VEHÍCULOS EXTRANJEROS. ORDEN DE VERIFICACIÓN.
AMPARO EN REVISIÓN 54/99. FRANCISCO RAMÍREZ SARABIA.
MAGISTRADO PONENTE: MARTÍN GUERRERO AGUILAR.
SECRETARIA: RAMONA MANUELA CAMPOS SAUCEDA.
CONSIDERANDO:
TERCERO.-Son infundados por una parte e inatendibles por otra los agravios que se analizan.
Resulta infundado el agravio consistente en que el Juez de Distrito contravino los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, pues según el recurrente, aquél no apreció los actos reclamados como fueron planteados porque se señaló el inconstitucional desposeimiento del vehículo, lo cual fue aceptado por las autoridades responsables, en tanto que el a quo realizó una serie de razonamientos contradictorios, concretándose a negar la protección federal.
Así se sostiene, pues retomando los actos reclamados, debe decirse que de la demanda de garantías se desprende que su promovente reclamó, del administrador local de Auditoría Fiscal No. 8 de Culiacán, dependiente del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la orden de verificación, de desposeimiento y de embargo precautorio del vehículo de procedencia extranjera en tránsito, cuyas características describió. Asimismo, reclamó, del subadministrador de Comercio Exterior dependiente de aquél, el desposeimiento y embargo del propio automóvil, y del verificador, Abel Aguilar Ribera, la ejecución de la orden primeramente citada.
Por su parte, el Juez de Distrito tomó en cuenta lo anterior y emitió diversos razonamientos, donde, limitándose a lo expuesto en los conceptos de violación, sostuvo, sustancialmente, que la orden de verificación cumplió con lo dispuesto por el artículo 16 constitucional a pesar de no ir dirigida a persona determinada; que las responsables no habían contravenido la garantía de previa audiencia al embargar precautoriamente el vehículo defendido, medida que estimó constitucional al igual que el consecuente desposeimiento, por concluir que la tesis citada por el quejoso no era aplicable.
Por tanto, no tiene razón el inconforme al señalar la contravención de las normas citadas, ni la falta de precisión de los actos reclamados en la sentencia recurrida.
En otro aspecto, argumenta el recurrente que el propio juzgador federal indebidamente sostuvo que la orden de verificación estaba apegada al artículo 16 constitucional, cuando no cumplió con los requisitos establecidos en el artículo 38, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, pues no especificó la persona a quien se dirigía.
Se considera infundado lo anterior, a pesar de que concuerda con las reflexiones hechas por el agraviado en cuanto a la visita domiciliaria, pues ésta se constituye como un acto de molestia, que para llevarse a cabo debe satisfacer ciertos requisitos, tales como que la orden respectiva debe ser por escrito, emitida por autoridad competente, fundada y motivada; acto de molestia que aplicado a la materia impositiva, adicionalmente debe contener los requisitos propios de la ley de la materia, así como las formalidades previstas para los cateos, es decir, expresar el nombre del visitado, lugar a inspeccionar y el objeto de la visita.
Así, en concordancia con lo anterior, es de precisarse que, efectivamente, el artículo 38, fracción IV, del ordenamiento citado dice: "Artículo 38. Los actos administrativos que se deban notificar deberán tener por lo menos los siguientes requisitos: ... IV. Ostentar la firma del funcionario competente y, en su caso, el nombre o nombres de las personas a las que vaya dirigido. Cuando se ignore el nombre de la persona a la que va dirigido, se señalarán los datos suficientes que permitan su identificación.".
Sin embargo, cuando la autoridad administrativa emite órdenes como la que aquí se examina, a saber, de verificación de vehículos de procedencia extranjera en tránsito, no puede exigirse la determinación de la persona a quien va dirigida, dado que al tratarse precisamente de vehículos de procedencia extranjera en tránsito, es evidente que resulta imposible dentro de la lógica jurídica, determinar el vehículo, su propietario, o la persona que lo conducirá.
Así, este tribunal concuerda con el razonamiento del Juez de amparo relativo a "... La exigencia de exigir (sic) que una orden de visita contenga el nombre de la persona a quien va dirigida, el cuidar que se efectúen visitas al domicilio de una persona a capricho de las autoridades; sin embargo, en el caso, dada la naturaleza del acto en que no se efectúa una visita al domicilio de una persona sino una verificación de mercancías de procedencia extranjera en tránsito, de obligar a la autoridad a que esa verificación sólo la hiciera a quien se le ordena, a personas identificadas por su nombre, haría prácticamente imposible el ejercicio de facultades de fiscalización de mercancías o bienes que se introducen al país o que circulan por él, en contravención a leyes y ordenamientos fiscales, por lo que al no tratarse de una orden de visita al domicilio y por la naturaleza del acto, basta el mandamiento escrito de autoridad competente, fundado y motivado, para llevar a cabo la verificación que se dirige a todos los propietarios o conductores de vehículos de procedencia extranjera, para que ésta se estime constitucional ...".
Tan es así, que el propio precepto 38, fracción IV, prevé la posibilidad de que no se sepa el nombre de la persona a quien se dirige la orden, caso en el cual deberán señalarse datos suficientes que permitan su identificación, de tal manera que si en la especie, la orden iba dirigida al propietario, conductor y/o tenedor del vehículo de procedencia extranjera, y no se negó de ninguna manera que la verificación se había realizado con quien conducía el vehículo defendido, ni la procedencia de éste, es elemental que debe estimarse satisfecho el multirreferido requisito legal.
Luego, se considera que el a quo correctamente aplicó la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, cuyo rubro dice: "ORDEN DE VERIFICACIÓN DE LEGAL ESTANCIA DE VEHÍCULOS Y/O MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. CUMPLE CON LA GARANTÍA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL, AUN CUANDO SE EXPIDA EN CONTRA DEL TENEDOR Y/O POSEEDOR, SI DE SU CONTENIDO SE ADVIERTE A QUIÉN VA DIRIGIDO.".
También es ilustrativo el criterio que sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentado en la jurisprudencia 59/97, que resolvió la contradicción de tesis 23/97, misma que se publicó en la página 333 del Tomo VI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a diciembre de 1997, Novena Época, pues al tratar sobre el objeto en la orden de visita domiciliaria, concluyó que dicho objeto debe ser determinado para que no quede al arbitrio de los visitadores, considerando ilegal, por tanto, aquella orden que lleva un listado de contribuciones o cualquier otro tipo de deberes fiscales. Sin embargo, también consideró que tal objeto era exigible tratándose de contribuyentes registrados, mas no de los clandestinos, dado que en estos últimos la orden necesariamente debía ser general.
El contenido de la jurisprudencia dice: "ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA, SU OBJETO.-Acorde con lo previsto en el artículo 16 constitucional, así como con su interpretación realizada por esta Suprema Corte en las tesis jurisprudenciales cuyos rubros son: ‘VISITA DOMICILIARIA, ORDEN DE. REQUISITOS QUE DEBE SATISFACER.’ (tesis 183, página 126, Tomo III, Segunda Sala, compilación 1995) y ‘ÓRDENES DE VISITA DOMICILIARIA, REQUISITOS QUE DEBEN CONTENER LAS.’ (tesis 509, página 367, Tomo III, Segunda Sala, compilación 1995), que toman en consideración la tutela de la inviolabilidad del domicilio y la similitud establecida por el Constituyente, entre una orden de cateo y una de visita domiciliaria, cabe concluir que el objeto no sólo debe concebirse como propósito, intención, fin o designio, que dé lugar a la facultad comprobatoria que tienen las autoridades correspondientes, sino también debe entenderse como cosa, elemento, tema o materia, esto es, lo que produce certidumbre en lo que se revisa; con base en esto último, el objeto de la orden de que se trata no debe ser general, sino determinado, para así dar seguridad al gobernado y, por ende, no dejarlo en estado de indefensión. Por tanto, la orden que realiza un listado de contribuciones o cualquier otro tipo de deberes fiscales que nada tenga que ver con la situación del contribuyente a quien va dirigida, la torna genérica, puesto que deja al arbitrio de los visitadores las facultades de comprobación, situación que puede dar pauta a abusos de autoridad, sin que obste a lo anterior la circunstancia de que el visitador únicamente revise las contribuciones a cargo del contribuyente como obligado tributario directo, porque en ese momento ya no se trata del contenido de la orden, sino del desarrollo de la visita, en la inteligencia de que la práctica de ésta debe sujetarse únicamente a lo señalado en la orden y no a la inversa. Esta conclusión, sin embargo, no debe llevarse al extremo de exigir a la autoridad que pormenorice o detalle el capitulado o las disposiciones de las leyes tributarias correspondientes, porque tal exageración provocaría que con una sola circunstancia que faltara, el objeto de la visita se considerara impreciso, lo cual restringiría ilegalmente el uso de la facultad comprobatoria, situación que tampoco es la pretendida por esta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es necesario precisar que las anteriores consideraciones únicamente son válidas tratándose de órdenes de visita para contribuyentes registrados, pues sólo de ellos la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de acuerdo con su registro de alta, sabe qué contribuciones están a su cargo, situación que es distinta de los casos de contribuyentes clandestinos, es decir, aquellos que no están inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes porque, en estos casos, la orden necesariamente debe ser general, pues no se sabe qué contribuciones están a cargo del destinatario de la orden. También debe señalarse que las contribuciones a cargo del sujeto pasivo, no sólo conciernen a las materiales o de pago, sino igualmente a las formales o cualquier otro tipo de deber tributario y, por tanto, debe entenderse por obligado tributario, no solamente al causante o contribuyente propiamente dicho, sino también a los retenedores, responsables solidarios y cualquier otro sujeto que a virtud de las normas tributarias tengan que rendir cuentas al fisco.".
Lo anterior refuerza aún más la conclusión de este tribunal, en cuanto a que si la autoridad emite una orden donde no sepa el nombre del o los contribuyentes, debe aceptarse que necesariamente no puede ir dirigida a persona determinada, y puede, por ende, ser general.
Por otra parte, se consideran inatendibles los agravios relativos a que la citada orden tampoco cumplió con el requisito de señalar el objeto, y a que el acta de visita resultó inconstitucional al haberse preelaborado llenando el verificador los espacios en blanco que tenía, inconformidades que se apoyan en diversos razonamientos.
Se considera clara su inatendibilidad porque en la demanda de garantías no se advierte que el quejoso hubiera planteado tales cuestionamientos como conceptos de violación, puesto que sólo se advierte, tal como el Juez de Distrito consideró, que se alegó la violación de la garantía de audiencia y legalidad, al señalar que la multicitada orden no iba dirigida a persona determinada, y que era inconstitucional el embargo precautorio efectuado.
Es aplicable la jurisprudencia 31 de la Segunda Sala de la Suprema Corte, localizable en la página 20 del Tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, cuyo contenido dice: "AGRAVIOS EN LA REVISIÓN INATENDIBLES.-No pueden tenerse como agravios en la revisión, las violaciones que no fueron invocadas en la demanda de amparo, dando lugar con ello a que no se oiga a las autoridades responsables.".
Resulta igualmente infundado que el Juez de Distrito debió declarar que era ilegal el embargo precautorio efectuado, aplicando la jurisprudencia 17/95 del Pleno, publicada en el Tomo II del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a septiembre de 1995, que se lee "EMBARGO PRECAUTORIO. EL ARTÍCULO 145 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE LO PREVÉ VIOLA EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN.-En los términos en que se encuentra redactado el artículo 145 del Código Fiscal de la Federación, se autoriza la traba del embargo precautorio sobre los bienes del contribuyente, sin que se encuentre determinada la obligación de enterar tal o cual tributo ni la cuantificación del mismo, con lo que se infringe el artículo 16 constitucional, al crearse un estado de incertidumbre en el contribuyente, que desconoce la justificación del aseguramiento de bienes para garantizar un supuesto crédito fiscal cuyo monto no se encuentra determinado. La expresión que utiliza el dispositivo citado ‘de proteger el interés fiscal’, carece de justificación en virtud de que la determinación de una contribución constituye requisito indispensable del nacimiento del interés fiscal, lo que implica que si ello no se actualiza no existen razones objetivas para aplicar la aludida medida precautoria. Sostener lo contrario propiciaría la práctica de aseguramientos en abstracto, puesto que en esa hipótesis se ignorarían los límites del embargo ya que no se tendría la certeza jurídica de la existencia de un crédito fiscal. Por estas razones resulta inconstitucional el precepto invocado al otorgar facultades omnímodas a la autoridad fiscal que decreta el embargo en esas circunstancias al dejar a su arbitrio la determinación del monto del mismo y de los bienes afectados; además de que el plazo de un año para fincar el crédito es demasiado prolongado y no tiene justificación.".
Esto es así, porque del criterio transcrito se desprende que la inconstitucionalidad declarada por nuestro más Alto Tribunal de Justicia, se refirió al artículo 145 del Código Fiscal de la Federación, mientras que el precepto que aplicaron las responsables para el embargo precautorio de que se trata, fue el 151, fracción III, de la Ley Aduanera, el cual, si bien es cierto fue considerado violatorio del artículo 16 constitucional por la Segunda Sala citada, según tesis CVI/98, que no ha integrado jurisprudencia, invocada en la sentencia recurrida, también es verdad que en tanto no resulte obligatorio el criterio contenido en esta tesis, ni se hubiera planteado por el quejoso un problema de inconstitucionalidad de leyes, deben prevalecer los razonamientos del Juez de Distrito en cuanto a que las autoridades administrativas responsables se encuentran facultadas para embargar precautoriamente los bienes como el defendido, de acuerdo con los artículos 60, 144, fracción XXVI y 151, fracción III, de la referida Ley Aduanera.
En el mismo tema alega el quejoso que fue incongruente que el Juez de Distrito se refiriera a la legal estancia en el país del cuestionado vehículo, puesto que eso será materia del procedimiento administrativo, y que su interés jurídico fue probado con la tarjeta de circulación exhibida.
Se equivoca igualmente el recurrente con lo anterior, pues por una parte su interés jurídico no fue materia de análisis en la resolución impugnada, y por otra no se advierte que el a quo hubiera analizado esa legal estancia, sino que refirió los antecedentes del reclamado embargo precautorio señalando: "... Lo anterior es así porque, como aparece acreditado en autos, la privación del vehículo descrito en la demanda, que dice el quejoso es de su propiedad, se debe a que al requerir a la tenedora del mismo María de Lourdes Rodríguez López para que acreditara la legal importación, tenencia o estancia en el país, ésta manifestó que sólo traía el control de internación, con vencimiento al veintitrés de agosto del presente año, así como la promesa de retornar dicho vehículo fronterizo, acto de internación temporal de dicho vehículo y embargo en la vía administrativa de fecha dos de abril del presente año; porque al no acreditar la legal importación, estancia o tenencia del vehículo en mención, la autoridad ejecutora procedió a embargar precautoriamente el vehículo de referencia, con fundamento en el artículo 60 y 144 fracción XXVI y 151 fracción III de la Ley Aduanera vigente ...".
Por tanto, los razonamientos del Juez a quo no resultan ser incongruentes, pues tienen relación con las constancias de autos, de aquí lo infundado del agravio relativo.
Por último, sostiene el recurrente que no es aplicable el criterio "MEDIDAS CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA SU IMPOSICIÓN NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA.", toda vez que él no es parte en el procedimiento administrativo en materia aduanera, lo que se advierte de constancias, pues la verificación fue entendida con María de Lourdes Rodríguez.
Independientemente de que no fue planteado en la demanda de garantías, el hecho de que el quejoso fuera o no parte del procedimiento administrativo que en su caso se instauró, debe decirse que aquella tesis es del Pleno de la Suprema Corte de Justicia y que contiene un criterio referido exclusivamente a las medidas cautelares, de tal manera que si lo reclamado fue una medida de esa especie, o sea el embargo precautorio, y se alegó que contravenía la garantía de audiencia (aun y cuando esto fue relacionado directamente con el argumento de que la orden de verificación no iba dirigida a persona determinada), es evidente que hizo bien el Juez del amparo al aplicarla.
En tales condiciones, al ser infundados en una parte e inoperantes en otra los agravios, y toda vez que no se advierte ninguna violación manifiesta de la ley que hubiera dejado sin defensa al recurrente, en términos de lo previsto por el artículo 76 bis, fracción VI, de la Ley de Amparo, procede confirmar la sentencia recurrida.
Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 85, 91 y 184 de la Ley de Amparo, se resuelve:
PRIMERO.-Se confirma la sentencia sujeta a revisión.
SEGUNDO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Francisco Ramírez Sarabia, contra los actos y autoridades que quedaron precisados en el resultando primero de esta ejecutoria.
Notifíquese; con testimonio autorizado de este fallo vuelvan los autos al juzgado de su origen y, en su oportunidad, archívese el toca.
Así por mayoría de votos lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, integrado por los Magistrados Luis Francisco González Torres y Martín Guerrero Aguilar, en contra del voto del Magistrado José Manuel de Alba de Alba, siendo ponente el segundo los nombrados.
Nota: Las tesis de rubros: "ORDEN DE VERIFICACIÓN DE LEGAL ESTANCIA DE VEHÍCULOS Y/O MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. CUMPLE CON LA GARANTÍA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL, AUN CUANDO SE EXPIDA EN CONTRA DEL TENEDOR Y/O POSEEDOR, SI DE SU CONTENIDO SE ADVIERTE A QUIÉN VA DIRIGIDO." y "MEDIDAS CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA SU IMPOSICIÓN NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA.", citadas en esta ejecutoria, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, agosto de 1997, página 773, tesis V.2o.32 A, y Tomo VII, marzo de 1998, página 18, tesis P./J. 21/98, respectivamente.
El voto particular que se señala en la parte final de esta ejecutoria aparece publicado en la página 1146 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, febrero de 2000.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6276-3f441ce2/vehiculos-extranjeros-orden-de-verificacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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