ACCION REIVINDICATORIA. SUS ELEMENTOS. * * * ACCION REIVINDICATORIA, IDENTIFICACION DEL INMUEBLE CUANDO SE HACE VALER COMO EXCEPCION O ACCION RECONVENCIONAL LA PRESCRIPCION ADQUISITIVA - - -
Puebla, Puebla, acuerdo del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito del día veinticuatro de marzo de mil novecientos noventa y dos.
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo directo número 107/992; y,
RESULTANDO:
PRIMERO.-Por escrito presentado por conducto de la autoridad responsable el diez de febrero de mil novecientos noventa y dos, EDGAR MENESES BELTRAN E IRMA SOLIS DE MENESES, por su propio derecho, solicitaron ante el Tribunal Colegiado del Sexto Circuito en turno, el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla y Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Xicotepec de Juárez, de esta entidad federativa, por estimarlos violatorios de los artículos 14 y 16 constitucionales, consistentes, respecto de la primera autoridad en la sentencia definitiva de nueve de enero del presente año, en el toca número 860/991, por la que confirma la pronunciada por el mencionado Juez, en el expediente número 379/990, relativo al juicio ordinario reivindicatorio promovido por Dionicia Valderrama de Beltrán en contra de los quejosos; respecto de la segunda autoridad en la ejecución de dicho fallo.
Los puntos resolutivos de la sentencia de primera instancia a la letra dicen: "PRIMERO.-La parte actora DIONICIA VALDERRAMA DE BELTRAN, sí probó su acción, los demandados no justificaron sus excepciones. SEGUNDO.-Los actores reconvencionales EDGAR MENESES BELTRAN e IRMA SOLIS DE BELTRAN, no probaron su acción, en consecuencia se absuelve a la demandada reconvencional de las prestaciones reclamadas. TERCERO.-En consecuencia se condena a los demandados a reivindicar o entregar materialmente la fracción que detentan, que se segregan del solar urbano ubicado en la Sección Segunda de la Población de Metlaltoyuca perteneciente a este distrito judicial, a su propietaria DIONICIA VALDERRAMA DE BELTRAN, dentro de los diez días siguientes de aquel en que cause ejecutoria esta sentencia. CUARTO.-Se condena a los demandados al pago de los gastos y costas generados por la tramitación de este juicio.".
El único punto resolutivo de la sentencia reclamada expresa: "No se revoca la sentencia definitiva de fecha diecisiete de junio de mil novecientos noventa y uno, pronunciada por el ciudadano Juez de lo Civil del distrito judicial de Xicotepec de Juárez, puebla, en el expediente número 379/90, relativo al juicio reivindicatorio promovido por Dionicia Valderrama de Beltrán en contra de Edgar Meneses Beltrán e Irma Solís de Meneses.".
SEGUNDO.-Por acuerdo de dos de marzo de mil novecientos noventa y dos, el presidente de este Segundo Tribunal Colegiado admitió en la vía directa la demanda de que se trata. La agente del Ministerio Público Federal de la adscripción se abstuvo de formular pedimento. Finalmente por proveído de seis de los mismos mes y año, se turnaron los autos al Magistrado ponente para los efectos del artículo 184 de la Ley de Amparo.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Es cierto el acto reclamado según se desprende del informe justificado rendido por la autoridad responsable y de los autos originales de primera y segunda instancia que fueron remitidos.
SEGUNDO.-La parte considerativa de la sentencia reclamada establece: Son infundados los agravios que alega el apelante, por las siguientes razones: Es inexacto que el Juez de la causa haya actuado parcialmente en favor de la parte actora al momento de dictar la combatida, pues como se advierte de la misma, el inferior analizó minuciosamente los medios de prueba aportados por la parte actora para probar la acción reivindicatoria, en términos del artículo 798 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, y que son: 1. Ser propietario del bien que reclama, lo cual justifica con la protocolización de la escritura privada de compraventa de fecha siete de octubre de mil novecientos setenta y cuatro, respecto del predio materia del presente juicio, contrato que es válido, pues reúne las condiciones que establecen los artículos 1127 y 1171, fracción I, inciso a), del Código Civil anterior vigente en el Estado, pues dicha compraventa no excedió de cien pesos, por lo que se realizó ante la presencia de dos testigos, y que resulta suficiente, ya que dicho título se funda con fecha anterior a la posesión que manifestaron ostentar los demandados en el punto tres de hechos de la contestación a la demanda; 2. Que los demandados estén en posesión del bien que reclama la parte actora, elemento que quedó acreditado con la confesión que realizaron Edgar Meneses Beltrán e Irma Solís Vera en la posición cuarta del pliego que para tal efecto se acompañó, la cual se calificó de legal y que a la letra dice: "Que digan si es cierto como lo es, que ambos se encuentran en posesión de dicho terreno", el primero contestó: "No ahí me encuentro en posesión yo"; y la segunda de los nombrados a la misma posición manifestó: "Que sí", confesiones que surten efectos en términos del artículo 422 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, y que son determinantes para acreditar que los demandados sí se encuentran en posesión del bien que se les reclama; 3. El tercero y último elemento, que lo es la identidad del bien que reclama la actora, con el bien poseído por el demandado, éste quedó acreditado con la confesión que realizaron los demandados al absolver la posición cuarta del pliego que para tal efecto se acompañó a dicha prueba, la cual adminiculada o robustecida con el dictamen emitido por el perito tercero en discordia nombrado por el Juez a quo en términos del artículo 349 del código invocado, el cual tiene valor probatorio conforme a lo dispuesto por el artículo 434 del referido ordenamiento legal, ya que con tal peritaje se determinó que los demandados ocupan una parte del predio, que reclama el actor, por lo que es lógico que las medidas y colindancias que dieron los demandados del predio que dicen poseer, no coincidan con las que señala el actor, no siendo óbice lo anterior, para comprender que se trata del mismo predio, sólo que los demandados poseen una fracción dentro de la cual se comprende la que corresponde a la parte actora. Por lo que hace a la prueba pericial ofrecida por el demandado, cabe señalar que resultan inoperantes las aseveraciones que al respecto hace el apelante, pues no le causa agravio el hecho de que el Juez de la causa no le haya concedido valor probatorio, pues dicha prueba resulta insuficiente para destruir la acción reivindicatoria planteada por la parte actora. Por consiguiente, son válidos los razonamientos pronunciados por el Juez natural en la combatida, al declarar procedente la acción reivindicatoria, pues la parte actora demostró con los medios de prueba que aportó, reunir los requisitos que establece el artículo 798 del código adjetivo civil para el Estado. Ahora bien, por otra parte, el recurrente asevera que como medio de defensa para destruir la acción reivindicatoria que se enderezó en su contra, opuso como excepciones las de: Oscuridad en la demanda, la cual es inoperante pues como se advierte de la demanda, ésta se encuentra redactada conforme a los términos que establece el artículo 229 de la ley procesal de la materia; la de título insuficiente, excepción que es ineficaz para que se le reste valor probatorio pleno al título de propiedad que acompañó la parte actora a su escrito inicial de demanda, y que en la especie se trata de una protocolización de contrato privado de compraventa, el cual si bien es cierto se trata de un documento público en términos del artículo 326, fracción primera, del Código de Procedimientos Civiles del Estado,y que por ello tiene valor probatorio en términos del artículo 424 del referido código, no menos cierto lo es que se trata de una protocolización de contrato privado de compraventa, el cual tiene validez de acuerdo a la época en que se celebró, es decir, al día siete de octubre de mil novecientos setenta y cuatro, ante la presencia de dos testigos, pues su valor no excedió de más de cien pesos, por lo que se apega a los requisitos que establecen los numerales 1127 y 1171, fracción II, inciso A) del Código Civil anterior vigente en el Estado; asimismo, se advierte que tal título se funda en posesión anterior a la que dicen ostentar los demandados sobre el predio en cuestión, ya que en su contestación de demanda manifestaron en el punto tres de hechos que poseen a partir del día cuatro de octubre de mil novecientos setenta y seis; la de improcedencia de la acción, excepción que es inoperante, debido a que como anteriormente fue analizado, el actor probó su acción reivindicatoria, en términos del artículo 798 de la ley procesal de la materia, siendo inexacto que la posesión que ostentan los demandados respecto del bien que se les reclama, les haya sido otorgada por la actora, pues de la prueba testimonial que ofrecieron los demandados a cargo de Delfino García Rosas y Gregorio Hernández Hernández, carece de valor probatorio pues ambos testigos manifestaron ser amigos de las partes, circunstancia que el mismo apelante manifiesta en sus agravios, por lo que no satisfacen el requisito establecido en la fracción V del artículo 437 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado; la usucapión, defensa que independientemente de no haberse actualizado los requisitos y condiciones para su procedencia, como pudieran se entre otros el justo título, en nada le beneficia, sino por el contrario se contrapone a los propósitos de los demandados, pues de acuerdo al criterio sustentado en la jurisprudencia número diez, visible a foja treinta y seis, Cuarta Parte, Tercera Sala, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación mil novecientos ochenta y cinco, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro: "ACCION REIVINDICATORIA, IDENTIFICACION DEL INMUEBLE CUANDO SE HACE VALER COMO EXCEPCION O ACCION RECONVENCIONAL, LA PRESCRIPCION ADQUISITIVA", bajo el tenor siguiente: "Los inmuebles objetos de la acción reivindicatoria quedan plenamente identificados cuando el demandado hace valer como excepción o como acción reconvencional, la prescripción adquisitiva". Consecuentemente, de las defensas opuestas por el apelante, se advierte que ninguna fue eficaz para destruir la acción reivindicatoria promovida en contra del recurrente. Respecto de la acción reconvencional, en relación a una supuesta compraventa que en forma verbal dice el apelante haber celebrado con la parte actora, respecto del predio materia del presente juicio de fecha cuatro de enero de mil novecientos setenta y seis, no fue probada en términos del artículo 263 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, pues la prueba testimonial ofrecida por el recurrente a cargo de Mauricio Avila Cabrera y Jacobo García Solís resulta insuficiente para tener por acreditada la supuesta compraventa, pues no basta que los declarantes sólo manifiesten que ésta ocurrió en lugar y fecha determinado, sino que también deben señalar que apreciaron en forma directa los hechos por medio de los sentidos para estimar si realmente hubo o no compraventa, como son los que se refieren al acuerdo de voluntades, tendientes a contraer la obligación de transferir la propiedad de una cosa o un derecho, y de pagar un precio cierto y en dinero, que son los elementos de existencia de la compraventa, circunstancias que no fueron acreditadas con dicha testimonial. Consecuentemente, resultan inoperantes los agravios esgrimidos por el apelante, ya que la combatida no viola en perjuicio del recurrente los artículos 14 y 16 constitucionales. Por consiguiente, no es de revocarse ni se revoca la sentencia definitiva materia de la presente apelación.".
TERCERO.-Como concepto de violación los quejosos señalaron los siguientes: "Se violan en mi perjuicio las garantías constitucionales ya antes mencionadas y que se plasman en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal por la razón de que el tribunal de alzada o la Sala responsable no valoriza adecuadamente los agravios expresados en la correspondiente apelación, ya que como a continuación le expresó a este honorable tribunal la responsable a analizar y valorar lo expresado por el suscrito en relación a la excepción de título insuficiente, la misma a pesar del razonamiento vertido en los agravios expresados en relación a este punto, la misma concluye manifestando que no tengo razón y que el título que la actora acompañó es suficiente y le da el carácter de público en términos del artículo 326 fracción I. Del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, olvidando dicha Sala responsable que dicho numeral nos dice que son documentos públicos "Los testimonios de escrituras autorizados por notarios o Jueces conforme a las leyes" o sea que si dichos testimonios o escrituras autorizados por notarios no fuesen redactados conforme a las leyes que sucedería, lo lógico, dichos testimonios o escrituras no serían considerados como documentos públicos, situación ésta que hice valer ante la responsable, haciéndole ver que el testimonio que la actora acompañó de ninguna manera se le puede considerar como un documento público por la única razón de haber sido protocolizado por un notario público, ya que a dicho notario o ante dicho notario se llevó a cabo el acto que plasma el contrario situación ésta a la cual dicho fedatario público debe dar fe y si no la da de ninguna manera puede considerarse como público dicho acto, y asimismo ante dicho funcionario no se expresó el acuerdo de las voluntades de llevar a cabo el acto plasmado en dicho contrato, por lo que al no dar fe de dicho acto de ninguna manera se puede considerar como público dicho, olvidándose la Sala responsable de tomar en cuenta la tesis jurisprudencial vertida en los agravios con respecto a lo ya antes manifestado y anteponiendo al criterio del máximo tribunal del país el suyo propio tesis jurisprudencial ésta que al suscrito da la razón y que este honorable tribunal tendrá a bien tomar en cuenta ya que la misma es visible en la página 599 del Apéndice de Jurisprudencia de 1917-1975 Cuarta Parte, Tercera Sala, Mayo Ediciones, ESCRITURA PRIVADA, VALOR PROBATORIO DE LA.-Una escritura no pierde ese carácter ni puede convertirse en escritura pública por el hecho de transcribirse en carácter de instrumento público, sólo hace prueba plena en cuanto al hecho de la inscripción, pero no tiene fuerza probatoria respecto al contrato a que se refiere, porque el mismo no tuvo verificativo en presencia de notario o funcionario público que lo hubiese autorizado, que son precisamente los requisitos que la ley señala para que su contenido constituya prueba plena, como instrumento público. Quinta Epoca: Tomo LIII, página 358. Lozano José María Suc. Ahora bien, este honorable tribunal al verificar lo ya antes expuesto y analizar la tesis jurisprudencial vertida con anterioridad tendrá a bien decretar que los razonamientos ya antes vertidos en contra de los fundamentos de la sentencia reclamada son ciertos y contrarios a la ley, por lo que el título que se acompañó de ninguna manera es público y así también no se le puede dar el carácter de público, por lo que resulta insuficiente probar la propiedad del bien, con el título que acompaño. Por lo que respecta al segundo elemento necesario para probar la acción intentada y que es el que los demandados se encuentren en posesión del bien que se reclama, la hoy responsable lo tubo por probado con la confesión que los suscritos hicimos en el desahogo de la prueba confesional a nuestro cargo, prueba ésta que desde un principio se desahogó contra derecho en virtud de que las posiciones que se nos formularon no se encontraban redactadas tal y como la ley lo establece, situación esta que se hizo valer ante la hoy responsable y que la misma no se dignó a tomar en cuenta violando como consecuencia mis garantías individuales en virtud de que no se siguen los lineamientos establecidos con anterioridad al hecho, por lo que tal actitud afecta mis más elementales derechos en virtud de que la prueba confesional a que me refiero de ninguna manera puede ser considerada y asignársele valor probatorio alguno, ya que las posiciones que se nos formularon como se repite no se refieren a hechos propios de los absolventes, requisito indispensable para el desahogo de dicha probanza y que la hoy responsable se abstiene de tomar en cuenta, olvidando así dicho juzgador las manifestaciones vertida por los suscritos en el sentido de que si nos encontramos en posesión del bien objeto del juicio es porque la actora nos la dio en virtud de un contrato de compraventa, y que dicha actora al ejercitar la acción reivindicatoria lo que hace es eludir la obligación correspondiente que la misma tiene para con los suscritos, manifestando la responsable que tal aseveración es inexacta o sea que nos resta credibilidad cuando en autos la actora no demostró lo contrario, y olvidando dicho juzgador de tomar en cuenta el por que los suscritos en un momento determinado aceptamos encontrarnos en un bien inmueble que supuestamente pertenece a la actora, y que dicho inmueble habitamos desde hace más de quince años, y es más teniendo como colindante y vecino a la hoy actora, este honorable tribunal tendrá a bien concedernos el beneficio de la duda y concluir que efectivamente la actora al iniciar el procedimiento lo que pretendía era eludir sus obligaciones por lo que en tal circunstancia la acción intentada es improcedente ya que los suscritos desde un principio alegamos que poseemos el bien que detentamos con el carácter de propietarios, negándonos la responsable el acreditar dicha manifestación al restarle valor probatorio a la testimonial ofrecida por la razón de que los testigos manifestaron ser amigos de las dos partes olvidando dicho juzgador que el lugar de residencia de los testigos y de las partes olvidando dicho juzgador que el lugar de residencia de los testigos y de las partes es un poblado pequeño en el cual toda la gente se conoce y se considera amigo sin serlo exactamente, por lo que no puede considerarse un verdadero análisis el del Juzgador a las declaraciones de los testigos, ni tampoco un acertado arbitrio, ya que para desechar la información testimonial porque los testigos manifiestan ser amigos de una de las partes sino de las partes, es necesario el reconocimiento de una amistad íntima por parte del deponente y no tan sólo de una simple amistad, por lo que el juzgador se aparta de las reglas preestablecidas, violando los principios lógico jurídicos en que descansa esta prueba y especialmente el arbitrio judicial, motivo por el cual este honorable tribunal tendrá a bien concederme la razón y analizar dicha probanza concluyendo que la misma debe ser tomada en cuenta ya que en autos no consta lo contrario a lo que la que responsable manifiesta al restarle valor a dicha testimonial como es lo establecido en la fracción V del artículo 437 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado. Por lo anteriormente manifestado este tribunal y en relación a las manifestaciones ya antes expresadas el mismo se podrá percatar de que los razonamientos de la responsable son contrarios a la ley y a la interpretación jurídica de la misma, en virtud de que la misma no realizó una correcta interpretación jurídica de la ley. Ahora bien, por lo que respecta a la acción reconvencional intentada por el suscrito la responsable como este honorable tribunal lo constatará no plasma en la sentencia hoy combatida la expresión de un razonamiento jurídico concreto, ya que a pesar de que manifiesta que los testigos presentados por los suscritos no acreditan la supuesta compraventa, porque nos dice que a pesar de que manifiesten que ésta ocurrió en lugar y fecha determinada, éstos deben de señalar que apreciaron en forma directa los hechos por medio de los sentidos para estimar si realmente hubo o no compraventa, como son el acuerdo de voluntades tendientes a contraer la obligación de transferir la propiedad de una cosa o un derecho y de pagar un precio cierto y en dinero que son los elementos de existencia de la compraventa, circunstancias que no fueron acreditadas con la testimonial, razonamiento éste que es en el que la responsable se basa para restarle valor a dicha prueba testimonial, olvidando la misma que los hechos sobre los cuales depusieron los testigos sucedieron hace más de quince años y que en la declaración que los mismos rindieron, ambos manifestaron que los hechos sobre los cuales declararon los presenciaron, y apreciaron en forma directa las conversaciones sostenidas entre la actora y el demandado tal es el caso en la diligencia de fecha veinticuatro de abril de mil novecientos noventa y uno en la cual al declarar el primer testigo señor Mauricio Avila Cabrera quien manifestó al contestar la pregunta número seis directa quien dice 'Fue por un contrato de compraventa que adquirió el inmueble, me consta por que ahí estaba yo escuchando cuando estaba tratando con la señora Dionicia quien decía que debía un dinero al banco rural y Edgar a pagar ese dinero y ella decía que si lo pagaba le iba a ceder una parte del terreno, y al contestar la repregunta f) Que fue una cantidad superior a los treinta mil pesos' respuesta idéntica que dio el segundo de los testigos señor Jacobo García Solís, o sea que los testigos sí acreditaron lo que la responsable nos manifiesta en la sentencia combatida que no declararon cuando en realidad se acreditó lo necesario para tener por demostrada la compraventa como es el convenio con respecto al bien vendido y el precio, olvidando dicho juzgador de tomar en cuenta la razón del dicho de los testigos al contestar las repreguntas formuladas, como asimismo dicho juzgador olvidó, que respecto a cada hecho existe la declaración de dos testigos, que los mismos testigos manifestaron conocer por sí mismos los hechos sobre los cuales depusieron, que ambos testigos convinieron en lo esencial que la declaración de ambos testigos fue clara y precisa y que de su declaración se desprende su imparcialidad, motivo por el cual este honorable tribunal al percatarse de la mala interpretación jurídica que la responsable realiza de dicha testimonial tendrá a bien concederme el amparo y la protección de la Justicia Federal para que se subsanen dichos errores, no debiendo de pasar inadvertido este honorable tribunal que el Juez de origen le restó valor a dicha información según porque el primer testigo no precisó la suma a pagar aceptando la declaración del mismo; y la hoy Sala responsable no resuelve nada con respecto a los agravios planteados en contra del criterio del Juez de origen y en cambio nos dice que le resta valor porque es necesario que los testigos manifestarán que apreciaron los hechos por medio de los sentidos para estimar si realmente hubo o no compraventa, situación ésta que ya se acreditó, por lo que le solicitó a este tribunal después de analizar todos y cada uno de los presentes conceptos de violación se sirva concederme el amparo y la protección de la Justicia Federal y no se me desposea del bien que durante más de quince años he poseído y que pertenece al patrimonio de mi familia no debiendo olvidar que por la confianza que con la actora el suscrito tuvo me abstuve de exigirle el contrato respectivo, sin olvidar asimismo el título fundatorio de la acción que es el recibo que el Banco de Crédito Rural me otorgó al cubrir el crédito de la actora".
CUARTO.-Los antecedentes del asunto de acuerdo con las constancias de autos, son los siguientes.
Por escrito presentado el diez de diciembre de mil novecientos noventa, ante el Juzgado de lo civil del distrito judicial de Xicotepec de Juárez, Puebla, Dionicia Valderrama de Beltrán, por su propio derecho, promovió juicio ordinario reivindicatorio en contra de Edgar Meneses Beltrán e Irma Solís de Meneses, narrando como hechos los siguientes: 1. Que como lo acredita con el instrumento número tres mil trescientos seis, volumen veinticinco, de la notaría pública de Xicotepec de Juárez, Puebla, de siete de octubre de mil novecientos setenta y cuatro, que contiene la protocolización de la escritura privada del contrato de compraventa que celebró con Lidia Márquez Solís, es propietaria del solar urbano ubicado en la Sección Segunda de la población de Metloyuca, Puebla, que tiene las siguientes medidas y colindancias: Al Norte, veintinueve metros, con calle Guerrero; al Sur, veintinueve metros, con Macario Ramírez; al Oriente, cuarenta y dos metros, con Román Carballo; y, al poniente, cuarenta y dos metros, con Eutimio Velazco. 2. Que el referido contrato de compraventa fue inscrito en el Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial de Xicotepec de Juárez, de esta entidad federativa, el treinta de octubre de mil novecientos setenta y cuatro, bajo la partida número doscientos cuarenta y dos, a fojas ciento cincuenta y cuatro vuelta y ciento cincuenta y cinco frente del libro número uno, tomo ocho. 3. Que sin derecho alguno Edgar Meneses Beltrán e Irma Solís de Meneses pretenden ostentarse como propietarios del referido inmueble, detentando la posesión que se niegan a entregarla, razón por la que ejercita la acción reivindicatoria.
Admitida la demanda se ordenó correr traslado y emplazar a los demandados para que dentro del término de nueve días la contestaran.
Edgar Meneses Beltrán e Irma Solís de Meneses contestaron la demanda manifestando en cuanto a los hechos respectivamente: 1. No es propio. 2. No es propio. 3. Es falso este hecho, ya que en ningún momento se han ostentado con el carácter que refiere la demandante ni han tenido la posesión de un inmueble; que en la actualidad detentaran la posesión de un inmueble que les vendió la actora desde el cuatro de enero de mil novecientos setenta y seis, que ese bien tiene las siguientes medidas y colindancias: Al Norte, doce metros, con calle Corregidora; al Sur, doce metros, con Reyes García; al Oriente, cuarenta y dos metros, con Román Carballo; y, al Poniente, cuarenta y dos metros, con propiedad de la misma actora; que el inmueble que poseen no coincide con el reclamado por la demandante y que en todo caso el bien que detentan lo adquirieron desde hace quince años, poseyéndolo de manera pública, pacífica, continua y de buena fe, por ser sus legítimos propietarios, siendo totalmente distinto del referido por la actora. Opusieron como excepciones la de oscuridad de la demanda, la de título insuficiente de la actora, la de improcedencia de la acción y la de usucapión.
Asimismo, Edgar Meneses Beltrán e Irma de Meneses, por su propio derecho, demandaron reconvencionalmente de Dionicia Valderrama de Beltrán el otorgamiento de la escritura pública del contrato de compraventa celebrado el cuatro de enero de mil novecientos setenta y seis, la inscripción en el Registro Público de la Propiedad de ese contrato y el pago de las costas del juicio.
Como hechos narraron los siguientes: 1. Que el cuatro de enero de mil novecientos setenta y seis, celebraron contrato verbal de compraventa con Dionicia Valderrama de Beltrán, respecto del predio urbano ubicado en el Municipio de Francisco Z. Mena, el que tiene las siguientes medidas y colindancias: Al Norte, doce metros, con calle Corregidora; al Sur, doce metros, con Reyes García Escudero; al Oriente, cuarenta y dos metros, con Román Carballo; y, al Poniente, cuarenta y dos metros, con propiedad de Dionicia Valderrama de Beltrán. 2. Que desde el momento en que adquirieron por compraventa el referido inmueble lo tomaron en posesión y hasta la fecha lo siguen poseyendo. 3. Que las condiciones en las cuales se celebró el contrato de compraventa fueron las siguientes: a) Como precio total la cantidad de treinta y dos mil pesos, la que se pagaría al banco de Crédito Rural del Centro Sur, Sociedad Anónima, con residencia en Metlaltoyuca, Puebla, cantidad que se pagaría a nombre de la vendedora para así cubrir la liquidación de un crédito refaccionario que ella tenía con la referida institución bancaria; b) Que una vez que se hubiese realizado dicho pago, los compradores deberían conservar el recibo correspondiente para cuando se les otorgase la escritura pública de la venta; y, c) Que una vez realizado dicho pago la vendedora les daría la posesión del inmueble. 4. Que el pago anteriormente referido se realizó, tal y como se acredita con el recibo que exhibe, número "BS" mil quinientos cuarenta y ocho, expedido por el banco de Crédito Rural del Centro Sur, Sociedad Anónima, el cuatro de enero de mil novecientos setenta y seis, del que se desprende que el pago realizado sería aplicado a la cuenta de Dionicia Valderrama de Beltrán. 5. Que una vez realizado el pago referido, la vendedora les entregó la posesión del inmueble, conviniendo con ellos que a la mayor brevedad les otorgaría la escritura pública que los acreditara como propietarios del bien, pero que como son familiares de la vendedora en virtud de que ésta es hermana de la madre de Edgar Meneses, no se vieron en la necesidad de exigirle el otorgamiento de la escritura pública, pero que a últimas fechas han necesitado ese título, pero que la citada Valderrama de Beltrán se niega a otorgárselos.
Dionicia Valderrama de Beltrán contestó la demanda reconvencional negando las prestaciones reclamadas y en cuanto a los hechos refirió respectivamente: 1. Es falso. 2. Es parcialmente cierto este hecho, ya que si bien sus contrarios detentan la posesión del inmueble, no le asiste derecho alguno para ello, siendo falso que lo hayan adquirido por compraventa que celebraron con ella. 3. Es falso este hecho, pues no ha celebrado ningún contrato con sus contrarios. 4. Es parcialmente cierto este hecho, pues si bien Edgar Meneses Beltrán realizó un pago que ella debía cubrir en la referida institución bancaria, esto se debió a que ella le dio el dinero para que hiciera el pago correspondiente, ya que por razones de salud no podía hacerlo personalmente, además, del recibo que exhiben en ninguna parte se desprende que el pago realizado haya sido recibido
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6291-7736bbd1/accion-reivindicatoria-sus-elementos-accion-reivindicatoria-identificacion-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- ACCION REIVINDICATORIA. ESTUDIO DE LOS TITULOS. (AMPARO DIRECTO)
- PRUEBAS. EL TRIBUNAL DE APELACION NO ESTA OBLIGADO A ORDENAR DE OFICIO SU DESAHOGO. (AMPARO DIRECTO)
- DEMANDA, CONTESTACION DE LA. PRESUNCIONES EN CASO DE FALTA DE. * * * RELACION LABORAL. LUGAR DE LA PRESTACION DE SERVICIOS INTRASCENDENTE. - - - (AMPARO DIRECTO)
- DESPIDO, NEGATIVA DEL. CUANDO NO ES EXCEPCION. * * * PERSONALIDAD ANTE LAS JUNTAS. - - - (AMPARO DIRECTO)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- INEJECUCION DE SENTENCIA DE AMPARO, IMPROCEDENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA DE. (s/clave)
- INFORME JUSTIFICADO, FALTA DE NOTIFICACION A LAS PARTES DEL. (s/clave)
- QUEJA. (s/clave)
- COPIAS PARA EL AMPARO DIRECTO. (s/clave)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis