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Modo: Corpus Pro

ARRENDAMIENTO. SUBARRENDATARIO ES CAUSAHABIENTE DEL ARRENDATARIO. * * * ARRENDAMIENTO. FUENTE DE LA OBLIGACION DE INDEMNIZAR POR DAÑOS Y PERJUICIOS A CARGO DEL SUBARRENDATARIO. * * * SUBARRENDATARIO, POSESION DEL. CUANDO EL ARRENDADOR NO AUTORIZA EXPRESAMENTE EL SUBARRIENDO. - - -

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 116/92. · Registro digital (IUS): 6294
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: IGNACIO GARCÍA MORALES.
Localización: Octava Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, Mayo de 1992, , Pág. 252.

Puebla, Puebla. Acuerdo del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito del día dieciocho de marzo de mil novecientos noventa y dos.

VISTO para fallar el toca de revisión 116/92, relativo al juicio de amparo número 1613/91, tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Puebla; y,

RESULTANDO:

PRIMERO.-Por demanda presentada con fecha doce de noviembre de mil novecientos noventa y uno, IGNACIO GARCIA MORALES, por su propio derecho solicitó ante el Juzgado de Distrito en turno en el Estado de Puebla, el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula Puebla, diligenciario adscrito el mismo encargado de los expedientes números impares y del comandante de la Policía Judicial destacado en esa misma población, que estimó violatorio de los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República y que hizo consistir en: "a) De la autoridad señalada como responsable ordenadora (Juez Civil) reclamó la orden de desalojo o lanzamiento con auxilio de la fuerza pública y rompimiento de chapas y cerraduras decretado en relación a la casa número siete del Portal Guerrero en la ciudad de Cholula de Rivadavia, Puebla, asimismo reclamo todas y cada una de las actuaciones judiciales a raíz de las cuales emanó dicho mandamiento de lanzamiento formado y que se originara con motivo del juicio de desocupación por terminación de contrato de arrendamiento que promoviera el señor AURELIO JIMENEZ ESPINOZA en contra del señor DANIEL MORALES ante el Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial del Cholula, Puebla, según constancias del expediente número 659/988. B) De las autoridades responsables ejecutoras anotadas con antelación reclamo la inminente ejecución que pretenden llevar a cabo de la ya aludida orden de lanzamiento o desalojo forzado".

SEGUNDO.-Con fecha veintidós de enero de mil novecientos noventa y dos, la Juez Quinto de Distrito en el Estado de Puebla, a quien correspondió el conocimiento del asunto, dictó sentencia negando el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado.

TERCERO.-Inconforme el propio quejoso con dicho fallo, interpuso revisión, recurso que fue admitido con fecha cinco de marzo de mil novecientos noventa y dos, por el presidente del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. La agente del Ministerio Público Federal de la adscripción se abstuvo de intervenir en este asunto. Finalmente, por diverso proveído del día seis de marzo del referido año, se turnó el expediente al Magistrado ponente para los efectos del artículo 184 de la Ley de Amparo.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-La parte considerativa de la sentencia sujeta a revisión es la siguiente: "TERCERO.-Son infundados los conceptos de violación expresados por el amparista. En efecto, de las constancias certificadas remitidas por el a quo, como justificante de sus actos, mismas que tienen pleno valor probatorio en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º., se desprende que: En el expediente 659/88, de los del Juzgado de lo Civil de Cholula, Puebla, AURELIO JIMENEZ ESPINOZA, promovió juicio sumario de terminación de contrato de arrendamiento en contra de Daniel García Morales y como consecuencia la desocupación material del local número siete, en el Portal Guerrero de la citada población; dictándose sentencia definitiva el cuatro de octubre de mil novecientos noventa, en la que se condena al demandado, entre otras cosas, a desocupar y entregar dentro del término de tres días siguientes al en que cause ejecutoria dicha sentencia, el inmueble materia del juicio; sentencia que fue recurrida a través del recurso de apelación, interponiéndose amparo directo, en contra de la última resolución, el cual al ser resuelto negó el amparo y protección de la Justicia Federal, razón por la cual por auto de fecha diecisiete de octubre de mil novecientos noventa y uno, se requirió a la parte demandada para que en el término de tres días desocupara el inmueble materia del juicio, con el apercibimiento que de no hacerlo se procedería a su lanzamiento con el auxilio de la fuerza pública. El peticionario de garantías, sostiene que por haber celebrado contrato de subarrendamiento con la parte demandada en el juicio de origen, respecto de la planta baja del inmueble materia de dicho juicio, la orden de lanzamiento impugnada constituye violación de sus garantías individuales, porque se le trata de privar de sus posesiones y derechos que tiene respecto de dicho inmueble, sin respetarse su garantía de audiencia, ya que sin haber mediado juicio en su contra, tratan de desposeerlo del bien que ocupa. Ahora bien, en la especie debe negarse el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada, en atención a que en autos no aparece probado que el arrendador hubiera dado su consentimiento para que el arrendatario subarrendara, tal y como lo exige el artículo 2311 del Código Civil del Estado, ya que si bien es cierto que el quejoso exhibió el original del contrato de subarrendamiento; así como la prueba testimonial tendiente a demostrar que efectivamente se celebró el contrato de subarrendamiento que refiere; cierto es también que de dichas probanzas no se desprende tal consentimiento; no obstante que el quejoso en su demanda y en el contrato de subarrendamiento, asiente que existe un consentimiento verbal del arrendador Aurelio Jiménez Espinoza tal aseveración no puede darse por cierta en virtud de que la misma, es sólo una simple aseveración de particulares, además de que no se encuentra apoyada con prueba fehaciente alguna que la corrobora, por lo que la misma es insuficiente para demostrar que existió dicho consentimiento, es más aún debe indicarse que el contrato de subarrendamiento exhibido por el peticionario de garantías fue objetado por el tercero perjudicado Aurelio Jiménez Morales, por lo que el mismo carece de valor probatorio alguno por tratarse de un documento privado. Así justamente lo sostiene la jurisprudencia número 133, visible en la página 386 de la Cuarta Parte del Penúltimo Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1985, que dice: 'DOCUMENTOS SIMPLES PROVENIENTES DE TERCERO, QUE SON OBJETADOS ...'.

Por otra parte debe decirse que a criterio de este juzgado, la testimonial carece de eficacia jurídica en virtud de que el dicho de los testigos al responder la pregunta número cinco, resulta inverosímil ya que éstos afirman que cuando Ignacio Morales y Daniel García Morales, convinieron el contrato de subarrendamiento respecto del inmueble materia de ese juicio, se hizo en presencia de Aurelio Jiménez Espinoza, quien dio su consentimiento para tal efecto, procediendo de inmediato a redactar el citado contrato, retirándose los tres una vez que concluyó; sin embargo debe indicarse que en el contrato escrito de referencia mismo que el quejoso exhibió como prueba de su parte, no obra la firma del citado Aurelio Jiménez Espinoza. Luego ¿cómo es posible que si dio su consentimiento para que se efectuara tal contrato, y esperó a la redacción del mismo, no lo firmara?; de ahí que el dicho de los testigos engendran sospecha de veracidad e imparcialidad, por lo que la suscrita, de conformidad con las atribuciones que prevé el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, determine no concederle valor probatorio a dichos testimonios. En este orden de ideas, al no estar comprobado que el referido arrendamiento dado su anuencia para celebrar el contrato de subarrendamiento, requisito éste indispensable para tener por acreditada la figura jurídica contemplada por el artículo 2311 del Código Civil del Estado, debe negarse la protección federal solicitada. Por su aplicación es de invocarse la tercera tesis relacionada con la jurisprudencia número 73, publicada en la página 181, del Tomo y Apéndice en consulta que dice: 'SUBARRENDATARIO, AMPARO PEDIDO POR EL, CONTRA EL LANZAMIENTO DECRETADO EN EL JUICIO SEGUIDO CONTRA EL ARRENDATARIO ...'. Negativa que deberá hacerse extensiva a los actos reclamados de las autoridades señaladas como ejecutoras, en virtud de que no se impugnan por vicios propios sino como una consecuencia del analizado. Por su aplicación se invoca la Jurisprudencia número 73, visible en la página 121, de la Octava Parte del referido Apéndice, bajo la voz: 'AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACION DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS.'.

SEGUNDO.-Los agravios hechos valer son los siguientes: "Lo constituye el considerando tercero que se erige como rector del punto resolutivo único de la sentencia definitiva dictada por el ciudadano Juez Quinto de Distrito en el Estado, con fecha veintidós de enero del año de mil novecientos noventa y dos, dentro de los autos del amparo número 1613/991, resolución que me fue notificada por lista del día siete de febrero del año en curso y que en este apartado doy por reproducida en todas y cada una de sus partes como si se insertara a la letra en obvio de repeticiones innecesarias. A través de la sentencia aludida, el juzgador determinó la no concesión del amparo y protección de la Justicia Federal. NORMAS CONSTITUCIONALES, DISPOSICIONES LEGALES, JURISPRUDENCIA Y TESIS JURISPRUDENCIALES VIOLADAS. POR SU FALTA DE APLICACION se transgredieron en mi perjuicio los imperativos contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República; la fracción de los artículos 77 de la Ley de Amparo, 1457 fracciones I y III, 2310 y 2314, fracción I del Código Civil del Estado de Puebla. POR SU INEXACTA APLICACIÓN, se violó en mi agravio el artículo 2311 del Código Civil del Estado, así como el diverso 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles. POR SU INDEBIDA APLICACIÓN, adquieren el carácter de disposiciones legales violadas, los artículos 2480, 2481 y 2482 del Código Civil vigente en el Estado. POR SU INDEBIDA APLICACIÓN la jurisprudencia número 133 del rubro: 'DOCUMENTOS SIMPLES PROVENIENTES DE TERCERO, QUE SON OBJETADOS', visible en la página 386 de la Cuarta parte del Penúltimo Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1985. POR IDENTICA CAUSA la tesis tercera, relacionada con la jurisprudencia número 73, publicada en la página 181 de la Cuarta Parte del Penúltimo Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1985 y del rubro: 'SUBARRENDATARIO, AMPARO PEDIDO POR EL, CONTRA EL LANZAMIENTO DECRETADO EN EL JUICIO SEGUIDO CONTRA EL ARRENDATARIO'. POR SU FALTA DE APLICACION las siguientes jurisprudencias: jurisprudencia número 1348 del rubro: 'POSESION', consultable en la página 2177 del libro cuatro del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Segunda Parte, Salas y Tesis comunes, comprendida en la compilación de los años 1917-1988 y que textualmente expresa: '...'. La jurisprudencia número 1350 del rubro: 'POSESION. DEBE RESPETARSE. PARA PRIVAR A UNA PERSONA DE ELLA SE LE DEBE DAR EN DEFENSA, SEA QUE LA POSESION SEA LEGITIMA O ILEGITIMA', consultable en la página 2180 de la obra citada, y que textualmente establece: '...'. La jurisprudencia número 1355 del rubro: 'POSESION, EN CUALQUIER CASO DEBE BRINDARSE OPORTUNIDAD DE DEFENSA PREVIAMENTE A LA ORDEN PARA PRIVAR DE LA', consultable en la página 2189 de la obra anteriormente citada y que textualmente establece: '...'. La jurisprudencia número 1359, intitulada 'POSESION. PRUEBA IDONEA PARA ACREDITARLA ES LA TESTIMONIAL', visible en la página 2191 de la obra que se viene citando, misma que establece: '...'. La tesis jurisprudencial consultable en la página 1169 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación Primera Parte, Tribunal Pleno de la compilación de los años 1917-1988, bajo el rubro: 'PRUEBAS, OBJECION DE LAS, DENTRO DEL JUICIO DE GARANTIAS ES UNA MATERIA A LA QUE NO ES APLICABLE SUPLETORIAMENTE EL ARTICULO 205 DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES'. La jurisprudencia número 325, consultable en la página 532 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Octava Parte, jurisprudencia común al Pleno y la Sala comprendida dentro de la compilación de los años 1917-1985, titulada: 'TESTIGOS', y del tenor siguiente: '...'. CONCEPTOS DE VIOLACION. Previo a expresar los razonamientos lógico-jurídicos tendientes a justificar la ilegalidad de la resolución combatida, considero importante, extraer de ella los argumentos centrales utilizados por el juzgador para pretender sustentarla, para con inmediata posterioridad debatirlos, destruirlos uno a uno a la luz de la legislación y la jurisprudencia, desde luego siguiendo el orden preestablecido, para llegar a sí a la UNIVOCA CONCLUSION DE QUE DEBE SER REVOCADA LA SENTENCIA RECLAMADA, EMITIENDOSE OTRA EN AL QUE SE ME CONCEDA EL AMPARO Y PROTECCION DE LA JUSTICIA FEDERAL. 1. Que debe negarse el amparo y protección de la Justicia Federal en atención a que en autos no aparece probada que el arrendador hubiera dado su consentimiento para que el arrendatario subarrendara. 2. Que la prueba testimonial rendida por el hoy recurrente carece de valor probatorio. 3. Que el contrato de subarrendamiento exhibido por el quejoso carece de valor probatorio en virtud de que fue objetado por el tercero perjudicado señor AURELIO JIMENEZ MORALES. 4. Que el consentimiento del arrendador es requisito indispensable para la existencia del contrato de subarrendamiento. A los anteriores puntos quisiera agregar la omisión de valoración de los documentos tanto públicos como privados que anexé a mi demanda de garantías. Por principio de cuenta considero que al sentencia del a quo abiertamente transgrede el imperativo contenido en la fracción I del artículo 77 de la Ley de Amparo, misma que establece, que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo deben contener: I. LA FIJACION CLARA Y PRECISA DEL ACTO O ACTOS RECLAMADOS Y LA APRECIACION DE LAS PRUEBAS CONDUCENTES PARA TENERLO O NO POR DEMOSTRADOS.-En Efecto del análisis del punto considerativo tercero del fallo materia de este recurso de revisión, se evidencia que el Juez natural no realizó la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados ello en virtud, de que en forma expresa considero que era necesario acreditar el consentimiento del arrendador para que tuviera validez el contrato de subarrendamiento fundatorio de mi acción constitucional, apreciación totalmente equívoca y de la cual se derivó la inconstitucionalidad de la sentencia del Juez Federal, toda vez que en términos normativos y jurisprudenciales BASTA ACREDITAR EL HECHO DE LA POSESION PARA QUE ESTA SEA RESPETADA, INDEPENDIENTEMENTE DE SU LEGALIDAD O ILEGITIMIDAD. Sentado lo anterior, procedo a controvertir uno a uno y siguiendo el orden preestablecido los argumentos ya anotados. 1. En el anverso de la hoja cinco de la sentencia recurrida, sostiene el juzgador que la negativa del amparo radica en la situación de no haber justificado que el arrendador hubiera otorgado su consentimiento para que el arrendatario subarrendara. En relación a este primer argumento justificatorio, debemos considerar los siguientes puntos: 1.a. La exigencia que pretende el juzgador en el sentido de justificar que el arrendador otorgara su consentimiento para la existencia del subarrendamiento resulta totalmente carente de fundamentación y motivación. En efecto, nada más incierto que la legislación sustantiva civil del Estado de Puebla, exija para la existencia del contrato de subarrendamiento el consentimiento del arrendador, es decir NO RESULTA CIERTO QUE PARA LA EXISTENCIA DE TODO CONTRATO DE SUBARRENDAMIENTO RESULTE NECESARIO EL CONSENTIMIENTO DEL ARRENDADOR, PUES ESTE (CONSENTIMIENTO) SOLO ES REQUISITO DE VALIDEZ; DE EXISTENCIA SERA EL CONSENTIMIENTO DEL SUBARRENDADOR Y DEL SUBARRENDATARIO, APRECIACION DERIVADA EN FORMA EVIDENTE DE LA FRACCION I DEL ARTICULO 2314 DEL CODIGO CIVIL DEL ESTADO QUE ESTABLECE: '... SI NO HUBIERA AUTORIZACION PARA SUBARRENDAR, SE APLICARAN LAS SIGUIENTES DISPOSICIONES: I. EL CONTRATO DE SUBARRENDAMIENTO SERA VALIDO...' Nótese de la transcripción que el consentimiento del arrendador será elemento de validez nunca de existencia, en caso contrario tal disposición haría referencia a 'inexistencia'. Tal argumento se robustece con el contenido de la fracción II del artículo 2314 aplicado concordantemente con la fracción III del mismo ordenamiento jurídico legal, que establecen la sanción cuando el subarrendador contrariando el imperativo aludido, otorga el inmueble o mueble en su caso en subarrendamiento, consistiendo dicha sanción en que tal acto jurídico sería rescindible, además de responder solidariamente tanto subarrendador como subarrendatario de los daños y perjuicios que se causen al arrendador. De lo anotado precedentemente se trasluce lo equívoco e infundado del tribunal de primer grado en cuanto a la exigencia de que debió demostrarse que el arrendador otorgó su consentimiento para el subarrendamiento, y más aun pretender que tal consentimiento sea el núcleo de mi derecho posesorio. Pues como ya lo reiteré normativamente hablando con el Código Civil de puebla en la mano se ha demostrado que para la existencia del contrato de subarrendamiento bastará el consentimiento de subarrendador y subarrendatario y el objeto materia del subarrendamiento, elementos plenamente demostrados dentro del juicio generador de este medio de impugnación, pretender que justifiquemos situaciones más allá de las que la ley impone, es violar nuestra Carta Magna, recordemos aquel principio que establece que los particulares podrán hacer todo aquello que la ley no les prohibe, en último de los casos y en el supuesto sin conceder de que el arrendador no hubiera otorgado su consentimiento para el subarrendamiento, la misma ley no lo contempla como elemento de existencia del contrato de subarrendamiento, por lo que tal acto jurídico aun con o sin consentimiento nace a la vida jurídica lo demás sólo será problema de validez que dará lugar a rescisión o nulidad. PERO REITERO JAMAS ORIGINARA LA EXISTENCIA, SE DICE, INEXISTENCIA DEL ACTO JURIDICO. Por lo dicho considero que fundada y motivadamente se ha destruido el argumento central en que fundamenta o mejor dicho aún en que pretende sustentar su resolución el a quo. 1.b. No obstante las argumentaciones anotadas en el párrafo o punto inmediatamente procedente en el sentido de no ser necesario demostrar el consentimiento del arrendador para la existencia del subarrendamiento, de las constancias que integran el amparo generador de este recurso se desprende una serie de probanzas que en su justa valoración nos conllevan a sostener LA ACREDITACION PLENA DE LA POSESION QUE DETENTO SOBRE EL INMUEBLE CONTROVERTIDO, QUE DICHA POSESION ES LEGITIMA AL EMANAR DE UN CONTRATO DE SUBARRENDAMIENTO VALIDO, NACIDO A LA VIDA JURIDICA TANTO CON SUS ELEMENTOS DE EXISTENCIA (CONSENTIMIENTO DE SUBARRENDADOR Y SUBARRENDATARIO Y EL OBJETO) Y SUS ELEMENTOS DE VALIDEZ (CONSENTIMIENTO EXENTO DE VICIOS Y OBJETO LICITO). En efecto, de mi parte se perfeccionaron mediante su desahogo una serie de pruebas que de conformidad con la ley, la doctrina y la jurisprudencia tienen valor probatorio pleno, como se pasa a demostrar: I. El contrato de subarrendamiento que celebrara con el subarrendador DANIEL GARCIA MORALES en relación al bien inmueble controvertidos, documento con pleno valor probatorio si tomamos en consideración que la objeción formulada por el tercero perjudicado no surte ningún efecto al haber sido realizada mucho antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, no obstante que por disposición expresa de la Ley de Amparo toda objeción de documentos debe realizarse precisamente durante el desahogo de la audiencia constitucional, al respecto resulta de exacta aplicación la tesis jurisprudencial titulada: 'PRUEBAS, OBJECION DE LAS, DENTRO DEL JUICIO DE GARANTIAS ...' Debo denotar que transgrediendo la ley y el anterior criterio jurisprudencial el juzgador indebidamente determinó legalmente formulada la objeción, con la consecuencia de negar valor probatorio a tal documento, CUANDO COMO SE HA JUSTIFICADO EN ESTRICTO DERECHO, TIENE VALOR PROBATORIO PLENO. II. La testimonial. Probanza que estuvo a cargo de los señores JOSE MARIANO TORRES ALDAMA Y JUAN MANUEL MUNGUIA TORRES a la que l juzgador le negó valor probatorio, argumentando para ello en forma exclusiva que resultaba inverosímil la respuesta dada por los testigos a la pregunta número cinco del interrogatorio, es decir el juzgador pasando por alto que el interrogatorio al tenor del cual declararon los testigos se constituía por ocho preguntas, las desestima aduciendo para ello que la respuesta dada a una de esas ocho preguntas resultaba inverosímil, argumento totalmente metajurídico, carente de fundamentación y motivación, puesto que la declaración de los testigos debe valorar en su conjunto y con estricto acatamiento a los imperativos de la ley procesal civil, en caso de haberse conducido el juzgado con apego a tales lineamientos se hubiera percatado de que el testimonio de las citadas personas resultó ser claro y preciso, coincidiendo en lo principal como en los accidentes, no encontrándose impedidos para rendir testimonio, dando la razón de su dicho a todas y cada una de sus respuestas, por tanto, ante tales situaciones difíciles el concebir que se les niegue valor probatorio aduciendo únicamente inverosimilitud a una de las respuestas, máxime que dicha inverosimilitud resulta se una cuestión totalmente subjetiva, producto del raciocinio del juzgador, pues en un sano juicio y apegados al orden normativo, ES TOTALMENTE DABLE QUE EL CONSENTIMIENTO DE ALGUNA DE LAS PARTES O DE TODAS ELLAS EN LA CELEBRACION DE UN ACTO JURIDICO TRASLATIVO DE USO DE DOMINIO ETCETERA, PUEDA OTORGARSE EN FORMA VERBAL, ES UN HECHO NOTORIO QUE ESTO ACONTECE EN NUESTRA REALIDAD SOCIAL, BASTE PARA ELLO TENER PRESENTE QUE EN LOS TRIBUNALES DEL FUERO COMUN ABUNDAN LOS PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES RELATIVOS A OTORGAMIENTO DE CONTRATO CUYO CONSENTIMIENTO SE OTORGO UNICAMENTE EN FORMA VERBAL. REITERO NO REVISTE NINGUNA CONSISTENCIA EL ARGUMENTO DEL A QUO PARA NEGAR VALOR PROBATORIO A LA PRUEBA EN ANALISIS Y SI POR EL CONTRARIO A LA LUZ DE LA NORMATIVA EXISTENTE HEMOS DEMOSTRADO QUE TALES TESTIMONIOS TIENEN VALOR PROBATORIO AL DECLARAR DOS PERSONAS, EN FORMA CLARA Y PRECISA, COINCIDIENDO EN LO ESENCIAL COMO EN LO ACCIDENTAL DE HECHO, ADEMAS DE NO EXISTIR IMPEDIMENTO LEGAL ALGUNO, POR LO TANTO REITERO DEBIO CONCEDERSELE VALOR PROBATORIO, EN ESTE SENTIDO SE HA PRONUNCIADO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION EN LA JURISPRUDENCIA NUMERO 325 BAJO EL RUBRO 'TESTIGOS.', consultable en la página 532 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Octava Parte, Jurisprudencia Común al Pleno y las Salas 1917-1985, que desde luego deberá aplicarse a contrario sensu. Entonces pues y para concluir este punto debo decir que no sólo justifique la posesión sobre el bien inmueble controvertido que por sí sola bastaba para la concesión del amparo, sino también el origen de la misma y no sólo ello sino por supuesto que el arrendador otorgó su consentimiento en forma expresa y mediante la palabra, extremos justificados al tenor de la preanalizada probanza. Ahora bien por considerarlo trascendente quisiera hacer una breve referencia a un punto específico de esta disertación y que lo es 'LA POSESION.'. Existe el consenso de la Corte reiterado en diversas jurisprudencias y tesis jurisprudenciales en el sentido de que bastará justificar el hecho de la posesión para conceder el amparo y protección de la Justicia Federal para que el poseedor cuya posesión sea legal o ilegal no sea desposeído, es decir, ESTA VEDADO AL TRIBUNAL FEDERAL EL ANALIZAR SI EL HECHO DE LA POSESION Y SU ORIGEN ES LEGITIMO O ANTIJURIDICO, BASTARA QUE ANTE EL SE DEMUESTRE POR PARTE DEL QUEJOSO ESE HECHO POSESORIO PARA QUE SE LE CONCEDA LA PROTECCION DE LA JUSTICIA FEDERAL, LOS PROBLEMAS RELATIVOS A LA ILEGITIMIDAD O LEGITIMIDAD CORRESPONDERA A LOS JUECES DEL FUERO COMUN, LAS JURISPRUDENCIAS A LAS QUE QUIERO HACER REFERENCIA HAN QUEDADO DEBIDAMENTE DETALLADAS EN EL CAPITULO RELATIVO A NORMAS CONSTITUCIONALES, DISPOSICIONES LEGALES Y JURISPRUDENCIAS VIOLADAS, SOLO CITANDO SUS RUBROS: 'POSESION'; 'POSESION. DEBE RESPETARSE. PARA PRIVAR UNA PERSONA DE ELLA, SE LE DEBE OIR EN DEFENSA SEA QUE LA POSESION RESULTE LEGITIMA O ILEGITIMA.'; 'POSESION EN CUALQUIER CASO DEBE BRINDARSE OPORTUNIDAD DE DEFENSA PREVIAMENTE A LA ORDEN PARA PRIVAR DE LA.'. Por lo expuesto considero superfluo e innecesaria la exigencia del Juez natural de que debí justificar no sólo la existencia del contrato de subarrendamiento sino que el subarrendador estaba autorizado para subarrendar por haber sido otorgado el consentimiento del arrendador, sin embargo, reitero tales exigencias fueron plenamente justificadas a través de la prueba testimonial que resulta la más idónea, misma que se encuentra robustecida o corroborada por el contrato de subarrendamiento, la inspección ocular y la licencia de funcionamiento de mi negocio y la forma de hacienda que se adjuntó, estas últimas sin haber sido tomadas en consideración por el Juzgador el resolver el juicio constitucional, SITUACION QUE POR SI SOLA RESULTA VIOLATORIA DE GARANTIAS Y CON ELLO DE LAS REGLAS ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO QUE ORIGINARIAN LA REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO. Para concluir este apartado quisiera hacer ver y valer ante este Tribunal Colegiado que no debe pasar desapercibido que el consentimiento como elemento de existencia de los contratos puede externarse en forma expresa o tácita, comprendiéndose dentro de la primera la escritura o la palabra, así lo establece el artículo 1457 del Código Civil del Estado. 2. Otro argumento utilizado por el juzgador para negar el amparo de la Justicia Federal lo es el que la prueba testimonial ofrecida de mi parte carece de valor probatorio, argumento que en términos de la anterior disertación ha quedado destruido, reproduciendo todos y cada uno de los argumentos vertidos con antelación en torno a esta prueba. 3. El tercer argumento sustentatorio del fallo recurrido lo es en que el contrato de subarrendamiento carece de valor probatorio en virtud de la objeción formulada por el tercero perjudicado, al respecto se ha demostrado plenamente que contrariamente a la afirmación del Juzgador tal documento sí tiene valor probatorio, puesto que la objeción formulada en contra de él no se ajusta a la legalidad al haberse realizado fuera de la audiencia constitucional, no obstante ser precisamente en ella el único momento adecuado para formularla, por ende reitero, el contrato de arrendamiento tiene valor probatorio pleno, y que concatenado con las demás probanzas demostraron plenamente las afirmaciones vertidas en mi demanda de amparo. 4. Por último sostiene el Juez de Distrito que el consentimiento del arrendador es requisito indispensable para la existencia del contrato de subarrendamiento, esta falaz afirmación ha sido contrariada con la ley sustantiva civil del Estado en la mano, y no sólo ello sino que ha sido totalmente destruida, denotándose que resiste el más mínimo análisis lógico jurídico, puesto que la ley civil del Estado claramente ha establecido que para la existencia del contrato de subarrendamiento sólo es necesario el consentimiento del subarrendador y del subarrendatario, así como el objeto; por considerarlo necesario vuelvo a invocar la norma o normas jurídicas de las que se desprende este aserto y que lo son las fracciones I y II del artículo 2314 del Código Civil del Estado. Entonces pues y para concluir quiero decir a ustedes ciudadanos Magistrados que resulta palpable la transgresión a los derechos fundamentales que me reconoce nuestra Carta Magna, por la ilegal actuación del Juez Civil y del Juez de Distrito por tanto con todo respeto solicito que previo estudio correspondiente se revoque la sentencia combatida y en su lugar se emita otra en la que en base a la comprobación del acto reclamado y de su inconstitucionalidad se me conceda el amparo y protección de la Justicia Federal".

TERCERO.-Son inoperantes en parte e infundados en lo demás los agravios antes transcritos.

El recurrente sostiene que de conformidad al Código Civil para el Estado de Puebla, resulta innecesario el consentimiento del arrendador para que el arrendatario pueda a su vez subarrendar el inmueble objeto de ese contrato ya que el requisito del consentimiento es un elemento de validez, y por tanto el subarrendamiento otorgado de esa forma no es inexistente, sino por el contrario es válido al tenor de lo dispuesto por el artículo 2314 fracción I del ordenamiento legal citado.

Tal argumento es infundado, porque el artículo 2311 del cuerpo de leyes que se invoca, claramente establece que el arrendatario no puede subarrendar el bien arrendado sin consentimiento del arrendador; y si bien es cierto, como lo asevera el recurrente que el numeral 2314 del Código Civil para el Estado de Puebla en su fracción I establece que el contrato de subarrendamiento será válido si no hubiere autorización para subarrendar, no menos cierto es que tal disposición rige únicamente entre arrendatario y subarrendatario, mas no para el arrendador, ya que sería ilógico obligar a este último a los términos de un contrato de subarrendamiento en el cual no expresó su consentimiento, de modo que en principio no existen vínculos jurídicos entre el subarrendatario y el arrendador. En esos términos también puede decirse que el subarrendatario es causahabiente del arrendatario, y por ende, en casos como el de la especie, lo actuado en un juicio seguido en contra de este último afecta a aquél porque no puede ser considerado como una persona extraña a este procedimiento. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis sustentada por este Tribunal Colegiado al resolver los juicios de amparo en revisión números 349/89 y 75/88, así como el criterio sostenido por este propio cuerpo colegiado al resolver los juicios de amparo en revisión núme

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6294-15ebac8a/arrendamiento-subarrendatario-es-causahabiente-del-arrendatario-arrendamiento-fuente · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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