AMPARO. PROCEDE CONTRA COBROS FISCALES SIN NECESIDAD DE AGOTAR LOS RECURSOS ORDINARIOS O EL JUICIO DE NULIDAD, PORQUE EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN EXIGE MAYORES REQUISITOS QUE LA LEY DE LA MATERIA, PARA SUSPENDERLOS.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 61/99. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y LAS DIVERSAS DEL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO Y DEL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
SEGUNDO.-Como se observa, el catorce de mayo de mil novecientos noventa y nueve, el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, al resolver el amparo en revisión número 131/99, promovido por Construcciones Zenteno, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, determinó confirmar la sentencia recurrida y sobreseer en el juicio de amparo número 618/98, con apoyo en las siguientes consideraciones:
"QUINTO.-Son infundados los agravios que expresa el inconforme.-En efecto, contrario a lo que se aduce en los motivos de inconformidad, el a quo no contravino lo dispuesto por el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, en tanto que de la lectura íntegra de la sentencia recurrida, se advierte que citó el fundamento legal en que se apoyó para decretar el sobreseimiento del juicio de garantías, en el caso, el artículo 74, fracción III, de la citada legislación, por cuanto consideró que en la especie se actualizaba la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XV, de la ley de la materia.-Por otra parte, alega el recurrente que no estaba obligado a agotar el recurso ordinario que establece el Código Fiscal de la Federación, toda vez que dicha legislación, para conceder la suspensión del acto reclamado, exige mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo, pues ésta sólo requiere para la procedencia de la suspensión, el depósito de la cantidad que pretende cobrarse, siempre y cuando no exceda de la posibilidad del quejoso, o bien que se haya constituido previamente la garantía del interés fiscal ante la autoridad fiscal exactora; en tanto que el código tributario, no sólo exige garantizar el importe del adeudo fiscal actualizado, sino también los accesorios causados y los que se causen en los doce meses siguientes a su otorgamiento.-Dichos argumentos son infundados porque no es cierto que el Código Fiscal, para conceder la suspensión del cobro de la contribución respectiva, exija mayores requisitos que la Ley de Amparo, como a continuación se explicará: El artículo 135 de la Ley de Amparo establece: ‘Cuando el amparo se pida contra el cobro de contribuciones, podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, la que surtirá efectos previo depósito de la cantidad que se cobra ante la Tesorería de la Federación o la de la entidad federativa o Municipio que corresponda. ...’. Lo anterior significa que el juzgador federal no se encuentra obligado a otorgar la suspensión en esos casos, pudiendo actuar según su prudente arbitrio, fundando y motivando su determinación. En cambio, ante las autoridades tributarias no existe discrecionalidad, ya que en todo caso deberán abstenerse de ejecutar los actos administrativos cuando se garantice el interés fiscal, según lo ordena el artículo 144 del Código Fiscal de la Federación, sin que haya lugar a discrecionalidad alguna.-En materia de amparo necesariamente debe depositarse la cantidad que se cobra, lo cual no sucede tratándose del recurso de revocación, pues en términos de lo dispuesto por el artículo 141 del Código Fiscal de la Federación, además del depósito se permite la prenda, hipoteca, fianza, obligación solidaria por un tercero, e incluso el embargo por la vía administrativa.-En lo correspondiente al monto de la garantía, existe igualdad de condiciones tanto en el juicio de amparo como ante la autoridad fiscal, pues si bien el artículo 141 del código tributario federal analiza los renglones que debe abarcar la misma, contemplando la suerte principal, los accesorios causados, así como los que se causen en los doce meses siguientes de su otorgamiento, cuando la ley rectora del juicio de garantías dispone que el depósito deberá comprender ‘la cantidad que se cobra’, debe entenderse que dentro de esa expresión caben el crédito fiscal actualizado y todos los accesorios (multas y recargos) que se generen en favor del fisco, pues la pretensión de cobro por la autoridad hacendaria no se modifica en razón al medio de defensa que elige el contribuyente para impugnar el cobro fiscal; de ahí que tanto en el medio ordinario de defensa como en el juicio constitucional, para obtener la suspensión, es ‘la cantidad que se cobra’ la que debe garantizarse.-Por último, en cuanto a la parte del artículo 135 de la Ley de Amparo, en la que se indica que el depósito no se exigirá cuando se trate del cobro de sumas que excedan la posibilidad del quejoso, debe decirse que ello sólo originaría que la cantidad que pretenda cobrarse sea garantizada en forma diversa a la del depósito, pero ello no puede conducir a estimar que se exijan mayores requisitos en el Código Fiscal que en la Ley de Amparo a efecto de lograr la suspensión del acto tendiente al cobro.-En las anteriores circunstancias, se estima apegado a derecho el sobreseimiento del juicio de garantías decretado por el Juez Primero de Distrito en el Estado, pues como bien lo consideró, en la especie se actualizó la causal de improcedencia prevista en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, en tanto que el acto reclamado debió ser impugnado ante la Administración Local Jurídica de Ingresos.-Resulta aplicable, por analogía, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, que comparte este órgano jurisdiccional, consultable a fojas 293, Tomo VII-Enero, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: ‘JUICIO DE NULIDAD, DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA INTERPOSICIÓN DEL JUICIO DE AMPARO.-Contra los actos que determinan y fincan un crédito a favor del fisco federal, resulta improcedente el juicio de amparo, en atención a que, previamente a su interposición, la parte quejosa debe instaurar contra ellos juicio de nulidad fiscal ante la Sala Regional del Centro del Tribunal Fiscal de la Federación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 238, fracción II, del Código Fiscal de la Federación y 23 de la ley orgánica de dicho tribunal, en relación al 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, pues a través de tal procedimiento pueden legalmente revocarse, modificarse o nulificarse los actos reclamados y, en su oportunidad, suspenderse sus efectos, de acuerdo a lo estatuido en el artículo 144 del invocado código tributario, en el que se previene, en lo conducente, que si se acredita la impugnación que se hubiere intentado y se garantiza legalmente el interés fiscal, se suspenderá el procedimiento administrativo de ejecución, de lo que se infiere que en dicho supuesto no se exigen mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva.’.-También aduce el quejoso que en la demanda de garantías señaló como responsables a autoridades del orden federal y común, y en tales circunstancias se halla imposibilitado para promover cualquiera de los recursos ordinarios, ya que el de revocación o el juicio de nulidad resultan improcedentes en contra de los actos de las autoridades estatales.-Es infundado dicho argumento, en tanto que la circunstancia que aduce no era obstáculo para que promoviera el recurso ordinario que el Código Fiscal Federal pone a su disposición, toda vez que los actos que reclamó de las autoridades del Estado, no los impugnó por vicios propios, sino que los hizo depender del que reclamó del administrador local de Recaudación, y en esas condiciones, si logra obtener la modificación o anulación del oficio 322-SAT-R7-L46-e-7578, los efectos se harán extensivos respecto de las autoridades del orden común que señaló como ejecutoras.-En ese contexto jurídico, al no existir queja deficiente que suplir por no actualizarse alguna de las hipótesis que prevé el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, lo que procede es confirmar la sentencia recurrida."
TERCERO.-Por resolución del ocho de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, dictada en el amparo en revisión número 2092/95, promovido por Automotriz Internacional, Sociedad Anónima de Capital Variable, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, determinó revocar la sentencia recurrida y conceder el amparo a la quejosa, con apoyo en las siguientes consideraciones:
"CUARTO.-Son fundados los agravios expresados por la recurrente, suplidos en lo conducente.-En efecto, contrariamente a lo afirmado por el Juez Federal, debe decirse que respecto al acto reclamado a la administradora tributaria local en Perisur, consistente en el oficio 71848-04947, de dieciséis de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, por el que se requiere a la sociedad mercantil quejosa el pago de la multa por la cantidad de N$1,333.00, no se surte la causal prevista en el artículo 73, fracción XII, párrafo primero, de la Ley de Amparo, relativa a la extemporaneidad en la presentación de la demanda.-En la demanda de amparo, la quejosa expresó que el siete de febrero de mil novecientos noventa y cinco, tuvo conocimiento del oficio reclamado, en el que se le requiere el pago de la multa indicada; que la notificación respectiva no se practicó con las formalidades de ley, toda vez que no se entendió con el representante legal.-Ahora bien, de las constancias de notificación del oficio reclamado, se advierte que el notificador entendió la diligencia con la persona que dijo llamarse Diana Vega, quien manifestó tener el carácter de secretaria de la negociación, pero no con el representante legal de la inconforme, Automotriz Internacional, S.A. de C.V., de ahí que no quedó satisfecho el requisito exigido por el artículo 137 del Código Fiscal de la Federación, en que se apoyó el diligenciario.-Por tanto, no puede tenerse como fecha de conocimiento del acto reclamado, la que aparece en el acta de notificación respectiva (seis de enero de mil novecientos noventa y cinco), como lo consideró el a quo, teniendo en cuenta que la quejosa desconoce la fecha en que aparece se verificó el acto procesal, además de que no se entendió con el representante legal respectivo.-Luego, de la fecha en que la inconforme se manifestó sabedora (siete de febrero de mil novecientos noventa y cinco), a la fecha en que presentó su demanda de garantías (dieciséis de febrero de mil novecientos noventa y cinco), se desprende que no transcurrió en exceso el término de quince días a que se refiere el artículo 21 de la Ley de Amparo, de ahí que no se actualice la causal de improcedencia invocada por el Juez de Distrito.-En el mismo orden de ideas, debe considerarse fundado el segundo de los agravios que expresa la parte recurrente, en el que, sustancialmente sostiene que no estaba obligada a agotar previamente al juicio de amparo, el juicio de nulidad ante la Sala Regional correspondiente del Tribunal Fiscal de la Federación.-El artículo 107, fracción IV, de la Constitución Federal, establece que en materia administrativa el amparo procede, además, contra resoluciones que causen agravio no reparable mediante algún recurso, juicio o medio de defensa legal. No será necesario agotar éstos cuando la ley que los establezca exija, para otorgar la suspensión del acto reclamado, mayores requisitos que los que la ley reglamentaria del juicio de amparo requiera como condición para decretar esa suspensión.-Por su parte, el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo establece, como regla general, que el quejoso debe acatar el principio de definitividad del acto reclamado, esto es, que debe agotar previamente a la promoción del juicio de amparo el recurso, juicio o medio de defensa legal, cuando, conforme a la ley ordinaria que rija el caso, se dé la posibilidad de suspender los actos reclamados mediante su interposición, pero al mismo tiempo se señala como excepción, que en la legislación ordinaria de que se trate no se establezca la suspensión del acto o se exijan mayores requisitos que los que prevé el citado artículo 124 de la ley reglamentaria indicada, para conceder la suspensión definitiva; hipótesis ésta en la que el amparo sí es procedente, desde luego, sin necesidad de agotar el recurso.-Así las cosas, claramente se advierte que para que opere el referido principio de definitividad del acto reclamado, se precisa que la ley que lo rige prevea la procedencia de la suspensión y que para otorgarla no exija mayores requisitos que los que fija la Ley de Amparo para otorgar la suspensión definitiva.-Una vez precisado lo anterior, debe decirse que, contrariamente a lo afirmado por el Juez de amparo, en el caso, la quejosa no estaba obligada a agotar el juicio de nulidad ante el Tribunal Fiscal de la Federación en contra de los actos reclamados, que se hicieron consistir en las resoluciones folios números 026175 y 026176, de dieciséis de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, por las que el subprocurador de Recursos Administrativos del Departamento del Distrito Federal, desechó por improcedentes los recursos de oposición al procedimiento administrativo de ejecución, promovidos en contra del cobro de multas administrativas impuestas por la Procuraduría Federal del Consumidor, en base en las siguientes consideraciones.-Los artículos 144 y 141 del Código Fiscal de la Federación, relativos a la garantía del interés fiscal y suspensión de los actos administrativos establecen: ‘Artículo 144. No se ejecutarán los actos administrativos cuando se garantice el interés fiscal, satisfaciendo los requisitos legales. ...’.-‘Artículo 141. Los contribuyentes podrán garantizar el interés fiscal en alguna de las formas siguientes: I. Depósito de dinero en las instituciones de crédito autorizadas para tal efecto. II. Prenda o hipoteca. III. Fianza otorgada por institución autorizada, la que no gozará de los beneficios de orden y excusión. IV. Obligación solidaria por tercero que compruebe su idoneidad y solvencia. V. Embargo en la vía administrativa.-La garantía deberá comprender, además de las contribuciones adeudadas actualizadas, los accesorios causados, así como de los que se causen en los doce meses a su otorgamiento. Al terminar este periodo y en tanto no se cubra el crédito, deberá actualizarse su importe cada año y ampliarse la garantía para que cubra el crédito actualizado y el importe de los recargos, incluso los correspondientes a los doce meses siguientes.-El reglamento de este código establecerá los requisitos que deberán reunir las garantías. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público vigilará que sean suficientes, tanto en el momento de su aceptación como con posterioridad y, si no lo fueren, exigirá su ampliación o procederá al secuestro de otros bienes.-En ningún caso las autoridades fiscales podrán dispensar el otorgamiento de la garantía.’.-De los preceptos legales invocados con anterioridad se desprende que para la suspensión de la ejecución de los actos administrativos, el contribuyente debe satisfacer los siguientes requisitos: a) Garantizar las contribuciones adeudadas, actualizadas en cualquiera de las formas mencionadas. b) Garantizar los accesorios causados. c) Garantizar los accesorios que lleguen a causarse en los doce meses siguientes a su otorgamiento.-Por otra parte, el artículo 227 del Código Fiscal de la Federación, establece la forma en que los particulares pueden obtener la suspensión de la ejecución dentro del procedimiento contencioso administrativo, al señalar: ‘Artículo 227. Los particulares podrán promover el incidente de suspensión de la ejecución, cuando la autoridad ejecutora niegue la suspensión, rechace la garantía ofrecida o reinicie la ejecución, ante el Magistrado instructor de la Sala Regional que conozca del asunto o que haya conocido del mismo en la primera instancia, acompañando copia de los documentos en que se haga constar el ofrecimiento y, en su caso, otorgamiento de la garantía, así como de la solicitud de suspensión presentada ante la ejecutora y, si la hubiere, la documentación en que conste la negativa de la suspensión, el rechazo de la garantía o el reinicio de la ejecución.-Con los mismos trámites del incidente previsto en el párrafo anterior, las autoridades fiscales podrán impugnar el otorgamiento de la suspensión cuando no se ajuste a la ley.-El incidente previsto en este artículo podrá promoverse hasta que se dicte sentencia o resolución firme de la Sala Regional, de la Sala Superior o del Tribunal Colegiado de Circuito, en su caso.-Mientras no se dicte la misma, la Sala Regional podrá modificar o revocar el auto que haya decretado o negado la suspensión, cuando ocurra un hecho superveniente que lo justifique.’.-De dicho precepto legal se desprende que para obtener la suspensión, los particulares deben cumplir con los siguientes requisitos: a) Que la autoridad ejecutora niegue la suspensión, rechace la garantía ofrecida o reinicie la ejecución. b) Presentar ante el Magistrado instructor de la Sala Regional que conozca del asunto, los siguientes documentos: 1. Copia del documento en que conste el ofrecimiento y, en su caso, otorgamiento de la garantía. 2. Copia de la solicitud de suspensión presentada ante la ejecutora y, si lo hubiere, el documento en que conste la negativa de suspensión, rechazo de garantía o reinicio de ejecución.-Finalmente, los artículos 124, 125 y 135 de la Ley de Amparo, establecen: ‘Artículo 124. Fuera de los casos a que se refiere el artículo anterior, la suspensión se decretará cuando concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el agraviado; II. Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público.-Se considerará, entre otros casos, que sí se siguen estos perjuicios o se realizan esas contravenciones, cuando, de concederse la suspensión se continúe el funcionamiento de centros de vicio, de lenocinios, la producción y el comercio de drogas enervantes; se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos, o el alza de precios con relación a artículos de primera necesidad o bien de consumo necesario; se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave, el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, o la campaña contra el alcoholismo y la venta de sustancias que envenenen al individuo o degeneren la raza; o se permita el incumplimiento de las órdenes militares; III. Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto.-El Juez de Distrito, al conceder la suspensión, procurará fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio.’.-‘Artículo 125. En los casos que es procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero, se concederá si el quejoso otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtiene sentencia favorable en el juicio de amparo.-Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero perjudicado que no sean estimables en dinero, la autoridad que conozca del amparo fijará discrecionalmente el importe de la garantía.’.-‘Artículo 135. Cuando el amparo se pida contra el cobro de contribuciones, podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, la que surtirá efectos previo depósito de la cantidad que se cobra ante la Tesorería de la Federación o la de la entidad federativa o Municipio que corresponda.-El depósito no se exigirá cuando se trate del cobro de sumas que excedan de la posibilidad del quejoso, según apreciación del Juez, o cuando previamente se haya constituido la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora, o cuando se trate de persona distinta del causante obligado directamente al pago; en este último caso, se asegurará el interés fiscal por cualquiera de los medios de garantía permitidos por las leyes fiscales aplicables.’.-De acuerdo con lo anterior, se llega al conocimiento de que los artículos 144 y 227 del Código Fiscal de la Federación, establecen la posibilidad de suspender la ejecución de los actos administrativos, sin embargo, exigen mayores requisitos de los que prevé la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, pues el primero de ellos determina que se garanticen las contribuciones adeudadas en forma actualizada, los accesorios causados y los que lleguen a causarse en el término de doce meses; y, el segundo, señala que la autoridad ejecutora niegue la suspensión, rechace la garantía ofrecida o reinicie la ejecución, además de presentar copia de los documentos en que consten tales circunstancias.-En cambio, la Ley de Amparo, tratándose del pago de contribuciones sólo exige como requisito para la procedencia de la suspensión, el depósito de la cantidad que pretenda cobrarse (Art. 135).-Además, no debe perderse de vista que el último párrafo del artículo 141 del código tributario, establece que en ningún caso las autoridades fiscales podrán dispensar el otorgamiento de la garantía, sin embargo, el artículo 135 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, concede al Juez de Distrito la facultad discrecional de eximir al quejoso de su otorgamiento, en los siguientes casos: a) Cuando el cobro de las sumas excedan de la posibilidad del quejoso. b) Cuando previamente se haya constituido la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora. c) Cuando se trate de persona distinta del causante obligado.-Por tanto, debe concluirse que el juicio de nulidad ante el Tribunal Fiscal de la Federación, sí prevé la figura jurídica de la suspensión; sin embargo, como ya se vio, el Código Fiscal de la Federación (Arts. 144 y 227), exige mayores requisitos de los que prevé la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva; de ahí que no se surte la causal de improcedencia invocada por el Juez de amparo, y por tanto, resulta irrelevante la circunstancia de que la sociedad mercantil quejosa, al formular su demanda de amparo, hubiese hecho valer violaciones a las leyes ordinarias.-En esas condiciones, al resultar fundados los agravios expresados por el recurrente, debe revocarse el sobreseimiento decretado por el Juez Federal y, consecuentemente, considerar los conceptos de violación cuyo estudio omitió el juzgador, en términos de lo dispuesto por el artículo 91, fracción I, de la Ley de Amparo.-QUINTO.-Los conceptos de violación expresados por el quejoso son del tenor literal siguiente: (se transcriben).-SEXTO.-Son sustancialmente fundados los conceptos de violación expresados por la quejosa.-Los actos reclamados que se combaten a través del concepto de violación que se identifica como ..."
Las anteriores consideraciones dieron lugar a la siguiente tesis:
"Novena Época.-Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.-Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.-Tomo: II, octubre de 1995.-Tesis: I.2o.A.4 A.-Página: 566.-JUICIO DE NULIDAD, NO ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, NO OBSTANTE QUE SE HAGAN VALER VIOLACIONES A LAS LEYES ORDINARIAS.-Los artículos 144 y 227, del Código Fiscal de la Federación, establecen la posibilidad de suspender la ejecución de los actos administrativos; sin embargo, exigen mayores requisitos de los que prevé la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, pues el primero de ellos determina que se garanticen las contribuciones adeudadas en forma actualizada, los accesorios causados y los que lleguen a causarse en el término de doce meses; y, el segundo, señala que la autoridad ejecutora niegue la suspensión, rechace la garantía ofrecida o reinicie la ejecución, además de presentar copia de los documentos en que consten tales circunstancias. En cambio, la Ley de Amparo, tratándose del pago de contribuciones sólo exige como requisito para la procedencia de la suspensión, el depósito de la cantidad que pretenda cobrarse (art. 135). Además, no debe perderse de vista que el último párrafo del artículo 141 del código tributario, establece que en ningún caso las autoridades fiscales podrán dispensar el otorgamiento de la garantía; sin embargo, el artículo 135 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, concede al Juez de Distrito la facultad discrecional de eximir al quejoso de su otorgamiento en los siguientes casos: a) Cuando el cobro de las sumas excedan la posibilidad del quejoso. b) Cuando previamente se haya constituido la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora. c) Cuando se trate de persona distinta del causante obligado. Por tanto, resulta irrelevante la circunstancia de que la sociedad mercantil quejosa, al formular su demanda de amparo, hubiese hecho valer violaciones a las leyes ordinarias, porque como ya se dijo, el Código Fiscal de la Federación exige mayores requisitos de los que prevé la Ley de Amparo para conceder la medida cautelar.-Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.-Amparo en revisión 2092/95. Automotriz Internacional, S.A. de C.V. 8 de septiembre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Amado Yáñez. Secretario: Jorge Arturo Camero Ocampo.-Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V-Marzo de 1997, pág. 395, tesis por contradicción 2a./J. 8/97."
CUARTO.-Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, al resolver el amparo en revisión número 148/90, promovido por Univex, Sociedad Anónima, el cuatro de diciembre de mil novecientos noventa, determinó sobreseer en el juicio con apoyo en las siguientes consideraciones:
"TERCERO.-En la especie, es innecesario el estudio de los conceptos de violación antes transcritos, en virtud de que, por actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, en la materia reservada a este órgano colegiado, debe sobreseerse en el juicio de garantías.-En efecto, del examen a los referidos conceptos de violación, se aprecia que los mismos se enderezan a combatir el contenido y aplicación de lo ordenado en los oficios números 713.15.2.01/3242 y 3279, ambos de fecha doce de septiembre de mil novecientos ochenta y tres, suscritos por el representante en el Estado de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (fojas 63 y 64 del expediente del Juzgado de Distrito), cuyo texto se reprodujo líneas atrás y que, en síntesis, determinan el importe de $856,360.00 ochocientos cincuenta y seis mil trescientos sesenta pesos, por concepto de cobro de derechos al consumo de 570,240 quinientos setenta mil doscientos cuarenta metros cúbicos de aguas de propiedad nacional, a razón de $1.50 un peso cincuenta centavos por metro cúbico, correspondientes a cada uno de los dos primeros trimestres del año de mil novecientos ochenta y tres.-Ahora bien, al respecto cabe expresar que, contra los actos de referencia, resulta improcedente el juicio de amparo propuesto, en atención a que, previamente a su interposición, la parte quejosa debió instaurar contra ellos juicio de nulidad fiscal ante la Sala Regional del Centro del Tribunal Fiscal de la Federación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 238, fracción II, del Código Fiscal de la Federación y 23 de la ley orgánica de dicho tribunal, pues a través de tal procedimiento pudieron legalmente haberse revocado, modificado o nulificado los actos reclamados y, en su oportunidad, suspendido sus efectos, de acuerdo a lo estatuido en el artículo 144 del invocado código tributario, en el que se previene, en lo conducente, que si se acredita la impugnación que se hubiere intentado y se garantiza legalmente el interés fiscal, se suspenderá el procedimiento administrativo de ejecución, de lo que se infiere que en dicho supuesto no se exigen mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva.-Por tanto, como en el particular los actos reclamados se hacen consistir en dos resoluciones emitidas por autoridad formal y materialmente administrativa, que determinan la existencia de obligaciones fiscales a cargo de la empresa directamente quejosa, a las que se les atribuye omisión legal de requisitos formales, se reitera que, en los términos consignados en el párrafo precedente, por surtirse las hipótesis previstas en los citados artículos 144 y 238, fracción II, del código tributario federal, y 23 de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, en relación al 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, se concluye que previamente a la interposición de éste, debió haberse intentado el expresado juicio de nulidad fiscal, de conformidad con lo vertido líneas arriba y, al no haber procedido así la sociedad quejosa, se actualizó la causal de improcedencia que contempla el citado artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, lo que da lugar al sobreseimiento en el juicio de garantías, atento lo dispuesto en el artículo 74, fracción III, de la misma ley."
Las anteriores consideraciones dieron lugar a la tesis sustentada por dicho Tribunal Colegiado de Circuito, que a la letra establece:
"Octava Época.-Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.-Fuente: Semanario Judicial de la Federación.-Tomo: VII-Enero.-Página: 293.-JUICIO DE NULIDAD, DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA INTERPOSICIÓN DEL JUICIO DE AMPARO.-Contra los actos que determinan y fincan un crédito a favor del fisco federal, resulta improcedente el juicio de amparo, en atención a que, previamente a su interposición, la parte quejosa debe instaurar contra ellos juicio de nulidad fiscal ante la Sala Regional del Centro del Tribunal Fiscal de la Federación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 238, fracción II, del Código Fiscal de la Federación y 23 de la ley orgánica de dicho tribunal, en relación al 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, pues a través de tal procedimien
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6323-a2fbf533/amparo-procede-contra-cobros-fiscales-sin-necesidad-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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