ALEGATOS EN EL RECURSO DE REVISIÓN FISCAL, NO FORMAN PARTE DE LA LITIS.
REVISIÓN FISCAL 171/99. SUBADMINISTRADOR DE LO CONTENCIOSO "1" DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL JURÍDICA DE INGRESOS DE PUEBLA Y OTRAS AUTORIDADES.
CONSIDERANDO:
CUARTO.-El recurso de revisión interpuesto por el subadministrador de lo Contencioso "1" de la Administración Local Jurídica de Ingresos de Puebla, en representación del secretario de Hacienda y Crédito Público, del presidente del Servicio de Administración Tributaria y de la Administración Local de Auditoría Fiscal Número 34 de Puebla, resulta procedente en términos del artículo 248, fracción III, incisos e) y f), del Código Fiscal de la Federación, pues en el caso se trata de una resolución dictada por una dependencia de la citada secretaría y se aducen violaciones cometidas en la propia sentencia, por cuyo motivo procede examinar los agravios expuestos.
Debe decirse que no ha lugar a tomar en consideración lo alegado por el actor en el juicio de origen, Ángel Alonso González, mediante el escrito que obra a fojas 69 a 71 de este toca, habida cuenta que de conformidad con lo establecido en el artículo 104, fracción I-B de la Constitución Federal, el recurso de revisión fiscal se sujetará a los trámites que la Ley de Amparo fije para la revisión en amparo indirecto; ahora bien, aun cuando el artículo 79 de este último ordenamiento faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios "así como los demás razonamientos de las partes", sin embargo, del análisis del citado precepto se advierte que en el caso que nos ocupa se logra resolver la cuestión efectivamente planteada mediante el análisis de las consideraciones que sustentan la sentencia recurrida, examinadas a la luz de los argumentos expresados en vía de agravios, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en la revisión fiscal, en congruencia con lo dispuesto en el artículo 248 del Código Fiscal de la Federación, razón por la cual, las manifestaciones vertidas por el actor a través del ocurso de mérito, constituyen simples opiniones carentes de la fuerza procesal que la propia ley le reconoce al escrito de expresión de agravios, de ahí que no constituya una obligación para el Tribunal Colegiado entrar al estudio de dichos razonamientos.
QUINTO.-Es fundado el quinto agravio en el que las recurrentes combaten las consideraciones expuestas en la sentencia recurrida, en relación con la incompetencia de la Administración Local de Auditoría Fiscal de Puebla, para emitir el acto impugnado en el juicio de nulidad, y en cuanto aducen que, contrario a lo que sostuvo la Sala Fiscal, no hay necesidad de que exista un acuerdo de inicio de actividades, ya que respecto de la Administración Local de Auditoría Fiscal de Puebla y otras administraciones no existió tal condicionante, pues dicha administración fue creada originalmente por el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y sólo veinte administraciones quedaron condicionadas a la emisión de un acuerdo de inicio de actividades.
En efecto, este órgano jurisdiccional pasa a demostrar por qué resultan jurídicamente incorrectas las consideraciones contenidas en la resolución combatida, relativas a la incompetencia de la autoridad demandada que emitió la resolución impugnada en el juicio de nulidad.
Previamente, para una mejor comprensión del problema planteado, es conveniente formular la siguiente relación de ordenamientos de carácter fiscal:
1. En el acuerdo del secretario de Hacienda y Crédito Público de tres de febrero de mil novecientos ochenta y nueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación de nueve de febrero del mismo año, se señalaron el número, nombre, sede y circunscripción territorial de las Administraciones Fiscales Federales.
2. En el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de veintidós de febrero de mil novecientos noventa y dos, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticuatro de febrero del mismo año, se establecieron las atribuciones de las Administraciones Fiscales Federales. Así, en el artículo 111, inciso a), de este ordenamiento se dice: "Compete a las Administraciones Fiscales Federales, dentro de la circunscripción territorial que a cada una corresponda ... A. Ejercer las facultades siguientes: ... XXI. Ordenar y practicar visitas domiciliarias, auditorías, inspecciones, verificaciones ..."; asimismo, en el propio artículo 111, inciso c), se enumeraron las Administraciones Fiscales Federales, estableciéndose que la sede de cada una sería la ciudad que correspondiera a su nombre.
3. El anterior reglamento fue reformado, adicionado y derogado por el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de enero de mil novecientos noventa y tres, el cual entró en vigor el primero de febrero del mismo año. En este decreto fue reformado el antes citado artículo 111 del referido reglamento, estableciéndose las Administraciones Locales de Auditoría Fiscal, a las que se confirieron las atribuciones que antes correspondían a las Administraciones Fiscales Federales. Así, en el artículo 111, inciso b), del citado decreto se dice: "Compete a las Administraciones Locales de Auditoría Fiscal, ejercer las facultades siguientes: ... IV. Ordenar y practicar visitas domiciliarias, auditorías, inspecciones y verificaciones; realizar los demás actos que establezcan las disposiciones fiscales para comprobar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes ...". Asimismo, en el inciso f) del citado decreto se enumeraron las administraciones locales, señalándose que su sede sería la ciudad que correspondiera a cada una de ellas. En dicho listado aparece con el número 34 la Administración Local de Puebla.
4. En el acuerdo del secretario de Hacienda y Crédito Público, publicado el veintinueve de enero de mil novecientos noventa y tres, que entró en vigor el primero de febrero de mil novecientos noventa y tres (es decir, en la misma fecha que el decreto mencionado en el inciso anterior), se señala el número, nombre, sede y circunscripción territorial de cada una de las administraciones locales enumeradas en el artículo 111 del decreto al que se hizo alusión en el apartado inmediatamente precedente. En consecuencia, en este acuerdo se establece la sede en Puebla, Puebla, de la Administración Local de Puebla y se mencionan los Municipios que quedaron comprendidos dentro de su circunscripción territorial. En uno de los artículos transitorios de este acuerdo, se establece que se deja sin efecto el acuerdo de tres de febrero de mil novecientos ochenta y nueve, al que se hizo mención en el inciso número 1, es decir, las Administraciones Fiscales Federales cuyo número, nombre, sede y circunscripción territorial se enumeraron en el acuerdo de tres de febrero de mil novecientos ochenta y nueve, quedaron sustituidas por las administraciones locales cuyo número, nombre, sede y circunscripción territorial se estableció en el acuerdo publicado el veintinueve de enero de mil novecientos noventa y tres.
5. En el artículo décimo segundo transitorio del decreto que reformó, adicionó y derogó diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, decreto publicado el veinticinco de enero de mil novecientos noventa y tres (que es el que se mencionó en el inciso 3 precedente), se dice textualmente: "Décimo segundo. En tanto el secretario de Hacienda y Crédito Público expide los acuerdos en los que se señale la fecha de inicio de actividades de las administraciones locales que a continuación se señalan, serán competentes en la circunscripción territorial que les corresponda, la administración local cuya sede se encuentre establecida en la ciudad donde se encontraba la sede de la Administración Fiscal Federal, que en los términos del acuerdo por el que se señala el número, nombre, sede y circunscripción territorial de las unidades administrativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, vigente hasta el treinta y uno de enero de mil novecientos noventa y tres, era competente en relación con dicha circunscripción territorial. Las administraciones locales a que se refiere el párrafo anterior son las siguientes: 1. De Ensenada, 2. De Nogales, 3. De los Mochis, 4. De Mazatlán, 5. De Piedras Negras, 6. De Guadalupe, 7. De San Pedro Garza García, 8. De Cd. Victoria, 9. De Nuevo Laredo, 10. De Matamoros, 11. De Guadalajara Sur, 12. De Zapopan, 13. De Cd. Guzmán, 14. De Puerto Vallarta, 15. De Iguala, 16. De Córdoba, 17. De Tapachula, 18. De Chetumal, 19. De Irapuato, 20. De Uruapan.".
Cabe aclarar que el acuerdo vigente hasta el treinta y uno de enero de mil novecientos noventa y tres, al que se alude en el artículo transitorio transcrito, es el de tres de febrero de mil novecientos ochenta y nueve, que se mencionó en el inciso 1 precedente.
6. En el acuerdo del secretario de Hacienda y Crédito Público, publicado en el Diario Oficial de la Federación de quince de marzo de mil novecientos noventa y tres, se efectuaron algunos ajustes a la circunscripción territorial de las referidas administraciones locales, y en su artículo 3o. se estableció la fecha de inicio de las veinte administraciones locales referidas en el artículo transitorio que se transcribió en el inciso precedente.
Una vez realizada la anterior relación de los ordenamientos cuyo conocimiento resulta fundamental para la comprensión de este asunto, resulta pertinente formular las consideraciones siguientes. Al crearse las administraciones locales que sustituyeron en sus atribuciones a las Administraciones Fiscales Federales, la mayoría de ellas conservó la misma sede que estas últimas, pero a otras se les asignó una sede distinta. Dentro de estas últimas se encuentran las veinte administraciones locales que se mencionan en el artículo transitorio antes transcrito del decreto de veinticinco de enero de mil novecientos noventa y tres. He aquí un ejemplo: en el acuerdo de tres de febrero de mil novecientos ochenta y nueve, se señala a la Administración Fiscal Federal de Tijuana, con sede en Tijuana, Baja California, y circunscripción territorial en los Municipios de Tijuana, Ensenada y Tecate del Estado mencionado. En cambio, en el acuerdo de veintinueve de enero de mil novecientos noventa y tres, se establece la Administración Local de Tijuana, con sede en Tijuana, Baja California, cuya circunscripción territorial comprende los Municipios de Tijuana y Tecate, B.C., y la Administración Local de Ensenada, con sede en Ensenada, Baja California, cuya circunscripción territorial comprende el Municipio de Ensenada, B.C. Lo anterior explica que las veinte administraciones locales que se han venido mencionando, no pudieran iniciar sus actividades el primero de febrero de mil novecientos noventa y tres (fecha en que entró en vigor el decreto publicado el veinticinco de enero de mil novecientos noventa y tres y el acuerdo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicado el veintinueve de enero del mismo año), en la sede que se les asignó.
A esto se debe que en el multicitado artículo décimo segundo transitorio se haya establecido que mientras se expedía el acuerdo que señalara fecha de inicio a esas veinte administraciones, funcionarían como administraciones locales en la circunscripción territorial de esas veinte unidades, las que anteriormente (cuando tenían el carácter de Administraciones Fiscales Federales) tenían comprendidas dentro de su circunscripción a la nueva administración local; así por ejemplo: mientras no se señalara fecha de inicio a la Administración Local de Ensenada, funcionaría como Administración Local la de Tijuana, pues cuando ésta tenía el carácter de Administración Fiscal Federal, tenía comprendido dentro de su circunscripción territorial al Municipio de Ensenada.
Lo anterior resulta lógico, pues en virtud de la reforma que se inició el primero de febrero de mil novecientos noventa y tres (con el decreto publicado el veinticinco de enero de mil novecientos noventa y tres que reformó al reglamento de veintidós de febrero de mil novecientos noventa y dos, y con el acuerdo del secretario de Hacienda y Crédito Público, publicado el veintinueve de enero del mismo año), no podía paralizarse el sistema de las unidades administrativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; esto es, no podían paralizarse las actividades de las administraciones locales.
Lo anterior se corrobora si se toma en cuenta que en la parte considerativa del acuerdo del secretario de Hacienda y Crédito Público, publicado el quince de marzo de mil novecientos noventa y tres, en el que se señaló la fecha de inicio de las multicitadas veinte administraciones locales, se dice textualmente: "Que el veinticinco de enero del año en curso se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo cual originó una reestructuración de las unidades administrativas de la Subsecretaría de Ingresos.-Que en las modificaciones al reglamento interior se establece la creación de veinte nuevas administraciones, las cuales de conformidad con el artículo décimo segundo transitorio del decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para iniciar sus actividades requieren la expedición de un acuerdo del secretario de Hacienda y Crédito Público.". Es decir, exclusivamente las tantas veces mencionadas veinte administraciones locales requerían de un acuerdo administrativo de inicio para empezar a funcionar.
No debe perderse de vista que la finalidad de un artículo transitorio es como su nombre lo indica, resolver los problemas que se suscitan con motivo del tránsito del ordenamiento abrogado o derogado al ordenamiento vigente. Precisamente por esto, si se lee con cuidado el citado artículo décimo segundo transitorio del decreto publicado el veinticinco de enero de mil novecientos noventa y tres, se cae en la cuenta que lo que pretendió el Ejecutivo fue que no se paralizara el sistema de las unidades administrativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por lo que si veinte de ellas aún no podían iniciar en sus funciones, éstas debían ser absorbidas transitoriamente por las que ya estaban funcionando antes como Administraciones Fiscales Federales y que, en virtud de la reforma, pasaron a ser administraciones locales.
Lo anterior explica que en el acuerdo publicado el quince de marzo de mil novecientos noventa y tres, se pusieran ya a funcionar las referidas veinte administraciones locales, operando a partir de esa fecha, en su integridad, el sistema creado en virtud de la reforma que inició el primero de febrero de mil novecientos noventa y tres.
Por los motivos anteriormente expuestos se impone concluir que si en la especie, la Administración Local de Auditoría Fiscal de Puebla, no se encontraba en la hipótesis de las multicitadas veinte administraciones locales, no puede sostenerse válidamente que la misma requiriera de un acuerdo de inicio de actividades para tener competencia legal y, por tanto, tampoco puede interpretarse como indebidamente lo hace el artículo 7o., fracción VII, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, atendiendo al concepto de nulidad que formuló la actora, puesto que tal acuerdo de inicio de actividades como se ha visto no rige para la citada administración de Puebla, y el previsto en este último precepto es aplicable para situaciones que acaecerán en el futuro, no para las ya existentes al momento de su entrada en vigor.
Lo anterior tiene apoyo en el criterio sustentado por este Tribunal Colegiado en la jurisprudencia número 1/9a., visible en la página 597 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, agosto de 1999, Tribunales Colegiados de Circuito y acuerdos, que literalmente dice: "ADMINISTRACIONES LOCALES DE AUDITORÍA FISCAL CREADAS POR EL DECRETO PUBLICADO EL VEINTICINCO DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES. INICIO LEGAL DE SUS FUNCIONES.-Al crearse las administraciones locales, que sustituyeron en sus atribuciones a las Administraciones Fiscales Federales, la mayoría de ellas conservó la misma sede que estas últimas, pero a otras se les asignó una sede distinta. Dentro de estas últimas se encuentran las veinte administraciones locales, que se mencionan en el artículo décimo segundo transitorio del decreto de veinticinco de enero de mil novecientos noventa y tres. Lo anterior explica que las veinte administraciones locales que se han venido mencionado, no pudieron iniciar sus actividades el primero de febrero de mil novecientos noventa y tres (fecha en que entraron en vigor tanto el decreto publicado el veinticinco de enero de mil novecientos noventa y tres, como el acuerdo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicado el veintinueve de enero del mismo año) en la sede que se les asignó. A esto se debe que en el multicitado artículo décimo segundo transitorio, se haya establecido que mientras se expedía el acuerdo que señalara fecha de inicio a esas veinte administraciones, funcionarían como administraciones locales en la circunscripción territorial de esas veinte unidades, las que anteriormente (cuando tenían el carácter de Administraciones Fiscales Federales) tenían comprendidas dentro de su circunscripción a la nueva administración local. Lo anterior resulta lógico, pues en virtud de la reforma que se inició el primero de febrero de mil novecientos noventa y tres (con el decreto publicado el veinticinco de enero de mil novecientos noventa y tres que reformó al reglamento de veintidós de febrero de mil novecientos noventa y dos y con el acuerdo del secretario de Hacienda y Crédito Público, publicado el veintinueve de enero del mismo año) no podía paralizarse el sistema de las unidades administrativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; esto es, no podían paralizarse las actividades de las administraciones locales. A esto equivaldría sostener que todas ellas (y no exclusivamente las veinte que se ha hecho mención), necesitaban para poder iniciar sus actividades de un acuerdo administrativo en el que se señalara la fecha de inicio de las mismas.".
Además, contrario a lo que sostuvo la Sala Fiscal, nunca se cuestionó sobre la incompetencia de la Administración Local de Auditoría Fiscal de Xalapa, sino de la de Puebla, respecto de la que no requiere de un acuerdo de inicio de actividades, como ya se indicó.
Ahora bien, observándose que la citada Sala omitió analizar diversos conceptos de nulidad expuestos por el actor en su demanda, algunos de los cuales pudieran incluso conducir a que se declare la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada en el juicio fiscal, lo que procede es declarar fundado el presente recurso de revisión fiscal, para el efecto de que la citada Sala deje insubsistente la sentencia recurrida y, en su lugar, emita otra en la que considere lo expuesto en la presente ejecutoria y con plenitud de jurisdicción examine los restantes conceptos de anulación cuyo estudio omitió la a quo, en atención al sentido de la resolución impugnada.
Por lo antes expuesto, resulta innecesario el examen de los demás agravios que hace valer la recurrente.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
ÚNICO.-Se revoca la sentencia recurrida para los efectos precisados en la parte final del considerando quinto de esta ejecutoria.
Notifíquese, con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos a la Sala Regional del Golfo Centro del Tribunal Fiscal de la Federación, y en su oportunidad archívese el toca.
Así lo resolvió el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, por unanimidad de votos de los señores Magistrados Francisco Javier Cárdenas Ramírez, Jorge Higuera Corona y Óscar Germán Cendejas Gleason, siendo ponente el primero de los nombrados.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6412-2406bf3e/alegatos-en-el-recurso-de-revision-fiscal-no · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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