RECURSOS ORDINARIOS QUE PROCEDEN EN CONTRA DE ACTOS DE AUTORIDADES DISTINTAS DE LOS TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. EL TERCERO EXTRAÑO AL PROCEDIMIENTO DEL CUAL EMANA EL ACTO RECLAMADO, NO ESTÁ OBLIGADO A AGOTARLOS PREVIAMENTE A LA INTERPOSICIÓN DEL JUICIO DE GARANTÍAS. DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 82/99-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
TERCERO. A fin de estar en aptitud de resolver esta denuncia de contradicción de tesis, es preciso tener presente las consideraciones sustentadas por los órganos colegiados involucrados en las respectivas ejecutorias, siendo las que a continuación se transcriben.
Las consideraciones expuestas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en la sentencia emitida en el recurso de revisión 228/99, interpuesto por Elvia Edith González Ramírez, en lo conducente son las siguientes:
"CUARTO. Los transcritos agravios, resultan por una parte, jurídicamente ineficaces y, por otra, fundados. En efecto, la parte recurrente, allá quejosa, reclamó de las autoridades responsables (jefe de la Oficina para Cobros del Instituto Mexicano del Seguro Social dependiente de la Subdelegación Libertad Reforma de la Delegación Jalisco y otra), esencialmente, las órdenes de ejecución de fechas dieciséis de diciembre de mil novecientos noventa y ocho y diez de febrero de mil novecientos noventa y nueve, mediante las cuales las responsables ordenaron requerir de pago a Isidro Cabral Vela, por concepto de adeudos al Instituto Mexicano del Seguro Social, así como la ejecución de esos mandamientos, que se tradujo en la desposesión de un bien, que aduce ser de su propiedad y posesión, consistente en una máquina de soldar marca Miller, color azul, modelo MI-250-CD, serie 212-N1442664, con cables en color negro, de aproximadamente 25 metros con un porta electrodo, no obstante de que resulta ser tercera extraña al procedimiento de donde provienen los actos reclamados. Por otra parte, como se advierte de la sentencia recurrida, transcrita en el considerando segundo de esta resolución, la Juez de Distrito del conocimiento decretó el sobreseimiento del juicio, por concretarse la causal de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, ya que aseveró que los actos reclamados eran susceptibles de impugnarse previamente ante el Tribunal Fiscal de la Federación, al no constituir actos que causaran un agravio en materia fiscal; que no se estaba en el caso de excepción a que alude aquella norma legal, porque los actos combatidos a las autoridades no carecían de fundamentación y, que con la presentación del juicio de nulidad, pudo obtener la suspensión de los mencionados actos. Además, la propia Juez a quo determinó -aunque con otras palabras-, que la tesis de jurisprudencia invocada por la quejosa, no resultaba aplicable, porque se estaba ante un acto que no emanaba de tribunal alguno, sino que se ubicaba dentro de la materia administrativa ‘y en la fracción XV del artículo 73, la cual fracción no incluye con excepción (sic) al principio de definitividad el que el quejoso sea un tercero extraño’, para ello, se apoyó en las tesis de los rubros: ‘NULIDAD, JUICIO DE. INTERÉS JURÍDICO.’; ‘RECURSOS ORDINARIOS. DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL, SALVO QUE EL ACTO RECLAMADO CAREZCA DE FUNDAMENTACIÓN (ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XV DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE).’; y ‘SEGURO SOCIAL, LEY DEL. LOS CAPITALES CONSTITUTIVOS TIENEN EL CARÁCTER DE CONTRIBUCIONES AUNQUE DIVERSAS A LOS IMPUESTOS, DERECHOS Y CONTRIBUCIONES DE MEJORAS Y DEBEN CUMPLIR CON EL REQUISITO DE EQUIDAD DE ACUERDO CON SU NATURALEZA ESPECÍFICA.’. Sobreseimiento que, además, se fundó en el artículo 74, fracción III, de la ley que rige al juicio de garantías. Por otra parte, en sus agravios, la recurrente afirma, medularmente, que es infundada la causal de improcedencia invocada por la Juez Federal, puesto que el artículo 128 del Código Fiscal de la Federación deja al arbitrio del interesado hacer valer el recurso de revocación como previo al juicio de garantías, al utilizar la palabra ‘podrá’, pues de ser obligatorio agotar ese recurso, el legislador hubiera optado por ‘deberá’. Resulta jurídicamente ineficaz el sintetizado agravio, en razón de que según lo externado con anterioridad, la Juez a quo señaló que no se cumplió el principio de definitividad, porque la quejosa previo a promover el juicio de garantías debió impugnar los actos reclamados, vía juicio de nulidad, a través del Tribunal Fiscal de la Federación y, en ningún momento se refirió a que tendría que agotar el recurso de revocación a que alude el artículo 128 del Código Fiscal de la Federación; por esa razón, es por lo que no resulta aplicable la tesis intitulada: ‘PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, RECURSO DE OPOSICIÓN AL. ES OPTATIVO PARA EL TERCERO EXTRAÑO.’. En cambio, resultan fundados los agravios formulados por la inconforme, en donde, esencialmente, afirma que es infundado el criterio de la juzgadora, toda vez que la procedencia del juicio de amparo se encuentra contemplada en el artículo 114, fracción II, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, así como el diverso (sic) referente a que cuando la citada Juez pretende constreñir la hipótesis del tercero extraño a los que lo sean solamente de procedimientos entre tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, arguye pugna con lo que dispone el referido artículo 114, fracción II, ya que éste, sin duda, se refiere a ‘los actos que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo’; en apoyo de estos agravios, la recurrente cita la jurisprudencia y tesis, que en ese orden establecen: ‘SECUESTRO ADMINISTRATIVO. ES VIOLATORIO DE LAS GARANTÍAS DE AUDIENCIA Y LEGALIDAD, CUANDO SE INSTAURA EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN CONTRA DEL CONDUCTOR Y NO DEL PROPIETARIO DEL VEHÍCULO OBJETO DEL.’ y ‘TERCERO EXTRAÑO AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, NO NECESARIAMENTE DEBE AGOTAR LOS RECURSOS ORDINARIOS ANTES DEL AMPARO.’. Lo anterior es así, debido a que los artículos 73, fracción XV, y 114, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, literalmente, disponen: ‘Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente: ... XV. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, sin exigir mayores requisitos que los que la presente ley consigna para conceder la suspensión definitiva, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación.’. ‘Artículo 114. El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito: ... II. Contra actos que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. En estos casos, cuando el acto reclamado emane de un procedimiento seguido en forma de juicio, el amparo sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda, a no ser que el amparo sea promovido por persona extraña a la controversia.’. De la interpretación armónica de los transcritos numerales, se advierte que tienen como objetivo principal, determinar la procedencia del amparo indirecto, sólo contra una resolución definitiva, entendiéndose como aquella que sea la última, la que ponga fin al asunto; y que para estar en tales supuestos, deben agotarse los recursos ordinarios o medios de defensa, o bien, todas las etapas procesales en tratándose de actos emitidos en un procedimiento seguido en forma de juicio, sin que el principio de que se trata, constriña u obligue a las personas extrañas a la controversia. Corrobora lo aseverado anteriormente, la jurisprudencia número 564, emitida por la anterior integración de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, localizable en la página 407, Tomo III, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: ‘TERCERO EXTRAÑO AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, AMPARO PEDIDO POR EL. Como por una parte el tercero en un procedimiento administrativo no puede de acuerdo con el artículo 111 del Código Fiscal de la Federación, reivindicar en tercería la posesión, sino sólo el dominio, y como por otra, la interposición de esa tercería no suspende el procedimiento por disposición expresa del citado artículo, resulta que ese recurso no es de los comprendidos en la fracción XV del artículo 73 de la Ley Orgánica (sic) de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal y, por tanto, el amparo pedido por el mencionado tercero, no es improcedente.’. Además, al respecto cobran aplicación las tesis emitidas por la aludida Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visibles en las páginas 2747 y 54, Tomos LXV y 115-120, Tercera Parte, Quinta y Séptima Épocas, del Semanario Judicial de la Federación, que en ese orden dicen: ‘PERSONAS EXTRAÑAS A LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS. Atendiendo a que la fracción IX del artículo 107 de la Carta Fundamental no constriñe a condición alguna la facultad del tercero interesado, para acudir a la vía de amparo sin haber agotado previamente los recursos ordinarios, y a que la fracción XIII del artículo 73 de la ley reglamentaria se sujeta a lo dispuesto por aquel precepto, tratándose de actos de las autoridades judiciales, es correcto pensar que en la fracción XV de esta ley, el legislador no comprendió a los terceros extraños, tanto para ajustarse a lo mandado por el texto constitucional, cuanto por seguir el sistema adoptado tratándose de resoluciones judiciales, ya que no existe razón para variarlo, por lo que concierne a los actos administrativos. De manera que debe concluirse que la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, se refiere a los recursos o medios de defensa que puede hacer valer el interesado, es decir, la persona contra quien se dirijan los procedimientos reclamados, pero no a quien, sin ser parte en el procedimiento administrativo, resulta afectado con dicho procedimiento.’. ‘AGRARIO. TERCEROS EXTRAÑOS AL PROCEDIMIENTO. AMPARO PROCEDENTE. Cuando el acto reclamado provenga de un procedimiento de cancelación de declaratoria de inafectabilidad en el que aún no se haya dictado la resolución correspondiente, el amparo promovido por persona extraña al procedimiento sí es procedente, porque así lo dispone expresamente la última parte de la fracción II del artículo 114 de la ley de la materia, sin que en estos casos resulte aplicable la tesis de jurisprudencia número 45, visible en la tercera parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1975, porque ella se circunscribe a quienes, siendo quejosos, no tienen el carácter de terceros extraños.’. Así las cosas, resulta claro, que la Juez Federal yerra, al estimar que los actos reclamados por la aquí recurrente, tenían que ser combatidos a través del juicio de nulidad ante el Tribunal Fiscal de la Federación, tomando en consideración que los terceros extraños a un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, contra actos que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, no tienen la obligación de observar el principio de definitividad, ya que, repítese, la última parte del artículo 114, fracción II, de la Ley de Amparo, expresamente, así lo establece. Por otra parte, cabe precisar, que en la especie no se concreta la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XV, de la ley de la materia, porque ésta se refiere únicamente a las partes que intervienen en el proceso administrativo ante tribunales que no son judiciales, administrativos o del trabajo, los cuales, ineludiblemente, tienen la obligación de agotar los recursos o medios de defensa respectivos, previo a promover el juicio de amparo; principio de definitividad que excluye a los terceros extraños a ese tipo de procedimientos, pues en esta circunstancia se encuentran aludidos en el diverso numeral 114, fracción II, de la propia legislación. Toda vez que el criterio aquí sostenido, es contrario al que comparte el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en la tesis del rubro: ‘RECURSOS ORDINARIOS. DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL, SALVO QUE EL ACTO RECLAMADO CAREZCA DE FUNDAMENTACIÓN (ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XV DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE).’, principalmente en la parte en donde se sostiene: ‘... Aunque el promovente se ostente como tercero extraño al procedimiento o no alegue violaciones a leyes secundarias, su instancia constitucional no procede si antes no hizo valer aquéllos.’ -tesis que fuera aplicada en la sentencia recurrida por la Juez a quo-; entonces, se estima pertinente denunciar la posible contradicción de criterios."
El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en la ejecutoria que dictó al resolver el recurso de revisión 128/88, interpuesto por Porfirio Palomera Torres y coagraviados, en su parte que interesa, expuso las consideraciones que son del siguiente tenor:
"TERCERO. Los agravios son infundados e inatendibles. Por un lado, se aduce que el Juez de Distrito no fundó correctamente la causal de improcedencia conforme a la cual se sobreseyó en el juicio de amparo, argumento que resulta infundado; para percatarse de ello basta la lectura de la sentencia recurrida (específicamente las fojas 542 vuelta y 543 frente) donde se advierte que el a quo claramente expresó que en el caso se actualizó la causal de improcedencia prevista por la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, en virtud de que los quejosos no agotaron previamente a la promoción del juicio constitucional, el medio ordinario de defensa que contemplan los artículos 1o. y 22, fracción I, de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Jalisco. Ahora bien, es cierto, como lo alegan los recurrentes, que la parte final del mencionado artículo 73, no se refiere a la causal de improcedencia por la que se sobreseyó en el juicio, sin embargo, ello no es motivo para considerar que la sentencia no se encuentra cabalmente fundada, pues invocó el fundamento adecuado, los quejosos se equivocan al pretender que el Juez Federal apoyó el sobreseimiento en la parte final del multicitado artículo 73; este apoyo legal, se invocó para apoyar el estudio preferente de la causal de improcedencia que alegaron las autoridades responsables, mas no se argumentó que dicha causal estuviese contenida en esa fracción del artículo 73 ya citado. Por otra parte, tampoco es cierto que los quejosos estuviesen en el caso de excepción a que se refiere la última parte de la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo (que es la que contempla la causal de improcedencia que se actualizó en el caso, y no la fracción V como lo afirman los promoventes), y que por ello sea ilegal el sobreseimiento decretado. En efecto, las tesis jurisprudenciales que citan los recurrentes establecen aquellos supuestos en los cuales no se hacía necesario agotar los recursos o medios ordinarios de defensa previamente a la promoción del juicio constitucional, sin embargo, se debe considerar que tales criterios de interpretación surgieron en razón de que la legislación no precisaba los casos de excepción a la regla contenida en el artículo 73, fracción XV, de la anterior Ley de Amparo pues dicha fracción sólo establecía: ‘El juicio de amparo es improcedente: Contra actos de autoridades distintas de las judiciales, cuando deban ser revisados de oficio, conforme a la ley que los rija, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a la misma ley se suspendan los efectos de dichos actos mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, sin exigir mayores requisitos que los que la presente ley consigna para conceder la suspensión definitiva.’. Ahora bien, dicho precepto fue reformado mediante decreto de veintiuno de diciembre de mil novecientos ochenta y siete, publicado en el Diario Oficial de la Federación de cinco de enero de mil novecientos ochenta y ocho, reforma que entró en vigor el quince del mes y año citados en ulterior término, y la redacción de la fracción aludida quedó en los siguientes términos: ‘El juicio de amparo es improcedente: Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, sin exigir mayores requisitos que los que la presente ley consigna para conceder la suspensión definitiva, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación.’. Luego, resulta claro que la adición efectuada a la multicitada norma genera la inaplicabilidad de las jurisprudencias que sobre ese tema se formaron. De ahí que, aun cuando los quejosos se ostentan como terceros extraños al procedimiento y no reclaman violaciones a leyes secundarias, sí estaban obligados a agotar previamente a la promoción de la instancia constitucional el medio ordinario de defensa que señaló el a quo, dado que, como claramente lo dispone el numeral que se cita, el único caso de excepción a la regla que dicho artículo contiene, consiste en que el acto que se reclame carezca de fundamentación, mas no se establece que esa excepción se configure con el sólo hecho de aducir esa carencia ni exceptúa de cumplir con el requisito de definitividad a quienes aleguen ser terceros extraños al procedimiento. Ahora bien, la circunstancia prevista por el artículo en comento, no concurre, tal como se advierte de las copias certificadas relativas a los acuerdos impugnados, que los quejosos exhibieron como pruebas al juicio de amparo, pues en ellos la autoridad emisora citó el fundamento en el cual se apoyó para emitir tal acto, al decir que: ‘... De acuerdo con lo estipulado por el artículo 56, fracción IV, de la Ley de Tránsito en vigor, se concede al C. ... la autorización necesaria para que con un vehículo de su propiedad explote el servicio público de alquiler ...’ (fojas 72, 78, 83, 88, 95, 100, 106, 111, 116, 121, 127, 134, 139, 144, 149, 154, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195 del cuaderno). En consecuencia, sin prejuzgar acerca de lo adecuado o suficiente de esa fundamentación, es inconcuso que los acuerdos reclamados no carecen de fundamento, y por lo tanto, no se surte el caso de excepción que invocan, como tampoco es cierto que hubiesen desconocido ese fundamento. Por ello, cabe concluir que es correcta la determinación del Juez en cuanto consideró que los recurrentes debieron acudir ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Jalisco, antes de acudir ante el órgano constitucional; por ende, es legal el sobreseimiento decretado."
Las consideraciones antes transcritas dieron lugar a la aprobación de la siguiente tesis:
"RECURSOS ORDINARIOS. DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL, SALVO QUE EL ACTO RECLAMADO CAREZCA DE FUNDAMENTACIÓN (ARTÍCULO 73 FRACCIÓN XV DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE). De conformidad con el decreto que entró en vigor el quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho, por el cual se reformó, entre otros, el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, la carencia de fundamentación del acto reclamado exime al quejoso de agotar recursos o medios de defensa ordinarios, cuando dicho acto proviene de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Aunque el promovente se ostente como tercero extraño al procedimiento o no alegue violaciones a leyes secundarias, su instancia constitucional no procede si antes no hizo valer aquéllos."
CUARTO. En el caso sí existe la contradicción de tesis denunciada, de acuerdo con los argumentos que en seguida se expondrán.
En principio debe señalarse que los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, regulan la contradicción de tesis sobre una misma cuestión jurídica como forma o sistema de integración de jurisprudencia, desprendiéndose que la tesis a que se refieren no es cualquier apreciación, determinación u opinión, emitida por el órgano jurisdiccional en resoluciones definitivas de su competencia, sino el criterio jurídico de carácter general y abstracto, que sustenta al examinar un punto concreto de derecho controvertido en el asunto que resuelve, cuya hipótesis, dada su generalidad puede actualizarse en otros asuntos, y que en términos de lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley de Amparo, debe de redactarse de manera sintética, controlarse y difundirse, formalidad que de no cumplirse no le priva del carácter de tesis, en tanto que esta investidura la adquiere por el solo hecho de reunir los requisitos inicialmente enunciados. Por consiguiente, el criterio plasmado en una ejecutoria constituye una tesis a pesar de que no se haya redactado en la forma establecida ni publicado.
En ese orden de ideas, resulta incuestionable que el hecho de que el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, no se encuentre redactado y publicado conforme a lo dispuesto por el artículo 195 de la Ley de Amparo, no constituye un obstáculo para estimar que en la especie existe la contradicción de tesis denunciada.
Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de esta Segunda Sala, 2a. LXVII/98, consultable en la página 587 del Tomo VII, correspondiente al mes de mayo de mil novecientos noventa y ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del tenor siguiente:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. SU EXISTENCIA REQUIERE DE CRITERIOS DIVERGENTES PLASMADOS EN DIVERSAS EJECUTORIAS, A PESAR DE QUE NO SE HAYAN REDACTADO EN LA FORMA ESTABLECIDA NI PUBLICADO. Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, regulan la contradicción de tesis sobre una misma cuestión jurídica como forma o sistema de integración de jurisprudencia, desprendiéndose que la tesis a que se refieren es el criterio jurídico sustentado por un órgano jurisdiccional al examinar un punto concreto de derecho, cuya hipótesis, con características de generalidad y abstracción, puede actualizarse en otros asuntos, criterio que, además, en términos de lo establecido en el artículo 195 de la citada legislación, debe redactarse de manera sintética, controlarse y difundirse, formalidad que de no cumplirse no le priva del carácter de tesis, en tanto esta investidura la adquiere por el solo hecho de reunir los requisitos inicialmente enunciados. Por consiguiente, puede afirmarse que no existe tesis sin ejecutoria, pero que ya existiendo ésta, hay tesis a pesar de que no se haya redactado en la forma establecida ni publicado y, en tales condiciones, es susceptible de formar parte de la contradicción que establecen los preceptos citados."
Ahora bien, la existencia de un conflicto de tesis sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito, materia de estudio de esta Segunda Sala y que tendrá por objeto decidir cuál debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, requiere de la concurrencia de los siguientes supuestos:
a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales;
b) Que las diferencias de criterios se presenten en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y
c) Que los distintos criterios provengan de los mismos elementos.
El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el recurso de revisión 228/99, promovido por Elvia Edith González Rodríguez, el nueve de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, consideró que de la interpretación armónica de los artículos 114, fracción II y 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, se advierte que dichos dispositivos legales tienen por objeto determinar que cuando el acto reclamado emana de un procedimiento seguido en forma de juicio ante autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el juicio de amparo indirecto, sólo es procedente en contra de la resolución definitiva, entendiéndose por ésta, la que pone fin al asunto, y que para estar en tal supuesto, es necesario agotar los recursos ordinarios o medios de defensa previstos en la ley que rige el acto, pero que el principio de definitividad previsto por el citado artículo 73, fracción XV, sólo obliga a las partes que intervienen en dicho procedimiento, mas no así a los terceros extraños al mismo, pues respecto de éstos rige la excepción prevista por la fracción II del artículo 114 del ordenamiento legal en cita.
Por su parte el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el recurso de revisión 128/88, promovido por Porfirio Palomera Torres y coagraviados, el nueve de agosto de mil novecientos ochenta y ocho, consideró que la adición efectuada a la fracción XV, del artículo 73 de la Ley de Amparo, mediante decreto de veintiuno de diciembre de mil novecientos ochenta y siete, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de enero de mil novecientos ochenta y ocho, y que entró en vigor el quince de enero siguiente, generó la inaplicabilidad de las jurisprudencias que establecían que el tercero extraño al procedimiento no tenía la obligación de agotar los medios ordinarios de defensa antes de acudir al juicio de amparo, pues dichos criterios surgieron en virtud de que la ley de la materia no precisaba los casos de excepción al principio de definitividad previsto en el citado precepto legal.
Que lo anterior es así, pues el precepto legal aludido, en su texto anterior a las reformas, únicamente establecía que el juicio de amparo "es improcedente contra actos de autoridades distintas de las judiciales, cuando deban ser revisados de oficio, conforme a la ley que los rija, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a la misma ley se suspendan los efectos de dichos actos mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, sin exigir mayores requisitos que los que la presente ley consigna para conceder la suspensión definitiva" y en su texto vigente se precisa además que "no existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación.".
Que en esa virtud, conforme al nuevo texto del artículo 73, fracción XV, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, el único caso de excepción al principio de definitividad que dicho precepto prevé, consiste en que el acto reclamado carezca de fundamentación, mas no así que el promovente se ostente como tercero extraño al procedimiento; y por tanto, éste tiene la obligación de agotar los recursos ordinarios o medios de defensa previstos por la ley que rige el acto, previo a la promoción del juicio de garantías, excepto cuando el acto impugnado carezca de sustento legal.
De lo antes expuesto se advierte que en el caso concreto sí se cumplen con los presupuestos señalados con antelación, para estimar que existe una contradicción de criterios entre Tribunales Colegiados de Circuito, por lo siguiente:
a) Al conocer de los recursos de revisión 228/99 y 128/88, el Segundo y Primer Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Tercer Circuito, respectivamente, se pronunciaron sobre cuestiones jurídicas esencialmente iguales, a saber, si el tercero extraño al procedimiento del cual emana el acto reclamado, debe agotar los recursos ordinarios o medios de defensa legales por virtud de los cuales se pudo modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, antes de acudir al juicio de garantías.
b) Al resolver la cuestión planteada, los órganos colegiados en cita, arribaron a conclusiones diferentes, pues el Segundo Tribunal en Materia Administrativa del Tercer Circuito, consideró que el tercero extraño al procedimiento del cual emana el acto reclamado, no tenía la obligación de agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que proceden en contra del acto reclamado antes de acudir al juicio de amparo; y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del mismo circuito, consideró que el tercero extraño en cita, sí debía agotar el principio de definitividad que rige al juicio de garantías previo a la interposición del mismo, excepto cuando el acto impugnado carece de fundamentación.
c) Los criterios antes precisados, parten de los mismos elementos, a saber:
-El acto que se reclama fue emitido por autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo.
-Los quejosos se ostentan como terceros extraños al procedimiento del cual emana el acto reclamado en el juicio de amparo respectivo.
-El Juez de Distrito, sobreseyó en el juicio de garantías, por estimar que se actualizaba la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo vigente a partir del quince de enero d
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6541-7f043834/recursos-ordinarios-que-proceden-en-contra-de-actos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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