REVISIÓN ADMINISTRATIVA. ES PROCEDENTE EL RECURSO INTENTADO POR UN ASPIRANTE QUE FUE RECHAZADO EN LA PRIMERA ETAPA DE UN CONCURSO DE OPOSICIÓN PARA LA DESIGNACIÓN DE JUECES DE DISTRITO.
REVISIÓN ADMINISTRATIVA (CONSEJO) 13/97.
MINISTRO PONENTE: JOSÉ DE JESÚS GUDIÑO PELAYO.
SECRETARIA: FELISA DÍAZ ORDAZ VERA.
CONSIDERANDO:
SEGUNDO.-El representante del Consejo de la Judicatura Federal, combate la procedencia del presente medio de impugnación con base en el argumento de que en tratándose de concursos de oposición, el recurso de revisión administrativa se constriñe a la resolución del nombramiento emitida por el propio consejo, el cual puede hacerse valer únicamente por los legitimados, es decir, aquellos que participaron en el concurso, supuestos que se afirmó, no se colmaron en la especie, pues el revisionista ni siquiera fue admitido al certamen, por no haber cumplido con uno de los requisitos exigidos, consistente en "no haber sido sancionado por los órganos competentes del Poder Judicial de la Federación por la comisión de una falta grave en el desempeño de sus funciones".
Y continúa sosteniendo el representante del consejo, que no es posible analizar el fondo del asunto, pues ello equivaldría a volver a instaurar todo el procedimiento llevado a cabo con motivo del concurso de oposición, lo cual no concuerda con el objetivo del recurso de revisión administrativa que establece el artículo 122 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Este tribunal estima que sí es procedente la revisión administrativa que se intenta en atención a las consideraciones siguientes:
Los artículos 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 112, 113, 122 y 123, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establecen:
"Artículo 100. ... El Pleno resolverá sobre la designación, adscripción y remoción de Magistrados y Jueces, así como de los demás asuntos que la ley determine ... El consejo estará facultado para expedir acuerdos generales para el adecuado ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo que establezca la ley.-Las decisiones del consejo serán definitivas e inatacables, salvo las que se refieran a la designación, adscripción y remoción de Magistrados y Jueces, las cuales podrán ser revisadas por la Suprema Corte de Justicia, únicamente para verificar que hayan sido adoptadas conforme a las reglas que establezca la ley orgánica respectiva ..."
"Artículo 112. El ingreso y promoción para las categorías de Magistrado de Circuito y Juez de Distrito se realizará a través del concurso interno de oposición y oposición libre.-Para acceder a las categorías señaladas en las fracciones III a X del artículo 110 de esta ley se requerirá el acreditamiento de un examen de aptitud.-El Consejo de la Judicatura Federal tendrá la facultad de obtener y verificar, en todo momento, la información que los aspirantes le hubieren proporcionado."
"Artículo 113. Las designaciones que deban hacerse en las categorías de Magistrado de Circuito y Juez de Distrito, deberán ser cubiertas mediante concurso interno de oposición y mediante concurso de oposición libre en la proporción que fije el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.-En los concursos internos de oposición para la plaza de Magistrado de Circuito, únicamente podrán participar los Jueces de Distrito, y para los concursos de plaza de Juez de Distrito, quienes se encuentren en las categorías señaladas en las fracciones III a IX del artículo 110 de esta ley."
"Artículo 122. Las decisiones dictadas por el Consejo de la Judicatura serán definitivas e inatacables, salvo las que se refieran al nombramiento, adscripción, cambios de adscripción y remoción de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, las cuales podrán impugnarse ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, mediante el recurso de revisión administrativa.-El recurso de revisión administrativa tendrá como único objeto que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia determine si el Consejo de la Judicatura Federal nombró, adscribió, readscribió o removió a un Magistrado de Circuito o Juez de Distrito, con estricto apego a los requisitos formales previstos en esta ley o en los reglamentos interiores y acuerdos generales expedidos por el propio Consejo de la Judicatura Federal."
"Artículo 123. El recurso de revisión administrativa podrá interponerse: I. Tratándose de las resoluciones de nombramiento o adscripción con motivo de un examen de oposición por cualquiera de las personas que hubiera participado en él ..."
Como se ve, dentro de la carrera judicial federal, el acceso a la categoría de Juez de Distrito, puede lograrse por el secretario general de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia, el subsecretario general, los secretarios de Estudio y Cuenta de este Supremo Tribunal, los secretarios de Acuerdos de la Salas, los subsecretarios, los secretarios de Tribunal de Circuito y de Juzgados de Distrito, pero para alcanzarlo, es preciso someterse a un certamen de oposición, que puede ser interno o externo, en el cual, los aspirantes competirán para demostrar que por su excelencia, objetividad, imparcialidad y profesionalismo, son los más aptos para desempeñar las grandes responsabilidades que encierra convertirse en un juzgador federal.
Con ese objetivo, los candidatos toman parte en una serie de exámenes cuyos lineamientos deben ajustarse a lo establecido en la ley orgánica y los acuerdos generales expedidos por el propio Consejo de la Judicatura.
Los resultados de ese evento, sólo podrán impugnarse ante el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, por medio del recurso de revisión administrativa, cuyo objetivo se circunscribe a determinar si el nombramiento de Juez de Distrito, se realizó con apego a los lineamientos de referencia.
Se menciona exclusivamente la hipótesis de designación de un Juez de Distrito en un concurso interno de oposición, a pesar de que el recurso de revisión administrativa también procede en otros casos, porque éstos no interesan para los fines de este estudio.
El origen del procedimiento de selección, se produjo con las reformas constitucionales efectuadas en el año de mil novecientos noventa y cuatro, que separaron las competencias jurisdiccionales y administrativas coexistentes en la estructura anterior de este Máximo Tribunal del país, y crearon el Consejo de la Judicatura Federal, relevando a la Corte Suprema de labores que distraían en exceso su verdadera función, la de decir el derecho, y otorgándole entre otras importantes actividades al organismo creado, la de seleccionar el personal que por su preparación y auténtica vocación de servicio, mereciera ser designado como resolutor federal, siempre tomando en cuenta las aptitudes que se demostraran en los concursos de oposición.
A partir de ese momento, con el propósito de cumplir las tareas que le fueron encomendadas, el Consejo de la Judicatura, tomó importantes acuerdos y convocó a los primeros concursos internos de oposición, en el segundo de los cuales fue rechazado el promovente del presente recurso.
Ahora bien, para poder concluir si el medio de impugnación de que se trata, es procedente o no, se hace preciso remontarnos a la exposición de motivos de las reformas a la Constitución que culminaron con la creación del Consejo de la Judicatura Federal, la cual menciona:
"Este órgano de administración será responsable de velar por la independencia de los Jueces y Magistrados, y cuidará que en todo momento se apliquen estrictamente los principios de la carrera judicial, a fin de garantizar la adecuada calificación de las personas que asuman la función jurisdiccional."
También se expresó en el capítulo correspondiente a atribuciones del Consejo de la Judicatura Federal, lo que a continuación se cita:
"Entre las atribuciones del Consejo de la Judicatura Federal que deben ser destacadas, se encuentran las relativas al nombramiento, adscripción, promoción y remoción de Jueces y Magistrados. Es decir, las cuestiones relativas a la carrera judicial. Con el enorme crecimiento del número de órganos del Poder Judicial de la Federación que hubo a comienzos de la década pasada, y que llegó a ser en promedio de veintiún tribunales y juzgados por año, la designación de sus titulares significó un problema y se dio cabida a la improvisación del personal. A fin de que en lo futuro se eleve la calidad profesional de quienes habrán de impartir justicia, mediante esta reforma se pretende elevar a rango constitucional la carrera judicial, de manera que en lo futuro el nombramiento, adscripción y remoción de Jueces y Magistrados quede sujeta a los criterios generales, objetivos e imparciales que al respecto determinen las leyes ..."
En el dictamen de primera lectura de las Comisiones Unidas de Justicia, Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera Sección de la Cámara de Senadores que contiene el proyecto del decreto que reformó y adicionó diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se dijo:
"... También resulta pertinente hacer notar que el Consejo de la Judicatura habrá de desempeñar sus funciones de conformidad con los principios básicos asentados en la Carta Fundamental y en las normas reglamentarias que de ella emanen, esto es, que todas las decisiones de dicho consejo estarán sometidas, como las de cualquier autoridad, al estricto cumplimiento del principio de legalidad, descartando cualquier posibilidad de procedimientos discrecionales u oficiosos."
El decreto mediante el cual se declararon reformados diversos artículos de la Carta Fundamental, entre ellos el numeral 100 (publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro), dispone:
"Artículo 100. ... La ley establecerá las bases para la formación y actualización de funcionarios, así como para el desarrollo de la carrera judicial, la cual se regirá por los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia ... Las decisiones del consejo serán definitivas e inatacables, salvo las que se refieran a la designación, adscripción y remoción de Magistrados y Jueces, las cuales podrán ser revisadas por la Suprema Corte de Justicia, únicamente para verificar que hayan sido adoptadas conforme a las reglas que establezca la ley orgánica respectiva ..."
Los antecedentes de la reforma constitucional que ilustra sobre el particular, permiten advertir que el legislador confió al Consejo de la Judicatura Federal, una responsabilidad que se consideró de una trascendencia tal, como para elevarla a rango constitucional, la de seleccionar a los juzgadores federales mediante un sistema que garantizara la adecuada calificación de quienes asumieran la función jurisdiccional, pero como cualquier atribución, para evitar los excesos o desviaciones, la sometió al estricto cumplimiento del principio de legalidad.
Por su parte, la exposición de motivos de la iniciativa de reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, especialmente en la parte relativa a la carrera judicial, estableció:
"La iniciativa contempla un conjunto de reglas, procedimientos y categorías para el establecimiento y desarrollo de una auténtica carrera judicial. Ha sido ésta una larga demanda por parte de abogados, académicos y miembros del Poder Judicial de la Federación, por considerarla como el medio más eficiente para fortalecer la autonomía, independencia y calidad de la Justicia Federal ... Respecto del concurso interno de oposición, se garantiza que únicamente podrán participar los Jueces de Distrito, los secretarios de la Suprema Corte de Justicia, de Tribunal de Circuito y Juzgado de Distrito, con lo cual se estimula y fomenta de una manera decidida una verdadera carrera para todo el personal del Poder Judicial de la Federación ... Para los citados concursos de oposición, esta iniciativa propone que sean llevados a cabo en dos etapas. La primera se iniciará con la publicación de la convocatoria, cuyas disposiciones relativas establecen los requisitos para lograr que ésta tenga la difusión a nivel nacional que permita a los aspirantes de todo el territorio de la República participar, en igualdad de condiciones y se limita a la resolución de un cuestionario, de manera que sólo podrán pasar a la siguiente un número de aspirantes determinado por el número de vacantes existentes y que en todo caso serán quienes hayan obtenido las calificaciones más altas. Esta limitación obedece al hecho de que al ser los concursos de carácter nacional, podría existir el riesgo de sobrecargar al jurado y forzarlo a examinar a personas que no hayan logrado acreditar una adecuada preparación. La segunda etapa consistirá en la resolución de casos prácticos que se asignen a los aspirantes y en la realización de un examen oral y público que practique un jurado integrado por un miembro del Consejo de la Judicatura y, dependiendo de las categorías que se concursen por un Magistrado de Circuito o Juez de Distrito y por un representante del Instituto de la Judicatura. La presencia de un jurado de carácter colegiado que incorpore a miembros de las categorías para las cuales se concursa con características que sumadas a todo procedimiento de oposición constituyen un elemento democrático que supera las decisiones verticales ..."
Finalmente, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, adoptó los textos que actualmente conocemos, cuyos antecedentes someramente se han expuesto y de entre los cuales destaca especialmente para los objetivos del presente análisis, el que enseguida se transcribirá:
"Artículo 114. Los concursos de oposición libre e internos de oposición para el ingreso a las categorías de Magistrado de Circuito y Juez de Distrito se sujetarán al siguiente procedimiento:
"I. El Consejo de la Judicatura Federal emitirá una convocatoria que deberá ser publicada por una vez en el Diario Oficial de la Federación y por dos veces en uno de los diarios de mayor circulación nacional, con un intervalo de cinco días hábiles entre cada publicación. En la convocatoria, se deberá especificar si el concurso se trata de oposición libre o concurso interno de oposición.
"La convocatoria señalará las categorías y número de vacantes sujetas a concurso, el lugar, día y hora en que se llevarán a cabo los exámenes, así como el plazo, lugar de inscripción y demás elementos que se estimen necesarios;
"II. Los aspirantes inscritos deberán resolver por escrito un cuestionario cuyo contenido versará sobre materias que se relacionen con la función de la plaza para la que se concursa.
"De entre el número total de aspirantes sólo tendrán derecho a pasar a la siguiente etapa las cinco personas que por cada una de las vacantes sujetas a concurso hayan obtenido las más altas calificaciones;
"III. Los aspirantes seleccionados, en términos de la fracción anterior, resolverán los casos prácticos que se les asignen mediante la redacción de las respectivas sentencias. Posteriormente se procederá a la realización del examen oral y público que practique el jurado a que se refiere el artículo 117 de esta ley, mediante las preguntas e interpelaciones que realicen sus miembros sobre toda clase de cuestiones relativas a la función de Magistrado de Circuito y Juez de Distrito, según corresponda. La calificación final se determinará con el promedio de los puntos que cada miembro del jurado le asigne al sustentante.
"Al llevar a cabo su evaluación, el jurado tomará en consideración los cursos que haya realizado el sustentante en el Instituto de la Judicatura, la antigüedad en el Poder Judicial de la Federación, el desempeño, el grado académico y los cursos de actualización y especialización que haya acreditado, en términos del reglamento que dicte el Consejo de la Judicatura Federal. Cuando ningún sustentante alcance el puntaje mínimo requerido, el concurso se declarará desierto; y
"IV. Concluidos los exámenes orales, se levantará un acta final y el presidente del jurado declarará quiénes son los concursantes que hubieren resultado vencedores y el medio de selección utilizado, e informará de inmediato al Consejo de la Judicatura Federal para que realice los nombramientos respectivos y los publique en el Semanario Judicial de la Federación."
De lo antes dicho, se advierte que la exposición de motivos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, describió con precisión las etapas que se consideraban necesarias para permitir la elección de Jueces de Distrito y Magistrados de Circuito, su remoción, su cambio de adscripción, etc. a saber, y la redacción de los artículos que fueron aprobados, se ajustó a las directrices que se proponían.
En esa virtud, debe entenderse que la primera etapa del concurso interno de oposición se inicia con la publicación de la convocatoria, la cual contendrá datos como lugar y hora en que se realizarán los exámenes, sitio de inscripción, etc., y continuará con la resolución de un cuestionario relacionado con las materias a que corresponda la función de las plazas que se ocuparán, de manera tal que sólo proseguirán en la fase posterior, un número determinado de aspirantes inscritos que serán los que hubiesen obtenido las calificaciones más altas.
La segunda etapa del concurso de oposición, consistirá en la resolución de casos prácticos que se asignen a los aspirantes seleccionados y en la realización de un examen oral y público que practique un jurado.
Concluidos los exámenes, se levantará un acta y el presidente del jurado declarará quiénes fueron los concursantes que hubiesen resultado vencedores, e informará de inmediato al Consejo de la Judicatura Federal para que se realicen los nombramientos correspondientes, finalizando el concurso de oposición.
Ahora bien, el artículo 123 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establece:
"Artículo 123. El recurso de revisión administrativa podrá interponerse: I. Tratándose de las resoluciones de nombramiento o adscripción con motivo de un examen de oposición por cualquiera de las personas que hubiera participado en él ..."
Este Máximo Tribunal del país, tomando en cuenta los antecedentes que se han mencionado, considera que todo aquel que hubiese intervenido con el carácter de aspirante en cualquiera de las etapas del concurso convocado, puede ser llamado participante en el concurso interno de oposición, y por lo tanto se encuentra legitimado para interponer el recurso de revisión administrativa, aun cuando no hubiese accedido a la etapa posterior.
No debe interpretarse el conjunto de artículos mencionados, en el sentido de que participante en el concurso, es únicamente aquel que logró ser inscrito y deberá resolver el primero de los exámenes correspondientes, porque el espíritu del legislador al que ya nos hemos referido, no fue que la primera etapa del concurso interno de oposición, comenzara con dicha inscripción, sino mucho atrás, la inició con la propia publicación de la convocatoria, porque no debe perderse de vista que de ser ésta incorrecta, también podría generar una serie de situaciones viciadas de ilegalidad, como ocurre en cualquier materia, de ahí que al preverse tal cosa, se hiciera coincidir el inicio de la primera etapa del concurso, precisamente con la publicación de la convocatoria que empieza el proceso de selección.
No se trató de una redacción hecha al azar, pues debe recordarse que el creador de la norma, sometió las actuaciones más trascendentes del Consejo de la Judicatura Federal, a su revisión ante la máxima autoridad en materia jurisdiccional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y a la vez, emitió las bases para un procedimiento que dirigido por el mismo consejo, permitiera que la sana competencia entre miembros del Poder Judicial de la Federación, diera lugar a la excelencia que se busca en los funcionarios judiciales y a la elección de los individuos más aptos.
En este sentido, si el procedimiento para celebrar los concursos internos de oposición consta de dos etapas, entonces como participantes debe considerarse a todos los que optaron por obtener el nombramiento, aun cuando hubiesen sido rechazados en la primera de ellas, pues lo cierto es que una vez que los interesados presentan ante el propio consejo, los documentos con los que pretenden acreditar que cumplen los requisitos exigidos, se someten al escrutinio del Consejo de la Judicatura Federal, cuya actuación debe sujetarse al principio de legalidad, así que aun cuando sean rechazados los aspirantes, debe considerárseles como concursantes, pues precisamente fue porque pretendieron obtener la categoría de juzgador federal, que pudieron ser calificadas sus solicitudes y posteriormente rechazadas al considerar que no reunían alguna de las exigencias establecidas en la convocatoria y por lo tanto, sus merecimientos no eran de igual condición a la de los aspirantes que sí fueron inscritos al siguiente examen.
A mayor abundamiento, la exposición de motivos de la iniciativa de reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al referirse a esta eliminatoria inicial, explica que obedece al hecho de que al ser los concursos de carácter nacional, podría existir el riesgo de sobrecargar al jurado, obligándolo a examinar a personas que no hayan logrado acreditar una adecuada preparación, y la sitúa dentro de la primera etapa del concurso, así que pese a que el texto final del artículo 114 de la propia ley orgánica, no lo señale textualmente, la eliminatoria inicial sí puede deducirse cuando se menciona que "los aspirantes inscritos" deberán resolver un cuestionario, lo que relacionado con la exposición de motivos de mérito, presupone la existencia de una selección inicial.
Y aún más, el hincapié que se hace al utilizar la frase "aspirantes inscritos" convence finalmente de que la intención era distinguirlos de aquellos que sólo pudieron ser llamados "aspirantes", pero que no lograron superar la primera eliminatoria.
La propia lista de quienes sí logran continuar con el concurso se denominó, "Lista con los números de los aspirantes admitidos que participarán en el segundo concurso interno de oposición, para la designación de Jueces de Distrito y los lugares que les corresponden", lo que conlleva, una vez más, a la conclusión de que sí se previó que existieran aspirantes que no fueran admitidos, lo que los hace participantes aunque no reunieran los requisitos exigidos y los legitima para intentar el presente recurso.
Por lo que hace a la definición del término nombramiento contenido en el artículo 122 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, es desacertada la idea de que sólo se refiere al acto de designación, por las razones que a continuación se referirá.
El texto del numeral mencionado dice así:
"Artículo 122. Las decisiones dictadas por el Consejo de la Judicatura Federal serán definitivas e inatacables, salvo las que se refieren al nombramiento, adscripción, cambios de adscripción y remoción de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, las cuales podrán impugnarse ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, mediante el recurso de revisión administrativa."
Los antecedentes que ya se han expuesto, también sirven de apoyo para dejar en claro que el término "nombramiento" (como lo contiene la ley orgánica), no puede ser entendido exclusivamente como sinónimo del de designación (como lo nombra la Constitución), aunque gramaticalmente pudiera tener dicha significación, ya que la intención del legislador al formular el artículo 122 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, fue que el Pleno de la Suprema Corte decidiera si la decisión tomada fue dictada con apego a los requisitos formales exigidos en la ley, en los reglamentos y acuerdos generales expedidos por el propio Consejo de la Judicatura Federal, ya que ello garantiza la adecuada selección de las personas que asumirán la función.
Por tanto, si como se expresó en el dictamen de una de las comisiones de la Cámara de Senadores en cuanto a que "el Consejo de la Judicatura habrá de desempeñar sus funciones de conformidad con los principios básicos asentados en la Carta Fundamental y en las normas que de ella emanen, esto es, que todas las decisiones de dicho consejo estarán sometidas, como las de cualquier autoridad, al estricto cumplimiento del principio de legalidad, descartando cualquier posibilidad de procedimientos discrecionales u oficiosos", y el medio de impugnación que nos ocupa tiene como objetivo garantizar la legalidad de la designación de que se trate, esto es que se efectúe siguiendo los criterios acordes con los principios de excelencia, imparcialidad, profesionalismo e independencia, entonces es necesario admitir que tratándose de aspirantes que hubiesen sido rechazados y no pudieron continuar con la segunda etapa del concurso de oposición interno, procede el recurso de revisión administrativa, pues de otra manera se podría dar lugar a que una eliminación primaria impidiera el acceso al concurso de funcionarios que cumplieran con todos los requisitos exigidos, sin base para ello, impidiéndoles indefinidamente el ascenso que buscan y sin darles lugar a defenderse, lo que sería contrario a las aspiraciones de las reformas que hemos mencionado.
De acuerdo con lo explicado debe concluirse que sí es procedente el recurso de revisión intentado por un aspirante que fue rechazado de la primera etapa del concurso, según se desprende de la interpretación que aquí se ha planteado y que en caso de ser fundada la causa de pedir, su efecto sería la no exclusión de la primera eliminatoria en posteriores concursos internos de oposición, por las causas que sustentaron la descalificación, sin que ello signifique que no pudieran originarse otras, ni que tuviese que instaurarse de nueva cuenta la selección impugnada.
En segundo término es preciso analizar si el recurso intentado fue interpuesto en tiempo y para tal efecto se hace necesario transcribir lo que al respecto disponen los artículos 72 y 124 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que dicen en su parte conducente:
"Artículo 72. Las resoluciones del Pleno y de las comisiones del Consejo de la Judicatura Federal constarán en acta y deberán firmarse por los presidentes y secretarios ejecutivos respectivos y notificarse personalmente a la brevedad posible a las partes interesadas. La notificación y, en su caso, la ejecución de las mismas, deberá realizarse por conducto de los órganos del propio Consejo de la Judicatura Federal o del Juzgado de Distrito que actúe en auxilio de éste."
"Artículo 124. El recurso de revisión administrativa deberá presentarse por escrito ante el presidente del Consejo de la Judicatura Federal, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que hubiere surtido sus efectos la notificación de la resolución que haya de combatirse. El escrito de revisión y el informe correspondiente será turnado, dentro de los cinco días hábiles siguientes, a un Ministro ponente según el turno que corresponda. El informe mencionado deberá ir acompañado de todos aquellos elementos probatorios que permitan la resolución del asunto y será rendido por uno de los consejeros que hubiere votado a favor de la decisión, quien representará al Consejo de la Judicatura Federal durante el procedimiento."
Debe recordarse que aun cuando el inconforme reclamó la no publicación de su número confidencial en el Diario Oficial de la Federación de fecha nueve de septiembre de mil novecientos noventa y siete, para efectos del cómputo del término para la interposición del presente recurso, debe atenderse al oficio en el que se hicieron saber al revisionista los motivos que originaron el acto que reclamó, pues fue hasta ese momento en que puede considerarse que se encontró en posibilidades de defenderse.
Ahora bien, el oficio número 6191 fechado el veinte de octubre de mil novecientos noventa y siete y suscrito por el Magistrado Adolfo Aragón Mendía, secretario ejecutivo del Pleno y Carrera Judicial, que presentó el inconforme no contiene inscripción alguna que permita conocer la fecha exacta en que fue notificado al quejoso.
Por su parte, el informe rendido por el señor consejero Alfonso Oñate Laborde, en representación del Consejo de la Judicatura Federal, tampoco hace referencia a la fecha en que fue notificado el quejoso del oficio 6191, ni se acompaña de prueba que permita aclarar este punto, motivo por el que se hace preciso tomar en cuenta, para efectos del cómputo del término para la interposición del recurso que nos ocupa, la fecha en la que el reclamante expresa le fue notificado el multirreferido oficio, es decir, el 27 de octubre del año retropróximo en la que el propio recurrente se ostenta sabedor de su contenido.
Así las cosas, si la presentación del libelo de revisión administrativa fue hecha el tres de noviembre del año pasado, debe decirse que se realizó dentro del término previsto para tal efecto, pues el quejoso afirma que lo recibió el día veintisiete de octubre, por lo que el término para la interposición del recurso corrió a partir del día veintiocho siguiente y descontándose los días uno y dos de noviembre por inhábiles, fenecía hasta el tres de noviembre de mil novecientos noventa y siete, es decir, el día que el escrito fue presentado.
Cobra aplicación al caso por analogía, la tesis número XXX/97 del Tribunal Pleno aprobada en sesión de trece de febrero de mil novecientos noventa y siete, cuyo contenido a continuación se reproduce:
"REVISIÓN ADMINISTRATIVA. SI LA RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL NO SE NOTIFICÓ LEGALMENTE, EL CÓMPUTO PARA DETERMINAR SI SE INTERPUSO EN TIEMPO DEBE HACERSE A PARTIR DE QUE EL RECURRENTE SE OSTENTÓ SABEDOR DE LA MISMA.-El artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo octavo, previene el recurso de revisión administrativa ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia en contra de decisiones del Consejo de la Judicatura Federal que se refieran a la designación, adscripción y remoción de Magistrados y Jueces. Dicho recurso se encuentra regulado en los artículos del 122 al 12
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5881-2f5c210d/revision-administrativa-es-procedente-el-recurso-intentado-por · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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