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Modo: Corpus Pro

REVISIÓN EN MATERIA AGRARIA. EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 198, FRACCIÓN III, DE LA LEY AGRARIA Y 18, FRACCIÓN IV, DE LA LEY ORGÁNICA, PROCEDE EN CONTRA DE SENTENCIAS DE LOS TRIBUNALES AGRARIOS QUE RESUELVAN SOBRE LA NULIDAD DE ACTOS Y RESOLUCIONES DE LAS AUTORIDADES AGRARIAS.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 48/97. · Registro digital (IUS): 5910
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Octubre de 1999, , Pág. 463.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 48/97. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día seis de agosto de mil novecientos noventa y nueve.

Vistos, para resolver el expediente número 48/97, relativo a la posible contradicción de tesis entre las sustentadas por el Primero y Segundo Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver respectivamente los amparos AD. 57/95 y AD. 67/97.

RESULTANDO:

PRIMERO.-Por escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el veinticinco de junio de mil novecientos noventa y siete, y remitido el día treinta del mismo mes y año a la Secretaría de Acuerdos de la Segunda Sala, el presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, denunció la posible contradicción de tesis entre las sustentadas por éste y el Primer Tribunal de la misma materia y circuito.

Dicho escrito, a la letra dice:

"Este Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en sesión de esta fecha, acordó denunciar la posible contradicción de las tesis siguientes: La sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el amparo directo número 57/95, con el rubro ‘ARTÍCULO 198, FRACCIÓN III, DE LA LEY AGRARIA. SU INTERPRETACIÓN.-De conformidad con el artículo 198, fracción III, de la Ley Agraria, el recurso de revisión en dicha materia procede contra las sentencias de los tribunales agrarios que resuelvan en primera instancia sobre la «nulidad de resoluciones emitidas por las autoridades en materia agraria.». Ahora bien, una recta interpretación del aludido precepto, permite concluir que, para la procedencia de dicho recurso, la expresión «resolución», no debe entenderse en sentido estricto, es decir, no solamente las resoluciones en sentido formal son las que incluye dicho precepto, sino cualquier decisión o acto que provenga de las autoridades agrarias que afecte derechos, por ser ese el espíritu que anima al artículo en comento, pues tal precepto involucra diversas controversias de carácter agrario cuyos fallos son impugnables mediante el recurso de revisión, sin distinguir entre actos o resoluciones, como lo hace la fracción I del mismo ordenamiento legal, al referirse a «cuestiones relacionadas con los límites de la tenencia de la tierra.». De no estimarlo así, únicamente las decisiones de los Tribunales Unitarios Agrarios serían impugnables con base en la mencionada fracción, porque sólo ellos emiten resoluciones de esa categoría (en sentido formal), con lo cual se desvirtuaría la intención del legislador, que no fue otra que la de proporcionar a los gobernados mayor oportunidad en su defensa contra los actos de autoridad.’. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito. Amparo directo 57/95. María Caballero Pérez. 13 de febrero de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Ramón Medina de la Torre. Secretaria: Silvia Irina Yayoe Shibya Soto. Tesis que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, mayo de 1996, Pleno, Salas y Tribunales Colegiados de Circuito, página 595.-El criterio sustentado por este mismo Tribunal Colegiado al resolver por unanimidad de votos, en sesión de treinta de abril del año en curso, el amparo directo 67/97, promovido por José Francisco Moreno Ruiz, con el rubro ‘RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA AGRARIA, NO ES OBLIGATORIO AGOTARLO SI NINGUNO DE LOS ACTOS O DOCUMENTOS CUYA NULIDAD SE IMPUGNA CONSTITUYE PROPIAMENTE UNA RESOLUCIÓN.-La exposición de motivos que dio origen a la Ley Agraria permite establecer que no cualquier acto o documento impugnado de nulidad puede ser considerado como una resolución, ya que en el apartado relativo a «Protección a las tierras ejidales y comunales», aquélla es del tenor literal siguiente: «... La protección no estaría completa si la iniciativa no estableciera el derecho que asiste a los núcleos de población para obtener la restitución de las tierras que les fueron ilegalmente arrebatadas. Este derecho se fortalece con el respaldo del recurso de apelación ante el Tribunal Superior Agrario, ante la eventualidad de que la resolución del Juez de primera instancia sea lesiva a los intereses del núcleo de población ...». La transcripción anterior evidencia que se instituyó el recurso que se menciona con la finalidad de que las partes en el procedimiento respectivo estuvieran en aptitud de impugnar resoluciones del «Juez de primera instancia», para salvaguardar los intereses de los núcleos de población. Por tanto, aunque equivocadamente el texto se refiere al recurso de apelación, es evidente que ese medio ordinario no se creó para impugnar cualquier acto, sino exclusivamente resoluciones decisorias de procedimientos tramitados en defensa de los derechos agrarios de núcleos de población. Consecuentemente cuando los actos o documentos cuya nulidad se impugna en el juicio natural no constituyen propiamente una resolución por no haberse realizado pronunciamiento alguno en el que se concluya un procedimiento tramitado en defensa de derechos agrarios de núcleos de población, no se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 198, fracción III, de la Ley Agraria, en el que se establece la procedencia del recurso de revisión contra la sentencia de los tribunales agrarios que resuelvan en primera instancia sobre «la nulidad de resoluciones emitidas por las autoridades en materia agraria», ni, por ende, la causal de improcedencia establecida en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, que alude al principio de definitividad en que descansa el juicio de garantías.’.-Lo que comunico en cumplimiento al citado acuerdo, y en acatamiento a lo dispuesto por los artículos 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a efecto de que esa Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva lo concerniente. Le remito en ochenta y un fojas útiles, copia certificada del amparo directo número 67/97, de este tribunal."

SEGUNDO.-Por acuerdo de cuatro de agosto de mil novecientos noventa y siete, el presidente de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó formar y registrar el expediente de contradicción de tesis 48/97, y solicitó al presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito copia certificada de la sentencia dictada en el amparo directo 57/95.

En cumplimiento a lo solicitado el presidente de dicho tribunal, mediante oficio 4176 de tres de septiembre de mil novecientos noventa y siete, remitió copia certificada de la resolución.

Posteriormente por acuerdo de veinticinco de septiembre de mil novecientos noventa y siete, el presidente de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, tuvo por cumplimentada su solicitud, se abocó al conocimiento del asunto y ordenó dar vista al procurador general de la República para que por sí o por conducto del agente del Ministerio Público, que al efecto designara, expusiera su parecer dentro del plazo de treinta días y que se turnara para su estudio al Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano.

El agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, no formuló pedimento alguno en el presente asunto.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de mayo de mil novecientos noventa y cinco, en relación con el punto segundo del Acuerdo Plenario 1/1997, de veintisiete de mayo de mil novecientos noventa y siete, ya que se trata de la denuncia de una posible contradicción de tesis que en asuntos de materia agraria sustentaron dos Tribunales Colegiados de Circuito.

SEGUNDO.-Por cuanto a los asuntos concretos, se impone transcribir las partes conducentes de las sentencias pronunciadas por los órganos colegiados de acuerdo con las copias certificadas que obran en autos, señalándose en primer término el criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, sustentado en el AD. 57/95 de fecha trece de febrero de mil novecientos noventa y seis, que dice:

"SEGUNDO.-La resolución reclamada dice: ‘Guadalajara, Jalisco, a veinticuatro de enero de mil novecientos noventa y cinco.-Visto el acuerdo que antecede, de fecha tres de los corrientes, así como la ejecutoria pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito en esta ciudad, de fecha seis de diciembre del año próximo pasado, en los autos del juicio de amparo directo número 141/94, promovido por María Caballero Pérez, en contra de actos de este tribunal agrario, desprendiéndose de dicha ejecutoria que la Justicia de la Unión ampara y protege a María Caballero Pérez, en contra del acto reclamado a esta autoridad responsable.-Ahora bien, en acatamiento a la ejecutoria de mérito, y de conformidad con los artículos 103 y 107 constitucionales, y artículo 106 de la Ley de Amparo, se deja insubsistente el acuerdo pronunciado el diecisiete de junio de mil novecientos noventa y cuatro; en virtud de lo anterior y en cumplimiento a los lineamientos expresados en la ejecutoria de referencia, se procede a acordar de nueva cuenta el escrito que suscribe María Caballero Pérez, recibido por este tribunal agrario el día dieciséis de junio del año próximo pasado, por medio del cual se advierte que interpone recurso de revisión en contra de la sentencia emitida por este órgano jurisdiccional el diecinueve de abril del pasado año. La promovente funda su recurso en los artículos 198, fracción III y 199 de la Ley Agraria, y l9 fracción III de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, sin embargo, el propio artículo 198 establece las hipótesis en que dicho recurso es procedente y son las siguientes: «I. Cuestiones relacionadas con los límites de tierras suscitadas entre dos o más núcleos de población con uno o varios pequeños propietarios, sociedades o asociaciones; II. La tramitación de un juicio agrario que reclame la restitución de tierras ejidales; o III. La nulidad de resoluciones emitidas por las autoridades en materia agraria.».-Ahora bien en el presente procedimiento la acción es la nulidad de actos y documentos, consistentes en el traslado de dominio que solicitó Fredy Armando Godínez García, en su supuesto carácter de sucesor preferente de Aurelio Caballero Pérez, titular de derechos agrarios, ante el director del Registro Agrario Nacional, misma solicitud que fue declarada procedente por dicho registro; lo anterior no implica en ningún aspecto la existencia de resolución o resoluciones emitidas por autoridades agrarias. Además la nulidad de la designación de sucesores y su inscripción en el Registro Agrario Nacional, no queda comprendida en el tercer supuesto de procedibilidad del recurso de revisión, ya que la materia controvertida en estos casos se refiere a una cuestión de sucesión de derechos ejidales previstos en el artículo 18 fracción VII de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, por lo que se trata de asuntos que compete conocer en única instancia a los Tribunales Unitarios Agrarios, sin que proceda recurso alguno contra la sentencia dictada, salvo el juicio de amparo, máxime si se toma en consideración que los actos de inscripción en registros, libros o archivos, como los realizados por el Registro Agrario Nacional, no tienen la naturaleza de resoluciones porque sólo entrañan un acto de mera anotación con efectos jurídicos, esto es de constatación, verificación de datos y requisitos y puesta la correspondiente inscripción.-Por otra parte como se advierte del artículo 200 de la Ley Agraria, la ley faculta al Tribunal Unitario Agrario para admitir el recurso de revisión sólo si «... se refiere a cualquiera de los supuestos del artículo 198 y es presentado en tiempo ...», de otra forma, una sana lógica de interpretación jurídica a contrario sensu, lleva a considerar que cuando no se satisface alguno o ambos estos (sic) extremos marcados en el multicitado artículo 198 como requisitos de procedibilidad del medio de impugnación, el propio Tribunal Unitario tiene facultades para desechar el recurso de revisión, sin más trámite que notificar al recurrente; esto es, sin necesidad de dar vista a las partes interesadas y, menos aún, de remitir los autos al Tribunal Superior Agrario, sin perjuicio de que el interesado pueda hacer valer sus derechos en el juicio de amparo.-De lo anteriormente expuesto se deduce que el recurso de revisión interpuesto por María Caballero Pérez, es improcedente, de acuerdo con lo previsto por los artículos 9o. de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en materia agraria, y 198 de la Ley Agraria, interpretado a contrario sensu, tomando en consideración que la sentencia emitida no se encuentra en ninguna de las hipótesis previstas en el último numeral citado.-Notifíquese el presente proveído a María Caballero Pérez y Fredy Armando Godínez García. Gírese atento oficio a la autoridad de amparo al principio señalada, haciéndole saber el debido cumplimiento a la ejecutoria de referencia, para los efectos legales a que haya lugar.-Notifíquese personalmente y cúmplase.-Así, lo acordó y firma la licenciada Josefina Lastiri Villanueva, Magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito Número 16, en presencia del secretario de Acuerdos interino licenciado José Antonio Pedraza Arroyo de Anda, con quien actúa y da fe.’.-TERCERO.-La quejosa hace valer los siguientes conceptos de violación: (se transcriben).-CUARTO.-Los conceptos de violación son fundados (sic) en una parte, y sustancialmente fundados (sic) en el resto.-Es infundado aquel en el que se pretende que el Tribunal Unitario responsable carece de facultades para desechar el recurso de revisión. Al respecto, dice la parte quejosa que el artículo 200 de la Ley Agraria, sólo lo faculta para: ‘... si el recurso se refiere a cualquiera de los supuestos del artículo 198 y es presentado en tiempo, el tribunal lo admitirá en un término de tres días y dará vista a las partes interesadas para que en un término de ocho días expresen lo que a su interés convenga. Una vez hecho lo anterior, remitirá el expediente, el original del escrito de agravios y la promoción de los terceros interesados al Tribunal Superior Agrario el cual resolverá en definitiva en un término de diez días contado a partir de la fecha de recepción.’.-Es verdad que la redacción literal del artículo parcialmente transcrito, no contiene la mención categórica acerca de que el tribunal responsable pueda, en su caso, desechar el recurso. Sin embargo, una sana interpretación de ese precepto indica que puede y debe, de ser lo apropiado, desechar dicho recurso. En efecto, si el dispositivo de ley claramente obliga al Tribunal Unitario a analizar si se da alguno de los supuestos de procedencia del recurso de revisión, así como a verificar su oportunidad, disponiendo que en tal caso deberá admitirlo, es obvio que en el supuesto contrario, lógicamente deberá desecharlo, pues, incluso, el propio artículo señala que al Tribunal Superior corresponderá decidir ‘en definitiva’, lo que supone que el estudio preliminar acerca de la procedencia es competencia del Tribunal Unitario, estudio que debe concluir bien con la admisión o bien con el desechamiento, en la inteligencia de que esta interpretación corresponde a la única que permiten los términos en que está redactado el artículo en cuestión, sin que ello implique que se apega a las reglas universales que rigen la admisión de los recursos, pues generalmente el tribunal al que corresponde el conocimiento de ellos, es el facultado para calificar su admisión, empero, insístese, en el caso la Ley Agraria contiene reglas diversas, de ahí lo infundado del concepto de violación analizado.-En cambio, son sustancialmente fundados los conceptos de violación en los que se alega que es impropio el desechamiento del recurso de revisión. Además, en acatamiento de lo dispuesto por el artículo 227 de la Ley de Amparo se suple su deficiencia.-En efecto, de la resolución que constituye el acto reclamado se advierte que el tribunal responsable decidió desechar el recurso de revisión interpuesto por la ahora quejosa, basándose en los siguientes argumentos.-Por un lado estableció que en la especie se trata de una controversia sobre sucesión de derechos ejidales, de la cual corresponde conocer en única instancia a los Tribunales Unitarios Agrarios; además, señaló que el artículo 198, fracción III, de la Ley Agraria, en el que apoyó la inconforme la procedencia del recurso, se refiere a la nulidad de resoluciones emitidas por las autoridades en materia agraria, y que, en la especie, se impugnó la nulidad de un acto de inscripción que no tiene la naturaleza de resolución, porque sólo entraña un acto de mera anotación.-Ahora bien, respecto del primero de los argumentos reseñados, evidentemente carece de sustento, pues del escrito que dio inicio al procedimiento agrario se aprecia que se demandó la nulidad del traslado de dominio y registro efectuado en favor de Fredy Armando Godínez García, y si bien ese registro fue con la finalidad de inscribirlo como titular del certificado de derechos agrarios número 137670, en su calidad de sucesor preferente del extitular, es decir, si bien Fredy Armando Godínez adujo como motivo para solicitar la inscripción a su favor el hecho de ser sucesor, lo cierto es que lo debatido fue únicamente la nulidad de ese registro, esto es, dentro de la litis no se dirimió cuestión alguna sobre el mejor derecho a suceder derechos agrarios, esto se corrobora con el contenido de la resolución que pretendió impugnarse a través del recurso de revisión cuyo desechamiento es la materia de este juicio de amparo, pues su lectura muestra que en dicha resolución no se llevó a efecto análisis alguno sobre si los contendientes reunían los requisitos que exige la legislación agraria para heredar, incluso se estableció que lo impugnado era que el demandado se hubiese dado de alta como sucesor de Aurelio Caballero, pero no la designación de éste como sucesor del titular. Luego, no puede válidamente sostenerse que se trate de una controversia sobre derechos sucesorios, como pretende el tribunal responsable.-Por otro lado, el Tribunal Unitario responsable señaló que el caso a estudio no encuadraba en la hipótesis prevista por la fracción III del artículo 198 de la Ley Agraria, porque en la especie no se trataba de una ‘resolución’ emitida por una autoridad en materia agraria, puesto que sólo se trata de una inscripción. Al respecto, cabe decir que una sana interpretación de lo previsto en la fracción aludida conduce a determinar que, para la procedencia del recurso de revisión, en los términos de lo señalado en esa fracción, no debe atenderse a la acepción del término ‘resolución’ en sentido estricto. Es decir, no solamente las resoluciones en sentido formal son las que incluye el artículo en cuestión, sino cualquier decisión o acto que provenga de las autoridades agrarias que afecte derechos, pues el precepto en cuestión involucra diversas controversias de carácter agrario (en su fracción I se refiere a ‘cuestiones relacionadas con los límites ...’) sin que se distinga entre resolución o ‘cuestiones’.-El Diccionario de la Lengua Española, define el término resolución así: ‘Resolución: (Del lat. Resolutio, onis) F. Acción y efecto de resolver o resolverse. 2. Ánimo, valor o arresto. 3. Actividad, prontitud, viveza. 4. Decreto, providencia, auto o fallo de autoridad gubernativa o judicial ...’. Como se ve, entre las acepciones de este término se encuentra la de acción, actividad, providencia, y si se auna a ello el hecho de que, como se dijo, el artículo 198, involucra como impugnables mediante el recurso de revisión las ‘cuestiones’, término por demás genérico, debe concluirse en que dentro de la fracción III del multialudido artículo 198 caben todas las cuestiones relacionadas con la nulidad de actos efectuados por las autoridades agrarias. De interpretar el contenido de la fracción en análisis, de la forma en que lo hizo el tribunal, tendríamos que difícilmente tendría aplicación el supuesto previsto en la referida fracción III del artículo 198, pues la interpretación literal que pretende la autoridad responsable sólo dejaría como impugnables mediante el recurso de revisión, las decisiones de ella en tanto que formalmente sólo ella es quien emite resoluciones de esa categoría, con lo cual se desvirtuaría la intención del legislador, que no fue otra que la de proporcionar otra instancia al afectado, buscando proporcionar mayor seguridad. Lo anterior se expresa claramente en un fragmento de la exposición de motivos de la Ley Agraria, que en el apartado relativo a ‘Protección a las tierras ejidales y comunales’, entre otros asertos, dice: ‘... La protección no estaría completa si la iniciativa no estableciera el derecho que asiste a los núcleos de población para obtener la restitución de las tierras que les fueron ilegalmente arrebatadas. Este derecho se fortalece con el respaldo del recurso de apelación ante el Tribunal Superior Agrario, en el evento de que la resolución del Juez de primera instancia sea lesivo a los intereses del núcleo de población afectado ...’. Si bien en este párrafo se alude concretamente a los núcleos de población lo cierto es que refiere a la finalidad de la creación del recurso de revisión, aun cuando, equivocadamente, en el texto se habla del recurso de apelación, y se aprecia con claridad que la intención fue la de proporcionar mayor certeza y seguridad.-En las anteriores condiciones, es claro que el tribunal responsable transgredió en perjuicio de la quejosa las garantías de legalidad y seguridad jurídica previstas por los artículos 14 y 16 constitucionales, por lo que procede concederle el amparo y la protección de la Justicia Federal, para el efecto de que se deje insubsistente el acuerdo recurrido, y, en su lugar, se dicte otro en el que reparando las garantías que aquí se han estimado infringidas, decida sobre la admisión del recurso de revisión, atendiendo los lineamientos aquí fijados.-En razón de lo anterior resulta ocioso el análisis de los conceptos de violación esgrimidos por la quejosa, pues, como ha quedado precisada la ilegalidad del acuerdo reclamado por razones prioritarias a las expuestas en los susodichos conceptos de violación, sería intrascendente pronunciarse sobre ellos.-Consecuentemente, procede conceder el amparo ... ÚNICO.-La Justicia de la Unión ampara y protege a María Caballero Pérez, en contra de la autoridad y por el acto precisado en el resultando primero de este fallo."

De las anteriores consideraciones, se desprendió la siguiente jurisprudencia:

"REVISIÓN EN MATERIA AGRARIA, ALCANCE DEL TÉRMINO ‘RESOLUCIÓN’ PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE (ARTÍCULO 198, FRACCIÓN III, DE LA LEY AGRARIA).-De conformidad con el artículo 198, fracción III, de la Ley Agraria, el recurso de revisión en dicha materia procede contra las sentencias de los tribunales agrarios que resuelvan en primera instancia sobre ‘La nulidad de resoluciones emitidas por las autoridades en materia agraria.’. Ahora bien, una recta interpretación del aludido precepto, permite concluir que, para la procedencia de dicho recurso, la expresión ‘resolución’ no debe entenderse en sentido estricto, es decir, no solamente las resoluciones en sentido formal son las que incluye dicho precepto, sino cualquier decisión o acto que provenga de las autoridades agrarias que afecte derechos, por ser ese el espíritu que anima el artículo en comento, pues tal precepto involucra diversas controversias de carácter agrario cuyos fallos son impugnables mediante el recurso de revisión, sin distinguir entre actos o resoluciones, como lo hace la fracción I del mismo ordenamiento legal, al referirse a ‘Cuestiones relacionadas con los límites ...’. De no estimarlo así, únicamente las decisiones de los Tribunales Unitarios Agrarios serían impugnables con base en la mencionada fracción, porque sólo ellos emiten resoluciones de esa categoría (en sentido formal), con lo cual se desvirtuaría la intención del legislador, que no fue otra que la de proporcionar a los gobernados mayor oportunidad en su defensa contra los actos de autoridad."

Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el AD. 67/97, el treinta de abril de mil novecientos noventa y siete señaló:

"TERCERO.-El acto reclamado es cierto, la resolución que lo constituye, en la parte que interesa, literalmente dice: ‘I. Que este Tribunal Unitario Agrario del Distrito 38, resulta competente para conocer el presente juicio de nulidad de actos y documentos que contravienen leyes agrarias, de conformidad con lo establecido por el artículo 27, fracción XIX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1o., 163, 164, 170, 179 y 185 de la Ley Agraria, en correlación con los numerales 1o. y 2o., fracción II y 18 fracciones VIII y XIV de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, así como por los Acuerdos del Pleno del Tribunal Superior Agrario, publicados en el Diario Oficial de la Federación los días veinticuatro de abril y veintisiete de junio del presente año, en los que se constituyó el Distrito 38 de los Tribunales Agrarios para el Estado de Colima y determina el inicio de funciones y designa su titular.-II. Este tribunal resuelve si el presente juicio resulta improcedente conforme a lo que fue asentado en la audiencia jurisdiccional (sic) el veintiséis de septiembre del presente año.-De las constancias de autos así como de la contestación de la demanda este tribunal estima que el presente juicio resulta improcedente. En efecto la parte actora demandó la nulidad del acta de posesión y deslinde de fecha veinticuatro de septiembre de mil novecientos noventa y dos, con lo cual afirma se dio posesión definitiva por dotación de tierras al poblado «Juluapan», Municipio de Villa de Álvarez, Colima.-El documento impugnado visible a fojas 7 y 8 de autos, se refiere al acta de aclaración al acta de posesión y deslinde de fecha primero de mayo de mil novecientos cincuenta y nueve, relativa a la dotación de ejidos del poblado «Juluapan», Municipio de Villa de Álvarez, Estado de Colima, al estudiar el acta impugnada, este tribunal observa que es una mera acta de aclaración como su nombre lo indica ya que el ejido «Juluapan», recibió las tierras con las que fue beneficiado por resolución presidencial de veintisiete de agosto de mil novecientos cincuenta y ocho, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Colima el siete de marzo de mil novecientos cincuenta y nueve, esta resolución presidencial se ejecutó el primero de mayo de mil novecientos cincuenta y nueve.-En esa virtud y tomando en cuenta que se cuestionan actos que derivan de los artículos 130 y 252 del Código Agrario de mil novecientos cuarenta y dos, así como de la Ley Federal de Reforma Agraria en sus artículos 51 y 305; así las cosas mediante el ejercicio de una acción que previene la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios en su artículo 18 fracción VIII y XIV, se pretende demandar la nulidad de un acta de aclaración relativa a una dotación del ejido.-Sin embargo, dicha acta de aclaración se refiere únicamente al acta de ejecución, de posesión y deslinde de primero de mayo de mil novecientos cincuenta y nueve, en virtud de que en esa fecha fue cuando se ejecutó y entregaron las tierras dotadas al ejido «Juluapan»; en esas circunstancias el acto administrativo impugnado pudo haber sido combatido por los medios de defensa ordinarios o a través del juicio de garantías.-En consecuencia, si el acta de aclaración (sic) impugnada son resultado de actos emitidos durante la vigencia de la legislación agraria señalada, no le pueden ser aplicadas disposiciones jurídicas expedidas con posterioridad como lo es la Ley Agraria y la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, pues afirmar lo contrario, daría como consecuencia aplicar retroactivamente dicha legislación, lo cual violaría las disposiciones del artículo 14 constitucional que en su parte conducente dice: «Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.-Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.».-Por todo lo anterior se estima que los hoy actores han estado en aptitud de combatir el acto ahora impugnado a través del juicio de garantías. Por todo lo anterior el presente juicio resulta notoriamente improcedente.-Sirve de fundamento a lo anterior el siguiente criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que enseguida se transcribe: 13 de septiembre de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Alfonso Álvarez Escoto. Secretaria: Eunice Sayuri Shibya Soto. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Época: 8a. Tomo: XV-I, febrero 1995. Página (textual). «LEY AGRARIA, IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE NULIDAD PREVISTA POR LA. SI LOS ACTOS CUYA NULIDAD SE DEMANDA ACAECIERON BAJO LA VIGENCIA DE LA DEROGADA LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA.-Es

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5910-411da2fd/revision-en-materia-agraria-en-terminos-del-articulo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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