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Modo: Corpus Pro

FACULTAD DE ATRACCION, EJERCICIO DE LA.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 2646/87. · Registro digital (IUS): 6318
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: AGA DE MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.
Localización: Octava Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación, Tomo XII, Octubre de 1993, , Pág. 5.

Nota: El texto de las tesis de jurisprudencia del Pleno, publicadas en esta edición se encuentran en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 70, correspondientes al mes de octubre de 1993.

AMPARO EN REVISION 2646/87. AGA DE MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.

PONENTE: MINISTRO ULISES SCHMILL ORDOÑEZ

SECRETARIO: LICENCIADO EMILIO GONZALEZ SANTANDER.

México, Distrito Federal, acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día once de julio de mil novecientos noventa y uno.

Vistos; y,

RESULTANDO:

PRIMERO.-Por escrito presentado el nueve de abril de mil novecientos ochenta y seis, ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en la Ciudad de Naucalpan de Juárez, José Luis González de la Vega como apoderado general de Aga de México, Sociedad Anónima de Capital Variable, ocurrió en demanda de amparo contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan:

"III. AUTORIDADES RESPONSABLES:

A. El Congreso de la Unión.

B. El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.

C. El secretario de Hacienda y Crédito Público.

D. El secretario de Gobernación.

E. El director del Diario Oficial de la Federación.

F. El administrador Fiscal Regional Hidalgo-México de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

G. El jefe de la Oficina Federal de Hacienda No. 149 en Tlanepantla, Estado de México."

"IV. ACTOS RECLAMADOS.

1. Del Congreso de la Unión reclamo:

a) Los actos de la discusión, aprobación y expedición de la ley que establece, reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones fiscales publicada en el Diario Oficial de la Federación del treinta de diciembre de mil novecientos ochenta, en cuyo artículo 6o., creó la Ley del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal Prestado Bajo la Dirección y Dependencia de un Patrón, estableciendo en su artículo único la tasa del 1%, en los siguientes términos:

ARTICULO UNICO.-(Lo transcribe)

b) Del propio Congreso de la Unión, también reclamo los actos de discusión, aprobación y expedición de las leyes de Ingresos de la Federación para los ejercicios fiscales de mil novecientos ochenta y uno y mil novecientos ochenta y dos publicadas en el Diario Oficial de la Federación de veintinueve de diciembre de mil novecientos ochenta y treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y uno respectivamente, específicamente en su artículo 1o., fracción IV en la que establece el impuesto sobre las erogaciones por remuneraciones al trabajo personal prestado bajo la dirección y dependencia de un patrón.

2. Del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, reclamo la abstención de vetar la promulgación de las leyes fiscales citadas en los incisos a) y b) anteriores, así como el acto de expedición de los decretos correspondientes publicados en los Diarios Oficiales de las fechas también ya mencionadas en tales incisos.

3. De los secretarios de Hacienda y Crédito Público y de Gobernación, reclamo el refrendo mediante su firma de los decretos mediante los cuales se promulgaron las leyes a que se refieren los incisos a) y b) del punto 1 anterior.

4. Del director del Diario Oficial de la Federación, reclamo el cumplimiento de la orden de publicar los decretos del Ejecutivo, así como las leyes citadas en los incisos a) y b) del punto 1 anterior, en los Diarios Oficiales cuyas fechas se indican en el propio apartado.

5. Del administrador Fiscal Regional Hidalgo-México de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, reclamo como primer acto de aplicación de las disposiciones legales que tildo de inconstitucionales, en perjuicio de AGA DE MEXICO, S. A. DE C.V., la expedición del oficio 102-A18-4-c-2-CSM-05136 de veintiocho de febrero de mil novecientos ochenta y seis, por el que se determinaron diferencias del impuesto del 1% sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal prestado bajo la dirección y dependencia de un patrón, por el ejercicio comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y uno aunque en alguna parte del propio oficio se haga referencia erróneamente, desde luego, el ejercicio fiscal de mil novecientos ochenta y dos, en cantidad de $303,605.32 más una multa de $145,730.55 que suman la cantidad de $449,335.87, repito, mediante la aplicación de las disposiciones legales que se impugnan de inconstitucionales.

6. Del jefe de la Oficina Federal de Hacienda No. 149 en Tlanepantla, Estado de México, reclamo los actos de cobro de la liquidación citada en el inciso 5) anterior, con número de créditos 21469 y 21478 mediante el procedimiento administrativo de ejecución.

SEGUNDO.-En la demanda de amparo se narran los siguientes antecedentes:

1. Mediante oficio de observaciones número 360-II-12559 de veintiocho de agosto de mil novecientos ochenta y cinco, se comunicó a mi representada el resultado de la revisión practicada al dictamen que para efectos fiscales emitió el C.P. Eduardo González Gómez con registro No. 0036 ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, respecto de sus estados financieros, correspondientes al ejercicio comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y uno, determinándose que no se había acumulado para efectos del impuesto del 1% antes mencionado, la cantidad de $36,385,509.00 por concepto de participación de utilidades a los trabajadores.

2. Por escrito de dieciséis de octubre de mil novecientos ochenta y cinco presentado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la misma fecha, con número de folio 563034, Aga de México, S. A. de C. V. hizo valer su inconformidad en contra del oficio antes mencionado en el punto inmediato anterior, argumentando la improcedencia de las observaciones a que se refería el citado oficio.

3. No obstante lo anterior, el administrador Fiscal Regional Hidalgo-México, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el primer acto de aplicación en perjuicio de la quejosa de las disposiciones legales cuya constitucionalidad se pide, dictó resolución contenida en el oficio 102-A-18-4-c-2-CSM-051136 de veintiocho de febrero de mil novecientos ochenta y seis, liquidando a cargo de la hoy sociedad quejosa, el impuesto del 1% sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal por el ejercicio fiscal de mil novecientos ochenta y uno, violando en perjuicio de mi mandante las garantías constitucionales contempladas en los artículos 14, 16, 17, y 31 fracción IV, 94 y 107, fracción XII de la Constitución General de la República, por lo que procede conceder a Aga de México, S. A. de C. V., el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita, como lo paso a demostrar."

TERCERO.-El quejoso señaló como garantías individuales violadas las contenidas en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, y como infringido el artículo 31, fracción IV de la propia Carta Magna; y expresó como conceptos de violación los siguientes:

"1. Conforme al artículo 31, fracción IV de la Constitución General de la República, son obligaciones de los mexicanos 'contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.'.

Del precepto constitucional antes invocado, se deriva el primer principio fundamental del derecho tributario, es decir, el principio de legalidad, que se enuncia con el aforismo 'nullum tributum sine lege', es decir, que no puede haber tributo sin ley que lo establezca y al referirme a la ley, ésta, debe ser formal y materialmente legislativa, es decir, emanada del Congreso de la Unión, en los términos del artículo 73, fracción VII y XXIX de la Constitución General de la República.

El principio de legalidad en materia impositiva no se satisface con el simple establecimiento del tributo de una ley. Es necesario además que sus elementos esenciales, a saber, sujeto, objeto, base, tasa, cuota, tarifa, unidad fiscal, época de pago, etcétera, estén expresamente establecidos en el propio ordenamiento legal a fin de cumplir con otro principio constitucional en materia tributaria que es el de seguridad y certidumbre jurídica.

De esta manera lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la siguiente jurisprudencia:

'IMPUESTOS, PRINCIPIO DE LEGALIDAD QUE DEBEN SALVAGUARDAR LOS.-(La transcribe).'

Uno de los elementos sustanciales del impuesto, es el objeto, Jacinto Faya Viesca en su obra 'Finanzas Públicas' (Editorial Porrúa, S. A. México 1981, página 155), define a este elemento de la siguiente manera:

El objeto del impuesto es el acto o el hecho que como supuesto expresamente la ley fiscal establece como generadores del crédito fiscal. El objeto del impuesto tiene existencia jurídica, y en consecuencia, es imputable al contribuyente sólo desde el momento en el que el supuesto tipificado en la norma se realiza. Mientras este impuesto no se realiza el objeto del impuesto queda como mero presupuesto, pero al momento en que el hecho generador del impuesto se produce, el contribuyente queda obligado al pago de un determinado impuesto ...

El objeto del impuesto dicho en otros términos, es la actividad o cosa que señala la ley como motivo de la obligación o sea es la acción donde nace el impuesto.

El objeto del impuesto dice el tratadista Flayner, 'estriba más bien en las circunstancias en virtud de las cuales, una persona se ve obligada a pagar un determinado tributo'.

El economista inglés Adam Smith en su libro 'Wealth of Nations' (La Riqueza de las Naciones), que constituye una de las obras clásicas de la literatura económica, dedicó el libro V al estudio de los impuestos.

Entre los principios establecidos en esa obra se encuentra el de certidumbre conforme al cual el impuesto que cada individuo está obligado a pagar, debe ser fijo y no arbitrario. La fecha de pago, la forma de realizarse, la cantidad a pagar debe ser clara para el contribuyente y para todas las demás personas. La inseguridad de los impuestos estimula la insolencia y la corrupción. La certidumbre de lo que cada individuo deberá pagar, es, en lo que respecta a los impuestos, una cuestión de extrema importancia porque un grado muy considerable de contribuyentes, no liquidan sus impuestos, por la incertidumbre en sus elementos.

Para cumplir con el principio de certidumbre, la ley impositiva debe determinar con precisión los siguientes datos:

a) Sujeto

b) Objeto

c) Cuota

d) La forma de hacer la valuación de la base impositiva.

e) La forma de pago.

f) La fecha de pago.

g) Quién hace el pago, etcétera.

Gastón Jéze, citado por el tratadista Flores Zavala, con respecto al principio de certidumbre tributaria, indica que 'Las leyes tributarias deben ser redactadas claramente, de manera que sean comprensibles para todos; no deben tener fórmulas ambiguas e imprecisas'.

Aplicando los anteriores conceptos jurisprudenciales y doctrinarios al caso que ahora nos ocupa, resulta lo siguiente:

a) El artículo UNICO de la Ley del Impuesto sobre las Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal Prestado Bajo la Dirección y Dependencia de un Patrón, publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de mil novecientos ochenta, que combato de inconstitucional, que establece el gravamen impugnado y en que se funda el acto reclamado, es inconstitucional por no cumplir debidamente con los principios de legalidad y certidumbre jurídicas aplicables en materia tributaria, como lo establecen los artículos 14, 16 y 31, fracción IV de la Constitución General de la República.

En efecto, dicen los preceptos cuya inconstitucionalidad se estudia, que las personas físicas y morales que hagan pagos por concepto de remuneraciones al trabajo personal prestado bajo su dirección y dependencia (objeto), causarán el impuesto a que se refiere este artículo con la tasa del 1% que se aplicará sobre el monto total de los pagos que efectúen aun cuando no excedan el salario mínimo.

La determinación del objeto, conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no debe quedar al arbitrio o interpretación de la autoridad fiscal. Esta sólo debe aplicar la disposición general al caso concreto de cada contribuyente. Los elementos del impuesto como es el objeto, no debe quedar al arbitrio, discreción o interpretación de la autoridad fiscal, todo lo cual ocurre con el objeto del tributo que impugno de inconstitucional.

Efectivamente, el objeto del tributo cuya inconstitucionalidad se analiza, son los pagos que los patrones hacen a los trabajadores por concepto de remuneraciones al trabajo personal prestado bajo su dirección y dependencia.

El concepto de remuneración, ha sido sujeto a innumerables interpretaciones por parte de las autoridades administrativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como de los Tribunales Administrativos como lo es el Tribunal Fiscal de la Federación y por los Tribunales Colegiados de Circuito y aun por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Las diferentes definiciones y alcances que tales autoridades y tribunales les han dado al concepto de "remuneración" es debido a la falta del cumplimiento de los principios constitucionales de legalidad y certidumbre, al no haberse definido en la ley correspondiente, en forma precisa, clara y expresa qué tipo de pagos que el patrón efectuara a sus trabajadores estaban sujetos a dicho gravamen.

Cabe citar a modo de ejemplo, el criterio que han sostenido los diversos Tribunales Colegiados en los amparos directos 53/72, 300/76, 316/76, 493/76 por parte del Tercer Tribunal Colegiado del Primer Circuito de Amparo en Materia Administrativa referente a las indemnizaciones que los patrones cubren a sus trabajadores. En este caso (indemnización), dicho cuerpo colegiado ha sostenido que no es una remuneración al trabajo personal, sobre todo tratándose de indemnizaciones por despidos, en donde precisamente es un pago que se hace para terminar la relación laboral. Sin embargo, la autoridad fiscal ha pretendido cobrar el impuesto cuya inconstitucionalidad se pide, sobre los pagos que versen por ese concepto.

Otro ejemplo y que es el que se estudió ante la Sala ahora responsable, es el del reparto de utilidades a los trabajadores.

En efecto, generalmente la autoridad para poder explicar el objeto del impuesto, esto es, el concepto de remuneración al trabajo personal, hace uso de la definición que aparece en el Diccionario de la Academia Española de la Lengua, así como del contenido del artículo 78 de la Ley del Impuesto sobre la renta vigente en mil novecientos ochenta y uno, ante la carencia de dicha explicación, en el texto expreso de la ley.

Como su señoría podrá observar, la determinación del objeto del impuesto del 1% cuya constitucionalidad se cuestiona, no es cierto y determinado.

Para esto, conforme al texto actual de las leyes combatidas, se requiere que la autoridad estime la clase o tipo de 'remuneraciones' que a su juicio son gravables, lo que no es aceptable desde el punto de vista constitucional.

Caso contrario ocurre con las disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (artículo 78) en que expresa y claramente, se indican qué tipos de ingresos causan el impuesto por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado, en cuyo caso, la autoridad fiscal no tendrá elementos para incluir conceptos, actividades o ingresos no previstos en dicho ordenamiento, para pretender su gravación.

Lo anterior no sucede con el gravamen del 1% que se combate, pues la autoridad a su antojo o capricho, quedará facultada para determinar que clase o tipo de remuneraciones será objeto de gravación, lo que jurídicamente es inaceptable, pues el contribuyente quedará siempre en estado de indefensión y de incertidumbre tributaria, con violación al artículo 31, fracción IV de la Constitución General de la República.

A mayor abundamiento, la Ley Federal del Trabajo actualmente en vigor, en sus artículos 82, 84 y 85 define al salario como la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo y define cómo se integra dicho salario, debiendo ser éste remunerador. El artículo 89 de la propia ley laboral indica el concepto de salario para efecto de determinar el monto de las indemnizaciones. El artículo 124 de la misma ley laboral expresa otro concepto de salario para efecto del reparto de utilidades. El artículo 129 indica que la participación de utilidades no se computa como parte del salario.

Como su señoría podrá apreciar, ni aun la ley laboral da un concepto específico, claro y concreto sobre lo que debe entenderse por remuneración al trabajo personal. Es la autoridad fiscal, la que a su gusto y conveniencia define qué tipos de pagos deben considerarse como objeto del impuesto, todo lo cual, repito, deja al contribuyente como la hoy sociedad quejosa en un estado pavoroso de inseguridad y de incertidumbre jurídica.

El tratadista Dino Jarach en su obra Curso Superior de Derecho Tributario, Buenos Aires, Argentina, páginas 107 a 112 en lo conducente dice:

El aforismo latino 'Nullum tributum sine lege' significa que no habrá tributo sin ley. Pero, ¿cuál es el contenido que debe tener la ley tributaria? Este problema se plantea especialmente con respecto a las facultades derivadas. Decir que no debe existir tributo sin ley, significa que sólo la ley puede establecer la obligación tributaria y, por tanto, sólo la ley debe definir cuáles son los supuestos y los elementos de la relación tributaria. Y al decir elementos y supuestos, quiero significar que es la ley que debe definir los hechos imponibles en su aceptación objetiva y también en la esfera subjetiva el objeto ...

'Pero hay un campo de inconstitucionalidad, en mi opinión, mucho más amplio, y lo encontramos en la mayoría de nuestras leyes, por un defecto de técnica jurídica en que incurren muy a menudo nuestros legisladores.'

'Muchas veces los que proyectan leyes impositivas creen que la legislación puede hacerse por medio de algunas normas genéricas y dejar que el Poder Ejecutivo termine la obra reglamentando todo aquello que quedó en la pluma del legislador:'

'Con esa creencia pudo decirse. Se aplicará un impuesto sobre el activo neto de las empresas y el Poder Ejecutivo lo que se entiende por activo y pasivo. Así se da poder al Ejecutivo para establecer cual es el hecho y la base imponible, o sea, en definitiva, establecer sobre qué recaerá el tributo, y ello no es una facultad meramente reglamentaria.'

'Cuando falta el concepto y no ha sido definido normativamente en la misma ley, no se puede encargar al Poder Ejecutivo que defina el concepto legal en que está contenido el hecho imponible, porque esto es lo mismo que decir que el Poder Ejecutivo expresará sobre qué se aplica el impuesto, y esto, viola el principio de legalidad en su propia esencia.'

'Tampoco puede ser, a pesar de que la misma ley dictada por el Poder Legislativo lo establezca, que se otorguen al Poder Ejecutivo y, menos aun a la administración Fiscal, facultades discrecionales para aplicar en ciertos casos el impuesto y en otros casos no, o establecer los criterios de aplicación.'

Ello acontece a menudo en nuestras leyes tal vez por defecto de técnica legislativa.

En conclusión: en materia de derecho tributario sustantivo, es decir aquellas normas que contienen los supuestos y los elementos de la relación jurídica tributaria, sólo la ley puede establecerlas y no puede facultarse al Poder Ejecutivo para complementarlas, ni otorgarse poderes discrecionales a la administración para aplicar o no los supuestos, o aplicarlos en una forma de determinados casos y en forma distinta en otros.

Las opiniones del tratadista son aplicables al caso, en la medida de que los preceptos se reputan inconstitucional, si bien indican que el objeto del tributo con los pagos por concepto de remuneración al trabajo personal, no define lo que debe entenderse por remuneración al trabajo personal y, en consecuencia, permite que la autoridad fiscal en forma arbitraria, y caprichosa, indique lo que debe entenderse por dicho concepto, tal y como sucede con el ejemplo del impuesto sobre el activo neto de las empresas en la legislación argentina a que se refiere el tratadista.

El incumplimiento de los principios de legalidad y certidumbre tributaria, hace que el artículo único de la Ley del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneración al Trabajo Personal Prestado Bajo la Dirección y Dependencia de un Patrón y, por ende, el impuesto en él establecido sean inconstitucionales, cuya declaratoria vengo a solicitar mediante el otorgamiento del amparo y protección de la Justicia Federal.

La carencia en la determinación del objeto del impuesto del 1% contenido en el artículo único de la ley cuya inconstitucionalidad se pide, también se advierte de la circunstancia de que no se indica si se trata de remuneraciones en efectivo o en especie las que se pretenden gravar y tratándose de estas últimas los criterios para su valuación, todo lo cual queda a la interpretación arbitraria y unilateral de la autoridad fiscal, lo que no es jurídicamente aceptable en un régimen de derecho como en el que vivimos, en el que existe una ley suprema que claramente marca los lineamientos que el legislador secundario debe seguir, en este caso al crear una ley impositiva, entre los cuales se encuentran los principios de legalidad y de certidumbre jurídica, contenidos en los artículos 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución General de la República por cuya violación procede conceder a la sociedad quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita.

II. Otra razón por la cual se estima que el impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal prestado bajo la dirección y dependencia de un patrón es inconstitucional, radica en la circunstancia de que no cumple con los principios de proporcionalidad y equidad así como el de igualdad establecidos en el artículo 31, fracción IV de la Constitución General de la República.

Como la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo sostuvo recientemente, al resolver los amparos en revisión 2502/83 el veinticinco de septiembre de mil novecientos ochenta y cuatro. Quejosa Servicios Profesionales Tolteca, S.C. Ministro ponente: Francisco Pavón Vasconcelos. Secretario: licenciado Arturo Iturbe Rivas. Mayoría de dieciséis votos, y en el amparo en revisión 3448/83 de diez de octubre de mil novecientos ochenta y cuatro. Ponente Ministro J. Ramón Palacios Vargas. Secretaria: licenciada María del Carmen Sánchez Hidalgo. Mayoría de catorce votos, la proporcionalidad de un impuesto radica medularmente, en que los sujetos pasivos deben contribuir a los gastos públicos en función a su respectiva capacidad económica, debiendo aportar una parte justa y adecuada de sus ingresos, utilidades o rendimientos. Conforme a este principio, continúa diciendo la Corte, los gravámenes deben fijarse de acuerdo con la capacidad económica de cada sujeto pasivo, de manera que las personas que obtengan ingresos elevados tributen en forma cuantitativa superior a de medianos y reducidos ingresos. El cumplimiento de este principio se realiza a través de tarifas progresivas, pues mediante ellas se consigue que cubran un impuesto en monto superior, los contribuyentes de más elevados recursos. Es decir, la proporcionalidad se encuentra vinculada con la capacidad económica de los contribuyentes que debe de ser gravada diferencialmente conforme a tarifas progresivas para que en cada caso, el impacto sea distinto, no sólo en cantidad sino en lo tocante al mayor o menor sacrificio reflejado cualitativamente en la disminución patrimonial que proceda y que debe encontrarse en proporción a los ingresos obtenidos.

En las ejecutorias que se comentan la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también abordó el tema de la equidad, señalando que ésta radica en la igualdad ante la misma ley tributaria de todos los sujetos pasivos de un mismo tributo, los que en tales condiciones deben recibir un tratamiento idéntico en lo concerniente a hipótesis de causación,acumulación de ingresos gravables, deducciones permitidas, plazos de pago, etcétera. Debiendo únicamente variar las tarifas tributarias aplicables de acuerdo con la capacidad económica de cada contribuyente.

El precepto y tributo cuya inconstitucionalidad se pide en esta demanda de garantías, no cumple con los anteriores requisitos, pues no atiende a la capacidad contributiva de los particulares obligados al pago del mismo, esto es, no se ocupa de la capacidad de ingreso, pues lo que grava por el contrario, es un gasto, esto es, un pago que la empresa realiza, como lo es el salario o el reparto de utilidades. El monto de esos pagos, no va en relación directa ni proporcional con los ingresos que obtiene la empresa, es decir, con su capacidad contributiva, que es el elemento esencial a que se refirió el constituyente al establecer el principio de proporcionalidad y equidad en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución General de la República.

Cabe agregar además, que con el establecimiento de la tasa fija del 1% sobre tales pagos, no se cumple con los principios de proporcionalidad y equidad para gravar más a quién más tiene. La tasa del 1% deja en posición desigual a los patrones que pagan más salarios o bien más elevados frente a patrones que, por ejemplo, tengan trabajadores con salarios mínimos. Para lograr la proporcionalidad tributaria, era necesario que se establecieran tarifas progresivas en función al monto de los pagos que se hicieran y no mediante el establecimiento de una tasa única para gravar por igual a todos los contribuyentes que por su capacidad contributiva sean desiguales.

Este criterio ha sido ratificado por la Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que aparece publicada en las páginas 24, 25 y 26 del Informe de su presidente, correspondiente al año de mil novecientos ochenta y cinco, Segunda Parte, que a la letra dice:

'LEYES DE INGRESOS Y DE HACIENDA, INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS (ESTADO DE BAJA CALIFORNIA NORTE).-(la transcribe)'.

Aun cuando la ejecutoria antes transcrita se refiere a un impuesto local, es exactamente aplicable al caso que nos ocupa pues sus elementos esenciales son los mismos, a saber:

Impuesto Federal Impuesto Estatal

cuya constitucionalidad de Baja California

se cuestiona declarado inconstitucional según ejecutoria transcrita.

Sujetos: Personas físicas que Quienes realicen los

hagan pagos por concepto pagos por remuneración

de remuneración al trabajo al trabajo personal

personal prestado bajo su prestado bajo la dirección

dirección y dependencia. y dependencia de un tercero.

Objeto: Los pagos por concepto La realización de pagos

de remuneraciones al trabajo por concepto de

personal. remuneraciones al

trabajo personal.

Base: Monto total de los pagos Monto total de los pagos

que se efectúen. que se efectúen.

Tasa: 1% sobre la base antes 0.75% sobre la base

señalada. antes señalada (en 1983).

Epoca de pago: El día 15 del mes siguiente Dentro del mes a aquel en que base del siguiente al en que

gravamen hayan los pagos base del gravamen.

Como su Señoría podrá advertir, el impuesto federal que ahora se contraviene es igual al impuesto estatal que fue declarado inconstitucional en la ejecutoria antes transcrita, precisamente por corresponder a un tributo que para su establecimiento, cuantificación y cobro, no atiende al elemento que inspira a toda contribución, que es la capacidad contributiva o de ingresos del particular, en atención a que grava pagos o erogaciones que haga la quejosa, sin importar su nivel o capacidad de ingresos. Luego entonces, el tributo controvertido no es proporcional ni equitativo. De ello deviene en injusto y violatorio del artículo 31, fracción IV, de la Constitución General de la República.

Con referencia al Impuesto sobre Erogación por Remuneraciones al Trabajo Personal previsto en la Ley de Hacienda del Estado de México, en la obra "Estudio de los Impuestos del Estado de México" (Xavier Escobedo - Ignacio Orendaín K., Editorial Themis. Edición 1985, página 33) se dice lo siguiente:

Creemos que podrían tomarse en cuenta para la duda de su equidad el que si una empresa que tenga 100 trabajadores y con ellos produzca 1,000, va a tener que pagar el 1% por el total de las remuneraciones. En cambio, una empresa con 10 trabajadores que produzcan 5,000, sólo tendría que pagar el impuesto sobre las remuneraciones pagadas a esos 10 trabajadores.

Otro argumento en relación con la posible ausencia de equidad del impuesto, es que si ya se está cubriendo a la Federación y a otros Estados un tributo idéntico al del 1% sobre erogaciones, se llegaría al extremo de que una empresa tendría que pagar 31 tributos iguales, además del federal, lo que eventualmente podría ser perjudicial y ruinoso para su patrimonio.

Del análisis comparativo del impuesto que ahora se cuestiona y del impuesto declarado inconstitucional por la Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no cabe duda en que el tributo que nos ocupa, es igualmente inconstitucional por carecer de los requisitos de proporcionalidad, equidad e igualdad tributaria, es decir, por no cumplir con el principio de justicia en los impuestos. Luego entonces, con su establecimiento, el Congreso de la Unión responsable, violó el artículo 31, fracción IV, 14 y 16 de la Constitución General de la República, motivo por el cual procede conceder a la sociedad quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita.

III. Cabe señalar a ese juzgado, que la Ley del Impuesto Sobre las Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal Prestado Bajo la Dirección y Dependencia de un Patrón es inconstitucional, en virtud de que su artículo único se está creando por el artículo 6o. de la Ley que Establece, Reforma, Adiciona y

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6318-091d6855/facultad-de-atraccion-ejercicio-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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