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Modo: Corpus Pro

ROBO. REGLAS ESPECIALES PARA LA COMPROBACION DEL DELITO DE (LEGISLACION DE PUEBLA).

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 152/93. · Registro digital (IUS): 5848
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: JUVENTINO FLORES SANDRE.
Localización: Octava Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación, Tomo XI, Junio de 1993, , Pág. 211.

AMPARO EN REVISIÓN 152/93. JUVENTINO FLORES SANDRE.

CONSIDERANDO:

TERCERO.- Son infundados los agravios hechos valer y además, este Tribunal Colegiado advierte que no existe queja deficiente que suplir en favor del ahora recurrente, en términos del artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo.

Por principio, es pertinente destacar que como bien lo sostuvo el Juez de Distrito en la sentencia que se revisa, en los autos del proceso del que emanan los actos reclamados, que en copia fotostática certificada el Juez responsable acompañó a su informe justificado, se encuentran plenamente acreditados tanto el cuerpo del delito de robo de vehículo como la presunta responsabilidad penal de Juventino Flores Sandre.

En efecto, los elementos materiales y objetivos que integran el delito de robo de vehículo, previsto y sancionado por los artículos 373 y 374, fracción IV, del Código de Defensa Social del Estado de Puebla, en agravio de Marcel Gerardo Joseph Fernández, se encuentran comprobados mediante la regla general establecida por el artículo 34 del código procesal penal de esta entidad federativa, con la denuncia de Carlos Joseph Fernández, la declaración del ofendido, las deposiciones testimoniales de Rubén Gatica Arenas y Eduardo Kirwuan de Ita, y la copia fotostática certificada por el representante social, del contrato de compraventa de veintiocho de julio de mil novecientos noventa y dos, elementos de convicción cuyo contenido aparece reseñado en la parte considerativa de la sentencia impugnada, transcrita en el primer considerando de esta ejecutoria, y de cuya natural adminiculación se desprende que Juventino Flores Sandre como vendedor y Marcel Gerardo Joseph Fernández como comprador, celebraron un contrato de compraventa a plazos respecto de la camioneta de redilas F-350, marca Ford, modelo mil novecientos noventa y uno, serie AL3JHR-43424, número de motor 43424, color rojo cereza, con una capacidad de tres y media toneladas, recibiendo el vendedor parte del precio y entregando al comprador el bien materia de la operación; que después de cierto tiempo, el vendedor se presentó en el negocio que tiene el adquirente y sin derecho ni consentimiento de éste, lo desapoderó del vehículo, así como de diversos bienes que en éste eran transportados, utilizando para ello un juego de las llaves del automotor que conservaba en su poder, lo que en forma evidente acredita la corporeidad del delito en estudio, encontrándose corroborada la celebración de la compraventa en comento y la entrega del vehículo por parte del vendedor en el momento de la operación, con la propia declaración del inculpado en la que admite tales circunstancias.

Al respecto, cabe señalar que no es aplicable la disposición del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado de Puebla, que se invoca en los agravios relativa a que para tener por comprobado el cuerpo del delito de robo es necesario que se demuestre que el activo ha tenido en su poder alguna cosa que por sus circunstancias personales no sea verosímil que la haya adquirido legítimamente, si no se justifica la procedencia de aquélla, pues tal disposición que se identifica como la prevista por el artículo 101, fracción II de la legislación procesal indicada, es relativa a una regla especial para tener por acreditada la corporeidad del delito de robo que prevé la ley en comento, que no puede ni debe observarse en el caso, toda vez que el cuerpo del delito de robo de vehículo se prueba plenamente a través de la regla general contemplada por el diverso 84 de la codificación en cita, al existir elementos de convicción bastantes para ello y no ser necesario por tanto recurrir a una regla especial para tener por comprobado el extremo de que se trata; más aún porque la aplicación de las reglas especiales para tener por demostrado el cuerpo del ilícito en estudio a las que se refieren los artículos 101 y 102 del código procesal aludido, se encuentra condicionada legalmente a que la corporeidad de ese delito no se haya podido comprobar de acuerdo con la regla general, según lo previsto por los propios artículos 101 y 102 referidos; en conclusión, en la especie no era necesario que para estimar probado el cuerpo del delito de robo, se acreditara que el activo tuvo en su poder alguna cosa que por sus circunstancias personales no sea verosímil que la haya adquirido legítimamente. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por este cuerpo colegiado, al fallar los juicios de amparo en revisión números 198/990, 200/991 y 278/991, así como el amparo directo número 185/992, que dice: "ROBO. REGLAS ESPECIALES PARA LA COMPROBACION DEL DELITO DE (LEGISLACION DE PUEBLA).- Si bien el código procesal penal del Estado de Puebla, contempla reglas especiales para tener por justificado el cuerpo del delito de robo, tales como las previstas en los artículos 101 y 102, la aplicación de tales reglas se encuentra condicionada legalmente a que la corporeidad de ese delito no se haya podido comprobar de acuerdo con la regla general establecida por el diverso 84 de la ley invocada, según lo previsto por los propios artículos 101 y 102 referidos.".

Sobre el particular, deben desestimarse por infundados, los planteamientos relativos a que no existe el delito de robo de vehículo, porque el activo tiene derecho sobre el bien, toda vez que al haber celebrado una compraventa a plazos, cuyo precio no ha sido totalmente liquidado, el comprador quedó en calidad de depositario del automotor.

Esto es así, pues aunque la compraventa se haya celebrado a plazos, de conformidad con el artículo 2122 del Código Civil del Estado de Puebla, fue perfecta y obligatoria para las partes desde el momento en que entre ellos se dio el convenio respecto al bien vendido y al precio, aunque el primero no hubiera sido entregado, ni el segundo satisfecho; y a partir de tal acto, de acuerdo con lo dispuesto por el diverso 2123 de la codificación indicada, pertenece el bien al comprador y el precio al vendedor, teniendo cada uno de ellos derechos de exigir del otro el cumplimiento del contrato; en otras palabras, desde el momento en que existió el convenio entre las partes respecto al bien vendido y al precio, la venta fue perfecta y a partir de ahí el bien pertenece al comprador en calidad de dueño, no de simple depositario, no teniendo ya el vendedor ningún derecho sobre el bien, sólo restándole el derecho a exigir el cumplimiento del contrato; es decir, en el caso el vendedor ya no podía disponer materialmente del vehículo enajenado, ni lógicamente, apoderarse de él sin consentimiento de su nuevo propietario, sino en todo caso, tenía el derecho de ejercitar las acciones civiles correspondientes para exigir el cumplimiento del contrato; de ahí que la conducta del activo al desapoderar al pasivo del vehículo de motor, sin tener ningún derecho sobre el bien, ni el consentimiento de la persona que podía disponer del mismo, sea constitutiva del delito de robo de que se trata.

Tampoco es exacto que la conducta del activo deba tipificarse en el artículo 376 del Código Penal del Estado de Puebla, como robo equiparado, y para así ponerlo de manifiesto, conviene transcribir lo dispuesto por ese precepto: "Artículo 376. Se equipara al robo y se sancionará como tal: I.- El apoderamiento o destrucción de un bien propio, ejecutado por el dueño, si el bien se halla en poder de otra persona a título de prenda o de depósito, decretado por una autoridad o hecho con su intervención, o mediante contrato público o privado; II.- El aprovechamiento de energía eléctrica o de cualquier otro fluido, ejecutado sin derecho y sin consentimiento de la persona que legalmente pueda disponer de él; III.- La enajenación o adquisición de cosas muebles sin que el enajenante o el adquirente se cercioren previamente de su legítima procedencia. Se considera enajenante o adquirente a quienes efectúan dichas operaciones tres o más veces en las condiciones a que se refiere la fracción anterior o una sola vez a sabiendas de que la cosa es robada.".

Basta comparar analíticamente la acreditada conducta del activo, antes puntualizada, con las diversas hipótesis que contempla el precepto transcrito, para llegar a la conclusión de que el proceder del inculpado no se ajusta a ninguna de esas hipótesis, pues no se apoderó ni destruyó un bien propio hallado en poder de otra persona a título de prenda o depósito, ya que en el caso, cuando se apoderó del vehículo, éste ya no le pertenecía, y el acto celebrado entre el activo y el pasivo, previo al desapoderamiento, no fue ni un contrato de prenda ni de depósito, sino un traslativo de dominio como la compraventa; tampoco se le imputa ni está acreditado en autos que haya aprovechado energía eléctrica o cualquier otro fluido, sin consentimiento de la persona autorizada para darlo, ni menos aún se justifica que haya enajenado o adquirido cosas muebles sin que se haya cerciorado previamente de su legítima procedencia; luego, su conducta no puede tipificarse en ninguno de esos supuestos previsto por el artículo 376 del Código Penal de esta entidad federativa.

Asimismo, la presunta responsabilidad penal del hoy inconforme Juventino Flores Sandre en la comisión del delito de robo de vehículo, se encuentra plenamente demostrada, pues existe el señalamiento preciso y directo en su contra por parte de Carlos Joseph Fernández, Rubén Gatica Arenas y José Eduardo Kirwuan de Ita (testigos presenciales de los hechos) en el sentido de ser la persona que el día trece de agosto de mil novecientos noventa y dos, se presentó en el negocio del ofendido y sin derecho ni consentimiento del dueño se apoderó del automotor en cuestión, valiéndose para ello de un juego de llaves que conservaba en su poder al haber sido el anterior propietario del bien; sin que al respecto pueda prosperar la alegación defensiva que el inculpado hizo valer al declarar ante el Ministerio Público y en preparatoria, en el sentido de que el vehículo le fue entregado por el agraviado, toda vez que no obra en la causa, ningún elemento de prueba o siquiera indicio que apoye tal alegación.

Cabe señalar que el hecho de que el ofendido, en su carácter de comprador hubiere incumplido con el pago restante del precio de la compraventa, no legitimaba al ahora recurrente como vendedor, para efectuar el desapoderamiento, pues se repite, la venta ya era perfecta y obligatoria para las partes, perteneciendo el derecho de propiedad con todos sus atributos al comprador, desde el momento en que existió el convenio respecto al bien vendido y al precio teniendo en todo caso, el vendedor, sólo el derecho de exigir el cumplimiento del contrato, pero no el de apoderarse del automotor.

En ese orden de ideas, debe convenirse con el Juez de Distrito en cuanto a que el auto de formal prisión reclamado satisface los requisitos de fondo exigidos por el artículo 19 constitucional; tocante a los de forma, del texto del acto reclamado, que obra a fojas cuarenta vuelta a cuarenta y cuatro del expediente de garantías, dentro de la copia fotostática certificada de las actuaciones del proceso de origen, se advierte que fueron satisfechos por el Juez responsable, el que estableció con precisión el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del delito de que se trata, así como los datos que arroja la averiguación previa; por tanto es de concluirse que el auto de prisión preventiva reclamado no es violatorio de las garantías individuales contempladas por el referido precepto constitucional.

No es óbice para considerar que el auto de formal prisión reclamado se encuentra ajustado a las normas constitucionales, lo que el recurrente alega, reiteradamente, en cuanto a que no le ha sido recibida la declaración de los testigos de descargo, toda vez que por una parte, esa cuestión es reclamable como violación procesal en el amparo directo, de conformidad con los artículos 158 y 160, fracción VI, de la Ley de Amparo; pero además, por otra, de las constancias del proceso que obran en el expediente de garantías, se aprecia que durante la averiguación ministerial el hoy recurrente se concretó a señalar que existían testigos de que el vehículo le había sido entregado por el ofendido, los que podía presentar, pero no solicitó se tomara declaración a éstos, no los presentó, ni tampoco proporcionó sus domicilios para que fueran citados; al declarar en preparatoria no ofreció tal probanza y sólo fue minutos antes de que feneciera el término constitucional cuando realizó tal ofrecimiento, es decir, sin tiempo ya para que se desahogara esa prueba, máxime que no los presentó en el acto. En consecuencia debe concluirse que la circunstancia de que no se haya recibido la declaración de los referidos testigos no le es imputable al Juez responsable, ni además es una violación que pueda reclamarse en amparo indirecto; sin que pase desapercibido para este cuerpo colegiado que aún en la hipótesis de que existieran tales deposiciones, cuya naturaleza obviamente sería contradictoria a aquella que corresponde a las pruebas de cargo, no serían por el momento suficientes para tener por no acreditados el cuerpo del delito de robo de vehículo y la presunta responsabilidad del inculpado, toda vez que las de cargo resultan bastantes para acreditar esos extremos y el análisis definitivo de las de descargo, de cualquier manera sería propio de la sentencia definitiva que en su caso se llegue a dictar en la indagatoria.

Las consideraciones que anteceden de las que aparece que los agravios hechos valer son infundados y que no existe queja deficiente que suplir a favor del recurrente, conducen a confirmar el fallo sujeto a revisión.

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 83 fracción IV, 85 fracción II, 86, 88, 90 y 91 de la Ley de Amparo, 43 y 44 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

PRIMERO.- Se confirma la sentencia recurrida.

SEGUNDO.- La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Juventino Flores Sandre, contra los actos que reclamó del Juez Octavo de lo Penal de esta ciudad y director del Centro de Readaptación Social del Estado de Puebla, actos que fueron precisados en el resultando primero de esta ejecutoria.

Notifíquese; con testimonio de la presente resolución, devuélvanse los autos al juzgado de su origen y en su oportunidad archívese el expediente.

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron los señores Magistrados que integran el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, licenciados Tarcicio Obregón Lemus, Gustavo Calvillo Rangel y José Galván Rojas, siendo ponente el tercero de los mencionados, quienes firman con el secretario de Acuerdos que da fe.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5848-7f94f21c/robo-reglas-especiales-para-la-comprobacion-del-delito · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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