTO ROMERO FLORES, y en la que actualmente la sucesión que represento está en posesión: c) Asimismo reclamo de las mismas autoridades ordenadoras la desposesión de la que sería objeto la sucesión que represento de una fracción de la casa número quinientos nueve de la calle cuatro sur de la colonia La Libertad de esta ciudad, sin que haya sido oída ni vencida en juicio alguno dicha sucesión, con las consiguientes molestias y perjuicios en su patrimonio; d) del ciudadano diligenciario encargado de los expedientes impares del Juzgado Primero de lo Civil de esta ciudad reclamo: todas las diligencias y notificaciones que ha realizado y realizará dentro del expediente número 1539/989, en cuanto a que son tendientes a llevar adelante un procedimiento en que está siendo afectada la sucesión de mi señor padre FAUSTO ROMERO FLORES y que el suscrito representa, sin haber sido oída y mucho menos vencida en juicio alguno; e) De los ciudadanos procurador general de Justicia en el Estado, reclamo el auxilio que puedan proporcionar a las autoridades señaladas como ordenadoras en este juicio, para que la sucesión que represento sea privada de los derechos de posesión del inmueble cuestionado. Asimismo reclamo de todas y cada una de las autoridades señaladas como responsables todos y cada uno de los efectos legales de sus actos y que se traducen en la privación de los derechos legítimos de propiedad y de posesión de los derechos legítimos que le corresponden a la sucesión que represento, sobre la fracción del inmueble número quinientos nueve de la calle cuatro sur de la colonia La Libertad de esta ciudad".

SEGUNDO.-Previos los trámites legales el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Puebla, quien conoció del negocio, dictó sentencia con fecha veintitrés de septiembre de mil novecientos noventa y uno, cuyo punto resolutivo es el siguiente: "UNICO.-La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a la SUCESIÓN DEL C. FAUSTO ROMERO FLORES, representada por el C. FAUSTO ROMERO GUTIERREZ, contra los actos y autoridades que se mencionan en el resultando primero de esta sentencia, por los motivos que aparecen en el considerando tercero de la misma".

TERCERO.-Inconforme la sucesión quejosa con el fallo mencionado, interpuso recurso de revisión, el cual fue admitido por el presidente de este Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito con fecha doce de noviembre de mil novecientos noventa y uno. La agente el Ministerio Público Federal de la adscripción, se abstuvo de expresar parecer. Finalmente por diverso proveído de quince de noviembre del mismo año, se turnó el asunto al Magistrado relator para los efectos del artículo 184 de la Ley de Amparo.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-La parte considerativa de la sentencia recurrida establece: "TERCERO.-Los anteriores conceptos de violación resultan infundados, como a continuación se observa. En efecto, como se dijo en el considerando primero de esta sentencia, el quejoso hizo consistir el acto reclamado en la falta de emplazamiento a la sucesión que representa (del señor FAUSTO ROMERO FLORES) al juicio reivindicatorio promovido por Octaviano Ismael Romero Flores en contra de María del Carmen Gutiérrez de Romero, juicio radicado con el número 1539/989, de los del Juzgado Primero de lo Civil de esta ciudad, y como consecuencia de esta falta de emplazamiento todo lo actuado en dicho juicio civil y en el toca de apelación 572/90 de los de la H. Cuarta Sala responsable, y la ejecución de esa sentencia consistente en los trámites, notificaciones e incluso auxilio de la fuerza pública tendiente a privar de la posesión del inmueble materia del reivindicatorio a la sucesión que representa. Ahora bien, el quejoso acude al presente juicio de garantías, aduciendo que la sucesión que representa tiene la propiedad y posesión del referido inmueble, toda vez que el señor Fausto Romero Flores autor de la sucesión adquirió en propiedad dicho inmueble a virtud de un contrato de compraventa celebrado con los señores Ismael Romero Hernández y Ocotlán Flores de Romero el día cuatro de abril de mil novecientos sesenta y cinco, y desde esa fecha se construyeron tres cuartos, en los cuales los presuntos herederos (hoy amparistas) tuvieron su domicilio familiar, y que desde la fecha antes citada el señor Fausto Romero Flores estuvo en posesión de dicha fracción del inmueble en comento, y con posterioridad a la fecha de su fallecimiento que ocurrió el siete de octubre de mil novecientos sesenta y nueve, la posesión la detentan los citados amparistas, con el carácter de herederos de dicha sucesión. Atendiendo a los precedentes señalados en los dos párrafos anteriores, tenemos que los conceptos de violación resultan infundados, si se considera lo siguiente: Al emanar el acto reclamado de un juicio reivindicatorio, según lo disponen los artículos 794, 795 y 796 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, la acción reivindicatoria tiene por objeto que se declare que el demandante es dueño del bien cuya reivindicación pide, y se condene al demandado a entregarlo con sus frutos y accesiones, y que dicha acción compete al propietario de un bien que no esté en posesión de él, y puede ejercitarse contra el poseedor civil o precario del bien; luego entonces el actor civil o precario está obligado a demandar a quien detente la posesión civil o precaria de dicho bien, y en el caso que nos ocupa la sucesión representada por el hoy quejoso, no es ni propietaria ni poseedora de dicho bien; toda vez que contrariamente a su aseveración en el sentido de que el autor de la sucesión adquirió el inmueble de que se trata mediante contrato de compraventa celebrado con los señores Ismael Romero Flores y Ocotlán Flores de Romero, dicha circunstancia no se encuentra acreditada en autos, pues el quejoso para tal efecto aportó una prueba testimonial, con el fin de acreditar que la propiedad se adquirió a virtud del referido contrato celebrado el día cuatro de abril de mil novecientos sesenta y cinco; sin embargo de las constancias que remitió el Juez responsable para apoyar su informe justificado, constancias las cuales tienen pleno valor probatorio de conformidad con sus artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que la parte demandada en el juicio reivindicatorio radicado con el número 1539/89, del que emana el acto reclamado, señora María del Carmen Gutiérrez de Romero, ofreció prueba testimonial a cargo de los señores Consuelo Rodríguez de Díaz y Gustavo Medina Cuevas, quienes señalaron que el contrato de compraventa se efectuó el día veinte de junio de mil novecientos sesenta y cuatro, por lo que este testimonio se encuentra en franca contradicción con lo manifestado por el testigo presentado en este juicio de amparo Ernesto Villegas Morales, quien refirió que el contrato se efectuó en mil novecientos sesenta y cinco, por lo que este último testimonio debe desestimarse con apoyo en el artículo 215 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que establece que el valor de la prueba testimonial queda al prudente arbitrio del tribunal, y este juzgador en uso de la facultad de dicho arbitrio, lo desestima por estar en contradicción con las pruebas que aparecen en el expediente del que emana el acto reclamado, igual desestimación acontece en relación al testimonio de la C. Ana María González Flores, por estar en contradicción con la testimonial que aparece en autos del juicio reivindicatorio, además de que de dichos autos se advierte que no existe tal contrato verbal de compraventa, pues así lo sostuvo tanto el Juez responsable, como el tribunal de apelación y en modo alguno así se determinó en la ejecutoria dictada por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito al resolver el juicio de amparo directo 124/91. Por otra parte, la posesión que dicen tener los herederos, hoy quejosos, sobre el referido inmueble, tampoco se encuentra acreditada, pues de los autos del juicio reivindicatorio, se advierte de la prueba de inspección judicial efectuada a las once horas del día tres de enero de mil novecientos noventa, que en el inmueble de que se trata, '... Se aprecia que en él se encuentran dos cuartos uno de ellos sin techo únicamente con las vigas que al parecer sostenían un techo de lámina de cartón, el otro cuarto techado con colado, con salida y vista hacia la cuatro sur, por el exterior la nomenclatura se encuentra continua, es decir que a los lados del inmueble, ... se encuentran las casas marcadas con los número 907 y 909 A, sin que en el momento en que se desahoga esta diligencia persona alguna acuda al llamado que se hizo en la puerta de acceso, haciéndose constar que el cuarto del que se habló en principio es inhabitable por carecer de techo ...', por lo que atendiendo a dicha inspección judicial lógicamente se infiere que el referido inmueble no se encuentra en posesión de persona alguna, sin que en el caso la prueba testimonial ofrecida por el quejoso, sea suficiente para acreditar dicha posesión, pues como se dijo en el párrafo anterior dicha prueba es desestimable por encontrarse en contradicción con las pruebas que aparecen en los autos del juicio reivindicatorio, y por otra parte las pruebas documentales ofrecidas por el amparista son insuficientes para acreditar dicha posesión, pues la constancia expedida por el presidente auxiliar municipal y Juez del Registro del Estado Civil de la Libertad, Puebla, a fin de acreditar que los hoy quejosos tienen su domicilio en la calle cuatro sur número quinientos nueve de la colonia La Libertad, carece de valor, ya que dicha certificación es una cuestión del todo ajena a las funciones de dicha autoridad; al caso resulta aplicable la tesis de jurisprudencia que aparece publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917/1985, Tercera parte, con el número 143 y bajo el rubro de: 'POSESION, PRUEBA DE LA. LA CONSTANCIA QUE AL EFECTO EXPIDE UN PRESIDENTE MUNICIPAL CARECE DE VALOR.'; y por cuanto hace a la solicitud de servicio de energía eléctrica y los siete recibos por consumo de electricidad, si bien son documentos públicos, por lo que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, con ellos únicamente se acredita lo siguiente: En relación a la solicitud, únicamente se acredita que ante la Comisión Federal de Electricidad se hizo tal declaración, pero no prueba la verdad de lo declarado por el suscriptor o solicitante Fausto Romero Gutiérrez, y en relación a los recibos por consumo de energía eléctrica con ellos se acredita solamente que Fausto Romero Gutiérrez debía pagar por los consumos que en dichos recibos se señalan las cantidades que en los mismos se determina, pero dichos recibos no sirven para acreditar que Fausto Romero Gutiérrez tenga en posesión el domicilio por el que pagó las cantidades que en ellos se mencionan. Al no acreditar el quejoso, que la sucesión que representa tenga en propiedad y posesión el inmueble materia del juicio reivindicatorio luego entonces, y al ser la acción ejercitada en dicho juicio, una acción real atento a lo dispuesto por el artículo 179, fracción VIII, del Código Federal de Procedimientos Civiles y atendiendo a lo dispuesto por los artículos 795, 794 y 796 del mencionado código del Estado, no se afectan las garantías individuales de la sucesión representada por el amparista, toda vez que al referido juicio el actor no estaba obligado a llamarlo, ya que no se afecta el interés jurídico de la citada sucesión; y en consecuencia debe negársele el amparo y protección de la Justicia Federal; negativa de amparo que se hace extensiva en relación a los actos de ejecución atribuidos al diligenciario adscrito al Juzgado Primero de lo Civil de esta ciudad, encargado de los expedientes impares, procurador general de Justicia del Estado y coordinador de la Policía Judicial de la Entidad, toda vez que de dichos actos de ejecución no se señalan vicios propios. Al caso resulta aplicable la tesis de jurisprudencia que aparece publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, Octava Parte con el número 73, y bajo el rubro de: 'AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACION DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS.'".

SEGUNDO.-El recurrente expresa como agravios lo siguiente: "La Sentencia dictada con fecha veintitrés de septiembre de mil novecientos noventa y uno, por la cual el C. Juez Segundo de Distrito en el Estado, dentro del expediente de amparo número 1162/91 relativo a la demanda de amparo presentada por el suscrito en contra de los actos de los C.C. Magistrados que integran la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado y otras autoridades en la cual dicho Juez de amparo decretó que la Justicia de la Unión no me ampara ni protege al suscrito en representación de la sucesión intestamentaria de mi finado padre Fausto Romero Flores y por considerar que los actos reclamados son un acto violatorio de garantías a la sucesión que represento, y que dentro de dicho juicio de amparo antes mencionado se demostró la inconstitucionalidad de los mismos, y no habiendo sido apreciados en esta forma el Juez de amparo es por lo que solicito se sujete a revisión dicha resolución. De acuerdo al criterio que prevalece por la jurisprudencia número 343 visible en la página 1038 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Cuarta Parte, Tercera Sala de los años 1917 a 1975 bajo el rubro 'SENTENCIAS DE AMPARO' y que a la letra dice 'SOLO PODRAN RESOLVER SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD O INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO QUE SE RECLAMA Y NUNCA SOBRE CUESTIONES CUYA DECISION COMPETE A LOS TRIBUNALES DEL FUERO COMUN.'. Por tanto de la simple lectura de la sentencia recurrida, se aprecia que el Juez de amparo a pesar de estar consiente que la sucesión que represento no fue oída en paro a pesar de estar consciente que la sucesión que represento no fue oída en defensa alguna en el procedimiento de primera ni de segunda instancia de donde emanan los actos reclamados, y de que el suscrito como albacea de dicha sucesión junto con mis menores hermanos, ostentamos la posesión de parte de la casa número quinientos nueve de la calle cuatro sur de la colonia La Libertad de la ciudad de Puebla, y a pesar de ello no obstante que está demostrado en los autos del juicio de garantías de que nunca se ha emplazado a la sucesión que represento en el juicio reivindicatorio de donde emanan los actos reclamados en el juicio de amparo por parte del suscrito, es el hecho de que nunca se ha oído y mucho menos vencido en juicio legal alguno que reúna las formalidades esenciales del procedimiento, a la sucesión de mi finado padre Fausto Romero Flores, y por ello al analizar el Juez de amparo en la resolución combatida por medio de este recurso la naturaleza del título de propiedad y posesión sobre el inmueble en cuestión, no obstante que en mi demanda de amparo dijo que la posesión que ostentamos sobre dicho inmueble deriva de un contrato verbal de compraventa entre mi padre y los señores padres de él, lo que quedó debidamente demostrado ya que durante el juicio de amparo ofrecí y me fueron admitidas ciertas pruebas como son la testimonial de los señores Ernesto Villegas Morales y Ana González Flores, la documental pública consistente en varias constancias expedidas por la autoridad municipal de la Libertad, recibos del pago de energía eléctrica sobre la casa que ocupo junto con mis hermanos, y que hasta la fecha tenemos en posesión, pruebas más que suficientes junto con la documental pública de actuaciones y presuncional que conllevan a demostrar que la sucesión que represento nunca ha sido oída en el juicio reivindicatorio de donde derivan los actos reclamados y que el Juez de amparo no tiene por qué conceder o dar valor a las pruebas documentales en contra de la sucesión que represento ya que lógicamente esta sucesión no tiene ingerencia alguna en dichas probanzas pues nunca se le oyó en dicho juicio. Es evidente, de acuerdo con lo anterior que al no examinar el Juez de Distrito la constitucionalidad e inconstitucionalidad del acto reclamado se me agravia y por tanto se debe tener por revisada la resolución recurrida y se conceda a la sucesión que represento el amparo y protección de la Justicia de la Unión por la manifiesta inconstitucionalidad de los actos reclamados en la demanda de amparo interpuesta por el suscrito".

TERCERO.-Son infundados los agravios que se plantean, sin que se esté en el caso de suplir la deficiencia de la queja, en términos de lo dispuesto por la fracción VI del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, según se desprende del estudio integral del asunto.

En primer lugar debe precisarse, que el quejoso en su carácter de albacea de la sucesión a bienes de Fausto Romero Flores, reclama el hecho de que esa sucesión no haya sido emplazada al juicio reivindicatorio tramitado con el número de expediente 1539/89, ante el Juzgado Primero de lo Civil de los de esta capital, promovido por Octaviano Ismael Romero Flores, respecto de la casa número quinientos nueve de la calle cuatro sur de la colonia La Libertad, inmueble del cual el quejoso por su representación, se ostenta como poseedor y propietario, derechos éstos de los que nace derivar a su vez el derecho de la sucesión a ser emplazada al juicio natural.

Ahora bien, para acreditar el hecho de la posesión y el derecho de la propiedad, el quejoso ofreció como prueba, entre otras, una constancia expedida por el presidente auxiliar municipal de la junta auxiliar La Libertad, Puebla, documento que es ineficaz para acreditar el hecho de la posesión como lo advirtió el Juez de Distrito, pues dicho presidente auxiliar municipal no tiene entre sus funciones la de expedir este tipo de constancias, lo anterior encuentra apoyo en el criterio que sobre el particular ha sostenido este tribunal colegiado al resolver los amparos en revisión 230/89 y 39/91, así como el amparo directo 544/90, en la tesis que dice: "POSESION. LA CONSTANCIA QUE EXPIDE UN PRESIDENTE MUNICIPAL, NO TIENE EFICACIA PARA ACREDITAR LA.-La certificación de un presidente municipal en la que se hace constar que una persona se encuentra en posesión de determinado predio, no tiene eficacia para demostrar lo que ahí se hace constar, por ser ésta una cuestión del todo ajena a sus funciones, y para utilizar su dicho en lo que no se refiere a dichas funciones, es preciso promover la prueba testimonial con arreglo a derecho.".

Asimismo, el quejoso aportó como pruebas de su parte, un contrato de servicio de energía eléctrica y siete recibos de pago del mismo servicio, los cuales, como también lo apreció el Juez Federal a quo, son a su vez ineficaces para acreditar la posesión, pues los mismos sólo justifican la contratación y el pago de dicho servicio en los meses a que tales documentos se refieren, sin que de ellos se desprenda que quien los presenta a juicio haya poseído el inmueble a que los mismos se refieren. Lo anterior encuentra apoyo en el criterio que esta potestad federal ha sostenido al resolver los amparos en revisión 454/89, 415/88, 382/89 y 432/90, en la tesis que dice: "POSESION. RECIBOS DE SERVICIOS QUE NO LA PRUEBAN.-Los recibos de consumo de energía eléctrica, servicio de agua potable, y el contrato con la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, únicamente justifican haber pagado tales servicios en los meses a que tales documentos se refieren; pero de ellos no se infiere que quien los presenta a juicio haya poseído el inmueble a que aquéllos se refieren.".

Por otro lado el quejoso, por su representación ofreció también como prueba para acreditar su calidad de poseedor y propietario del inmueble, la testimonial a cargo de Ernesto Villegas Morales y Ana María González Flores, testigos estos a los cuales el Juez de Distrito les negó valor probatorio, sin que en sus agravios el ahora recurrente combata de manera alguna las razones y motivos en que el Juez Federal apoyó sus consideraciones relativas a la valoración de dicha probanza, por lo que éstas deben prevalecer, al no advertirse, como se señaló al principio de este considerando, queja deficiente que suplir.

Es pertinente señalar que si bien el

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5837-ae3ddc9c/posesion-la-constancia-que-expide-un-presidente-municipal · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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