PRUEBAS SOBRE HECHOS SUPERVENIENTES EN EL JUICIO ORDINARIO LABORAL. DEBEN ADMITIRSE AUN CUANDO SE HAYA CERRADO LA INSTRUCCIÓN.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 96/98. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEXTO Y OCTAVO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA DEL TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
TERCERO.-El criterio sustentado por el Sexto Tribunal Colegiado del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo número DT-6086/98, promovido por Gonzalo Guerrero García, en lo que aquí interesa, es del tenor siguiente:
"TERCERO.-El estudio de los conceptos de violación, mismos que para mayor claridad se analizan en orden diverso del planteado, conduce a determinar lo siguiente.-Aduce el quejoso, como violación a las leyes que rigen el procedimiento, que la autoridad responsable violó en su perjuicio los artículos 776, 779 y 804 de la Ley Federal del Trabajo al haber desechado los incisos a), c) y d) de la prueba de inspección contenida en el apartado 7 del escrito de pruebas respectivo.-En efecto, el actor, en su escrito de veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y cinco, ofreció, entre otras, la inspección judicial ‘que realice el C. Actuario en el local de esta H. Junta, en las listas de raya, recibos de pago, libros contables de diario, y demás auxiliares de contabilidad que deben presentar debidamente autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como en listas de asistencia en el renglón correspondiente al actor, por el periodo comprendido del dos de mayo de 1994 al 28 de diciembre de 1994 inclusive, para acreditar los siguientes extremos: a) Que el hoy actor aparece registrando su asistencia en los domicilios de los hoy demandados: Amores número 846, colonia Del Valle, código postal 03100, Delegación Política Benito Juárez, y Amores número 927-A, colonia Del Valle en esta Ciudad de México.-b) Que la parte actora aparece registrando sus asistencias en los domicilios citados en el subinciso anterior, en una jornada comprendida de las 9:00 a las 20:00 horas diariamente, de lunes a viernes de cada semana, con descanso de una hora, de las catorce a las quince horas.-c) Que la parte actora aparece recibiendo la cantidad de N$12,890.00 (doce mil ochocientos noventa nuevos pesos, moneda nacional) promedio hasta el veintiocho de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro.-d) Que a la parte actora se le adeuda el pago de sus comisiones del mes de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, por la cantidad de N$23,260.62.-e) Que la actora aparece registrando su asistencia al centro de trabajo por última ocasión el día veintiocho de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro.-Esta probanza deberá aceptarse con los apercibimientos de ley a la parte patronal, para el supuesto de negarse a exhibir los documentos base de la probanza, se tengan presuntivamente los extremos a probar con la misma ...’ (folio 70).-Sobre dicha prueba el demandado la objetó, señalando: ‘... Por lo que se refiere a la inspección ofrecida como prueba en el apartado 7 del escrito de ofrecimiento de pruebas, solicita se deseche por no encontrarse ofrecida conforme a derecho y además por tratarse evidentemente de una pesquisa prohibida por la ley, independientemente de lo cual se manifiesta desde ahora para el caso de que fuese admitida dicha probanza el demandado no tiene en su poder documento alguno en relación con el actor, por lo que en caso de admitirse dicha probanza la misma deberá ser sin prejuzgar sobre la existencia de los documentos en que se deben practicar y con relación al ofrecimiento hecho de que se practique en el renglón correspondiente al actor ...’ (folio 77).-A su vez, la autoridad responsable, proveyó: ‘... De la parte actora, la inspección que ofrece en el apartado 7 de su escrito de pruebas, se desechan los incisos a), c) y d), el inciso a), por no ser el medio idóneo para acreditar lo que pretende con dicho inciso; el c), por ser vago, es decir no señala el concepto de la cantidad a que hace referencia y el d), por estar ofrecida en sentido negativo ...’ (folio 77 vuelta).-Ahora bien, sobre este aspecto, este Tribunal Colegiado estima correcto el proceder de la Junta responsable, aunque por diversos motivos, en lo que toca al inciso a), pues si bien se apoyó en que no es el medio idóneo para acreditar lo que el actor pretende en dicho inciso y lo cierto es que en su caso dicha declaración carece de fundamento legal y aun de motivación, lo cierto es que el actor al ofrecer la prueba de que se trata, señaló que se encuentra ‘registrando su asistencia en los domicilios de los demandados’, afirmación que resulta ilógica si parte del supuesto de que en todo caso la asistencia se registra en los libros de control de asistencia o por medio de tarjetas checadoras y no en los ‘domicilios’, por tanto, al ser una afirmación de imposible comprobación, el proceder de la Junta al desechar el aludido inciso, fue correcto y no causa perjuicio alguno al promovente. Igualmente, en lo que se refiere al inciso c) la autoridad responsable lo desechó por ser una afirmación vaga al no haber señalado el oferente el concepto de la cantidad a que hizo referencia, argumento que resulta correcto, toda vez que efectivamente, el actor no mencionó el concepto correspondiente a la cantidad indicada, pero además, pretendía acreditar un ‘promedio’, lo cual indica que el actuario de la Junta hubiera debido realizar las operaciones aritméticas necesarias para obtener dicho promedio con las cantidades que se advirtieran de la inspección, lo cual no es materia de una prueba de inspección, pues el actuario no cuenta con facultades para realizar ese tipo de operaciones, sino simplemente para dar fe de si es cierto o falso lo aseverado por el oferente, de ahí que el aludido desechamiento, tampoco causa perjuicio alguno al quejoso.-Por lo que hace al inciso d), que la autoridad responsable calificó como negativo, debe decirse que tal consideración es incorrecta, pues si bien el actor utilizó la palabra adeudo en el referido inciso y de ahí la Junta se apoyó para determinar que se trataba de un hecho negativo, lo cierto es que en realidad se trata de un hecho positivo, que si bien implica una abstención de pago, implica la existencia de una deuda, de ahí lo positivo de la afirmación, que en consecuencia cumple los requisitos del artículo 827 de la Ley Federal del Trabajo, por lo que debe estimarse que el desechamiento de esta parte de la prueba fue incorrecto.-Por otra parte, en cuanto hace a la propia prueba de inspección, este Tribunal Colegiado estima que debe suplir la deficiencia de la queja por ser el trabajador el quejoso, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 bis, fracción IV, de la Ley de Amparo, toda vez que al admitir la Junta responsable la referida prueba de inspección, lo hizo sin ‘prejuzgar sobre la existencia de los documentos materia de la inspección. ...’. En efecto, una vez que la autoridad responsable desechó los incisos mencionados, continuó su acuerdo diciendo: ‘... De dicha probanza, igualmente se desecha por cuanto se refiere a inspeccionar libros contables y demás auxiliares de contabilidad, por constituir una pesquisa prohibida por la ley y de igual forma por lo que se refiere a dicha probanza la misma se acepta sin prejuzgar sobre la existencia de los documentos materia de la inspección y sólo por cuanto se refiere al codemandado compareciente Ing. Rafael Barbabosa Sierra, de igual forma y sólo por lo que se refiere a este demandado ...’ (folio 77 vuelta).-El anterior razonamiento de la Junta carece de fundamento, pues no existe precepto alguno que faculte a las Juntas a proceder en los términos narrados, siendo aplicable al caso la jurisprudencia número 20/97, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual aparece publicada en la página 307 del Tomo V, mayo de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘INSPECCIÓN DE DOCUMENTOS EN MATERIA LABORAL. LA PRÁCTICA DE MANDARLA PREPARAR «SIN PREJUZGAR SOBRE SU EXISTENCIA», ES JURÍDICAMENTE INCORRECTA Y AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO PARA QUE SE REPONGA EL PROCEDIMIENTO, SI LA VIOLACIÓN TRASCIENDE AL SENTIDO DEL LAUDO.-Cuando la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 828 consigna que «... si los documentos y objetos obran en poder de alguna de las partes, la Junta la apercibirá que, en caso de no exhibirlos, se tendrán por ciertos presuntivamente los hechos que se tratan de probar.», impone a las autoridades del trabajo la obligación de tomar en consideración las diversas hipótesis sobre las que puede versar la prueba, para dar a cada una de ellas el trato que ameritan; de allí que si de modo indiscriminado, mediante el formulismo indicado o algún otro de contenido similar, la Junta ordena la preparación de la prueba de inspección, procede conceder el amparo para que se reponga el procedimiento, siempre y cuando esta violación trascienda efectivamente al sentido del laudo reclamado.’.-Resulta igualmente infundado el argumento de la autoridad al desechar la prueba en lo que se refiere a los libros contables y demás auxiliares de contabilidad, dado que los términos en que se objetó la prueba por el demandado puede advertirse que no negó la existencia de tales libros, sino que únicamente se refirió a que no tiene en su poder documento alguno en relación con el actor, de manera que debió admitirse la prueba en los términos en que fue ofrecida, pues no existió impedimento alguno para que el demandado no presentara la documentación requerida, de manera que puede estimarse que el proceder de la autoridad responsable al expresar que se trata de una pesquisa prohibida por la ley, carece de todo sustento jurídico, siendo por tanto, violatorio de las garantías individuales del quejoso.-Por otra parte, en el quinto concepto de violación, aduce el quejoso que la autoridad responsable indebidamente desechó las documentales que exhibió como pruebas supervenientes, en especial la consistente en la declaración de la C. Aurora M. Luna que rindió ante el agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Investigadora 15 del Departamento II de Averiguaciones Previas de la Delegación Cuauhtémoc en el Distrito Federal, aduciendo para ello que se encontraba cerrada la instrucción, lo que se estima incorrecto puesto que no existe precepto legal que prohíba tal ofrecimiento, sino que deben admitirse tales pruebas en tanto no se haya dictado laudo.-La anterior afirmación es fundada, toda vez que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 881 de la Ley Federal del Trabajo, concluida la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, solamente se admitirán las que se refieren a hechos supervenientes o de tachas, sin señalar dicho dispositivo límite alguno para el ofrecimiento y admisión de tales pruebas, en esa virtud, tomando en cuenta que por hecho superveniente debe entenderse aquel que tiene lugar o es conocido por el interesado después de presentada la demanda y de la etapa de ofrecimiento y desahogo de pruebas, es de concluirse que mientras no se dicte el laudo respectivo, deben admitirse las pruebas que se refieran a hechos supervenientes, aunque ya se haya declarado cerrada la instrucción, lo cual debe entenderse aun con mayoría de razón, si se toma en cuenta que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 886 de la citada ley, puede la Junta ordenar cualquier diligencia que juzgue conveniente para el esclarecimiento de la verdad, es decir, actuar de oficio, de manera que resulta lógico y jurídico que deba admitirse una prueba rendida por una de las partes si ésta conlleva el esclarecimiento de la verdad buscada.-Consecuentemente, procede conceder el amparo al quejoso, para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente el laudo impugnado, reponga el procedimiento a fin de admitir en los términos propuestos la inspección ofrecida por la parte actora, con excepción de los incisos a) y c) de la misma, prescindiendo del argumento consistente en ‘sin prejuzgar sobre la existencia de los documentos materia de dicha inspección’ y asimismo, en lo que toca a la documental ofrecida por el quejoso como prueba superveniente, resuelva sobre su admisión o desechamiento, sin que pueda considerar como apoyo de su acuerdo el hecho de que haya sido cerrada la instrucción.-Dados los efectos para los que se concede el amparo, resulta innecesario el estudio de los restantes argumentos contenidos en los conceptos de violación, con apoyo en la jurisprudencia número 15 de este Sexto Tribunal Colegiado, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Número 48, diciembre de 1991, visible en la página 74, que textualmente dice: ‘VIOLACIONES PROCESALES, CONCEDIDO EL AMPARO POR, ES INNECESARIO EL ESTUDIO DE LAS VIOLACIONES DE FONDO.-Resulta innecesario entrar al estudio de las violaciones de fondo aducidas en la demanda de amparo, si con motivo de la misma se concedió la protección de la Justicia Federal al quejoso, para el efecto de que se reponga el procedimiento por violaciones cometidas en el mismo, pues en cumplimiento de esta ejecutoria, la autoridad responsable deberá dictar un nuevo laudo donde las violaciones de fondo acusadas podrán ser reparadas al resolver de nueva cuenta el fondo del negocio.’."
CUARTO.-Por su parte, el Octavo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al fallar los amparos directos 1078/94 y 1039/94, promovidos por Roxana Romo de Vivar García y María del Carmen del Castillo Badillo y otros, respectivamente, sostuvo, en lo conducente:
A.D. 1078/94.
"CUARTO.-Es fundado el primer concepto de violación en que se hace valer una violación de procedimiento, supliendo la deficiencia de dicho concepto, de acuerdo con lo dispuesto por la fracción IV del artículo 76 bis, de la Ley de Amparo.-En efecto, consta a fojas ochenta y nueve de autos, que en la audiencia de desahogo de la prueba confesional a cargo de la actora, ésta ofreció como prueba superveniente las actuaciones de la averiguación previa No. 10a./41/93-00 que se integró con la denuncia de hechos formulada por el representante legal de la demandada, respecto de hechos que estimó configurativos del delito de abuso de confianza y los que resultaren, ocurridos durante la gestión de la actora como directora de la institución docente demandada, solicitando que se girara oficio al titular de la Agencia del Ministerio Público correspondiente a fin de que remitiera copia certificada de las constancias indicadas al juicio laboral; también consta que habiéndose acordado favorablemente tal petición y solicitadas que fueran las constancias de la averiguación penal mencionada, por resolución de fecha diez de enero de mil novecientos noventa y cuatro (foja 100), la Junta responsable determinó desechar de plano la prueba documental referida, argumentando que en la misma constaba que la actora había tenido conocimiento de la existencia de la citada averiguación desde el treinta de junio de mil novecientos noventa y tres, y como hacía el ofrecimiento hasta el nueve de agosto del mismo año, estaba fuera del término de tres días hábiles establecidos en los artículos 735 y 738 de la Ley Federal del Trabajo.-Ahora bien, la Junta responsable desechó incorrectamente la prueba documental en cuestión, porque de acuerdo con las disposiciones de los artículos 778 y 881 de la Ley Federal del Trabajo, las pruebas con carácter superveniente pueden ser ofrecidas y admitidas con posterioridad a la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, con tal de que hubiera sido del conocimiento del oferente después de la citada etapa, y no se señala término alguno para ofrecerlas, por lo que en esas condiciones, no fue correcto que la Junta responsable desechara la prueba que ofreció la parte actora con carácter superveniente, aplicando el término de tres días a que aluden los artículos 735 y 738 de la Ley Federal del Trabajo, ya que las disposiciones de tales artículos se relacionan con el ejercicio de un derecho o la práctica de un acto procesal, pero que deriven de la notificación de una actuación o acuerdo dictado dentro del procedimiento laboral, mas esas disposiciones no son aplicables respecto de instancias de distinta autoridad o procedimiento al juicio laboral, pues entonces no rige término alguno, sino sólo la circunstancia de que se trate de actuaciones de las que el interesado tuviere conocimiento después de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, y que por ello se consideren como pruebas supervenientes, máxime cuando en el caso se trató de actuaciones de una averiguación previa que, por su carácter indagatorio de hechos delictivos, se verifican con la reserva necesaria y limitan tanto la intervención como el acceso del presunto delincuente a dichas actuaciones.-Por tanto, debe considerarse que la Junta responsable debió admitir la prueba documental que con carácter superveniente ofreció la parte actora, y al no haberlo hecho así, es claro que incurrió en la violación de procedimiento prevista en el artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo, por lo que procede conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal que se solicita, para el efecto de que la referida Junta deje insubsistente el laudo reclamado y, en reposición del procedimiento admita la prueba documental que con el carácter de superveniente ofreció la parte actora, para que una vez cumplido lo anterior, dicte el laudo que corresponda en derecho con libertad de jurisdicción."
A.D. 1039/94.
"CUARTO.- ... Por otra parte, son infundados los argumentos inherentes a la inadmisión de las pruebas que sobre hechos supervenientes ofreció el apoderado de los actores, agregadas en el folder anexo a otras pruebas, pues independientemente de la legalidad del proveído de fecha veintiuno de febrero de mil novecientos noventa y uno, en que se declaró cerrada la instrucción, lo cierto es que al haber consentido los demandantes ese auto por falta de impugnación en el juicio laboral, quedó firme lo determinado en el mismo; es decir, el cierre de la instrucción del juicio laboral, y en esas condiciones, es correcto que la Junta responsable desechara las pruebas que sobre hechos supervenientes manifestaron ofrecer los demandantes, pues las pruebas de tal naturaleza deben ofrecerse hasta antes de cerrarse la instrucción, y en el caso el ofrecimiento indicado se hizo hasta el trece de septiembre de mil novecientos noventa y uno, cuando la instrucción ya se había cerrado, por lo que independientemente de lo considerado por la responsable sobre la aplicación del artículo 735 de la Ley Federal del Trabajo, es irrelevante que el ofrecimiento se hubiere hecho dentro del término de tres días posteriores al que los quejosos dicen haber tenido conocimiento de las citadas pruebas, pues al efecto es aplicable el criterio sostenido por este Tribunal Colegiado al resolver el juicio de amparo directo 1078/94, promovido por Roxana Romo de Vivar García, mediante ejecutoria dictada el trece de enero de mil novecientos noventa y cinco, cuyo texto es el siguiente: ‘PRUEBAS SOBRE HECHOS SUPERVENIENTES, TÉRMINO PARA OFRECERLAS Y ADMITIRLAS.-Los hechos supervenientes cuya prueba está regulada por los artículos 778 y 881 de la Ley Federal del Trabajo, son aquellos que ocurren o se conocen después de la celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas; por tanto, no rige ningún término para el ofrecimiento y la admisión de pruebas relacionadas con tales hechos, siempre y cuando esto suceda antes de que se declare cerrada la instrucción en el juicio laboral.’.-A mayor abundamiento, se advierte que las pruebas sobre hechos supervenientes que se ofrecieron, tenían por efecto demostrar que al contestar la demanda en otros juicios laborales el Instituto Mexicano del Seguro Social aceptaba las prestaciones reclamadas, aduciendo entre otras cosas que: ‘La intención claramente enunciada en la cláusula 10a. transitoria del contrato colectivo de trabajo 1987-1988, es la de igualar las percepciones del trabajador en activo ni más ni menos.’, pero es claro, que esto no podría favorecer a los actores para el presente caso, pues cada juicio es resuelto de acuerdo con la litis planteada en el mismo, y no consta en la contestación de demanda del juicio del que derivó el laudo reclamado, que el Instituto Mexicano del Seguro Social hubiera aceptado la procedencia de las prestaciones reclamadas para que pudiera equipararse el caso a las circunstancias de las pruebas sobre hechos supervenientes que fueron desechadas.-Los argumentos del tercer concepto de violación son infundados, porque la Junta responsable absolvió correctamente al instituto demandado del pago de la prestación contenida en el inciso a) de la demanda inicial, y que se reclamó en los siguientes términos: ‘La conservación en el tiempo, del valor de la pensión o jubilación que recibe mi mandante reclamando del demandado la cuantificación correcta de tal pensión o jubilación, aumentando su monto al mismo nivel de las percepciones netas de sus trabajadores en activo de la misma categoría y años de servicio.’, ya que como se advierte, los actores pretendieron obtener un incremento a sus pensiones jubilatorias para que éstas se igualaran hasta el monto de las percepciones netas que obtuvieron los trabajadores en activo de la misma categoría que los actores, lo cual no es procedente ni puede fundarse en las disposiciones de la cláusula 10a. transitoria, como erróneamente se alega en los conceptos de violación ya que del texto íntegro de la citada cláusula, no se advierte disposición alguna que funde y motive las pretensiones de los quejosos, porque la cláusula transitoria sólo contiene el punto décimo aplicable a los jubilados con anterioridad al dieciséis de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho, para incrementar el monto de las jubilaciones y pensiones de los actores, en las mismas fechas y proporciones en que se incrementaran en forma general los sueldos de los trabajadores en activo, siempre que no rebasen el monto mensual de la pensión que les correspondería a éstos con el nuevo procedimiento vigente a partir del dieciséis de marzo de mil novecientos ochenta y ocho, a lo cual se condenó juntamente con las diferencias que resultaren por los citados incrementos, por lo que tratándose de disposiciones de origen extralegal convenidas por las partes intervinientes en un contrato colectivo de trabajo, es evidente que debe estarse a lo expresamente pactado, y aunque en el primer párrafo de la cláusula décima transitoria del citado contrato colectivo se estableció señalar las bases de un nuevo procedimiento para otorgar pensiones y jubilaciones en el régimen correspondiente, con el propósito de conservar en el tiempo el valor de las pensiones y jubilaciones con respecto a las percepciones netas de los trabajadores en activo de la misma categoría y años de servicio, tal finalidad no implica que las referidas disposiciones debieran aplicarse en los términos que demandaron los actores, ya que independientemente de que todo convenio debe regir para el futuro, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 34, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, de la interpretación congruente de los diversos puntos de la cláusula en cuestión, se advierte que hubo reserva expresa de un trato distinto para los pensionados con anterioridad al dieciséis de marzo de mil novecientos ochenta y ocho, según se desprende del nuevo Régimen de Jubilaciones y Pensiones, como ya quedó establecido; sin que el texto de la cláusula 1a. transitoria del contrato colectivo de trabajo de mérito, que se invoca en los conceptos y que textualmente dice: ‘El presente contrato deja sin efecto los anteriores y sólo subsistirán los pactos suscritos por las partes con anterioridad, en lo relativo a prestaciones que sean superiores a las que establece este contrato.’, sirva de apoyo a las reclamaciones de los actores, pues con la cláusula décima transitoria y el Régimen de Jubilaciones y Pensiones que entró en vigor el dieciséis de marzo de mil novecientos ochenta y ocho, se logró mayor cuantía de prestaciones que a las otorgadas bajo regímenes o contratos anteriores, de modo que por ello no puede aplicarse la cláusula invocada en la forma en que pretenden los actores."
QUINTO.-De la lectura de las transcripciones que anteceden, se advierte lo siguiente:
Los tres amparos directos en los que se emitieron los criterios que se estiman contradictorios, fueron promovidos en contra de laudos emitidos por Juntas de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, una de ellas federal y las otras dos locales, en procedimientos ordinarios.
En la primera de las resoluciones transcritas, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo número DT-6086/98, promovido por Gonzalo Guerrero García, se sostuvo, fundamentalmente, que mientras no se dicte el laudo respectivo, deben admitirse las pruebas que se refieran a hechos supervenientes, aunque ya se haya declarado cerrada la instrucción, en virtud de que el artículo 881 de la Ley Federal del Trabajo, dispone que concluida la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas sólo se admitirán las que se refieran a hechos supervenientes o de tachas sin establecer límite alguno para el ofrecimiento y admisión de tales pruebas, lo que consideró reforzado con lo dispuesto por el artículo 886 de la misma ley, que otorga a las Juntas la facultad de ordenar cualquier diligencia que juzguen conveniente para el esclarecimiento de la verdad.
Por su parte, el Octavo Tribunal Colegiado del mismo circuito, al fallar el amparo directo 1039/94, promovido por María del Carmen del Castillo Badillo y otros, sostiene lo contrario al afirmar, en esencia, que la admisión de pruebas relacionadas con hechos supervenientes sólo procederá antes de que se declare cerrada la instrucción en el juicio laboral.
Como se advierte de lo anterior, existe contradicción de criterios en cuanto a la admisión de una prueba superveniente una vez cerrada la instrucción en el procedimiento laboral, entre la resolución dictada por el Sexto Tribunal y la emitida por el Octavo, al resolver el amparo directo 1039/94, derivado de las distintas apreciaciones respecto de la procedencia de la admisión de una prueba por hechos supervenientes, después de haberse declarado cerrada la instrucción.
Por lo contrario, de la diversa resolución emitida por el Octavo Tribunal Colegiado, que también quedó transcrita, se advierte que no se analizó la misma circunstancia, ya que en ese caso, no se había cerrado la instrucción en el juicio laboral, por lo que no se dan los mismos supuestos jurídicos que en las mencionadas en párrafo precedente, sin que obste que en la tesis que derivó de esa sentencia (1078/94) y que se cita en la resolución del amparo directo 1039/94, se aclare que la admisión de pruebas supervenientes es procedente siempre y cuando no se haya cerrado la instrucción, toda vez que esa declaración no se encuentra contenida en las consideraciones de la ejecutoria, por lo que dicha sentencia no será materia de la presente contradicción.
En estas condiciones, precisado que el punto de contradicción entre los criterios resumidos se refiere a la determinación relativa a la procedencia de la admisión de pruebas por hechos supervenientes una vez cerrada la instrucción en un procedimiento ordinario ante Juntas de Conciliación y Arbitraje, procede decidir cuál de los dos criterios debe prevalecer.
SEXTO.-Ahora bien, en relación a la cuestión planteada en la contradicción de tesis, debe señalarse lo siguiente:
El pronunciamiento de los Tribunales Colegiados se realizó en relación al procedimiento laboral ordinario ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, regulado en los artículos 870 a 891 de los que se estima conveniente transcribirlos:
"Artículo 870. Las disposiciones de este capítulo rigen la tramitación y resolución de los conflictos individuales y colectivos de naturaleza jurídica que no tengan una tramitación especial en esta ley."
"Artículo 871. El procedimiento se iniciará con la presentación del escrito de demanda, ante la oficialía de partes o la unidad receptora de la Junta competente, la cual lo turnará al Pleno o a la Junta Especial que corresponda, el mismo día antes de que concluyan las labores de la Junta."
"Artículo 872. La demanda se formulará por escrito, acompañando tantas copias de la misma, como demandados haya. El actor en su escrito inicial de demanda expresará los hechos en que funde sus peticiones, pudiendo acompañar las pruebas que considere pertinentes, para demostrar sus pretensiones."
"Artículo 873. El Pleno o la Junta Especial, dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir del momento en que reciba el escrito de demanda, dictará acuerdo, en el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y ofrecimiento y admisión de pruebas, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes al en que se haya recibido el escrito de demanda. En el mismo acuerdo se ordenará se notifique personalmente a las partes, con diez días de anticipación a la audiencia cuando menos, entregando al demandado copia cotejada de la demanda, y ordenando se notifique a las partes con el apercibimiento al demandado de tenerlo por inconforme con todo arreglo, por contestada la demanda en sentido afirmativo, y por perdido el derecho de ofrecer pruebas, si no concurre a la audiencia.
"Cuando el actor sea el trabajador o sus beneficiarios, la Junta, en caso de que notare alguna irregularidad en el escrito de demanda, o que estuviera ejercitando acciones contradictorias, al admitir la demanda le señalará los defectos u omisiones en que haya incurrido y lo prevendrá para que los subsane dentro de un término de tres días."
"Artículo 874. La falta de notificación de alguno o de todos los demandados, obliga a la Junta a señalar de oficio nuevo día y hora para la celebración de la audiencia, salvo que las partes concurran a la misma o cuando el actor se desista de las accio
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5952-e301aa44/pruebas-sobre-hechos-supervenientes-en-el-juicio-ordinario · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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