SENTENCIA DE NULIDAD FISCAL PARA EFECTOS. EL CUMPLIMIENTO FUERA DEL TÉRMINO LEGAL DE CUATRO MESES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 239, ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO OCASIONA LA ILEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN DICTADA POR LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA EN ACATAMIENTO DE ELLA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 86/99-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y CUARTO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
SEGUNDO.-Las consideraciones formuladas por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver, mayoritariamente, el treinta de abril de mil novecientos noventa y dos el juicio de amparo directo 264/92 son las siguientes:
"QUINTO.-Los anteriores conceptos de violación son infundados.-No es exacto que la Sala responsable incurra en una errónea interpretación del segundo párrafo de la fracción III del artículo 239 del Código Fiscal de la Federación, al considerar que por haber emitido la autoridad administrativa su nueva resolución en cumplimiento de la sentencia firme pronunciada en el juicio de nulidad 7066/88, un día antes de que venciera el término de cuatro meses previsto por dicho numeral, la referida autoridad haya cumplido con el mencionado plazo, independientemente de que la nueva resolución se hubiese notificado con posterioridad.-En efecto, el artículo 239, fracción III, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, establece: ‘La sentencia definitiva podrá ... III. Declarar la nulidad de la resolución impugnada para determinados efectos, debiendo precisar con claridad la forma y términos en que la autoridad debe cumplirla, salvo que se trate de facultades discrecionales.-Si la sentencia obliga a la autoridad a realizar un determinado acto, o iniciar un procedimiento, deberá cumplirse en un plazo de cuatro meses aun cuando haya transcurrido el plazo que señala el artículo 67 de este código ...’.-De la transcripción anterior se advierte con meridiana claridad que el legislador está permitiendo que la autoridad administrativa cuente con una nueva oportunidad para emitir su resolución, corrigiendo los vicios de forma o de procedimiento en que incurrió en la resolución declarada nula; sin embargo, si bien es cierto que dicho dispositivo establece que en estos casos la sentencia respectiva deberá cumplirse en un plazo de cuatro meses, ello no implica en manera alguna que si la autoridad administrativa no emite la nueva resolución en dicho término ya no pueda hacerlo posteriormente, toda vez que de la lectura integral del referido numeral no se desprende que exista alguna sanción en caso de que no se acate el mencionado plazo, lo que conduce a concluir que aun después de los cuatro meses la autoridad demandada tiene oportunidad de cumplir la sentencia correspondiente.-Ciertamente, es oportuno destacar que cuando el legislador en el Código Fiscal de la Federación considera necesario establecer sanciones en contra de algunas actitudes procesales de las partes contendientes en un procedimiento, o incluso ante la simple omisión o abstención tanto de un particular como de la administración, lo hace expresamente, tal es el caso de las figuras jurídicas de la prescripción, la caducidad, etc.-En este orden de ideas, es evidente que aun cuando en la especie el artículo 239, fracción III, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, establece que una sentencia de nulidad para efectos deberá cumplirse en un término de cuatro meses, lo cierto es que si la autoridad omite hacerlo en dicho lapso el numeral en cita no prevé sanción alguna en beneficio del actor, como la que pretende el hoy quejoso en el sentido de que la autoridad demandada, transcurrido el mencionado plazo, ya no pueda emitir otra resolución purgando los vicios de la primera, toda vez que no puede otorgársele al referido precepto legal otra interpretación que la que se advierte de su literalidad, pues es principio general de derecho que donde la ley no distingue, no es dable al juzgador hacerlo.-Consecuentemente, debe concluirse que la resolución de la Sala responsable, en la que se reconoce la validez del acto impugnado en el juicio fiscal correspondiente, no es violatoria de las garantías previstas en los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República, lo que conduce a negar el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados."
Las anteriores consideraciones dieron lugar a la tesis que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo X, diciembre, página 276, que textualmente señala:
"CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. OPORTUNIDAD DE LA AUTORIDAD DEMANDADA PARA CUMPLIR CON LA SENTENCIA CORRESPONDIENTE, DESPUÉS DE TRANSCURRIDO EL TÉRMINO DE CUATRO MESES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 239, FRACCIÓN III, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL.-El artículo 239, fracción III, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, establece: ‘La sentencia definitiva podrá: ... III. Declarar la nulidad de la resolución impugnada para determinados efectos, debiendo precisar con claridad la forma y términos en que la autoridad debe cumplirla, salvo que se trate de facultades discrecionales. Si la sentencia obliga a la autoridad a realizar un determinado acto, o iniciar un procedimiento, deberá cumplirse en un plazo de cuatro meses aun cuando haya transcurrido el plazo que señala el artículo 67 de este código ...’. De la transcripción anterior se advierte con meridiana claridad que el legislador está permitiendo que la autoridad administrativa cuente con una nueva oportunidad para emitir su resolución, corrigiendo los vicios de forma o de procedimiento en que incurrió en la resolución declarada nula; sin embargo, si bien es cierto que dicho dispositivo establece que en estos casos la sentencia respectiva deberá cumplirse en un plazo de cuatro meses, ello no implica en manera alguna que si la autoridad administrativa no emite la nueva resolución en dicho término ya no pueda hacerlo posteriormente, toda vez que de la lectura integral del referido numeral no se desprende que exista alguna sanción en caso de que no se acate el mencionado plazo, lo que conduce a concluir que aun después de los cuatro meses la autoridad demandada tiene la oportunidad de cumplir la sentencia correspondiente."
El Magistrado Hilario Bárcenas Chávez votó en contra de la anterior resolución, fundando su voto en las siguientes consideraciones:
"No estoy de acuerdo con el voto mayoritario por las siguientes razones: Tal como lo señala la quejosa, la Sala responsable incurre en una errónea interpretación del segundo párrafo de la fracción III del artículo 239 del Código Fiscal de la Federación al considerar que por haber emitido la autoridad demandada su resolución en cumplimiento de la sentencia firme pronunciada en el juicio de nulidad 7066/88, un día antes de que venciera el término de cuatro meses previsto por dicho numeral, la citada autoridad administrativa cumplió con el plazo de referencia, independientemente de que la nueva resolución se hubiese notificado con posterioridad.-Ello es así, puesto que el artículo 239, fracción III, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, establece: ‘La sentencia definitiva podrá: ... III. Declarar la nulidad de la resolución impugnada para determinados efectos, debiendo precisar con claridad la forma y términos en que la autoridad debe cumplirla, salvo que se trate de facultades discrecionales.-Si la sentencia obliga a la autoridad a realizar un determinado acto, o iniciar un procedimiento, deberá cumplirse en un plazo de cuatro meses aun cuando haya transcurrido el plazo que señala el artículo 67 de este código. ...’.-Como puede verse del precepto transcrito, con tal dispositivo el legislador está permitiendo que la autoridad administrativa cuente con una nueva oportunidad para emitir su resolución, corrigiendo los vicios de forma o de procedimiento en que incurrió en la resolución declarada nula, pero condicionándola a emitir ese acto de molestia en un plazo de cuatro meses, lo que implica que por la naturaleza del supuesto fáctico que en dicha norma se regula, el precepto de cuenta debe ser observado de manera estricta, advirtiéndose que tratándose del caso en que la sentencia obliga a la autoridad a realizar un determinado procedimiento, no es opcional sino un debe ser.-Consecuentemente, se puede decir que el artículo que se comenta dispone que para los casos de un juicio contencioso administrativo federal se declare la nulidad de la resolución impugnada para determinados efectos, dando, por disposición de la ley a la autoridad demandada, una nueva oportunidad para emitir su resolución, que en el caso se trata de la imposición de una multa, también por disposición de la ley se le condiciona a causar ese acto de molestia en un plazo predeterminado, a efecto de preservar la garantía de seguridad jurídica, cuya inobservancia de una correcta interpretación del mencionado dispositivo, que en términos generales se refiere a los efectos de las sentencias o cumplimiento de éstas, permite concluir que debe ser el que la autoridad administrativa ya no pueda emitir su nuevo acto.-En ese orden de ideas, para cumplir con el precepto de que se trata en principio debe señalarse que el plazo de cuatro meses debe computarse entre la fecha en que la autoridad demandada en el juicio fiscal tuvo legalmente conocimiento de la sentencia que le permite emitir nuevamente su acto, purgando los vicios de forma o de procedimiento respectivo y la fecha en que también legalmente el particular tiene conocimiento de ese nuevo acto.-En esa virtud, si de los autos relativos al juicio de nulidad la autoridad administrativa reconoce que fue notificada de la sentencia firme que le permite reponer su acto de molestia, el diecisiete de julio de mil novecientos ochenta y nueve (fojas 8), resulta claro que dicho plazo de cuatro meses transcurrió entre esta fecha y el diecisiete de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve, de modo que si la nueva resolución se notificó al particular hasta el veinticuatro de ese mismo mes y año, no se observó el referido artículo 239, fracción III, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación.-Al no considerarlo en la forma expresada con antelación para computar el término de cuatro meses, la Sala Fiscal responsable incurre en violación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, pues se transgreden las garantías de legalidad y seguridad jurídica, máxime que la fecha de emisión de un acto de molestia sólo implica fechar la resolución como un medio de control administrativo, que nada tiene que ver con el acto de hacer del conocimiento del particular afectado una determinación de la autoridad administrativa. Por otra parte, es inexacto que no se prevea sanción alguna en contra del cumplimiento extemporáneo de la obligación, impuesta por la ley, de emitir en un término específico (cuatro meses), la nueva resolución, ya que, si no la impone expresamente la fracción y precepto indicados, la sanción la impone el artículo 238, fracción IV, del propio Código Fiscal de la Federación, este artículo prevé: ‘Se declarará que una resolución administrativa es ilegal cuando se demuestre alguna de las siguientes causales: ... IV. Si los hechos que la motivaron no se realizaron, fueron distintos o se apreciaron en forma equivocada, o bien si se dictó en contravención de las disposiciones aplicadas o dejó de aplicar las debidas.’. En el caso que se resuelve, existe una sentencia que obligó a la autoridad a realizar un determinado acto y el imperativo categórico dispuesto en un precepto legal que ese acto debió cumplirse en un plazo de cuatro meses, por tanto, si la nueva resolución se emitió tiempo después del plazo establecido se actualiza la causal de nulidad señalada ya que la nueva resolución se dictó en contravención de una disposición expresamente aplicable. En las anteriores circunstancias, lo procedente es conceder a la quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal."
TERCERO.-Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 992/99 en sesión de seis de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, en la parte relativa sostuvo:
"QUINTO. ... En distinto concepto de violación, señala la quejosa que con la sentencia reclamada, se violan en su perjuicio las garantías de exacta aplicación de la ley y legalidad, contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales, porque la responsable interpreta incorrectamente el contenido de los artículos 238, fracción IV y 239, antepenúltimo párrafo, ambos del Código Fiscal Federal, pues no consideró que la resolución impugnada en el juicio fiscal de origen, se haya dictado en contravención a las disposiciones aplicables, es decir, si la autoridad demandada no cumplió con la sentencia dictada por el Tribunal Fiscal de la Federación, dentro del plazo de cuatro meses, previsto por el artículo citado en último término, se actualiza el supuesto de la fracción IV del referido artículo 238, procediendo su anulación.-Es fundado el agravio en estudio, debido a que tal como se aprecia del contenido del artículo 239, fracción III del Código Fiscal de la Federación, transcrito con antelación, si una sentencia definitiva dictada por el tribunal respectivo, obliga a la autoridad a realizar un determinado acto o iniciar un procedimiento, deberá cumplirse en un plazo de cuatro meses.-Por su parte, el también transcrito numeral 238, fracción IV, de la ley de la materia, dispone que una resolución administrativa es ilegal, cuando se dicte en contravención de las disposiciones aplicadas o se dejen de aplicar las debidas.-En el presente asunto, la quejosa solicitó a la Sala responsable, la nulidad de la resolución contenida en el oficio 324-A-VIII-3-C-c-80861, argumentando que era ‘ilegal, dado que la autoridad fiscal, al no haber cumplimentado la sentencia de fecha 30 de noviembre de 1995, dictada por la Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Fiscal de la Federación, en el plazo establecido por el antepenúltimo párrafo del artículo 239 del Código Fiscal de la Federación, se actualiza la causal de ilegalidad contenida en el artículo 238, fracción IV, del código citado, dado que la resolución controvertida se dictó en contravención a las disposiciones legales.’.-En este contexto, lo procedente era que la Sala, atendiendo a los argumentos de la quejosa y a las pruebas existentes en autos, determinara si la resolución combatida había sido dictada con fecha posterior a los cuatro meses que establece el artículo 239, fracción III, segundo párrafo, ya que de ser así, se surte la causal de anulación contenida en el artículo 238, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación.-En efecto, si la fracción IV del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación, dispone que se declarará que una resolución administrativa es ilegal cuando, entre otros casos, la autoridad haya dejado de aplicar las disposiciones debidas, es evidente que si la demandada no cumple con una sentencia dentro del plazo que le señala el artículo 239 del propio código, ha omitido aplicar esa disposición; por lo que se actualizaría la causal de nulidad en cita.-En las relatadas condiciones, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para que la Sala responsable deje sin efectos la sentencia reclamada y emita una nueva, atendiendo a los razonamientos aquí expuestos."
El anterior criterio dio lugar a la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, noviembre de 1999, página 1033, que textualmente establece:
"TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN. TÉRMINO ESTABLECIDO PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS SENTENCIAS.-El artículo 239, fracción III, segundo párrafo, del Código Fiscal Federal establece para el cumplimiento de las sentencias definitivas dictadas por el Tribunal Fiscal de la Federación, que: ‘Si la sentencia obliga a la autoridad a realizar un determinado acto o iniciar un procedimiento, deberá cumplirse en un plazo de cuatro meses contados a partir de que la sentencia quede firme. Dentro del mismo término deberá emitir la resolución definitiva, aun cuando hayan transcurrido los plazos señalados en los artículos 46-A y 67 de este código.’; sin embargo, aun cuando no indique sanción alguna para el supuesto de incumplimiento de la autoridad fiscal dentro de dicho término, lo cierto es que el diverso artículo 238, fracción IV, del referido ordenamiento legal, dispone que una resolución administrativa es ilegal cuando se dicte en contravención de las disposiciones aplicadas o se dejen de aplicar las debidas. Consecuentemente, si la autoridad demandada en el juicio de origen, no dio cumplimiento a la sentencia respectiva dentro del plazo que señala el precepto primeramente citado, es obvio que omitió aplicar esa disposición, por lo que se actualiza la causal de nulidad en comento."
CUARTO.-Sí existe la contradicción de tesis denunciada entre las sustentadas por el Segundo y Cuarto Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito al fallar los juicios de amparo directo 992/99 y 264/92, respectivamente.
En efecto, según deriva de las consideraciones expresadas en las ejecutorias de dichos tribunales, transcritas en los considerandos segundo y tercero de esta resolución, ambos Tribunales Colegiados analizan el artículo 239, antepenúltimo párrafo (como se alude a este párrafo en el decreto por el cual fue reformado y a los que los tribunales contendientes se refieren como el segundo párrafo de la fracción III del referido precepto) del Código Fiscal de la Federación en cuanto a la obligación que impone a la autoridad demandada en el juicio de nulidad ante el Tribunal Fiscal de la Federación de dar cumplimiento a la sentencia que le obliga a realizar un determinado acto o iniciar un procedimiento en un término de cuatro meses y las consecuencias que el cumplimiento extemporáneo a tal obligación acarrea en relación al acto dictado en acatamiento de la sentencia de nulidad para efectos; y mientras el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito determina que en tal hipótesis la resolución que en cumplimiento de la sentencia dicta la autoridad después del plazo de cuatro meses que tenía para hacerlo está afectada de nulidad por incurrirse en la causal de ilegalidad establecida en el artículo 238, fracción IV, del propio Código Fiscal de la Federación al dejarse de aplicar las disposiciones debidas, a saber el artículo 239, antepenúltimo párrafo, en cuanto al plazo para el cumplimiento de la sentencia; el Cuarto Tribunal Colegiado en la misma materia y circuito considera que el hecho de que la autoridad administrativa no emita la nueva resolución con la que dé cumplimiento a la sentencia de nulidad en el término de cuatro meses no significa que ya no pueda hacerlo posteriormente, toda vez que del artículo 239, antepenúltimo párrafo, no se desprende que exista alguna sanción para el caso de que no se acate el referido plazo, por lo que aun después de los cuatro meses la autoridad demandada tiene oportunidad de cumplir la sentencia correspondiente, ya que no puede otorgársele al referido precepto legal otra interpretación que la que se advierte de su literalidad al ser principio general de derecho que donde la ley no distingue no es dable al juzgador hacerlo.
Deriva de lo anterior que existe la contradicción de tesis, pues ambos tribunales analizan la misma cuestión jurídica a la luz de los mismos elementos, a saber las consecuencias de la falta de cumplimiento de la autoridad administrativa a una sentencia de nulidad para efectos dentro del término legal de cuatro meses que establece el artículo 239 del Código Fiscal de la Federación, y llegan a conclusiones discrepantes, ya que mientras el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito considera que la resolución que vencido dicho plazo dicte la autoridad será ilegal por haber dejado de observar el término legal que tenía para ello, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito determina que el transcurso de dicho plazo no impide a la autoridad dar cumplimiento al no preverse sanción alguna por ello.
Resulta aplicable al caso la tesis jurisprudencial 22/92 de la anterior Cuarta Sala de esta Suprema Corte de Justicia, publicada en la página 22 de la Gaceta cincuenta y ocho del Semanario Judicial de la Federación correspondiente al mes de octubre de 1992, que textualmente señala:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.-De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, o de la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."
La anterior tesis jurisprudencial transcrita resulta aplicable al caso, en virtud de que los criterios discrepantes provienen del examen del mismo supuesto consistente en el cumplimiento fuera del plazo legal por parte de la autoridad a la sentencia de nulidad para efectos que la obliga a realizar un acto determinado o a iniciar un procedimiento, a la luz de las mismas disposiciones jurídicas, pues el artículo 239, antepenúltimo párrafo, del Código Fiscal de la Federación vigente en mil novecientos noventa y dos, no varió en la esencia materia del debate para el año de mil novecientos noventa y nueve y el diverso numeral 238, fracción IV, en que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito también funda la ilegalidad de la resolución extemporánea de cumplimiento de la sentencia de nulidad se encontraba vigente en los mismos términos en el año de mil novecientos noventa y dos en que el Cuarto Tribunal Colegiado en la misma materia y circuito dictó la ejecutoria objeto de la denuncia, pues su texto permanece inalterado desde su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de trece de julio de mil novecientos ochenta y dos.
En efecto, el artículo 239 del Código Fiscal de la Federación vigente en mil novecientos noventa y dos era del tenor literal siguiente:
"Artículo 239. La sentencia definitiva podrá:
"I. Reconocer la validez de la resolución impugnada.
"II. Declarar la nulidad de la resolución impugnada.
"III. Declarar la nulidad de la resolución impugnada para determinados efectos, debiendo precisar con claridad la forma y términos en que la autoridad debe cumplirla, salvo que se trate de facultades discrecionales.
"Si la sentencia obliga a la autoridad a realizar un determinado acto, o iniciar un procedimiento, deberá cumplirse en un plazo de cuatro meses aun cuando haya transcurrido el plazo que señala el artículo 67 de este código.
"En caso de que se interponga recurso, se suspenderá el efecto de la sentencia hasta que se dicte la resolución que ponga fin a la controversia.
"El Tribunal Fiscal de la Federación declarará la nulidad para el efecto de que se emita nueva resolución cuando se esté en alguno de los supuestos previstos en las fracciones II y III, y en su caso, V, del artículo 238 de este código."
Por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, se reformaron los párrafos antepenúltimo, penúltimo y último del artículo 239 anteriormente transcrito para quedar en los siguientes términos:
"Si la sentencia obliga a la autoridad a realizar un determinado acto o iniciar un procedimiento, deberá cumplirse en un plazo de cuatro meses. Dentro del mismo término deberá emitir la resolución definitiva, aun cuando hayan transcurrido los plazos señalados en los artículos 46-A y 67 de este código.
"En el caso de que se interponga recurso, se suspenderá el efecto de la sentencia hasta que se dicte la resolución que ponga fin a la controversia.
"Siempre que se esté en alguno de los supuestos previstos en las fracciones II y III, del artículo 238 de este código, el Tribunal Fiscal de la Federación declarará la nulidad para el efecto de que se reponga el procedimiento o se emita nueva resolución; en los demás casos, también podrá indicar los términos conforme a los cuales debe dictar su resolución la autoridad administrativa, salvo que se trate de facultades discrecionales."
Por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de diciembre de mil novecientos noventa y siete, en vigor a partir del primero de enero de mil novecientos noventa y ocho, se reformó nuevamente el antepenúltimo párrafo del artículo 239 para quedar en los siguientes términos:
"Si la sentencia obliga a la autoridad a realizar un determinado acto o iniciar un procedimiento, deberá cumplirse en un plazo de cuatro meses contados a partir de que la sentencia quede firme. Dentro del mismo término deberá emitir la resolución definitiva, aun cuando hayan transcurrido los plazos señalados en los artículos 46-A y 67 de este código."
Deriva de lo anterior que en el aspecto materia de la controversia el artículo 239, antepenúltimo párrafo, del Código Fiscal de la Federación no varió esencialmente entre el año de mil novecientos noventa y dos en que dictó su ejecutoria el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el año de mil novecientos noventa y nueve en que pronunció su resolución el Segundo Tribunal Colegiado en la misma materia y circuito, pues si bien fue modificado en cuanto al señalamiento del inicio del cómputo del plazo establecido para el cumplimiento de la sentencia que declara la nulidad para efectos, a la sujeción también a la autoridad de dictar la resolución definitiva dentro del plazo señalado y a que esto se realice aunque haya transcurrido el plazo señalado en el artículo 46-A (precepto que fue adicionado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro), no varió la obligación sustancial de la autoridad de dar cumplimiento a la sentencia que declara la nulidad para efectos dentro del plazo legal establecido, cuyo cumplimiento extemporáneo da lugar a la contradicción de criterios en cuanto a las consecuencias que ello produce en relación al acto relativo de acatamiento.
De igual manera, el artículo 238, en que funda también su criterio el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, se encontraba vigente en los mismos términos en mil novecientos noventa y dos, sin haber tenido modificación alguna en su fracción IV al establecer como causa de ilegalidad de una resolución administrativa el que se hayan dejado de aplicar las disposiciones debidas, pues este precepto sólo varió en cuanto le fueran adicionados sus dos últimos párrafos por decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación el quince de diciembre de mil novecientos noventa y cinco (el actual penúltimo párrafo) y el treinta de diciembre de mil novecientos noventa y seis (su último párrafo). Este precepto dispone:
"Artículo 238. Se declarará que una resolución administrativa es ilegal cuando se demuestre alguna de las siguientes causales:
"I. Incompetencia del funcionario que la haya dictado u ordenado o tramitado el procedimiento del que deriva dicha resolución.
"II. Omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes, que afecte las defensas del particular y trascienda al sentido de la resolución impugnada, inclusive la ausencia de fundamentación o motivación, en su caso.
"III. Vicios del procedimiento que afecten las defensas del particular y trasciendan al sentido de la resolución impugnada.
"IV. Si los hechos que la motivaron no se realizaron, fueron distintos o se apreciaron en forma equivocada, o bien si se dictó en contravención de las disposiciones aplicadas o dejó de aplicar las debidas.
"V. Cuando la resolución administrativa dictada en ejercicio de facultades discrecionales no corresponda a los fines para los cuales la ley confiera dichas facultades."
Sus dos últimos párrafos, adicionados mediante los decretos citados, señalan:
"El Tribunal Fiscal de la Federación podrá hacer valer de oficio, por ser de orden público, la incompetencia de la autoridad para dictar la resolución impugnada y la ausencia total de fundamentación o motivación en dicha resolución.
"Los órganos arbitrales o páneles binacionales, derivados de mecanismos alternativos de solución de controversias en materia de prácticas desleales, contenidos en tratados y convenios internacionales de los que México sea parte, no podrán revisar de oficio las causales a que se refiere este artículo."
Consecuentemente, se surten las hipótesis establecidas en la tesis jurisprudencial transcrita para la configuración de la contradicción de tesis, pues en las ejecutorias que se denuncian los Tribunales Colegiados parten del mismo supuesto, consistente en el cumplimiento extemporáneo por parte de la autoridad administrativa a la sentencia de nulidad para efectos y bajo la vigencia de las mismas disposiciones jurídicas, el artículo 239, antepenúltimo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, y el artículo 238, fracción IV, del propio código (en que también funda su determinación el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito), se llega a conclusiones discrepantes, ya que mientras el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito otorga el amparo a la parte quejosa para el efecto de que la autoridad responsable analice si la resolución dictada en cumplimiento de la sentencia de nulidad fue o no posterior al término legal de cuatro meses establecido en el
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6453-9214622d/sentencia-de-nulidad-fiscal-para-efectos-el-cumplimiento · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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